Abriendo la norma
TOMO CXXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8833 FOLIO Nº 166/172 PROT. ELECT. JR101511I.242
Río Gallegos, 01 de agosto 2024.-
La presente causa caratulada "H.G. S/ DAÑO Y LESIONES LEVES" - Expte. Nº 22953/22- Apelación/Causa JR Nº 8893/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 316/326, obra glosada la resolución dictada por la otrora Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.R.H., en orden al delito de “AMENAZAS (HECHO UNO), DAÑOS, LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO Y POR EL VINCULO, AMENAZAS (HECHO DOS), AMENAZAS (HECHO TRES), DESOBEDIENCIA (HECHO CUATRO), AMENAZAS (HECHO CINCO), AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA (HECHO SEIS) Y DESOBEDIENCIA (HECHO SIETE) TODOS EN CONCURSO REAL ENTRE SI" (Arts. 45, 55, 149 bis primer párrafo primera parte, 183, 89 y 92 en función de lo dispuesto en el art. 80 incs. 1 y 11, 239 del Código Penal); en tanto que en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000).- Que a fs. 338/340, el Dr. R.R., Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial Nº TRES, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 344 (cód. validación c7c4234e) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa manifestó la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma fehaciente la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, el presente fallo carece de fundamentación en razón que la prueba que fue valorada no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza para procesar a su asistido.-
En cuanto a las denuncias por amenazas, el daño y las lesiones que la Sra. L.S.R. formula, no se puede poner luz sobre el misterio existente respecto de quién fue realmente el agresor de la denunciante; alegó, que se cuenta en autos solamente con los dichos expuestos por la denunciante.-
Señaló, que el juez de familia ha ordenado medidas cautelares conforme la legislación vigente, pero ello en modo alguno implica un decisorio de mérito que declare a alguien como autor de los hechos que se le atribuyen.-
Cuestionó, que la a quo hace referencia a las lesiones de carácter leves, que fueran certificadas en autos, lo que en principio constituye una certeza, que es que la denunciante sufrió lesiones, sin que pueda establecer el autor de las mismas.-
En el mismo carril argumentativo, dijo que se ha omitido practicar una pericia psicológica a la denunciante para determinar su personalidad, si existe capacidad de fabulación, si las presuntas amenazas sufridas han generado un perjuicio en su persona, basándose exclusivamente del informe de la OVD, por lo cual surge evidentemente -su opinión- que no existe un análisis integral por parte de la Magistrada al analizar las escasas pruebas existentes.-
Sostuvo que no existe un análisis, integral, racional y crítico en la resolución atacada, ya que existen graves omisiones en la etapa investigativa que nunca se llevaron a cabo y por lo cual las denuncias en controversia no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza de procesar a su cliente.-
Por otro lado, en cuanto al delito de DESOBEDIENCIA, planteó que se lo indaga y procesa por unas incidencias del 13 de marzo de 2022, basándose en una notificación diligenciada aproximadamente siete meses después, por lo que carece de valor probatorio concluyente; agregó que emerge un manto de duda respecto a si de manera efectiva ha sido notificado su defendido de las medidas cautelares dispuestas en el proceso de referencia, y con ello pueda tener algún efecto legal como el caso de marras para que se torne procedente la tipificación del delito que se recurre.- Por último, objetó el monto del embargo, estimándolo excesivo en razón que a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario, razón por la cual solicitó se revoque la resolución impugnada.-
Citó jurisprudencia y doctrina apoyando su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
1. Ingresando en el tratamiento de este primer agravio, adelanto que no le asiste razón al apelante cuando alega orfandad probatoria en el auto recurrido, toda vez que -pese a las dificultades propias de la investigación de este tipo de delitos-, lo cierto es que hasta aquí, se han logrado reunir elementos –que analizados a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género– resultan suficientes para arribar al dictado del procesamiento del imputado (arts. 199 y 289 del CPP).-
