Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a H. A. L., de demás circunstancias de figuración en autos, en orden al delito de desobediencia -un hecho- (artículo 239 del CP).
2Condenar a H. A. L., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de un (1) mes de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de desobediencia -un hecho- (artículo 239 del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
3Imponer a H. A. L., por el término de dos (2) años, las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1); b) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de la damnificada Y. S. G. (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2);
C) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
D) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6).
4Hacer SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la presente. …
LIBRO: CI REGISTRO: 3489 FOLIO: 181/187
Río Gallegos, 31 agosto de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Daniel Yance, con las vocalías por subrogancia legal del Dr. Fernando Javier Zanetta y del Dr. Carlos Enrique Arenillas, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "L. H. A. S/DESOBEDIENCIA -DOS HECHOS-” Expte. Nro. 9380/25 y resolver la situación procesal de H. A. L., de apellido materno B., hijo de L. S. y de A. L., argentino, nacido el ** de xxxx de 1972 en la ciudad de Córdoba -de la homónima provincia-, soltero, alfabeto, xxxxxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxx, Lote ** del Paraje Julia Dufour; titular del Documento Nacional de Identidad Nº ********, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial ante esta Cámara, Dr. Emin Charif Sat; representa la acusación la titular de la Fiscalía ante esta Cámara Dra. María Verónica Zuvic; y,
Que en las presentes actuaciones se le enrostra a H. A. L. que “En fecha 22 de diciembre del año 2024, siendo aproximadamente las 22:00 horas, en circunstancias que la denunciante Y. S. G. se encontraba caminando en cercanías de la plaza xxxxxxxxxx de la localidad de 28 de Noviembre, el imputado -expareja de la víctima- habría egresado del domicilio de XXXX (sito en xxxxxxxxx N° *** de esa localidad) para luego seguirla a pie, poniéndose a la par y no dejarla seguir caminando, logrando evadirlo, instante en el que se dirigió a la Unidad Policial local, desobedeciendo así el encartado la orden judicial dispuesta por la Sra. Jueza de Familia, conforme se desprende de fs. 49/vta. y notificada a fs. 05/vta. y 23/vta., la que se encontraba vigente en los autos caratulados “G. Y. C. C/H. A. L. H. A. L. S/PROCESOS URGENTES Y AUTÓNOMOS”, Expte. N° ******/2024 y violentando de ese modo a la víctima de violencia en su calidad de mujer”.
Asimismo, como segundo hecho constitutivo de ilicitud se le imputa “Que en fecha 18 de enero del año 2025, siendo aproximadamente las 15:58 horas, en circunstancias que la denunciante Y. S. G. se encontraba caminando por la Avda. Hipólito Irigoyen y al llegar a la plaza xxxxx de la localidad de 28 de Noviembre, el imputado -expareja de la víctima- habría observado a la nombrada comenzando a seguirla a pie por detrás a unos 50 metros, hasta el ingreso del supermercado “La Anónima”, solicitando la denunciante ayuda a la ciudadana A. M. P. R., que se encontraba saliendo del lugar, desobedeciendo así el encartado la orden judicial dispuesta por la Sra. Jueza de Familia, conforme se desprende de fs. 49/vta. y notificada a fs. 05/vta. y 23/vta., la que se encontraba vigente en los autos caratulados “G. Y. C. C/ H. A. L. S/PROCESOS URGENTES Y AUTÓNOMOS”, Expte. N° ****/2024 y violentando de ese modo a la víctima de violencia en su calidad de mujer”.
Que a fs. 111/112 vta y 119 obran las propuestas de omisión de debate remitidas desde la Fiscalía ante esta Cámara en los términos del artículo 517 del Código de Rito, en las que su titular estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden al delito de desobediencias -dos hechos-, correspondería imponer un monto de pena de un (1) mes de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP) y el pago de las costas procesales (art. 29 inc. 3ro del CP).
Que a fs. 121 y 125/vta., tanto el titular de la Defensoría Pública Oficial ante esta Cámara como el imputado aceptaron la mencionada propuesta, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, respecto de la procedencia, la aceptación de la omisión de debate y el límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara; de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado H. A. L.; y,
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? A la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Como primer aspecto del análisis, corresponde destacar que los eventos investigados en las presentes actuaciones recaen de lleno en supuestos de Violencia de Género, respecto de la cual el Estado Argentino ha comprometido su responsabilidad internacional en aras de eliminarla en todas sus formas. A tales fines, la Convención de Belem do Pará introduce como principio rector el abordaje jurídico bajo una perspectiva de género, transformándose así en un baremo ineludible de la Sana Crítica Racional con la que el órgano decisor debe abordar el análisis conjunto, armónico e integral del plexo conviccional recogido por la instrucción.
En este sentido, es pacífica la jurisprudencia al determinar que ante la mujer que aduce ser víctima de violencia de género, debe incorporarse dicha perspectiva como principio rector para la solución de este tipo de casos; ello exige un análisis integral tanto de la normativa internacional como de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deriva en la necesidad de tener presente que las víctimas de autos gozan en el proceso judicial de un estándar de protección superior producto de las peculiares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad.
Al respecto, resulta útil para la solución del presente caso evocar la definición de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 (Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), que en su artículo 4 la determina como “toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico o digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”, que de igual manera comprende las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Sentadas las bases del análisis, corresponde ahora abocarnos al estudio concreto de los hechos objeto de imputación.
En relación al primero de ellos, resulta pertinente tomar como punto de partida para las presentes la presentación espontánea de Y. S. G. en la sede de la División Comisaría 28 de Noviembre la noche del 22 de diciembre de 2024 que se agregó a fs. 2 y dio lugar a la pesquisa por el primer hecho objeto de acusación, ocasión en la que denunció que momentos antes estaba caminando por la Plaza xxxxxxx cuando advirtió que su expareja, H. A. L. -imputado de autos respecto del cual se habían dictado medidas de prohibición de acercamiento y de contacto- salió de una casa (que estimó pertenecía a F. C.) y la siguió mientras le consultaba por su hija en común hasta que ella se acercó a la dependencia.
De igual manera, a fs. 53 ratificó sus dichos en sede judicial y agregó que no tenía conocimiento de que H. A. L. se encontrara en el mencionado domicilio, y especificó que durante el hecho -en el que la siguió por la plaza y se puso a la par suya hasta que logró evadirlo-, le insistía en hablar respecto de su hija en común. Así, si bien del informe policial incorporado fs. 14 se desprende la inexistencia de registros fílmicos del hecho, de la declaración testimonial que a fs. 62 prestó M. Á. P. -amigo de C., presente en su domicilio en los momentos previos al hecho- surge una versión concordante con la de la damnificada, por cuanto manifestó que en una ocasión “cerca de las fiestas” se encontraba en el domicilio de F. C. (quien en ese momento estaba descansando) junto al imputado cuando vio que Y. G. pasó caminando frente al inmueble y H. A. L. “se le acercó... para conversar”. Recordó que los implicados en el hecho habían sido pareja hasta ese diciembre, especificó que todo sucedió “en la plaza xxxxxxxxxx de 28 de Noviembre”, que él solamente “la seguía por detrás” para conversar con ella y que luego de eso volvió a su domicilio.
Lo hasta ahora expuesto permite tener por corroborada la versión que G. aportó en la sede policial, por cuanto sus manifestaciones -además de mantenerse invariables a lo largo del tiempo- encontraron respaldo externo en el testimonio de P., quien situó al imputado en el domicilio desde el que ella sindicó haberlo visto egresar y confirmó que luego se dirigió hacia ella con la finalidad de conversar. La mencionada ausencia de registros fílmicos no desvirtúa esta conclusión, en tanto no introduce un elemento de descargo, sino únicamente la imposibilidad de incorporar una fuente adicional de comprobación; la coincidencia entre ambos relatos respecto del lugar, la presencia previa de H. A. L. en el domicilio de C., el paso de G. por las inmediaciones y el acercamiento posterior del encartado aporta sustento suficiente para considerar acreditado que efectivamente se produjo el contacto oportunamente denunciado, por lo que corresponde ahora examinar su alcance jurídico a la luz de la vigencia (o no) de las medidas restrictivas impuestas en el fuero familiar.
A tal fin, permiten tener por probado el dictado de las mencionadas medidas la respuesta remitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio agregada a fs. 49, de la que surge que ese 16 de diciembre se había iniciado el Expediente *****/2024, caratulado “G. Y. C. C/H. A. L. H. A. L. S/PROCESOS URGENTES Y AUTÓNOMOS”, en cuyo marcó se dispusieron, por el término de 90 días, medidas preventivas de prohibición de contacto, de abstenerse de efectuar todo acto intimidatorio o perturbatorio y de acercamiento en un radio de 200 metros entre las partes involucradas; de las constancias agregadas a fs. 5/vta. y 23/vta. surge que H. A. L. fue notificado de ello en forma personal el 18 de diciembre de 2024.
Así las cosas, la persistencia en el relato de la damnificada, que fuera luego corroborado por P. y la existencia de una orden judicial previamente notificada al encartado conforman un cuadro probatorio que permite tener por acreditadas, con el grado de certeza requerido por esta instancia, que el 22 de diciembre de 2024 H. A. L. se acercó a G. y la siguió a pie por la Plaza xxxxxxxxx con la finalidad de entablar una conversación con ella en detrimento de las medidas oportunamente dictadas desde el fuero de la familia.
En otro orden, la instrucción tendiente a la averiguación del segundo hecho objeto de reproche se inició el 18 de enero de 2025 y tuvo como motivo una nueva presentación de G. en la sede de la División Comisaría 28 de Noviembre que se plasmó en el acta incorporada a fs. 19.
En esta ocasión, denunció que momentos antes de las 18:00 horas de ese día estaba caminando por la Avenida Hipólito Irigoyen cuando vio que su expareja lo hacía a unos 100 metros detrás de ella.
Refirió que el encartado luego recortó esa distancia a tal punto que escuchó los insultos y amenazas que le profería, situación que se prolongó por varias cuadras hasta que ella ingresó al supermercado La Anónima sito a la vera de la Ruta Nacional 40, donde se cruzó con A. R. quien salía del establecimiento, vio a H. A. L. y la puso a resguardo en el interior del lugar hasta que lograron contactarse con personal de la División Comisaría Río Turbio, que llegó al lugar momentos después. En la ya mencionada declaración de fs. 53, G. amplió sus dichos y los sostuvo parcialmente, por cuanto explicó que en primer término lo vio caminando por la Plaza xxxxxx y desvió su trayectoria para evitar cruzarlo, pese a lo que dos cuadras después lo vio detrás suyo, por lo que aceleró la marcha por aproximadamente cinco cuadras y al llegar al supermercado le pidió ayuda a R., junto a quien vio el ingreso de H. A. L.; cuando llegaron los efectivos policiales, la trasladaron a la Comisaría luego de que el encartado egresara del lugar.
Sin perjuicio de ello, rectificó que el imputado en ningún momento le dirigió la palabra.
Las circunstancias relativas a su arribo al lugar fueron confirmadas a fs. 27 y 35 por A. R., quien expresó que aproximadamente a las 19:30 horas de ese 18 de enero se encontró con G. mientras salía del supermercado La Anónima, donde fue anoticiada por ella de que H. A. L. la estaba siguiendo pese a la prohibición de acercamiento y contacto vigente.
Por ello, dio aviso al personal de seguridad del supermercado, que resguardó a la denunciante en el sector electrodomésticos, momento en el que vio el ingreso al lugar del imputado, que se dirigió al sector de verdulería; luego se retiró del lugar. Corresponde aclarar que este último testimonio aporta corroboración únicamente respecto del tramo final de la secuencia denunciada -concretamente, la presencia de Y. G. y el posterior ingreso de H. A. L. al supermercado-, por cuanto no presenció el recorrido previo de la denunciante ni del imputado, ya que tales circunstancias llegaron a su conocimiento exclusivamente a partir de lo que aquella le manifestó en el lugar.
Por ello, sus dichos no constituyen una fuente de comprobación independiente del supuesto seguimiento o acercamiento previo, sino únicamente respecto de la llegada del encartado al supermercado, circunstancia que, considerada aisladamente, no permite establecer que su presencia allí hubiera obedecido al propósito de continuar o concretar un acercamiento inicial hacia la denunciante. A ello se suma que no obran constancias en autos de la extracción de material fílmico que a fs. 26 eventualmente solicitara el personal de la División Comisaría 28 de Noviembre a sus pares de la División de Investigaciones, en las que nominaron una variedad de comercios existentes en el trayecto descrito por Y. G.. Así, si bien las falencias probatorias de la instrucción no pueden ser atribuidas a la denunciante, ello tampoco impone su resolución en perjuicio del imputado; afirmar ello no implica desoír la obligación estatal de investigar con la debida diligencia reforzada exigida que imponen casos como el presente a fines de producir elementos aptos para esclarecerlos, mas no habilita a suplir su ausencia mediante presunciones incompatibles con el principio de inocencia.
Esta decisión no implica -de manera alguna- desconocer la perspectiva de género a la que antes nos refiriéramos, sino reconocer que su adecuada aplicación no releva al órgano jurisdiccional de la obligación de acreditar, mediante prueba suficiente y producida conforme a las reglas del debido proceso, la efectiva ocurrencia del hecho atribuido y la intervención del acusado en él; dicha perspectiva constituye una herramienta de valoración destinada a evitar sesgos y estereotipos que históricamente han condicionado el análisis de este tipo de conflictos, pero no modifica el estándar de prueba ni autoriza a tener por acreditadas circunstancias que no encuentran corroboración suficiente en las constancias de la causa.
Por ello, frente a la ausencia de elementos objetivos que permitan tener por acreditados con el grado de certeza requerido por la instancia el seguimiento y posterior acercamiento oportunamente denunciados, entiende el Tribunal que la prueba incorporada impide superar el estado de duda respecto de la existencia del suceso que constituyera el segundo hecho objeto de reproche respecto de H. A. L.. En conclusión, el déficit de corroboración aludido y la verosimilitud de los descargos sostenidos por las imputadas redundan en un estado de duda de imposible franqueamiento por parte de los suscriptos y la imposibilidad de derribar -en este caso- su estado de inocencia.
Por todo lo expuesto, y toda vez que ni de la constancia agregada a fs. 80 ni en el transcurso de la producción del proceso se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni la operatividad de excusa absolutoria alguna, el Tribunal entiende que el H. A. L. deberá responder penalmente por el primer hecho a él imputado, mas no así por el segundo.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
En lo relativo a la tercera cuestión, el Tribunal dijo:
Comprobada que fuera la materialidad y autoría de uno de los hechos objeto de reproche respecto del encartado, corresponde ahora tratar su adecuación jurídica, que la acusación estatal entendió como constitutiva del delito de desobediencia en los términos del artículo 239 del Código Penal.
Al respecto, hemos de coincidir con la calificación sostenida por parte de la vindicta pública en razón de que se encuentran acreditados tanto los extremos objetivos como subjetivos requeridos por el tipo penal.
En primer lugar, lo informado a fs. 49 permitió tener por comprobada la existencia de una orden legítima dictada dentro de la competencia de un funcionario público (un juez provincial en ejercicio de sus funciones que actuó dentro del marco de su competencia). En segundo término, dicha orden era ejecutable, máxime cuando imponía un no hacer (es decir, acercarse y contactar a la denunciante). Finalmente, se concretaron las circunstancias requeridas por la norma una vez que H. A. L. -pese a haber sido efectivamente notificado a fs. 5/vta. y 23/vta- se acercó y estableció voluntariamente contacto con la damnificada mientras caminaba por la vía pública. Es por ello que este Tribunal entiende que el actuar oportunamente llevado a cabo por H. A. L. resulta constitutivo del delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
El Tribunal dijo:
En primer lugar, conforme lo concluido precedentemente, por imperio de la duda (art. 4 del CPP) corresponde dictar la absolución de H. A. L. en orden al delito de desobediencia (art. 239 del CP) que le fuera enrostrado en la segunda imputación contra él sostenida.
Por otra parte, y en cuanto al primer hecho objeto de reproche, para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta su participación y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Que en este caso en particular el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, que en su párrafo quinto prevé que si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse una condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere).
Asimismo, y a los fines de graduar la pena, deben tenerse en cuenta las resultas del Informe socioeconómico ambiental y las demás constancias obrante en autos, de los que surge que H. A. L. hace 54 años en la localidad de Córdoba -de la homónima provincia-, vivió en esta provincia durante desde su nacimiento hasta aproximadamente sus 20 años y posteriormente desde 1999, tiene una hija menor de edad junto a la denunciante de autos, completó sus estudios secundarios y terciarios -en razón de los que obtuvo el título de técnico informático-, vive solo en una vivienda alquilada, trabaja en el mercado formal en la Municipalidad de Río Turbio y no padece enfermedades congénitas o incurables.
Como agravantes, corresponde valorar la violencia de género desplegada para la comisión del hecho, que importó una afectación no solamente a la normativa nacional sino a también a los tratados internacionales suscritos por nuestro país y el desprecio por la vigencia del sistema legal que importó la comisión del hecho; opera como atenuante la ausencia de antecedentes penales a su nombre que fuera informada a fs. 55/56 y 59.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, entiende el Tribunal que al momento de disponer la imposición de la pena resultan operativas las previsiones del artículo 26 del Código Penal en razón de que las circunstancias personales del imputado permiten inferir un pronóstico de reinserción social favorable, sumado ello a que la ejecución efectiva de la pena resultaría innecesaria para prevenir la comisión por su parte de nuevos delitos similares; es por ello que, evaluada que fuera la situación personal de H. A. L. en su relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, y sin perjuicio de la falta de comprobación de uno de los hechos que se le enrostraran, se considera apropiado aplicar la pena de un (1) mes de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal), además de la imposición de las costas procesales, ello en concordancia de lo sugerido por la Sra. Fiscal de Cámara.
Asimismo, en virtud de la modalidad de cumplimiento de la pena que se impone, durante el plazo de dos (2) años el nombrado deberá observar las Reglas de Conducta Nro. 1, 2, 3 y 6 del art. 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se le revoque el beneficio de la condicionalidad otorgado en la presente.
En su mérito, H. A. L. deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1), abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3) y someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6).
De igual manera, a fines de salvaguardar la integridad psicofísica de la damnificada Y. S. G., es que corresponde imponer al condenado la prohibición de contacto hacia ella por cualquier medio, ya sea por sí por intermedio de terceros, y la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la nombrada.
Por otra parte, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso “b” del Código Procesal Penal, y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
Por todo lo expuesto, en virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 4, 381, 382, 383, 385, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. ABSOLVER a H. A. L., de demás circunstancias de figuración en autos, en orden al delito de desobediencia -un hecho- (artículo 239 del CP).
2. CONDENAR a H. A. L., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de un (1) mes de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de desobediencia -un hecho- (artículo 239 del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
3. IMPONER a H. A. L., por el término de dos (2) años, las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1); b) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de la damnificada Y. S. G. (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2);
c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
d) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6).
4. HACER SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la presente.
5. HACER SABER a Y. S. G., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
6. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fin de la sentencia