Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar procedentes los recursos de casación deducidos y, en consecuencia, anular el veredicto absolutorio respecto de la totalidad de los acusados en el marco de la causa n° 717/3523 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Dolores y reenviar el presente legajo a la instancia de origen, para que, debidamente integrada, proceda a la celebración de un nuevo debate, con la premura que el caso amerita, sin costas en esta instancia.
Arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. Pcial.; 1, 106, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 453, 461, 530, 531, 532 y concs. del C.P.P..
II. Regular los honorarios profesionales a la letrada interviniente, doctora Marta Luján Esponda (T°II, F° 165, C.A.D.), por la labor profesional desplegada en esta sede, en la suma del 20 por ciento de lo regulado en la instancia, con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución provincial; 1, 9, 16, , 31, 33 y 51 de la Ley N°8904; 1 y 12 inciso a) de la Ley N° 8455 y artículo 534 del Código Procesal Penal –ley 11.922- debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de la Ley N° 6716.
III. Tener presentes las reservas del caso federal impetradas en los términos del art. 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata a los 16 días del mes de junio del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en el marco de las causas N° 60.785 de este Tribunal, caratulada: "L., C. D., G., J. E., M., A. G., I., G. G., S., C. y A., G. L. s/ recurso de Casación interpuesto por agente Fiscal", y su acumulada N° 60.787 caratulada "L., C. D., G., J. E., M., A. G., I., G. G., S., C. y A., G. L. s/ recurso de Casación interpuesto por particular damnificado". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial Dolores, con fecha 12 de abril del año 2013, resolvió dictar veredicto absolutorio respecto de los encausados A. G. M., D. C. L., C. S., G. C. I. y J. E. G. en orden al delito de encubrimiento agravado, y a L. G. A. por el delito de falso testimonio.
Contra esa sentencia tanto los representantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Diego Fernando Torres y Diego Carlos Bensi, como la particular damnificada, Sra. V. Z. de J., bajo el patrocinio letrado de la Dra. Marta L. Esponda, interpusieron sendos recursos de casación, expidiéndose en similares términos, denunciando la absurda, arbitraria y parcial valoración de la prueba realizada por el “a quo”, con cita de los artículos 210, 371 y 373 del C.P.P..
Como consecuencia de ello y de acuerdo a la prueba citada, expresaron que el Tribunal incurrió en un absurdo al no tener por acreditado el hecho precedente, y en este sentido es que aplicó erróneamente el principio de duda -art. 1° del C.P.P.-, peticionando en consecuencia, la casación de la resolución impugnada y se condene a los imputados por el delito de encubrimiento agravado.
II. Concedidos ambos recursos por el “a quo” (fs. 289 en causa 60.785 y fs. 270 en causa 60.787), se dispusieron las radicaciones en Sala, de lo que se notificó debidamente a las partes, corriéndose vista a fin de que las mismas manifiesten su intención de celebrar la audiencia que prevé el art. 458 del C.P.P..
El Fiscal ante esta Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, desistió de dicha celebración, y en su memorial sostuvo que el recurso interpuesto resultaba admisible y procedente, conteniendo argumentos suficientes en orden a la pretensión aludida, en cuanto al agravio tocante con la absurda valoración de la prueba, solicitando se haga lugar al mismo, y se reenvíen estos actuados a la instancia de origen, a efectos que se realice un nuevo juicio mediante jueces hábiles -fs. 347/vta.-.
A su turno, el Defensor Oficial ante este Tribunal, Dr. Nicolás Agustín Blanco, en representación de L. G. A. desistió de la celebración de la audiencia de informe y presentó memorial respectivo, pronunciándose por el rechazo del recurso interpuesto en tanto entiende que el mismo resulta ser inadmisible, por invalidez constitucional en su objeto. En su defecto considera que la mentada impugnación resulta improcedente, toda vez que los argumentos esbozados por los recurrentes no resultan autosuficientes a los fines de cuestionar la conclusión absolutoria a la que arribara el Tribunal a favor de su defendido.
Hace reserva del Caso Federal -fs. 348/355-.
Del mismo modo los letrados, Dres. Leonardo Alfredo Abdala y Fabián Raúl Améndola, defensores particulares de G., S. y M.
respectivamente, desistieron expresamente de la celebración de la mentada audiencia -fs. 363 y 384-, y fijada que fue la misma para el día 13 de marzo de 2014 a las 10.00 horas, transcurrido el plazo de gracia de treinta minutos, las restantes partes no se hicieron presentes.
Habiéndose declarado admisibles los recursos interpuestos, y cumplidos los trámites de rigor, los presentes obrados pasaron a estudio sin más trámites.
III. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los señores jueces de la Sala IV del Tribunal, decidieron plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Resultan procedentes los remedios procesales impetrados?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo: Resultan ciertamente atendibles los agravios invocados por los recurrentes, motivo por el cual adelanto que haré lugar a los mismos, declarando procedentes los recursos interpuestos.
Como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia, entendido como el más amplio derecho al recurso, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Al respecto nuestro más Alto Tribunal en el precedente “Casal”
(causa nro. 1681, 20/9/05) fijó su criterio sobre la base de la doctrina alemana del “Leistungsfähigkeit”, también conocida como “agotamiento de la capacidad de rendimiento o capacidad de revisión”, donde estableció que corresponde a la casación el control de todo aquello que tenga capacidad de revisar por sus propios medios, sin necesidad de realizar un nuevo juicio de mérito (renovar la prueba oral), por lo que las comprobaciones fácticas que dependen de la inmediación y la oralidad son las únicas que no pueden analizarse -por obvias razones materiales-, y quedan reservadas a la órbita del juez que en su oportunidad dirigió el debate oral (En el mismo sentido Falcone, Roberto A. – Madina, Marcelo A., “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, 2da. edición actualizada y ampliada, Editorial Ad-Hoc, 2007).
Pero, para que el tribunal revisor pueda abarcar dichas cuestiones, ello dependerá de la actividad misma de la parte interesada. A tal efecto resulta necesario que el recurrente sea preciso al momento de denunciar este tipo de agravios, puesto que resulta imprescindible acotar el trabajo de revisión judicial exclusivamente a las partes esenciales de las sentencias impugnadas.
En este sentido es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál es la afirmación del tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo habrá de refutarse dicha aseveración. Los agravios deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo, del mismo modo que la prueba ofrecida debe ser pertinente y suficiente para demostrar el error en el que han incurrido los jueces, y dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación.
Formuladas las aclaraciones del caso, procederé al análisis del fallo cuestionado.
Así, frente a lo que sostienen los impugnantes, surge que el "a quo" procedió a cuestionar las distintas piezas probatorias sobre las que la acusación sentó las bases de la imputación en contra de los encartados, esto es la acreditación de la existencia de la materialidad infraccionaria del llamado hecho precedente, lo que llevó a los magistrados de grado a desestimar la acusación que pesaba sobre aquéllos.
En una primera aproximación, puede verse que el Tribunal de mérito descartó los testimonios de R. R. M., T. R. F. y M. G. A., al sostener que los mismos sólo dieron cuenta de la condiciones morales y personales de J., de sus costumbres y hábitos de vida, todo lo cual no permitió comprobar los extremos mencionados por la fiscalía y el particular damnificado, y que además, éstos se encontraban en contraposición con los dichos vertidos por A., versión que, recordemos, fue aportada al debate, no en forma directa por dicho imputado, sino a través de los oficiales C. y S.
Debo señalar que aquí se advierte el primer quiebre lógico en el razonamiento empleado por los magistrados votantes.
Ello se debe a que los Juzgadores no pueden restarle valor probatorio a los dichos de uno o más testigos, al confrontar los mismos con lo expuesto por uno de los imputados si, como se verá en detalle más adelante, realizaron una serie de consideraciones tendientes a restarle valor convictivo a sus dichos y que, como consecuencia directa de ello, entendieron que sus manifestaciones no lo hacían pasible del delito de falso testimonio.
No parece apropiado el razonamiento empleado por los Jueces de mérito con el fin de desechar la prueba testimonial rendida en el debate, ya que si la versión aportada por A. se tiene por cierta o no, dicha circunstancia debe mantenerse a lo largo de toda la sentencia, no siendo razonable que sus dichos sean revalorados total o parcialmente por el Tribunal en desmedro de lo depuesto por los testigos de cargo, de manera arbitraria, sin ningún tipo de fundamento ni apoyo en las reglas de la lógica argumental, todo lo cual, además, resultó contradictorio a la hora de resolver la situación procesal del encartado.
Sumado a ello, debo señalar que el “a quo” ha omitido valorar esas declaraciones en forma conjunta con el resto de los testimonios que tuvieron lugar durante la audiencia de debate los que, de manera conteste, descartaron que R. D. J. se ausentara voluntariamente de su domicilio familiar, de sus obligaciones laborales y de sus actividades sociales. En este sentido se expidió la esposa del nombrado, la Sra. A. V. Z., quien refirió que su esposo tenía trabajo estable en “A.”, como así también en la firma “C.” de tarjetas de crédito, y que también tenía participación, junto a los imputados S. y M. en la empresa “A.”, dedicada al rubro de venta de productos de limpieza.
Continuó con su relato manifestando que J. tenía proyectadas actividades para el futuro inmediato, mencionando que estaba organizando un torneo de fútbol infantil, toda vez que trabajaba en las divisiones infantiles del club C.A.D.U. de Santa Teresita. En ese momento recordó que su esposo tenía guardado un papel en el que había anotado lo que iba a hacer. Asimismo dijo que la noche anterior a su desaparición se reunió con un muchacho del club, para ultimar detalles del torneo, el cual iba a tener lugar el domingo posterior al día en que se sucedieron los hechos. La testigo refirió que siempre mantenía comunicación con su esposo al celular, y que ese día lo llamó, pero que le había dado el contestador automático. A su turno R. J. J, hijo de la víctima de marras, además de detallar las actividades que su padre desarrollaba cotidianamente, dijo que le había parecido extraño que el día de su desaparición no había ido a almorzar a su casa, como solía hacerlo a diario. Remarcó que las relaciones familiares eran excelentes y descartó la posibilidad que el nombrado se hubiese alejado del hogar voluntariamente.
Concordantemente con ello declaró I. N. S., progenitora de D. J., quien a lo ya expuesto dijo que no había notado ningún cambio de conducta en su hijo, encontrándolo normal, negando que se haya ido por su propia voluntad.
Dichos testimonios deben ser valorados en conjunto con lo depuesto por los ya nombrados R. R. M., T. R. F. y M. G. A., por cuanto dichos elementos de prueba permiten ilustrar sobre las circunstancias personales - familiares, laborales y sociales- de J., lo que torna inverosímil la hipótesis que el nombrado se haya ausentado voluntariamente de sus actividades, alejándose de su familia.
Adunado a ello, y como dato relevante surge que, al día de la fecha tampoco fue hallado el celular de J., circunstancia que necesariamente se vincula a la declaración de C. J. S., perito dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, del Área de Procedimientos Electrónicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien fue contundente al afirmar que la última llamada realizada desde dicho celular fue el 24 de octubre de 2001 a las 21.21 horas aproximadamente, fecha que coincide temporalmente con la desaparición de J. y que luego de ello hasta el 19 de junio de 2002 solamente se registraron llamadas entrantes y de muy corta duración, pudiendo corresponderse con la activación de la casilla de mensajes o simplemente que se dijera un “hola”, lo cual confirma que dicho aparato telefónico nunca fue utilizado, afianzando en este sentido lo expuesto por Z., en cuanto a que J. se comunicaba con la declarante en forma regular, a través de su celular.
Todo ello aparece reforzado por la prueba documental oportunamente reseñada -Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional-, de la que surge que J. no registró salidas o ingresos del país, y en este sentido los argumentos desarrollados por el Tribunal de Juicio, tendientes a descartar dicha documental, carecen del debido fundamento. Prueba cabal de ello es que los magistrados intervinientes reconocieron la posibilidad que la víctima de autos pudo ser pasible de una desaparición forzada, y que sus captores hayan tomado las precauciones del caso para que el mismo no pudiera ser localizado.
Arribar a conclusiones de esta naturaleza implica que los juzgadores analizaron cada uno de dichos elementos en forma aislada, prescindiendo de interpretar la prueba reseñada de manera conjunta.
Conforme lo hasta aquí expuesto, considero errónea la solución por la que el “a quo” desestimó por completo los alcances de la acusación. Es que, si bien surgen algunos interrogantes respecto de los ulteriores momentos a la desaparición de J., es posible establecer que su ausencia, de su círculo familiar, laboral y social, se debió a que el nombrado resultó víctima de maniobras ilícitas.
Coincido con el representante de la vindicta pública en lo referente a que si bien nos encontramos frente a un particular escollo, consistente en la ausencia del cuerpo eventualmente sin vida de R. D. J., ello no impide poder construir un tránsito probatorio sobre aquellas materialidades que, sin existencia de duda, permiten equiparar la desaparición de la víctima de marras con actos violentos sobre su persona (En este mismo sentido puede verse el criterio sentado por la Sala I de éste Tribunal de Casación Penal, en causa n° 892 caratulada “Abrigo, Walter Rubén y otros s/ recurso de Casación”, que confirmó la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, en el marco de las causas 83.161/11 y 83.220/1).
Es decir que, ante la ausencia de prueba directa que confirme tales extremos, es posible reconstruir la acción criminal sobre la base de distintas presunciones, a través de la sana crítica de la valoración de prueba que impera en nuestro sistema procesal penal, confirmando la existencia del hecho precedente, que servirá de sustento a la imputación en contra de los encausados.
Así el Tribunal de mérito entendió que ninguno de los testigos de cargo mencionó haber observado movimientos o actitudes compatibles con el secuestro de una persona, y en este mismo sentido puso de resalto que al hallarse el automóvil en el cual se desplazaba la víctima, éste no presentaba signos o vestigios de violencia, todo lo cual no haría presumir que hubiera ocurrido algún hecho o acción de ese carácter contra la persona de J. Este pasaje de la sentencia aparece reñida con la prueba presentada por el Ministerio Público Fiscal. En este sentido deben meritarse los testimonios de L. G. S., E. N., M. J. M. V., J. A. S. y R. H. R. -éste último incorporado por lectura al debate, con la debida anuencia de las partes-, donde los nombrados recrearon los últimos momentos en que J. fue visto. De dichos elementos de prueba se encuentra debidamente acreditado que el mentado se encontró con un sujeto del sexo masculino a quien, debido al trato que mantuvieron en esa ocasión, aparentemente conocía. Sobre este punto volveré a referirme más adelante, al analizar la situación en particular de cada uno de los procesados.
A la prueba testimonial y documental enunciada, deben adunarse aquellas circunstancias en que fue encontrado el automóvil Ford Fiesta en el que se desplazaba J., el que quedó con una de sus ventanillas abiertas y efectos personales en su interior, estacionado sobre diagonal 23, entre calles 29 y 3, lugar al que había arribado luego de haber circulado de contramano.
En este sentido es dable destacar que N. y R., hicieron referencia a que aquella mañana del 25 de octubre de 2001 habían visto a J. en actitud sospechosa y que lo habían notado inquieto, mientras permanecía a bordo del mentado automóvil, aparentemente como esperando la llegada de alguna persona. De manera sorprendente los magistrados intervinientes sostuvieron que tales comportamientos o estados de ánimo no tenían la entidad o cualidad que estos le asignaban, ya que se contradecían con otras constancias volcadas en la audiencia oral, pero lo cierto es que, en ningún pasaje del fallo, hacen mención o puntualizan a que constancias estaban haciendo referencia.
Por tal motivo negar que la víctima de autos haya sido pasible de alguna acción ilícita sobre la base de dichas conclusiones resulta, cuanto menos, una conclusión lanzada con liviandad, y ello se ve reflejado cuando es el mismo Tribunal quien reconoce la hipótesis que J. pudo haberse retirado del lugar con su propio consentimiento, ya sea libre o viciado. Continuando con el análisis de la sentencia recurrida, el “a quo” vuelve a incurrir en una indebida extracción de conclusiones, al analizar las declaraciones de D. R. y O. B. B., asegurando que dichos testimonios trajeron aparejada a la investigación una situación de incertidumbre, en torno a las circunstancias que rodearon la desaparición de R. D. J.
Digo esto porque el Tribunal otorga igual o mayor preeminencia al contenido de dos testimonios, que refirieron haber visto a la víctima de marras -con quien se cruzaron a ochenta kilómetros por hora- circulando por la ruta ese mismo día 25 de octubre de 2001, en el horario comprendido entre las 13.00 y las 13.30 horas aproximadamente, en franca contraposición a lo depuesto por el resto de los testigos que fueron aportados por la fiscalía. Así S., N., R., S. y M. V., relataron como ese día, en forma inusual vieron a la víctima circular con su rodado Ford Fiesta de contramano por la diagonal 23 y estacionar sobre dicha arteria en dirección a la calle 3, permaneciendo en el interior del mismo durante un período de tiempo. Que alrededor de las 11.00 horas ingresó al negocio de S. para levantar un pedido y es que al salir de allí se encontró con un sujeto del sexo masculino, a quien saludó y que luego habló por celular, desconociéndose desde ese momento datos sobre su actual paradero.
Los hechos transcurrieron en el horario comprendido entre las 10.30 y las 13.00 horas aproximadamente. Los testigos dijeron que el rodado en todo momento permaneció estacionado en el mismo lugar y, si bien reconocieron que no siempre tuvieron el auto a la vista, es posible arribar a dicha conclusión reparándose en el dato que el auto fue dejado allí luego de haber circulado de contramano. Todo ello se corrobora con lo manifestado por M. V. quien refirió que su negocio estuvo todo el día abierto, y no dudó en decir que dicho automóvil siempre se encontró estacionado en ese lugar hasta las 18.00 o 19.00 horas aproximadamente, cuando finalmente apareció la esposa de J.
De las contradicciones señaladas, se desprende un quiebre en el razonamiento efectuado por los magistrados, donde al momento de sopesar el contenido de unos testimonios por sobre los otros, no ha explicado cuál ha sido el mecanismo utilizado, terminando por desvirtuar los dichos de aquellas personas que, sin duda alguna, fueron los que vieron por última vez a R. D. J.
Las consideraciones efectuadas hasta el momento, me permiten tener por probado que: el día 25 de octubre de 2001, en el horario comprendido entre las 12.30 y las 13.00 horas, el ciudadano R. D. J. fue visto por última vez con vida, en las inmediaciones de diagonal 23, entre calles 29 y 3, de la localidad de Santa Teresita, y que su ausencia obedece al despliegue de un accionar ilícito del cual el mismo fue objeto, donde los imputados habrían ayudado a los autores a eludir las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, ocultando información o aportando datos falsos a esos efectos.
Tales extremos resultan acreditados con la prueba testimonial desarrollada durante la audiencia de debate oral, y con aquella documental que fuera incorporada por lectura al juicio, sin oposición de las partes. Sobre este punto, sólo me resta mencionar que, más allá de lo creíble o no del testimonio de G. J. T., el Tribunal le restó entidad probatoria a los dichos vertidos por los oficiales de la D.D.I. de Dolores, C. y S., los que dieron cuenta de la versión aportada por el imputado A., en torno a la existencia de una charla que entablaron H. B. y J. G., en la que los nombrados hacían referencia a que J. había sido pasible de algún tipo de agresión, bajo el argumento que los mismos se tratan de testigos de oídas, pero lo cierto es que nunca descreyó de sus declaraciones, ni puso en duda la credibilidad, verosimilitud e imparcialidad de sus dichos.
De este modo surgen como fuertes indicios de cargo, los que sumados a las circunstancias personales de la víctima, refuerzan la hipótesis que la misma no tenía motivos para ausentarse voluntariamente de sus actividades habituales, tanto laborales como sociales, y de su grupo familiar. Del mismo modo debe valorarse el tiempo transcurrido desde su desaparición, próximo a los trece años, donde R. D. J. no ha dado señales de vida de ninguna naturaleza, tiempo que considero suficiente, para sostener que existe un alto grado de sospecha que permite afirmar la hipótesis que el nombrado fue pasible de maniobras ilícitas, dada la índole de los sucesos que se analizan en la presente causa.
Sentado ello, procederé al tratamiento de la prueba de cargo colectada durante la audiencia de debate oral, y que hace a la situación de cada uno de los encausados.
Respetando el orden adjudicado por el Tribunal de mérito, haré referencia al plexo probatorio que recae sobre A. G. M.
En este primer tramo considero desacertadas las conclusiones efectuadas por el “a quo” al descartar los testimonios de S. y R., por cuanto los mismos sindicaron al acusado como aquél sujeto con el cual J. se encontró esa mañana del 25 de octubre de 2001, previo a su desaparición. El primero de los testigos mencionados dijo haber reconocido a M. en dos ocasiones, la primera cuando se cruzaron en la oficina de la D.D.I. de Dolores, dato que fue oportunamente corroborado por los oficiales C. y S., sino que también hizo lo propio al llevarse a cabo el respectivo reconocimiento en rueda de personas. A su turno, el nombrado en segundo término dijo que lo había reconocido en un ochenta por ciento al verlo en una grabación de un programa periodístico.
Las afirmaciones efectuadas a los efectos de poner en duda tales reconocimientos resultan, cuanto menos, arbitrarias y carentes de todo sustento.
Asimismo surge como indicio de cargo las declaraciones de los efectivos C. y S., quienes fueron contestes en señalar que al volver a citar a M. para recibirle declaración, éste negó totalmente haberse encontrado esa mañana con J., ya que había estado en la sede de la empresa “C.”, situación que no encontró correlato con lo depuesto por los empleados de dicha firma, quienes recordaron haberlo visto por la tarde y no por la mañana. Es más, S. declaró que de las tareas desarrolladas pudo determinar que M. concurría en días específicos a las oficinas que “C.” poseía en las distintas localidades de la zona, y que al local de Santa Teresita se presentaba puntualmente los días jueves, coincidiendo precisamente con el día en que J. fue visto por última vez, circunstancia que no ha sido materia del debido análisis en la sentencia de trato.
Lo apuntado consiste en un dato relevante para quien esto suscribe ya que, conforme surge de la prueba reseñada, si se entiende que M. es precisamente aquella persona con quien J. se encontró y fue visto momentos antes de su desaparición, torna razonable el supuesto de vincular la presencia del incuso en el lugar con la ausencia de actos violentos sobre la víctima de autos, según lo puntualizaron los testigos presenciales de aquél encuentro, lo cual se condice con el estado en que fue hallado el vehículo Ford Fiesta propiedad del damnificado.
Por todo ello, considero que el haber ocultado dicha información a los preventores, en los albores de la investigación, ha impedido obtener datos fehacientes sobre el paradero de J., situación que aparece reñida con las conclusiones expuestas por el Tribunal de Juicio en el fallo citado. En lo que respecta al coencartado S. debo decir que tampoco comparto las conclusiones efectuadas por el “a quo”.
Más allá de las impresiones referidas por los testigos -familiares y allegados a la víctima-, quienes recordaron al encausado “frío” ante la noticia de la desaparición de J., y a las declaraciones efectuadas por éste, al dejar entrever que la policía lo iba a encontrar muerto, las acciones desplegadas por el nombrado no se condicen con aquella actitud negligente que le atribuyen los magistrados de grado.
Nótese que fueron varios los testigos que mencionaron que el sindicado junto con otro masculino, de apellido L., simularon ser, ya sea fiscales en un primer momento, empleados de una fiscalía después, y comenzaron a entrevistar a los vecinos que, por aquél entonces habían visto por última vez a J., pero lo cierto es que al momento de hacerse presente en la seccional de la D.D.I. de Dolores, éste siempre aportó pistas que resultaron infructíferas y que no se condecían con lo depuesto por aquellos testigos ni con las líneas de investigación trazadas por los preventores, siendo todo ello corroborado por C., S. y M.
Pero no es todo, la sentencia recurrida no hace referencia a los dichos de S., si este en definitiva se encontró esa mañana con M. en la sede de la empresa “C.”, dato que, como refiriera en los párrafos precedentes, no fue corroborado por ninguno de los empleados de dicha firma.
A todo ello llama la atención de quien esto suscribe lo depuesto por el testigo S., quien dijo haber visto un auto de las mismas características que aquél en el que circulaba S., en consonancia con lo que posteriormente declarara en sede policial y del Ministerio Público el testigo R., y que dicha circunstancia fue reconocida por S., quien oportunamente refirió haber abierto una línea investigativa contra el imputado.
Sumado a ello debo mencionar que del fallo criticado surge un interrogante, que los Juzgadores pasaron por alto. Repárese que de la simple lectura de las constancias que acompañan el presente recurso, la Sra. Z., dijo: “…Volvimos por 32, luego en la 2, bajo en la oficina de C. S. a contarle. Cuando entro estaba G. y C., les comento que D. no aparecía, mi corazón sintió que C. fue totalmente frío, solamente dijo: bueno, anda a tu casa, fijate si tenés una llave. Era tal la desesperación que tenía, salgo para casa, paso antes por la escuela, eran las cinco menos diez, mi hijo salía de la escuela. Encuentro a mi vecina y le encargo por mi hijo. En ese momento me llama G. la esposa de S,, diciéndome que si yo tenía una llave que la llevara, porque el auto había aparecido…”.
La esposa de la víctima de autos narra cronológicamente su encuentro con S., y así lo capta la sentencia cuestionada. Lo relevante de este pasaje es que: ¿cómo es posible que el acusado le indicara a la testigo que fuera a su domicilio a buscar las llaves de su auto, si para ese entonces nadie tenía noticias del paradero de J., ni mucho menos del rodado mencionado?.
Sentado está que luego que Z. se retira de las oficinas citadas, recibe el llamado de la esposa de éste diciéndole que el auto de su esposo había aparecido, reclamándole nuevamente por las llaves. Si esto es así, resulta evidente que S. tenía conocimiento antes que los allí presentes, no sólo del lugar donde se encontraba el rodado, sino que además iban a ser necesarias las llaves para poder encenderlo.
Lo dicho permite afirmar que el encausado para ese entonces sabía cual era la ubicación del rodado, las condiciones en las que se encontraba y que había tomado la decisión de moverlo del lugar en donde se hallaba, por lo que la actitud asumida por el nombrado con posterioridad a encontrarse con Z. consistente en solicitarle colaboración a E. G. S., para que éste transmitiera el aviso de búsqueda a través de la radio, aparece como una acción disimulada, tendiente a lograr distracción, y evitar de esa forma las posibles sospechas sobre su persona, y no como una intención efectiva de poder dar con el paradero de la víctima de autos.
En lo referente a las conductas endilgadas a I., L. y G. surgen los siguientes indicios de cargo.
En este sentido merecen ser meritadas las declaraciones de B. y G. Ambas relataron como M. les contó haberse encontrado con los imputados en el comercio denominado “M.”, y que éstos le indicaron que debía adjudicarse el homicidio de R. D. J., primero bajo la promesa de entregarle materiales de construcción, y luego mediante amenazas. Si bien es cierto que las mismas resultan aseveraciones indirectas de dichas circunstancias, no resulta lógico el camino argumental recogido por los sentenciantes, quienes sin cuestionar la credibilidad de dichos testimonios, optaron por descartar la imputación que pesa sobre los incusos, por el simple de hecho de no haber podido interrogar a M. durante la audiencia de debate.
Digo ello porque, si las nombradas fueron creíbles para los Juzgadores, no encontrando señales que los hicieron dudar sobre la verosimilitud e imparcialidad sus relatos, entiendo que esos dichos debieron ser valorados en consonancia con otras circunstancias, lo que torna atendibles los reclamos efectuados por los recurrentes.
Prueba de ello resulta el testimonio del oficial N., quien dio detalles sobre la carta incautada al momento de llevarse a cabo el allanamiento en la casa de M., misiva que había sido confeccionada por el nombrado, circunstancia que aparece vinculada a la prueba testimonial y documental que da cuenta del lugar locutorio donde éste efectuó el llamado adjudicándose el homicidio de J., todo lo cual aparece reforzado por la entrega de materiales provenientes de la Municipalidad del partido de la Costa tiempo antes de llevarse a cabo el allanamiento en el domicilio del nombrado, conforme lo refiriera la Sra. G., situación que no ha sido puesta en duda por los magistrados votantes en el fallo.
Puntualmente, respecto de G., debo agregar que aparecen vinculados los llamados telefónicos desde el celular de la esposa de V. hacia la empresa Construcciones R., propiedad del acusado, a pesar que dicho testigo negó haber mantenido contacto con el nombrado. Que esos llamados coinciden con la fecha en que V. le habría confesado a T. las irregularidades existentes en la morgue municipal, y que las mismas tuvieron algún tipo de vinculación con el objetivo de tratar de esconder el cuerpo sin vida de J. Asimismo, en lo que hace a la renuncia de G. como funcionario municipal, considero desacertadas las conclusiones efectuadas por el “a quo”. Es que, en base al instrumento público referido, si puede acreditarse que el nombrado abandonó sus funciones el 25 de octubre de 2001, sorprendentemente el mismo día en que J. fue visto por última vez en Santa Teresita, ello no implica sostener que pueda tenerse por probado que el mismo nunca más hubiese frecuentado aquél lugar, a los fines de negar la existencia de la conversación con B.
Los encuentros entre los sindicados no aparecen como improbables -y así lo expresó A. a los oficiales C. y S.- desde que el Tribunal dio por debidamente acreditada la estrecha vinculación que mantenían los imputados, en virtud de la actividad partidaria que desarrollaban, como así también de las diferentes funciones que desempeñaron en la gestión municipal del Dr. G. M.
Finalmente en lo que respecta del delito de falso testimonio enrostrado a A., entiendo que el hecho de no haber tenido implicancia durante la etapa investigativa desarrollada por los preventores en un primer momento, como el grado de sospecha adquirido por el Fiscal y el Juez de Garantías, elevando a juicio la presente causa, en nada obstaculiza la construcción de una imputación de esta naturaleza, toda vez que el tipo contenido en el artículo 275 del Código Penal, no requiere dentro de su estructura, la configuración o confirmación de tales presupuestos fácticos. Sumado a ello debo agregar que, basta la confirmación de la falsedad total o parcial en el decir del testigo, y dicha infracción puede ser corroborada mediante todos los medios probatorios de los que se vale el proceso penal.
Así es que, si el Tribunal no descreyó de la versión aportada por C. y S., al llevarse a cabo el careo respectivo donde A. afirmó una falsedad, o negó o cayó la verdad ante la autoridad competente, se tiene por configurado el ilícito de trato, sin que sea necesaria la constatación de ningún otro elemento como lo sostiene el “a quo”.
Junto a lo depuesto por los uniformados deben meritarse los dichos de C. R. y É. del P., quienes refirieron mantener sendas relaciones sentimentales con A., aunque en distintos momentos. Ambas hicieron referencia de haber escuchado algún tipo de extorsión por parte del sindicado hacia la persona de J. G., que había sido su empleador, haciendo las veces de chofer y custodio, y que la nombrada en segundo término, confirmó el hecho que lo había visto recibiendo dinero de G., llegando incluso a tener cheques en su poder, a pesar que no poseía ninguna actividad a través de la cual los pudiera recibir.
Todas estas circunstancias hacen impensado que lo depuesto por C. y S. haya sido inventado por éstos.
A partir de lo expuesto, resulta en mi criterio claro que las conclusiones a las que arribara oportunamente el “a quo” reposan en una fundamentación aparente, que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Los fallos judiciales deben señalar cuáles han sido las fuentes que han formado convicción en el juzgador a efectos que dicha decisión pueda ser revisada, y se impondrá la revocación del pronunciamiento recurrido cuando el mismo evidencie una notoria irrazonabilidad de la mencionada convicción, y ello sucederá cuando exista una fragmentaria e incompleta valoración de las pruebas adquiridas en el proceso que vicien la logicidad del fallo y exhiban una errónea aplicación de la ley. Es decir que, es posible que aquellas conclusiones sean revisadas en esta instancia casatoria si se advierte que el razonamiento empleado es lógicamente incorrecto, y las conclusiones que se extraigan sean contrarias a los principios que gobiernan el recto pensamiento humano, de la experiencia o de los conocimientos científicos.
Nuestra jurisprudencia ha dicho que: “…La competencia de esta cámara sólo está circunscripta al control de validez de la prueba producida (legitimidad), si las conclusiones son coherentes con ella y responden al recto entendimiento humano (logicidad), y si la sustentación así construida es expresa, clara, completa y cumple con la exigencia de motivar observando el inexorable encadenamiento lógico, que obviamente no rebase los límites impuestos por la sana crítica, y que incluso descarte toda fundamentación que como tal pueda resultar aparente y que en definitiva y en realidad no exista por su manifiesta irrazonabilidad…” (Conf. CNCas Penal, Sala III, rta. 31/03/99, del voto del Dr. Riggi).
“…En las cuestiones de pruebas excepcionalmente la Corte justifica su intervención, cuando en el fallo se han considerado en forma fragmentaria y aislada los elementos de juicio –indicios y presunciones-, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, en especial cuando se ha prescindido de la visión de conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios…” (CNCas. Penal, sala I, rta. 18/03/97). Es que, al resolver como lo hicieron, los magistrados votantes procedieron a realizar un análisis de los hechos como si se trataran de distintos compartimentos estancos, sin que exista conexión entre los mismos, desentendiéndose que se está frente a un hecho complejo, con características y dinámica propia.
La solución final a la que arribe un sentenciante debe ser la conclusión como consecuencia de la apreciación de los elementos del proceso en su conjunto, y no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso. O sea que dicha mecánica requiere de dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya.
Así, del análisis del resolutorio no puede reconstruirse racional y legalmente el pensamiento del judicante, apareciendo su decisión revestida de una fundamentación meramente aparente, no pudiéndose recrear el juicio de valor que implica una resolución de mérito, el que imperativamente debe canalizarse por los estándares legales que rigen la cuestión, y la consecuencia de ello es la declaración de nulidad del decisorio (En este mismo sentido CNFed.CCorr., sala II, rta. 10/11/98).
Propongo entonces que, en consonancia con lo dispuesto en el art. 461 del C.P.P., siendo necesaria la celebración de un nuevo debate, se anule el veredicto en su totalidad, y se reenvíe el presente a la instancia de origen, para que, debidamente integrada proceda con la premura que el caso amerita, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1, 106, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 453, 461, 530, 531, 532 y concs. del C.P.P.). Voto, en consecuencia, por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo: Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1) declarar procedentes los recursos de casación deducidos y, en consecuencia, anular el veredicto absolutorio respecto de la totalidad de los acusados en el marco de la causa n° 717/3523 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Dolores y reenviar el presente legajo a la instancia de origen, para que, debidamente integrada, proceda a la celebración de un nuevo debate, con la premura que el caso amerita, sin costas en esta instancia (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. Pcial.; 1, 106, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 453, 461, 530, 531, 532 y concs. del C.P.P.); 2) regular los honorarios profesionales a la letrada interviniente, doctora Marta Luján Esponda (T°II, F° 165, C.A.D.), por la labor profesional desplegada en esta sede, en la suma del 20 por ciento de lo regulado en la instancia, con más los aportes de ley (Artículos 171 de la Constitución provincial; 1, 9, 16, , 31, 33 y 51 de la Ley N°8904; 1 y 12 inciso a) de la Ley N° 8455 y artículo 534 del Código Procesal Penal –ley 11.922- debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de la Ley N° 6716) y; 3) tener presentes las reservas del caso federal impetradas (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar procedentes los recursos de casación deducidos y, en consecuencia, anular el veredicto absolutorio respecto de la totalidad de los acusados en el marco de la causa n° 717/3523 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Dolores y reenviar el presente legajo a la instancia de origen, para que, debidamente integrada, proceda a la celebración de un nuevo debate, con la premura que el caso amerita, sin costas en esta instancia.
Arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. Pcial.; 1, 106, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 453, 461, 530, 531, 532 y concs. del C.P.P..
II. Regular los honorarios profesionales a la letrada interviniente, doctora Marta Luján Esponda (T°II, F° 165, C.A.D.), por la labor profesional desplegada en esta sede, en la suma del 20 por ciento de lo regulado en la instancia, con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución provincial; 1, 9, 16, , 31, 33 y 51 de la Ley N°8904; 1 y 12 inciso a) de la Ley N° 8455 y artículo 534 del Código Procesal Penal –ley 11.922- debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de la Ley N° 6716.
III. Tener presentes las reservas del caso federal impetradas en los términos del art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Cúmplase y, oportunamente, devuélvase.
FDO.: MARIO EDUARDO KOHAN - CARLOS ÁNGEL NATIELLO
ANTE MÍ: Olivia Otharán
Fin de la sentencia