Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. a fs. 193/202 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.263 FOLIO Nº 025/027 PROT. ELECT. JR101 411I.261
Río Gallegos, 16 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: “A.L.E. S/ DENUNCIA” Expte. Nº 8434/23), Apelación Nº 10314/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 193/202 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Conjueza del Juzgado en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de I.R.S.M., en orden al delito de “abuso sexual simple” (art. 119 primer párrafo del Código Penal), y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Que a fs. 215/220, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 234 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en líneas generales, la defensa entiende que el hecho por el que se procesó a su asistido es inexistente, así como sostiene que la prueba se valoró erróneamente.
En particular, por la profesión del imputado (médico) y las características del hecho, lo considera inverosímil, pues señala que los testigos (dos administrativos y dos pacientes) no observaron la conducta de su pupilo. Asegura que lo resuelto carece de razonabilidad y elementos probatorios que lo respalden, dado que no valora que la víctima declaró no haber tenido problemas previos con su representado y atendía a sus hijos. Advierte subjetividad por parte de la jueza en la valoración de las pruebas (testimonios del marido de la damnificada y la Sra. L.M.), y pone de resalto la inexistencia de antecedentes del imputado.
Cuestiona que en la pericia psicológica practicada a la víctima no se hubiera indagado sobre los hechos que habrían dado inicio a los conflictos de tipo sexual que tendría la denunciante. Al respecto, explica que no puede inferirse por sí mismo que ellos deriven del hecho investigado. Destaca que, tal como surge de las testimoniales y la historia clínica, la pretensa víctima ya se encontraba afectada por graves problemas de salud previo al hecho investigado.
Del mismo modo, reprocha la valoración de los dichos de los cuatro testigos imparciales que afirman no haber presenciado disturbios, discusión o conducta deshonesta. En suma, la agravia que se justifique el procesamiento sólo con la declaración de la víctima, la cual a su criterio deviene contradictoria, imprecisa, incongruente y confusa. Por su parte, considera que no se encuentra probado el aspecto subjetivo de la figura penal, e insiste en que la conducta de su pupilo no revela ánimo lascivo, con deseo de realizar algo impúdico u ofensivo.
Señala que frente a la orfandad probatoria, debe estarse al in dubio pro reo y presunción de inocencia.
Cuestiona el monto de embargo establecido, por considerarlo excesivo y desproporcionado, y hace saber que el encartado no lo puede afrontar.
Por último, pide el sobreseimiento de su asistido.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Pues bien, inicialmente debemos rechazar el primer planteo vinculado a la inexistencia del hecho y la credibilidad del testimonio de la víctima.
Al respecto, esta Alzada ha sostenido de manera pacífica e invariable que los delitos de índole sexual se consuman habitualmente en un marco de privacidad e intimidad que conspira contra la existencia de testigos presenciales directos (Apelación Nº 9294/25). Es por ello que, ante la inexistencia de terceros ajenos en el momento del suceso, el testimonio de la víctima cobra un valor convictivo fundamental y de preferente ponderación, sin que ello implique una flexibilización de las garantías constitucionales del debido proceso.
La firme acusación de la víctima posee en el caso la entidad suficiente para enervar provisionalmente la presunción de inocencia, ya que su relato se presenta claro, veraz, coherente y sostenido en el tiempo. Además, de adverso a lo postulado por la recurrente, el procesamiento no reposa sobre un testimonio único y aislado, sino en un robusto conglomerado probatorio indiciario. Se incorporaron como valiosas pruebas de cargo las declaraciones de quienes tomaron conocimiento indirecto de los hechos de manera inmediata: el cónyuge de la damnificada D.A.C.N., quien atestiguó haber percibido el estado de profunda angustia y desborde emocional de su esposa inmediatamente después del incidente (fs. 35/36). Asimismo, resulta de trascendente relevancia el testimonio de la Sra. L.V.M., quien depuso en autos describiendo haber sufrido un abordaje de similares características e idéntico modus operandi por parte de I.R.S.M. en el mismo espacio funcional (fs. 43/43 vta.). Los dichos de las personas que recepcionan las confidencias o vivencian comportamientos análogos del imputado actúan como sólidos indicios de sinceridad y persistencia que complementan de forma integral el relato de la víctima.
Tampoco homologaremos el agravio relativo a los testigos que manifestaron no haber presenciado discusiones o conductas deshonestas, así como el vinculado a la ausencia de antecedentes penales del imputado.
En primer lugar, la ausencia de ellos no actúa como factor desincriminante ni posee entidad suficiente para neutralizar las graves evidencias de cargo acumuladas en el legajo. En segundo término, el hecho de que personal administrativo o pacientes en tránsito no hayan percibido disturbios o discusiones en el momento del hecho en nada empaña la materialidad del injusto. El sigilo, la sorpresa y la manipulación de las circunstancias de tiempo y espacio para eludir la mirada de terceros son notas características del obrar del ofensor sexual. Por consiguiente, la mera discordancia pasiva de los testigos que "nada vieron" resulta inidónea para controvertir la concordancia activa de las pruebas de cargo.
En cuanto a que la pericia psicológica no indagara sobre las verdaderas causas de sus conflictos psicosexuales previos, alegando que de su historia clínica surge que padecía graves afecciones de salud anteriores al hecho investigado, corresponde precisar que la función de la experticia en la etapa instructoria no radica en probar de manera directa la ocurrencia histórica y física del suceso –misión exclusiva del juzgador-, sino en analizar la estructura clínica del relato para descartar fabulaciones, verificar su fiabilidad narrativa y evaluar el impacto psicotraumático en la personalidad evaluada. En esta dirección, el informe glosado a fs. 55/56 vta. señaló que la capacidad de fabulación de la víctima no se encuentra alterada y su testimonio posee indicadores de coherencia.
La existencia de problemas de salud previos o vulnerabilidades clínicas preexistentes en la damnificada no puede de ningún modo diluir la relevancia penal de la conducta atribuida a I.R.S.M. Por el contrario, conforme a los estándares de las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad" y la Ley Nacional 26.485, las personas que presenten estados de afección o vulnerabilidad física y mental son acreedoras de una tutela judicial reforzada, debiendo analizarse el acontecimiento sufrido con una rigurosa perspectiva de género y derechos humanos.
Respecto a la falta de acreditación del aspecto subjetivo de la figura penal y que la conducta de su asistido no revela dolo ni ánimo lascivo o impúdico, cabe señalar que en el delito de Abuso Sexual Simple (art. 119, primer párrafo del Código Penal) el aspecto subjetivo se configura con el conocimiento y la voluntad libre de llevar a cabo actos de significación sexual sobre el cuerpo de la víctima sin su consentimiento, invadiendo su esfera de autodeterminación. El denominado "ánimo lascivo" no requiere de una prolongada demostración subjetiva, sino que se infiere de la propia materialidad y fisonomía inequívocamente sexual del tocamiento, manoseo o acometimiento corporal no consentido realizado, el cual agrede la integridad psicofísica de la persona ofendida y atentan contra su reserva íntima.
Asimismo, yerra la defensa al señalar que se deba aplicar el principio in dubio pro reo y dictar el sobreseimiento definitivo de su pupilo.
En efecto, en esta liminar etapa del proceso, el dictado de un auto de procesamiento no requiere de la certeza absoluta indispensable para una condena, sino que se satisface con un juicio de probabilidad positiva acerca de la existencia del hecho y de la participación penal del procesado en él. El procesamiento es una resolución provisional orientada a habilitar la etapa de juicio oral donde las partes debatirán con máxima amplitud probatoria. El principio de base constitucional in dubio pro reo consagra que la duda beneficia al reo en la instancia de la sentencia definitiva, pero no resulta aplicable en la instrucción para impedir la continuación de la investigación cuando concurre un cuadro cargoso de marcada probabilidad, tal como se verifica en las presentes actuaciones. (véase Apelación Nº 9398/25). Finalmente, tampoco tendrá acogida favorable el agravio referido al embargo.
Es que, de conformidad con lo establecido de manera imperativa en el art. 499 del CPP, al dictarse el procesamiento, el magistrado debe ordenar obligatoriamente el embargo de bienes del encartado. Dicha medida cautelar patrimonial posee como exclusiva finalidad legal garantizar de forma eventual la pena pecuniaria, la indemnización civil de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho delictivo y las costas procesales.
Por consiguiente, es criterio de esta Alzada que la cuantificación del embargo debe ajustarse estrictamente a la entidad del daño provocado por el delito imputado y los gastos previsibles del proceso, deviniendo completamente irrelevante para su determinación la situación económica del procesado o su falta de recursos. La suma fijada no luce desproporcionada ni arbitraria atendiendo a la gravedad del injusto, a la necesidad de resarcir el daño psicológico proyectado y a los actuales índices económicos e inflacionarios del foro judicial, debiendo confirmarse en todos sus términos.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. a fs. 193/202 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
DR. EDUARDO GABRIEL LÓPEZ JUEZ SUBROGANTE
Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial ANTE MÍ:
(PB)
Dra. ADRIANA I. GEYER SECRETARIA Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial
Fin de la sentencia