Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa K-2569/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en PE965499-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1081305-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: K-2569/23-TSJ Interlocutorio N°: 3790 Actor: KRAVETZ JESSICA ETAIN Demandada: CLAREA SRL Objeto: LABORAL Fecha: 12-03-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3790 FOLIO Nº 6870/6872 PROT. ELECT. TSS1 004 I.241
Río Gallegos, 12 de marzo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “KRAVETZ JESSICA ETAIN c/ CLAREA SRL s/ LABORAL”, Expte. N° K-20.991/20 (K-2569/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Elián Santiago Smith, (cfr. PE965499-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que hizo lugar al recurso de apelación impetrado por la actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de Primera Instancia; decretó la nulidad del laudo administrativo laboral dictado mediante la Resolución N° 523/20 (Expte Nº 524.428/20) emanada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia; admitió parcialmente la demanda instaurada condenando a la accionada a pagar a la actora la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos setenta y ocho con veintiséis centavos ($231.678,26) a la que se descontara la percibida en instancia administrativa, con más intereses calculados conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina; imponiendo las costas en ambas instancias a la demandada perdidosa (cfr. PE939648-2023).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia no había hecho lugar a la demanda promovida por la actora; imponiendo las costas del proceso por su orden (cfr. PE516707-2022).-
II. Contra esta decisión la demandada interpuso recurso de casación aduciendo que: “...en el pronunciamiento recurrido existe: a) violación y aplicación errónea de la ley y doctrina legal, y b) manifiesta arbitrariedad. Que el presente recurso de Casación se funda conforme el artículo 3° inciso A) de la sección 6ta, capítulo IV, texto establecido por el artículo 5to de la ley 1687, por considerar que la resolución recurrida ha violado y aplicado erróneamente normas contenidas en el Código de Procedimientos Provincial, como así también ha conculcado derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional...” (cfr. PE965499-2023, pág. 3).- Señala la parte recurrente que la Cámara incurrió en un grave error de apreciación, al considerar que la trabajadora tuvo viciada su voluntad al momento de suscribir el acuerdo conciliatorio en sede administrativa, que la misma no recibió suficiente asesoramiento y, también, que se encontraba en inferioridad de condiciones frente a la patronal.
(cfr. PE cit., pág. 4).- Agrega que, en base a las premisas reseñadas, el Tribunal de Alzada arriba a la arbitraria y errónea conclusión que el laudo administrativo dictado como consecuencia del acuerdo arribado por las partes devendría nulo, precisando que de tal forma se habría vulnerado el principio de división de poderes, sin siquiera haberse citado al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Provincia como parte en los actuados. (cfr. PE y pág., cits.).- Refiere que la Cámara compuso positivamente la litis disponiendo la aplicación de multas improcedentes (v. gr. art. 1° de la Ley N° 23.523, DNU N° 34/19 y art. 80º de la LCT) y, asimismo, precisa que al momento de calcular los montos resultantes de la liquidación practicada, la sentencia de Segunda Instancia omite considerar que la actora habría percibido varias cuotas de los ATP [Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción] implementados a través del Decreto N° 332/2020 y, en consecuencia, los valores indemnizatorios determinados resultarían arbitrarios (cfr.
PE cit. y pág. cits.).- Reitera la parte recurrente que a pesar de encontrarse debidamente notificada la actora de la homologación del acuerdo suscripto (cfr. Resolución 523/MTEySS/2020), esta no lo habría impugnado y/o recurrido en sede administrativa, optando por consentirlo y luego promover acción laboral en estudio, por lo que, según entiende, correspondería interpretar que consintió los efectos del acto administrativo dictado. (cfr. PE cit., pág. 5).- Por lo expuesto, plantea la parte casacionista que la sentencia cuya casación persigue resultaría arbitraria, ya que sin otorgarle participación al Ministerio decretó la nulidad de un acto administrativo valido y, a su turno, compuso positivamente el reclamo incurriendo en evidentes absurdos jurídicos.
(cfr. PE y pág. cits.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1081305-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE675401-2023).-
III. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.- En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Registro N° 3385, Folio N° 5667/5670, entre otros).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En ese andarivel, se verifica que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba (v. gr. si la trabajadora tuvo viciada su voluntad al momento de firmar el acuerdo conciliatorio; si recibió asesoramiento en forma previa a suscribir el acuerdo; cuál sería la fecha de inicio de la relación laboral; en qué momento habría acontecido el despido; procedencia de indemnizaciones y multas laborales, etc.) que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.- A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE965499-2023 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV.-En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada por la demandada, debemos reiterar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Registro N° 3440, Folio N° 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.-
En efecto, si bien se mencionan distintos Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, no se intenta una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia atacada.- Así, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia recurrida, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que la recurrente pretende lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno a esta instancia.-
V. Igual suerte sigue el planteo efectuado por la recurrente relativo a la supuesta violación en que habría incurrido la sentencia de Cámara respecto a la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia.-
En dicho sentido, la violación de la doctrina legal se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.- Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...’…” (cfr. Sentencia, Tomos XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio; XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370).- Ahora bien, más allá que la parte casacionista menciona una supuesta violación de la doctrina legal omite señalar cuál sería el pronunciamiento transgredido por la Cámara al momento de dictar sentencia (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3670, Folio 6443/6447).-
VI. En cuanto a la arbitrariedad denunciada, advertimos que la parte recurrente se limita en tildar de arbitraria la sentencia de Cámara sin siquiera intentar demostrar su concurrencia en autos.-
En ese sentido, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, ‘‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.’’ (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.). De su lado, este Tribunal tiene dicho que: ‘...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Registro 3349, Folio 5590/5594).-
VII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE965499-2023, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1081305-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en PE965499-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1081305-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal A/C de presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1004I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3790 Folio N°: 6870/6872 Secretaría: 1
Fin de la sentencia