Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello el Sr. Juez concluyó razonadamente que:
“…los eventos investigados en los principales, no fueron otra cosa que “medidas menos gravosas” que la privación de libertad de L., a los fines de llevar adelante los procesos que se ventilaban en su contra, lo que abonara al mantenimiento de su encierro cautelar. (…) Que (…)en caso de recuperar la libertad, dada la dinámica de “idas y vueltas”, “llamados” –entre P. y L., podría razonadamente ésta ser influenciada (…) sea por la relación con la hija que mantienen entre ambos, sea por la ascendencia de L. sobre P., sea porque la víctima no tiene otra forma de asegurar el bienestar de su hija para ir a trabajar, ello decididamente podría frustrar la finalidad de este proceso, esto es, la reconstrucción histórica del evento; lo que decididamente habría de asegurarse con el mantenimiento cautelar de privación de libertad. Que finalmente, y contrario a la argumentación de la Defensa, las situaciones de hecho reseñadas precedentemente, así como las cuantiosas pruebas que hubieron de llevarse adelante y que tendrán sus efectos en una eventual etapa de juicio, dada la alta probabilidad de una eventual condena, daría a L. sobrados motivos para profugarse y así, frustrar la aplicación de la ley sustantiva a su respecto, lo que entonces también abona el mantenimiento de su encierro cautelar. …
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.14 08:26:51-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.14 08:27:34-03'00' TOMO CLIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.019 FOLIO Nº 198/201 PROT. ELECT. JR101 166I.261 Río Gallegos, 14 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada: “L.A.
S/DESOBEDIENCIA (INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN)”, Expte. Nº 17.245/25 - Apelación JR Nº 10.133/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 10/18 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Puerto San Julián, quien en el punto 1º) denegó la solicitud de aplicación de medidas de coerción menos gravosas y la excarcelación del imputado A.J.L..
Que a fs. 21/26 la defensa apeló dicho auto – motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 34 –del presente incidente-, y en oportunidad del llamado a ampliar el memorial de agravios no se efectuó presentación alguna.
En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Que la defensa se agravia del auto que rechaza la solicitud de excarcelación de su asistido, por encontrarse seudomotivado en razón que reitera, sin más, los fundamentos invocados para sostener el procesamiento con prisión preventiva.
Agrega que el resolutorio atacado transcribe el planteo defensivo y el dictamen fiscal, pero no responde en forma concreta los extremos nuevos invocados ni explica por qué el encierro seguiría siendo hoy la única medida idónea.
a.- De la falta de tratamiento específico de las constancias nuevas: Bajo el presente acápite expresa que la defensa introdujo hechos y constancias nuevas con aptitud cautelar concreta que no fueron ponderadas por la Instrucción, entre ellas: la constatación del teléfono secuestrado (del que surgiría la secuencia previa en la que la Sra. P. posee mensajes eliminados y una llamada perdida a las 05:47 hs.), la ampliación indagatoria de su asistido (en la que brindó una explicación concreta de lo ocurrido y respondió todas las preguntas que se le formularon), las nuevas declaraciones testimoniales (que junto con las demás evidencias ya producidas corroborarían su versión), y las constancias acompañadas del fuero de familia (que demostraría el andamiaje protectorio ya activado, prohibiciones vigentes, consigna policial, dispositivo dual, talleres y canalización institucional del vínculo con la hija en común).
En efecto, postula que todo ello reviste entidad para incidir en la valoración actual de la necesidad del encierro cautelar y de su eventual sustitución por medidas menos gravosas.
b.- De la confusión entre conflictividad relacional, peligrosidad material y riesgo procesal concreto: Plantea la defensa que la resolución impugnada confunde la existencia de un vínculo conflictivo y de una dinámica relacional compleja entre su asistido y la Sra. P., con la acreditación de un peligro procesal actual, concreto y verificable de parte del Sr. L. hacia este proceso.
Agrega que el yerro del resolutorio también radica en haber mantenido el encierro sin revisar seriamente si esa misma plataforma fáctica conserva hoy, frente a las nuevas constancias y paso del tiempo, la misma entidad y aptitud justificante de la medida cautelar más intensa. c.- Del insuficiente análisis de medidas alternativas propuestas: Explica que la defensa no pidió la libertad irrestricta sino que propuso un esquema cautelar concreto: domicilio concretamente determinado, prohibición absoluta de acercamiento y contacto, exclusión territorial, presentaciones periódicas, sometimiento a las medidas vigentes y futuras, talleres específicos y plena articulación con el dispositivo protectorio ya dispuesto en sede familiar.
No obstante, la resolución rechaza en bloque ese planteo con afirmaciones genéricas, sosteniendo que anteriormente hubieron medidas menos gravosas y que no resultaron suficientes.
Por eso se agravia por ausencia de justificación, ya que no demuestra por qué el encierro seguiría siendo la medida mínima indispensable.
d.- De la reedición de los fundamentos del procesamiento en lugar de revisión actualizada de la necesidad del encierro: Insiste la defensa en que el auto atacado remite a lo dicho al momento del procesamiento con prisión preventiva, especialmente en lo referente a la escala penal, al art. 299 del CPP, a los antecedentes del imputado y al contexto de violencia de género invocado para sostener la cautelar. Sin embargo, plantea que la incidencia promovida no exigía volver sobre el acierto o desacierto originario del procesamiento con prisión preventiva (cuestión ya abordada por esta Alzada), sino que se proponía una revisión actual de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del encierro, casi cinco meses después de su concreción, a la luz de los hechos posteriores y de las nuevas constancias incorporadas a la causa. e.- Del debilitamiento del fundamento instructorio y desproporción progresiva del encierro: Reitera que tras casi cinco meses del encierro cautelar, la Instrucción debió justificar por qué hoy los riesgos procesales invocados, a pesar del paso del tiempo, se mantendrían subsistentes ni por qué los fines del proceso no podrían ser razonablemente resguardados mediante medidas menos gravosas.
Pues bien, habiendo quedado plasmados los agravios de la defensa, adelantamos que no obtendrán favorable acogida en esta instancia, toda vez que no se advierte que la decisión cuestionada carezca de fundamentos que la tornen arbitraria, ya que a la vista está que el Sr. Juez de grado brindó los motivos por los que desestimó la solicitud de aplicación de medidas de coerción menos gravosas y la excarcelación del encartado. Veamos, el Sr. Magistrado valoró que A.J.L. fue indagado y procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de “desobediencia reiterada (dos hechos), lesiones leves agravadas, lesiones leves, violación de domicilio y amenazas, todo en concurso real” (arts. 89, 92 en función del 80 inc 1º, 150, 149 bis, 239 y 55 del CP), temperamento que fuera confirmado por la Sra. Jueza de Feria Subrogante de esta Alzada. Asimismo justipreció lo planteado por la defensa acerca de las nuevas constancias probatorias incorporadas a la causa (pericia del celular), desestimando que tengan entidad para modificar la situación de encarcelamiento cautelar del imputado -en concordancia con lo dictaminado por la Fiscalía de Primera Instancia (fs. 07/09 del presente incidente)-, y que, en todo caso, serán evaluadas como fondo del asunto en el expediente principal en oportunidad de la vista por el art. 329 del CPP.
Continuando con el análisis de los fundamentos de la resolución que se intenta atacar, observamos que el a quo ponderó el monto de la pena en expectativa, concluyendo que la situación procesal del incuso no ha variado desde el dictado del procesamiento con prisión preventiva. Del mismo modo la Instrucción valoró que el imputado no cuenta con bienes propios ni trabajo estable y que, el hecho de proponer el domicilio de su progenitora como medio alternativo, no provoca un arraigo cierto en la localidad, concluyendo que no logra operar a su favor a los fines de la obtención del beneficio excarcelatorio.
Finalmente el Sr. Magistrado fundamentó el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y el consecuente rechazo de la aplicación de medidas de coerción menos gravosas, en que los hechos investigados deben ser analizados -en función de las constancias de la causa- desde una perspectiva de género y de violencia, siendo dirimentes los postulados de la ley 27.372, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la ley 24.632, las “100 Reglas de Brasilia” y de la ley 26.485, así como las previsiones del art. 72 del CPP.
Por todo ello el Sr. Juez concluyó razonadamente que:
“…los eventos investigados en los principales, no fueron otra cosa que “medidas menos gravosas” que la privación de libertad de L., a los fines de llevar adelante los procesos que se ventilaban en su contra, lo que abonara al mantenimiento de su encierro cautelar. (…) Que (…)en caso de recuperar la libertad, dada la dinámica de “idas y vueltas”, “llamados” –entre P. y L., podría razonadamente ésta ser influenciada (…) sea por la relación con la hija que mantienen entre ambos, sea por la ascendencia de L. sobre P., sea porque la víctima no tiene otra forma de asegurar el bienestar de su hija para ir a trabajar, ello decididamente podría frustrar la finalidad de este proceso, esto es, la reconstrucción histórica del evento; lo que decididamente habría de asegurarse con el mantenimiento cautelar de privación de libertad. Que finalmente, y contrario a la argumentación de la Defensa, las situaciones de hecho reseñadas precedentemente, así como las cuantiosas pruebas que hubieron de llevarse adelante y que tendrán sus efectos en una eventual etapa de juicio, dada la alta probabilidad de una eventual condena, daría a L. sobrados motivos para profugarse y así, frustrar la aplicación de la ley sustantiva a su respecto, lo que entonces también abona el mantenimiento de su encierro cautelar. Que finalmente (…) siguiendo los criterios de la sana crítica racional no se verifica (…) que los fines del proceso puedan llevarse adelante con medidas menos gravosas que la del mantenimiento del encierro cautelar de L., imponiéndose el rechazo de la pretensión en trámite…”. (fs. 17vta./18 del presente incidente).
Que, en definitiva, del estudio de los fundamentos de la resolución en análisis se desprende que la Instrucción dicta la resolución motivada y previa vista a la Fiscalía, compartiendo lo dictaminado. Es así que el Sr. Juez de grado tiene por comprobada en autos la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos, esto es: los hechos que se le enrostran, la calificación provisoria de los mismos, la aplicación de la perspectiva de género y el posible entorpecimiento de la investigación que pudiera surgir en caso que el encausado recupere la libertad.
Cabe destacar que esta Alzada en fecha 30/01/2026, hubo de confirmar la resolución de procesamiento con prisión preventiva del incuso en los autos principales caratulados: “L.A. S/ Desobediencia” - Expte. Nº 17.245/25 - Apelación Nº 9984/25, mediante la resolución registrada bajo el Tº: CLVII, Rº: 9852, Fº: 054/059.
Que, en consecuencia, habiéndose habilitado nuevamente la instancia revisora de este Sr. Juez de Recursos a los efectos de garantizar el control periódico de la prisión preventiva dispuesta al imputado, corresponde analizar si subsisten las razones que motivaron su adopción.
Del examen anterior se advierte que la nueva solicitud de excarcelación planteada por la defensa técnica no faculta a esta Alzada a expedirnos otra vez con relación a los elementos de prueba que incriminan al imputado en los hechos investigados, so pretexto de resolver una solicitud de excarcelación. Pues como ya fuera objeto de tratamiento, a la par de la naturaleza y gravedad de los hechos enrostrados, concurren una serie de extremos, tales como la seriedad y contundencia de las pruebas reunidas en la causa principal, que han permitido sostener, de manera fundada y prima facie, la existencia material de los hechos y la participación responsable del imputado en su presunta comisión, confirmándose en consecuencia su procesamiento y prisión preventiva, sin que la alegación de la defensa acerca de la incorporación de nuevos elementos, hagan modificar la opinión de esta Alzada.
Se advierte, por ende, que a pesar del loable intento por mejorar la situación de su asistido, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado, toda vez que a pesar de la disconformidad con lo resuelto, el Sr. Juez de grado brindó razones suficientes -en concordancia con el dictamen fiscal-, por las que razonadamente concluye que existe en el caso concreto un riesgo cierto, claro y objetivo de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que presume que el imputado claramente podría intentar obstaculizar y/o desviar el proceso seguido en su contra.
Asimismo advertimos que en los autos principales el auto de procesamiento ha adquirido firmeza y se encontraría avanzada la instrucción, con lo cual en la vista del art. 329 del CPP, será la oportunidad donde la defensa puede criticar el mérito de la Instrucción y, el Juez de grado, deberá nuevamente evaluar los planteos y decidirá a su respecto. Otros tribunales del orden nacional han resuelto en igual sentido, entendiendo que: “…Cabe denegar la excarcelación solicitada a favor de quien se encuentra procesado con prisión preventiva (…) pues (…) la ley procesal no impone al juez la tarea de evaluar una eventual elusión de la acción de la justicia por el imputado, sino que se parte de una presunción del legislador que se encuentra consagrada en los arts. 316 y 317 del Código Procesal Penal en el sentido de que en las hipótesis mencionadas el encartado no se someterá a la acción de la justicia por la gravedad de la condena que se pronostica…” (Cita online: AR/JUR/45/2005).
Que en efecto esta Alzada entiende que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la resolución que denegó la aplicación de medidas de coerción menos gravosas y la excarcelación solicitada, pues dicha decisión no afectó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad sin perjuicio de la continuación del proceso que se le sigue.
Por todo lo valorado, los agravios expresados por la defensa no obtendrán favorable acogida.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 10/18 del presente incidente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia