Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 116.319
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de casación interpuestos por la Agente Fiscal, doctora Vanesa S. Leggio y por el defensor particular, Dr. Pedro Javier Molina, en favor de la imputada G. E. L..
II. Rechazar el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, por improcedente, sin costas.
Arts. 1, 106, 210, 236, 245, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 532 y concs. del C.P.P.
III. Hacer lugar parcialmente al remedio interpuesto por la defensa y, en consecuencia, casar la decisión en crisis en lo que respecta a la determinación de la pena, obliterando como circunstancia agravante la extensión del daño psicológico sobre las víctimas y en función de ello, readecuar el monto de la pena impuesta a la encartada en cuatro (4) años y once (11) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autora penalmente responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en concurso real con lesiones leves, sin costas en esta sede por haber existido razón plausible para litigar.
Artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 5, 40, 41, 55, 89, 125 bis, 127 del Código Penal; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal. …
116319 – L., G. E. S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR FISCAL Y DEFENSA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa Nº 116.319 de este Tribunal, caratulada: “L., G. E. s/ Recurso de Casación interpuesto por fiscal y defensa”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial San Martín condenó con fecha 15 de febrero de 2022 a G. E. L.a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por hallarla autora criminalmente responsable de los delitos de explotación económica del ejercicio de la prostitución en concurso real con lesiones leves.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la Agente Fiscal, doctora Vanesa S. Leggio.
III. La agente fiscal deduce recurso de casación en los términos de los arts. 448 inc. 1°, 452 inciso 2 y 4 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Denuncia una errónea aplicación de un precepto legal que implicó un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento al desestimar la aplicación de las agravantes previstas en párrafos segundo, inc. 1º y último párrafo del artículo 127 del Código Penal.
Por otra parte, refiere que el pronunciamiento carece de motivación y fundamentación suficientes, pues se valoraron arbitrariamente pruebas incorporadas al proceso desde que se incurrió en una defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos.
Cuestiona la decisión del órgano a quo cuando estableció que no estaba configurado el dolo exigido por el tipo penal para imputar el agravante del trabajo de menores de edad en el ejercicio de la prostitución como así tampoco la violencia ejercida sobre las trabajadoras sexuales para desarrollar sus tareas.
Argumenta que de los testimonios que brindaron las mujeres que trabajaban para la encartada, ésta infundió temor para quien dejara de trabajar. Es decir, postula que existieron todo tipo de persuasiones para que no dejaran de trabajar.
Argumenta que se pudo probar que L. llevaba a cabo las promociones una página Web –Skokka- y los clientes eran re dirigidos por ella hacia el departamento donde las víctimas serían quienes atendían, y no la imputada. Indica que la encartada, amén de llevarse una ganancia económica, contribuía a que las chicas lleven a cabo la prostitución dándole los medios para ello, y en otros casos allanándoles el camino, como ocurría cuando las hacía ingresar al boliche ‘Fénix’.
Afirma que se ha acreditado la violencia ejercida por L. para que permanezcan trabajando para ella. Por otra parte, indica que renunciar para ella implicaba comenzar a sufrir persecuciones, amenazas, golpes, peleas. En efecto, asevera que lo anterior no solo se ha constatado con las lesiones que sufrió una de las trabajadoras, sino también con la extensión de sus acciones en las amenazas para que armen un discurso - mintiendo en sus declaraciones- que beneficie a la acusada. Todo lo anterior, refiere que se agrega a la presión que ejerció sobre algunas víctimas antes del debate configurando una violencia psicológica -conforme el artículo 77 del CP- y que constituyen claras amenazas para quien intentara dejar de trabajar para L.. Indica que, si bien la violencia y las amenazas no fue ejercida para iniciar el trabajo sexual en beneficio de L., estima que dichas maniobras se ejercieron para mantenerlas en esa función, por lo que solicita la aplicación del agravante previsto en el art. 127 párrafo segundo inciso 1 del CP.- Sostiene que no puede soslayarse que la encartada captara a menores de edad para que trabajaran para ella. Dice que el error alegado por la acusada respecto a la edad de algunas mujeres se podría haber vencido a través de la exigencia de la documentación pertinente para establecer si efectivamente eran mayores de edad.
Destaca las declaraciones de los profesionales del Programa de Rescate de Personas de Trata de Nación, quienes dieron cuenta al realizarse los allanamientos, el estado de las víctimas, los elementos encontrados, el miedo y el nerviosismo de tener que declarar en contra de quien las explotaba.
Arguye que se acreditó que G. L. promocionaba mediante salidas a locales nocturnos, publicaciones ofreciendo servicios sexuales, facilitaba el ejercicio de la prostitución mediante el alquiler de lugares privados para que esta mujeres puedan trabajar, explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución ajena quedándose con un porcentaje del dinero obtenido luego de cada pase, y transformando esto en su actividad comercial, teniendo a esta cantidad de mujeres vulnerables realizando servicios sexuales para obtener un beneficio económico.
En razón de todo lo expuesto, solicita se proceda a revocar parcialmente la sentencia recurrida y dictar una nueva, condenando a la imputada G. E. L. en orden a los delitos de promoción, facilitación y explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores agravado por mediar violencia, amenazas y por haber víctimas menores de 18 años en concurso real con lesiones leves a la pena de quince años de prisión accesorias legales y pago de las costas.
IV. Por su parte, la defensa de la imputada, por intermedio del defensor particular, Dr. Pedro Javier Molina, también interpuso recurso de casación contra el mismo pronunciamiento.
Estima que el fallo incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente en lo relativo a la calificación legal. a. Postula que el tipo penal enrostrado exige la explotación económica de la prostitución ajena, es decir, aprovecharse de la fuerza de trabajo con el objetivo último de obtener una mayor ventaja económica, situación que estima no haberse probado, es decir, no se ha acreditado el beneficio económico de la encartada.
Pone de manifiesto las declaraciones de las testigos E. C., S. L. P. y M. A., de cuyo contenido infiere que su asistida no explotaba económicamente a esas mujeres.
Considera que no pudo acreditar con los elementos probatorios aunados que su defendida haya tenido algún tipo de beneficio o provecho económico. Al contrario, afirma que L. empezó alquilando el departamento para sus trabajos sexuales y cuando tomaron conocimiento sus amigas del beneficio que tenía de su labor, decidieron efectuar misma actividad en ese departamento, dividiendo el pago del alquiler entre todas. Anuncia que L. nunca se benefició por el trabajo ajeno.
Considera que la adecuación de la figura penal es arbitraria e injustificada.
Pone de relieve que de la prueba testimonial recabada se señaló que la organización del privado era de manera conjunta, que no había un encargado, sino que dividían entre todas las participantes el monto del alquiler.
Dice que todas las mujeres que se hallaban en el lugar declararon que los clientes les abonaban a ellas y que el dinero obtenido lo guardaban entre sus pertenencias. Que los elementos necesarios para la limpieza del lugar eran pagados por todas en partes iguales, y que no había una encargada en comprarlos, sino que podía ser adquirido por cualquiera de ellas. También expone que, en cuanto a las publicaciones, las testigos manifestaron que cada una realizaba sus propias publicaciones en la página web ‘Skokka’ y que cada una la abonaba.
Por otra parte, indica que su defendida nunca tuvo el dominio del hecho, nunca promocionó a nadie, nunca repartió dinero, nunca dio órdenes. En ese sentido, considera que el sentenciante no ha logrado fundar la autoría de L..
Toma los dichos de la psicóloga Ailén Roso, quien en su declaración testimonial, estableció que del relato de las chicas, éstas manifestaron estar por propia voluntad y organizadas de manera que nadie controle su actividad.
En efecto, razona que no existió una relación de superioridad entre su defendida y las damnificadas.
Afirma que no existió un estado de vulnerabilidad. Dice que no se ha tomado en cuenta la totalidad de las circunstancias del caso, es decir, que varias de las mujeres testigos, ejercían anteriormente la prostitución y no se ha acreditado que la Sra. L. V. se haya abusado de esa supuesta vulnerabilidad.
b. Respecto al hecho 2 –delito de lesiones-, establece que el órgano a quo omitió brindar fundamentos de cómo llegó a la conclusión de que su defendida fue la autora de las lesiones descriptas.
Sostiene que las referencias expuestas por la testigo de cargo no alcanzan para demostrar que su asistida haya sido la persona que cometió esas lesiones.
Postula que la declaración testimonial, de la propia víctima, no basta para condenar a un sujeto por la comisión de un delito, sino que hay que demostrar la existencia de elementos fácticos que permitan asegurar que el sujeto fue el autor material del hecho.
Así, sostiene que es imposible acreditar que su defendida haya sido la autora de las lesiones en cuestión, cuando del propio testimonio de la víctima se extrae que el pleito se dio entre cuatro personas de un lado y ocho del otro.
Desde otro lugar, remarca que A. F. dijo que A. R. fue la persona que agredió a G.. Lo mismo comentó T. G. C..
En definitiva, refiere que es imposible acreditar que su defendida haya sido la autora de las lesiones en cuestión, cuando en el propio testimonio de la víctima establece “…en la pelea éramos 4 nosotros y ellos eran 8 personas”.
c. Por otra parte, cuestiona las pautas agravantes sopesadas.
En ese orden, denuncia que se meritó erróneamente la extensión del daño psicológico En efecto, refiere que en ningún momento a lo largo del proceso se ha acreditado instrumentalmente el inicio de algún tipo de terapia psicológica o afín por parte de las presuntas víctimas.
Solicita se obliteren las agravantes sostenidas por el sentenciante y revoque las mismas en el carácter que fueron valoradas.
Peticiona se haga lugar al recurso incoado.
Hace reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
V. Concedido y elevado el recurso por el "a quo", se dispuso la radicación en Sala y la notificación a las partes.
VI. El Fiscal Adjunto ante estos estrados, doctor Fernando Luis Galán, desistió de la audiencia de informe oral y presentó memorial a través del que se expidió respecto a la improcedencia del recurso interpuesto en favor de la defensa.
VII. En el mismo sentido, se expresó la defensa del encartado, quien desistió de la audiencia de informe oral, entendiendo que el recurso oportunamente interpuesto resultó fundado.
VIII. Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Entiendo que el recurso incoado por la defensa es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su respectiva defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Del mismo modo, entiendo que el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal es admisible toda vez que se controvierte sentencia definitiva en los términos del art. 450, se han cumplimentado los pasos a que se refiere el art. 451 y se invocan los motivos contenidos en el art. 448, todos del ceremonial penal, encontrándose legitimado el representante del Ministerio Público Fiscal a interponer el presente recurso en los términos del art. 452 inc. 2°.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Liminarmente, anticipo que por una cuestión metodológica habré de alterar el tratamiento de los recursos comenzando por el libelo incoado por la defensa.
a. Con relación al agravio por el que estima que el sentenciante incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva –art. 127 del C.P.-, estimo que dicho planteo es inviable.
Para dar responde al cuestionamiento de la defensa, es necesario efectuar un debido análisis de los elementos probatorios desde que los mismos tienen una fuerte incidencia para precisar sobre el tipo penal enrostrado.
La defensa intenta con todo tipo de aristas pretender que su defendida no ejercía una explotación económica, sino por el contrario, ella también ejercía la prostitución en un pie de igualdad con las demás trabajadoras que allí efectuaban su actividad.
Estimo que la prueba rendida en el juicio pone en evidencia un extremo absolutamente divergente al que postulara el recurrente. Veamos.
El órgano a quo tuvo por debidamente comprobado el siguiente hecho: “el día 7 de Agosto del 2019 en que se realizaron las tareas de investigación del personal de gendarmería y hasta el día 31 de Octubre del mismo año que se llevó a cabo la diligencia de allanamiento, la aquí imputada, G. E. L., administró los "privados" ubicados en calles ***** departamentos 1 y 2, de la localidad y partido bonaerense de San Miguel , promovió y facilitó la prostitución de personas femeninas mayores y al menos una menor de edad –con desconocimiento de la imputada de tal circunstancia- que ejercían tal actividad, publicando avisos en las páginas de internet del rubro y administrando en general la referida actividad, beneficiándose de la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, reteniéndole parte de cada pase realizado con los clientes que solo L. contactaba y enviaba al lugar”.
El quejoso vuelve a reeditar sus agravios sin hacerse cargo de rebatir lo resuelto por el “a quo”, limitándose a contraponer un criterio meramente discrepante y subjetivo sobre la manera en que debieron ser resueltos sus reclamos, particularmente respecto al modo en que se meritaron los elementos probatorios recabados en el proceso.
Debo señalar que no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso contestar mediante una crítica concreta y razonada todos y cada uno de los argumentos expuestos en ella resultando insuficiente e inidónea tal conducta para demostrar violación legal alguna por parte del tribunal al resolver en contra de sus pretensiones (conf. C.S.J.N., Fallos: 303:109; 304:1048; 305:301; 307:1735; 311:1133; 312:1716; 313:1077; 319:123; en igual sentido, SCBA, P 57877, rta. 8-9-1998; P 69211, rta. 17-7-2003, c. P 69012, rta. 23-4-2003). Fueron diversos los testigos que alertaron sobre el rol que tenía la encartada en el funcionamiento de las propiedades donde se ejercía la prostitución.
En efecto, la investigación ya puso de relieve tal circunstancia al escuchar en el juicio al deponente R. H. M. –Gendarme- quien dijo que en el domicilio de calle *****departamento 1 y 2, también en domicilios de las calles ********* había chicas que trabajaban ofreciendo servicios sexuales. El deponente destacó que G. L. llegaba con un automóvil Toyota Corolla e iba a los departamentos de la calle **** -dos departamentosestaba media hora y se iba. Las chicas entraban y salían de los dos departamentos. G. llegaba, estacionaba y entraba con las chicas. Los clientes se contactaban por la página ‘Skokka’.
Los clientes eran hombres, dijo que había servicios de 15 ó 30 minutos, previo a eso había que mandar un mensaje de texto para decir que se estaba en la esquina y abrían la puerta.
A partir de los datos del vehículo en que se trasladaba la sindicada pudieron averiguar su domicilio ubicado en la calle *****, en el que no se ejercía la prostitución.
Fueron varios los días de investigación y seguimiento. El día del allanamiento contó que había chicas trabajando de entre 18 y 20 años de edad. Asimismo, precisaron que había una joven de 17 años.
El testigo expresó que G. iba por veinte minutos, iba como si fuera alguien importante, en varias oportunidades las chicas iban con ella en el vehículo, cumplía con el perfil de regenteadora.
Destacó que por informes que pidieron a Migraciones la encartada tenía varias salidas al extranjero, de allí que estableció que la misma carecía de necesidades económicas. Dijo también que se trasladaba incluso en tres vehículos diferentes.
Desde otro lugar, se meritó el testimonio de P. M. M., quien dijo conocer a la imputada desde el momento en que la dicente trabajaba en la barra de un boliche. Dijo que en una oportunidad L. se le acercó y le dijo que un cliente quería su número, que era muy linda y que aquel sujeto quería un servicio sexual. Dijo que no aceptó aquella propuesta, en aquel entonces era menor de edad. Luego, expresó que por su cuenta comenzó a trabajar en servicios sexuales en un departamento. Contó que una amiga –A. N.- trabajaba para G. L.. Aseveró que trabajar para L. significaba que ella le encontraría clientes y ella se quedaba con la mitad del dinero por el pase. Expresó que G. entraba al boliche y hacia entrar a todas las chicas, los patovicas dejaban pasar a todas las demás con las que entrara G.. Dijo que su amiga A. era menor de edad, y que dicha particularidad era conocida por la encartada. Expresó que L. quiso que trabajara para ella, pero la testigo dijo que no. Luego, la relación entre la testigo y la imputada se modificó, pues la segunda la comenzó a mirar mal, tuvo que dejar de trabajar en el boliche porque L. o las chicas que trabajaban para ella la amenazaban. Las chicas que trabajaban para G. le decían ‘mama’, ella oficiaba como la jefa, pues manejaba el departamento, el pago del alquiler y el pago de los clientes.
Luego de que la imputada estuviera privada de su libertad, las conocidas de L. le decían que la iban a acuchillar a la salida del boliche. Dijo que las demás chicas la llamaban por teléfonos de números desconocidos. También comentó que en el boliche la empezaron a empujar y decían que G. la iba a matar porque fue la responsable de que estuviera presa.
Indicó que G. le mandó un mensaje, pues sabía que tenía que ir a declarar en un intento de intimidación por parte de la sindicada. También se meritó el testimonio de A. N. F., quien dijo conocer a G. cuando tenía dieciséis años de edad. Una amiga –A.- le sugirió que comenzara a trabajar brindando servicios sexuales porque iba a ganar mucho más dinero, pero la dicente le dijo que no porque era menor de edad. Su amiga le dijo que mintiera. Así, contó que fue a ver G. y le mintió respecto a su edad.
Dijo que G. fijaba las tarifas, los clientes llegaban por un celular y una página web. Había dos celulares por las que se comunicaban, y esos aparatos los manejaba G. o alguna de las chicas. La deponente trabajó en la calle *****. Expresó que su amiga A. también era menor de edad. Dijo que G. sacaba fotos de sus redes y las subía a esa página web. Los clientes los mandaba ella y había veces que G. estaba ahí presente. Todas las chicas le deban parte de los pases. G. pasaba todos los días por el lugar y recolectaba el dinero que le daban todas las chicas.
Luego, contó que fue a trabajar al departamento de calle **** donde había dos departamentos juntos en los que se alternaba de forma indistinta. Allí, también dijo que le daban la mitad de los pases a G., quien seguía haciendo la publicidad y enviaba a los clientes. Cuando fue realizado el allanamiento en la calle ***, la dicente comentó que ya no trabajaba más. Por último, aseveró que G. nunca le pidió el documento y su amiga A. le dijo que mintiera sobre su edad para que pudiera comenzar a trabajar. También se escuchó el testimonio de T. G. L., quien comentó que trabajaba con G.. Dijo que ésta era trabajadora sexual, la conoció en el boliche y allí quiso trabajar con ella.
Expresó que G. hacía publicaciones en una página web, ella también hacía las publicaciones. Dijo que en un determinado momento dejó de trabajar con G. porque llegaron a trabajar otras chicas al departamento. Allí, todas ponían dinero para pagar el alquiler.
Luego, dijo que se contactó nuevamente en el local bailable Fénix para volver a trabajar con ella y le dijo que tenía que pagar quinientos pesos ($ 500) para el alquiler.
Contó también un episodio en el que G. se peleó con A. en el boliche. Dijo que A. le pegó a G..
Por otra parte, el sentenciante meritó la declaración de E. B.. Ésta dijo que conoció a G. porque una de las chicas trabaja con ella. Después trabajó con G. brindando servicios sexuales a clientes. Dijo que para trabajar en el departamento había que hablar con G. y había pagarle una suma de dinero para hacer frente a los gastos. Las publicaciones en la página web para que lleguen clientes las hacía G.. Dijo que pasaba a buscar dinero y era quien designaba la persona que estaba a cargo del celular y la que manejaba el dinero. En el teléfono quedaba registrado cuantos clientes pasaban y G. controlaba.
Con relación a las publicaciones, dijo que tenían que darle plata a G., las fotos se las pasaban las chicas. Manifestó que si G. no estaba en el departamento no tenían horario.
Cuando venía un cliente y no se lo quería atender, se tenía que atender igual, G. era quien decidía eso. Nunca hubo maltrato, pero no se llevaba bien con G..
Con relación al episodio con A. dijo que ésta pensó que le iban a pegar todas las chicas.
En cuanto al testimonio de A. R., ésta comentó que trabajaba para G. en servicios sexuales. Dijo que le otorgaba el cincuenta por ciento de cada uno de los pases que mantenía con los clientes. Ella trabajaba en el domicilio de calle **** y también lo hizo en la calle ****.
G. le dijo de trabajar para ella, que le iba a coordinar los clientes y le tenía que dejar la mitad del pase. Expresó que con el resto de las chicas el manejo era igual.
Cuando dejó de trabajar con ella hubo inconvenientes, G. se había enojado porque se iba a trabajar a otro departamento y sentía que la había traicionado.
Contó el episodio sucedido en el boliche Fénix donde fue agredida por la encartada junto a otras chicas, dijo que subió donde estaba la dicente junto a ocho chicas. Precisó no tener dudas respecto a la persona que la lastimó con un vaso, siendo G. la responsable.
En el mismo sentido, fue ponderado el testimonio de M. R., quien dijo que también trabajó para G.. Ésta le exigía la mitad del dinero producido en cada pase con los clientes.
Trabajó en varios lugares, en ***,***, ***, siempre era la misma modalidad, en la que tenía que darle la mitad de cada pase que se efectuaba.
Expresó que G. se enojaba si no había clientes y decía que tenían que quedarse ahí encerradas, ella se aprovechaba porque las chicas necesitaban la plata.
Aseveró que G. era quien publicaba sus imágenes en varias páginas web, respondía y manejaba los mensajes. También expresó que si no había deseos de atender a un cliente por obligaciones había que hacerlo igual. Dijo que no se iba por miedo del domicilio en el que trabaja, las chicas que se iban G. las amenazaba. Cuando se fue dijo que fue peor porque las amenazas eran muchas tanto de parte de G. como de su pareja, J..
Por último, presenció la pelea con de su hermana con G.. Dijo que aquel día fueron a bailar y le pidieron al encargo que las lleve a otro lado para no cruzarse con G.. Ingresó G. con todas las chicas y fueron al lugar donde estaba la dicente y A.. Allí, comenzaron a pegarles y a su hermana le quiso cortar la cara. Estaba ella y su hermana solas contra todas las demás. Por otra parte, se escuchó el testimonio de la Licenciada, Ailén Roso, psicóloga del Ministerio de Justicia de la Nación. La profesional dio cuenta de los allanamientos practicados en el proceso, particularmente de un departamento ubicado en la calle ****, eran dos domicilios. En el primero encontraron a una sola persona y en el otro a cinco personas.
Las personas estaban en situación de prostitución excepto una que era manicura y se encontraba realizando ahí un trabajo.
Del relato de las chicas, indicó que todas manifestaron estar por propia voluntad y organizadas de manera que nadie controle su actividad, pero los discursos eran contradictorios. Pudo inferir que había un aleccionamiento por alguien que no quería que se sepa quién controlaba el lugar. Después fueron a la calle ***** y había más mujeres, donde se repitió la situación de relatos confusos y contradictorios respecto al modo en que estaban organizadas para trabajar.
En el segundo domicilio algunas mujeres manifestaron conocer el primer domicilio de la calle **** como si hubiera también una disputa territorial, siendo que existieron amenazas entre ellas. Las del domicilio de **** habrían amenazado al domicilio de ****. Una de las chicas dijo que la dueña del domicilio de la calle **** amenazó por Facebook a una de las chicas del otro domicilio y que las buscaba en boliches para pegarle. Del mismo modo, fue justipreciado el relato que brindara P. B., quien dijo que en el año 2019 se desempeñó en el programa de Rescate del Ministerio de Justicia.
Contó que fue a los allanamientos de las calles *** y ****. Tanto en uno como en otro de los domicilios había mujeres que ejercían la prostitución –todas mayores de edad-.
Indicó que algunas chicas refirieron que G. había realizado amenazas a alguna de las mujeres y habría golpeado a otras por disputas de territorio. También allí surgió que en la calle *** había chicas menores de edad y cuando se iban G. las amenazaba y las hostigaba. Una de las mujeres dijo que se les retenía el cincuenta por ciento de cada uno de los pases.
Por último, expresó que es muy habitual que las victimas tengan un discurso sobre lo que tienen que decir, cuando se indaga a las mujeres siempre dicen lo mismo, ‘que entre todas hacen todo’, ‘que no hay jerarquías’. Sin perjuicio de ello, indicó que cuando se expresaron sobre cuánto dejaban para el alquiler o quién pagaba los servicios, los relatos se surgieron contradictorios. Sostuvo que en muchos casos hay aleccionamiento sobre qué decir, pero al no saber cómo son las preguntas que se formulan, subyace la falta de precisión y salta a la luz si es un discurso aleccionado. Así, contó que en el domicilio de la calle *** sucedió que no se podía precisar cuántas mujeres había. Luego, puso de relieve que una de las mujeres dijo que G. manejaba el lugar y que les retenía dinero. También fue valorado el testimonio de J. A., Lic. en psicología, quien se desempeñaba en el Programa Nacional de Rescate durante el 2019. Dijo que acompañó varias mujeres a prestar declaración para brindar contención y auxiliarlas emocionalmente. Es decir, es una contención emocional en la que no se interviene sobre el contenido de la declaración. Contó que una de las mujeres que declaraba se tuvo que pausar porque se encontraba amenazada. Estaba con mucho miedo porque había recibido mensajes con fotos de ella en una parada de colectivo. Entonces, a partir de toda la prueba antes reunida y producida en el plenario, el órgano a quo pudo dar cuenta que en el domicilio de la calle **** de San Miguel funcionaban dos departamentos en los que diferentes mujeres ejercían la prostitución.
Se pudo establecer por las investigaciones practicadas en el domicilio de cita que, la encartada se acercaba a lugar indicado todos los días. Lo hacía por breves lapsos y con frecuencia diaria.
En efecto, se acreditó con la prueba testimonial rendida en el transcurso del debate que la sindicada iba al lugar a recolectar el dinero de lo producido en cada uno de los departamentos donde las mujeres ejercían la prostitución.
No está cuestionado que las mujeres que allí trabajaban en el domicilio de mención estuvieran obligadas a hacerlo, pues como se diera cuenta en la prueba testimonial muchas se acercaron a la encartada para trabajar para ella.
Por lo tanto, las mujeres que ejercían en ese domicilio la prostitución no fueron coaccionadas, es decir, no fueron empleados ninguno de los medios comisivos que la anterior ley -25.087- requería para la para la configuración de los injustos de promoción de la prostitución –cuando se trataba de mayores de dieciocho años- y/o su explotación económica, es decir, la perpetración mediando “engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción” –art. 126 del C.P, según ley 25.087-, fórmula que prácticamente se repite en el art. 127 del C.P, siempre según el texto de la ley 25.087 ya citada.
Aún así, previo a ahondar sobre los diferentes elementos probatorios en los que el órgano a quo reparó para sustentar su razonamiento, es necesario poner de relieve ciertas consideraciones con relación al tipo penal en trato y la ley que impulsara su actual redacción (ley 26.842, B.O. 27/12/2012).
En rigor, cabe precisar que la ley 26.842 (ley de prevención y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas) modificó la regulación de los delitos relacionados con el ejercicio de la prostitución. Si bien la reforma tuvo una mayor repercusión en lo inherente al delito de Trata de Personas y a la modificación que tuviera ese tipo penal legislado por la ley 26.364, lo cierto es que la ley 26.842 también efectuó cambios en otras normas del código sustantivo, entre ellas, las figuras que circundan la promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena (conforme arts. 125 bis, 126 y 127 del código penal). Es que la nueva norma tuvo en mira la erradicación de una vez por todas de la explotación sexual de terceros.
Es decir, la ley 26.842 tuvo un palmario interés en tipificar, entre otras actividades, a la prostitución, y que a partir de allí se implique un peligro en potenciar las acciones encuadrables en el delito de trata de personas si no se realiza un esfuerzo por la criminalización primaria de dichas conductas. La tipicidad de la norma al prohibir la promoción y la facilitación de esta actividad considerada riesgosa se enmarca en razones de política criminal con el objetivo paternalista del Estado en extraer a las víctimas de aquel mundo subterráneo.
Sobre lo anterior ha explicado claramente el Dr. Celesia que: “La ley 26.842 se encargó de modificar no solo aquellas disposiciones vinculadas con el delito de trata de personas, sino también de compatibilizar el resto del orden jurídico con el combate de tal flagelo.
Así, la flexibilización de las conductas encuadrables en el delito de promoción y facilitación de la prostitución, al suprimirse elementos normativos de los respectivos tipos, obedece a la idea rectora de alcanzar todos los eslabones posibles de la cadena por la cual se desarrolla el delito de trata de personas. De tal manera, no solo es punible quien “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima” -art. 145 bis del C.P-, sino también aquél que promueva o facilite la prostitución, pues aquella actividad se encuentra sensiblemente vinculada a la trata, al resultar uno de los motivos de la explotación de las víctimas”. (Tribunal de Casación Penal, Sala 5, causa n° 75.988 “Marín Trujillo, Manuel Antonio s/ recurso de casación”, 8/11/2016).
En lo referente al tipo penal atribuido en autos por el sentenciante (explotación de la prostitución ajena, art. 127 del C.P.), el legislador con la sanción de la ley 26.842 ha extendido los límites de punición abarcando situaciones que se presentan en esta clase de criminalidad sexual. Tal como fuera expuesto con la prueba rendida, el consentimiento de las mujeres al prostituirse se materializa como una circunstancia que no es materia de agravio o debate. En efecto, la reforma del tipo penal con la nueva ley pone de manifiesto que el consentimiento del sujeto pasivo carece de relevancia jurídica. Aún así, ello no quiere decir que no hay protección penal para quienes se sitúan voluntariamente en el plano del ejercicio de la prostitución (Cfr. Aboso, G., Derecho Penal Sexual, B de f, Montevideo- Buenos Aires, 2015, p. 391).
Sostiene Javier De Luca en dictamen ante la Cámara Federal de Casación Penal: “El tipo penal quedará perfeccionado aunque mediare el consentimiento de la víctima. Es decir, la ley ya no alude a la falta de consentimiento de las víctimas mayores de edad. Esta siempre fue una cuestión independiente de su demostración pero, sin embargo, ese asunto generó gran confusión en la doctrina y la jurisprudencia al requerir la prueba de la falta de consentimiento en casos donde el sujeto pasivo era explotado y, de esa manera, no tener en cuenta que nadie puede consentir jurídicamente su propia explotación. En fin, ahora se aclara expresamente que la conducta es delito aunque mediare consentimiento de la víctima, lo cual nos ubica en una figura difícil de contextualizar dentro de aquellos supuestos de hecho que deben lesionar o poner en peligro este bien jurídico, que no debe ser confundido con la moral o decencia pública” (Dictamen en los autos Nro. FCB 62001988/2012/TO2/CFC2, del registro de la Sala II, caratulados “Martínez, Tita Lilian y otros s/ inf. art. 145 bis- conforme ley 26.842”).
La irrelevancia del consentimiento viene de la mano de la idea que reconoce la vulnerabilidad de las mujeres que se someten a la prostitución, quintado de esa forma los obstáculos derivados de dicha exigencia y que conllevaban a una falsa evaluación de la problemática. Es que se desconocía que ese consentimiento en términos generales se hallaba condicionado a la aludida situación de vulnerabilidad. De allí que la actual redacción se centró en la actividad en sí misma que es lo que se pretende desalentar.
En efecto, la modificación impulsada por la ley 26.842, en la que aun con el consentimiento prestando por la víctima se abarca el cumplimiento del tipo penal, responde a los fundamentos de política criminal antes repasados, pues la prostitución –en una gran cantidad de casos- aparece como una actividad que inexorablemente se encuentra destinada al tráfico de seres humanos.
El art. 127 del código de fondo en este aspecto es categórico, la norma castiga al que explota económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aun cuando mediare el consentimiento de la víctima. Cabe mencionar que nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe el ejercicio autónomo de la prostitución, pero sí todas las actividades que derivan de dicho ejercicio. De allí, la previsión de las figuras de la promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena (arts. 125 bis, 126 y 127 del C.P.), aun cuando mediare el consentimiento de la víctima.
Sobre el punto también es necesario subrayar que nuestra ley prohíbe las casas o locales donde se ejerce la prostitución -llamadas casas de tolerancia- como así también reprime a quienes las sostienen, administran o regentean (cfr. arts. 15 y 17 de la ley 12.331, B.O. 11/1/1937, referida a la profilaxis antivenérea).
En efecto, tal como fuera expuesto, la prostitución como actividad no está prohibida, aunque en algunas jurisdicciones se encuentra contemplada, como contravención, por ejemplo, la conducta de quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en espacios públicos no autorizados (Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En el mismo sentido, algunas provincias sancionan lo que llaman ‘prostitución escandalosa’ (visible), por considerar esa conducta una contravención contra la moral y/o las buenas costumbres (Cfr. Villada, J., Delitos sexuales y trata de personas, 3° ed., Buenos Aires, La Ley, 2017, p. 336).
De lo anterior, se colige que, si bien para nuestro Código Penal la prostitución no contiene una punición autónoma, existirán situaciones en las que todo indica que, para la ley, su ejercicio no es enteramente libre (Cfr. De Luca, Javier Augusto y Lancman, Valeria A. “Promoción y Facilitación de la Prostitución”, comentario al art. 125 bis del CP, publicado en www.pensamientopenal.com.ar).
En el caso de autos, estimo que el bien jurídico protegido por la norma penal ha sido cabalmente afectado.
La importancia del bien jurídico en el Derecho Penal ha sido destacada desde antaño por Roxin. El autor partió de la base de que el Derecho Penal sólo puede proteger ‘bienes jurídicos’ que son otorgados de forma previa al legislador del tipo penal (Cfr. ROXIN, Claus, ‘Derecho Penal. Parte General’, Civitas, Madrid, 1997, T. I, p. 52 ss.).
Antes de brindar algún desarrollo sobre la idea del bien jurídico del tipo penal, es necesario aclarar que, comparto la tesitura del órgano a quo en cuanto a la aplicación del art. 127 del código de fondo, aunque con los reparos que procederé a formular a continuación.
En el debate oral la agente fiscal actuante solicitó la condena por los delitos de promoción, facilitación y explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores agravado por mediar violencia, amenazas y por haber víctimas menores de 18 años, para ello se citó el art. 127 del C.P. Tampoco en los alegatos se precisó que tipo de relación concursal tendrían esas figuras legales.
Ahora bien, en la sentencia, los jueces al calificar el hecho que fue tenido por acreditado lo hicieron en la figura legal de la explotación económica del ejercicio de la prostitución.
Sin perjuicio de lo anterior, también es necesario recalcar que el sentenciante tuvo por comprobada una materialidad infraccionaria en la que destacó que la imputada cometió efectivamente las acciones típicas del art. 125 bis del código sustantivo, véase: “…la aquí imputada, G. E. L., administró los "privados" ubicados en calles **** departamentos 1 y 2, de la localidad y partido bonaerense de San Miguel , promovió y facilitó la prostitución de personas femeninas…” (el subrayado me pertenece). En rigor, más allá de la distinción que aquí se realizare sobre los tipos penales en juego, estimo que el órgano a quo incurrió en un error material al consignar la calificación legal, eventualidad que se dejará a salvo en este voto aunque con las limitaciones propias de las normas rituarias vigentes.
Es que aun cuando me apartara de lo decidido por la instancia anterior, estimo adecuado, por la función nomofiláctica inherente a esta Sede Penal Provincial, adecuar la calificación legal en los delitos de promoción y facilitación de la prostitución ajena (art. 125 bis del C.P.) en concurso ideal con explotación económica de la prostitución ajena (art. 127 del C.P.).
En la figura prevista por el art. 125 bis del C.P. no es necesario que el autor procure obtener para sí una ganancia o provecho material, como lo exigía la vieja redacción del art. 126 para el caso de víctimas mayores de edad. En este punto, cabe repetir que la figura se distingue de la prevista en el art. 127 del C.P., pues la primera sanciona a quien promueve o facilita la prostitución y la segunda, a quien explota las ganancias que la otra persona obtiene con ese ejercicio.
En efecto, la doctrina puntualiza que: “…las modalidades comisivas previstas por el art. 125 bis, la acción de promoción consiste en determinar a otro al ejercicio de la prostitución, mientras que la acción de facilitación se relaciona con el apoyo otorgado por el autor a la víctima para mantenerla en ese estado. Por el contrario, el proxeneta o lenón se aprovecha económicamente de una persona que ejerce la prostitución, siendo independiente a cualquier acto de promoción o facilitación” (Aboso, G., ob. cit, p. 393).
De allí es que estimo efectuar, de acuerdo a quien esto suscribe, la correcta interpretación de los tipos penales de conformidad con los hechos que se tuvieron legalmente por probados.
La casación, es un recurso que materializa un acto de voluntad de las partes del proceso (Condenado y su Defensa, Particular Damnificado y Vindicta Pública), por el que solicitan la revisión de la sentencia, amparándose en un error de derecho al juzgar (“in iudicando”) o un erro o vicio procesal que desnaturaliza la validez de la sentencia (“in procedendo”), por ello esta herramienta procesal es considerada un medio de impugnación en base a motivos de derecho específicamente previstos por la ley. En definitiva, tiene una finalidad eminentemente defensora del “ius constitutiones” del ordenamiento jurídico a través de esa función nomofiláctica, que importa salvaguardar las normas del ordenamiento jurídico, como así también una tarea uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.
Es decir, es tarea de este órgano la corrección de los errores de interpretación jurídica cometidos por los órganos inferiores, más que la norma lo que en esta etapa del proceso se pretende proteger es la exacta observancia de la ley, empleando palabras utilizadas por el art. 65 del “Ordenamiento Giudizario” italiano. El interés de la ley del que comúnmente se habla en materia de casación -decía Calamandrei- no quiere decir, pues, otra cosa que el interés público en la exacta interpretación del significado abstracto de la ley. Este fin de la nomofilaxis se presenta como un instrumento al servicio de la evolución de una jurisprudencia que pueda considerarse coherente y responsable, que permita someter las decisiones de los tribunales inferiores, ante Casación, con el fin de que dicho órgano enjuicie su legalidad y haga públicos los motivos de su rechazo o admisión de forma que la sentencia pueda servir como precedente para la resolución de otros asuntos posteriores, logrando la uniformidad de jurisprudencia. Dicho ello, desde mi forma de ver las cosas la encartada cometió una acción que realizó dos tipos penales distintos, configurando una relación concursal de tipo ideal entre los delitos de promoción y facilitación de la prostitución ajena (art. 125 bis del C.P.) y explotación económica (art. 127 del C.P.). Se ha comprobado que la encartada cometió una acción en la que por sus características hicieron que sus efectos perduraran en tiempo, es decir la realización de actos similares enderezados al mismo fin. Sin perjuicio de considerar propicia la calificación legal antes expuesta, de acuerdo a los hechos acreditados, me encuentro constreñido a impulsar tal modificación, ello de conformidad por los límites constitucionales de la “reformatio in pejus” (art. 435 del ritual).
Así, las cosas las observaciones expuestas previamente son otorgadas a fines dogmáticos para dejar a salvo mi criterio jurídico sobre una cuestión a la que fui llamado a decidir.
Con las salvedades expuestas, habré de sostener la calificación por el ‘hecho 1’ en el tipo penal de explotación de la prostitución ajena, también llamado ‘proxenetismo’ (Aboso, ob. cit.) o ‘rufianería’ (Cfr. Arocena – Sánchez Freytes, Código Penal. Parte Especial, Tomo I, 2° ed. Actualizada y ampliada, Lerner, p. 466).
Ahora bien, retomando la idea del bien jurídico afectado el título del Código Penal en el que se insertan los arts. 125 bis y 127, los debates parlamentarios y su texto indican que las acciones allí descriptas reclaman una ofensa al bien jurídico integridad sexual, término que, por su imprecisión, debe ser identificado con la libertad sexual.
Tradicionalmente se entendió que las figuras legales bajo estudio ofendían las buenas costumbres y la moralidad sexual, o incluso la salud pública.
Actualmente, en función de reforma introducida por la ley 26.842, resulta más adecuado hacer referencia a la libertad sexual como el bien jurídico afectado (Cfr. De Luca, Javier Augusto y Lancman, Valeria A, “Promoción…”) o bien a la autodeterminación sexual del sujeto pasivo (Cfr. Aboso, G., ob. cit. P. 372). Lo anterior es de aplicación a uno y otro tipo penal.
Todo lo desarrollado es importante para precisar sobre el consentimiento de las víctimas en cuanto a su decisión por sí mismas de ejercer la prostitución. Pues con la reforma que impulso la ley 26.842 dicha particularidad no resulta relevante. Es decir, el anterior artículo 127 del C.P., de acuerdo a la ley 25.087, destacaba la atipicidad de la conducta cuando mediare la conformidad de la persona en ejercer la prostitución. Y digo ello, pues la parte en diversos tramos del libelo destaca que las mujeres que allí desarrollaban su trabajo lo hicieron de forma voluntaria. Relacionado con lo anterior, es necesario poner de relieve que la represión de la explotación económica de la prostitución ajena descansa sobre el presupuesto de que el sujeto pasivo siempre sufre algún tipo de desventaja en el ejercicio de su actividad. De allí, que denota de importancia el elemento de tipo económico del delito previsto por el art. 127 del C.P., pues se exige que el autor se aproveche del ejercicio de la prostitución ajena, eventualidad que se cumplió en el caso cuando la sindicada se hacía del cincuenta por ciento de cada uno de los pases que las mujeres mantenían con los clientes que ella misma gestionaba (ver testimonio de P. M. M., A. N. Fr., A. R. y M. R.).
Las testigos a la que se pasó revista previamente dieron cuenta que ellas no estaban en un pie de igualdad con G. L..
En efecto, cabe tan solo reparar en la declaración de la propia encartada cuando dijo que ella alquiló un departamento para poder trabajar allí. Ya de por sí, esa mera circunstancia, destaca una posición diferente de la nombrada frente a las demás mujeres.
Se pudo acreditar, ya sea por las tareas investigativas como por la recolección de la prueba testimonial, que la imputada no ejercía la prostitución en el domicilio allanado, sino que era la persona encargada que el lugar funcione correctamente de acuerdo a los estándares que ella misma pretendía. También surgió de los elementos probatorios sopesados que la acusada se dirigía todos los días al domicilio de calle *** y se mantenía allí por un breve lapso hasta que se retiraba nuevamente en un automóvil. Las testigos dijeron que iba todos los días a buscar el dinero de lo producido. En rigor, la acusada era la que difundía la publicidad de las mujeres en la página web, coordinaba el turno de los pases con los clientes, fijaba las tarifas, manejaba los teléfonos celulares en los que se promocionaban los servicios sexuales o designaba quien lo hacía, recibía dinero por las publicaciones que efectuaba para promocionar los servicios, enviaba los clientes, exigía que cuando iba un determinado cliente y no se deseaba atenderlo había que hacerlo de todos modos, etc. En efecto, todas las conductas anteriores ponen a las claras un posicionamiento divergente entre las mujeres que allí se prostituían y la acusada.
De las investigaciones se pudo precisar que la sindicada se trasladaba en tres autos de forma indistinta, como así también se precisó que por Migraciones había salido del país y viajado a Europa en al menos dos oportunidades.
Es decir, las conductas y manejos de la encartada reflejan una realidad muy disímil a la que la defensa intenta explicar en el recurso incoado a su favor. Por lo que se concluye que la organización del departamento en el que se brindaban servicios sexuales no era administrada de manera conjunta entre las trabajadoras, sino que G. L. era la responsable del lugar.
Hubo testigos que destacaron que la encartada no exigía un porcentaje de lo ganado, sino que requería el pago de un canon para cubrir los gastos del alquiler (T. L. y E. B.). Estimo que dicha particularidad no resulta un obstante en la atribución de responsabilidad de la sindicada. En primer lugar, las deponentes de cita ya ponían a la propia encartada en un lugar de preferencia porque era a ella, y no a otra persona, a quien se le tenía que dar el dinero para pagar el alquiler.
En segundo lugar, E. B. dijo que G. L. era quien efectuaba las publicaciones en la página web para que llegaran los clientes. De igual modo, refirió que la encartada era quien designaba la persona que manejaba el dinero y el teléfono celular.
Y en tercer lugar, estimo importante destacar el testimonio de P. B. quien se desempeñó en el programa de Rescate del Ministerio de Justicia. En efecto, la deponente especificó la habitualidad en que las victimas presentaban un discurso sobre lo que tienen que decir, que no había jerarquías, etc. En el caso, las personas a las que entrevisto no pudieron precisar cuántas personas trabajaban en calle ****, sumado a la peculiar circunstancia que una de las trabajadoras dijo que la encartada era la que manejaba el lugar y les retenía dinero.
Sobre esto último es necesario reparar en que la parte también menciona el testimonio de A. R. (psicóloga del Ministerio de Justicia de la Nación) cuando dijo que del relato de las mujeres que trabajan en ese domicilio estaban organizadas de tal manera para que nadie controlara su actividad.
Estimo que dicha postulación de la defensa es tan solo una particular y subjetiva forma de valorar los dichos de la deponente, pues ésta si bien expresó lo enunciado en el párrafo anterior, sostuvo que los discursos de las testigos resultaron contradictorios, infiriendo que había un aleccionamiento por alguien que no quería que se sepa quién controlaba el lugar En cuanto al planteo defensista por el que solicitó se valoraran los testimonios de E. C., S. L. P. y M. A. como elementos para acreditar la ausencia de explotación económica de su asistida, estimo que dicho embate resulta improcedente. Es que los testimonios mencionados no fueron escuchados a lo largo del debate oral ya sea conforme lo actuado en el veredicto impugnado como en el acta de debate. En efecto, en el acta de debate únicamente se destacó el intento de la defensa en ingresar un testimonio de una persona de apellido A., pero el mismo fue rechazado por extemporáneo por el juzgador argumentado que la defensa no brindó un solo argumento para tenerlos por admitidos a esos testimonios, como así tampoco explicó que hayan sido novedosos en aquel trámite del proceso. Vale decir que no hubo reclamo alguno de la defensa en el plenario sobre la decisión del sentenciante sobre el punto.
Adunado a todo lo anterior, puede agregarse el resultado del allanamiento practicado en el domicilio donde pernoctaba la encausada en la calle **** de la localidad de San Miguel. Allí, por las investigaciones practicadas se concluyó que no se ejercía la prostitución, sino que era el domicilio real de L..
Para ello, el sentenciante sopesó el testimonio de Facundo Czajkowski –Gendarme- quien fuera el encargo de practicar el allanamiento en ese domicilio. El deponente explicó que el objetivo era la detención de la ciudadana L.y un registro del domicilio. Al momento de la diligencia no fue encontrada en el domicilio. Se pudo constatar que G. L. vivía en ese domicilio y tenía una habitación propia, al revisarla encontraron dos teléfonos celulares, dos tablets, anotaciones y dinero en efectivo, las anotaciones tenían la particularidad de tener nombres de diferentes personas y valores monetarios, era una lista de nombres y dinero al lado, el dinero estaba en esa habitación, eran 79 mil pesos ($ 79.000).
El relato anterior se condice con lo que fuera declarado por Y. O., quien fuera testigo de actuación del allanamiento allí practicado. La testigo comentó que si bien no detuvieron a nadie, encontraron un cuaderno con nombre de chicas y el precio de las chicas y dinero, lo encontraron en la habitación de la persona investigada.
Dicho todo lo anterior –al haber pasado revista a los elementos que integraron el plexo probatorio-, considero que no hay ningún atisbo de duda, la encartada adecuó su conducta a la acción típica prevista por el art. 127 del C.P., pues claramente obtuvo una ganancia o un rédito económico derivado del ejercicio de la prostitución ajena.
De ahí se vuelve nuevamente a la idea que se vino trabajando a partir del concepto de explotación vinculado con el bien jurídico afectado en este tipo penal, pues el sujeto activo se aprovecha de alguna situación de vulnerabilidad de la víctima.
La doctrina sostiene: “La prostitución callejera se presenta como uno de los modos más peligrosos de prostituirse. Los riesgos de sufrir agresiones físicas, sexuales, incluso la pérdida de la propia existencia, se incrementan de manera exponencial bajo esta modalidad de prostitución. De acá, entonces, surja la necesidad de contar con algún tipo de protección; en estos casos aparece la figura del proxeneta, chulo, rufián o alcahuete. (Aboso, G., ob. cit, p. 391).
En este aspecto, debe destacarse la presencia de una persona contratada, de nombre D., quien cuidaba a las chicas que ejercían la prostitución en el domicilio de la calle ***. Éste les hacía compañía y las protegía de algún cliente borracho o violento (ver testimonio de E. B.). Ahora bien, tampoco tengo dudas respecto a que la inculpada adecuó su conducta, tal como fuera anticipado, en el tipo penal de promoción y facilitación de la prostitución ajena (art. 125 bis del C.P.). En rigor, sostienen con precisión Javier De Luca y Valeria Lancman sobre las acciones típicas de este injusto que: “Dentro del tipo objetivo, las acciones que la ley castiga son la promoción y la facilitación de la prostitución.
Promueve quien engendra en el otro la idea del ejercicio de la prostitución, lo impulsa a que se mantenga en ella, o lo persuade para no abandonarlo, de modo que también una persona ya prostituida puede ser sujeto pasivo de este delito. En todos los casos la iniciativa parte del autor. Facilita quien pone a disposición del sujeto pasivo la oportunidad o los medios para que se prostituya, como el hecho de procurar el lugar para el ejercicio de la actividad, o colaborar con publicidad para el negocio y la captación de clientes” (el subrayado me pertenece) (De Luca, Javier Augusto y Lancman, Valeria A, “Promoción…”).
En atención a lo explicado de forma prístina por la doctrina, considero que las acciones que impulsó la encartada se adecuan sin lugar a dudas al tipo penal en trato.
Es decir, L. promovió y facilitó la prostitución de las mujeres que declararon en el juicio.
Promovió la prostitución. Vale reiterar lo argumentado por el órgano a quo cuando con lucidez determinó que: “El modo de operar de L. si bien no obedecía a una coacción para ejercer el trabajo sexual por parte de las chicas, cierto es que el temor por dejar de trabajar para ella se vislumbró en los testimonios que brindaron quienes para ella trabajaban en el departamento, existía todo tipo de persuasiones para no hacerlo. Tal es así que ello era el motivo fundamental de los enfrentamientos en los boliches, como terminó pasando en el local Fénix donde se cruzaran en lucha con A. R. y su hermana”.
Facilitó la prostitución. Dicha acción es aun más evidente a partir de los diversos testimonios que dieron cuenta la forma en que L. les ofrecía un lugar ‘seguro’ para ejercer la prostitución, colaboraba enfáticamente en la obtención de clientes y efectuaba o dirigía las publicaciones sobre la oferta del servicio sexual en una página web.
Tal como fuera indicado más arriba, el a quo precisó que L. era quien: efectuaba la promoción de las chicas en la página web ‘Skokka’, manejaba a los clientes para distribuirlos en los diferentes domicilios, ejercía cierta publicidad en los boliches nocturnos cuando acudía acompañada de distintas chicas.
Las figuras legales puestas en cabeza de la encartada tampoco adolecen ningún tipo de dudas en lo relativo al tipo subjetivo, pues no hay espacio alguno para pensar en que la encartada no sabía o tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Claramente hubo dolo –requisito exigido por los tipos penales en trato- en el accionar de la acusada, basta tan solo observar los testimonios y elementos probatorios recabados en el proceso que traducen el designio final de la inculpada.
En efecto, la parte no cuestiona el tipo subjetivo, sino que el planteo de la calificación legal se circunscribe específicamente en lo tocante al plano objetivo del tipo penal. La defensa intentó acreditar, sin éxito, que su asistida no cometió las acciones típicas del delito que se le atribuyó, eventualidad que como fuera vista no ha sido posible de materializar.
A partir de todo lo reseñado, considero que el embate defensista por el que reclama la errónea aplicación de la ley sustantiva, no puede prosperar.
b. Desde otro lugar, la parte cuestiona el ‘hecho 2’ consistente en el delito de lesiones leves atribuidas a su asistida.
Estimo que el agravio por el que sustenta la falta de autoría de la encartada resulta improcedente.
El sentenciante contó con el testimonio de la propia víctima que no dio lugar a dudas sobre cómo sucedieron los hechos.
A. R. además de precisar haber trabajado para la encartada en uno de sus privados por el termino de tres años, eventualidad en la que le debía otorgar el cincuenta por ciento de cada cliente en el domicilio de calle ***, dejó asentado que la encartada se enojó con la dicente por comenzar a trabajar en otro domicilio alegando que la había traicionado.
El día del hecho en cuestión contó que se encontraron en el boliche bailable ‘Fénix’, la dicente estaba con su pareja y L. estaba con todas las chicas que trabajaban para ella, cuando la vio en el Vip la sindicada subió con las ocho chicas y empezaron a empujarla. G. la empujaba como también lo hacía con su pareja, le tiró un manotazo del costado y su pareja la corrió. Manifestó que L. tenía un vaso de vidrio y le quiso pegar con el mismo, pero dijo que se defendió poniendo la mano, allí le quiso reventar el vaso en la cara y al poner la mano se cortó, tuvieron que darle puntos en el Hospital Mercante. Indicó sin lugar a dudas que la persona que le pegó con el vaso fue G..
El relato anterior cobró veracidad con otros elementos probatorios del plexo más allá del testimonio de A. R. que resultó veraz y categórico para el sentenciante. Ello a contramano de lo que fuera expuesto por la defensa cuando alegara que el juzgador solo contó con el testimonio de la presunta víctima.
Entre ellos el juzgador precisó en la declaración que brindó Enrique Farina (médico de la Asesoría Pericial departamental) quien realizara un informe sobre las constancias que recibidas sobre A. R. provenientes del Hospital Mercante sobre una lesión contuso cortante en mano izquierda. En efecto, lo anterior se condice con el propio testimonio de la víctima, quien indicó que por las lesiones producidas acudió a la atención del nosocomio de referencia.
En rigor, también fue meritada la documentación proveniente del Hospital Mercante de José C. Paz donde obraran a fs. 419/420 las copias certificadas de la atención médica recibida a A. A. R..
De igual modo, se pudo precisar el móvil de la agresión por parte de la encartada hacia la víctima, consistente en un enfrentamiento por territorio respecto a los lugares donde se ejercía la prostitución, es decir, una competencia territorial en la zona por el negocio de los servicios sexuales. De ello también dieron cuenta P. B. y la Lic. Ailén Roso cuando se entrevistaron con algunas de las mujeres que trabajaban en el domicilio de calle ***. En efecto, se les comunicó que efectivamente había una disputa territorial entre los privados de *** y ***, siendo que la gente del primer domicilio había amenazado a los del segundo.
Asimismo, todo lo anterior se ratifica con la declaración de M. R. quien se manifestó en los mismos términos que su hermana y damnificada de autos. Dijo que presenció la pelea, habían ido a bailar y le pidieron al encargado que los llevara a otro lado para no cruzarse con G.. Contó que cuando ésta ingresó lo hizo acompañada de todas las chicas, fueron al lugar donde estaban ellas y empezaron a pegarles. Dijo que la encartada la cortó con un vaso en la mano a A.. Finalmente, fueron al Hospital Mercante para que fuera atendida.
En este orden de ideas, estimo que el delito de lesiones leves atribuido a la encartada debe permanecer incólume.
c. Por último, estimo que el agravio vinculado con la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P. debe prosperar.
Es que, de la lectura de la quinta cuestión del veredicto, el sentenciante solo mencionó como pauta agravatoria la extensión del daño psicológico causado a las víctimas.
En rigor, la decisión del juzgador se dio sin que se brinde fundamento alguno que sustente esa conclusión. En efecto, el sentenciante solo dijo que: “Sí encuentro como elemento agravante de la pena la extensión del daño psicológico sobre las víctimas”.
Estimo que hay un déficit en la argumentación desplegada por el sentenciante. Tal deficiencia de motivación impide a los interesados conocer las razones que justifican el pronunciamiento y por ende, obstaculiza la posibilidad de fundar una impugnación por los medios que la ley concede. Es así, que el Juez debe explicar el porqué de sus respuestas para que las partes se encuentren en condición de decidir si recurren o no lo fallado, y en su caso poder individualizar los motivos de la impugnación, facilitando de ese modo la revisión por parte del Tribunal “Ad quem” en tanto éste podrá analizar lo decidido si conoce las razones tenidas en cuenta por quien las dictó.
El ritual establece el deber de motivar las decisiones judiciales (art. 106 C.P.P.), evitando de ese modo que se adopten decisiones arbitrarias, pues obliga al juzgador a efectuar una exposición que permita constatar que el juez examinó los extremos necesarios para emitir su voto. Se exige entonces el desarrollo de una motivación autosuficiente, en el sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino, fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. En el presente caso el “a quo” ha aceptado la propuesta de la agente fiscal referida a la extensión del daño expresando únicamente la conclusión de su decisión, y aunque ello innegablemente resulte ser fruto de su sincera convicción, lo cierto es que no ha expresado las razones que lo condujeron a efectuar tal afirmación (art. 210 C.P.P.).
Asiste razón a la defensa en este tramo cuando puso de relieve la ausencia en exhibir algún informe u opinión profesional que acredite el extremo adjudicado, como así también mencionar quienes fueran las afectadas del accionar de la incusa, siendo que dicha particularidad repercutió arbitrariamente en un mayor reproche del injusto.
Considero entonces que han sido transgredidos los arts. 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal.
En este contexto, opino que debe procederse a la obliteración como pauta agravante de la pena a ‘la extensión del daño psicológico sobre las víctimas’, circunstancia que deberá modificarse y traducirse al momento de establecer la pena de la inculpada.
II. Ahora bien, me adentraré al tratamiento del remedio impugnativo traído a esta Alzada por parte del Ministerio Público Fiscal, adelantando que el mismo no puede prosperar.
Cuestiona los agravantes del tipo penal base del art. 127 del código sustantivo.
a. En un primer tramo, la parte cuestiona la inobservancia de la agravante relativa a la violencia ejercida sobre las trabajadoras sexuales para desarrollar su trabajo, es decir, en los términos del art. 127, párrafo segundo, inc. 1° del C.P.
Al igual que fuera propuesto en el voto de la sentencia recurrida, soy de la opinión que la agravante propuesta por la recurrente no puede prosperar.
En efecto, el juzgador puso de relieve que quedó descartado cualquier tipo de intimidación o violencia, para llevar a cabo el trabajo en el departamento donde se ejercía la prostitución, siendo que el motivo de la violencia desplegada por L. salía a la luz cuando dejaban de trabajar para ella y lo hacían en otro lugar, pero no por el simple hecho de dejar sus labores ante la imputada, tratándose en definitiva de una cuestión de competencia territorial como fuera visto ut supra de acuerdo a los testimonios recabados en el juicio oral.
También el sentenciante tuvo en cuenta que fueron varias las mujeres que sostuvieron no trabajar más en el ejercicio de la prostitución o que dejaron de trabajar para L. y nunca más tuvieron contacto con la imputada.
Estimo que el temor o cuando la encartada persuadía a que no lo dejaran es parte integrante del tipo base del art. 125 bis del C.P., es decir, dentro de la acción de la promoción de la prostitución.
Echo mano nuevamente a la definición que otorga la doctrina respecto a esa acción típica: “Promueve quien engendra en el otro la idea del ejercicio de la prostitución, lo impulsa a que se mantenga en ella, o lo persuade para no abandonarlo” (el destacado me pertenece) (De Luca, Javier Augusto y Lancman, Valeria A, “Promoción…”).
En efecto, el sentenciante no soslayó la prelación en la relación de poder existente entre la acusada y las mujeres que en esos departamentos ejercían la prostitución. Aun así, estimo correcto que dicha particularidad no resulta suficiente para aseverar con certeza que tal accionar estaba destinado a un abuso del poder y así obligar a las damnificadas a ser el sujeto pasivo de la explotación. Considero que son dos cosas distintas, y al igual que antes, la conducta de la encausada en este aspecto se adecua al tipo penal base, art. 127, primer párrafo del C.P.
Mismas conclusiones merecen apreciarse cuando la parte reclama que la imputada se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas, razonando que ello debió también recaer en la figura agravada del art. 127 del C.P.
Para ello hago propias los argumentos que brindara el sentenciante sobre el tópico en cuestión, cuando expuso que: “…el concepto de vulnerabilidad en términos de una desigualdad socio-económica, tal extremo no ha sido demostrado en juicio, sin perjuicio que las damnificadas han referido en su mayoría que se encontraban trabajando –de trabajadoras sexuales o de otro tipo de labor- y que por recomendaciones de amigas o familiares, optaron por ir a trabajar con la imputada L. , extremo que también descarta el engaño o el fraude”.
También la doctrina ha especificado que, por lo general la acción de explotar se asocia directamente a una conducta abusiva que está emparentada con el aspecto económico del negocio sexual. El que explota el ejercicio de la prostitución ajena aprovecha, muchas veces de alguna situación de vulnerabilidad de la víctima, incluso derivada de los riesgos propios de su ejercicio (Cfr. Aboso, G. ob. cit, p. 391).
En efecto, la parte no ha puesto de relieve de forma clara y circunstanciada alguna específica situación vulnerabilidad de una víctima y que fuera por intermedio de ella abusada o empleada por la encartada para lograr el designio criminal (conf. Art. 127 párrafo segundo, inc. 1° del C.P.). Es en este aspecto interesante recordar que las mujeres que se presentaran a trabajar para la encartada lo hicieron de forma voluntaria sin que se haya utilizado artilugios o mecanismos para obtener el consentimiento de las víctimas. La situación de vulnerabilidad tiene una cierta semejanza con el engaño desde que inciden en el debilitamiento del consentimiento y voluntad de la víctima, eventualidad que no se ha presentado en el sub lite. En efecto, ‘vulnerable’ es “aquel que por una adversidad o circunstancia especial se encuentra con menores posibilidades defensivas que el común de las personas, por lo que se presenta como blanco más fácil para que alguien, se abuse dañándolo o causándole un perjuicio. Este supuesto hace referencia a una especial situación de debilidad que coloca a la persona en una condición de inferioridad ante el autor y que le reporta una mayor dificultad o imposibilidad para oponerse a los designios del autor” (Hairabedián, M., “Trata de personas por abuso de vulnerabilidad de la víctima”, La Ley, 2009-D-476, 477).
Lo cierto es que la recurrente no ha logrado poner de manifiesto tal circunstancia para lograr acreditar la agravante del tipo penal. b. Luego, la parte cuestiona la particularidad de que había una víctima menor a dieciocho años de edad (art. 127 in fine del C.P.). El sentenciante descartó correctamente la agravante postulada por la parte, remitiéndose a los elementos probatorios justipreciados en el veredicto.
En efecto, allí se sostuvo que la propia joven –A. F.- le mintió a la encartada respecto a la edad que tenía cuando habló para trabajar con ella. Es decir, no hubo elemento alguno para establecer que efectivamente la encartada tenía conocimiento certero de la edad de la joven, circunstancia que considero acorde para desechar la agravante propuesta por el Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, estimo que no es pertinente lo alegado por la parte en su libelo cuando exige para el conocimiento de la edad de las mujeres la documentación pertinente, toda vez que no puede perderse de vista que la encartada de por sí ya estaba cometiendo un injusto penal con su mera actividad (ya sea mayores o menores). Recordemos que la encartada llevaba adelante su empresa, una actividad que se encontraba fuera de la legalidad, de allí que pretenderse cierta documentación para tomar conocimiento de la edad de las mujeres no se condice con el contexto de marginalidad e ilegalidad que impera en el mundo de la prostitución. Lo anterior se agrega a que todas las mujeres que trabajaban en los domicilios de la encartada eran muy jóvenes, siendo que había chicas que oscilaban entre los dieciocho o diecinueve años de edad.
Sobre ello tiene dicho la doctrina que: “El error sobre la edad de la víctima, en la figura agravada, puede traer aparejado una distinta consecuencia cuando, por ejemplo, el autor supone que la víctima es mayor de dieciocho años. En tales casos, se excluirá la figura agravada, pero podrá aplicarse el tipo básico previsto en el artículo que se analiza, dado que éste no contempla un límite mínimo de edad a partir de la cual sea punible la promoción o facilitación de la prostitución” (De Luca, Javier Augusto y Lancman, Valeria A, “Promoción…”).
Por lo dicho estimo que no debe proceder el agravante en cuestión. A partir de lo expuesto, estimo que el recurso impulsado por la representante del Ministerio Público Fiscal no puede prosperar. En orden a todo lo analizado, estimo adecuado proponer al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso incoado por la defensa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto parcialmente por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde: 1) Declarar admisibles los recursos de casación interpuestos por la Agente Fiscal, doctora Vanesa S. Leggio y por el defensor particular, Dr. Pedro Javier Molina, en favor de la imputada G. E. L.;
2. Rechazar el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, por improcedente, sin costas (arts. 1, 106, 210, 236, 245, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 532 y concs. del C.P.P.); 3) Hacer lugar parcialmente al remedio interpuesto por la defensa y, en consecuencia, casar la decisión en crisis en lo que respecta a la determinación de la pena, obliterando como circunstancia agravante la extensión del daño psicológico sobre las víctimas y en función de ello, readecuar el monto de la pena impuesta a la encartada, el que estimo justo y adecuado fijar -de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P.-, en cuatro (4) años y once (11) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autora penalmente responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en concurso real con lesiones leves, sin costas en esta sede por haber existido razón plausible para litigar (artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N; 5, 40, 41, 55, 89, 125 bis, 127 del Código Penal; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal); 4) Tener presente la reserva del caso federal; y 5) Diferir la regulación de honorarios profesionales al letrado interviniente por la labor desplegada en esta sede, para una vez regulados en la instancia (arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley Nº 14.967).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisibles los recursos de casación interpuestos por la Agente Fiscal, doctora Vanesa S. Leggio y por el defensor particular, Dr. Pedro Javier Molina, en favor de la imputada G. E. L..
II. Rechazar el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, por improcedente, sin costas.
Arts. 1, 106, 210, 236, 245, 371, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1°, 532 y concs. del C.P.P.
III. Hacer lugar parcialmente al remedio interpuesto por la defensa y, en consecuencia, casar la decisión en crisis en lo que respecta a la determinación de la pena, obliterando como circunstancia agravante la extensión del daño psicológico sobre las víctimas y en función de ello, readecuar el monto de la pena impuesta a la encartada en cuatro (4) años y once (11) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autora penalmente responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en concurso real con lesiones leves, sin costas en esta sede por haber existido razón plausible para litigar.
Artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 5, 40, 41, 55, 89, 125 bis, 127 del Código Penal; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
V. Diferir la regulación de honorarios profesionales al letrado interviniente por la labor desplegada en esta sede, para una vez regulados en la instancia.
Arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley Nº 14.967.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de la presente al tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
MM
Fin de la sentencia