Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 48180-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) rechazar el recurso intentado contra los ajustes practicados en concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Salidas no Documentadas, y admitirlo en lo que refiere a las multas, en los términos y con el alcance dispuesto en los considerandos 8º y 9º, supra; b) imponer las costas de ambas instancias por sus respectivos vencimientos (art. 68 y 71, primera parte, CPCCN); y c) ofíciar al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia incorporada el 14/03/24 y el pago acreditado el 13/03/24 por ese mismo concepto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2024.
Estos autos caratulados: “L Guillón SA (TF 48180-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, a fs. 167/172vta., el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones 141/2017 y 142/2017, con costas.
Para así resolver y en lo que aquí interesa, puntualizó que la cuestión en debate requería determinar: (i) si las operaciones objetadas por el Fisco Nacional existieron y, por lo tanto, habilitaron el cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado; y (ii) si corresponde exigir a la actora el Impuesto a las Salidas no Documentadas previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, en función a la falta de identificación del beneficiario de las erogaciones.
Indicó que, según el informe final de inspección, L. Guillón S. A.
(empresa dedicada a la venta de autos, camioneta y utilitarios nuevos) era usuaria de las USO OFICIAL facturas de Emetece S. A. y del Fideicomiso Soluciones Integrales, ambos cargados en la base Apoc en concepto de “Usina duplicadora de facturas, de única actividad venta de factura, componente de un grupo económico con resistencia a la fiscalización, sin capacidad económica ni capacidad financiera, desconocido por sus titulares y/o responsables prestanombres en proceso de constatación con irregularidades en la cadena de comercialización” (fs. 168).
Puso de resalto que correspondía confirmar el ajuste vinculado al proveedor Fidecomiso Soluciones Integrales toda vez que: (i) la actora no había formulado agravios y se había limitado a acompañar la copia de la factura emitida por esa entidad en concepto de comisión de venta “que es precisamente la documentación cuya veracidad se objetara” (fs. 168vta.); (ii) para la constitución del fideicomiso se había recurrido a personas indigentes y/o de bajos recursos; (iii) el fideicomiso no contaba con empleados en relación de dependencia, declaraba actividades disímiles y un domicilio fiscal en el que no se había podido ubicar a persona alguna; y (iv) el administrador fiduciario y administrador de relaciones de clave fiscal afirmó que “había firmado papeles y realizado trámites a cambio de dinero y por necesidad” (fs. 168vta.).
Precisó que Emetece S. A.: (i) emitió facturas a nombre de la actora por publicidad en el auto de Turismo Carretera del piloto Emanuel Moriatis; (ii) declaró un domicilio fiscal en el que sólo se recibía documentación de la empresa y un domicilio alternativo inexistente; (iii) el domicilio de la presidente de la sociedad había sido localizado dentro de una villa de emergencia de Monte Chingolo e, interrogada por la fiscalización, informó que: “no conoce a Emetece S. A. y que nunca tuvo relación comercial, ni laboral con la misma (…) es ama de casa y madre de 7 hijos, que en una oportunidad con la mamá de uno de sus nietos y otras personas concurrieron a un domicilio en microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde después de haber registrado su firma en unos papeles que desconoce qué decían, le entregaron la suma de $150.000 a cada una de las personas que habían concurrido, manifestando además que la pasaron a buscar por su domicilio y la llevaron en auto hasta capital y la regresaron a su domicilio”; similares declaraciones efectuó la directora suplente de la sociedad; y (iv) fue incluida en la base Apoc como usina de facturas falsas.
Reseñó la jurisprudencia vinculada a los requisitos exigibles para el cómputo del crédito fiscal, entre ellos, la necesidad de que el crédito en cuestión sea legítimo, esto es, que provenga de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas. En ese sentido, subrayó que la normativa aplicable subordinaba el derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia de que el “hecho imponible” se hubiera perfeccionado respecto del vendedor del bien o del prestador del servicio, extremo no probado en la causa.
En lo atinente al Impuesto a las Salidas no Documentadas, señaló que los proveedores impugnados no habían sido los beneficiarios de los pagos realizados por la actora, aun cuando hayan sido efectuados con cheques. En esa misma línea, advirtió que los beneficiarios que L. Guillón S. A. identifica en su documentación como receptores de los pagos en modo alguno fueron los que realmente recibieron el dinero. En efecto, indicó que los cheques emitidos a nombre de Emetece S. A. fueron presentados al cobro por apoderados que no se pueden identificar y reiteró que se trataba de una empresa conformada por dos mujeres que vivían en barrios carenciados que recibían ayuda estatal para subsistir, y que figuraban en los directorios y en los estatutos a cambio de dinero por su condición de vulnerabilidad económica y social. “No fueron ellas, entonces, quienes participaron en los movimientos de dinero aunque aparezcan suscribiendo la documentación de la empresa”; circunstancia que —sumada al desconocimiento del administrador fiduciario respecto al fideicomiso— permitía tener por verificado el “beneficiario oculto” al que refiere el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias. Aclaró que en nada modifica lo expuesto “la efectiva existencia de publicidad en los autos del corredor” puesto que “aquí de lo que se trata es de EMETECE SA. como prestadora de un servicio de publicidad y receptora de fondos que L. Guillon S. A. no pudo acreditar” (fs. 169vta.).
Aseveró que las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado impugnadas incorporaron créditos fiscales por operaciones inexistentes y fueron CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO confeccionadas a partir de maniobras con el claro propósito de disminuir la carga fiscal debida. Aludió a la necesidad de que mediara fiscalización e investigación a cada uno de los proveedores para que las maniobras pudieran ser descubiertas; circunstancia que a su entender demuestra el carácter defraudatorio de la conducta atribuida a la actora. Afirmó que tampoco se había podido acreditar el destino de las erogaciones realizadas con documentación de respaldo, por lo que la multa aplicada en el Impuesto a las Salidas no Documentadas también era procedente. Además, señaló que en los períodos fiscales involucrados ya se encontraba vigente la resolución general 893/00, que disponía las formas en que debía ser ingresado el gravamen.
2. Que, disconforme con el pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 179 y expresó agravios a fs. 184/191vta., que fueron contestados a fs. 196/203vta.
En primer término, puso de resalto que el a quo había ignorado las probanzas relativas a la existencia de la sociedad Emetece S. A. (acrónimo de Emanuel Moriatis TC), inscripta ante el organismo estatal encargado de velar por la legalidad y regularidad de las sociedades y ante la AFIP. Indicó que aquella entidad se encontraba autorizada para emitir facturas electrónicas y no estaba en la base Apoc. Asimismo, puso de resalto que los pagos —asentados en su contabilidad— fueron efectuados mediante cheques USO OFICIAL cobrados por apoderados de Emetece S. A. Advirtió que, una vez que dicho proveedor fue incluido en la base Apoc (el 30/05/14), se dejaron de abonar las facturas emitidas en los meses de marzo a agosto de 2014, expidiéndose la correspondiente nota de crédito. Precisó que el objeto de su contratación es de público y notorio conocimiento “[n]i más ni menos que la publicidad de su marca en un automóvil de carrera de auto campeón en la categoría más popular del país”, de modo que “[n]o hay dudas sobre el cumplimiento de la prestación contratada” (fs. 188vta.).
Insistió en que los cheques eran cobrados por el Sr. Moriatis y su hermana. En consecuencia y dado que la publicidad aparecía en el auto del primero de los nombrados, “si hacemos propia la postura del ente fiscal respecto a que EMETECE S. A. no era la real beneficiaria de los pagos, a pesar de que los cheques los cobraban sus apoderados, entonces debía serlo sin duda alguna Emanuel Moriatis” (fs. 189). En ese escenario, solicitó que se admitiera la prueba testimonial de los Sres. Emanuel Moriatis y de María Jesús Moriatis puesto que, a su entender, era posible suponer con un alto grado de certeza que el beneficiario de los pagos por publicidad efectuados era el conductor del vehículo patrocinado y que aquél se hallaba vinculado con Emetece S. A. (fs. 189vta.).
Manifestó que no hay actividad dolosa de ocultación de su verdadera capacidad contributiva y aseveró que fueron tomadas todas las medidas y precauciones que estaban a su alcance a fin de dar cumplimiento con sus obligaciones tributarias. Citó jurisprudencia según la cual: (i) se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente resultado defraudatorio; y (ii) la denominación de apócrifas de las facturas de compra no podía per se dar lugar a la existencia de dolo.
Se agravió de la imposición de costas por cuanto “no son una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias de la causa” (fs. 191).
3. Que, con carácter preliminar, cabe aclarar que el art. 260, inc. 5°, del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias)— establece que se podrá solicitar la apertura a prueba en la Alzada cuando: a) se alegue un hecho nuevo, posterior a la oportunidad prevista por el art. 365, o se tratare del caso previsto por el segundo párrafo del art. 366 con relación a la apelación contra la denegatoria del hecho nuevo; y b) se indique las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de aquéllas que hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés de replantear en los términos de los artículos 379 y 385 in fine.
Por otra parte, debe advertirse que el replanteo requiere como presupuesto de admisibilidad que la petición sea fundada, es decir, que ello implica satisfacer la carga procesal de aportar las razones fehacientes que sirvan de fundamento suficiente para hacer viable la medida (C.Nac.Civ., Sala A, 3/6/80, Sala B, 13/5/77, Sala F, 18/5/71 y esta Sala in re “Abbiendi SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/12/17).
Debe repararse, en tal sentido, que la actora solicita “a V.E, tenga bien ordenar la citación del Sr. Emanuel Moriatis y de María Jesús Moriatis, como fuera peticionado en el recurso ante el TFN” por cuanto entiende que las circunstancias de la causa permiten suponer “—con alto grado de certeza— que el beneficiario de los pagos por publicidad efectuados por mi representada era el conductor del vehículo patrocinado” (fs. 189vta.).
Conforme surge de las presentes actuaciones y tal como indicó la demandada, el organismo jurisdiccional citó a las partes a la audiencia preliminar de prueba y la actora no concurrió (fs. 149, 152 y 201). Posteriormente, el Tribunal Fiscal rechazó las pruebas orecidas por L. Guillón S. A. “toda vez que resultan inconducentes a los fines de probar los hechos controvertidos en la presente causa” (fs. 154).
En este contexto, cabe advertir que el replanteo genérico de las pruebas rechazadas no puede ser admitido por no haber sido adecuadamente fundado. Sin perjuicio de ello, resulta insoslayable tener en cuenta que la eficacia de las pruebas testificales se encuentra supeditada a la existencia de otros medios probatorios que validen los extremos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO que pretenden demostrarse, ausentes en la presente causa. Ello así, corresponde desestimar el replanteo de prueba formulado por la recurrente en esta instancia.
4. Que, el art. 86 de la ley 11.683 contempla que, en los recursos de revisión y apelación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá la cuestión teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados. No obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que se hace en la sentencia de los hechos.
Por ello, la valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara, a menos que se pruebe que aquél hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (v. esta Sala in re “Clement S.C.A.”, sent. del 10/11/98; entre muchas otras).
5. Que, preliminarmente, cabe aclarar que la pretensión fiscal derivada de la impugnación de las operaciones celebradas con Fideicomiso Soluciones Integrales no fue motivo de agravio ante esta Alzada.
Con relación al ajuste fiscal en concepto de Impuesto al Valor Agregado relativo al proveedor Emetece S. A., el informe final de inspección indica que: “[d]el USO OFICIAL análisis de la documentación aportada y atento que los servicios controvertidos consisten en publicidad que fuera materializada a través de los carteles realizados en los vehículos de competición de turismo carretera (…) tales prestaciones se encontrarían objetivamente probadas en su existencia, no obstante lo cual como resultado de la investigación oportunamente realizada, el proveedor que formalizó la emisión de los correspondientes comprobantes no cuenta `prima facie` con la debida capacidad operativa, razón que permite la impugnación de los créditos fiscales computados en base a los argumentos esbozados en el fallo Feretti y en total concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado, sin que tal impugnación resulte óbice a la debida deducción de la base imponible del impuesto a las ganancias ya que tales servicios guardarían una razonabilidad con la media de valores propios del servicio, atento a su vez a la efectiva existencia de los mismos, más allá de la no coincidencia entre el sujeto que facturó respecto del innominado prestador.
En línea con lo expuesto y atento la corroboración de la efectiva erogación, la operatoria resulta pasible de ser encuadrada en el impuesto sustitutivo llamado Salidas No Documentadas en mérito a la existencia `prima facie´ de un tercer sujeto innominado o desconocido” (fs. 1089 del cuerpo principal nº 6). Cabe precisar que en materia de prueba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 328:53).
Ahora bien, a partir del análisis de la prueba colectada en sede administrativa (puesto que no se produjo alguna ante el TFN), cabe concluir que la actora no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco con relación a los proveedores impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada (CSJN, A. 119. XLIX., “ADM Argentina S.A. c/ EN – AFIP – DGI – Resol. 24/08 25/08 (DV DyR2) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/03/15 y 848/2014 (50-M) ICS1, “Molinos Río de la Plata S.A. c/ EN - AFIP - DGI resol. 68/10 (GC) y otros/ s/ Dirección General Impositiva", sent. del 25/08/15). En este sentido, es preciso aclarar que no se trata de hacer cargo a la recurrente de los efectos del incumplimiento de su proveedor sino de exigirle que acredite la realización de las operaciones con los sujetos involucrados en función de los cuestionamientos del Fisco Nacional.
En nada modifica lo expuesto, las probanzas vinculadas a la existencia de la publicidad contratada, por cuanto dichos extremos no permiten desvirtuar la falta de capacidad operativa y económica endilgada a Emetece S. A. para ajustar el Impuesto al Valor Agregado. Cabe aclarar que la actora no aportó pruebas que desacrediten los elementos concretos utilizados por el fisco para practicar el ajuste, tales como la conformación de Emetece S.A., el perfil de sus autoridades y su falta de capacidad operativa para desarrollar las actividades declaradas.
Se debe recordar, en este mismo orden de ideas, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49-F) /CS1 "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/ DG1", sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina S.A. c/ EN - AF1P - DG1 - Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva", fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas” (causa “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI resol 68/10 (GC) y otros s/dirección General Impositiva”, sent. del 25/08/25).
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2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Dicho de otro modo, el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12).
Asimismo, cabe destacar que, ante la gravedad de los indicios expuestos por el Fisco Nacional para sustentar el ajuste, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos para tener por acreditada la existencia de las operaciones que allí se consignan (cfr. CSJN, S.31.XLVII., “Stop Car SA (TF 26815-I) c/ DGI s/”, sent. del 21/08/13 y F. 48. XLVII., “Floriner S.A. (TF 24.275-1) c/ DGI”, sent. del 10/12/13).
En similar sentido, se ha dicho que “el mero cumplimiento de requisitos de orden formal (tales como la inscripción ante el ONCCA, la emisión de facturas o el hecho de figurar en otros instrumentos comerciales) no habilita per se el cómputo del crédito fiscal emanado de las facturas emitidas por el proveedor impugnado” (cfr. doctrina USO OFICIAL de la Sala II de esta Cámara, in re “Frimsa S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/12/15).
Corresponde, entonces, rechazar los agravios de la actora vinculado al ajuste fiscal practicado en concepto de Impuesto al Valor Agregado pues, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los que invoca la recurrente no configura arbitrariedad (Fallos: 273:205; 274:35; 276:311, entre otros).
En conclusión, las razones expresadas por la actora en su memorial no refutan en debida forma los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión impugnada, por lo que corresponde confirmar el ajuste practicado.
6. Que, en lo atinente al ajuste en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas previsto en el artículo 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Corte Suprema tiene dicho que una salida de dinero carece de documentación —a los fines de aquella norma— tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien la hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987).
En esa misma línea, en Fallos: 346:1039, la Corte —por remisión al dictamen de la Procuración General— señaló que la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación son dos aspectos que adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del Impuesto a las Salidas no Documentadas. Asimismo recordó que, tal como se explicó en Fallos: 323:3376, aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual “... ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio...”.
En el sub examine, no se encuentra controvertida la causa de las erogaciones impugnadas pero la actora no pudo demostrar que Emetece S. A. haya sido la verdadera prestadora del servicio y la receptora de los fondos, tal como lo consignó el TFN. En efecto, los elementos obrantes en la causa no permiten identificar el verdadero beneficiario de los pagos efectuados a través de los cheques emitidos por L Guillón S. A. En este punto, cabe señalar que, tal como lo expuso el organismo jurisdiccional, los cheques fueron endosados por apoderados de Emetece S.A. que no pudieron ser identificados (fs. 996/1032, cuerpo principal V y VI) y la recurrente tampoco pudo acreditar que el Sr. Emanuel Moriatis fuera el verdadero beneficiario de las erogaciones. En esta misma línea, se advierte que los recibos emitidos por Emetece S. A. que fueron acompañados en la etapa administrativa tampoco indican a quién corresponde la firma que incorporan y no existen elementos para validar su atribución a la hermana del Sr. Moriatis, como pretende la recurrente (cfr. fs. 1127/1146, cuerpo principal VI). Ello así, no se encuentran reunidos los elementos probatorios suficientes para tener por acreditada la debida identificación de los beneficiarios en los términos expuestos por la Corte en Fallos: 346:1039 (v. en especial las cláusulas y condiciones en que fueron librados los cheques examinados y el detalle de las negociaciones y cesiones de dichos instrumentos de pago — con intervención del presidente del proveedor impugnado— que fueron relevados por aquel Tribunal).
7. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios, la Corte, en la sentencia dictada en la causa “Citibank”, el 1/6/00, expresó que la exención de los intereses por mora, con sustento en las normas del Código Civil, quedaba circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor, restrictivamente apreciadas, le han impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, ya que dadas las particularidades del derecho tributario, en ese campo ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio los que pertenecen al derecho privado (esta Sala, in re “Carlos Boero Romano SAI y C. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 22/12/15).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En el caso, y dada la ausencia de un agravio fundado relativo a los accesorios reclamados, corresponde validar los intereses impuestos en relación a los ajustes fiscales supra confirmados.
8. Que, con respecto a la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado, es dable señalar que la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.683 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos:
a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito;
b) un error de la víctima del ilícito; y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.
De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento “intención”, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De lo que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco.
Asimismo, el art. 47 de la ley de rito dispone que: “Se presume, salvo USO OFICIAL prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:
a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11.
b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Asimismo, cabe recordar que “en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos: 327:5345). Ello es así, pues a las infracciones y sanciones tributarias le son aplicables las disposiciones del Código Penal salvo disposición expresa o implícita en contrario (cfr. esta Sala, en la causa “Masa Argentina (TF 35168I) contra D.G.I.”, sent. del 13/02/14; “Felipe S.A. (TF 35355I) contra D.G.I.”, sent. del 04/02/14; “Cargo Services SRL c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 21/11/13; “Centro Médico Laboral La Plata SRL (TF 32493-I) c/ DGI”, sent. del 19/11/13, entre otros).
Ahora bien, tal como se observa en el acto obrante a fs. 5/20 el Fisco no acreditó la intención defraudatoria. En efecto, a fin de fundar la configuración del elemento intencional para tener por acreditada la infracción tipificada en el art. 46 con fundamento en el inciso b del art. 47 de la ley 11.683, el organismo fiscal se limitó a alegar que “atendiendo a los fundamentos expuestos en los pertinentes considerandos de esta resolución, la conducta tipificada por la responsable en el Impuesto de marras por los períodos fiscales 05/2011 a 02/2014, encuadra en el artículo Nº 46 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en base a lo establecido en el artículo 47 inc. b) de la misma Ley” (fs. 18).
Sin embargo la demandada no mencionó —ni muchos menos ponderó— las circunstancias puntuales y concretas de la causa, entre las cuales es dable invocar que: (i) la existencia objetiva de la publicidad no fue motivo de controversia (fs. 16); y (ii) el fundamento del ajuste fiscal versa en la falta de capacidad operativa de los proveedores y su eje troncal lo constituye “la discordancia subjetiva y no acaecimiento del hecho imponible en cabeza del sujeto emisor del comprobante” (fs. 17) (conf. esta Sala, in re “Juan Bautista Ricciardi e Hijos SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 17/12/19).
En atención a lo expuesto, corresponde en este punto hacer lugar a los agravios de la actora, dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal Fiscal y reencuadrar la sanción en los términos del art. 45 de la ley 11.683, fijando el monto en el mínimo legal entonces vigente.
9. Que, en lo que atañe a la multa en el Impuesto a las Salidas no Documentadas, es dable mencionar que la Corte federal, en la causa I. 135. XLV., “Interbaires SA (TF 15.828-I) c/ DGI”, sent. del 27/9/11, rechazó los agravios del Fisco planteados en torno a la revocación de la multa que había aplicado con sustento en el art. 46 de la ley 11.683 por la falta de ingreso del Impuesto a las Salidas no Documentadas. Para así resolver se remitió a lo resuelto en la causa D. 1126. XLII., “D’Ingianti Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, sent. del 12/10/10.
En este último pronunciamiento, dicho Tribunal concluyó ―por remisión a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal― que el vacío normativo existente respecto de la forma y plazo de presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Salidas no Documentadas, que recién quedó reglado por la RG 893 ―vigente a partir del 20/10/00―, impedía tipificar la conducta imputada bajo el art. 45 de la ley 11.683. Ahora bien, el sub lite versa sobre una presunta evasión del Impuesto a las Salidas no Documentadas respecto de erogaciones efectuadas en el período fiscal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 5/2011 a 2/2014 en el cual sí estaba vigente la RG 893 que establece la “forma” y el “plazo” para el pago del tributo en cuestión. Puntualmente, dicho reglamento prescribe que el ingreso del Impuesto a las Salidas no Documentadas debe realizarse dentro de los quince días hábiles de producida la erogación o salida no documentada y establece los volantes de pago a utilizar por los diferentes contribuyentes o responsables (cfr. art. 2º y Anexo). Por su parte, el art. 15 de la ley 11.683 dispone que: “Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetos a las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley”.
Según el acto de condena obrante a fs. 25/42, “la discordancia subjetiva base de la presente impugnación evidencia una inexactitud de los datos volcados en los comprobantes objetados disparadora de la presunción dispuesta en el inciso b) del artículo Nº 47 y por ende la aplicación de la sanción establecida en el artículo Nº 46 de la Ley Nº 11.683” (…) “la conducta tipificada por el responsable en el Impuesto de marras por los períodos fiscales 05/2011 a 02/2014, encuadra en el artículo N º 46 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998y sus modificaciones), en mérito a lo dispuesto en su similar artículo Nº 47 inc b) de la misma ley” (fs. 36/37 y 38, respectivamente).
USO OFICIAL
Ahora bien, dichos extremos resultan insuficientes a fin de describir la conducta atribuida, dado que la imputación de la sanción debe ser clara y precisa, a fin de no afectar los principios de legalidad y culpabilidad que resultan aplicables a las infracciones tributarias (en el mismo sentido, esta Sala, in re “Sukarevicius José Norberto (TF 33856-I) c/ DGI”, sent. del 8/7/13).
Asimismo, esta Sala ha señalado que la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias no suplanta la declaración y/o volante de pago del Impuesto a las Salidas no Documentadas a efectos de tener por configuradas las “declaraciones engañosas” a que refiere el art. 46 de la ley 11.683. Caso contrario, la Corte no habría concluido como lo hizo en el precedente “D’Ingianti” ya citado (cfr. in re “Agronor SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 3/12/15). Cabe recordar que, en aquella ocasión, entendió que “el vacío normativo respecto de la forma y plazo de presentación de la declaración jurada correspondiente a la obligación aquí omitida (impuesto a las salidas no documentadas) impide tipificar la conducta imputada bajo el art. 45 de la ley 11.683, pues tal subsunción carecería de uno de los elementos requeridos para la figura típica cual es, vale reiterarlo, la falta de presentación o presentación inexacta de la declaración jurada en la forma y plazo fijados por la autoridad de aplicación”.
Por otra parte, y en atención a lo estipulado en el art. 15 de la ley 11.683, este Tribunal ha concluido que aquella norma sólo autoriza a aplicar la sanción prevista en el art. 46 de la ley de rito en los casos en que los volantes posean “omisiones, errores o salvedades”. Por consiguiente, la inexistencia de los referidos volantes obsta a la configuración de la infracción defraudatoria aquí endilgada (cfr. in re “Jugos del Sur SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/04/16; “JBS Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/11/19 y “Marino, Omar c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 22/11/22); circunstancia que justifica hacer lugar a los agravios deducidos por la parte actora y dejar sin efecto la multa impuesta por la resolución 142/2017.
Por las consideraciones efectuadas, SE
a) rechazar el recurso intentado contra los ajustes practicados en concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Salidas no Documentadas, y admitirlo en lo que refiere a las multas, en los términos y con el alcance dispuesto en los considerandos 8º y 9º, supra; b) imponer las costas de ambas instancias por sus respectivos vencimientos (art. 68 y 71, primera parte, CPCCN); y c) ofíciar al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia incorporada el 14/03/24 y el pago acreditado el 13/03/24 por ese mismo concepto.
Regístrese, notifíquese, ofíciese al Representante del Fisco y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2906/2024 L GUILLON SA (TF 48180-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO USO OFICIAL
Fin de la sentencia