Abriendo la norma
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.090 FOLIO Nº 064/078 PROT. ELECT. JR101 237I.261
Río Gallegos, 24 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “C.F.M. S/HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA”, Expte. Nº 96.105/26 - Apelación JR Nº 10.202/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 751/787 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien dispuso en el punto 1) el procesamiento con prisión preventiva de F.M.C., en orden al delito de “homicidio criminis causa”, (art. 80 inc. 7º del CP) y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes propios del nombrado como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos veinte millones ($20.000.000). Que a fs. 822/828vta., del presente incidente, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 844 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios en el orden propuesto por la defensa. a.- De la autoría: En primer lugar la defensa se agravia por cuanto la resolución recurrida no logra individualizar de manera objetiva a su asistido como autor del hecho investigado, limitándose a construir una hipótesis acusatoria sustentada en una valoración fragmentaria de elementos indiciarios que, aún considerados en conjunto, no alcanzan el grado de consistencia exigible para justificar una medida de semejante gravedad. Sostiene que para que una resolución pueda sustentarse sobre indicios, éstos deben presentar una fuerza demostrativa suficiente, ser concordantes entre sí y conducir de manera razonable a una única conclusión compatible con la hipótesis acusatoria, situación que no se plasma en autos.
Por el contrario, entiende que el razonamiento desarrollado en la resolución parte de una serie de circunstancias periféricas y ambiguas para arribar finalmente a una conclusión de autoría que no surge necesariamente de las constancias incorporadas. De esa manera, la hipótesis acusatoria aparece construida mediante una sucesión de inferencias que descansan sobre otras inferencias previas, generando una estructura argumental que no alcanza el nivel de solidez exigido para justificar el dictado de un procesamiento por un delito cuya gravedad resulta indiscutible. En definitiva plantea que la resolución termina otorgando valor decisivo a elementos que, analizados individualmente o en conjunto, sólo permiten formular conjeturas pero no individualizar válidamente a su asistido como el autor del homicidio investigado. Por ello estima que el procesamiento aparece sustentado más en una construcción hipotética que en una acreditación objetiva de la probable autoría. Asevera que no existen rastros biológicos, registros genéticos, huellas, registros audiovisuales, evidencia informática concluyente ni otros elementos materiales que permitan establecer una vinculación objetiva entre el imputado y el resultado investigado, por lo que la inexistencia de evidencia objetiva adquiere una relevancia determinante al momento de valorar la suficiencia del cuadro probatorio.
Asimismo advierte que cuanto más indirecta es la prueba, mayor debe ser el rigor exigido para admitir que la hipótesis acusatoria ha alcanzado el grado de consistencia requerido por el ordenamiento procesal.
Aclara la defensa que no se agravia de la materialidad del hecho investigado, toda vez que la muerte de A.E.C. se encuentra acreditada con un elevado grado de solidez, pues la autopsia demuestra la existencia de una muerte violenta, lesiones compatibles con arma blanca y un posterior desmembramiento del cadáver. Señala que el verdadero problema jurídico de la resolución radica en que traslada la fuerza demostrativa de la autopsia (homicidio) hacia la autoría atribuida a su asistido, sin que exista prueba directa o evidencia científica concluyente que permita efectuar válidamente ese salto lógico.
Concretamente alega que la autopsia demuestra que C. fue asesinado pero no quién produjo la lesión mortal, tampoco demuestra quién efectuó el descuartizamiento ni demuestra quién manipuló el cadáver. No explica dónde ocurrió exactamente la agresión y tampoco demuestra que C. haya tenido contacto físico con los restos humanos. Del mismo modo, observa que el expediente contiene numerosas pericias criminalísticas, médico legales, documentológicas, papiloscópicas y tecnológicas, pero ninguna de ellas ubica científicamente a su asistido ejecutando la agresión mortal, destacando que debe valorarse a favor de su representado que, pese a la magnitud de la pesquisa desarrollada, no se haya obtenido evidencia biológica directa que vincule al imputado con la ejecución material del homicidio.
Advierte que no existe adn de su asistido sobre los restos humanos, sangre de la víctima en prendas atribuidas al imputado, huellas del encartado sobre segmentos corporales, registros audiovisuales de la agresión ni surgen de las actuaciones testigos presenciales, constituyendo elementos que necesariamente deben ser ponderados al evaluar la solidez de la cadena inferencial construida.
Se agravia del valor central atribuido en la resolución al teléfono celular perteneciente a la víctima, ya que dicho elemento carece de aptitud para acreditar la autoría del homicidio. En igual sentido plantea que los movimientos bancarios y/o la utilización de tarjetas de la víctima no acreditan participación en el hecho endilgado. De ello infiere que la resolución transforma indicios de contacto posterior con bienes pertenecientes a la víctima en indicios de autoría del homicidio.
Asimismo destaca que la resolución menciona compras de elementos tales como discos diamantados, cinta aisladora y otros insumos compatibles con la mecánica posterior del hecho, Sin embargo, entiende que la compatibilidad no equivale a demostración, ya que no surge la existencia de pericias que determinen que las herramientas adquiridas fueron efectivamente utilizadas sobre el cuerpo de la víctima, nada indica la correspondencia entre tales elementos y las lesiones descriptas en la autopsia ni se informa el hallazgo de rastros biológicos de la víctima sobre dichas herramientas.
Otro punto de agravio lo constituye la relevancia central otorgada en la resolución al inmueble ubicado sobre calle G.M. XX7, puesto que no indica cuál es la prueba concreta que permita afirmar, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa, que dicho lugar fue efectivamente el escenario de ejecución del homicidio. También critica el valor probatorio otorgado a la prueba testimonial, ya que solamente permiten reconstruir hábitos, vínculos personales, la desaparición de la víctima, la circulación de objetos, los movimientos posteriores y otros aspectos contextuales, mas no permiten acreditar la autoría del hecho investigado en cabeza de su asistido. Respecto de las imágenes obtenidas durante la investigación plantea que tampoco acreditan la agresión mortal, ni muestran el descuartizamiento, la manipulación de los restos humanos ni su traslado, concluyendo que su valor probatorio resulta muy limitado.
En lo que hace a la prueba telefónica, sostiene que si bien acredita comunicaciones, actividad de líneas y áreas aproximadas de cobertura, esa posible conexión a una antena no equivale a una ubicación exacta, ni que el equipo hubiera sido manipulado por su asistido y mucho menos la acción homicida, manipulación de los restos o autoría material. Critica que la resolución omite examinar la inexistencia de adn de su asistido sobre los restos humanos, la inexistencia de sangre de la víctima en prendas atribuidas al imputado, la ausencia de evidencia científica directa de manipulación del cadáver, las dificultades para determinar con precisión el momento de la muerte, la posible intervención de terceras personas y las referencias surgidas de las primeras comunicaciones de la víctima vinculadas a otras líneas investigativas. Por todo ello, se agravia en función que la resolución atacada incurre en un indebido salto lógico al transformar meros indicios periféricos y testimonios de contexto en prueba directa de participación criminal.
Por el contrario a lo valorado por el a quo, la defensa postula que la convergencia de referencias circunstanciales, por más numerosas que sean, no pueden suplir la ausencia de evidencia objetiva que vincule de manera cierta e inequívoca a su asistido con la ejecución del hecho investigado. Ello afecta los principios de la sana crítica racional, la presunción de inocencia e in dubio pro reo.
Finaliza su agravio planteando que la resolución recurrida atribuye a su representado en carácter de único autor, una secuencia fáctica de extraordinaria complejidad material, omitiendo un análisis serio, específico y fundado acerca de la factibilidad material que esas acciones hayan sido desarrolladas por una única persona actuando en soledad.
Es por todo lo argumentado que entiende que las falencias señaladas imponían el dictado de una falta de mérito hasta tanto se completaran adecuadamente las medidas pendientes y se consolidara una plataforma probatoria suficiente. Que yendo al análisis de los agravios impetrados por la defensa, adelantamos que pese al esfuerzo por intentar mejorar la situación procesal del imputado no obtendrán favorable acogida, toda vez que advertimos que la autoría se encontraría debidamente acreditada mediante la valoración integral de indicios graves, precisos, concordantes y no controvertidos por otros elementos probatorios, habilitando razonadamente a inferir con el grado de probabilidad que esta instancia requiere, que el imputado sería el eventual autor del hecho. En referencia a los indicios en el proceso criminal, se ha dicho: “…es el hecho o circunstancia accesoria que se refiere al crimen principal, y que por lo mismo da motivo para concluir, ya que se ha cometido un crimen, ya que ha tomado parte en él un individuo determinado, ya, por fin, que existe un crimen y que ha sido de tal o cual modo consumado.”. (Prueba de presunciones e indicios, Espínola, María Julieta, Sup. Doctrina Judicial Procesal 2014 (julio), Cita Online: AR/DOC/1691/2014). También en materia jurisprudencial se ha concluido que: “…La convicción de un tribunal puede estar razonablemente fundada en una prueba indiciaria construida sobre la base de circunstancias graves, y es totalmente posible que la existencia de numerosas presunciones coincidentes pueda proporcionar al juez un grado de certeza suficiente para concluir en la culpabilidad del acusado”. (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III Reina, Daniel Á., 25/08/2005 - Cita Online: 1/1041148). Que en igual sentido nos hemos expedido en autos caratulados: “S.L.A. S/Homicidio”, Expte. N° 19.083/20, Apelación JR N° 6928/21, siendo especialmente relevante en razón que la Excma. Cámara Criminal de la 1ra. Circunscripción Judicial hubo de arribar al grado de certeza necesario para dictar condena luego de la valoración de la prueba indiciaria en su conjunto. Otro antecedente que se cita a modo de ejemplo es en autos caratulados: "S.L.M. y Otro S/Homicidio en ocasión de robo", Expte. Nº 79.106/24, Apelación/Causa JR Nº 9043/24, donde estimamos que la prueba indiciaria era suficiente para convalidar el grado de probabilidad necesario para tener por acreditada la autoría.
Este criterio acerca del mérito de la prueba indiciaria concordante es compartido por otras instancias superiores a las de esta Alzada, donde se requiere certeza, teniendo dicho que: “…El recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado debe ser rechazado y la condena por homicidio agravado criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego debe ser confirmada, pues se encuentra acreditado, a partir de un conjunto de indicios concordantes y prueba testimonial y pericial, que el acusado ingresó al domicilio de la víctima con el fin de desapoderarla de bienes y, al ser descubierto, la mató para procurar su impunidad, resultando insuficientes y no corroboradas las hipótesis alternativas y argumentos defensistas para desvirtuar la certeza alcanzada sobre su autoría. (Reseña generada con asistencia de IA)…” (Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, sala V • 18/02/2025 • Pachelo Ryan, Nicolas Roberto y Marasco, Matias Osvaldo s/ recursos de casación • La Ley Online • TR LALEY AR/JUR/11402/2025).
En el caso en estudio, se observa una pertinente labor investigativa por parte de la Instrucción, habiendo logrado prima facie la reconstrucción de los hechos y recolección de elementos probatorios que, valorados adecuada y coherentemente por el Juez de la causa, permitieron tener por acreditada la autoría del imputado. Al respecto es dable destacar que la adecuada valoración de los indicios exige una consideración conjunta de ellos, y no un examen aislado o fragmentario, puesto que la ponderación independiente de cada elemento de convicción de esta clase, desnaturaliza las características definitorias de este tipo de prueba. Al respecto nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes.” .
(CSJN, “Martínez, Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, “Luna”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”, entre muchos otros). Así entonces, fue el análisis en conjunto de: el informe de la DDI (fs. 11/14), el resumen de movimientos históricos bancarios (fs. 15/27), la copia del resumen de la tarjeta de crédito Visa del Banco Nación (fs. 28), la copia del resumen de la tarjeta de crédito Mastercard (fs. 29/30), el extracto bancario de compras realizadas (fs. 31/34), las facturas de compra “Ferretería de Todo” (fs. 35/37), la declaración testimonial de M.V.C. (fs. 38/vta.), la fotografía y copia de comprobante de pago (fs. 39 y 40), la declaración testimonial de L.F.O.
(fs.41/42), las capturas de pantalla (fs. 43/44), el acta de aprehensión de J.C.R. (fs. 45/vta.), el acta de requisa personal (fs. 46/49), el acta de aprehensión de R.A.J. (fs. 50/vta.), el acta de requisa personal (fs. 51/vta.), la certificación de elementos (fs. 52/53), el informe de inicio de actuados (fs. 61/vta.), el informe del Banco Santa Cruz (fs. 65), el informe de AMX Claro (fs. 66/72), el informe de Telecom Personal Flow (fs. 73/74 y 77), el informe de Movistar (fs. 76 y 78), el informe de IPlan (fs. 80/81), la denuncia judicial (fs. 83/84vta.), las secuencias fotográficas (fs. 85/87), la declaración testimonial de R.N.P. (fs. 89/vta.), la inspección ocular (fs. 90/93), el croquis ilustrativo (fs. 94), la certificación de elementos (fs. 95), la declaración testimonial de M.E.A.R.
(fs. 97/98vta.), el acta de secuestro (fs. 99 y vta.), la declaración testimonial de O.E.V. (fs. 101/102vta.), el informe de inicio de actuados (fs. 103 y vta.), informe de novedad (fs. 105), el acta de requisa de rodado (fs. 106/107 y vta.), certificación de elementos (fs. 108), el informe de novedad (fs. 115), la declaración testimonial de L.P.G. (fs. 125/126), la copia del comprobante de compra (fs. 127), la factura (fs. 128), el informe de novedad (fs. 131), el acta de secuestro (fs. 132/133), la declaración testimonial de J.R.L. (fs. 134/135 y vta.), la declaración testimonial de C.E.A. (fs. 136/137), el Oficio Nro. 456-DDIRG/26 (fs. 140/147), la presentación (fs. 148/150), la declaración testimonial de J.G.C.
(fs. 155/156), el acta de secuestro (fs. 157/158), la certificación de elementos (fs. 159), la declaración testimonial de C.E.C. (fs. 161 y vta.), la certificación de elementos (fs. 162), el informe policial (fs. 169 y vta.), la declaración testimonial de T.V. (fs. 170/171),las capturas de pantallas (fs. 172/177), la declaración testimonial de A.I.V. (fs. 178 y vta.), el acta de secuestro (fs. 179 y vta.), la certificación de elementos (fs. 180), el informe (fs. 181 y vta.), el acta de secuestro (fs. 182 y vta.), la certificación de elementos (fs. 183), el acta de secuestro (fs. 184), la certificación de elementos (fs. 185), el acta de aprehensión (fs. 190 y vta.), el acta de requisa personal (fs. 191/192), la certificación de elementos (fs. 193), el Oficio Nro. 463-DDIRG/26 (fs. 195/vta.), el informe toxicológico (fs. 209), el informe policial (fs. 211), el acta de resultado de allanamiento (fs. 213/214), la certificación de elementos (fs. 215), el acta de resultado de allanamiento (fs. 221/222), la certificación de elementos (fs. 223), el resultado de allanamiento (fs. 240/242 y vta.), la certificación de elementos (fs. 243), el informe policial (fs. 245 y vta.), la declaración testimonial de R.R.A.A.
(fs. 246/247), el acta de inspección ocular (fs. 248/250 y vta.), la certificación de elementos (fs. 251), la declaración testimonial de J.S.C. (fs. 252/253), el acta de resultado de allanamiento (fs. 257/260), la certificación de elementos (fs. 261 y vta.), la Nota Nro. 089-DG.CRIM.RG-SF/26 (fs. 264), el acta de inspección ocular (fs.266/267), el croquis ilustrativo (fs. 268), la certificación de elementos (fs. 269), la declaración testimonial de C.A.K. (fs. 272/272), la Nota Nro. 133-DG.RG/2026 (fs. 273/299), el acta de secuestro (fs. 302 y vta.), el Informe Técnico Nro. 135- DGCRIM.RG/26 (fs. 304/306), el Informe Técnico Nro. 136-DG.CRIM.RG/26 (fs. 307/315), la Nota Nro. 107-DG.CRIM.RG-SF/26 (fs. 316), el Informe Técnico Nro. 137- DG.CRIM.RG/26 (fs. 317/326), el Informe Técnico Nro. 126-DG.CRIM.RG/26 (fs. 327/328), el Informe Técnico Nro. 129-DG.CRIM.RG/26 (fs. 329/343), la Nota Nro. 108-DG.CRIM.RG/26 (fs. 344), el Informe Técnico Nro. 131-DG.CRIM.RG/26 (fs. 345/351), el Oficio Nro. 287/CMF/26 (fs. 352), el Oficio Nro. 288-2026/CMF (fs. 353), la declaración testimonial de D.E.F.
(fs. 383/385), la declaración testimonial de C.E.C. (fs. 387/388), el acta de secuestro (fs. 391/392), certificación de elementos (fs. 393), el acta de extracción sanguínea (fs. 399), el acta de muestra de orina (fs. 400), el peritaje de identificación dactiloscópica (fs. 405/406), las declaraciones testimoniales de R.N.B. (fs. 407/408), de R.M.G. (fs. 411) y de F.L. (fs. 412/413), el informe de Aerolíneas Argentinas (fs. 419), la declaración testimonial de V.O.E. (fs. 121), la Nota de Gendarmería Nacional (fs. 424 y vta.), la declaración testimonial de E.H.S. (fs. 427), el acta de secuestro (fs. 428), las secuencias fotográficas (fs. 429), la declaración testimonial de G.L.B. (fs. 430), la ampliación de declaración testimonial de D.E.F.
(fs. 431), las declaraciones testimoniales de C.J.D. (fs. 439), de J.L.B. (fs. 441), de C.A.L. (fs. 442), de O.E.V. (fs. 457/458) y de C.A.K. (fs. 459), el Oficio Nro. 196/26 (fs. 454), Informe de Telefonía Móviles Argentina S.A. (fs. 460/488), la Información de Mercado Libre (fs. 495/498), el Oficio INF-87836 remitido por el BCRA (fs. 500), las declaraciones testimoniales de J.S.C. (fs. 502/503), de J.G.C. (fs. 504/505), de N.R.B. (fs. 508 y vta.) y de A.V.A. (fs. 510/511), el acta de reconocimiento (fs. 512), las declaraciones testimoniales de T.V. (fs. 528/529), de R.D.F. (fs. 530/531), de A.I.V. (fs. 532), y de P.A.T. (fs. 533), la Nota Nro. 140-DGRS/26 (fs. 553/562), la copia del certificado de defunción (fs. 568/569), el informe policial (fs. 572/575), el acta de secuestro (fs. 578), la certificación de elementos (fs. 579), el acta de secuestro (fs. 580), la certificación de elementos (fs. 581), el informe toxicológico (fs. 583), las declaraciones testimoniales de J.E.F.
(fs. 586/587), de R.I.C. (fs. 588), de F.L. (fs. 589), el Oficio Nro. 1861567 remitido por ICBC (fs. 590), las declaraciones testimoniales de E.E.F. (fs. 598/599), de E.A.O. (fs. 600), de A.M.C. (fs. 604), de C.F.I. (fs. 607) y de M.E.A. (fs. 608), el Informe LAB-02- L-M28 (fs. 610/611), la pericia documentológica nro 39/26 (fs. 614/625), el Informe de Autopsia Nro. 36/26 (fs. 626/635), el acta de inspección ocular (fs. 639 y vta.), la certificación de elementos (fs. 640), el informe policial (fs. 643/666), la declaración testimonial de J.J.O. (fs. 667), la captura de secuencias fotográficas (fs. 668), el informe policial (fs. 669), la declaración testimonial de J.S.C. (fs. 670), el acta de secuestro (fs. 671), la certificación de elementos (fs. 672), las secuencias fotográficas (fs. 673/675), el informe policial (fs. 676/695), el Oficio Nro. 029- SATZN/26 (fs. 697/702), el acta de constatación (fs. 709), la certificación de elementos (fs. 710), el informe policial (fs. 712/729), el Oficio Nro. 380-CMF/2026 (fs. 731/732), la contestación del Banco Macro (fs. 733/734), el oficio Nro. 001884626 del Banco Galicia (fs. 735/741) y demás elementos secuestrados –por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; lo que le permitió al Sr.
Juez Subrogante adoptar la decisión recurrida, concluyendo razonadamente que se tratan de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditada –con la precariedad propia de esta instancia-, la autoría penalmente responsable del imputado F.M.C.. De esta manera el a quo tuvo por comprobado que, el imputado, en fecha indeterminada pero presumiblemente en el lapso de tiempo comprendido entre el 18/04/2026 en horas de la tarde y el 20/04/2026, en horario indeterminado, en circunstancias de encontrarse en el complejo departamental sito en calle G.M. N° XX7 de esta ciudad, el cual se encuentra desocupado, en compañía de A.E.C., presumiblemente con la finalidad de exigirle al nombrado la entrega de elementos de valor, dinero, tarjetas bancarias, claves de acceso a las mismas y con el fin de lograr su cometido, habría ejercido violencia física sobre el mismo, ocasionándole múltiples lesiones, entre ellas sobre la región cara y cráneo, mediante el empleo de elementos romo contundentes, con filo –tipo cuchillo, daga, etc.-, aplicando maniobras compatibles con estrangulamiento y sofocación, ocasionando la muerte del nombrado C., presumiblemente por la lesión inciso cortante en aorta torácica, producida por un elemento con filo, para luego producir el desmembramiento de todo el cuerpo, en aproximadamente 10 segmentos corporales, 17 pastillas de piel, ocultando sus extremidades inferiores y superiores en el domicilio sito en calle P.
N° XX0 de esta ciudad, quedando las restantes en el interior del inmueble mencionado en primer término, más precisamente en el interior de un tanque cisterna situado en cercanías de la entrada del complejo, sustrayéndole al menos el celular marca S. S23 ultra, tarjetas de débito y crédito del Banco Nación, DNI y una billetera, todo de propiedad de la víctima. Finalmente, con posterioridad al 21/04/2026 habría utilizado las tarjetas de débito y crédito del occiso para extraer dinero y efectuar diversas compras en provecho propio. Profundizando el análisis de los indicios que acreditarían la autoría compartimos con el Sr. Juez Subrogante que resulta relevante el Informe de la DDI de fs. 140/147 por el cual se habría logrado individualizar dentro de los movimientos bancarios de las cuentas de la víctima con posterioridad a su desaparición, una extracción de dinero en efectivo por cajero automático sito en Avda.
J.J.P. situado en la sucursal del supermercado, en fecha 21/04/2026. Del análisis de las secuencias fílmicas del estacionamiento del comercio se logró individualizar a un sujeto masculino, de contextura física delgado, vistiendo pantalón tipo jeans, campera de color negro con capucha colocada y zapatillas de color violeta con suela blanca, que caminaba -el día y hora analizadoen dirección hacia el cajero automático. Misma impresión del sujeto acerca de sus características personales y de vestimenta se logra reconstruir del análisis de la secuencia fílmica del interior del cajero automático, pudiendo determinarse que las zapatillas violentas con suela blanca tenían el logo “Puma” en color amarillo y cordones negros.
A su vez del análisis de las secuencias fílmicas del comercio y del inmueble aledaño, se logra determinar que el sujeto tras retirarse del cajero camina con dirección a avda. J.D.P., para ingresar en una vivienda sita en Pje. S.M. Nº X0. Siguiendo con el análisis de la prueba indiciaria, el Magistrado logró recabar el testimonio del dueño de esa casa, tratándose del testigo J.G.C., pudiéndose establecer que el imputado se alojó en ese domicilio desde el 19/04/2026 por el término de cinco (05) días aproximadamente hasta que se fue y no regresó, dejando algunos objetos en la vivienda que obran incorporados a la causa. Según el testigo, el imputado le solicitó quedarse unos días porque hacía frío, que lo habían echado del alquiler y que hacía changas y vendía bombillas, apareciendo en su domicilio con carne para hacer un asado, fernet, verduras y bebidas.
Asimismo el testigo describe que contaba con mucho dinero en efectivo, manipulaba dos (02) teléfonos celulares; que durante su estadía se bañaba todos los días y usaba el lavarropas y que solía retirarse por las mañanas –a veces de madrugada-, y que regresaba entre las 19:00 y 20:00 hs. Destaca el testigo que tenía cambios bruscos de actitud, que le fluctuaba el estado de ánimo, como que estaba a la defensiva y describe que le falta la mitad de un dedo índice y dos dientes. Igualmente resulta relevante que refería dolor en el cuerpo al caminar, que le dolían las rodillas y que le consta que el imputado conoce a R.J., ya que le mencionó haber pasado por la casa de su mamá.
Del análisis efectuado por la DDI a las zapatillas que el testigo J.G.C. entregó al personal policial referenciando que le pertenecen al imputado, se logró establecer de su confronte con las imágenes del calzado que portaba el sujeto observado en las secuencias fílmicas del cajero automático, la correspondencia, tratándose de las mismas zapatillas. Igualmente del nuevo análisis de las secuencias fílmicas del interior del cajero se logró precisar que el sujeto evidenciaría el faltante del dedo índice de la mano derecha, concordando con la descripción del testigo J.G.C.. Que tras insertarse la averiguación de paradero del imputado y detectarse un impacto de antena de su teléfono celular, se logró dar con su paradero, procediéndose a su aprehensión, momento en el que vestía un mameluco de color gris.
Esta circunstancia de haber dado con el imputado en la zona céntrica de la ciudad vistiendo un mameluco, guarda concordancia con lo declarado por los testigos R.R.A. y J.S.C., siendo que ambos ubican al incuso en el domicilio sito en calle P. Nº XX0 –deshabitado-, surgiendo la comunicación al 911 y la referencia al personal policial que se hizo presente en el lugar que habían visto a una persona masculina delgada, canosa, de 50 años aproximadamente saltar la reja vistiendo un mameluco azul. Y a la postre en ese lugar fueron hallados en el interior de la fosa séptica ocho (08) porciones anatómicas –restos mortales de la víctima-. Posteriormente, tras haberse insertado la averiguación de paradero del imputado con autorización de difusión de su imagen, estos testigos lo reconocen categóricamente como la persona a la que habían visto ingresar por el patio de la casa y alertaron al 911, siendo esto corroborado por el testigo F.L., quien presta servicios en la División Comando de Patrullas.
Así resulta conteste y concordante con este cuadro fáctico, lo declarado por los testigos A. y C, en cuanto refieren haber visto el día 05/05/2026 al imputado que egresó y saltó el portón del domicilio sito en calle P. Nº XX0, vistiendo un mameluco y, a su vez, lo declarado por la testigo I., quien asevera haber visto el día 20/03/2026 al imputado cortando el candado de dicho domicilio, vistiendo un mameluco, de lo que también dan cuenta los testigos T., C. y C..
Estos testigos concuerdan en que al sujeto le faltaban piezas dentarias (dos dientes), lo que se encuentra corroborado al igual que el faltante por amputación traumática de vieja data de la tercer falange del dedo índice de la mano derecha, mediante el informe médico elaborado por el CMF, tras evaluar al imputado y que obra glosado a fs. 731/732. De lo hasta aquí analizado, concordamos con el Sr. Juez de Instrucción en que obran indicios concordantes altamente indicativos que el imputado F.M.C., presenta las características físicas descriptas por la prueba testimonial producida en la causa, ubicándolo concretamente en uno de los domicilios donde a la postre se hallaron parte de los restos mortales de la víctima.
Observamos que el Magistrado razonadamente vincula la evidencia física del dedo amputado que presenta el incuso de vieja data, con lo que surge del informe de autopsia que da cuenta que los restos corporales de la víctima evidencian desarticulación y evisceración, lo que orienta hacia un conocimiento preciso de la técnica. A este cuadro probatorio se adunan los testimonios de R.M.G. y R.N.B., siendo contestes y concordantes en declarar haber visto al imputado –siempre solo- en las inmediaciones de las distintas locaciones donde fueron habidos los restos mortales de la víctima, pudiendo establecerse razonadamente que, tras haber sido visto el 05/05/2026 en la morada de calle P., el imputado se resguardó en el domicilio sobre calle S..
Otro indicio altamente incriminatorio lo constituyen las diversas secuencias fílmicas incorporadas a la causa, correspondientes a las cámaras de seguridad del Gimnasio V., de los domicilios sitos en calle P. Nº XX4 y G.M. Nº XX6 y del comercio M.M., surgiendo reconstruida su presencia en las inmediaciones de las locaciones donde se hallaron los restos mortales de la víctima, de conformidad a la valoración del Informe de la DDI en conjunto con la prueba testimonial producida en la causa y la prueba de planimetría que ilustra su recorrido. Que compartimos con la Instrucción en que de las constancias probatorias, más precisamente, de la valoración del ticket de compra en el M.M. de un (01) paquete de diez (10) unidades de bolsas de residuos tipo consorcio de 90x120 y un (01) desinfectante simil Lysoform sumado a las secuencias fílmicas del local comercial, que logran identificar como comprador al imputado en una franja horaria que concuerda con el momento en que la víctima abordaba el taxi de la Parada CC con dirección al complejo departamental sito en G.M.
XX7, se habría logrado tener prima facie por comprobada la planificación previa y el pleno dominio del hecho, de lo que también da cuenta con precisión el informe de autopsia, pudiendo razonadamente interpretarse como actos preparatorios la compra de bolsas de residuos y del desinfectante orientados a la ejecución del luctuoso hecho y posterior ocultamiento del crimen, máxime cuando los restos mortales fueron hallados en bolsas de esas características. Del mismo modo, concordamos con la Instrucción que se encontraría acreditado de manera suficiente en autos, que el imputado y la víctima se conocían previamente, resultando especialmente relevantes al respecto los testimonios contestes y concordantes de E.E.F., -quien refuerza sus dichos con respaldo en las conversaciones mantenidas con el imputado con su teléfono celular- y de su padre el Sr.
J.E.F., así como que le decía a la víctima el “Turco”. Asimismo los testimonios de la Sra. D.F. y de O.E.V., vienen a reforzar este punto, por resultar concordantes.
Este testigo E.E.F. junto a su padre J.E.F., dan cuenta con suficientes detalles que el imputado se habría apersonado en la casa del primer nombrado, el día 06/05/2026 – ya había sido visto en el inmueble de calle P.-, todo mojado con un mameluco y zapatillas blancas, muerto de frío con intenciones que le diera alojamiento y de venderle un teléfono celular. Que, a su vez, de estos testimonios se logra recuperar el teléfono celular del imputado, marca TCL, de color negro, guardando plena correspondencia con el celular que el imputado hubo de comprar con dinero efectivo el 19/04/2026 en el supermercado L.A., ticket que fuera entregado por el testigo C., siendo concordante con la valoración del informe de la DDI del análisis de las secuencias fílmicas del comercio, surgiendo de manera palmaria la presencia del imputado y efectuando la compra del celular.
Asimismo, la Instrucción logró individualizar al imputado F.M.C. –usando nuevamente las zapatillas Puma violetas- junto con R.J. – quien fijó domicilio en autos-, en el interior del Casino Club local, concordando con el impacto de una transferencia de la víctima en fecha 21/04/2026, a las 20:43 hs aproximadamente, por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000). Otro indicio altamente indicativo que el imputado habría efectuado actos tendientes a lograr su impunidad, lo constituye el testimonio del chofer de Taxi C.A.L., quien declara haber trasladado al imputado –solo- el día jueves de la semana anterior al 12/05/2026, alrededor de las 14:00hs, desde el local comercial “XX hs”, sito en Avda.
SM y TDF hacia las calles M. y MS, en cercanías al Correo, descendiendo del vehículo para dirigirse rápidamente hacia la parte externa del edificio de Correo, regresando instantes después con dos (02) mochilas negras, presumiendo que estaban previamente escondidos detrás de uno de los paredones. Desde esta Alzada observamos que lo relatado por el taxista podría vincularse en principio con algún tipo de intervención de J. si se toma en cuenta que a fs. 50/50vta., al fijar domicilio a disposición de la judicatura, lo estableció en calle C.L. Nº XX8 y, a su vez, con lo que relata el testigo C., en cuanto a que el imputado C. le manifestó que había ido a visitar a la “gorda A.” –mamá de J.- mientras se alojó esos aproximados cinco días en su vivienda, por cuanto la sucursal del Correo se encuentra próximo a su domicilio y, a su vez, de las constancias probatorias surgiría que habría efectuado gastos con las tarjetas de la víctima, contándose con el allanamiento positivo en su casa, habiéndose secuestrado elementos de interés para la causa.
A todo este cuadro indiciario pormenorizadamente valorado, se suman los elementos entregados por el testigo C., como pertenencias del imputado, destacándose la concordancia de los guantes negros de nitrilo con los hallados en los domicilios sitos en G.M. y P.; el anafe que presentaba adherido un hilo verde, concordando con el hilo verde hallado atado a una soga en la vivienda de calle P. y en el inmueble de calle S.; los precintos negros coinciden con los secuestrados en el domicilio de calle P.; los cigarrillos marca G. que se le secuestraron en la requisa personal al imputado coinciden con lo descripto por el testigo C. que fumaba mucho y marca G., siendo además hallados en las viviendas de calle P. y S.; las bombillas que menciona el testigo C. que el imputado vendía, concuerdan con las encontradas por la testigo C. en el domicilio sito en calle P.; los mocasines marrones que describe el testigo C. como otro calzado que usualmente usaba el imputado, concuerdan con los hallados en el domicilio de calle S. y del mismo modo los elementos hallados en la casa de calle S. para tomar mate, concuerdan con el relato del testigo C. acerca que el imputado tomaba mucho mate, constantemente.
Es decir que no corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas, planteando agravios de manera aislados sobre: las pericias criminalísticas, la pericia médico legal (autopsia), pericias documentológicas, papiloscópica, tecnológicas, la ausencia de adn de su asistido sobre los restos humanos, la ausencia de huellas del encartado sobre los segmentos corporales, la ausencia de registros audiovisuales de la agresión, la ausencia de testigos presenciales, la comprobación de los movimiento bancarios y/o utilización de las tarjetas de la víctima, compras sin pericia que determine que las herramientas adquiridas hayan sido utilizadas sobre el cuerpo de la víctima, el acta de inspección ocular en el inmueble ubicado en calle G.M. Nº XX7, la prueba testimonial, las imágenes obtenidas y la prueba telefónica, en virtud que –se reitera- desnaturaliza las características de la prueba indiciaria, arribando a conclusiones arbitrarias al no ponderar la prueba en su conjunto. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene que la valoración: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).
Toda esta valoración –reiteramos- fue realizada por el a quo en el auto puesto en crisis, habiendo podido determinar -con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia-, la autoría de los hechos en la persona del imputado.
Es que no se puede exigir al Juez certeza en este estado embrionario del proceso, debiendo recordar a la defensa que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
Asimismo se señala al respecto que: “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).
Que en relación a la probabilidad requerida en este estadio procesal igualmente se ha dicho: “…La duda es un estado complejo; hay duda, en general, cuando una proposición presenta motivos afirmativos al mismo tiempo que motivos negativos. También puede existir predominio de los motivos negativos sobre los afirmativos, y entonces tenemos lo improbable. Puede haber igualdad entre las dos clases de motivos, y se tiene lo creíble en sentido específico. Por último, puede suceder que prevalezcan los motivos afirmativos sobre los negativos, y en ese caso existe la probabilidad… En el momento de resolver la situación legal del imputado (10 días posteriores a la declaración de imputado), podrá dictar las siguientes resoluciones, según el estado intelectual a que él como juez haya llegado respecto de la verdad de los hechos investigados: a) Si hubiese adquirido certeza negativa, deberá ordenar el sobreseimiento del imputado. b) Si hubiera llegado a obtener probabilidad, deberá ordenar el procesamiento del imputado. c) Si estuviera en duda, dictará un auto de falta de mérito.”. (Historia de la verdad: lógica y fundamentos de la prueba en el derecho procesal penal; Vasallo, Laura A.; DJ 2001- 3, 922 Cita Online:
AR/DOC/12458/2001).
Es decir, que contrariamente a lo sostenido por la defensa, la resolución cuestionada es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas, respecto de las cuales la defensa tuvo la posibilidad de controlarlas en ejercicio de los derechos que le asisten a su representado.
En cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar al dictado del auto de procesamiento, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que éstas deben bastar para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio. Y en el caso bajo estudio, los elementos incorporados y valorados por la instrucción resultan suficientes para el dictado del procesamiento. Así las cosas, no compartimos el postulado de la defensa que asevera que el a quo arribó a conclusiones sin basamento probatorio, pues a la vista está que el dictado del resolutorio se sustenta en la concordancia de la prueba indiciaria reunida y valorada en su conjunto, motivo por el cual rechazaremos este primer planteo defensivo.
Con respecto a la posibilidad de intervención de terceras personas que menciona la defensa, entendemos que las evidencias resultarían suficientes para alcanzar el grado de probabilidad positiva que exige la etapa procesal respecto del encartado. En concreto, se presentan diversas pruebas que permiten afirmar la probabilidad de que el encartado sería penalmente responsable por el suceso fatal; y, a su vez, se presentan elementos relevantes que permitirían afirmar que se habría apoderado de, al menos, el teléfono celular y las tarjetas bancarias de la víctima, utilizándolos con posterioridad a su muerte, así como también que habría procurado su impunidad. Con lo cual los aspectos remarcados por la defensa, deberán ser valorados mediante un razonamiento integrador del cúmulo probatorio al momento de celebrarse el juicio en cuanto a la responsabilidad funcional que en el caso le podría caber a su representado y a otras eventuales personas imputadas.
Bajo tales premisas, aunque –como apunta la defensa– no existieron testigos ni registros fílmicos de lo que sucedió dentro de la vivienda de calle G.M. N° XX7, los serios y concordantes indicios valorados respaldan la hipótesis incriminatoria. En el sentido que el imputado habría sido quien provocó la muerte violenta de A.E.C. y se habría apoderado de alguno de sus bienes, llegando a utilizarlos posteriormente e igualmente habría desplegado acciones tendientes a procurar su impunidad. Por último cabe recordar que, en relación con la prueba indiciaria, se ha afirmado que: “…Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), el psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar.
Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el hecho 'indiciario' no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el 'indicado': es la que se llama 'univocidad' del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto al indicado, al menos no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente: es lo que se llama 'indicio anfibológico'...”, de modo que “sólo el indicio unívoco podrá producir certeza, en tanto el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél; el otro permitirá, a lo sumo, basar en él un auto de procesamiento o la elevación de la causa a juicio” (Cafferata Nores, José, “La prueba en el proceso penal”, 3ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1998, ps. 192 y 195).
En definitiva, concluimos que, pese a lo alegado por la defensa, no advertimos arbitrariedad por parte del a quo ni un error en la valoración de las pruebas, y que, por el contrario, en el auto de procesamiento se habría establecido una coherente relación entre los elementos probatorios recabados valorados en forma conjunta y a la luz de la sana critica racional, lo que razonablemente decantó en el pronunciamiento incriminante recurrido, lo que amerita su confirmación por parte de esta Alzada.
b.- De la calificación legal: En segundo lugar la defensa se agravia de la agravante prevista en el art. 80 inc. 7 del CP, alegando que no obran pruebas que permitan afirmar que su asistido decidió matar a C. para apoderarse de sus bienes. Sostiene que la resolución simplemente presupone la finalidad de manera precipitada, lo que conducirá a su representado a una condena potencialmente de pena perpetua, lo que a su entender deviene inadmisible.
Pues bien, llama la atención de esta Alzada el hecho que la defensa esgrima una disconformidad con la significación jurídica del hecho reprochado a F.M.C., sin expresar consideración alguna respecto de cuál figura penal estima apropiada y aplicable al caso investigado, rozando la carencia de motivación, limitándose únicamente a alegar orfandad probatoria al respecto.
Del mismo modo sorprende a este Sr. Juez de Recursos que tanto la Fiscalía de Primera Instancia como la Parte Querellante, hayan convalidado la figura delictiva aplicada por el a quo, pues la valoración integral y con perspectiva de derechos humanos del informe de autopsia –del que surgiría que la víctima no habría estado en condiciones de defenderse del golpe inicial por haber sido probablemente agredido sin que lo advirtiera, siendo esa acción deliberada por parte del imputado, mediando el elemento subjetivo de la acción preordenada para matar sin peligro para su persona, proveniente de la imposibilidad de reacción de la víctima o de un tercero transeúnte, por haber aprovechado el autor el estado de indefensión que habría provocado él mismo-, permitiría añadir al reproche de “homicidio criminis causa” del art. 80 inc. 7 del CP, el concurso de la agravante de la alevosía del inc. 2 del art 80 del CP que prevé igual pena en expectativa, lo cual podrá ser materia de estudio, en todo caso, en oportunidad de la vista del art. 329/330 del CPP, conforme los avances de la investigación. Viéndonos impedidos en esta instancia procesal de la posibilidad de agravar la situación procesal del imputado al haber interpuesto el recurso de apelación únicamente su defensa técnica no habiendo adherido al mismo ni la Fiscalía de Cámaras ni la Querella, a pesar de haber sido notificadas del trámite recursivo ante esta Alzada, conforme surge del sistema de notificación electrónica, códigos de validación 96e087c8 y 7a117135, respectivamente.
Que sobre la competencia de este Sr. Juez de Alzada en el recurso de apelación destacada doctrina sostiene un principio clásico que consiste en que: “…El agravio es la medida de la apelación…” y que: "…Constituye deber de los jueces respetar el llamado principio de congruencia... esto es, ser coherentes en sus decisiones con las peticiones de las partes…", siendo que en el caso en análisis nos vemos impedidos de modificar la resolución recurrida en sentido desfavorable al apelante, en virtud de "…la prohibición de la reformatio in peius, por la cual, a falta de recurso del contrario, no se puede empeorar, agravar o perjudicar la situación del recurrente", asegurando que "la cámara no puede alterar la sentencia en su perjuicio, aumentando la condena, so pena de violar el art. 17 de la Constitución Nacional" (Carlos Eduardo Fenochietto, "C.P.C.yC. de la Nación", Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, Tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1999, págs. 113/116). Que este criterio asimismo se sustenta en la jurisprudencia unánime imperante, pudiendo citarse a modo de ejemplo un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, sala III, autos: “E.S.A. s/recurso de casación” • 05/05/2008; Cita: TR LALEY AR/JUR/4178/2008. Sin embargo, habiéndose agraviado la defensa del encuadre legal, lo que ameritó que nos abocáramos al estudio de este punto en concreto, no podemos dejar de advertir la existencia de constancias probatorias que habilitan a enmarcar los hechos investigados en dos figuras agravantes del “homicidio” que concursan legalmente, destacándose además que las agravantes de “alevosía” y “homicidio criminis causa”, que estimamos plenamente aplicables al cuadro fáctico prima facie acreditado, prevén ambas la pena máxima de nuestro CP, es decir, la reclusión o prisión perpetua.
Veamos, sustenta la apreciación de este Sr. Juez de Recursos que, del informe de autopsia obrante a fs. 626/635vta., surge que el damnificado, un adulto mayor de 72 años de edad, sufrió lesiones antemortem y postmortem, siendo concretamente que dentro de las lesiones para sometimiento y amedrentamiento necesarias para la reducción de la víctima se observan en el cráneo, cara y cuello: “…debiendo destacar que el trauma romo y contundente localizado en la calota craneal por encima del ala del sombrero se relaciona con heteroagresión y, en ocasiones, para aturdimiento de la víctima también denominada anestesia previa de Broardel. Las sufusiones hemáticas descriptas en la región interna de los labios, junto a la hemorriagia peridentaria y luxación traumática del incisivo lateral inferior derecho orientan hacia maniobras de sofocación.
Al examen de la porción del cuello que se perita se constata la presencia de un surco equimótico cervical con signos de vitalidad conservados secundario a una compresión cervical extrínseca por estrangulamiento de probable etiología a lazo y que se localiza por encima del plano de decapitación, lesión que provoca, a su vez, una profusa hemorragia a nivel de la base de la lengua y los tejidos perilaríngeos sin provocar fractura del hueso hioides. (…) no es posible descartar que la compresión cervical haya sido con el uso de ambas manos o los antebrazos u otro tipo de combinación (…) Tanto las maniobras de sofocamiento como las de estrangulamiento son concausa probable de la muerte aunque también ofician de amedrentamiento debido al dolor que imprimen durante su ejecución como la obstrucción al ingreso de aire y la anoxia encefálica concurrente.
(…) La causa más probable de la muerte (…) fue una lesión inciso y cortante en la aorta toráxica por arma blanca. Este tipo de lesiones (…) provocan un (…) hemotorax. Se trata de una situación con idoneidad para causar la muerte. Como concausa más probable de la muerte se describe una lesión inciso y cortante en el borde anterior del lóbulo izquierdo del hígado. La solución de continuidad en este órgano también determina una hemorragia intraabdominal con riesgo cierto de muerte. El mecanismo más probable de la muerte es secundario a dos factores: por un lado la mencionada extravasación sanguínea que determina una alteración aguda de la mecánica cardíaca debido al cese brusco de la precarga con la consecuente alteración del llenado ventricular y pérdida de la perfusión tisular del resto de la economía determinando la anoxia celular y la muerte.
Por otro lado, el doble mecanismo asfíctico a punto de partida de las maniobras de sofocamiento y estrangulamiento descriptas más arriba determinan la instauración de una anoxia encefálica, lesión también con idoneidad para causar la muerte…”.
Respecto a la alevosía, cabe recordar que se trata de una agravante que responde al “empleo de medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor” , aunque no resulta necesario “que la indefensión de la víctima haya sido provocada por el autor, bastando que éste se aproveche de la situación” (Edgardo A. Donna, “Derecho Penal - parte especial”, tomo I, Rubinzal Culzoni, Bs. As., 1999, ps. 40/41).
Desde el punto de vista objetivo, entonces, supone que la víctima se encuentre en una situación de indefensión; y subjetivamente, requiere que, además del dolo, el sujeto activo actúe con ánimo de aprovecharse de ello –se trata de uno de los usualmente llamados “delitos de tendencia”– (E. Raúl Zaffaroni, A. Alagia y A. Slokar, “Derecho Penal - parte general”, Ediar, Bs. As., 2002, p. 544). Siguiendo estas enseñanzas, en este caso observamos que se habría verificado que C., al momento de sufrir el ataque del que fue víctima, indudablemente se encontraba en el estado de indefensión que requiere el tipo, que le impedía oponer alguna resistencia. Y en cuanto al aprovechamiento de esa situación, estimamos que también se habría comprobado en el caso, pues el lugar del hecho sito en el complejo habitacional deshabitado sobre calle G.M., descripto pormenorizadamente en el acta de inspección ocular conjugado con el informe de autopsia indican suficientemente el propósito de obrar sobre seguro. Más allá de las consideraciones efectuadas en los párrafos que anteceden, esta Alzada sostiene de manera invariable desde el año 2022, en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal resulta ser provisoria y mutable, con lo cual no causa estado.
Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ provincial que, en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial. Sin embargo, en el caso de marras entendemos corresponde hacer una excepción y abocarnos al análisis acerca del argumento de la defensa sobre si la calificación legal se encuentra debidamente motivada por el Sr. Juez de grado Subrogante en razón que, eventualmente, puede incidir en el dictado de la prisión preventiva del imputado, de lo que también se agravia.
En lo que aquí importa, no se comparte con la defensa que el a quo careza de elementos probatorios que permitan afirmar que el imputado habría matado a C. para apoderarse de sus bienes. Mucho menos que hubiera forzado deliberadamente el tipo penal en pos de agravar la situación procesal del encartado privándolo arbitrariamente de la libertad. Por el contrario, el Magistrado valoró todas las piezas probatorias en su conjunto logrando ir reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión acerca de la provisoria calificación legal, habiendo efectuado, conforme surge del considerando III) de fs.784vta./786, el estudio pormenorizado y la valoración de las pruebas producidas en la causa confrontándolas con la doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, brindando las razones acerca del encuadre legal de la conducta imputada.
En este sentido, advertimos que la crítica a la calificación legal se presenta más como una opinión en disenso, que como un agravio concreto, dado que no se profundizó por la defensa demasiado al respecto. En efecto, habiendo la instrucción acreditado “prima facie” la materialidad del hecho y su autoría, calificó provisoriamente la conducta desplegada por el presunto autor como “homicidio criminis causa” (art. 80 inc. 7 del CP). En tal sentido, no podemos más que compartir el criterio provisorio sustentado por el a quo -con la salvedad efectuada en los párrafos precedentes acerca de la “alevosía”-, dado que para justificar su decisión argumentó razonadamente que tras valorar la totalidad de los elementos de cargo: “…el imputado actuó con una clara intención homicida, dirigiendo su accionar a ocasionar la muerte de la víctima con la finalidad de consumar previamente el desapoderamiento y asegurar posteriormente la impunidad de su conducta.
Que en efecto, se advierte que el homicidio de A.E.C., no constituyó una consecuencia accidental ni un resultado eventual derivado del robo, sino una acción deliberadamente orientada a garantizar el éxito del ilícito y la disponibilidad de los bienes sustraídos. (…) se encuentra corroborado de manera palmaria la sustracción por parte de F.M.C., de al menos el teléfono celular y las tarjetas bancarias de la víctima, las cuales utilizó con posterioridad a dar muerte a A.E.C., debiendo ponderar en esta instancia que el imputado también obtuvo la clave personal de la tarjeta de débito del occiso, haciendo igualmente uso de la misma luego de cometer el ilícito endilgado, infiriendo que accedió a mencionada clave luego de someter la voluntad de C. a través de la brutal agresión física impartida.
(…) resulta importante mencionar la circunstancia que Ce. conocía a Cu., conforme surge de las constancias probatorias que fueran analizadas en los párrafos que anteceden, desprendiéndose de ello el dolo homicida con la finalidad de procurar su impunidad. Asimismo debe ponderarse el desmembramiento del cuerpo de la víctima efectuado por el imputado con posterioridad a darle muerte, conducta que revela un marcado desprecio por la vida humana y una clara intención de obstaculizar la investigación, dificultar la identificación y ocultar las circunstancias del hecho, lo cual una vez más evidencia la finalidad de asegurar el resultado del delito y procurar la impunidad de su accionar. A su vez, se destaca que con posterioridad al hecho, el imputado continuó desplegando conductas orientadas a procurar su impunidad, utilizando el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes a su pareja haciéndose pasar por aquel, pretendiendo de ese modo evitar sospechas y obtener más tiempo para realizar actos tendientes a evadirse de su responsabilidad.
Que en este mismo sentido, puede valorarse la utilización de las tarjetas de crédito de la víctima por terceros como un acto más por parte del encartado para evitar el descubrimiento de lo realmente ocurrido. Que así es dable mencionar nuevamente que el hallazgo del occiso se produjo aproximadamente veintidós días después de cometido el hecho, valiéndose de ese lapso de tiempo para ejecutar las conductas mencionadas en los párrafos que anteceden. Que en efecto, es válido afirmar que el imputado, al menos hasta el día 5 de mayo del 2026, momento en que el causante debe abandonar el inmueble de calle P. al ser descubierto, tuvo total libertad de acción para manipular el cuerpo de la víctima, debiendo merituar asimismo, la escasa distancia existente entre las locaciones donde se hallaron los restos de la víctima.
(…) resulta propicio traer a colación lo mencionado por el testigo Ca., quien expresó que durante el tiempo que Cu., estuvo viviendo en su morada, aproximadamente una semana, éste se bañaba a diario, como así también, utilizaba el lavarropas sin que nadie observe los elementos que lavaba. Destacando que dicho lapso temporal coincide con la primer semana de ocurrencia del suceso…”. De esta manera el a quo concluye válidamente que debe estarse a la conducta delictiva provisoriamente calificada de “homicidio criminis causa”.
Concordamos con la Instrucción en lo que atañe a la figura del homicidio criminis causae, que se encontraría debidamente acreditada, ya que, en el contexto reseñado, F.M.C. habría concretado la sustracción de ciertos bienes de la víctima –al menos el teléfono celular y las tarjetas bancarias de la víctima, las cuales habría utilizado con posterioridad a dar muerte a A.E.C.-, encontrándose asimismo acreditado que habría manipulado los restos mortales procediendo a la desmembración, el descuartizamiento, la desarticulación y la evisceración del cadáver, empaquetando las diferentes partes, lo cual denotaría la planificación, ocultando parte de los restos humanos en bolsas de residuos negras conteniendo ladrillos en su interior para que se hundieran dentro del tanque cisterna de agua sobre calle G.M. y, de esa manera, evitar su posible visualización por terceros, en tanto que ocultó los miembros en una fosa séptica de calle P. N° XX0., a fin de dificultar la identificación y reconocimiento de la víctima. De modo que compartimos la conexión apreciada por el a quo entre ambos delitos. En este sentido, jurisprudencialmente se ha entendido en instancias superiores que: “…La figura del homicidio criminis causae se encuentra debidamente acreditada, ya que el imputado concretó la sustracción de los bienes de la víctima, algunos de los cuales fueron encontrados en su poder…” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala I • 22/12/2023 • V., J. P. s/ homicidio simple • RDP 2024-7 , 217 • TR LALEY AR/JUR/177730/2023).
Asimismo compartimos con el juez a quo las consideraciones efectuadas acerca de la intención del imputado de “procurar la impunidad”, pues de dejar vivo a A.E.C. podría haberlo denunciado ya que se conocían previamente. Es por ello que entendemos que se habría comprobado claramente en el caso la ultrafinalidad, en relación con la cual “no es necesario ningún correlato objetivo ni tampoco que el fin ultratípico se obtenga” (cfr. E. Raúl Zaffaroni, “Lineamientos de Derecho Penal”, Ediar, Buenos Aires, 2020, p. 155).
Por todo lo analizado, nos encontramos en condiciones de concluir que el hecho reprochado a F.M.C., ha sido acertadamente encuadrado en el art. 80, inc. 7°, del CP. Que este Sr. Juez de Recursos hubo de convalidar igualmente la calificación legal con sustento en los elementos de cargo reunidos en la causa en anteriores pronunciamientos pudiéndose citar a modo de ejemplo los autos caratulados: “C.J.D. S/Homicidio agravado” (incidente de apelación), Expte. Nº 79.490/24, Apelación JR Nº 9174/24 y autos caratulados: “L.O.J. S/Homicidio (resultara víctima)”, Expte. Nº 92.369/24, Apelación JR Nº 9295/24.
c.- De la prisión preventiva: En tercer lugar la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido argumentando que la gravedad de la imputación o la expectativa de pena no constituyen fundamentos autónomos suficientes para disponer el encarcelamiento preventivo.
Critica que la resolución no individualiza actos concretos atribuibles a su pupilo que permitan sostener razonablemente la existencia de los riesgos procesales. Y que tampoco explica la insuficiencia de medidas cautelares menos gravosas para garantizar los fines del proceso. Postula que su asistido tiene su residencia desde hace muchos años en esta ciudad, manteniéndola en la actualidad. Sostiene que la posible intención de su representado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación no puede ser analizada valorando la severidad de la pena conminada en abstracto.
Concluye que el criterio del a quo hace letra muerta a los mandatos constitucionales del principio de inocencia, siendo que el imputado tiene derecho a gozar de su libertad ambulatoria durante la tramitación del proceso penal que se lleva en su contra. En respuesta a este agravio relativo al encarcelamiento preventivo del imputado, adelantamos que no prosperará. Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad (reclusión o prisión perpetua confr. art. 80 inc. 7 del CP); con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso en el caso concreto.
Seguidamente el a quo valoró que, en caso de recaer condena en las presentes actuaciones, la misma resultaría claramente de cumplimiento efectivo, habilitándolo a ordenar el procesamiento con prisión preventiva en función del art. 295 inc. 1º del CPP. Que bajo esos lineamientos la Instrucción concluyó que estamos frente a un individuo con peligrosidad procesal en función de tener por acreditado en el caso el peligro de fuga, toda vez que la figura del art. 80 inc. 7 del CP, sanciona al autor con la pena de reclusión o prisión perpetua, lo que de por sí resulta altamente indiciario de la posibilidad cierta de darse a la fuga frente a la expectativa de pena, que será indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Máxime habiendo justipreciado que el imputado se encuentra en situación de calle, sin domicilio fijo y desempleado, resultando otro indicador de riesgo procesal de fuga por carecer de arraigo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: "…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…" (Confr. Apelaciones JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que asimismo ponderó la existencia en el caso concreto del riesgo de entorpecimiento del accionar de la justicia, en función que aún restan por producirse medidas probatorias de suma relevancia para el esclarecimiento del hecho investigado, así como también restan por recolectarse la totalidad de los elementos vinculados a la pesquisa, por lo que de encontrarse en libertad ambulatoria el imputado, permitiría evidenciar el riesgo cierto de ocultación de los elementos incriminantes y/o asegurar su destrucción, conculcando con dicho accionar las medidas probatorias que restan por producirse.
Esta Alzada advierte asimismo otro indicio de incremento del riesgo de entorpecimiento procesal, consistente en que el testigo J.E.F. declaró que el imputado C. le sigue enviando mensajes a su hijo desde la cárcel, diciéndole que quiere contactarse con su persona, pudiendo razonadamente interpretarse que el imputado, encontrándose privado de la libertad, habría incurrido en actos que pueden leerse como de presión y/o intimidación hacia los testigos y su entorno, a fin de procurar mejorar su situación procesal.
No podemos soslayar en autos los derechos de la víctima, una persona adulto mayor de 72 años, en su dimensión humana, lo cual encuentra su correlato en la necesidad que los operadores judiciales arbitren los medios tendientes a lograr la eventual condena de los autores del ilícito.
En este punto la víctima debe ser reconocida como una persona especialmente vulnerable por tratarse de un adulto mayor, con lo cual se torna imperioso la ponderación del caso bajo la mirada de los estándares de la “Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” (ley 27.360 y su correlato provincial ley 2669), las "Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad", a las cuales ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011 y la ley 27372 de “Víctimas de Delitos”, entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional, y del principio de la debida diligencia reforzada, concordando con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. En este marco, la Convención Interamericana de protección de los derechos de las personas mayores consolida la inclusión de la vejez en la agenda prioritaria de los derechos humanos. Su aprobación implica, a su vez, un cambio de paradigma en la concepción sobre las personas mayores, motivo por el cual los Estados deben asumir un papel más activo para que puedan ejercerlos, en condiciones de igualdad y con plena integración y participación en la sociedad.
La Convención fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15/06/2015 y ratificada por la Argentina en mayo del 2017 mediante la Ley 27360. Ello representó un salto cualitativo en la consideración de este colectivo, generándose un marco normativo que obliga a los Estados firmantes a desplegar una serie de instrumentos tendientes a cumplir y hacer cumplir esos derechos consagrados.
La Convención reconoce que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económicas, social, cultural y política de sus sociedades. Por otra parte destaca la necesidad de abordar los asuntos sobre la vejez desde una perspectiva de derechos humanos que reconozca las contribuciones de la persona mayor a la identidad cultural, al desarrollo humano, social, económico y a la erradicación de la pobreza.
Asimismo mediante Acordada 5/2009, la CSJN adhirió a las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condiciones de Vulnerabilidad”, imponiendo a los tribunales inferiores la obligación de adoptarlas en cuanto resulte procedente. Que desde esta Alzada venimos sosteniendo de manera invariable a través de reiterados pronunciamientos, un perspectiva amplia de derechos y, en el caso concreto, consideramos que el envejecimiento activo y la perspectiva de derechos de las personas mayores constituye un nuevo paradigma que compele a la actuación con la debida diligencia reforzada a fin de reconocer, respetar, garantizar y restituir los derechos elementales reconocidos a este colectivo hipervulnerable. (A modo de ejemplo se citan los autos caratulados: "O.V.D.C. S/ Dcia. estafa", Expte. Nº 26.846/23, Apelación/Causa JR Nº 8370/23 y acumulados por cuerda: "Incidente de excepción por incompetencia territorial S/ Interpuesto por el Dr. H.D.O., defensor técnico de M.D.J.", Expte. Nº 26.846/23, Apelación/Causa JR Nº 8356/23.).
Y, desde esta perspectiva, se observa de las constancias obrantes en la causa, la relación desigual de poder entre el imputado y la víctima, quien no significaba un peligro cierto para el mismo, configurándose un caso de violencia física y económica para con un adulto mayor. Que, por otra parte, entendemos que la resolución evidencia en torno al encartado un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de derechos humanos que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva del imputado luego de resolver el procesamiento, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Otros tribunales del orden federal han denegado el beneficio de la excarcelación respecto de imputados por el mismo delito que se investiga en autos, argumentando con igual criterio que esta Alzada que: “…No puede otorgarse la excarcelación, debido a la naturaleza del delito reprochado –homicidio criminis causae–, la gravedad de la imputación, la calificación legal escogida, el hecho que de recaer condena la misma no sería de ejecución condicional y los elementos de juicio que permiten tener por configurada, prima facie, la participación del imputado, dejándose al descubierto que se mantienen, en esencia, los indicadores de riesgo procesal tenidos en cuenta por el juez instructor al dictar el procesamiento con prisión preventiva…” (Cámara Federal de Casación Penal, sala I • 20/09/2022 • Eudes Torrez, Trinidad c. Poggi, Sergio Nicolás s/ incidente de excarcelación • RDP 2023-1, 51 • TR LALEY AR/JUR/129752/2022). Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por el Sr. Magistrado Subrogante, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a F.M.C., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa.
d.- Del monto del embargo impuesto: Finalmente la defensa se agravia del monto del embargo impuesto por resultar manifiestamente excesivo y carente de una fundamentación suficiente que justifique su alcance.
Alega que no escapa al conocimiento del a quo que su asistido carece de capacidad económica para afrontar una suma de tal magnitud al igual que carece de bienes para cubrir dicho monto, lo que conducirá a su inhibición general de bienes, ocasionándole una afectación patrimonial desproporcionada e innecesaria. En definitiva plantea que se trata de una decisión infundada y solicita su revocación o, en su caso, que se reduzca su cuantía en una suma acorde a la finalidad cautelar perseguida y la real capacidad patrimonial de su representado.
Que con relación al cuestionamiento del monto del embargo, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
Más aún del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 787, que el Sr. Juez Subrogante dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000.-).
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que el monto impuesto en el embargo cautelar: "… conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). Corresponde finalmente aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse -llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es por todo lo valorado que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho. II)
Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR ÍNTEGRAMENTE el auto glosado a fs. 751/787, del presente incidente, dejando a salvo el criterio de esta Alzada acerca de la calificación legal, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia