Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mercedes · Causa 36.219
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaModificar la sentencia apelada en cuanto al plazo por el que se fija la prestación alimentaria, el que como máximo será de 6 meses, o con la guarda otorgada a otra persona, lo que ocurra primero.
Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios.
Expte n°: 36219 Juicio: L. Y S/ ABRIGO Juzgado: Familia Nro. 1 moreno En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac 3971 de la Excma. SCBA) se reúnen en Acuerdo ordinario los señores Jueces de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, doctores LUCAS RICARDO GOMEZ y LUIS MARÍA NOLFI (conf. Ac Extraordinario del 23/12/2024) con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SII-36219, en los autos:
“L Y S/ ABRIGO” .-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.
PRIMERA: ¿Es justa la sentencia interlocutoria apelada?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Luis María Nolfi.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. En la sentencia interlocutoria dictada el 29 de octubre de 2024 se decidió "1) REVOCAR la GUARDA CON FINES DE ADOPCION de la niña, I. Y. L. (DNI NRO. XXXXXX ), que detentaban C. K. E. , DNI XX.XXX.XXX y L. C. C. DNI XX. XXX.XXX a partir del 01/10/2024 ( CDN. Arts. 1, 2 ,3, art. 75 inc 22 CN, arts. 613 y cctes del CCyC, arts. 21 cctes y sgtes ley 14528, Dec.295/2014, ley 26061, ley 13298, arts. 34 y 36 CPCC) 2) FIJAR como Cuota Alimentaria a favor de I. Y. L. en el equivalente al Veinte (20) % de las sumas que percibiere C. K. E., DNI XX.XXX.XXX por su labor como maestra, deducidos únicamente los descuentos obligatorios por Ley, la que deberá hacerse efectiva dentro de los cinco días de notificada la presente y en lo sucesivo del 1 al 10 de cada mes, Bajo Retención Directa y depósito de la misma en la cuenta de autos hasta que la niña comience un nuevo proceso de vinculación junto a postulantes a guarda con fines de adopción ".
II. Contra dicha resolución se alzan mediante recurso de apelación los Sres. L. y C. (ex guardadores de la niña).
Dicen que el juez habla de la existencia y ruptura de un vínculo, de una relación socio afectiva sólida, estable, pétrea que al interrumpirse bruscamente daña los interés de Y. de manera irreparable. La realidad -afirman- es que habiéndose conocido en fecha 13/08/2024 los pretensos guardadores con Y., habiendo tenido contactos esporádicos con la niña, no es posible válidamente hablar de la defraudación y daño por la ruptura del vínculo. En todo caso, estaríamos hablando de un vínculo incipiente, que recién comenzaba a gestarse, ya que el tiempo de convivencia efectiva, llegó solo a un mes. Sostienen que el tiempo (plazo en que se vincularon con Y.) y el reconocimiento social del estatus de hija frente a la sociedad, que son dos elementos trascendentes y fundamentales para poder justipreciar el pago de una cuota alimentaria a favor de la niña, no están presentes en el caso concreto.
En segundo lugar se quejan del plazo por el que debe abonarse la cuota alimentaria. Dicen que resulta oscuro el lapso durante el cual deberá devengarse la misma, pues fija la vigencia del mismo a un hecho futuro e incierto, como es el inicio de un nuevo proceso de vinculación con futuros guardadores, por parte de Y. . Esto viola el principio de razonabilidad y previsibilidad, generando en el apelante un estado de incertidumbre que no tiene obligación legal de soportar. Aducen que el Magistrado llena de jurisprudencia, doctrina (abstracta al caso concreto) la sentencia, refiere el Interés Superior de Y., alecciona con la Convención de los Derechos del Niño; la ley 26.061, habla de sus derechos como niña, de la frustración de iniciar una nueva medida de Abrigo, pero nunca se detiene a evaluar si el matrimonio L.-C., eran la familia que Y. pretendía. Tal vez era la familia que el juzgado, el equipo técnico o el juez firmante querían.
Peticionan en definitiva que se deje sin efecto la cuota fijada y se reintegren las sumas percibidas.
Los agravios merecieron la réplica de la Asesora de Menores mediante el libelo de fecha 15/11/2024 y de la abogada de la niña con fecha 26/11/2024. Ambas propician que se confirme el auto apelado.
III. En orden a los agravios que han sido expuestos considero necesario, en primer lugar, dejar sentadas las directrices que harán de guía a la solución que propondré en este voto.
En esa tarea, cabe inexorablemente referir a un principio indiscutible en la materia, al que siempre los juzgadores hemos de estar; me refiero a la consideración del superior interés de la niña involucrada máxima que de manera necesaria ha de orientar y condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de estos casos, cada uno siempre signado por sus características particulares.
El niño tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, su interés moral y material debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso (CSJN, "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", sentencia del 26/11/2018; Fallos 318:1269; 328:2870; 331:2047). La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su art. 3, entiende por interés superior de los niños la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en ella, debiéndose respetar: a) su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; y f) su centro de vida, entendiendo por tal el lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Para la protección y operatividad de este principio, el Estado se encuentra comprometido a intervenir en el ámbito intrafamiliar ante el peligro o daño consumado en el seno de la familia por la acción u omisión de sus progenitores, quedando relegado a un segundo plano a estos efectos y con fin de hacer cesar un estado de riesgo, el motivo o la génesis de su imposibilidad de resguardar a sus hijos, y contribuir a su desarrollo de una manera sana, equilibrada y acorde a sus necesidades. En ese camino, el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.) dispone que deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Puedo afirmar que se trata entonces de ponderar el referido principio protectorio para arribar a una decisión no sólo ceñida a los procedimientos legales o judiciales, sino principalmente, que sea justa y equitativa, respetuosa de los intereses y derechos de aquellos más vulnerables de la relación.
Además de ello cabe recibir también al principio favor debilis o pro minoris, con expresa recepción en los arts. 3, 5 y ccdtes. de la ley 26.061, conforme el cual, ante la posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses de éstos, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Por ello, en aras de ese interés superior del menor y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los que pudieren invocar los mayores, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro ordenamiento jurídico, con jerarquía constitucional por imperio de la reforma de 1994.
IV. En el caso de autos el matrimonio integrado por los Sres. K. E. C. y C. C. L., obtuvieron la guarda de la niña I. J. L.. La misma estaba institucionalizada en la localidad de Moreno y a principios del mes de octubre del año pasado se fue a vivir a Bolivar donde reside el matrimonio mencionado. Se había iniciado el periodo de vinculación en fecha 13/08/2024 conforme el art. 20 de la ley 14.528.
Con fecha 25/10/24 en horas de la noche, los guardadores se comunican con el Equipo Técnico del juzgado exponiendo que Y. se había "escapado", y que pidieron ayuda a la familia y a la policía, viendo poco después que se encontraba escondida en el fondo de la vivienda, se mantuvo contacto acompañando dicha situación. El dìa 26/10 se realizó videollamada con C. y K. donde expresaron que Y. venia teniendo conductas desafiantes ante ellos, que no se comunicaba, y que tras el episodio ocurrido decidieron no continuar con el presente proceso de guarda con fines de adopción. Entre sus argumentos expusieron que no tienen las herramientas para acompañar a Y., y a ello le sumaron un reciente diagnóstico de C. de Alzheimer.
Es así que el 29/10/2024 se revocó la guarda otorgada y la niña volvió a ser institucionalizada, fijándose la cuota alimentaria en su favor, lo que motiva este recurso.
Ahora bien, no quedan dudas que más allá de los derechos que crean lesionados los apelantes, que merecen su consideración en sede judicial con el fin de que se protejan sus intereses particulares, también es cierto que frente a la pugna de aquéllos con los intereses de J., es ésta última el eje en el cual debe ineludiblemente girar la aplicación de normas legales con el fin de lograr su adecuada protección. Tal como ya lo he dejado sentado como principio que guiará este decisorio. La situación en la que se encuentra la niña actualmente, habiendo vuelto a vivir en un hogar de niños, cambiando nuevamente de lugar de residencia con lo que implica en cuanto a los padeceres y sufrimientos sentimentales debe ser tenido primordialmente en cuenta al utilizar las herramientas legales y tomar decisiones para que aunque sea en alguna manera intenten ser paliativas de la situación de vida que les ha tocado atravesar debido a la ruptura intempestiva del vínculo con quienes querían adoptarla.
No desconozco que la fijación de los alimentos en principio, no encuentra sustento en la legislación vigente, y tampoco se prevé sanción alguna por el desistimiento de la acción de adopción. Sin embrago considero que hay que utilizar los instrumentos disponibles a fin de dar una solución en el caso concreto o proveer una resolución razonablemente fundada, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación.
V. Ello sentado, cabe mencionar en cuanto al derecho alimentario, entiende Gustavo A. Bossert que “Estos datos de la realidad, que están en la base de la estructura social, son los que permiten advertir la existencia de un deber moral de solidaridad entre los miembros de un grupo familiar, al menos los máss próximos. Y éste es el fundamento de los textos legales que erigen en obligación civil el deber moral de asistencia entre ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges e incluso, entre un cónyuge y los progenitores e hijo del otro.» Es más, al reconocer la ley la obligación alimentaria fundada en los vínculos de familia, no hace sino reconocer la existencia del deber moral de solidaridad existente entre parientes…” (Régimen jurídico de los alimentos, Ed. Astrea 2006, pág.2).- También se ha receptado jurisprudencialmente la figura del “ padre solidario” o “progenitor afín” justificado en la solidaridad familiar como fuente de obligación alimentaria, en donde el cambio de situación puede ocasionar un daño en la vida del pretenso adoptado por parte de quien ocupara el rol de padre afectivo y proveedor durante la infancia del niño (Tribunal Colegiado de Familia N° 5, Rosario, Santa Fé, Expte.N°1425/11 – «BPT s/ Guarda preadoptiva» 10/05/2012).-
Con relación a esta temática, una mirada tanto doctrinaria como jurisprudencial ha destacado que el cese intempestivo de un proyecto adoptivo puede contar con los elementos necesarios para hacer surgir la responsabilidad aquiliana. Entre ellos, se señala el deber de obrar con cuidado como un elemento que adquiere aun mayor significado cuando uno de los sujetos de la relación jurídica tiene a su cargo una persona vulnerable que no puede defenderse por sí misma (Basset, Úrsula, C., Cese intempestivo de la guarda preadoptiva:¿responsabilidad civil o alimentos?, DFyP 2016 (febrero), 04/02/16, 51, LL 2016-A, 328). En dicha línea, se ha agregado el daño psicológico que el cese intempestivo puede provocar, así como también se han destacado la afectación al centro de vida, a la identidad dinámica y al proyecto de vida como elementos que hacen surgir la responsabilidad ante la frustración adoptiva.
A su vez, se ha iniciado una nueva corriente jurisprudencial que asimila la figura y las obligaciones del progenitor afín con la situación de los guardadores y pretensos adoptantes. La Cámara de Apelación de Morón, recurriendo a esta figura, fijó una obligación alimentaria a cargo de quienes fueran los guardadores, aplicando así lo dispuesto por el art. 676 del Cód. Civil y Comercial y fundando dicha circunstancia en que "(.) en el seno familiar el comportamiento reiterado y unívoco del matrimonio guardador, genera concretas expectativas en las niñas, de las que no pueden los guardadores desligare sin asumir las condignas responsabilidades ulteriores." (C. Apel., Civ. y Com. de Morón, Sala II, "A., O. E. S/vulneración de derechos", sent. Del 12/07/2016, LL 03/10/2016). Más allá de las diferentes fuentes y figuras a las que pueda recurrirse analógicamente para hacer nacer obligaciones en quien desiste de un proceso adoptivo, lo cierto es que en la materia propia que nos ocupa, esto es, la fijación de una cuota alimentaria, entiendo que dicha obligación surge de lo dispuesto por el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que la misma norma establece que "(.) a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño". Es decir, se trata de una disposición amplia que no solo involucra a los progenitores en su carácter de titulares de la responsabilidad parental, sino a todas aquellas personas que tengan o hayan tenido a su cargo el cuidado del niño. Es que se trata de un derecho humano fundamental que encuentra su base en el afecto. Por eso, incluso en procesos de adopción frustrados, la existencia de un vínculo socioafectivo entre los involucrados, imponen la necesaria continuidad de la satisfacción material, al menos por algún tiempo como después abordaré.
Es que la amplitud de la obligación impuesta por la Convención se trata de una derivación clara del principio de solidaridad. Así, Kemelmajer de Carlucci nos enseña que "La solidaridad es un principio constitucional básico, por lo que la tutela de la familia debe ser leída en función de esta verdadera cláusula general del ordenamiento" agregando luego, que "la familia hoy debe cumplir principalmente tres funciones: protección, ajustes a las nuevas circunstancias que puedan producirse y ayuda a los integrantes vulnerables" (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Herrera, Marisa y Lloveras, Nora, Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial, RubinzalCulzoni, Sta.Fe, 2014, p.79). En este caso, si bien la niña estuvo durante un mes con este matrimonio residiendo en la localidad de Bolívar, debemos sumar el tiempo anterior donde ya habían iniciado la vinculación, por lo que puede considerarse a los mismos como padres solidarios o progenitores afines justificado en la solidaridad familiar con el alcance antes señalado. Es que precisamente los alimentos tienen una función vital que se asienta sobre un fundamento tan ético como es el de la solidaridad social y familiar que preexistiendo al derecho positivo, éste consagra con alcances precisos. Hacen al interés público, particularmente cuando se refieren a los suministrados a personas menores de edad, cuyo beneficio resulta ser supremo, en razón de normas de derecho constitucional, internacional y común. (SCBA LP C 120544 S 30/05/2018 Juez PETTIGIANI (SD)
En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado jurisprudencia en la materia, y prevé la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, con carácter subsidiario, la que cesa si se disuelve el vínculo conyugal o se produce la ruptura de la convivencia. La norma contempla que "sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia".-
Ciertamente el derecho de los padres para decidir acerca de la suerte de sus hijos debe ser respetado, pero aún más necesitado de protección es el derecho de los hijos a que la decisión de sus padres sea meditada. No estamos acá para juzgar los motivos de la decisión. Pero si no tengo dudas que la situación de abandono de J. queda configurada con la privación de aquellos aspectos esenciales que atañen a la salud, seguridad, educación y ello por parte de las personas a quienes les compete esta obligación y deriva supletoriamente en la tutela pública estatal. Como esta situación tiene perfiles peculiares debe darse un análisis profundo al caso en particular dándose prioridad al interés de los niños que se pretende tutelar.
En definitiva, debemos resolver el recurso teniendo en especial consideración el mejor interés de la niña involucrada, por lo cual entendemos que en este punto el agravio no ha de prosperar, debiendo mantenerse la obligación alimentaria fijada en la anterior instancia (arts. 3 y 27 CDN, art. 3 ley 26.061, art. 4 ley 13.298, arts. 1 y 2 Cód. Civ. y Com.)
VI. Sin perjuicio de la procedencia de cuota, considero que el plazo de duración de que debe realizarse la prestación alimentaria no puede ser mayor al tiempo por el que le otorgó la guarda (aplicando analógicamente el art. 676 del CCCN). Considero que la obligación de prestar alimentos a los niños no puede superar el plazo razonable de seis meses ( conf art 614 CCCN), que es el lapso que los guardadores debían cuidar de ella.- Por lo que considero adecuado que la obligación alimentaria, cese al cabo del plazo estipulado en el párrafo anterior o con la guarda de la niña otorgada a otra persona, lo que ocurra primero.-
VII. El quantum de la cuota.
Ahora bien con respecto del “quantum” de la pensión alimentaria cabe mencionar que dicha erogación está destinada a satisfacer las necesidades de la parte alimentada y al respecto, cabe anticipar que la misma debe ser fijada en forma tal que satisfaga, no sólo las prioridades vinculadas a la subsistencia, es decir aquellas relativas al vivir físicamente, como la habitación, vestuario, alimentación y asistencia médica, sino también las necesidades de orden moral y cultural de acuerdo - claro está - a la condición social de ambas partes y a las posibilidades del alimentante (Borda, Guillermo A., “Tratado de derecho Civil. Familia”, t. II, p.377; Palacio, Lino; “Derecho Procesal Civil”, t. IV, p. 542, punto b).
En este caso, entiendo que la cuota alimentaria a favor de la niña se ha fijado en el ingreso equivalente al 20% de los ingresos que percibe la Sra. C. como docente. Teniendo en cuenta el tipo de cuota alimentaria como asi también las posibilidades económicas de los alimentantes, y que sólamente se tuvieron en cuenta los ingresos de la Sra. C., y no asi los correspondientes al Sr. L.; como el tiempo por el que se fijó el porcentaje (6 meses) es que entiendo que el monto despachado en la instancia de origen debe ser confirmado (doc. arts. 658, 659, 672,676 y concs. del CCCN; 375 y concs. del CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Luis María Nolfi aduciendo análogas razones, dio su voto también por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
En atención al resultado alcanzado en la votación a la primera cuestión, la resolución que corresponde dictar es: Modificar la sentencia apelada en cuanto al plazo por el que se fija la prestación alimentaria, el que como máximo será de 6 meses, o con la guarda otorgada a otra persona, lo que ocurra primero. Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios.
TAL ES MI VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Luis María Nolfi aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A
Lo que surge del acuerdo que antecede, se
Modificar la sentencia apelada en cuanto al plazo por el que se fija la prestación alimentaria, el que como máximo será de 6 meses, o con la guarda otorgada a otra persona, lo que ocurra primero.
Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios.
Regístrese. Devuélvase.
Fin de la sentencia