Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se revoca la sentencia apelada, declarando operada la prescripción decenal de los honorarios que fueran regulados a la Dra. María Elena Arias el 16 de febrero de 1995 (art. 4023 CCiv) . Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento lo novedoso de la cuestión aquí debatida (art. 68 2° párrafo y ccdtes. del CPCC). Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 ley 14.967).
En la ciudad de Necochea, a los 23 días del mes de mayo de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “KRAMER RIENTS S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, Expte. N° 13.761, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sras. Juezas Dra. Laura Alicia Bulesevich y Dra. Ana Clara Issin, encontrándose excusado el Dr. Fabián Marcelo Loiza. El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª. ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 22/12/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA. BULESEVICH DIJO:
I. Llega esta causa a la Alzada por el recurso interpuesto contra la resolución dictada el 22 de diciembre de 2022, que resolvió rechazar la prescripción de honorarios deducida por la heredera Sara Ester Kramer, con imposición de costas (art. 68 del CPC).
El sentenciante abordó el tema de la prescripción señalando: “en materia de prescripción de honorarios se debe distinguir entre el derecho a cobrarlos -cuando ya han sido regulados o determinados- y el derecho a que se regulen, haya o no condenación en costas. En cuanto a los plazos, mientras que en el primer supuesto -derecho a percibir- se aplica la prescripción decenal (art. 4023 del Cód. Civ), en el segundo -derecho a la regulación- rige la bienal (art. 4032, inc. 1°, Cód. Civ.).
Seguidamente indicó: “El presente se encuadra en el cómputo del plazo decenal -diez años- en razón que ya han sido debidamente cuantificados los estipendios (fs. 38). Así, el plazo prescriptivo comienza una vez notificada la sentencia respectiva (argto. jurisp. jurisp. SCBA C 99817 sentencia del 2-12-2009; Alzada local, causa n° 7440 reg. 40(S) del 15/05/07; conf. Juan M., Hitters - Silvina, Cairo, obra cit., pág. 726)”.
En base a lo expuesto, sostuvo que el plazo decenal que regía el Código Civil (o quinquenal que regula el nuevo Código Civil y Comercial) empieza a correr desde la notificación del auto regulatorio y su posterior firmeza, circunstancia que no encontró acreditada en el caso por la falta de notificación del auto regulatorio, por lo que concluyó que el plazo de prescripción no comenzó a transcurrir.
II. El decisorio es apelado por el apoderado de la heredera Sara Ester Kramer, presentando el memorial el 11/02/2023.
En su escrito recursivo la apelante sostuvo como primer agravio el extenso plazo transcurrido entre la fecha de la regulación de honorarios -16/02/1995- y el pedido de prescripción -22/11/2022- alegando que la falta de notificación a los herederos en un plazo cercano a los 28 años no puede considerarse razonable, exponiendo como agravio consecuente que ello afectó el proceso de inscripción de los inmuebles y dejó inconcluso el proceso sucesorio.
Su último agravio lo centra en cuestionar la falta de consideración del juez respecto de la contestación efectuada por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, lo que a su criterio implicó un conocimiento de la regulación de honorarios, sosteniendo que “la institución toma conocimiento de la existencia del expediente cuando se genera y abona el anticipo de jus previsional y el seguimiento que puede realizar con el acceso irrestricto a MEV, salvo los expedientes que son reservados y los de familia”.
III. El embate recursivo mereció réplica por parte de la letrada María Elena Arias mediante escrito del 19/02/2023 y por parte de la apoderada de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a través de la presentación efectuada el 22/02/2023.
IV. En forma liminar abordaré el pedido de deserción formulado por la apoderada de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires en los términos del art. 260 del CPCC.
En función del criterio amplio al que adscribe esta Alzada referente a la consideración de la sustanciación del recurso de apelación, con sustento normativo en la garantía de defensa en juicio, corresponde efectuar su análisis bajo ese prisma constitucional (arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial) (conf. esta Alzada expte 640 reg. int. 64 (S) del 19/5/2010; expte. 766, reg. int. 75 (S) del 5/10/2010; expte. 13.609, reg. int. 44 (S) del 13/04/2023, entre muchos otros).
Desde tales parámetros considero que el recurso satisface mínimamente la técnica recursiva del art. 260 del CPCC, por lo que corresponde desestimar el acuse de deserción y pasar al estudio del mismo.
V. Seguidamente expondré de manera pormenorizada las razones por las cuales concluyo que los honorarios que fueron regulados el 16 de febrero de 1995 se encuentran prescriptos.
Parto de la base que en materia de honorarios prima un criterio restrictivo en la aplicación del instituto de la prescripción, y que resulta aplicable cuando se presenta como una clara derivación de las circunstancias específicas de cada asunto.
Efectúo esta aclaración precisamente porque la tarea revisora del presente caso demanda efectuar un conjunto de aclaraciones preliminares para echar luz sobre la solución que cabe brindar, a tenor de las particularidades del escenario en el que se ha planteado la prescripción por parte de la heredera, así como la jurisprudencia que –a la postre- aplicó el magistrado de grado para rechazar la misma, coincidente con los argumentos que esgrimen los apelados.
1. En primer lugar, y a los afectos de contextualizar la plataforma fáctica señalaré los hechos sobre los que no existe discusión: estamos ante un proceso sucesorio, con la participación de una única letrada, la Dra. María Elena Arias, quien intervino en carácter de letrada apoderada de todos los herederos (fs. 3/4; fs. 29), surgiendo como última actuación -de fecha 01/02/1995- la formulación del cuerpo general de bienes, la declaración jurada patrimonial y la solicitud de inscripción de la declaratoria de herederos, presentadas con fecha 01/02/1995 (fs. 30/37). Seguidamente, y en virtud de la solicitud expresa efectuada por la letrada, el día 16 de febrero de 1995 se regularon sus honorarios en carácter de apoderada en la suma de $ 4280 con más el aporte de ley correspondiente.
Teniendo en cuenta la fecha de la regulación de honorarios -16/02/1995- el análisis de la prescripción liberatoria debe ser efectuado bajo las pautas normativas del Código Civil de Vélez (arts. 7 y 2537 del CCyC).
2. Como bien señaló el magistrado de grado, bajo el amparo del código civil anterior se distinguen dos supuestos diferentes de prescripción en materia de honorarios: 1. el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados judicialmente, en el que se considera aplicable el plazo decenal (art. 4023 del CC) y 2. el derecho a que se regulen, cuando han sido devengados, rigiendo en ese caso, la prescripción bienal (art. 4032 inc. 1° del CC); diferenciación que es doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 270:91; 314:1503; 319:2648; 322: 2923, entre otros; y causas CSJ 494/1983 (19-P)/CS1 "Patricio, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", 5/10/95; CSJ 8/2011 (47-B)/CS1 "Bertoni, Juan Augusto c/ AFIPDGI s/ contencioso administrativo", 14/03/2017; CSJ 8/2002 (38-E)/CSl ORIGINARIO EDESAL S.A. e/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y otro s/ impugnación de actos administrativos, 23/11/2017) y asimismo, doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (conf. Ac. 38.743, sent. del 7-06-88; Ac. 45.257, sent. del 27-08-91; Ac. 50.320, sent. del 7-03-95; Ac. 57.053, sentencia del 24-09-96; Ac. 15-04-09, sent. del 15-04-09).
3. En base a ello el plazo de prescripción aplicable al presente es el decenal (4023 del CC) por existir regulación de honorarios, cuestión sobre la que no existe controversia.
Ahora bien, el cuestionamiento de la heredera -que constituye el agravio medular del recurso- resistido por la letrada beneficiaria de los honorarios y por la apoderada de la Caja de Previsión Social para abogados, es la fecha de inicio del cómputo de ese plazo prescriptivo.
La postura de la Dra. Arias se cimenta sosteniendo que el plazo “ni siquiera ha comenzado a correr” puesto que los honorarios “aún no han sido notificados a los herederos, por lo que no están firmes y no son exigibles aún” (v. pres. del 25/11/22).
La apoderada de la Caja -en el punto III de su presentación del 21/12/22- formula una expresa oposición al pedido de prescripción, afirmando al respecto: “con los honorarios determinados la obligación se torna exigible desde su notificación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la ley 8904 replicado por la ley 14967, del mismo modo que los aportes previsionales sobre dichos aranceles, los que oportunamente debieron notificarse a la caja de previsión. En consonancia no habiendo ocurrido la citada notificación el término prescriptivo nunca se ha cumplido pues nunca ha comenzado a correr a su respecto”. Nuestro Máximo Tribunal Nacional sostiene que “la finalidad del instituto de la prescripción reside en la conveniencia general de concluir situaciones inestables y de dar seguridad y firmeza a los derechos, aclarando la situación de los patrimonios ante el abandono que la inacción del titular hace presumir” (Fallos: 313:173) (CSJN, EDESAL S.A. c/ Estado Nacional; 23/11/2017).
Esta conclusión de las situaciones en aras de la firmeza de los derechos conlleva a la existencia de plazos prescriptivos, pues lo contrario, implicaría la imprescriptibilidad de las obligaciones (art. 4019 del CCiv).
Adentrándonos en el comienzo del plazo de prescripción: “para la posición mayoritaria, el decenal corre desde la sentencia que establece el monto de los honorarios; el de dos años desde que feneció el pleito, por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador, o desde que el abogado cesó en su ministerio (art. 4032, inc. 1°, párr. 2°, Cód. Civil) (Passarón, Julio – Pesaresi Guillermo, “Honorarios Judiciales”, Ed. Astrea Bs As, 2008, p. 376).
Una interpretación coincidente encontramos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Patricio, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", del 5/10/95, que en el considerando 4° reza: “Que, en el caso, resulta aplicable el plazo previsto en el artículo 4023 citado toda vez que el Tribunal ha fijado las sumas que corresponde abonar para retribuir la tarea profesional realizada en estas actuaciones (ver fs. 285). En consecuencia, el planteo no puede prosperar, pues - desde esa oportunidad, 28 de mayo de 1987, hasta la ocasión en que se efectúa la presentación de fs. 317, 27 de junio de 1995, no ha transcurrido el plazo de diez años ya referido”.
Por el contrario, en la causa que arriba a esta Alzada el juez de grado afirma: “el plazo prescriptivo comienza una vez notificada la sentencia respectiva (argto. jurisp. jurisp. SCBA C 99817 sentencia del 2-12-2009; Alzada local, causa n° 7440 reg. 40(S) del 15/05/07; conf. Juan M., Hitters - Silvina, Cairo, obra cit., pág. 726). Sin embargo, los precedentes citados para sustentar su posición -por sus particularidades- no resultan aplicables al presente. Veamos:
1. Causa C 99817 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sentencia del 2-12-2009: se refiere a la prescripción bienal prevista en el art. 4032 inc. 1 del Código Civil para la acción de determinación de los honorarios profesionales no regulados, es decir, honorarios “devengados” por la tarea profesional.
2. Precedente de esta Alzada en causa n° 7440 reg. 40(S) del 15/05/07: se solicitó la prescripción con fundamento en el plazo bienal del art. 4032 inc. 1° del CC al momento de notificarse la regulación judicial. En el fallo se distinguió entre la aplicación bienal de la prescripción para la acción por cobro de honorarios del profesional contra su cliente; y la aplicación decenal de la acción del abogado por cobro de sus honorarios contra la parte contraria condenada en costas (art. 4023 del Código Civil).
3. Asimismo, la sentencia refuerza su argumentación con cita de doctrina, cuya lectura y transcripción integral, en el particular, se impone -conf. Juan M., Hitters - Silvina, Cairo, "Honorarios de Abogados y Procuradores", Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 2007- puesto que de la explicación de los autores citados no surge la interpretación realizada en la sentencia.
En efecto, cuando los autores se refieren al curso de la prescripción decenal de los honorarios regulados expresamente señalan que, para la postura que exige la notificación y firmeza del auto regulatorio, corre la prescripción bienal en tanto los honorarios no estén notificados. Y recién a partir de su notificación, rige el plazo decenal. Es decir, en tanto no haya notificación el plazo de prescripción es más breve, el de dos años. Por el contrario, para la otra postura rige el plazo decenal a partir de la regulación, con independencia de su notificación. Y lo expresan de este modo:
… cabe considerar que para que comience el término de la prescripción ordinaria para reclamar los honorarios regulados (art. 4023, CCiv.) es preciso que se encuentren notificados al letrado y al obligado al pago. A la inversa, correrá la prescripción bienal hasta que se comunique por cédula al obligado, ya que la idea de que si el abogado omite notificar su fijación arancelaria la acción jamás comienza a prescribir es un “verdadero despropósito” (el resaltado me pertenece).
Para el criterio opuesto, habiendo regulación la prescripción opera a los diez años, pues se produce la transformación en el título de la obligación, y la bienal del art. 4032, inc. 1°, CCiv, desaparece para dar lugar a la decenal que rige para aranceles por trabajos judiciales que ya fueron regulados. No corresponde- según esta teoríadistinguir, entonces, si estos estipendios han sido notificados o no se encuentran firmes, pues no es ello lo que hace variar la norma aplicable, sino el hecho de haberse cuantificado, independientemente de que se halle firme el auto (p. 725/726) (el resaltado me pertenece). En ninguno de los casos se avala un plazo de prescripción indefinido y sujeto a la voluntad del acreedor.
4. En torno a la exigibilidad de los honorarios, argumento unívoco sostenido por las apeladas, Toribio Sosa señala: “Si el abogado puede reclamar con razón el pago, entonces el honorario es exigible y corre la prescripción mientras el abogado no haga ese reclamo; y cuando lo haga, interrumpe el curso de la prescripción…. Pedir regulación de los honorarios devengados es pedir regulación de los honorarios ya exigibles al menos respecto del cliente… “(Sosa Toribio Enrique, Honorarios de abogados en el Fuero civil y Comercial Bonaerense Ed. Platense, La Plata, 2010, p. 191-192).
Concluye el autor citado que el honorario devengado es exigible antes del pedido de regulación, de la regulación y de la firmeza de la regulación.
Seguidamente señala: “Si el honorario ya se hubiera regulado, la forma de interrumpir el curso del plazo de prescripción es realizando lo necesario para que pueda adquirir firmeza: notificándolo, recurriéndolo e impulsando la instancia recursiva hasta que el órgano judicial ad quem se expida sobre el honorario recurrido” (Sosa Toribio Enrique, ob. Cit., p. 205).
En el caso que nos convoca estamos ante el vínculo cliente-profesional en el marco de un proceso sucesorio, proceso que por sus particularidades generó doctrina legal de la SCBA para los supuestos de la prescripción bienal (art. 4032 inc. 1° Cód. Civil) a efectos del inicio del cómputo del tiempo prescriptivo en el que el letrado podía solicitar la regulación de honorarios: “siendo doctrina de esta Corte que en el juicio sucesorio el plazo de prescripción se computa a partir del momento en que queda fijado el haber hereditario” (SCBA Ac. 55.850, 21-3-1995; Ac. 54.402, 14-06-1996; C. 97.793, 17-12-08; C. 97.793, 17- 12-2008).
Ello obedece a la específica situación que se presenta en determinados procesos sucesorios en los cuales el avance depende del propio accionar del letrado, máxime cuando resulta apoderado.
Por ello se ha sostenido al respecto: “El silencio o inacción del abogado en cuanto se relaciona con el cobro del trabajo que realizó, libera en definitiva al obligado a su pago, de conformidad con la regla general del art. 4017, CCiv. (Ure Carlos – Finkelberg Oscar; “Honorarios de los profesionales del derecho”, Ed. LexisNexis, Bs. As., 2004, p. 506).
5. En base a lo expuesto precedentemente, en las presentes actuaciones tengo en especial consideración que la Dra. Arias actuó en el carácter de letrada apoderada de todos los herederos, y tal como manifestó en el escrito liminar había recibido un poder especial para iniciar y proseguir el juicio sucesorio hasta su total terminación (v. fs. 14), no existiendo intervención de ningún otro letrado.
Es dable destacar que el accionar de todo apoderado se encuentra enmarcado dentro de las directrices legales que disponen la continuación del proceso hasta su finalización, mientras no hubiera cesado legalmente en el cargo, así como la eventual apelación de los honorarios regulados (arts. 50, 51 del CPCC; arts. 58 incs. 7 y 8; 73 de la Ley 5177). Sobre ese piso de marcha concluyo que esa omisión de la letrada apoderada en la notificación de los honorarios a sus clientes -inacción que se mantuvo hasta el pedido de la prescripción por un plazo de 27 años y 9 meses- no puede constituirse en una suerte de franquicia, condicionante en forma “indefinida” del comienzo del término de prescripción, dependiendo el inicio del cómputo de su voluntad; pues en esa lógica, la beneficiaria de los emolumentos ostentaría una potestad discrecional para determinar el comienzo del curso de prescripción de los honorarios.
Por otra parte, no surge acreditada ninguna circunstancia que le haya imposibilitado a la letrada cumplir en tiempo y forma con tal notificación, extremo que tampoco fue alegado.
De no predicarse una lectura como la precedentemente expuesta se podría llegar a convalidar una extensión indefinida del plazo (“sine die”), sujeta exclusivamente a la voluntad de la parte acreedora, escenario que trasunta no solo irrazonabilidad sino incluso ejercicio abusivo del derecho (art. 1071 CCiv, art. 10 CCyC).
En juicios sucesorios la jurisprudencia ha sostenido: “Como ya lo señalara en anteriores pronunciamientos, en tratamiento de similar cuestión a la aquí planteada, y en juicio también sucesorio, mediando directa petición del profesional beneficiario de los honorarios en la presentación que motivara oportunamente la determinación arancelaria a su favor, no obstante la falta de firmeza del auto regulatorio, el cómputo decenal prescripto en el art. 4023 del Código Civil debe realizarse calculando el tiempo transcurrido entre la fecha del decisorio y la de la presentación oponiendo la prescripción. Así entonces, una vez dictado el auto regulatorio de fs. 365 comenzó a correr la prescripción aludida, sin que importe que dicha resolución se encuentre o no firme, toda vez que ha mediado intervención del profesional beneficiario en el pedido de regulación de honorarios de fs. 364 (esta Sala, c. 196.742, RS: 257/86; c. 202.915, RS: 293/88; c. 235.772, RS:115/2000; c. 238.049, RS: 202/2001).
…"la idea de que si el letrado omite notificar sus honorarios la acción jamás comienza a prescribir, ha sido calificada en un fallo como "verdadero despropósito" (C m. 2da., Sala 3ra., la Plata, RS: 58/94). El adjetivo es exacto pues con tal idea se desconoce el propósito o fin mismo de la institución de la prescripción. La negligencia del acreedor (en las palabras de la nota al art. 3961 del CC) no puede tener como resultado la imposibilidad de la prescripción, sino al revés. La omisión, la tardanza injustificada, la renuencia a dar los pasos necesarios para el cobro, son el fundamento, y no el obstáculo para que corra la prescripción (Cám. 1° Civ. y Com. La Plata, Sala 3°, 1/07/2003, “Biau de San Vicente Teresa s/ Sucesión”, causa 241.366, RSD 121-3).
Por todo lo expuesto, considero que habiendo transcurrido en exceso el plazo decenal de prescripción de los honorarios desde la regulación del 16 de febrero de 1995 a la Dra. María Elena Arias, corresponde declarar operada su prescripción (art. 4023 del Código Civil). Por los fundamentos expuestos voto por la NEGATIVA. La Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA BULESEVICH DIJO:
Corresponde revocar la sentencia apelada, declarando operada la prescripción decenal de los honorarios que fueran regulados a la Dra. María Elena Arias el 16 de febrero de 1995 (art. 4023 CCiv). Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento lo novedoso de la cuestión aquí debatida (art. 68 2° párrafo y ccdtes. del CPCC). Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 ley 14.967)
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 23 de mayo de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se revoca la sentencia apelada, declarando operada la prescripción decenal de los honorarios que fueran regulados a la Dra. María Elena Arias el 16 de febrero de 1995 (art. 4023 CCiv) . Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento lo novedoso de la cuestión aquí debatida (art. 68 2° párrafo y ccdtes. del CPCC). Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 ley 14.967).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA).
Fin de la sentencia