Abriendo la norma
TOMO CXXXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8496 FOLIO Nº 167/170 PROT. ELECT. JR101112I.242
Río Gallegos, 14 de marzo de 2024.-
La presente causa caratulada "K.C.A. S/ DESOBEDIENCIA", Expte. Nro. K-71666/21 - Apelación Nro. 8143/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 47/50 obra glosado el auto dictado por la otrora Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de esta ciudad, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de C.A.K., en orden al delito de “DESOBEDIENCIA” (art. 239 del Código Penal).-
Que a fs. 53/55, la Dra. M.B., defensa técnica particular del imputado, apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 60 y no habiendo presentado el memorial de agravios, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que se agravió la recurrente indicando que ya la Ley de violencia familiar 2466 ya dispone de sanciones en caso de incumplimiento a las medidas de restricción impuestas, siendo ello tema de derecho de familia y no de derecho penal, por lo que no correspondería el presente procesamiento.-
Argumentó, que el derecho penal no es el único instrumento sancionatorio del ordenamiento jurídico pero sí el que más violencia ejerce y por ello debe ser utilizado con cautela. Esta rama del derecho posee carácter fragmentario y se refiere a las conductas más graves contra los bienes jurídicos más importantes.-
Entendió, que efectuando una interpretación razonable debe aplicarse en primer término los lineamientos de la Ley de Violencia Familiar ante el incumplimiento de las medidas dispuestas por el Juez de Familia, para luego sí llegar a la intervención de la justicia penal.-
Indicó -a su modo de ver-, que el presunto hecho que se le endilga a su defendido resultaría atípico.-
Puso de manifiesto, que el a quo tiene por probada la materialidad del ilícito en base únicamente a los dichos de la denunciante en sede policial surgiendo serias contradicciones y diversas suposiciones, en cuanto la damnificada no realiza relato preciso sino que procede a indicar que mientras ella se encontraba en el interior de su rodado, uno de los obreros que estaba en su terreno la habría alertado que presuntamente el Sr. K. estaba rondando en lugar en "su vehículo particular camioneta Chevrolet C10, color blanca, no recuerdo dominio" (textual).- Cuestionó el testimonio del Sr. C.; además, mencionó que no se acreditó de forma fehaciente que su defendido conduzca o sea titular de una camioneta blanca; menos claro resulta la fotografía anexada a fs. 06.-
Señaló, que de los considerandos se desprende que la acusación es en base de indicios de la denunciante, quien sin mayores elementos probatorios -únicamente una fotografía borrosa- procede a acusar al Sr. K. de haber incumplido las medidas de restricción impuestas, sin perjuicio que el único testigo no conoce al denunciado ni mucho menos lo visualizó fuera del rodado procediendo únicamente a repetir lo que le dijo la Sra. S..- Adujo -su percepción-, que el auto impugnado constituye un pronunciamiento que se encuentra fundamentado en la reproducción de los incongruentes dichos de la denunciante, sin un real análisis integral.-
Solicitó que se revoque el resolutorio apelado en todas sus partes.-
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
1. Esta Alzada debe limitar su entendimiento a los puntos concretos de agravios explicitados por el apelante, analizando la resolución puesta en crisis a la luz de los elementos con los que se contaba en la causa al momento del interlocutorio recurrido, no pudiendo incorporarse a la evaluación nuevos aspectos agregados con posterioridad que no fueron tenidos en cuenta por la Instrucción para expedirse por el procesamiento dictado.- En este aspecto, tomando atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios planteados por el recurrente y teniendo en consideración las probanzas agregadas hasta el momento, considero que los elementos probatorios reunidos resultan ser suficientes para atravesar esta etapa procesal, razón por la que adelanto desde ya que confirmaré el auto de procesamiento decretado a K. -toda vez que el hecho que se le enrostrara constituye el delito de "Desobediencia"-, a tenor de las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente expondré.- En primer término, debo decir que el auto de procesamiento se encuentra debidamente motivado, habiendo la Sra. Jueza de grado analizado la totalidad de las probanzas colectadas, y que le permitió arribar a un provisorio juicio de valor -de tipo incriminante- en lo que se refiere a tener por acreditado el ilícito endilgado y la responsabilidad penal que prima facie tendría el imputado K..-
De esa manera se dio debido cumplimiento a las normas reguladas en los Arts. 115 y 116 del C.P.P., además el auto apelado cumple con los requisitos estipulados en los Arts. 289 y 291 del C.P.P., en cuanto a la forma y el contenido que debe tener un procesamiento. Dicho auto contiene la valoración de la prueba recabada conforme las reglas de la sana crítica racional, la explicación de cómo se arribó a dicho juicio de valor y la razón de la aplicación de la norma de fondo.- El Art. 116 del CPP impone a los Jueces -bajo pena de nulidad- el deber de motivar sus resoluciones (sentencias o autos).-
La CSJN dice que las resoluciones judiciales deben siempre constituir: “la derivación razonada del derecho y de los hechos de la causa”, cuando ello suceda (cuando presente una adecuada derivación de las premisas a la conclusión), dicha resolución será “justificada”, cuando ello no ocurra en cambio, será “arbitraria”; lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “… ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común…” (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132). - En tal sentido, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…”. (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- Pues bien, trasladado el concepto a nuestro caso, la Jueza motivó sobradamente su decisión, describiendo en cada caso la prueba que obra en contra del encartado; siendo el auto de procesamiento producto de la prueba reunida en el curso de la investigación.-
Por ello, lo planteado por la defensa al respecto, no prosperará.-
2. En relación al planteo acerca de la tipificación del delito de desobediencia, cabe poner de resalto que, el último párrafo del art. 32 de la Ley Nacional Nº 26.485, establece claramente que: "...cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal…".-
Esta Alzada ya ha tenido oportunidad de expedirse respecto de la tipicidad penal de la conducta en análisis en casos similares, v. gr. en la Apelación Nº 4371/13, Apelación Nº 6307/19, Apelación Nº 6379/19 y Nº 6642/20, dejando asentado que: “...el tema en discusión concretamente se centra en determinar si esa conducta (incumplimiento y/o desobediencia a la orden dada por un Juez de Familia en cumplimiento de sus funciones) configura el ilícito previsto en el Art. 239 del Código de fondo o si esa conducta configura una infracción -no de tipo penal- que tiene una sanción específica dentro de todo el espectro jurisdiccional (y si, en este caso, existiría una doble sanción). Adelanto desde ya que considero que el accionar de... configura el tipo penal en examen...”.- Compartimos el criterio mayoritario sostenido por la jurisprudencia provincial, en el sentido que: “...la desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en casos de violencia familiar y bajo la normativa (ley 9283 -Provincia de Córdoba-) encuadran bajo la figura penal del delito de desobediencia a la autoridad (art. 239, CP), pues existe un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición, cuyo incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido -el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intrafamiliar-, máxime cuando estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que éstas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima...”.
(Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”).- También cabe mencionar aquí que: “...la doctrina enseña que para que se configure el tipo previsto en el Art. 239 del Código Penal, la orden impartida por la autoridad no debe tener prevista una sanción especial (como sería el caso de que se incumpliera algunas de las medidas que el Juez penal pudiera imponer en el caso del dictado del procesamiento sin prisión preventiva, conf. Art. 293 del C.P.P. como condición para el mantenimiento de la libertad), sin que a tal efecto sean útiles medidas de índole general que no tengan una clara tipicidad sancionadora o que sólo posean carácter preventivo o persigan la finalidad de hacer cesar la infracción.
Tal situación difiere sustancialmente de aquellos casos en los que se configura desobediencia a las órdenes de restricción. En las últimas “...no se trata de meros incumplimientos de mandatos dispuestos para regular aspectos de la vida privada, dado que la violencia intrafamiliar expone una problemática que reviste trascendencia social y así fue receptado por la ley en cuanto establece que la misma es de orden público (...) Esta trascendencia es la que hace que se vea afectado el bien jurídico protegido por la norma penal en cuestión cuando se incumplen estas órdenes de restricción, ya que dicha conducta incumplidora implica un menoscabo de la función judicial, en su compromiso institucional por minimizar y erradicar la violencia en los ámbitos familiares (...) El normal desenvolvimiento de la administración se vería comprometido si las órdenes impartidas por los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente.
Se protege, de tal modo, la irrefragabilidad de los mandatos legítimos de la autoridad...”. (Autos caratulados: “S.U.L. S/ Desobediencia, Amenazas y Lesiones Leves”, Expte. Nº S-76.511/18 – Apelación JR Nº 6307/19, conf. Donna, citado en el artículo “Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Tres tipos penales parecidos” por Sandro F. Abraldes en el libro “Revista de Derecho Penal 2004-1. Delitos contra la Administración Pública-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 66).- En este mismo sentido otros juzgados tienen dicho que: “…La orden judicial de prohibición de acercamiento y/o comunicación del imputado con la denunciante satisface los requerimientos tradicionalmente fijados por la doctrina para adecuar en abstracto al delito de desobediencia previsto en el art.239 del Código Penal…”.
(Cita online: LALEY AR/JUR/47309/2013).-
Es en atención a todo lo arriba expresado, que considero que el incumplimiento reprochado a C.A.K., a la medida preventiva emanada por el Juez de Familia en el marco de actuaciones por violencia familiar (o abordaje intrafamiliar) configuran la tipicidad del delito del art. 239 del Código Penal, no existiendo otras sanciones específicas para dicha conducta, razón por la que es típica de `desobediencia´ que se le atribuye al nombrado.- En adición a lo antes dicho y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del delito de `desobediencia´ y a los sujetos `activo y pasivo´ del mismo -orden dada por un Magistrado en el ejercicio legítimo de su función y que debe ser cumplida por otro sujeto (pasivo)-, se aprecia la relación bilateral existente entre `quien manda´ y `al que se manda´, lo que se vislumbra en las actuaciones, es justamente la intención de desobedecer la orden impuesta por el Juez.- Es por ello que entiendo que, aun con las limitaciones propias del caso, en el que resulta dificultoso reunir prueba a fin de acreditar el acaecimiento del ilícito, la instrucción logró –no sólo obtener elementos suficientes para el dictado del pronunciamiento-, sino que la prueba colectada fue valorada –a mi criterio- acertadamente por la Magistrada, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba.- Por consiguiente, el planteo formulado por el recurrente en este punto queda descartado.-
3. Por su parte, en cuanto al punto relativo a la suficiencia de las pruebas para arribar a su dictado, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser aquellas capaces de orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.-
Así, considero que el testimonio de la víctima no es el único elemento que acreditaría el ilícito, teniendo en cuenta que el resolutorio en crisis se encuentra fundamentado además con la declaración testimonial de J.P.C. y las actuaciones de familia, el acta de notificación de las medidas, elementos que también brindan credibilidad a los dichos de ésta. Se hace hincapié en que las pruebas mencionadas son plenamente coincidentes.- Dentro de esta misma línea argumental, y en lo que se refiere a los testimonios prestados, debo recordar aquí que con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, esta Alzada tuvo ocasión de expresarse en anteriores pronunciamientos. En dicha oportunidad se indicó que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.- Que por otro lado, en la presente investigación tampoco se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P..-
Del mismo modo, no podemos eludir que del contenido de estos autos, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.-
Se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). Y en este sentido, la Jueza de Instrucción con los elementos probatorios aunados a la causa ha logrado tener por acreditada con el grado de probabilidad requerido por instancia, la materialidad del hecho enrostrado y la responsabilidad que en él le cabe a K., procesándolo por el delito de "Desobediencia".- Es por todo lo dicho supra que confirmaré, por ser justo, el auto dictado por la Magistrada, en cuanto ha sido motivo concreto de agravio y en cuanto procesa a C.A.K., en orden al delito atribuido.-
4. Habida cuenta que no fue motivo de agravio el embargo decretado como su monto no corresponde su tratamiento.-
5. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
6. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 47/50, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
Dr. NELSON A. SÁNCHEZ JUEZ DE RECURSOS YANINA C. MERCADO Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia