Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.150 FOLIO Nº 081/084 PROT. ELECT. JR101 297I.261
Río Gallegos, 30 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada: “C.L.E. S/ DAÑO, HURTO DE AUTOMOTOR Y LESIONES”, Expte. Nº 89.576/24 - Apelación/Causa JR Nº 10.233/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 136/144 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, Dr. G.G., quien ordenó en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.E.C., en orden al delito de “Lesiones Graves Agravadas por su comisión en el contexto de la relación de pareja que mantenía con la damnificada y mediando violencia de género, Amenazas (DOS HECHOS), Violación de Domicilio, Robo y Daño (DOS HECHOS), todo ello en concurso real”, (arts. 55, 90 y 92 en función del art. 80 incs. 1° y 11°, 149 bis, 150, 164 y 183 del Código Penal de la Nación) y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000).- Que a fs. 148/151, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 170 sostuvo el recurso (cód. validación 79c122fc) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.- Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que la recurrente consideró que el resolutorio recaído en autos no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando tendencioso y arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.- a) ESTADO DE INCONSCIENCIA - INIMPUTABILIDAD: hizo alusión a la duda que emerge del presente sumario respecto de la imputabilidad del Sr. C. al momento de acaecer los hechos de los cuales es acusado; entendiendo que su asistido, por el consumo crónico y habitual de sustancias prohibidas como así también de alcohol, no se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de los hechos que se le reprochan o de dirigir sus acciones.-
Mencionó que la intoxicación por consumo problemático implica una perturbación extensa del sistema nervioso superior y una fugacidad en la alteración del sensorio, pudiendo causar trastornos mentales de mayor o menor intensidad, o incluso incapacidad de comprender y determinarse.-
Señaló que no se realizó en ninguna de las dos oportunidades denunciadas, ningún análisis de sangre y/o revisión médica en la que se pudiera constatar que el Sr. C. evidentemente estaba en situación de abstinencia al momento de los hechos.- b) Del contenido de las declaraciones: continuó con su exposición aduciendo que las situaciones denunciadas -dos- demuestran a una persona adicta, sin tratamiento, que cuando no puede acceder a las sustancias se puede desbordar sin llegar a comprender ni dirigir sus acciones.- Refirió que la falta de consumo -cuando la misma es de larga data-, provoca cambios severos físicos y psicológicos como ser ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, agresividad, intenso deseo de consumir; por lo que frente a las conductas descriptas y los antecedentes aportados por la denunciante, dan cuenta de una persona que no es capaz de autocontrolarse.-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura; transcribió el art. 34 inc. 1° del CPN.- Solicitó la revocación del resolutorio y por ende, que se dicte el sobreseimiento del imputado.-
Pues bien, dando respuesta a lo planteado, adelantamos, no obtendrá favorable acogida.-
En primer término, es criterio constante e invariable de este Juzgado de Recursos que la inimputabilidad prevista en el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal no se presume; por el contrario, su consideración guarda un carácter estrictamente excepcional, siendo una eximente cuya acreditación en el caso concreto resulta indispensable.-
En esta dirección, nos hemos pronunciado recientemente en los autos caratulares: “A.C. S/ Amenazas Calificadas” (Expte. Nº 77589/24 - Apelación Nº 9512/25) y “L.L. S/ Tentativa de Robo Calificado” (Expte. Nº 30069/24 - Apelación/Causa JR Nº 9554/25), oportunidad en la que señalamos que la alegación de un estado de intoxicación no reviste de por sí carácter exculpatorio si no se halla debidamente probada la afectación absoluta de las facultades cognoscitivas.-
En segundo término, cabe recordar que nuestra legislación sustantiva no contempla la figura de la llamada "imputabilidad disminuida" o "semi-imputabilidad" como causa de exculpación. Para que opere el precepto exculpatorio del digesto penal, debe verificarse una verdadera y absoluta imposibilidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir las acciones al momento de la comisión del ilícito (Criterio seguido en Apelación N° 9957/25).-
Bajo este lineamiento, la jurisprudencia nacional de alzada sostiene pacíficamente que "...el imputable disminuido o semi-imputable es penalmente responsable mientras no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia..." (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 2º, 30/4/1985, en autos “G., R.H.”).- En tercer término, la mera acreditación o presunción de la ingesta previa de alcohol o sustancias estupefacientes resulta manifiestamente insuficiente para hacer aplicable la norma exculpatoria del artículo 34 de la ley de fondo.-
No basta con demostrar que el sujeto se encontraba bajo los efectos de tales sustancias, sino que es menester que dicho consumo haya provocado un cuadro de tal magnitud que anulara por completo su discernimiento.-
Contrariamente a la tesis defensiva, la actitud asumida por el encartado en los momentos concomitantes y posteriores al hecho —tales como mandar mensajes por whatsapp, o bien huir del lugar del suceso conduciendo el automóvil de la víctima, habiéndole previamente sacado las llaves del mismo a la ex pareja— resulta de plano incompatible con un estado de inconsciencia o psicosis.-
Al respecto, destacada jurisprudencia nacional enseña que: "...Si, pese a la intoxicación bajo la que se encontraba, el sujeto activo mantuvo un comportamiento adecuado al manejo de las relaciones causales necesarias para el logro de los fines delictivos y de su posterior impunidad... la inconsciencia alegada no era de grado suficiente como para conformar un estado de inimputabilidad..." (C. Nac. Crim. y Corr., Sala de feria, 21/11/1999, “Arco González, Edgardo”).- Finalmente, es oportuno recordar a la recurrente que el auto de procesamiento no exige el grado de certeza apodíctica propio de una sentencia condenatoria, sino que se asienta sobre un juicio de probabilidad positiva respecto de la materialidad del hecho y de la participación del encausado.-
Conforme sostiene el célebre procesalista Clariá Olmedo, J.A., ("Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, Pág. 612): "...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...". El mismo autor al respecto señaló: “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...” (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).-
Toda vez que en esta embrionaria etapa del proceso "basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción", los elementos objetivos de cargo reunidos en el sumario resultan plenamente bastantes para confirmar el procesamiento dictado por el juez de grado subrogante.- II) EMBARGO: la defensa se agravió que de las constancias del auto de procesamiento recurrido, no surge que el A Quo subrogante haya explicado los fundamentos de la medida cautelar ordenada; requiriendo la nulidad de la misma.-
Que, en relación al agravio esgrimido por la defensa técnica en el cual se postula la nulidad del auto de procesamiento por la supuesta falta de fundamentación de la medida cautelar dispuesta por el a quo subrogante, adelantamos que el planteo no tendrá favorable acogida.- En primer término, es criterio constante e invariable de esta Alzada que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva, debiendo declararse la sanción de nulidad únicamente cuando el vicio afecte de manera real un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.-
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que las nulidades por vicios formales exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia efectiva sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho de raigambre constitucional.-
De lo contrario, se caería en un ritualismo inaceptable en desmedro de la pronta solución de las causas y del servicio de justicia, respondiendo a un "formalismo vacío".-
Bajo esta línea, se tiene dicho que: “Las nulidades no deben ser declaradas si el vicio no ha impedido lograr la finalidad del acto y si no media interés jurídico de reparar, de acuerdo a los principios de conservación y de trascendencia, ante los cuales aquéllas siempre ceden” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; L. A., S.; 18/04/2002; Cita: TR LALEY 20030016) (Criterio seguido en Apelaciones Nos. 10022/26; 10142/26; entre otras).- En segundo término, con relación a la alegada falta de motivación de la medida, cabe recordar que: "La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…" (Ferrajoli, Luigi; "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal"; Ed. Trotta; pág. 378).- Sin embargo, el auto de procesamiento es un pronunciamiento de carácter eminentemente provisional y mutable que no causa estado, limitándose por ley a exigir un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho y la participación del imputado.- En tal dirección, la doctrina de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales no tiene por objeto corregir decisiones que la parte estime equivocadas según su discrepancia subjetiva, sino que atiende de manera exclusiva a aquellos supuestos donde se verifique una absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento palmario de la ley (Fallos: 293:344, 274:462, entre otros) (Criterio adoptado en Apelaciones Nos. 10015/26; 10087/26).-
En particular, si la medida cautelar ordenada se trata de una restricción de carácter patrimonial (embargo), el artículo 499 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, establece con carácter obligatorio que el Magistrado debe decretar el embargo de bienes del imputado al momento de dictar el auto de procesamiento.-
En tal sentido, en concordancia con lo sostenido por otros tribunales en relación al monto de la medida, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
En consecuencia, al advertirse que la resolución cuestionada cuenta con fundamentos jurídicos mínimos y suficientes que exteriorizan de manera adecuada el iter lógico del juzgador, la presentación defensiva se reduce a una mera disconformidad con el criterio adoptado por la instrucción, lo que obliga a desestimar el planteo de nulidad articulado y confirmar la resolución de origen en todos sus términos (Mismo criterio seguido en la Apelación N° 10008/26).-
III. Observación: Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, se recomienda al Juzgado instructor -que más allá de la acumulación de las actuaciones en un solo expediente-, de estricto cumplimiento a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción (Arts. 197º y ccss. del CPP), a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes (tal como es advertido a fs. 81 desde el 07 de noviembre de 2023 -certificación de causas- al 09 de abril de 2024, en donde se ordenaron medidas; fs. 93 con fecha 03 de julio de 2024 al 05 de septiembre de 2024 -fs. 94-; fs. 107 con fecha 16 de octubre de 2024 al 17 de febrero de 2025 -fs. 108-; fs. 124 se recepcionó exhorto proveniente de la localidad de Las Heras en fecha 22 de abril de 2025 al 19 de agosto que se proveyó conforme surge de fs. 124; fs. 131/132 y vta. luce acta de declaración indagatoria al imputado en fecha 10 de septiembre de 2025, habiéndose pasado a despacho para Resolver el día 17 de septiembre de 2025 -fs. 134- y se resolvió la situación procesal del Sr. L.E.C. con fecha 11 de mayo de 2026; con la consecuente restricción de acceso a la justicia; más allá, que tampoco hubo movimiento procesal por parte de los Ministerios Públicos intervinientes.-
La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado Instructor extreme los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 136/144 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER al Juzgado Instructor lo referido en el punto III) de los Considerandos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia