Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II · Causa 169363
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la sentencia apelada, dictada el 12/5/2026.
II. Imponer las costas de alzada a las actoras apelantes (art. 68 CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios de esta instancia hasta que se practique la correspondiente a la anterior.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, en la fecha resultante del último certificado de firma digital, en acuerdo de los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, doctores Leopoldo Luis Peralta Mariscal y Jorge Federico Mercado, para dictar sentencia en los autos caratulados " L H L y otros c/ L D M s/ consignación de sumas de dinero, alq., arrendam ." (expte. nro. 169.363), y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución provincial y 263 CPCC), resultó que la votación debe tener lugar en el siguiente orden: doctores Peralta Mariscal y Mercado.
A- EL ASUNTO JUZGADO
A-1-a) La demanda.
H L L (H.L.L.), M V L (M.V.L.) y V L L (V.L.L.) promovieron demanda de pago por consignación contra D M L (D.M.L.), a quien identificaron como hijo judicialmente reconocido de J J L (J.J.L.) y coheredero en su sucesión. Explicaron que debían abonarle una parte de los frutos civiles provenientes del arrendamiento de dos inmuebles rurales del partido de Tres Arroyos, identificados mediante las partidas inmobiliarias 53.095 y 15.623.
Sostuvieron que los cánones habían sido percibidos por las coherederas y que, luego de reconocida la filiación del demandado, correspondía distribuirlos entre cinco ramas hereditarias. Alegaron que intentaron conciliar el pago, inclusive en la mediación prejudicial, y que la falta de acuerdo motivó la consignación.
Delimitaron inicialmente el reclamo a los períodos que estimaban no prescriptos desde septiembre de 2023, y presentaron una liquidación calculada sobre los arrendamientos percibidos, con actualización mediante el índice RIPTE y deducciones por gastos, impuestos y monotributo. Solicitaron la apertura de una cuenta judicial y reservaron la ampliación de la liquidación al tiempo del depósito. En una presentación posterior informaron el depósito de $16.237.600,50, correspondiente, según sus cálculos, a la participación de las tres actoras, y pidieron que se reconociera al pago eficacia liberatoria y cancelatoria.
A-1-b) La contestación.
El demandado opuso una excepción que denominó de falta de legitimación o falta de acción y, subsidiariamente, contestó la demanda, solicitando su rechazo. Negó haber sido constituido en mora y haber rehusado un ofrecimiento regular de pago. Sostuvo que la liquidación era unilateral, que la deuda estaba controvertida en su extensión y cuantía y que la consignación no podía utilizarse para obtener la determinación del crédito o interrumpir la prescripción.
Cuestionó la limitación temporal a dos años, la deducción de gastos y monotributo, la reserva de ampliar el importe y la circunstancia de que únicamente accionaran tres de las coherederas. Alegó que conocían su vocación hereditaria y habían percibido frutos sin reconocerle su participación. Manifestó que aceptaba recibir la suma depositada exclusivamente a cuenta de lo que resultara adeudado, sin conformidad con la liquidación ni renuncia a reclamar diferencias e intereses.
A-1-c) La respuesta de la actora.
Las actoras solicitaron el rechazo de las defensas. Invocaron el ofrecimiento efectuado en mediación, la posibilidad de determinar la deuda mediante las constancias contractuales y contables, la divisibilidad de las obligaciones y la incompatibilidad que atribuían a la oposición del demandado con su intención de percibir el depósito a cuenta.
B- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El juez de grado anterior rechazó la demanda de consignación e impuso las costas a las actoras, difiriendo la regulación de honorarios.
Consideró que no se había demostrado ninguno de los supuestos de procedencia de la consignación previstos en el art. 904 CCC. Señaló que existían procesos vinculados con la filiación del demandado, medidas cautelares sobre los fondos provenientes de los arrendamientos rurales y sucesiones en trámite, en cuyo marco podían gestionarse la determinación de las sumas y el pago. Entendió que no se acreditó una oposición injustificada del acreedor, ni dificultades que impidieran efectuar un pago directo, extrajudicial o por los cauces ya abiertos.
Destacó que la consignación constituye un remedio excepcional, habilitado cuando existe un obstáculo efectivo para el pago imputable a circunstancias ajenas al deudor, y que la mediación frustrada no permitía tenerlo por demostrado. Con esos fundamentos, juzgó innecesario examinar las restantes defensas.
C- LA ARTICULACIÓN RECURSIVA
Las actoras apelaron la sentencia el 21/5/2026. El recurso fue concedido libremente ese mismo día. Radicadas las actuaciones en esta Sala, expresaron agravios el 2/9/2026; se ordenó su traslado el 15/9/2026 y el demandado lo contestó el 16/9/2026. El 29/9/2026 se llamaron autos para sentencia y la causa fue sorteada el 20/10/2026.
D- LOS AGRAVIOS
D-1) Mora del acreedor y obstáculo para el pago.
La apelante cuestiona la conclusión de que no se acreditó la mora del acreedor ni un impedimento efectivo para pagar. Afirma que existieron contactos personales, intervención de abogados, mediación prejudicial, una propuesta de pago documentada en el acta de cierre, liquidación, depósito judicial y puesta a disposición de los fondos. Alega que el demandado mantuvo una negativa injustificada sin formular otra liquidación ni precisar las diferencias. Añade que, aun cuando la mediación no bastara para constituirlo en mora, ello habría ocurrido con el traslado de la demanda, y reprocha que el sentenciador prescinda de la conducta posterior del acreedor.
D-2) Exigencia de liquidar en otros expedientes.
Sostiene que el juez de grado anterior remitió a procesos que no contienen una condena ni una pretensión autónoma por frutos de los arrendamientos. Explica que el juicio de filiación y daños tuvo un objeto distinto, que las actoras revistieron allí calidad de demandadas y que incorporar una liquidación de cánones implicaría alterar su objeto. Considera que tampoco el sucesorio ofrece un cauce adecuado para resolver la consignación litigiosa y señala que la sentencia no identifica con precisión la vía ni el fundamento de la solución que exige.
D-3) Falta de una vía alternativa.
Alega que el pronunciamiento no explica cómo podría pagar, con qué monto, imputación o alcance cancelatorio, después de los contactos personales, la intervención letrada y la mediación infructuosa. Entiende que la remisión genérica a otras actuaciones la deja privada de un procedimiento efectivo para liberarse de la obligación.
D-4) Conducta del demandado.
La apelante considera contradictorio que el acreedor rechace la consignación y simultáneamente pretenda recibir el dinero a cuenta de una liquidación futura. Afirma que aquél no presentó un cálculo alternativo, no cuantificó diferencias ni propuso un mecanismo de integración, y que su oposición constituye una resistencia infundada al pago.
D-5) Buena fe de las actoras.
Aduce que reconocieron la deuda, individualizaron los períodos, calcularon los importes, acompañaron documentación, promovieron mediación y depositaron dinero. Cuestiona que la sentencia desatienda esa conducta colaborativa y atribuya las consecuencias de la falta de acuerdo exclusivamente a quienes procuraron cumplir.
D-6) Interpretación restrictiva de la consignación.
Sostiene que el juez de grado anterior trató el instituto como un remedio de aplicación extrema, incompatible con la buena fe, la cooperación y la finalidad de facilitar el cumplimiento. Afirma que existen tres deudoras que desean cancelar una deuda reconocida y que la interpretación adoptada impide lograrlo.
D-7) Exceso ritual.
Expresa que el fallo convierte la elección del procedimiento en un obstáculo formal para recibir el pago y resolver el conflicto. Considera que la exigencia de acudir a otras actuaciones desnaturaliza la función del proceso y prolonga innecesariamente el litigio, con imposición de costas a las actoras.
D-8) Resultado social y jurídico del pronunciamiento.
La apelante sostiene que corresponde promover las conductas dirigidas al cumplimiento voluntario y a la pacificación de los conflictos. Entiende que la sentencia desalienta esos comportamientos, beneficia la resistencia del acreedor y evidencia una falta de compromiso con esa función judicial.
D-9) Prolongación indefinida del conflicto.
Afirma que las actoras quedan expuestas a nuevas reclamaciones de frutos, intereses y costas pese al intento de cancelar la obligación. Señala que el rechazo de la consignación las coloca en una situación sin salida y lesiona la razonabilidad, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.
D-10) Prescripción progresiva de los cánones.
Alega que los alquileres rurales son prestaciones periódicas sujetas al plazo bienal del art. 2562 inc. c CCC y que cada mensualidad prescribe de manera autónoma desde su exigibilidad (art. 2554 CCC). Sostiene que se consignaron los períodos no prescriptos comprendidos desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2025 y que el transcurso del proceso provoca la prescripción sucesiva de los restantes créditos que intentó satisfacer, con perjuicio para el propio acreedor.
D-11) Petición recursiva.
Como consecuencia de los cuestionamientos formulados, solicita que se revoque la sentencia de grado anterior, se admita la consignación y se impongan las costas al demandado.
D-12) Contestación de agravios.
El demandado solicita, ante todo, que se declare desierto el recurso por falta de crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261 CPCC). Señala que el memorial reproduce planteos anteriores y formula apreciaciones personales sin demostrar la concurrencia de los requisitos legales de la consignación.
En subsidio, insiste en que no existió un ofrecimiento íntegro y definitivo, pues la suma proviene de una liquidación unilateral, limitada a dos años, con deducciones discutidas y reserva de ampliación. Considera compatible rechazar su eficacia cancelatoria y aceptar los fondos a cuenta. Señala que la administradora presentó una rendición de cuentas que él impugnó y que promovió en el sucesorio un incidente por frutos y valores; invoca esas actuaciones para refutar la inexistencia de otras vías procesales y la determinación del monto pretendida por las apelantes.
Añade que el reconocimiento de deuda formulado por las actoras puede tener efectos interruptivos de la prescripción, cuya extensión y régimen son materia de debate en el incidente sucesorio. Solicita el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia, con costas.
1. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada, dictada el 12/5/2026?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. LEOPOLDO LUIS PERALTA MARISCAL DIJO:
El recurso no debe declararse desierto. La apelante cuestiona la ausencia de mora del acreedor y de impedimentos para el pago, objeta la posibilidad de liquidar el crédito en otros expedientes y señala las gestiones que, a su entender, habilitaban la consignación. Ello permite examinar sus críticas, con independencia de su mérito (arts. 260 y 261 CPCC).
El art. 904 CCC admite el pago por consignación cuando el acreedor fue constituido en mora, existe incertidumbre acerca de su persona o el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Se trata de supuestos alternativos, cuya concurrencia debe acreditar quien pretende liberarse por esta vía. Además, la consignación debe reunir los requisitos del pago (art. 905 CCC).
En este caso, la identidad del acreedor nunca estuvo en discusión. Corresponde establecer, entonces, si se probó su mora o la existencia de un impedimento ajeno a las deudoras que imposibilitara un pago seguro y válido.
El art. 886 CCC exige, para la mora del acreedor, que el deudor le efectúe una oferta de pago ajustada al art. 867 CCC y aquél se rehúse injustificadamente a recibirla. Esta última disposición exige identidad, integridad, puntualidad y localización. La mera voluntad de cumplir y la negativa a celebrar un acuerdo no acreditan esos extremos.
La apelante menciona contactos personales e intervenciones letradas anteriores al proceso, sin individualizar un ofrecimiento susceptible de control. No precisa sus fechas, el importe propuesto, las condiciones de entrega ni la respuesta que habría dado el demandado, y tampoco identifica una prueba que permita tener por acreditadas esas circunstancias. Las afirmaciones genéricas sobre gestiones extrajudiciales resultan insuficientes para demostrar una oferta de pago regular y su rechazo injustificado (arts. 375 y 384 CPCC).
La referencia a la mediación prejudicial tampoco modifica esta conclusión. Las actoras alegaron que allí ofrecieron abonar los frutos de los dos años que consideraban no prescriptos, en la proporción correspondiente a sus participaciones, y que la instancia concluyó sin acuerdo. Esa circunstancia no acredita que el ofrecimiento reuniera los requisitos exigibles al pago ni que el demandado se hubiera negado injustificadamente a recibirlo. El desacuerdo puede obedecer a discrepancias acerca de la extensión de la obligación y de la liquidación propuesta, como ocurre en este caso.
Tampoco es atendible el argumento subsidiario relativo al traslado de la demanda. Las actoras invocaron la mora del acreedor como una de las circunstancias que las habilitaba a promover la consignación. Su configuración debía preceder a la promoción de esa pretensión; no puede construirse con el acto procesal mediante el cual se comunica al demandado que la consignación ya fue intentada. La oposición formulada durante el juicio tampoco demuestra retrospectivamente la existencia de una negativa anterior injustificada.
Las constancias relativas a los contratos de arrendamiento, los importes percibidos, las planillas y los depósitos acreditan la actividad desplegada por las actoras para calcular y poner a disposición una suma de dinero. No demuestran el hecho decisivo para constituir en mora al acreedor, consistente en un ofrecimiento anterior de pago conforme a sus requisitos legales y su rechazo injustificado.
Tampoco se acreditó el supuesto del art. 904 inc. c CCC. Las apelantes atribuyen al demandado un obstáculo para realizar un pago seguro y válido, pero no individualizan una actuación suya que les impidiera efectuarlo. El cuestionamiento de la liquidación y el pedido de que el dinero se reciba únicamente a cuenta de una obligación que considera mayor expresan una discrepancia sobre el alcance cancelatorio pretendido por las actoras. No bastan para demostrar que aquél imposibilitara injustificadamente el cumplimiento.
La controversia es concreta. Las actoras limitaron los períodos comprendidos, calcularon unilateralmente la deuda, practicaron deducciones y reservaron la ampliación de la liquidación. El demandado objetó esos extremos y manifestó que recibiría el importe a cuenta. La falta de aceptación de los efectos liberatorios pretendidos no permite presumir que existiera un impedimento imputable al acreedor. Tampoco puede exigírsele que determine previamente el monto que estima debido para tener por justificada su oposición a un ofrecimiento cuya suficiencia debía acreditar quien consigna.
Las objeciones referidas a los procesos anteriores no alteran el resultado. La posibilidad de promover una consignación autónoma no depende de que exista otra vía judicial para debatir las cuentas entre coherederos. Aun cuando la remisión efectuada por el juez de grado anterior a esos expedientes no fuese necesaria para resolver la causa, el recurso debe rechazarse porque no se demostraron los presupuestos del art. 904 CCC. Por esta misma razón, las consideraciones sobre la buena fe, el exceso ritual y los inconvenientes prácticos atribuidos al pronunciamiento carecen de entidad para modificarlo.
La alegada prescripción sucesiva de los cánones tampoco permite tener por acreditada una mora o un impedimento anteriores a la demanda. La procedencia del pago por consignación se determina de acuerdo con sus requisitos legales, independientemente de las consecuencias que la apelante atribuya al transcurso del tiempo. La extensión del crédito por frutos, los períodos reclamables, las deducciones y los eventuales efectos de las actuaciones cumplidas sobre la prescripción exceden lo que resulta necesario resolver aquí y quedan a salvo para el trámite pertinente.
En definitiva, la apelante no ha logrado desvirtuar la conclusión central de la sentencia de grado anterior, pues no acreditó que se hubiera constituido en mora al acreedor ni que existiera una causa ajena a las deudoras que les impidiera realizar un pago seguro y válido. Propongo confirmar el rechazo de la consignación, con costas de alzada a las apelantes (art. 68 CPCC; arts. 904 y 905 CCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. JORGE FEDERICO MERCADO DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Leopoldo Luis Peralta Mariscal por compartir sus fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. LEOPOLDO LUIS PERALTA MARISCAL DIJO:
Atento al resultado arribado al votar la cuestión anterior, propongo al acuerdo:
I. Confirmar la sentencia apelada, dictada el 12/5/2026.
II. Imponer las costas de alzada a las actoras apelantes (art. 68 CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios de esta instancia hasta que se practique la correspondiente a la anterior.
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. JORGE FEDERICO MERCADO DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Leopoldo Luis Peralta Mariscal por compartir sus fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
VISTOS Y CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la sentencia apelada se ajusta a derecho.
Por ello, el tribunal RESUELVE:
I. Confirmar la sentencia apelada, dictada el 12/5/2026.
II. Imponer las costas de alzada a las actoras apelantes (art. 68 CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios de esta instancia hasta que se practique la correspondiente a la anterior.
IV. Hágase saber y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA MARISCAL Leopoldo Luis - JUEZ
Funcionario firmante: MERCADO Jorge Federico - JUEZ
Funcionario firmante: GUGLIELMI Ingrid Julieta - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 386-2026
Fin de la sentencia