Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I · Causa 69740
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 inc. 2° del Código Penal y consecuentemente confirmar el auto recurrido en cuanto rechaza la solicitud de concesión de la libertad condicional incoada en favor de C.A.E.
2Confirmar la resolución recurrida en cuanto no hace lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor de C.A.E.
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Causa N° 69740
AUTOS Y VISTOS : El recurso de apelación interpuesto por la defensora particular, Dra. Mariángeles Leiva, contra el auto pronunciado por el Juzgado de Ejecución Nº 1 departamental, que no hizo lugar a la libertad condicional como así tampoco a las salidas transitorias de C.A.E.
Y CONSIDERANDO : I. El defensor se agravia al sostener que el a quo desestima el pedido de libertad condicional peticionada a favor de su asistido por considerar que concurre en el caso un obstáculo legal insalvable que obtura el acceso de su asistido, conforme el art. 14 del Código Penal.
Refiere que no desconoce la prohibición, por lo que plantea la inconstitucionalidad de dicha norma, por cuanto establece la veda sin posibilidad de evaluación individual de la evolución tratamental del condenado.
En relación a las salidas transitorias denegadas, la defensa indica que las observaciones psicológicas señaladas no fueron confrontadas de manera integral con los restantes antecedentes tratamentales.
Por otra parte, manifiesta que no pretende imponer una convivencia resistida, sino que ofrece proponer un domicilio alternativo idóneo y referente verificable.
Alega que debe efectuarse una valoración de la actuación desarrollada por su asistido en las áreas laborales y educativas, debiendo requerirse una certificación completa de dichos espacios.
Para finalizar, solicita que se revoque el auto atacado y se concedan las salidas transitorias a su defendido, y en subsidio requiere que se ordene la confección de nuevos informes criminológicos, como así también pericia psicológica y constatación de domicilio, para luego dictar una decisión fundada en las constancias mencionadas.
II. Que por sentencia firme el nombrado fue condenado el 27 de diciembre de 2024, por el Tribunal en lo Criminal N° 3 departamental, en causa nro. 8163/2538-2022, a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor material penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por ser cometidas contra su cónyuge y mediando violencia de género, privación ilegal de la libertad agravada por ser contra su cónyuge, coacción agravad por el uso de arma, daño y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real, sanción que vencerá el 6 de septiembre de 2028.
Tal como sostiene el a quo en razón de la fecha de comisión del injusto motivo de condena -5 de septiembre de 2022-, se encontraba ya en vigencia el nuevo artículo 14 del C.P., en su reforma introducida por la ley 27.375, que veda la posibilidad de gozar el derecho de libertad condicional a los penados que fueron condenados, entre otros, por los delitos previstos en el art. 119 inc. 3° -reforma en vigencia desde el día 28 de julio de 2017-.
III. Que respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado por la recurrente, cabe recordar que el 28 de julio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.375, mediante la cual el Congreso de la Nación Argentina realizó una reforma de la ley 24.660.
El Poder Legislativo -por amplia mayoría- rediseña la Ley de Ejecución Penal y fija una nueva forma de progresividad del régimen de ejecución de la pena y de su finalidad de reinserción social.
Durante el debate parlamentario de la ley quedó expuesto que: "Lo que estamos planteando acá, para hacerlo bastante sencillo, no es una pena indeterminada que, por supuesto, es inconstitucional. No es aumentar las penas. Simplemente, es decir: el juez, el tribunal, artículo 18 de la Constitución Nacional, el juicio previo impuso una pena, pues, en determinados delitos, que cumpla esa pena... No confundamos que estamos sancionando una ley solamente para restringir las salidas transitorias y solamente para prohibir la libertad condicional en crímenes aberrantes. Estamos restringiendo, eso sí, pero estamos abordando y mejorando todo el principio de progresividad del cumplimiento de la pena, generando así un mecanismo de resocialización, de rehabilitación con mayor eficacia, con mayor seguimiento..." (5ta. reunión, 3ra. sesión especial, 26 de abril de 2017, del Senado de la Nación Argentina).
De este modo, y en lo que concierne al caso bajo análisis, en el artículo 38 de la ley 27.375 se estableció: "...Modificase el artículo 14 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá cuando la condena fuera por: ...2) Delitos contra la integridad sexual, previstos en los arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafos, y 130 del Código Penal." .
Al respecto, resulta pertinente recordar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ".la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable." (Fallos: 226:688, 242:73, y 300:241, entre otros).
Por otra parte, debe demostrarse de qué manera la disposición contraría la Constitución Nacional (Fallos: 253:362, 257:127 y 308:1631, entre otros), supuestos que, a nuestro entender, no se comprueban ni se verifican en el caso bajo análisis.
La declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funciones más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como última ratio del orden jurídico (Fallos. 305:1304, entre otros).
De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688, 242:73, 285:369 y 314:424, entre otros).
El legislador, en uso de las facultades que le asignó la constitución nacional, ha establecido un nuevo criterio de política criminal que implica la restricción al acceso al régimen de la libertad condicional para quienes han sido condenados por una conducta tipificada en el art. 119 del CP.
Resulta ajeno al control judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 253:362, 257:127 y 300:642, entre otros). Se trata pues de las llamadas cuestiones o actos políticos propios de los poderes políticos, legislativo y ejecutivo, que no son judiciables, por ser actos discrecionales de aquellos.
Si bien el poder judicial se encuentra facultado a evaluar y considerar la compatibilidad de la política criminal con la constitución nacional, y de eso se trata el control de constitucionalidad que está llamado efectuar en casos como el presente, esa facultad conferida a este poder del estado no abarca la evaluación de la conveniencia ni del acierto de esa política criminal escogida por el congreso de la nación. Y por ello, no es posible analizar los cuestionamientos relativos a decisiones de mérito, conveniencia u oportunidad.
Es tarea del legislador articular los lineamientos generales de la política criminal y la apreciación que realiza involucra una esfera de decisión política sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces, ya que representa facultades específicas que atañen al poder sancionador de las leyes, que sólo podrían ser abarcadas por el poder judicial en el caso de que se lesionen garantías fundamentales reconocidas por la constitución nacional o los tratados internacionales equiparados a ella, las que no se advierten vulneradas en el caso con la reforma introducida por la ley 27.375.
Dicho ello, en lo que respecta al principio de culpabilidad, debe señalarse que la decisión del legislador de no incorporar a la libertad condicional a personas que cometieron determinados delitos, se funda en conductas que surgen como dato objetivo de la realidad (en el caso la comisión de un hecho tipificado en el art. 119 inc. 3° del CP). Ello demuestra que la restricción prevista responde, indudablemente, a aquello que la persona hizo y no a lo que la persona es.
En tal sentido, puede advertirse que la mayor intensidad de la respuesta punitiva estatal encuentra adecuado sustento en que el legislador, en el ámbito de sus facultades constitucionales, decidió que a los condenados por determinados delitos concretos se les impida gozar de ciertos beneficios.
En el caso: la comisión de un delito contra la integridad sexual.
Resulta adecuado resaltar que no se aprecia tampoco una vulneración al principio de razonabilidad, en cuyo marco el congreso debe reglamentar el ejercicio de los derechos (art. 28 C.N.).
Estas razones de política criminal de ningún modo colisionan con el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la C.N. ni tampoco con el artículo 8 de la ley 24.660 (reformado por la ley 27.375), en cuanto establece que las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia, ya que la categorización de la ley se basó en un criterio meramente objetivo y comprobado que es el tipo de delito por el cual fue condenado el causante.
Se trata de una decisión de política criminal -criterio de conveniencia, mérito u oportunidad- que ha sido implementada por el legislador en una materia que le es propia y que dicha legislación no conculca el principio de igualdad en tanto contempla en forma distinta a situaciones diferentes.
Viene al caso lo expuesto por Luis M. García, al efectuar un análisis del avance jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que: "...En el momento de la ejecución de la pena, según esta concepción, son decisivos criterios preventivo especiales (de reincorporación del condenado a la comunidad), y eventualmente preventivo generales. No obstante, razones de prevención general pueden exigir que no se renuncie a la ejecución de la pena... Al configurar el régimen de las penas privativas de la libertad divisibles o temporales el legislador tiene una cierta discreción para establecer un régimen de suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, o de libertad condicional, o un régimen de salidas anticipadas al agotamiento de la pena, o de la libertad asistida. Tiene del mismo modo una discreción para definir supuestos legales en los que esos regímenes no son concedidos al condenado, sobre la base de consideraciones preventivo-especiales o incluso preventivo-generales..." ("Las disposiciones sobre reincidencia en el Código Penal. Su escrutinio constitucional y el estado de la cuestión en la jurisprudencia de la Corte Suprema". Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumario y Análisis de Fallos. Director Leonardo G. Pitlevnik, Tomo Nº 15, pág. 108).
En lo relativo al principio de la progresividad, no podemos desconocer que no hay una regla constitucional que establezca la libertad asistida, como una garantía que debe brindar el estado a la hora de regular su régimen de ejecución de la pena.
En este sentido, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela) -que resaltan la importancia fundamental de los derechos humanos en la administración diaria de la justicia penal, y señalan que los objetivos de las penas incluyen proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia-, prevén la posibilidad de que el régimen progresivo se satisfaga dentro del sistema carcelario. Allí se establece que: "Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Ese propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz" (regla 60.2).
El mismo cuerpo normativo reconoce la posibilidad de que el régimen preparatorio para la liberación sea organizado dentro del establecimiento o institución apropiada. De este modo, la ausencia de salidas anticipadas puede ser perfectamente compatible con un sistema progresivo, siendo ese el sistema que ha establecido el legislador a partir de la reforma de la ley de ejecución 27.375, a diferencia de lo que sucedía antes de la reforma.
La decisión legislativa de excluir del régimen de libertad condicional a los condenados por el delito tipificado en el artículo 119, no implica dejar de lado el objetivo de reinserción social, sino que debe entenderse que ese objetivo será concretado a través de un específico modo de ejecución de la pena.
Por todo lo expuesto, en el marco de la división de poderes establecida en el sistema republicano de gobierno (artículo 1° C.N.), y en el entendimiento de que en el caso no se vulneran los derechos, garantías y principios constitucionales plasmados en nuestra constitución nacional, corresponde no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art, 14, inciso 2), del código penal, según redacción de la ley 27.375.
Así, el rechazo de la a quo respecto a la libertad condicional solicitada resulta ajustado a derecho y, por tanto, corresponde su confirmación.
IV. Que pasamos ahora a tratar las salidas transitorias solicitadas por la parte recurrente conforme lo establecido por el art. 100 párrafo de la ley 12.256, en cuanto dispone ".El único beneficio que podrán obtener los condenados por los delitos reseñados en los incisos 1) a 7) del presente artículo y en los últimos seis (6) meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, es el de salidas transitorias a razón de un (1) día por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado, siempre que se cumplimenten las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo..." .
Así, la magistrada de grado, puesta a resolver siguiendo las previsiones del articulado de mención y luego de valorar el legajo criminológico del interno, consideró ciertas reservas que surgen de informe socioambiental realizado en forma presencial en el domicilio propuesto por el encausado. En este habita su concubina -con quien mantiene una relación con una antigüedad aproximada de un año y a quien conoció a través de una red social- y los cuatro hijos de esta, todos menores de edad. Asimismo, emerge que durante el transcurso de la entrevista se hicieron presentes diversos familiares para solicitar que el penado no viva en el lugar. Por tales motivos, la licenciada interviniente evaluó como negativa la convivencia de Espejo en el lugar por el riesgo a generar conflictos familiares.
Asimismo, el órgano de grado hace mención al informe psicológico labrado, sosteniendo que su lectura debe efectuarse a la luz del tipo de injusto por el que fue condenado Espejo, en cuanto se destaca ".En relación al delito por el cual se encuentra detenido el sujeto ofrece un relato descontracturado, fluido, tomado por escenas que figuran en su legajo de ejecución con la particularidad de la modificación de los personajes que las protagonizan, quien ejerce la operatoria de la acción lesiva del vínculo (en el caso de una separación y una infidelidad) y ello bajo la égida de 'la buena moral' (sic). Diremos que: se presentan en su decir las categorías de lo permitido y lo prohibido aún descentrándose el sujeto de la acción y presentándose a merced de otro que: lo denuncia, lo agrede, no puede, lleva delante de manera equivocada un proceso judicial, etc. Ubicando sus devenencias actuales como consecuencia de un obrar externo y de una intencionalidad de daño hacia su persona.".
Consecuentemente, la a quo estimó la inconveniencia de otorgar salidas transitorias solicitadas.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, no se nos escapa que la norma en juego exige ".a los condenados por los delitos reseñados en los incisos 1) a 7) del presente artículo y en los últimos seis (6) meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere." por lo que el encausado, quién agotará su pena el 06/09/2028, no cumple de momento con el requisito temporal dispuesto.
Por todo ello, consideramos que el penado no se encuentra -de momento- en condiciones de reintegrarse paulatinamente al medio libre, por lo que corresponde confirmar el auto también en cuanto denegó la inclusión del justiciable en el régimen de salidas transitorias.
Por todo lo expuesto se RESUELVE : 1. No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 inc. 2° del Código Penal y consecuentemente confirmar el auto recurrido en cuanto rechaza la solicitud de concesión de la libertad condicional incoada en favor de C.A.E.
2. Confirmar la resolución recurrida en cuanto no hace lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor de C.A.E.
Hágase saber a las partes, al juzgado interviniente y oportunamente vuelva la presente a primera instancia.
Firmas
Funcionario firmante: REGGI Oscar Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: RISULEO Carlos Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: FORT Lucia - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1379-2026
Fin de la sentencia