Se advierte que el hecho fue valorado por la Sra. Jueza en contexto de violencia de género, razón por la cual –con buen tino– aplicó el principio de amplitud probatoria, proceder que comparto, y que fuera confirmado por esta Alzada, por dar un ejemplo, en apelaciones nros. 7066/21 y 7228/21.-
Al respecto la CSJN tiene dicho que: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (-del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo- CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11).-
En un reciente fallo se dijo: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género… Para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la “Convención de Belem do Pará” el juzgador debe analizar y ponderar necesariamente, el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Altuve, Carlos Arturo –Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa nº 87.316 del Tribunal de Casación Penal Sala V; 18/08/2020; La Ley online; Causa: P. 132.936; Cita Online: AR/JUR/33210/2020).- En relación al apego a la normativa internacional, la doctrina dice: “…recibimos con beneplácito que los tribunales penales se ciñan a las directrices internacionales, erigiéndose un control de convencionalidad entre las fuentes internas y externas del sistema jurídico, y en consecuencia englobar los siguientes ejes centrales: 1) la determinación de los hechos e interpretación de la prueba en el contexto de la violencia familiar y de género; 2) establecimientos del derecho aplicable (art. 75 inc. 22); y 3) argumentación del pronunciamiento en los principios fundamentales de los derechos humanos (principios: de realidad, de proporcionalidad, de efectividad y de autoejecutoriedad).
Todo ello implica tomar en cuenta cuestiones previas al proceso (si es necesario y de acuerdo con la naturaleza de la acción), tomar en cuenta a los sujetos implicados y el contexto en que se originan los hechos, y de esa forma indefectiblemente logran dotar de certeza al sistema de normas sobre la violencia contra la mujer y la violencia de género, cristalizando un fallo –en uno y otro caso- de estricta validez jurídica” (“Hasta que la muerte nos separe…” Rey Galindo, Mariana; publicado en: RDF 76, 07/09/2016, 197; Cita Online: AR/DOC/4655/2016).- El pronunciamiento de la Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo. En tal sentido, baste con tomar vista de la fs. 317 y vta., en el punto "RESULTA" II) El cuerpo probatorio del auto recurrido, donde se enumeraron las piezas probatorias en que se apoyó para determinar la materialidad y autoría de los hechos en cabeza de G.R.H..-
Ello así, dado que contamos en autos con los dichos de la damnificada por ante la OVD -fs. 03/09- del Excmo. Tribunal de Justicia, quien describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el episodio que la afectara, el pasado 29 de diciembre de 2021, en el domicilio sito en calle A.B. Nº xxx, planta alta, de Río Gallegos, donde dijo: "...empezó a revolearme cosas, un encendedor, una zapatilla. Mis nenes se despertaron. Mi nena estaba con mi celu, él se lo sacó, lo llevó a la cocina y me lo rompe. No se como lo rompió porque yo estaba en la habitación. Después va la pieza donde estaba yo y me mete una piña en la cara, me hizo sangrar la nariz. Le pedí de nuevo que pare, que se calme y me decía "no me importa nada, te voy a cagar a trompadas, no me importan ni los chicos, me tienen podrido".
Me agarró de las piernas, me tiró al piso y ahí fue cuando mi nene empezó a los gritos, no sabía que hacer, la nena se esconde debajo de la sábana temblando. De ahí se va a la cocina y le digo a mi nena que se acueste, que se quede tranquila..."; "...se dirigió al baño, él la siguió y comenzó a propinarle reiterados golpes de puño en la cabeza hasta sentirme mareada y yo no me quería desmayar por mis hijos, porque no sabía qué les podía pasar. Le pedí que abra la puerta del baño y la puerta está rota y se abre con un cuchillo, entonces me puse peor cuando él le pidió a M. que trajera un cuchillo, porque no sabía que iba a hacer. Cuando abrió la puerta porque mi nene trajo el cuchillo, yo me fui a la pieza y él seguía gritándome: "sos tremenda put..., sos una regalada, sos rompe bo..., no me dejas hacer nada, sos re tóxica"...; "...no sé que dijo y me metió tremenda cachetada en la cabeza mientras le estaba dando la leche a mi hijo -pecho-.
Se fue a la cocina, estuvo un rato ahí y se fue a acostar. Se levantó al baño, empezó a vomitar y se fue a acostar. Lo quiso abrazar a mi hijo y mi nene no quiso. Esperó un buen rato, le dije a mi nena que no se duerma que ya nos íbamos, hasta que me pude ir a la casa de mi mamá que vive abajo y llamé a la policía...".- A todo ello se aduna el "Informe de Situación de Riesgo" incorporado a fs. 10/13, que califica la situación en que se encuentra la denunciante como de “RIESGO ALTISIMO”, en función de: 1) la convivencia de las partes hasta el último episodio, el día de hoy, 2) el motivo de su presentación y el tipo y la intensidad de violencias que se habrían producido en el último episodio, 3) la probabilidad que se susciten nuevos hechos o que se agraven los existentes, 4) posible existencia de amenazas de muerte en el último episodio, 5) los antecedentes del vínculo afectivo y de denuncia anterior de violencia, 6) las características de la persona denunciada según el relato vertido y el tipo de modalidad conductual y afectiva que desplegaría hacia la dicente, 7) las características de la persona denunciante al momento de la entrevista, 8) los hijos como posibles testigos de violencia y la posible repercusión psico emocional, y 9) el posible consumo de alcohol en exceso por parte de la persona deunciada, con lo cual, se trata de una conclusión formulada por un cuerpo interdisciplinario creado al efecto para evaluar precisamente diferentes aspectos -la historia de la pareja, las características de la persona denunciante al momento de la entrevista en relación al discurso, en relación a aspectos de la personalidad de la persona denunciante durante la entrevista y la valoración del riesgo-.- Dicha versión, encuentra correlato en el certificado médico policial expedido por el Dr.
S.J.L. -fs. 33-. Allí, se constató (textual): “...Lesiones: Si. Descripción: Politraumatismo facial con contusión edematosa en región frontal derecha, región malar izquierda con equimosis de 5 cm. aproximadamente. Contusión edematosa en región lumbar izquierda. Presenta dos lesiones lineales eritematosas en pulgar de 2 cm. y anular de 0.5 cm. de mano izquierda. Refiere politraumatismo craneal y en ambos brazos. …”, con lo cual, resulta concordante con lo indicado por el galeno, con la descripción efectuada por la víctima sobre la dinámica del hecho investigado, reforzando de esta manera su credibilidad, quien además sindicó al imputado como autor de las mismas.- En este aspecto, también concuerdo con la Sra.
Jueza de Instrucción en que tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia al relato de la víctima en función de las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “...el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil..." (A-566/07/T.S.J.).-
Incluso según la jurisprudencia de la CIDH, en los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", se estableció en cuanto a la investigación de hechos de violencia contra la mujer, donde la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho, ésta no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos de prueba independientes.-
Además, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.-
La jurisprudencia ha dicho que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho. Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio.
Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental. La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984.
Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1. La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394).- Es así, que la Magistrada realizó un estudio pormenorizado de los elementos probatorios colectados, teniendo en cuenta que la víctima no solamente efectuó un relato circunstanciado de cada uno de los hechos que denunciaba sin incurrir en ambigüedades ni contradicciones, sino que fue persistente en la incriminación a su ex-pareja Sr. H., sosteniendo su versión frente a los diferentes interlocutores, logrando probar las lesiones mediante el certificado médico glosado al legajo.-
En este aspecto, conviene recordar que el plexo probatorio se debe analizar de manera integral como lo hizo la A Quo, a modo de ejemplo, viene al caso citar el siguiente sumario: “...Corresponde procesar a una persona acusada de provocar lesiones si pese a no haber testigos de su conducta ilícita, la víctima logra describir los hechos tal como conforme a la pericia médica habrían acaecido...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI; 24/08/2011; “T. Z., J. H. s/procesamiento” Cita: TR LALEY AR/JUR/46915/2011.- Consecuentemente, considero que se ha llevado a cabo un trabajo de análisis integral en el auto en crisis, y que se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad del imputado con el grado de probabilidad que la instancia requiere.-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar los sucesos investigados, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en los mismos.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Por tal motivo, se desestimará lo planteado.-
2. En cuanto a la supuesta falencia señalada por el recurrente en su escrito de apelación -omisión de practicar la pericia psicológica a la denunciante-, corresponde analizar las diligencias probatorias que sí fueron realizadas, a fin de determinar si las mismas permiten atravesar la etapa regulada por el Art. 289 del C.P.P.: siendo mi respuesta afirmativa, es decir, alcanzan para confirmar el temperamento incriminante adoptado respecto del causante.-
Más aún, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la instructora en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P..-
Con relación al agravio planteado por la defensa consistente en el valor probatorio atribuido al informe de riesgo de la O.V.D., tampoco puede prosperar, en razón de haber sido elaborado por funcionarios públicos que no tienen un interés directo en el conflicto, constituyendo su informe verdadero instrumento oficial, que goza del pleno valor probatorio atribuido por la Magistrada en el auto de procesamiento, ajustándose a los estándares que rigen la materia.-
3. Con respecto al delito de desobediencia, la a quo ponderó los extremos objetivos y subjetivos, entendiendo que en el caso se habría configurado el incumplimiento de la orden de prohibición de acercamiento del causante a la persona de su ex pareja R.L.S., a una distancia no menor de 200 metros, prohibición de acceso a la vivienda y prohibición de toda comunicación entre las partes. Para así decidir valoró el acta de notificación personal del encartado de fs. 310 de la medida cautelar dispuesta por la Secretaría de Violencia del Juzgado de Familia Nro. Dos, Secretaría de Violencia -fs. 225/313-.- Cabe poner de resalto que, el último párrafo del art. 32 de la Ley Nacional Nº 26.485, establece claramente que: "...cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal…”.-
Esta Alzada ya ha tenido oportunidad de expedirse respecto de la tipicidad penal de la conducta en análisis en casos similares, v. gr. en la Apelación Nº 4371/13, Apelación Nº 6307/19, Apelación Nº 6379/19 y Nº 6642/20, dejando asentado que: “...el tema en discusión concretamente se centra en determinar si esa conducta (incumplimiento y/o desobediencia a la orden dada por un Juez de Familia en cumplimiento de sus funciones) configura el ilícito previsto en el Art. 239 del Código de fondo o si esa conducta configura una infracción -no de tipo penal- que tiene una sanción específica dentro de todo el espectro jurisdiccional (y si, en este caso, existiría una doble sanción). Adelanto desde ya que considero que el accionar de... configura el tipo penal en examen...”.- Compartimos el criterio mayoritario sostenido por la jurisprudencia provincial, en el sentido que: “...la desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en casos de violencia familiar y bajo la normativa (ley 9283 -Provincia de Córdoba-) encuadran bajo la figura penal del delito de desobediencia a la autoridad (art. 239, CP), pues existe un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición, cuyo incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido -el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intrafamiliar-, máxime cuando estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que éstas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima...”.
(Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”).- También cabe mencionar aquí que: “...la doctrina enseña que para que se configure el tipo previsto en el Art. 239 del Código Penal, la orden impartida por la autoridad no debe tener prevista una sanción especial (como sería el caso de que se incumpliera algunas de las medidas que el Juez penal pudiera imponer en el caso del dictado del procesamiento sin prisión preventiva, conf. Art. 293 del C.P.P. como condición para el mantenimiento de la libertad), sin que a tal efecto sean útiles medidas de índole general que no tengan una clara tipicidad sancionadora o que sólo posean carácter preventivo o persigan la finalidad de hacer cesar la infracción.
Tal situación difiere sustancialmente de aquellos casos en los que se configura desobediencia a las órdenes de restricción. En las últimas “...no se trata de meros incumplimientos de mandatos dispuestos para regular aspectos de la vida privada, dado que la violencia intrafamiliar expone una problemática que reviste trascendencia social y así fue receptado por la ley en cuanto establece que la misma es de orden público (...) Esta trascendencia es la que hace que se vea afectado el bien jurídico protegido por la norma penal en cuestión cuando se incumplen estas órdenes de restricción, ya que dicha conducta incumplidora implica un menoscabo de la función judicial, en su compromiso institucional por minimizar y erradicar la violencia en los ámbitos familiares (...) El normal desenvolvimiento de la administración se vería comprometido si las órdenes impartidas por los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente.
Se protege, de tal modo, la irrefragabilidad de los mandatos legítimos de la autoridad...”. (Autos caratulados: “S.U.L. S/ Desobediencia, Amenazas y Lesiones Leves”, Expte. Nº S-76.511/18 – Apelación JR Nº 6307/19, conf. Donna, citado en el artículo “Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Tres tipos penales parecidos” por Sandro F. Abraldes en el libro “Revista de Derecho Penal 2004-1. Delitos contra la Administración Pública-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 66).- En este mismo sentido otros juzgados tienen dicho que: “…La orden judicial de prohibición de acercamiento y/o comunicación del imputado con la denunciante satisface los requerimientos tradicionalmente fijados por la doctrina para adecuar en abstracto al delito de desobediencia previsto en el art.239 del Código Penal…”.
(Cita online: LALEY AR/JUR/47309/2013).-
Es en atención a todo lo arriba expresado, que considero que el incumplimiento reprochado H.G.R., a la medida preventiva emanada por el Juez de Familia en el marco de actuaciones por violencia familiar (o abordaje intrafamiliar) configuran la tipicidad del delito del art. 239 del Código Penal, no existiendo otras sanciones específicas para dicha conducta, razón por la que es típica de `desobediencia´ que se le atribuye al nombrado.-
Consecuentemente, corresponde rechazar el agravio relativo a la configuración del delito de desobediencia que se le reprocha al incuso.-
4. Finalmente y en respuesta al último agravio debo decir que tampoco prosperará, ello en virtud que el CPP, de manera imperativa, establece que la Magistrada -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP.- En ese sentido, respecto al monto fijado al disponer dicha medida y en atención a los ilícitos que se endilgaron al imputado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) no aparece como irrazonable, máxime habiendo señalado la A quo en el considerando IV.- b.- de fs. 325 y vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.- Al respecto, calificada jurisprudencia tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1).- En orden a lo expuesto y en razón de las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Jueza de grado para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del daño ocasionado como consecuencia de los delitos investigados en autos. Así, confirmaré también el monto de la medida de embargo decretada, no haciendo lugar al agravio.-
Pues bien, siendo que el caudal probatorio reunido en los presentes autos brinda cabal sustento al auto de procesamiento, corresponde homologar íntegramente el pronunciamiento adoptado por la Jueza A quo en cuanto dispone el procesamiento sin prisión preventiva de G.R.H. en orden al delito de "AMENAZAS (HECHO UNO), DAÑOS, LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO Y POR EL VINCULO, AMENAZAS (HECHO DOS), AMENAZAS (HECHO TRES), DESOBEDIENCIA (HECHO CUATRO), AMENAZAS (HECHO CINCO), AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA (HECHO SEIS) Y DESOBEDIENCIA (HECHO SIETE) TODOS EN CONCURSO REAL ENTRE SI" (Arts. 45, 55, 149 bis primer párrafo primera parte, 183, 89 y 92 en función de lo dispuesto en el art. 80 incs. 1 y 11, 239 del Código Penal) y el monto del embargo sobre sus bienes como medida precautoria, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), por ser ajustado a derecho.-
5. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
6. Comunicaciones: Atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 316/326, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a sus efectos.-
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia