Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 32334-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 17/05/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Kronen Internacional SA (TF 32334-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 19 de junio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 17/05/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución DE PRLA Nro. 6897/2012, dictada en la Actuación N° 12196-1019-2011 y, en consecuencia, dejó sin efecto el Cargo n° 340/11. Impuso las costas al Fisco.
Para así resolver, en primer lugar, precisó que, la cuestión en autos radicaba en determinar si resultaba procedente la formulación del cargo n° 340/2011 en concepto de tributos. Es decir, que correspondía analizar si la documentación aportada por KRONEN INTERNACIONAL S.A. en sede aduanera y ante esa instancia, resultaba idónea para acreditar que la mercadería importada mediante el D.I. N° 11 001 IC06 000039 D se encontraba efectivamente amparada por el beneficio arancelario previsto en el Acuerdo de Alcance Parcial N° 6 (celebrado entre Argentina y Méjico).
Advirtió que, quedaba fuera del tema a decidir el origen de la mercadería, el cual no fue cuestionado.
Al respecto, puntualizó que, a la luz de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y de los originales agregados ante esa instancia, surgía que la firma importadora documentó mediante el despacho de importación antes referido, la importación a consumo de mercadería clasificada en la P.A. 8418.10.00.100J, originaria y procedente de Méjico, documentada sobre la destinación de depósito de almacenamiento N° 10 001 IDA 401010 J.
Indicó que, conforme surgía del conocimiento B/L N° SUDU 202973757037 (consignado en el campo "Documento de Transporte" de la destinación de depósito de almacenamiento), la misma fue objeto de transbordo en el puerto de Santos, Brasil.
Agregó que, al documentar el despacho de importación, la firma garantizó la falta de certificado aduanero de procedencia (FCAP) y el pago de la multa automática (MUAU), según la liquidación practicada en el cuerpo del despacho, (ver fs. 51/80 de las act. adm. y fs. 127 y 129 de autos). Precisó que, el servicio aduanero consideró procedente inicialmente la formulación de cargo “... en concepto de multo automática (MUAU) y falta de certificado aduanero de procedencia (FCAP)...”, para luego concluir, tras la presentación de documentación por parte de la firma actora, que la misma “... no cumple con lo requerido a los fines de acreditar la expedición directa por no dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/2009.” (ver fs. 1 y 87 de las actuaciones administrativas). En consecuencia, formuló el cargo n° 340/11, en concepto de tributos por la suma de U$S 2.595,38 (ver fs. 12 de las actuaciones administrativas).
Refirió que, el informe técnico elaborado por la División Cupos de Origen mediante Nota N° 150/12 (DV CUPO) aludía a los requisitos establecidos en la Nota Externa N° 22/2009 a los fines de acreditar la expedición directa, tales como la constancia expedida por la autoridad aduanera y la declaración jurada del transportista. En cuanto al primero de ellos, específicamente establecía, citando la referida Nota Externa, que: “... Si el país no participante fuera la República Federativa del Brasil se admitirá como constancia el Formulario “Extrato do Manifesto” (correspondiente al trasbordo) emitido por la Receita Federal. Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado (…) por la Receita Federal los mencionados formularios no son intervenidos por el personal de los mencionados servicios…”. Asimismo, el informe disponía que, de conformidad con los dispuesto en el punto 1.3 de la Nota en comentario, los documentos “... deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería', requisito que no se encuentra cumplimentado en las notas de la Empresa Hamburg Sud Brasil LTDA obrantes a fs. 40/41”.
Por otro lado, señaló que, el informe destacaba lo establecido mediante la Nota n° 743/2010 de la Dirección General de Asuntos Consulares en el sentido de que para los documentos presentados como constancia (“Formularia 7512” y el “Extrato do Manifestó”) no les resulta exigible “... la intervención del servicio aduanero actuante, esta Dirección General entiende que en dichos documentos no se estamparía la Firma y Sello del funcionario aduanero que interviene. En caso de que así lo fuera nuestras Representaciones Consulares se encuentran con un impedimento legal para legalizar los mismos, de acuerdo a lo normado por los Artículos N° 223 y 226 del Decreto N° 8714/63 “Reglamento Consular” y lo reglamentado en la Resolución N° 154/64 'Normas de Aplicación del Reglamento Consular'...” (ver fs. 83/84 de las actuaciones administrativas). Postuló que, la Nota Externa n° 22/09 a la que aludía la Aduana, fue dictada como consecuencia de lo dispuesto por la Resolución n° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI, aplicable en la especie en cuanto regulaba el régimen de origen para los países participantes de la Asociación. Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 o de dicha resolución, para que las mercancías originarias se beneficien de los tratamientos preferenciales, éstas debían haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador y enumeraba los supuestos que debían cumplirse para que se considere que había expedición directa.
Señaló que, en virtud de la citada norma de la ALADI, la Nota Externa n° 22/2009 regulaba en su artículo 1.1 la documentación requerida en las destinaciones de importación para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, eso era: “a) Constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. (...) b) Declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 o, inciso b) de la Resolución N° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI”.
Específicamente, y en cuanto resultaba aplicable al caso de autos, el inciso a) del artículo 1.1 antes referido, también establecía que “... Si el país no participante fuera la República Federativa del Brasil se admitirá como constancia el Formulario "Extrato do Manifesoó" (correspondiente al trasbordo) emitido por la Receita Federal. Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado (...) por la Receita Federal los mencionados formularios no son intervenidos por el personal de los mencionados servicios. ... Que, a su vez, el art. 1.3 de la Nota Externa bajo a análisis, establecía que “Los documentos mencionados en los puntos 1.1 y 1.2 deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiere transitado la mercadería”.
En tales condiciones, precisó que, a fin de analizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Nota Externa n° 22/2009, correspondía evaluar en primer lugar si la documentación a la que se hacía referencia en el punto 1.1, es decir la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo (inciso a) y la Declaración Jurada del transportista (inciso b), cumplían en el caso con los requisitos exigidos por la normativa vigente al momento de la operación de autos.
Al respecto, apuntó que, a fs. 38/39 de las actuaciones administrativas, la firma Kronen Internacional S.A. acompañó con fecha 2/08/2011 el original del Extrato Do Manifesto n° 1510B02382500 emitido por la Receita Federal el 11/05/2011, debidamente legalizado por el consulado Argentino en San Pablo, Brasil, en fecha 31/05/2011. En dicho documento se hacía referencia a diversos conocimientos de embarque, entre los que se encuentra el N° SUDU 202973757037, correspondiente a la operación de autos. Al respecto, consideró oportuno recordar que, a los fines del cumplimiento del requisito contenido en el inciso a) del artículo 1.1 de la Nota Externa 22/2009, y siendo que en el caso el trasbordo fue hecho en Brasil, resultaba válido como constancia el Extrato Do Manifesto.
Alegó que, por su parte, la firma involucrada también acompañó con fecha 2/08/2011 la declaración jurada original emitida por el ATA de fecha 5/05/2011 de la cual surgía que “...la mercadería amparada por SUDU202973757037 de la referencia, ha ido tomada por HAMBURG SÜD el 12 de Noviembre de 2010 en el puerto de Veracruz ubicado en México, con destino final a la firma Kronen Internacional SA (...) ubicada en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Dicha carga ha sido transportada en tránsito por vía acuática, desde Veracruz, hasta Santos, Brasil en el buque Cap Roca 036s, donde HAMBURG SÜD la ha tomado para ser embarcada nuevamente por vía acuática en el buque CATHRINE R1CKMERS 017s a su destino final en Buenos Aires, ubicado en la República Argentina. El tránsito por Santos, Brasil ha sido efectuado por razones geográficas, de seguridad y por razones relativas a requerimientos de transporte, de conformidad a lo dispuesto en el art.4° inciso h) de la Res. ALADI CR 252/99. Ello así por cuanto el buque Cap Roca 036s no realiza escala en el puerto de Buenos Aires, por lo tanto la carga debió trasbordar en el puerto de Santos, Brasil, donde hay conexiones con buques que sí realizan escala en el puerto de Buenos Aires como lo hizo el buque CATHRINE RICKMERS 017s.Dejamos constancia que durante su transporte y depósito, las mercaderías no sufrieron ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación…” (fs. 45).
Agregó que, en cuanto a este documento obrante a fs. 45 de las actuaciones administrativas, si bien su contenido se ajustaba a lo exigido por el inciso b) del punto 1.1 de la Nota Externa 22/09, el mismo carecía de la legalización consular que exigía al momento de la operación de autos el punto 1.3 de la Nota Externa 22/09. No obstante, ante esa instancia, con fecha 23/11/2012 la firma aportó una copia de la declaración jurada del transportista certificada por escribano (Colegio Notarial de Brasil) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de San Pablo, Brasil en fecha 22/10/2012 (ver fs. 17 de autos). Al respecto, advirtió que, en base al Acuerdo de simplificación de legalizaciones en documentos públicos suscripto entre Argentina y Brasil con fecha 16/10/2003, se había acordado eximir de toda forma de intervención consular a la legalización de documentos públicos, estableciéndose expresamente que el mismo se aplicará a los documentos públicos expedidos en el territorio de uno de los dos países, que deban ser presentados en el territorio del otro, o ante sus agentes diplomáticos o consulares, aun cuando dichos agentes ejerzan sus funciones en el territorio de un país que no sea parte en el Acuerdo. Asimismo, establecía que serán considerados documentos públicos “a) Los documentos administrativos emitidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; b) Las escrituras públicas y actos notariales; c) Las certificaciones oficiales de firma o de fecha que figuren en documentos privados.
2. Las partes eximirán de toda forma de intervención consular a la legalización de los documentos contemplados en el presente Acuerdo”.
En este contexto, consideró que, de ese modo fueron presentados tanto la constancia expedida por la autoridad aduanera como la declaración jurada por parte del transportista en cumplimiento de los incisos a y b, respectivamente, del artículo 1.1 de la Nota Externa 22/2009.
Concluyó así que, en el caso del primero de los documentos (“Extrato do Manifesto”) el mismo estaba expresamente admitido por la Nota como documento válido para acreditar la expedición directa cuando el trasbordo se produjo en Brasil. Por su parte, la declaración jurada efectuada por HAMBURG SÜD, obrante a fs. 17 de autos, daba cuenta de que el tránsito estuvo justificado y que la mercadería no fue destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito.
Añadió que, en cuanto a la exigencia impuesta en el artículo 1.3 de la Nota, el “Extrato do Manifesto” contaba con el visado consular respectivo y la declaración jurada del transportista fue debidamente certificada por escribano público, a la vez que fue legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (ERESP), de conformidad con lo establecido en el antes citado Acuerdo Brasil-Argentina sobre simplificación de legalización de documentos públicos. Puso de relieve que, con relación a ello, cobraba especial relevancia el resultado de la prueba informativa ordenada ante esa instancia consistente en el oficio dirigido a la DGA. Como parte de su respuesta, la Aduana expresamente informó que: "... a) El “Extrato do Manifesto” es un formulario emitido por la Receita Federal de la República Federativa de Brasil que no lleva intervención de ningún funcionario aduanero y este documento está expresamente admitido como Constancia aduanera en el punto 1.1 a) de la Nota Externa N° 22/2009. b) La carta del transportista (...) justificando el tránsito por un tercer país, se encuentra legalizada mediante un sello que indica que dicha legalización fue hecha en base al “Acuerdo Bilateral sobre simplificación de Legalización de Documentos Públicos acordados entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil". Cabe aclarar que el mencionado Acuerdo bilateral le reconoce el carácter de documentos públicos a: I. Los documentos administrativos emitidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones 2. Las escrituras públicas y actas notariales 3. Las certificaciones oficiales de firma o de fecha que figuren en documentos privados. Y en el presente caso, la carta del transportista sub examine posee la intervención de un notario público, por consiguiente es válida dicha legalización, y cumple con los requisitos establecidos en Ja Nota Externa N° 22/2009 (SDG CAD)” (ver fs. 67/68 de autos).
A mayor abundamiento, señaló que a partir de la entrada en vigencia de la Instrucción General N° 2/2016 (la cual derogó a la Nota Externa N° 22/2009) sólo se hacía referencia a la legalización consular de la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no participante, pero ya no respecto de la declaración del transportista. De este modo, entendió que, más allá de la conclusión a la que se arribaba en el considerando precedente al respecto, “cabe estar estar a la modificación introducida a la Nota Externa n° 22/09, mediante el dictado de la Instrucción General n° 2/2016 por la que se había dejado sin efecto el requisito de la intervención consular de la declaración del transportista. En efecto, la l.G. N° 2/2016 resultaba aplicable al caso de autos por cuanto así se disponía en su punto “III.- PAUTAS PROCEDIMENTALES Para acreditar el requisito de expedición directa objeto de esta Instrucción General, inclusive para aquellas operaciones que se encuentren pendientes de resolución, deberá aplicarse el procedimiento previsto en la presente” (“BAVOSI S.A. c/D.G.A. s/Recurso de Apelación" Causa TFN N° 35.307-A. Sala F. Vocalía 18 -Vocal Subrogante Dr. Horacio Segura-, sent. 04/09/2019”).
En virtud de todo lo antes expuesto, consideró que la documentación analizada en autos resultaba válida para acreditar la expedición directa desde el puerto de Veracruz, México con destino final al puerto de Buenos Aires de la mercadería importada mediante el DI N° 11 001 IC06 000039 D, que ingresó a nuestro territorio aduanero previo tránsito por Brasil.
En consecuencia, resolvió que, por los fundamentos analizados en los considerandos precedentes, correspondía aplicar a la mercadería involucrada en autos el beneficio del tratamiento arancelario preferencial y dejar sin efecto el cargo formulado en concepto de diferencia de tributos.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 7/07/2023 interpuso recurso de apelación la demandada, expresando agravios el 11/08/2023, los que fueron replicados por la contraria.
Se agravia la recurrente en cuanto el Tribunal a quo sostuvo que “... cabe estar a la modificación introducida a la Nota Externa n° 22/09, mediante el dictado de la Instrucción General n° 2/2016, por la que se ha dejado sin efecto el requisito de la intervención consular de la declaración del transportista. En efecto, la I.G. N° 2/2016 resulta aplicable al caso de autos por cuanto así se dispone en su punto III.- PAUTAS PROCEDIMENTALES Para acreditar el requisito de expedición directa objeto de esta Instrucción General, inclusive para aquellas operaciones que se encuentren pendientes de resolución, deberá aplicarse el procedimiento previsto en la presente...”.
Se queja porque la sentencia apelada, a su entender, no resulta ajustada a derecho ni revela la derivación concreta y razonada de los hechos de la causa y de una adecuada aplicación de la normativa vigente que rige la situación bajo examen.
Al respecto, destaca que el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece: “Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario”.
Por lo tanto, no se podría aplicar retroactivamente la Instrucción Gral. 2/2016 al a la operación aduanera realizada en vigencia de la Nota Externa 22/09. Expone que, resulta contrario a los intereses de su parte y a lo que la normativa específica prevé, lo dispuesto en autos, por cuanto de la lectura del fallo surge palmariamente que el juzgador, a fin de sustentar su decisión, formula una hipótesis que no avala con elementos suficientes que le den sustento. Añade que, se advierte con suma claridad, que el vocal preopinante, respecto al requisito de la expedición directa lo considera como una exigencia meramente formal, sin tomar en cuenta que ese requisito tiene una especial trascendencia, toda vez que se encuentra establecido taxativamente en el Acuerdo de Complementación Económica ACE n° 6 y en todos los demás Acuerdos de esa misma índole, que se firmaron en el marco de la ALADI, inclusive en Acuerdos extra ALADI, tales como MERCOSUR- ISRAEL y MERCOSUR - INDIA.
Apunta que, es oportuno comenzar a analizar que la Nota Externa n° 22/2009 establece que para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa deberá presentarse como documentación complementaria una constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente.
El dictado de la misma obedeció a la forma de acreditar la expedición directa de mercaderías desde un país participante a otro cuando hubiera mediado tránsito, con o sin trasbordo, o almacenamiento temporal por países no participantes del Acuerdo de conformidad con lo previsto en la Resolución n° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI, y considerando que es factible utilizar las vías aéreas, terrestres y acuáticas desde el país de origen hacia el país de tránsito y realizarse además en este último cuando corresponda el trasbordo de las cargas a los efectos del transporte con destino final a la República Argentina también por las citadas vías, corresponde considerar a las mismas en su totalidad a los efectos de la certificación del transportista y del forwarder, y del mismo modo establecer los requisitos que deben consignarse en las guías aéreas, cartas de porte y conocimientos de embarque, como también disponer la aplicación del procedimiento relativo a la acreditación de la expedición directa de acuerdos no alcanzados por el régimen de origen general previsto en la citada Resolución N° 252/99.
Pone de relieve que, si el país no participante fuera la República Federativa del Brasil se admitirá corro constancia el Formulario “Extrato do Manifesto” (correspondiente al trasbordo) emanado por la Receita Federal. Destaca que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Aduanero de los Estados Unidos y por la Receita Federal los mencionados formularios no son intervenidos por el personal de los mencionados servicios.
En el caso de los demás países se admitirá como constancia el formulario que los Servicios Aduaneros de los mismos utilicen para tramitar el trasbordo, el tránsito o el almacenamiento temporal debidamente intervenido por el personal aduanero.
También deberá acompañar una declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4o, inciso b) de la Resolución n° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI.
Pondera que, el ACE n° 6 establece: “Para que una mercancía originaria se beneficie del tratamiento preferencial, las mismas deben haber sido expedidas directamente de la parte exportadora a la parte signataria importadora. A tales efectos, se considera como expedición directa: a) Las mercancías transportadas únicamente por el territorio de una o más partes signatarias del Acuerdo; b ) Las mercancías en tránsito, a través de una o más partes no signatarias del Acuerdo, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera del país transitado siempre que: i) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte; i¡) no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; iii) no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación”.
Por otra parte, la mencionada anteriormente Nota Externa 22/09, en el punto 1.3 indica que los documentos mencionados en los párrafos anteriores deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería, requisito que no se encuentra cumplimentado de acuerdo a lo que obra en las actuaciones administrativas.
Reitera que la Nota Externa se enmarca en la Resolución CR N° 252/99 que establece el Régimen General de Origen de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
El servicio aduanero analizó si con la documentación aportada por la interesada, se encontraba acreditada la expedición directa de la mercadería integrante de la destinación, en los términos de la Nota Externa n°22/09 (DGA). Así las cosas, su pare concluyó que con la documentación aportada para el tránsito realizado por Brasil, no se estaría dando cumplimiento al punto 1.3, no se ha aportado la documentación debidamente legalizada.
Advierte que, de conformidad al criterio sustentado por la División Cupos de Origen (autoridad de aplicación en la cuestión debatida en autos), la firma Kronen Internacional S.A., no ha acreditado en debida forma la expedición directa de la mercadería integrante de la destinación en trato, conforme lo expuesto.
Afirma que, una interpretación contraria implicaría, no solamente desnaturalizar por completo el régimen de origen sino también, por ésta vía, desnaturalizar el funcionamiento de la propia preferencia arancelaria, ya que ésta se concedería en forma indiscriminada y sin tener en cuenta el fundamento que la nutre: el origen de la mercadería fehacientemente acreditado, de modo tal que la excepción que constituye la preferencia terminaría siendo la regla.
Por todo lo expuesto, considera que, el proceder del servicio aduanero ha resultado conforme a la normativa analizada y, por lo tanto, solicita se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar DE PRLA n° 6897/2012 y en consecuencia dejar sin efecto el cargo 340/11, se sustentó en que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.1 de la Nota Externa 22/2009, la documentación requerida en las destinaciones de importación para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa de un país era: “a) Constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. (...) b) Declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4o, inciso b) de la Resolución N° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI” y que, en el caso de autos, se verificaba que dichos documentos (constancia expedida por la autoridad aduanera y la declaración jurada por parte del transportista) habían sido presentados por la actora; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido sin controvertir el argumento central del pronunciamiento impugnado (énfasis añadido).
En efecto, la demandada dedica gran parte de su escrito recursivo a reseñar la normativa aplicable (Nota Externa nº 22/09, ACE nº 6), pronunciándose sobre su aplicación al caso -extremo no cuestionado- sin rebatir apropiadamente los fundamentos de la sentencia que tienen por acreditado el cumplimiento de requisitos documentales, ni desacreditar las probanzas que la sostienen. Pues, contrariamente a lo alegado por la apelante, el organismo jurisdiccional administrativo, analizó la normativa aplicable y las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, así como la prueba producida en la instancia ante el TFN, para concluir que el “Extrato do Manifesto” estaba expresamente admitido por la Nota nº 22/2009, como documento válido para acreditar la expedición directa cuando el trasbordo se había producido en Brasil, añadiendo que el mismo contaba con el visado consular respectivo. Y, asimismo, indicó que, la declaración jurada efectuada por el ATA, HAMBURG SÜD, fue debidamente certificada por escribano público y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (ERESP), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Brasil-Argentina sobre simplificación de legalización de documentos públicos y a su vez, daba cuenta de que el tránsito estuvo justificado y que, la mercadería no fue destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. En tales condiciones, concluyó que, resultaba de toda claridad que, la documentación acompañada resultaba válida para acreditar la expedición directa desde el puerto de Veracruz, México, con destino final al puerto de Bs. As., por lo que correspondía aplicar a la mercadería involucrada en autos el beneficio del tratamiento arancelario preferencial previsto en el ACE nº 6.
V. Que, asimismo, la demandada solicita la revocación del fallo, alegando que, de conformidad con lo previsto en el art. 7° del Código Civil y Comercial, no se podría aplicar retroactivamente la Instrucción General nº 2/2016 a la operación aduanera de autos, realizada durante la vigencia de la Nota Externa nº 22/09.
Sin embargo, la apelante, no se hace cargo de que la mención que efectuó el a quo respecto de la Instrucción General 2/2016 (que derogó la Nota Externa 22/09) fue “a mayor abundamiento” y, luego de referirse expresamente a que la actora había acompañado con fecha 2/08/2011: (i) el original del Extrato Do Manifesto n° 1510B02382500 emitido por la Receita Federal el 11/05/2011 y (ii) la declaración jurada original emitida por el ATA de fecha 5/05/2011 de la cual surgía que la mercadería amparada por SUDU202973757037 había sido tomada por HAMBURG SÜD el 12/11/2010 en el puerto de Veracruz ubicado en México, con destino final a la firma Kronen International SA, República Argentina, habiendo sido transportada “en tránsito” por vía acuática, desde Veracruz, hasta Santos, Brasil, donde HAMBURG SÜD la había tomado para ser embarcada nuevamente a su destino final en Buenos Aires, agregando que, si bien ese documento carecía de la legalización consular que exigía al momento de la operación de autos el punto 1.3 de la Nota Externa 22/09, con fecha 23/11/2012 la firma importadora había aportado una copia de la declaración jurada del transportista certificada por escribano (Colegio Notarial de Brasil) y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de San Pablo, Brasil en fecha 22/10/2012, de conformidad con el Acuerdo de simplificación de legalizaciones en documentos públicos suscripto entre Argentina y Brasil con fecha 16/10/2003 (énfasis añadido). Lo expuesto, resultó reforzado, con el resultado del oficio dirigido a la DGA solicitando aclaraciones sobre el criterio fiscal vertido en las actuaciones 12196- 1458/2012, del cual surgía que, en dicho expediente, la carta del transportista se encontraba legalizada mediante un sello que indicaba que dicha legalización fue hecha en base al “Acuerdo Bilateral sobre simplificación de Legalización de Documentos Públicos acordados entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” y que poseía la intervención de un notario público, por consiguiente era válida dicha legalización, y cumplía con los requisitos establecidos en la Nota Externa N° 22/2009.
En definitiva, de lo expuesto, resulta que, el Fisco Nacional en su apelación sólo plantea una mera discrepancia sobre la apreciación de los medios de prueba en los que se basó el decisorio y la decisión arribada, pero la misma no llega a conformar una crítica concreta y razonada de los fundamentos centrales en virtud de los cuales el pronunciamiento apelado tuvo por cumplido el recaudo instrumental, lo que determina su rechazo.
VI. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 17/05/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia