Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.295 FOLIO Nº 111/114 PROT. ELECT. JR 101 443I.261
Río Gallegos, 29 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “A.L.E. S/ DESOBEDIENCIA", Expte. Nº A-83029/25 Apelación/Causa JR Nº 10374/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 125/132 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, Dra. Y.J.B., quien en el punto 1) dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de L.E.A., en orden al delito de “DESOBEDIENCIA, dos hechos en CONCURSO REAL en calidad de autor" (arts. 239, 45 y 55 del Código Penal); y en tanto en el punto 2) ordenó trabar embargo sobre los bienes o dinero del imputado por la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000).-
Que a fs. 138/144, la defensa particular apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 148 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
Que, en primer término, la defensa sostuvo que el auto de procesamiento recurrido no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resulta arbitrario y atenta contra el debido proceso, el principio de legalidad, congruencia y la defensa en juicio, el principio de inocencia e in dubio pro reo, causándole a su asistido un grave perjuicio.-
Advirtió que el pronunciamiento no habría realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y que carece de fundamentos, resultando contradictoria y provocando el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas.-
Concretamente, dijo que los indicios y las presunciones se habrían valorado en contra y perjuicio de su asistido.-
Ya en el acápite III.- del recurso incoado, cuestionó la ausencia de pruebas directas que configuren ser autor del delito endilgado a su representado. Allí, precisó que no se habría comprobado que este fuera autor de los hechos por los cuales se lo procesó.-
Reiteró acerca que se lo procesó de forma parcial, existiendo violación a los principios de inocencia, del debido proceso y de congruencia -su visión-.-
Manifestó la inexistencia del tipo penal, solicitando su sobreseimiento; agregó que el principio de responsabilidad del hecho imputado no ha quedado determinado en su cabeza, ya que no se ha comprobado el delito que se le quiere endilgar.-
Señaló que en el presente sumario la conducta no se ha comprobado con el grado de exigibilidad que se requiere en esta etapa procesal.-
Objetó por excesivo y arbitrario el monto de embargo fijado.-
Peticionó que se revoque el procesamiento y se dicte el sobreseimiento, o en su defecto, la falta de mérito.- En el acápite VI. del recurso presentado, formuló reserva de caso federal.-
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. En primer término, corresponde desestimar la pretendida arbitrariedad y conculcación de las garantías constitucionales invocadas por la defensa.-
La doctrina de la arbitrariedad fijada de manera pacífica por la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige que el pronunciamiento recurrido prescinda inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezca de una manifiesta y decisiva falta de fundamentación (Postura seguida en Apelación N° 10017/26).-
Al respecto se ha dicho que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
En el presente sumario, la crítica de la defensa no demuestra un apartado de la solución legal ni un vicio de fundamentación lógica, sino que traduce su mera disconformidad subjetiva con el criterio incriminatorio alcanzado por la Jueza de Instrucción.-
Asimismo, no se observa vulneración alguna al principio de inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional); este principio rector solo se destruye mediante el dictado de una sentencia condenatoria firme al cabo del debate oral y público; por ende, la emisión del auto de procesamiento —por su carácter eminentemente provisional y no vinculante— no adjudica culpabilidad definitiva ni causa estado.-
En la misma línea, resulta improcedente invocar el beneficio del "in dubio pro reo" en esta etapa preliminar. La duda sobre la culpabilidad es un estándar propio de la fase de juzgamiento definitivo para dictar sentencia o sobreseimiento definitivo; mientras que en la instrucción procesal, la existencia de elementos incriminantes bastan para afirmar la probabilidad positiva y habilitar el avance de la causa hacia el plenario.-
Respecto a la alegada orfandad probatoria y la falta de "certeza" o "prueba directa", cabe señalar que la defensa incurre en un evidente error metodológico al confundir el umbral exigible en la instrucción con el grado de certeza apodíctica requerido para una condena penal.-
Al decir de la doctrina mayoritaria: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612).- Por consiguiente, en esta liminar y embrionaria fase de la pesquisa, basta con la confirmación inicial del estado de sospecha y la prevalencia de elementos de cargo por sobre los de descargo.-
Como lo ha señalado la jurisprudencia nacional: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (CNCrimyCorrec Federal, Sala I, 08/06/2010, “A.R.”).-
En consecuencia, la exigencia de certezas absolutas por parte del apelante en este estadio de la instrucción deviene notoriamente improcedente, por cuanto los indicios acumulados superan la valla del artículo 289 del digesto procesal (Criterio adoptado en Apelación N° 10351/26).-
Así, en el considerando, la magistrada señaló que la materialidad y autoría de la desobediencia, se encuentra prima facie acreditada a partir de los dichos de la pretensa damnificada -fs. 30/31 y vta. y fs. 63 y vta.-, el Oficio N° 1139/25 del Expte. 13015/25 del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Dos -fs. 13/15-, donde se especifica la prohibición de acercamiento respecto de la denunciante por el término de seis meses (vigente al tiempo de los hechos), pues fue notificada al incuso en fecha 19/09/2025 -fs. 15-, en tanto los hechos habrían acaecido los días 02 y 07/10/2025; los informes de la División Comisaría Séptima -fs. 01/03 y vta.-, los cuales refieren que en fecha 02/10/2025, el personal de dicha dependencia policial se encontraba realizando tareas de prevención mediante modalidad patrullaje cuando observó un vehículo marca xxx, dominio xxx, color gris plomo que circulaba por calle xx casi intersección calle xxx, el conductor al advertir la presencia policial, aceleró y se retiró raudamente, por lo que se iniciaron señales lumínicas y sonoras para que detuviera la marcha; deteniéndose en calle xxx casi esquina xxx, siendo identificado como A.L.E., el cual registraba medida de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja V.V.D., quien se desempeña laboralmente en la División Comisaría Séptima y por otros elementos probatorios -fs. 125 vta.-.- Concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.-
Que, sin pretender agotar todos los supuestos, pero a título de ejemplo, los referidos elementos fueron considerados suficientes por los tribunales nacionales para fundar el procesamiento por desobediencia, señalando: “Corresponde confirmar la decisión mediante la cual se dispuso el procesamiento del imputado por el delito de desobediencia a una orden impartida por un funcionario público, toda vez que se verifica una concreta decisión jurisdiccional, fehacientemente notificada, a partir de la cual se hizo saber al justiciado que debía abstenerse de contactar a la denunciante y así, al inobservase ese tipo de restricción, se afecta el bien jurídico protegido por la norma -el cumplimiento de los mandatos legítimos emanados de la autoridad-” (Cám. Nac. Crim. y Correcc.; Sala V; A., N. s. Desobediencia; 02/10/2023; Rubinzal Online; 30076/2021 RC J 4465/23).-
En idéntico sentido se pronunció al año siguiente, la sala IV del mismo tribunal (véase: Cám. Nac. Crim. y Correcc.; Sala IV; P.,A.A. s. Desobediencia - Procesamiento y embargo; 18/09/2024; Rubinzal Online; 32529/2024 RC J 10218/24).-
En este sentido, podría concluirse que el accionar atribuido al imputado resultaría subsumible en el delito de desobediencia a la autoridad, en razón del incumplimiento de la medida oportunamente dispuesta por el Sr. Juez de Familia, el cual fue debidamente abordado por la Sra. Jueza de grado.-
Por todo lo expuesto, la resolución recurrida resulta ser una derivación razonada del derecho vigente ajustada al material probatorio de la causa, habiéndose resguardado en todo momento la congruencia, el debido proceso y la defensa en juicio.-
II. Embargo: Objetó el monto de la medida cautelar juzgándolo excesivo y arbitrario.-
Con relación a este planteo, confirmaré el embargo decretado en el auto recurrido, en razón de no haberse expresado un agravio concreto ni una crítica razonada al respecto, limitándose la parte únicamente a considerarlo excesivo y arbitrario, por lo que nos vemos impedidos de proceder a su abordaje.-
III. Reserva del Caso Federal: siendo que la defensa efectúa expresa reserva del caso federal, para el supuesto caso que no se hiciera lugar a los planteos formulados, se deberá tener presente para el momento procesal oportuno.-
IV. Ahora bien, toda vez que conforme surge de las constancias de autos (concretamente del acta de declaración indagatoria de fs. 84/85 de los autos principales), que el imputado sería de ocupación o profesión policía, corresponde librar oficio al Departamento Legal de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, remitiendo copia de la presente a los efectos que se estime corresponder.-
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VI. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 125/132 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el recurrente.-
3. LIBRAR OFICIO al Departamento Legal de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, remitiendo copia de la presente a los efectos que estime corresponder.-
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia