Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-56759591-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar liberadas las obligaciones tributarias discutidas en autos, por aplicación de los beneficios dispuestos en la Ley N° 27.743. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-114029383-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala A, Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3ra. Nominación), José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1ra. Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da. Nominación) para resolver el EX-2020- 56759591-APN-SGAI#TFN caratulado: “KRILL SAT ARGENTINA S.A. s/ recurso de apelación” –y sus acumulados EX-2020-56759800-APN-SGAI#TFN, EX-2020-56759905-APN-SGAI#TFN de igual caratula- y el EX-2020-58835079-APN-SGAI#TFN caratulado: “WALTER GERMAN SUREDA s/ recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que mediante IF-2020-56759526-APN-DTD#JGM, IF-2020-56759738-APN-DTD#JGM e IF-2020-
56759847-APN-DTD#JGM Krill Sat Argentina S.A interpone recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 34/2020 (DV MRR2), 33/2020 (DV MRR2) y 35/2020 (DV MRR2) de la AFIP-DGI, a través de las cuales se determinaron las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado - períodos fiscales 3/2014 a 12/2015-, Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2014 a 2016- y a las Ganancias -Salidas No Documentadas- períodos 3/2014 a 12/2015- con más intereses resarcitorios y se aplicaron sendas multas en los términos del artículo 46 de la Ley 11.683.
A su vez, en el IF-2021-58835013-APN-DTD#JGM, Walter Germán Sureda interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 08/2021 (DV MRR2), en la cual se dispuso su responsabilidad solidaria respecto de la deuda determinada de oficio a Krill Sat Argentina SA en las Resoluciones Nros. 33/2020, 34/2020, y 35/2020 (DVC RR2).
En primer lugar, señala que los proveedores cuestionados fueron incluidos en la base APOC con posterioridad a la contratación. Además, refiere a los antecedentes comerciales de la empresa y su relación como auspiciante del corredor Adrián Chiriano.
Asimismo, manifiesta que aportó documentación en donde se puede ratificar que la publicidad fue plasmada en el automóvil del mencionado piloto.
En virtud de ello, ofrece prueba informativa y testimonial, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, formula reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que mediante IF-2021-26760933-APN-DTD#JGM, IF-2020-72303152-APN-DTD#JGM, IF-2020-
71097906-APN-DTD#JGM e IF-2021-84030288-APN-DTD#JGM contesta los traslados la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos. Formula oposición a la prueba. Solicita por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Que en el IF-2025-13063522-APN-DTD#JGM la contribuyente informa la adhesión al régimen de regularización de activos no declarados dispuesto por la Ley 27.743, y solicita se declare el archivo de las actuaciones.
Indica que ello es procedente pues en virtud de la sanción de la Ley 27.743 de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, y según su Título II que estableció un “Régimen de Regularización de Activos” al que pudieron adherir las personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, la firma Kril Sat Argentina S.A. realizó la adhesión y su correspondiente declaración jurada a dicho régimen.
A su vez, explica que la misma fue llevada a cabo mediante el depósito de fondos en una “Cuenta Especial de Regularización de Activos”, abierta a tal fin según la normativa, por la suma de $ 8.000.000-. Cita lo que establecen los artículos 34 de la Ley 27.743, 21 del Decreto 608/2024 y 20 de la Resolución General 5573/2024 -sexto párrafo-.
Sostiene que, conforme la presentación digital que adjunta, procedió a imputar ante la Agencia la suma de $3.290.779,40 de los fondos regularizados mediante el mencionado régimen a la base imponible de los impuestos discutidos en autos.
Afirma estar en conocimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 773/2024, sin perjuicio de lo cual entiende que ello no es aplicable y se remite a lo dispuesto en el artículo 34 -incs. b) y c)-. Manifiesta que la norma emanada del Poder Legislativo no pone condicionamiento alguno a las liberalidades que establece el régimen, y el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, que en un primer momento nada decía y con posterioridad fue modificado, limita o condiciona las obligaciones que se encuentran en curso de discusión administrativa respecto al gasto computable, salidas no documentadas y créditos de IVA provenientes de facturas consideradas APOC por la AFIP.
Considera que la no utilización del blanqueo en discusiones de facturas apócrifas sería correcto si no fuera por el hecho de que la limitación proviene de una norma reglamentaria, exigiendo algo que la norma sancionada por el Poder Legislativo no contempla y que esta idea se contradice con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vertida en el caso “Copparoni” (CSJN, “Copparoni SA”, 2/7/2020) y ratificada en “Sigma” (CSJN, “Sigma SA”, 28/10/2021).
Concluye que si el legislador hubiera querido excluir las facturas apócrifas lo hubiese hecho en el propio texto de la ley, ya que no cabe presumir su inconsistencia o falta de previsión. En esa lógica, asevera que prueba de ello es la Ley 27.260, donde se dispuso expresamente la exclusión de la liberación del crédito fiscal del IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas.
Solicita el archivo de las actuaciones y subsidiariamente la inconstitucionalidad del artículo 3° del Decreto 773/2024.
Por su lado, el Fisco Nacional mediante IF-2025-18584294-APN-SGAI#TFN -según lo informado por la Agencia 9- dice que en algunos casos las DDJJ rectificativas presentadas no cumplen la pretensión fiscal determinada, mientras que en otros no se registra ninguna DDJJ.
Agrega que de la consulta efectuada al Sistema Atenea- Módulo Juicios Universales no surge que posea juicios en trámite, fiscalizados ni paralizados. Además, señala que la causa caratulada “Krill Sat Argentina S.A. s/ Infracción Ley 24.769” se encuentra actualmente archivada.
A su vez, mediante IF-2025-62026900-APN-DTD#JGM considera que yerra la parte actora, al hacer una interpretación literal de los términos de la Ley 27.743 desvirtuándola para adaptarla a su conveniencia. En esa línea, dice que el decreto reglamentario establece específicamente que no se verán alcanzados por la exención los gastos computados en el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a las Salidas No Documentadas y el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, provenientes de facturas consideradas apócrifas.
En atención a ello, concluye que hubo una clara y expresa intención normativa de excluirlos. Asimismo, sostiene que el cómputo de créditos fiscales espurios, no es una exteriorización de moneda extranjera, sino sólo la invocación de tributos supuestamente abonados en la cadena de comercialización del producto o servicio, que en realidad nunca existieron. Y por ende esta conducta, no puede jamás asimilarse al presupuesto previsto únicamente por la ley. Siendo ello así, aclara que no es dinero omitido de ingresar al sistema, por el contrario, se trata de un saldo técnico que el contribuyente pretendió hacer valer fraudulentamente para disminuir la base imponible del impuesto.
En este sentido, cita jurisprudencia del Alto Tribunal relacionada con la interpretación de la ley. A modo de colofón, argumenta que el Decreto Reglamentario 608/2024 en cuestión se dictó en el marco de la constitucionalidad, no desconoce ni restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, como así tampoco subvierte su espíritu y finalidad. Por todo ello, solicita el rechazo del planteo con la respectiva imposición de costas.
IV. Que en contestación a la intimación cursada en el PV-2025-95320957-APN-VOCIII#TFN la actora ratifica que el importe consignado en el F. 3321 “Declaración Jurada de Regularización”, corresponde a la suma de U$S 8.000, los cuales equivalen a $8.000.000 que fueron depositados en la cuenta bancaria especial vinculada al régimen de regularización en trato. A tales efectos, acompaña boleta de depósito y extracto bancario (v. RE-2025-98468197-APN-DTD#SGM).
V. Que en atención al estado de la causa por PV-2025-107407176-APN-VOCIII#TFN se elevan los autos a consideración de la sala. VI.- Que mediante el Título II de la Ley 27.743 se estableció el Régimen de Regularización de Activos. El artículo 18 estableció los sujetos alcanzados, el artículo 21 la manifestación de adhesión, el artículo 22 la declaración jurada a presentar, entre otras cuestiones referidas al régimen.
Por su parte, el artículo 34 dispone: “Los sujetos que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, ni a los tres artículos sin número agregados a continuación del artículo 18, de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, con respecto a las tenencias declaradas; b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieran generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias [...] c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, así como de las respectivas obligaciones accesorias, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Impuestos a las Ganancias, Impuesto a las salidas no documentadas (conforme el artículo 40 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas e Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto de los bienes regularizados y sobre los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de estos bienes. 2. Impuestos Internos e Impuesto al Valor Agregado que puedan aplicar sobre las operaciones que originaron los fondos con los que el bien regularizado fue adquirido o sobre los fondos en efectivo que sean regularizados. 3.
Impuestos sobre los Bienes Personales, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la Ley 27.605 y la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados. 4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra al 31 de diciembre de 2023, inclusive, por los bienes regularizados bajo el presente Régimen de Regularización de Activos...” .
Por otro lado, el artículo 21 del decreto reglamentario de la ley citada prevé: “Se consideran comprendidas dentro de las liberaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 34 de la ley las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esa norma legal y se vinculen con los bienes, créditos y tenencias del contribuyente al 31 de diciembre de 2023 que sean regularizados, y en la medida de esos bienes, créditos y tenencias. No se encuentran alcanzados por la liberación a la que se refiere el párrafo precedente el gasto computado en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las salidas no documentadas y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, provenientes de facturas consideradas apócrifas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)”.
Reseñada la normativa involucrada y las posturas de las partes, corresponde dilucidar a este Tribunal si resulta o no aplicable al caso la limitación reglamentaria establecida por la norma citada y, en consecuencia, si procede la aplicación de las liberaciones allí previstas.
En principio, cabe destacarse que la circunstancia de que este Tribunal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas (art. 185, Ley 11.683) no le impide analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en el caso (CNCAF, Sala II, in re “Tagliaferro Susana Norma”, sentencia del 25/02/2022).
En esa inteligencia, es dable recordar que cualquier extensión por vía reglamentaria de la carga fiscal que en forma taxativa prevé la ley a partir de la configuración de los respectivos hechos imponibles, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo.
Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, es decir, el Congreso Nacional (en tal sentido, CSJN, "EVES ARGENTINA SA", 14/10/1993). Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros).
El principio de legalidad o reserva de ley no es sólo una expresión jurídica formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos 329:1554).
Ante ello y aun entendiendo que le asiste razón a la recurrente, en el sentido de que el Poder Ejecutivo se ha excedido en el establecimiento de la limitación prevista en el mencionado artículo 21 del Decreto 608/2024, lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 11.683 impide a este Tribunal pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de leyes y reglamentos.
Por ello, se resuelve no hacer lugar a la solicitud de la recurrente en el sentido de que se declare extinguida la deuda, basada para ello en la norma del artículo 34 -incs. b) y c)-. Costas por su orden en atención a las particularidades del caso.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante en los Considerandos I a V de su voto. En cambio, disiente con la solución a la que arriba en el Considerando VI respecto de la cuestión aquí a resolución.
II. Que mediante el Título II de la Ley 27.743 se estableció el Régimen de Regularización de Activos. El artículo 18 definió los sujetos alcanzados, el artículo 21 la manifestación de adhesión, el artículo 22 la declaración jurada a presentar, entre otras cuestiones referidas al régimen.
Por su parte, el artículo 34 dispone: “Los sujetos que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, ni a los tres artículos sin número agregados a continuación del artículo 18, de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, con respecto a las tenencias declaradas; b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieran generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias […] c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, así como de las respectivas obligaciones accesorias, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Impuestos a las Ganancias, Impuesto a las salidas no documentadas (conforme el artículo 40 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas e Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto de los bienes regularizados y sobre los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de estos bienes. 2. Impuestos Internos e Impuesto al Valor Agregado que puedan aplicar sobre las operaciones que originaron los fondos con los que el bien regularizado fue adquirido o sobre los fondos en efectivo que sean regularizados. 3.
Impuestos sobre los Bienes Personales, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la ley 27.605 y la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados. 4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra al 31 de diciembre de 2023, inclusive, por los bienes regularizados bajo el presente Régimen de Regularización de Activos...” (el resaltado me pertenece).
Por otro lado, el artículo 21 del decreto reglamentario de la Ley citada dice: “Se consideran comprendidas dentro de las liberaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 34 de la ley las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esa norma legal y se vinculen con los bienes, créditos y tenencias del contribuyente al 31 de diciembre de 2023 que sean regularizados, y en la medida de esos bienes, créditos y tenencias. No se encuentran alcanzados por la liberación a la que se refiere el párrafo precedente el gasto computado en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las salidas no documentadas y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, provenientes de facturas consideradas apócrifas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)” (el resaltado me pertenece).
Reseñada la normativa involucrada y las posturas de las partes, corresponde dilucidar a este Tribunal si resulta o no aplicable al caso la limitación reglamentaria establecida por la norma citada y, en consecuencia, si procede la aplicación de las liberaciones allí previstas.
Que al respecto, cabe reiterar aquí los conceptos vertidos por el suscripto en ocasión de votar -en minoríaen las causas “LUTZ, JUAN JACOBO s/ recurso de apelación”, “SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. s/ apelación” y “HARWICZ CARLOS MARCELO s/ recurso de apelación”, sentencias de la Sala “B” de fechas 23/5/2022, 13/11/2023 y 30/4/2025, donde sostuve que: “... cualquier extensión por vía reglamentaria de los supuestos que en forma taxativa prevé la ley como hechos imponibles, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo”. “Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, es decir, el Congreso Nacional (en tal sentido, EVES ARGENTINA SA - CSJN – 14/10/1993). Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros)”.
“El principio de legalidad o reserva de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos 329:1554)”.
Agregué entonces que “Debe destacarse que la circunstancia de que este Tribunal Fiscal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas no impide que pueda analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en el caso (CNCAF, Sala II, in re “Tagliaferro Susana Norma”, sentencia del 25/02/2022); para concluir resolviendo de acuerdo a las normas legales emanadas del Poder Legislativo y supranacionales aplicables al caso, conforme la jerarquía normativa consagrada por nuestra constitución”.
En el caso particular de la cuestión debatida en autos, el decreto reglamentario establece una exclusión del régimen no prevista en la ley, yendo más allá del texto legal.
En ese sentido, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse en una cuestión similar respecto de otros regímenes de exteriorización. Así, surge del Dictamen de la Procuración en la causa “Copparoni” sentencia 02/07/2020 de la CSJN al cual remite que “Ha sostenido V.E. que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 320:61; 305 y 2145; 323:1625, entre otros).
Con base en estas asentadas pautas observo que la ley exime al "impuesto al valor agregado" que oportunamente se omitió declarar, sin distinguir si se origina en débitos o en créditos fiscales inexactos. Cabe recordar aquí el claro principio hermenéutico que postula que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), quien podría haber excluido de la liberación al crédito fiscal del IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la AFIP, tal como lo reguló en otros regímenes (cfr. art. 46, inc. c., pto. 2, de la ley 27.260) y, sin embargo, no lo hizo.
En tal sentido, dentro de la propia Ley 26.860, el legislador ha sido claro respecto de otros supuestos que quedaban fuera de la regularización, tal como el previsto en el artículo 11 de la mencionada norma, en el que fijó: ‘La liberación establecida en el inciso c) del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas’”.
En el mismo sentido se pronunció el 28 de octubre de 2021 en la causa “Sigma SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, respecto del régimen de regularización establecido en la Ley 26.476 y “Sicopro SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, el 23 de agosto de 2022.
Ello así, se concluye que no resulta aplicable la limitación establecida vía reglamentaria y que atento a lo dispuesto en la Ley 27.743 le corresponden a la recurrente de autos los beneficios allí dispuestos. Por lo que corresponde declarar liberadas las obligaciones tributarias discutidas en autos, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 27.743. Costas por su orden. ASÍ LO VOTO. La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Declarar liberadas las obligaciones tributarias discutidas en autos, por aplicación de los beneficios dispuestos en la Ley N° 27.743. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.10.13 15:17:30 ART Date: 2025.10.13 17:30:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.14 11:39:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.14 11:40:25 -03:00
Fin de la sentencia