Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22406-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de L., el Dr. Dante Ariel Rojas, por los motivos expuestos en el considerando primero (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y arts. 164, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar, en todo cuanto fuera materia de agravio, la resolución de fecha 23 de octubre de 2026, mediante la cual, la Magistrada titular del Juzgado de Garantías nro. 3 departamental, Dra. Rodriguez Mentasty, dispuso, en lo que aquí resulta pertinente: "I.-denegar la EXCARCELACIÓN B. A. L. bajo ningún tipo de caución, por las circunstancias expuestas en los considerando (art. 148 y 171 del C.P.P.)...... y
III. CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA la detención actual de B. A. L., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar probable autor penalmente responsable del delito de AMENAZAS COACTIVAS (DOS HECHOS), injusto previsto y reprimido en el art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal. Rigen los arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires."., por los motivos expuestos en el considerando segundo (art. 26, 27, 149 bis segundo párrafo del Código Penal, arts. 106, 144, 146, 148, 157, 158, 169, 434, 435 y ccdtes. del Código de Procedimiento Penal).
CAUSA NRO. 22406/I/1ra. "L., B. A. S/ INCIDENTE DE PRISION PREVENTIVA (G3)"
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de L., el Dr. Dante Ariel Rojas, contra la resolución de fecha 23 de octubre de 2026, mediante la cual, la Magistrada titular del Juzgado de Garantías nro. 3 departamental, Dra. Rodriguez Mentasty, dispuso en lo que aquí resulta pertinente: " I.-DENEGAR LA EXCARCELACIÓN B. A. L. bajo ningún tipo de caución, por las circunstancias expuestas en los considerando (art. 148 y 171 del C.P.P.)...... y III.- CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA la detención actual de B. A. L., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar probable autor penalmente responsable del delito de AMENAZAS COACTIVAS (DOS HECHOS), injusto previsto y reprimido en el art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal. Rigen los arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.".
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto, y practicado el sorteo de rigor resultó el siguiente orden de votación, en primer lugar el Dr. Oscar R. Quintana, en segundo término, el Dr. Diego E. Martinez.
A continuación, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
Que el recurrente se encuentra legitimado ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente.
Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales del recurso de apelación (art. 164 del C.P.P.).
Ha cumplido también la defensa particular con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del a quo , consignando su respectiva fundamentación mediante presentación electrónica.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y arts. 164, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por sus mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
I. El pasado 23 de octubre la juez a-quo, Dra. Rodriguez Mentasty, dispuso convertir la detención de L. en prisión preventiva y denegar el pedido de excarcelación requerido en su favor, quien se encuentra imputado en autos en orden al delito prima facie de amenazas coactivas.
Para así decidirlo la jueza tuvo por acreditada la existencia de los hechos y la autoría por parte del imputado, con el grado de certeza provisoriamente requerido de conformidad con lo establecido por el art. 157 del C.P.P.
En esa linea, consideró que existen suficientes elementos de prueba que avalan la hipótesis fiscal, tales como; la denuncia, declaraciones testimoniales de las víctimas, S. L. E. y J. M. O., el informe telefónico de la empresa telefónica que confirma la titularidad de la línea utilizada en el hecho a nombre del imputado, y el resultado de los allanamientos donde se secuestró un teléfono iPhone y una pistola de aire comprimido (CO2), coincidentes con las imágenes y videos aportados por la denunciante.
Sobre la existencia de peligros procesales, indicó que, a pesar de que por el delito que se le endilga y el máximo de pena previsto para aquel, la situación encuadra en el supuesto excarcelatorio del art. 169 inc. 1º del C.P.P., el encartado registra antecedentes penales lo que impide la aplicación de lo dispuesto por el art, 26 del CP, sumado a la valoración de las circunstancias particulares del evento denunciado.
En esa línea explicó que, en el caso de que resulte condenado en autos, la pena a imponer seria de indefectible cumplimiento, lo que permite inferir la existencia de riesgo de fuga, y en consecuencia, por el momento, la medida de coerción dictada es el único medio idóneo para asegurar la comparecencia del encartado ante la justicia.
A su vez, sostuvo que advierte riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, ya que de encontrarse en el ámbito libre, el imputado podría influenciar y/o amedrentar a las víctimas y testigos para procurarse su impunidad. De otra parte, se refirió a la gravedad del hecho endilgado, la violencia ejercida por parte del imputado, y la entidad de las amenazas proferidas a la victima y su grupo familiar.
Finalmente, resolvió convertir la detención de L. en prisión preventiva, y denegar la excarcelación del mismo.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el letrado particular del L.
La defensa alegó que la resolución resulta arbitraria y carente de fundamentación, en tanto pronostica de manera errónea que, ante una eventual condena, la pena a imponer sería de cumplimiento efectivo.
Al respecto, argumentó que su asistido registra como única condena una pena de 6 meses de prisión en suspenso, la cual fue tenida por 'no pronunciada' el 31/08/2022. Por ende, en el presente caso resulta plenamente aplicable la disposición prevista en el art. 26 del CP.
En cuanto a la solicitud de excarcelación, sostuvo que la situación encuadra en el art. 169 inc. 1 del CPP, en virtud de la escala penal por el delito endilgado. Asimismo, remarcó la ausencia de peligro de entorpecimiento procesal, dado que la etapa de instrucción se halla concluida, esa parte no se opuso a la elevación a juicio y la causa ya tramita ante el Juzgado Correccional asignado.
Agregó que la víctima prestó su consentimiento expreso para la concesión de la excarcelación, solicitando únicamente una medida de prohibición de acercamiento, la cual el imputado aceptó voluntariamente.
Por otra parte, destacó la situación familiar de L., quien resulta ser el único sostén económico, alimentario y afectivo de su hija menor de edad. En función de ello, afirmó que la resolución recurrida vulnera el interés superior del niño, al omitir el análisis de medidas alternativas al encierro cautelar.
Finalmente, solicitó que el recurso de apelación sea concedido con efecto suspensivo respecto de la orden de traslado al Servicio Penitenciario Bonaerense para evitar la ejecución anticipada del encierro sin sentencia firme, y formuló reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, he de proponer al acuerdo, confirmar el auto puesto en crisis por los motivos que expondré a continuación.
De manera preliminar, habré de subrayar que el objeto de conocimiento de la Alzada debe limitarse a tratar los puntos de agravio postulados por la parte recurrente, con la excepción de causales de nulidad absoluta, tal como lo establece el art. 434 del ritual, o cuando permitiese mejorar la situación del imputado (art. 435 CPP). Siendo que en el caso bajo análisis, el recurrente solo se agravio en relación a la medida de coerción dispuesta por el a-quo en función de los peligros procesales, no habiendo cuestionado la materialidad ilícita ni la autoría atribuida a los imputados de autos respecto del hecho delictivo.
Sentado ello, he de señalar cuales son los hechos materia de imputación, conforme surge del auto en crisis:
"HECHO I :"que el día 03 de octubre del año 2026, siendo aproximadamente las 14:15 horas, el aquí identificado como B. A. L., con claras intenciones ilícitas, mediante su aparato telefónico 11-6805-2111 a través de la aplicación de mensajería instantánea ´Whatsapp´ profirió las siguientes frases coactivas: ´o me rescatan las cosas o les vuelo la panza a cada uno van a terminar en una bolsita´ (sic), a la víctima, L. S. E., en su abonado telefónico Nro. XX-XXXX-XXXX, quien en dicho momento se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Almirante Brown XXXX, de la localidad de La Lucila, Partido de Vicente López, provocándole un temor fundado a aquella; ello en virtud a un pago de una deuda pendiente que existía entre la víctima y el encartado"; HECHO II :"que el día 03 de octubre del año 2026, siendo aproximadamente las 19:29 horas el aquí identificado como B. A. L., con claras intenciones ilícitas, mediante su aparato telefónico XX-XXXX-XXXX a través de la aplicación de mensajería instantánea ´Whatsapp´ profirió las siguientes frases coactivas: ´Y loco; No me llegó un peso; Como la queres hacer; (manda un archivo de una sola visualización) -consistente en un arma de gas comprimido (CO2)-; Está le va a sonar a cada uno; No pagan listo; Yo los voy a educar; Ensima vos vas a denunciar jajaja; Dale; Y sol porque no da la cara; Tengo todos tus datos; Empeza a transferir; Dale; Move el orto; Porque se hacen los giles; Tu jermu cambio número todo; Dale move la rama; Deja de chamuyar; Transferime dale; Por eso cerró las redes cambió el número; Te voy a buscar; Quédate tranquilo tengo todos tus datos; De tu familia de sol y toda la familia´ (sic), a la víctima, L. S. E., en su abonado telefónico Nro. XX-XXXX- XXXX, quien en dicho momento se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Almirante Brown XXXXX, de la localidad de La Lucila, Partido de Vicente López, junto a su pareja J. M. O., provocándole un temor fundado a aquella; ello en virtud a un pago de una deuda pendiente que existía entre la víctima y el encartado".
Tal evento fue calificado prima facie como constitutivo del delito de AMENAZAS COACTIVAS (DOS HECHOS), previsto y reprimido por el artículo 149 bis, segundo párrafo del Código Penal.
A.- En primer término corresponde pronunciarse respecto del motivo de agravio dirigido a denunciar la arbitrariedad de la decisión adoptada por la Juez "a quo".
En ese orden, cabe advertir que, tal como expresara en anteriores pronunciamientos de esta Sala (ver causas 7725, 7808 entre otras), va de suyo que, la falta de motivación no puede consistir, únicamente, en que el juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también sobre los elementos introducidos en el legajo, esto es, en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia (STJ-CBA, 16/261, "BJC, V, 4, 212, Feraud").
En tal sentido, el art. 106 del Rito, establece que las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción de nulidad, siendo que el legislador penal receptó en este artículo principios constitucionales, tales como el de la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, toda vez que la motivación permite conocer a las partes las razones esgrimidas por quien decide para arribar a la parte dispositiva de la resolución, a fin de determinar lo que eventualmente pueda constituir el error que le provoque un perjuicio e intentar la vía recursiva, siendo además, que también permite al Estado, que asegure una recta administración de justicia.
En el mismo orden de ideas entiendo que el razonamiento lógico que debe efectuar el juzgador al motivar sus decisiones es el que permite a las partes la posibilidad de analizar y controlar la decisión cuestionando, si así lo consideran factible, todas o cada una de las premisas en las que el juzgador andamió su razonamiento, en respuesta a la petición que le diera origen. De lo contrario, claramente se violenta la garantía de la defensa en juicio, pues el recurrente no puede defenderse del error que genera el agravio, y se reduce la posibilidad de una adecuada impugnación, al desconocerse aquello que debe ser objeto de ataque (Cám. Nac. Cas. Penal, S II-1995-Reg. 633).
Por lo tanto, el auto debe estar motivado, permitiendo de esta manera el control de fallos de los jueces que razonadamente derivaron su pronunciamiento, porque de lo contrario se caería en la arbitrariedad, tendiendo de esta manera ".a resguardar la garantía en juicio y debido proceso. Exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa". (Cf . CSJN 13/02/96, LL, T.1997-A, P. 659, nº 174, entre otros).
En autos, no sólo se advierte motivación suficiente, sino que además el recurrente ha podido -y lo ha hecho en el recurso que da origen a la presente intervención- agraviarse adecuadamente del auto en crisis puesto que ha controvertido las premisas en que se sustenta el razonamiento del "a quo", brindando motivos de por qué a su juicio el mismo resulta incorrecto.
Siendo ello así, corresponde desestimar la denuncia de arbitrariedad de la resolución impugnada.
B.- Ahora bien, sentado ello, he de abocarme al análisis del caso en concreto y los fundamentos por los que entiendo que el recurso intentado por la defensa no ha de prosperar.
En primer lugar, tal como indique anteriormente, la defensa interviniente no ha introducido ningún cuestionamiento respecto del plexo de cargo, como así tampoco de la valoración que la Jueza de Garantías hizo del mismo a fin de concluir que era idóneo para arribar a la probabilidad exigida por el rito respecto de la autoría y la materialidad ilícita endilgadas (art. 158 del C.P.P.).
De este modo, de conformidad con lo prescripto por los arts. 434 y 435 del C.P.P., corresponde limitar el conocimiento de esta Alzada a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios. Sin perjuicio de ello, habiendo realizado una apreciación de las probanzas aportadas a la causa conforme fueran valoradas por la Jueza a-quo, entiendo que de momento, las mismas permiten formar el juicio de autoría con relación a B. A. L. por el hecho endilgado por el Representante del Ministerio Público Fiscal.
Dicho lo cual, y previo al análisis de la procedencia de la medida de coerción dictada, he de señalar que, como tengo dicho en numerosos precedentes, si bien el eje rector que debe regir durante la sustanciación del proceso es la libertad del imputado en virtud del principio de inocencia (art. 18 de la C.N.), también es cierto que el mencionado derecho constitucional puede ser acotado ante la necesidad de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley material. Dichos extremos contemplados en el artículo 144 del C.P.P., deben conjugarse en armonía con lo preceptuado por el artículo 148 del mismo cuerpo legal que permite aplicar una medida de coerción, en tanto no resulte irrazonable ni desproporcionada, y se determine que la misma resulta necesaria ante la verificación de peligros procesales.
En tal sentido, el artículo 148 del Código Procesal Penal establece que para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentara eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Luego de ello la norma resalta especialmente, entre otros, la pena que se espera como resultado del procedimiento - inciso segundo - y el comportamiento del imputado durante el mismo, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal -inciso cuarto-.
Dicha norma guarda estrecha relación con lo establecido en los artículos 7.5 de la C.A.D.H. y 9.3 del P.I.D.C.yP., que subordinan la libertad durante el proceso a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al mismo, y finalmente el artículo 21 de la Constitución Provincial establece que deberá atenderse a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, a fin de acordar la libertad provisional.
Al respecto se ha dicho que "El peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, abarcados en la denominación genérica de peligro procesal constituye una pauta que legítimamente puede consultarse a fin de establecer límites al principio establecido, desde que la libertad, como todos los derechos que la Constitución reconoce y garantiza, no es absoluta pues, en nuestro derecho constitucional, no hay ninguno que lo sea (CSJN, Fallos, 136:161; 142:80; 191:197, entre otros), resultando de la esencia de todos ellos que se ejerzan conforme disponga su reglamentación (arts. 14 y 28 de la C.N.), en procura de evitar el detrimento de unos por los otros, compatibilizándolos entre sí y con los que corresponden a la comunidad (CSJN, Fallos, 253:114, considerando 8°)" (T.C.B.A., Sent. 31-3-2009, causa "M., P. s/ Recurso de casación").
No resulta ocioso en este contexto, recordar las palabras de Cafferata Nores, quien sobre el particular ha expresado: " Si bien no hay referencia alguna en la normativa supranacional al peligro de entorpecimiento de la investigación como razón de la prisión preventiva, la jurisprudencia supranacional la ha aceptado, sin mayores disquisiciones, quizás porque la entiende como un modo de asegurar la comparecencia y aseguramiento del acusado "en cualquier otro momento de las diligencias procesales" (art. 9.3 PIDCP), que siendo de contenido probatorio, pudieran verse frustradas si aquel permaneciera en libertad...". Además agrega: "Tratando de darle contenido a esta excepcionalidad hemos señalado que la finalidad constitucional de afianzar la justicia (preámbulo de la C.N.) hacia la que se orienta el juicio previo, requiere que no se impida ni se obstaculice su realización..." (José I. Cafferata Nores, Proceso Penal y Derechos Humanos, La influencia de la normativa supranacional sobre los derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino , 2da. edición actualizada por Santiago Martínez, pág. 217).
En la misma línea de pensamiento, se encolumna el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que mantiene inalterable su posición respecto de la prisión preventiva durante el proceso penal cuando, en clara referencia a su constitucionalidad, expresó "Así como es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el artículo 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente (CSJN, fallos, 280:297)" (TCBA, causa nº 33856, Sent. 31-3-2009, caratulada "M.P.A. y M.C.R. s/ Recurso de casación").
En el caso de marras, la pena prevista para el delito que prima facie se le imputa a L. -amenazas coactivas-, parte de un mínimo de un año de prisión, y alcanza en su máximo, los tres años de la misma especie de pena (art. 149 bis segundo párrafo del CP.)
A partir de la escala señalada, la situación del encartado encuadraría en los supuestos excarcelatorios previstos en el art. 169 inc. 1 y 2 del CPP, sin embargo, al contar con antecedentes condenatorios vigentes, no resulta aplicable los supuestos liberatorios.
Sobre esta cuestión, es necesario efectuar una aclaración respecto a los antecedentes penales que posee L., y el planteo de su defensor con respecto a su vigencia actual.
Del auto en crisis se observa que el juzgado consignó la siguiente información: " el nombrado L. fue condenado por el Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de San Martín en el marco de la causa SM-1368-2012, en fecha 31 de Agosto de 2012 a la PENA DE 6 (SEIS) meses de Prisión Cuya ejecución se deja en suspenso por resultar autor penalmente responsable de los delitos de Resistencia a la Autoridad y Amenazas Simples, con el computo de pena con el cual se tendrá por no pronunciada el 31/08/2022, caducando a todos sus efectos el 31/08/2028.".
Mientras que, del Informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de fecha 12/02/2019, emerge que los antecedentes condenatorios de L. son los que a continuación se enuncian; el Juzgado Correccional nro. 1 de San Martin hizo saber que B. A. L. fue condenado el 31 de agosto de 2018 a la pena de 6 meses de prisión -cuya ejecución se dejó en suspenso-, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas simples. A la luz de ello, se advierte que el juzgado de garantías consignó por error involuntario, una fecha de sentencia distinta a aquella informada por el ente nacional, lo que trajo aparejado una confusión por parte del recurrente, en tanto entendió que la sentencia fue dictada antes de la fecha real.
Entonces, partiendo de la base que la sentencia condenatoria dictada respecto de L. es de fecha 31/08/2019, a la luz de lo letra del artículo 27 segunda parte del Código Penal, el cual reza: " La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos fueran dolosos. ", no ha transcurrido el plazo legal exigido para solicitar una nueva condena de ejecución condicional, (el que recién se cumpliría el 31/08/2028). En consecuencia, y sin perjuicio del monto de pena que se determine, en el caso que resulte condenado en el marco de la presente causa, la pena a imponer sería de efectivo cumplimiento al no poder aplicarse lo dispuesto por el art. 26 del CP.
Ante lo previamente expuesto, el agravio introducido por el defensor en relación a la vigencia de los antecedentes condenatorios, no ha de prosperar.
Entonces, nos encontramos ante una eventual pena de cumplimiento efectivo, y resulta que el legislador presumió que, en los casos en los que el imputado se enfrenta a la eventualidad de ser condenado a una pena privativa de libertad que implica el cumplimiento efectivo de la condena, como es el caso bajo análisis, el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Ello es así, excepto que otros elementos de juicio demuestren el desacierto de observar dicha presunción, lo que no sucede en el presente.
Por su parte, la defensa afirmó que su asistido cuenta con arraigo suficiente a fin de mitigar el peligro de fuga alegada por la jueza, resaltando que tiene una hija de 6 años, por lo que la resolución vulnera el interés superior de la menor, sumado a que L. resulta ser el único sostén económico de su hija.
Frente a lo planteado, en primer lugar corresponde señalar lo que tengo dicho con respecto al concepto de arraigo...... "supone (...) el vínculo indisoluble con un lugar determinado, condicionado por relaciones familiares, comerciales o laborales de determinada intensidad, que deben tener anclaje objetivo, como para relativizar los indicadores advertidos" (art. 148 segundo párrafo inc. 1 CPP) (conf. causa nro. 12.049 "Cometti, Hernán Lázaro s/Incidente de Excarcelación" del 26/06/2012), elementos que, en principio, no se dan en el caso.
En cuanto a la situación de su hija menor de edad, entiendo que el agravio tampoco puede prosperar, ya que a contrario de lo postulado por la defensa, no surge de la documentación presentada que la menor se encuentre exclusivamente a cargo del imputado, toda vez que reside con su madre, y acordaron una tenencia compartida, como tampoco que él haya sido el principal sostén económico.
Tampoco el consentimiento por parte de la víctima torna viable su excarcelación, y en casos como el presente, cabe tener presente las circunstancias particulares de los hechos denunciados, el grado de temor infringido y las declaraciones de las víctimas, que dan cuenta de otros eventos donde el mismo imputado junto a otros sujetos los habrían intimado por el mismo motivo que en esta ocasión. En virtud de lo cual, en el caso de obtener su libertad, es dable considerar el temor que pueden padecer las victimas y sus familiares.
De este modo, en el caso que nos convoca, entiendo que el cuadro de riesgo procesal del imputado es de magnitud suficiente para justificar el encarcelamiento dispuesto, siendo que, por el momento, es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal, no evidenciándose que puedan ser neutralizados de otro modo.
Previo a concluir, en cuanto al pedido del recurrente de ordenar la suspensión del traslado del imputado a una unidad carcelaria hasta la firmeza del auto que dictó la prisión preventiva, me remito a lo dispuesto por la juez a-quo al momento de conceder el recurso de apelación presentado, sin que haya mayores consideraciones que hacer al respecto.
Así fue que, en fecha 27/10/2026 la jueza de garantías sostuvo lo siguiente; "Asimismo en virtud de lo solicitado por la defensa técnica en el punto V de su presentación, se recuerda que las dependencias policiales no constituyen lugares destinados al alojamiento permanente de personas privadas de libertad, sino espacios de detención transitoria y excepcional, circunstancia que ha sido reiteradamente destacada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mediante las acordadas y resoluciones dictadas sobre la materia, en particular la Acordada 3340/2011 . En tal sentido, una vez dispuesta la prisión preventiva de encartado, corresponde su alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, organismo específicamente instituido para la custodia y tratamiento de las personas sometidas a proceso penal o condenadas, contando para ello con la estructura, recursos y controles adecuados para garantizar tanto la seguridad como el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. En mérito de lo expuesto corresponde NO HACER LUGAR al pedido de la defensa técnica. ........ la circunstancia de encontrarse recurrida la resolución que dispuso la prisión preventiva no altera la situación procesal actual del imputado ni resulta suficiente para justificar su permanencia en una dependencia policial. Ello así, toda vez que la resolución cuestionada mantiene plena vigencia y ejecutoriedad hasta tanto sea revocada por el órgano jurisdiccional competente, no produciendo la mera interposición del recurso efecto suspensivo alguno respecto de sus consecuencias jurídicas. "
Finalmente, por todo lo expuesto, es que propongo al acuerdo confirmar, en todo cuanto fuera motivo de agravio, el auto de fecha 23 de octubre de 2026, mediante el cual, la Magistrada titular del Juzgado de Garantías nro. 3 departamental, Dra. Rodriguez Mentasty, dispuso, en lo que aquí resulta pertinente: " I.-DENEGAR LA EXCARCELACIÓN B. A. L. bajo ningún tipo de caución, por las circunstancias expuestas en los considerando (art. 148 y 171 del C.P.P.)...... y III.- CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA la detención actual de B. A. L., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar probable autor penalmente responsable del delito de AMENAZAS COACTIVAS (DOS HECHOS), injusto previsto y reprimido en el art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal. Rigen los arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.". . ASI LO VOTO (art. 26, 27, 149 bis segundo párrafo del Código Penal, arts. 106, 144, 146, 148, 157, 158, 169, 434, 435 y ccdtes. del Código de Procedimiento Penal).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, ASI LO VOTO (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código de Procedimiento Penal).
Por ello, el Tribunal;
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de L., el Dr. Dante Ariel Rojas, por los motivos expuestos en el considerando primero (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y arts. 164, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR, en todo cuanto fuera materia de agravio, la resolución de fecha 23 de octubre de 2026, mediante la cual, la Magistrada titular del Juzgado de Garantías nro. 3 departamental, Dra. Rodriguez Mentasty, dispuso, en lo que aquí resulta pertinente: "I.-DENEGAR LA EXCARCELACIÓN B. A. L. bajo ningún tipo de caución, por las circunstancias expuestas en los considerando (art. 148 y 171 del C.P.P.)...... y III.- CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA la detención actual de B. A. L., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar probable autor penalmente responsable del delito de AMENAZAS COACTIVAS (DOS HECHOS), injusto previsto y reprimido en el art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal. Rigen los arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires."., por los motivos expuestos en el considerando segundo (art. 26, 27, 149 bis segundo párrafo del Código Penal, arts. 106, 144, 146, 148, 157, 158, 169, 434, 435 y ccdtes. del Código de Procedimiento Penal).
Regístrese electrónicamente, para el caso de corresponder, actualícese el R.U.D., notifíquese al Sr. Fiscal General Departamental, a la Defensa y al Juzgado interviniente. Fecho, devuélvase a la instancia, encomendando a su secretaría que realice las demás notificaciones que considere pertinentes, sirviendo la presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 985-2026
Fin de la sentencia