Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala VI
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación.
II. Rechazar, por improcedente, la impugnación deducida a favor de O. L. C. o D. D. C., con costas.
III. Tener presente la reserva planteada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 63 y 67 CP, 201, 203, 421, 433, 448, 450, 464, 465, 530 y 531 CPP.
En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel PIOMBO y Ricardo R. MAIDANA, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en la causa Nº 56.663, caratulada: “C., O. L. o C., D. D. s/Recurso de queja (art. 433 CPP)”, conforme el siguiente orden de votación: MAIDANA – PIOMBO.
El 18 de octubre de 2012, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal N° 1 del mismo departamento judicial, que denegó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción promovida en favor de O. L. C. o D. D. C.
Contra esa decisión, el Sr. Defensor Oficial, Dr. Juan Carlos Cimentón, interpuso recurso de casación de fs. 28/33, cuya denegatoria originó la queja que luce a fs. 36/39.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
1. ¿Resulta procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto?
2. En caso de resolverse en forma afirmativa la primera cuestión ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Atento el recurso directo presentado, con motivo de la denegatoria de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata de la concesión del recurso de casación interpuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 433 del CPP, corresponde examinar lo resuelto por el a quo a fs. 34/vta.
Así las cosas, debe resaltarse que aunque los magistrados preopinantes estimaron que el recurso de casación fue interpuesto por parte legitimada y en tiempo y forma, terminaron declarándolo inadmisible por entender que la resolución contra la que se dirigió la presentación no resultaba impugnable por la vía mencionada, al no encuadrar en ninguno de los supuestos del art. 450 del CPP.
A juicio del suscripto, sin embargo, esta opinión no puede compartirse pues la controversia aquí ventilada se encuentra prevista en el art. 450, 2° párrafo in fine CPP, que prescribe que el remedio casatorio procede contra autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal que denieguen el sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal.
Por esta razón, considero que no es necesario que se trate de un auto revocatorio toda vez que dicha exigencia se limita únicamente a los supuestos enunciados en la primera parte del referido párrafo de la norma citada y no a los que, separados por el punto y coma, se enuncian a continuación. En función de lo expuesto, entonces, opino que la instancia de queja es procedente y, en consecuencia, admisible el recurso de casación.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez, doctor PIOMBO, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Señala el presentante que su asistido fue condenado a la pena de 7 años de prisión por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves, robo agravado por el uso de arma no habida y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real con violación de domicilio, todos en concurso material entre sí. Explica que este pronunciamiento fue recurrido ante este Tribunal que, con fecha 25 de marzo de 2010, rechazó el remedio intentado y que actualmente se encuentra pendiente un recurso ante la Suprema Corte provincial. Añade que, oportunamente, el Defensor de Casación solicitó ante el órgano de juicio que se declare la extinción de la acción penal en relación a los delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad, conforme la doctrina sentada por la CSJN en Fallos 275:241, 186:396, 318:2481, 313:1224, 311:2205 y la SCBA en P. 82.562, P. 75.452, P. 97.320, P. 97.512, P. 66.003, P. 66.450 y P. 89.201. Este planteo, sin embargo, fue descartado por la instancia y más tarde por la Cámara que, a su vez, rechazó el recurso de casación articulado. Apunta que, a su juicio, la denegatoria pone en riesgo una garantía constitucional. Refiere que el A-quo se apoyó en una interpretación extensiva del art. 67 inc. e) CP, para tener por interrumpido el curso de la prescripción. En función de lo expuesto, demanda se haga lugar a lo reclamado, haciendo reserva del caso federal.
La Sra. Defensora Adjunta ante este Tribunal, Dra. Susana Edith De Seta, resalta que el instituto de la prescripción es un instrumento realizador del plazo razonable y adhiere a lo peticionado por su colega de la instancia, dejando a salvo la posibilidad de acudir ante una instancia superior.
Así las cosas, debo adelantar que, a juicio del suscripto, el planteo no debe prosperar. Esto porque, como afirmaron los camaristas, la Suprema Corte de esta provincia, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido a la sentencia dictada por el órgano revisor como un acto procesal idóneo para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal (SCBA, P. 83.722. rta. 23-II-2005 y P. 90.519, rta. 03-VI-2009, e/o), lo que sella la suerte adversa de la pretensión.
A ello aduno que el recurrente no ha arrimado argumentos que me permitan apartarme de lo allí resuelto o impongan un nuevo examen de la cuestión, al tiempo que se observa que los precedentes reseñados a lo largo de su presentación, no tienen el alcance que se les atribuye. En efecto, los distintos casos de la CSJN que aparecen mencionados se expiden sobre la extensión del proceso y, no, sobre el alcance de la norma citada.
Y por otro lado que la posición expuesta también refleja la inteligencia que la mayoría de los integrantes de este Tribunal le han atribuido a la disposición en trato (TCPBA, Sala II, c. 8.679, 29 de junio de 2010 y c. 15.287, rta. 14 de junio de 2011, Sala I, c. 55.828, rta. 14 de febrero de 2013 y c. 23.154, rta. 20 de septiembre de 2007). Por lo que considero que la impugnación deducida debe ser rechazada por improcedente, con costas, y que deberá tenerse presente la reserva del caso federal (arts. 63 y 67 CP, 201, 203, 421, 433, 448, 450, 464, 465, 530 y 531 CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez, doctor PIOMBO, dijo:
Adhiero al voto del doctor MAIDANA en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. DECLARAR PROCEDENTE la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación.
II. RECHAZAR, por improcedente, la impugnación deducida a favor de O. L. C. o D. D. C., con costas.
III. TENER PRESENTE la reserva planteada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 63 y 67 CP, 201, 203, 421, 433, 448, 450, 464, 465, 530 y 531 CPP.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, a fin de que acollare el presente legajo al principal que le sirve de antecedente.
FDO.: HORACIO DANIEL PIOMBO - RICARDO R. MAIDANA
Ante mí: Diego D. M. Alcalde
Fin de la sentencia