Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 32384-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 88/89vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
4215/2024 KRONEN INTERNACIONAL SA (TF 32384-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2024.
1. Que, a fs. 88/89vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 7004/12, dictada en la actuación 12196-1057-2011, y dejó sin efecto el cargo tributario 364/11, que se había formulado por la supuesta falta de acreditación de la expedición directa de la mercadería amparada por la destinación de importación para consumo 10 001 IC04 219318M. Impuso las costas a la DGA.
Para resolver como lo hizo, mencionó que la actora había importado mercadería clasificada en la PA 8418.10.00.100J, y que la cuestión pasaba por resolver si aquélla gozaba de preferencia arancelaria por estar amparada en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 6 (suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos), o si debía tratársela como extra zona, como pretendía el servicio aduanero.
Indicó que se habían acompañado los certificados 8086, 8059, 8079, 8095, 8093 y 8104 a fin de acreditar el origen mexicano de la mercadería; y que la autenticidad y validez de tales documentos no estaba cuestionada.
Añadió que tampoco era materia de controversia que la mercadería se había cargado en el puerto de Veracruz (México) y que luego se debió efectuar un trasbordo en el puerto de Santos (República Federativa del Brasil), donde fue cargada en otro buque con destino final a Buenos Aires.
Expuso que el cargo tributario se sustentaba en que la mercadería había transitado por un país no participante del Acuerdo y en que la actora no había acreditado la “expedición directa” de los bienes con arreglo a lo que establecía la nota externa DGA 22/09.
Explicó que la citada nota se había emitido como consecuencia de lo dispuesto en la resolución 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI; la cual regulaba el régimen de origen para los países participantes de esa Asociación y, en su artículo 4º, establecía que las mercancías originarias debían haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador para beneficiarse de los tratamientos preferenciales, además de enumerar los requisitos para considerar que hubo tal “expedición directa”. También explicó que, de conformidad con lo que exigía el marco normativo de la ALADI, el artículo 1.1 de la nota externa 22/09 requería, para aquellas destinaciones en las que fuese necesario acreditar la expedición directa, que el importador acompañase: a) una constancia expedida por la autoridad aduanera del país no participante del acuerdo que indicase que la mercadería se había transportado por su territorio, con o sin trasbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente; y b) una declaración jurada del transportista en la que constase que el tránsito había estado justificado por razones geográficas o requerimientos del transporte, y que la mercadería no había sido destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. Por otra parte, el punto 1.3 de la nota establecía que los documentos del punto 1.1 debían presentarse debidamente legalizados (en el caso, por el consulado argentino con jurisdicción en Brasil).
En ese contexto, el tribunal entendió que la documentación proporcionada por la importadora resultaba suficiente para tener por acreditada la expedición directa de la mercadería desde México.
En particular, aludió a: (i) la nota presentada el 24/5/11 ante el servicio aduanero por el transportista, donde explicaba que el tránsito por Santos había obedecido a requerimientos del transporte; y (ii) la constancia emitida por la autoridad aduanera de Brasil (Receita Federal), que certificaba que la mercadería había estado en tránsito por su territorio (v. fs. 20/23 de las act. adm.).
Precisó que tales documentos cumplían con los requisitos de la nota externa 22/09 porque habían sido legalizados el 22/10/12 ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del ERESP, en base al Acuerdo Brasil-Argentina sobre simplificación de legalización de documentos públicos del 16/10/03, y firmados ante el escribano Ronaldo Mendes da Cruz.
En adición a lo expuesto señaló que, en su oportunidad, la Aduana se había resguardado por la falta de presentación de la documentación necesaria para acreditar la expedición directa con una garantía afectada al efecto (v. fs. 1 y 7, act. adm.) y que, una vez presentada la documentación o subsanado el incumplimiento, aunque lo fuese en forma tardía, correspondía aplicar la preferencia arancelaria, en la medida en que esos documentos resultasen válidos.
2. Que, disconforme, a fs. 97 interpuso apelación el Fisco Nacional; la cual se concedió a fs. 99, se fundó a fs. 100/105vta. y fue replicada a fs.109/110vta. Sintetizó –con un evidente error de transcripción– que la actora pretendía apelar “la resolución aduanera DE PRLA Nº 4560/2013, mediante la cual se confirmó el cargo Nº 838/12 que…encontraba fundamento en relación a los tributos adeudados por el trámite de la destinación Nº 10 001 IC06 007933N” (fs. 100/vta.).
A continuación, sostuvo que la decisión adoptada era contraria a lo que específicamente requería el régimen de origen del ACE Nº 6; el cual, a su entender, no permitía presentar documentación o subsanar incumplimientos de manera tardía. Refirió a la particular trascendencia que tenía acreditar la expedición directa de la mercadería en el marco de dicho Acuerdo; así como a las previsiones de la nota externa 22/09 con respecto a la forma de acreditarlo, y a los motivos que fundamentaron su dictado.
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4215/2024 KRONEN INTERNACIONAL SA (TF 32384-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Insistió en que, en sede aduanera, se había concluido que la documentación no cumplía con las previsiones del punto 1.3 de la citada nota, toda vez que no se encontraba debidamente legalizada.
Acto seguido, transcribió parte de los fundamentos de la sentencia y opuso: “el régimen de origen del ACE Nº 6 en su art. 16 establece que el certificado de origen tiene una validez de 180 días y esto debe conjugarse con el respectivo art. 12 que establece el requisito de la expedición directa para que dicho certificado sea válido” (fs. 104vta.). Añadió que, al momento de registro de la destinación de importación, la actora había garantizado la falta de la documentación necesaria para acreditar la expedición directa, y que debió haberla aportado legalizada dentro del plazo de validez de los certificados de origen; lo que en el caso había sido ampliamente excedido, si se tomaba en cuenta que los documentos recién se legalizaron el 22/10/12.
Remarcó que estaba en cuestión el reconocimiento o no de una preferencia arancelaria, y que debía resolvérsela con un criterio restrictivo, procurando no desnaturalizar el régimen de origen.
Citó jurisprudencia en sustento de su posición.
3. Que la decisión de tener por acreditada la expedición directa de la mercadería involucrada en la causa es resultado de una valoración sobre los hechos y las pruebas que –en principio– no le corresponde revisar a esta Cámara, dada la limitación que surge del artículo 1180 del Código Aduanero. Además, no se desprende que haya mediado arbitrariedad en el ejercicio de las facultades propias del Tribunal Fiscal de la Nación para apreciar esas cuestiones fácticas, o un error de magnitud suficiente para apartarse de aquel principio (doctr. Fallos: 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía SA”, sent. del 14/8/95, “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96, “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, sent. del 21/9/06; entre otras).
Por empezar, la decisión apelada se adoptó en el marco de una causa en la que no estaba discutido que la mercadería fuese originaria de México, ni que la actora hubiese efectivamente acompañado la documentación requerida por el artículo 4° de la resolución 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI para probar su expedición directa desde aquel país; lo cual resta credibilidad a la afirmación de que lo decidido tendría virtualidad para desnaturalizar el régimen general de origen de la ALADI. El conflicto se suscitó porque la actora no habría cumplido con determinados lineamientos que la República Argentina, como participante de acuerdos de alcance parcial, impuso a través de la nota externa DGA 22/09, para acreditar el requisito de la expedición directa exigido, entre otros, por los acuerdos que, como el ACE N° 6, se encuentran alcanzados por la citada resolución ALADI/CR 252/99.
La nota externa DGA 22/09 reglamenta, en particular, la documentación complementaria que debe presentarse en las destinaciones de importación para aquellos casos en los que resulta necesario acreditar la expedición directa.
No escapa a este tribunal que la citada nota no establece en ningún punto que el plazo de presentación de esa documentación deba coincidir con el de validez de los certificados de origen. Además, no fue ésa la objeción que sustentó la formulación del cargo tributario.
Por el contrario, de los antecedentes administrativos se desprende que:
-En oportunidad de registrar la destinación de importación 10 001 IC04 219318M, la actora constituyó una garantía por la falta de presentación de la documentación relativa a la expedición directa de la mercadería y luego incumplió el plazo de 15 días previsto para agregarla (cfr. pto. 3 del anexo II de la res. gral. AFIP 2793/10, relativo al régimen de garantía autorizado ante la falta transitoria de documentación complementaria de destinaciones de importación); lo cual originó la formulación de dos cargos, uno en concepto de multa automática y el restante por la diferencia de tributos garantizada (v. fs. 1, 7, 10 y 17, act. adm.).
-Al promover la impugnación del cargo tributario, la actora acompañó copia de la documentación requerida por la nota externa 22/09 e hizo saber que se encontraba gestionando su legalización, para lo cual, a su vez, ofreció prueba informativa (v. fs. 33vta./34, act. adm.). El 2/8/11, solicitó una certificación de copias a efectos de poder cumplir con el trámite de legalización, en atención a que los originales habían sido agregados en otra actuación (id., fs. 38). El 12/4/12, la Aduana dio por decaído su derecho a producir la prueba de informes, sin perjuicio de lo cual solicitó a la División Cupos de Origen la elaboración de un informe para determinar si la documentación presentada era suficiente para acreditar la expedición directa de México de acuerdo a la práctica aduanera vigente (íd., fs. 85vta./86).
-En la nota DV CUPO 146/12 el servicio aduanero reconoció, en función de lo que establece el texto expreso de la nota externa DGA 22/09 (punto 1.1 a), que en supuestos como el presente –en los que el país no participante del Acuerdo es Brasil–, se admite como constancia el formulario “Extracto do Manifiesto” correspondiente al trasbordo emitido por la Receita Federal –presentado fs .21/23 act. adm.-, el cual no requiere ser intervenido con sello y firma del personal aduanero del referido país, siendo ello un “impedimento legal” para su legalización, de acuerdo con lo normado por los artículos 223 y 226 del decreto 8714/63 –Reglamento Consular– y por la resolución 154/64 – Normas de Aplicación del Reglamento Consular– (fs. 88, act. adm.). -La resolución DE PRLA 7004/12 rechazó la impugnación impetrada con remisión a los términos de la nota DV CUPO 488/12, donde, en concreto, se había considerado que “la declaración del transportista aportada en autos (fs. 20, no cumple CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4215/2024 KRONEN INTERNACIONAL SA (TF 32384-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO con el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09 (DGA) – no contiene la legalización consultar requerida” (v. esp. fs. 91 y 96, act. adm.).
Es decir que, en sede aduanera, la controversia quedó circunscripta al incumplimiento del requisito de legalización consular en lo que respecta a la declaración del transportista, presentada a fs. 20 de la actuación administrativa. Finalmente, al presentar su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación la actora volvió a acompañar la documentación requerida por la nota externa 22/09, en esta ocasión, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ERESP (v. fs. 17/24 de este expte.).
En el contexto al que se hizo referencia, aquel tribunal examinó el contenido de la documentación y –en sustancia– consideró cumplida la finalidad del punto 1.3 de la nota externa 22/09. Para hacerlo se apoyó en que el requisito de legalización había sido subsanado en conformidad con un acuerdo bilateral sobre simplificación de legalización de documentos públicos; argumento, éste, que no fue rebatido con la suficiencia que el caso requería e impide apartarse de lo decidido.
4. Que, a su vez, refuerza la conclusión de que correspondía tener por acreditada la expedición directa de la mercadería la circunstancia de que la mencionada nota externa DGA 22/09 haya sido dejada sin efecto por la instrucción general DGA 2/16, en la que ya no se requiere intervención consular con respecto a la declaración jurada del transportista.
Así lo valoró el Tribunal Fiscal de la Nación en otra causa análoga, cuya resolución fue confirmada por este Sala (cfr. causa 36984/23 “Internacional de Productos SA (TF 33962-A) c/ DGA”, sent. del 28/11/23).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 88/89vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por el demandado (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia