Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 33761-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la condonación de las multas impuestas al actor a través de las Resoluciones Nros. 43/10 y 110/12;
2Con costas de esta instancia en el orden causado (cfr. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 15452/2019 “KRUM, FEDERICO (TF 33761-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, de julio de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 570/571 de las presentes actuaciones, la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró condonadas las sanciones aplicadas al actor a través de las Resoluciones Nros. 43/10 y 110/12, en relación con el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas-, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 27.541 y su modificatoria. Impuso las costas en el orden causado.
Para así decidir, delimitó el marco normativo y consideró que resultaba aplicable la citada Ley N° 27.541 (“Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”), modificada por la Ley 27.562, en el artículo 12 del Capítulo 1 “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” del Título IV “Obligaciones Tributarias”.
Seguidamente, destacó que de las presentaciones acompañadas a la causa y de lo manifestado por la parte demandada, surgía que: (i) las obligaciones que dieron origen a las multas habían sido canceladas a través del plan de facilidades de pago N° 912048; (ii) que la recurrente no se encontraba incursa en las causales de exclusión del régimen previstas en el artículo 16 de la Ley N° 27.541, (iii) y que el actor había cumplido con lo dispuesto en el artículo 59 de la Resolución General N° 4816/2020, al haber declarado no tener obligación de repatriar activos financieros del exterior.
II. Que contra esa decisión, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación a fojas 582, y expresó agravios a fojas 585/596, los que fueron replicados por su contraria a fojas 570/571. En su presentación, la demandada señaló que para determinar si el actor se hallaba dentro de los sujetos susceptibles de adherir al régimen de condonación debía acreditar los requisitos que prevé la normativa, lo que -según indicó- no ocurrió en el caso, motivo por el cual debía revocarse la resolución apelada.
En tal sentido, indicó que contrariamente a lo resuelto el accionante no había acreditado si: (i) revestía la condición de “PYME” o, en su caso, el trámite de inscripción correspondiente (conf. art. 13 de la Ley N° 27.541); (ii) que no se hallara dentro de los sujetos excluidos en los términos del artículo 8 de la Ley N° 27.541 (iii) que haya cumplido con la repatriación de activos del exterior -en tanto habría declarado poseer títulos valores y depósito en dinero en el extranjero- (conf. art. 58 de la Resolución General N° 4816/2020); (iii) poseía antecedentes penales (conf. art. 16 de la citada ley).
III. Que expuesto ello, y previo a ingresar al análisis del recurso interpuesto por el Fisco Nacional, conviene reseñar el marco normativo aplicable al caso de autos.
Al respecto, la Ley N° 27.541 (B.O.
23/12/2019) estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras vencidas al 30/11/2019 para aquellos contribuyentes que obtengan el “Certificado Mi Pyme” hasta el día 30/04/2020, inclusive, así como para las entidades civiles sin fines de lucro (conf. Capítulo I, Título IV de esa norma). Asimismo, se dispuso el beneficio de liberación de multas y demás sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas; una quita de la deuda consolidada cuando el capital, las multas firmes, e intereses no condonados se cancelen mediante el pago al contado; así como la eximición y/o condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios que tengan como origen los aportes previsionales adeudados por los trabajadores autónomos y un porcentaje de los intereses adeudados por el resto de las obligaciones fiscales (conf. Resolución General 4667/20, reglamentaria de la Ley N° 27.541).
En tal sentido, el artículo 12 de la Ley N° 27.541 establecía que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30 de noviembre de 2019, quedarían condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.
Con posterioridad se dictó la Ley N° 27.562 (B.O. 26/08/2020) que dispuso -entre otras cuestiones- la ampliación de la moratoria prevista en el artículo 8 de la Ley N° 27.541 al incluir a las obligaciones vencidas al 31/07/2020 -inclusive- (extendido hasta el 15/12/2020 mediante el dictado de los Decretos Nros. 833/20 y 966/20); así como también a otros sujetos que, en el marco anterior, no se encontraban comprendidos en el régimen. También estableció nuevos supuestos de excepción al mismo.
Sobre esto último el artículo 8 de la Ley N° 27.541 -con las modificaciones- preveía que quedaban excluidas del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V régimen las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y los siguientes sujetos: “Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.”
Y añadió, en lo que al caso interesa, que para el supuesto de las personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social de las mismas.
Por su parte, el artículo 12 de la Ley N° 27.541 (en su párrafo cuarto, modificado por el art. 7 de la Ley N° 27.562) prevé el beneficio de condonación de pleno derecho de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31/07/2020 (extendido hasta el 15/12/2020 mediante el dictado de los Decretos Nros. 833/20 y 966/20), siempre que no se encontrasen firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y la obligación principal hubiese sido cancelada a dicha fecha.
Además, el artículo 4° de la Resolución General N° 4816 -reglamentaria de la Ley N° 27.562- (B.O. del 15/9/2020, modificada por la RG 4873 del 4/12/2020) enumera los tipos de contribuyentes comprendidos en el régimen, a saber: a) MiPymes; b) Mipymes condicionales; c) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, entes públicos no estatales, entidades exentas del Impuesto a las Ganancias; d) pequeños contribuyentes de la AFIP y e) demás contribuyentes que no se encuentren comprendidos en los supuestos precedentes.
Asimismo, el artículo 59 de la Resolución General citada prevé que “[l]os sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, a través del servicio denominado “Régimen de Información –Ley N° 27.562” disponible en el sitio “web” institucional (http: www.afip.gob.ar)”.
A su vez, dicho artículo prevé que los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562.
Por su parte el artículo 25 de la Resolución General 4816/2020 establece las circunstancias que deberán cumplirse para obtener el beneficio de condonación de sanciones. Allí, indica que las mismas no tendrán que encontrarse firmes ni abonadas y, respecto de las obligaciones sustanciales, de naturaleza tributaria o previsional, cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: “[…] a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha. b) Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados mediante compensación, pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la presente resolución general, en la medida en que la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización. c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su respectivo interés mediante planes de facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.”
Finalmente, el artículo 28 de esa misma norma establece que el beneficio de condonación de intereses y multas correspondientes a obligaciones de capital canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 (en los términos del artículo 12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones) se registrará -una vez cumplidos los distintos requisitos dispuestos en la presente normaen forma automática en el sistema “Cuentas Tributarias” así como en el servicio con Clave Fiscal “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, según corresponda.
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IV. Que delimitado el marco normativo, corresponde ingresar al análisis del recurso interpuesto por la parte demandada contra la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que tuvo por condonadas las multas impuestas al actor en los términos de la Ley N° 27.541 -y sus modificatorias-.
Al respecto, cabe recordar que la Administración, en la Resolución N° 43/10 (DV NRRI), determinó de oficio las obligaciones impositivas del actor frente al impuesto a las ganancias- salidas no documentadas, correspondiente a los períodos mensuales marzo a diciembre 2005 y enero y febrero de 2006, con más intereses y multa (v. fs. 208/228 del expediente administrativo). En concordancia también con ello, por conducto de la Resolución N° 110/12 (DV NRR1), la demandada aplicó al actor una multa equivalente al 70% del impuesto a las ganancias - salidas no documentadas, por los períodos fiscales mensuales 03/05 a 12/05 ambos inclusive (v. fs. 799/808 del expediente administrativo).
El Tribunal Fiscal concluyó que dichas multas se hallaban alcanzadas por el régimen de condonación previsto en la Ley N° 27.541 y su modificatoria (Ley N° 27.562) toda vez que las obligaciones sustanciales que habían dado origen a aquellas habían sido canceladas a través de un plan de facilidades de pago, y en tanto dicha parte no se hallaba incursa en algunas de las causales de exclusión prevista en dicha norma.
En relación con ello, a fojas 547/553 el actor acompañó a la causa el Formulario “F 1003”, donde constan los datos del plan de pago N° 912048, de fecha 22/10/2020.
Ahora bien, los agravios formulados ante esta instancia por la demandada se circunscriben a manifestar que la omisión de su contraria en acreditar -entre otras cosas- si poseía condición de “PYME”, si contaba con activos financieros en el exterior y si poseía antecedentes penales, obsta -según expresó- a la procedencia del acogimiento al régimen de condonación.
Sin embargo, contrariamente a lo expuesto por la demandada, lo cierto es que cuando el caso se refiere a multas que no se encuentran firmes y que corresponden a obligaciones canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 (extendido hasta el 15/12/2020 mediante el dictado de los Decretos Nros. 833/20 y 966/20) el beneficio de la condonación se aplica -como ocurre en este caso- de pleno derecho. Ello surge expresamente de los términos del artículo 12, 4° párrafo de la Ley N° 27.562 y de los artículos 25 inciso a) y 28 de la Resolución General N° 4816 (reseñados en el Considerando III del presente decisorio).
Asimismo, la propia demandada reconoció en sus agravios al manifestar que “[…] las obligaciones fiscales que dieron lugar a las multas fueron incluidas en un plan de regularización en los términos de la ley 27.562 cancelado el 22.10.2020 […]” (v. fs. 588 vta. de las presentes actuaciones).
En consecuencia, no resulta ajustada a derecho la afirmación de la accionada relativa a que correspondía exigir la concurrencia de otro recaudo para la operatividad de dicho beneficio (en sentido concordante, Sala II del fuero, “Smurfit Kappa SA (TF 69809104-I) c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 51587/2022, sentencia del 05/04/2023).
A lo expuesto cabe agregar que el Fisco Nacional tampoco acreditó ningún elemento o información concreta que corrobore los extremos alegados por dicha parte. En efecto, su accionar se limitó a denunciar sin más la “supuesta” existencia de activos en exterior respecto del actor, lo que no resulta suficiente para fundar su pretensión.
V. Que en cuanto a las costas del proceso, cabe señalar que esta Sala ha resuelto que a los efectos de establecer el régimen causídico por la porción del reclamo respecto a una multa condonada a partir de la adhesión al régimen de regularización de la Ley N° 27.541 no puede entenderse que exista propiamente un vencido (conf. esta Sala in re: “Carraro Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” Expte. N° 15517/2022, del 11/10/2022). Por ello, corresponde ordenar que las costas de esta instancia se distribuyan en el orden causado.
En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la condonación de las multas impuestas al actor a través de las Resoluciones Nros. 43/10 y 110/12; 2) Con costas de esta instancia en el orden causado (cfr. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia