Abriendo la norma
TOMO CLXII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.161 FOLIO N° 110/113 PROT. ELECT. JR101 308I.261
Río Gallegos, 06 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada "L.E.E. S/ Hurto Resultara Damnificado" - Expte. N° 27796/25 - Apelación/Causa JR N° 10241/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 57/61vta. obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno con asiento en El Calafate, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada P.F.A., en orden al delito de “Hurto simple y Estafa mediante el uso de tarjeta de crédito, en calidad de coatura, en concurso real (Arts. 42, 55, 162 y 172 –en función del art. 173 inc.15- del Código Penal)”; en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes de la procesada (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000).
Que a fs. 75/79, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno con asiento en El Calafate, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada Z.N.G., en orden al delito de “Hurto simple y Estafa mediante el uso de tarjeta de crédito, en calidad de coatura, en concurso real (Arts. 42, 55, 162 y 172 –en función del art. 173 inc.15- del Código Penal)”; en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes de la procesada (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000).
Que a fs. 65/67vta., la defensa técnica oficial de P.F.A. apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. …, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.- Que a fs. 88/89vta., la defensa técnica oficial de Z.N.G. apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. …, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.- Que, en consecuencia, quedan los presentes actuados en condiciones de ser resueltos, y;
I. Que la defensa técnica de P.F.A., expresó los agravios que, a su criterio, le ocasiona la resolución recurrida a su asistida.
Así, la parte recurrente indicó que los elementos probatorios en los que se sustenta el auto de procesamiento no revisten, a su criterio, entidad suficiente para acreditar la autoría o participación de su defendida en el hecho que se le atribuye, sosteniendo que ello vulnera el principio de inocencia, consagrado tanto en la normativa nacional como convencional.
En ese sentido, alegó que A.P. ha sido procesada incorrectamente, en tanto -a su criterio- no existen constancias probatorias que pudieran determinar, prima facie, la responsabilidad en el hecho investigado.
Asimismo, señaló que, al momento de ejercer su defensa material, la imputada P. formuló una propuesta que -a su entender- resulta acorde con la finalidad perseguida por el art. 5 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, relativo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Explicó que aquella ofreció reintegrar el monto presuntamente gastado y, en caso de resultar insuficiente, ampliarlo con el objeto de arribar a una conciliación, por lo que consideró que en el presente caso debió procurarse una vía alternativa de resolución, en atención a razones de oportunidad y conveniencia.
En esa línea, sostuvo que el derecho penal debe aplicarse de manera restrictiva, analizando pormenorizadamente el ejercicio del poder punitivo estatal, afirmando que en el presente caso, según su perspectiva, se verifica una respuesta sancionatoria excesiva.
Por último, invocó el instituto de la conciliación y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en el art. 59 inc. 6 del Código Penal y en los arts. 5 bis y 66 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, solicitando que se arbitren los medios necesarios para posibilitar una conciliación entre las partes.
II. Que la defensa técnica de G.Z.N., expresó los agravios que, a su criterio, le ocasiona la resolución recurrida a su asistida.
Que, a fines de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirse a los agravios desarrollados por el defensor de P.F.A. en el punto I) del presente resolutorio, particularmente en sus primeros tres párrafos, por cuanto los mismos resultan notablemente coincidentes con los aquí invocados por la defensa de G.Z.
Sin perjuicio de ello, respecto de su asistida G.Z.N., sostuvo que, al momento de ejercer su defensa material, explicó no haber tenido participación alguna, en calidad de autora o partícipe, en los hechos que se le atribuyen.
En esa línea, transcribió las manifestaciones vertidas por su defendida en dicho acto y afirmó que no existe elemento de cargo alguno que permita acreditar su intervención en el hecho investigado, señalando que la prueba reunida se encuentra dirigida, a su parecer, exclusivamente al accionar desplegado por la coimputada P.F.A.
Asimismo, cuestionó la conclusión a la que arribó el Magistrado respecto de la autoría atribuida a su asistida, sosteniendo que el sólo hecho de haberse encontrado presente en el lugar, o de haber acompañado a la coimputada mientras ésta realizaba una compra, no resulta suficiente para considerarla coautora del hecho, máxime cuando -según alegó- el accionar de P.F.A. habría permanecido completamente oculto para su representada.
Finalmente, solicitó que la conducta atribuida a G.Z.N. sea considerada atípica y, en consecuencia, se dicte su sobreseimiento.
Que, en virtud de la vinculación sustancial entre los agravios introducidos por ambas defensas, corresponde tratarlos de manera conjunta, por cuanto dichos planteos cuestionan la suficiencia de elementos de convicción reunidos hasta el momento y la valoración efectuada por el Magistrado respecto de las manifestaciones vertidas por las imputadas en sus declaraciones indagatorias.
Que, analizados los primeros planteos, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar. En primer término, es menester recordar a las partes recurrentes, que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que este auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16). (Criterio asentado en Apelaciones Nº 9971/25, 9978/25, 10036/26, por citar algunas).
Nos parece correcto y oportuno dejar constancia que, en este tipo de pronunciamiento, sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado. (Criterio asentado en Apelaciones Nº 10129/26, 10156/26, 10174/26, 10207/26, por citar la más recientes). Dicho esto, entendemos, los argumentos introducidos por las partes recurrentes no logran desvirtuar los sólidos fundamentos desarrollados por el Sr. Juez de grado, cuya valoración es compartida íntegramente por esta Alzada.
En efecto, tal como fue ponderado en el decisorio arribado, la imputación no se sustenta en meras conjeturas, sino en un conjunto de elementos de convicción que, valorados de manera armónica, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar el procesamiento, con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia.
Así las cosas, de las constancias obrantes en el sumario surge con claridad la secuencia fáctica investigada, destacándose entre las diligencias prácticas, el reconocimiento e individualización de las imputadas efectuado por la damnificada; los informes policiales; la inmediata utilización de la tarjera sustraída como medio de pago; la corroboración objetiva de dicha circunstancia mediante los registros fílmicos incorporados al legajo; y la declaracion testimonial de la empleada del comercio donde se efectuó la compra; lo que permite descartar las alegadas omisiones y la supuesta orfandad probatoria invocada por las defensas de P.F.A. y G.Z.N.-
De esta manera, esta Alzada entiende que lo planteado por las partes recurrentes constituyen una mera disconformidad con lo actividad desarrollada por la instrucción, resultando sus planteos improcedentes, toda vez que el Magistrado valoró la totalidad del material probatorio reunido conforme a las reglas de la sana crítica racional conforme lo previsto en los arts. 116 y 199 del código de rito, arribando -acertadamente- a un juicio de valor provisorio e incriminante respecto de la situación procesal de las encartadas.
Ahora bien, en cuanto al agravio introducido por la defensa de P.F., referida a la procedencia de un método alternativo de resolución (v.gr. reparación inmediata o conciliación), prevista en el art. 59 inc. 6º) del C.P. y de los arts. 5 bis y ccs. del C.P.P., corresponde señalar que no habrá de prosperar, en tanto dicha cuestión no constituye materia de revisión en esta instancia, toda vez que el presente resolutorio se circunscribe al análisis de la procedencia del auto de procesamiento.
En ese sentido, tal como lo ha sostenido este Juez de Recursos en precedentes análogos (v.gr. Apelación Nº 10062/26), la eventual aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflicto, debe plantearse –y suscitarse- ante la Instrucción de la causa, quien resulta ser el órgano competente para evaluar dicha procedencia.
A mayor abundamiento, surge de la propia resolución recurrida, que el Magistrado receptó el planteo efectuado por la imputada P.F. en su declaración indagatoria, y dispusó las medidas necesarias para poner en conocimiento de la damnificada L.E. la propuesta de reparación formulada, consistente en reintegrar el monto utilizado con la tarjeta utilizada, a los fines de que la misma manifieste lo que estime corresponder; extremo que evidencia que dicha cuestión se encuentra siendo tramitada en la instancia correspondiente. (Véase fs. 60/vta., acápite VIII; y fs. 98).
Por otra parte, tampoco podrá prosperar el agravio introducido por la defensa de G.Z.N., en cuanto sostiene que su asistida desconocía por completo el accionar desplegado por la coimputada P.F.-
Ello así, por cuanto los registros fílmicos analizados por esta Alzada, permiten advertir –con el grado de probabilidad exigido- una actuación conjunta de ambas imputadas durante el suceso investigado. En efecto, de la observación de los videos denominados “VID- 20250318- WA0031”, “VID-20250321-
WA0023”, y “VID-20250321- WA0024 (1)”, surge que ambas se encontraban realizando –vale decir, conjuntamente- la adquisición de productos –siendo éstos una botella de alcohol y una botella de gaseosa- siendo abonados mediante la tarjeta sustraída, circunstancia que encuentra correlato en la declaración testimonial brindada por la empleada del local comercial.
De igual manera cabe destacar, que de dicha corroboración objetiva de la secuencia fáctica, no se desprende elemento alguno que permita inferir que G.Z.N. desconociera el accionar de la coimputada P., o que hubiera reaccionado frente al mismo. Pues bien, las secuencias fílmicas permiten advertir una conducta coordinada y colaborativa entre ambas durante el desarrollo del hecho, extremo que –sin perjuicio de la valoración que correponderá a la instancia ulterior-, resulta suficiente para mantener el procesamiento que en oportunidad se dictó.
En consecuencia, al no advertirse vulneración al principio de inocencia –invocado por ambas defensas-, ni defecto alguno en la valoración efectuada por el Sr. Juez de grado, corresponde rechazar de plano los agravios planteados en éste acápite.
III. Del agravio referido al excesivo monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, ambas partes recurrentes, en sus propios escritos recursivos, se agravian por el monto del embargo decretado, fijado en la suma de pesos un millón ($1.000.000), advirtiendo que no existen constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada, sea la necesaria para garantizar la pena pecuniaria y la eventual responsabilidad civil que pudieran caberle a cada una de sus asistidas.
Afirmaron las defensas que del ilícito en cuestión, ni el tipo ordinario o el calificado prevén en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria, circunstancia que debería tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo.
Que, en relación al planteo esgrimido por cada una de las partes recurrentes, cabe adelantar que los mismos no habrán de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En efecto, esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos.
Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo, en atención a la imposibilidad de fijarlo –por el momento- en una suma definitiva, en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse – llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que, tal como señaló el A Quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización.
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Así, es que rechazamos el agravio expuesto por las defensas, y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto a las causantes, P.F.A. y Z.N.G.- En conclusión, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la instrucción, entendiendo que las resoluciones recurridas se encuentran ajustadas a derecho, debiendo confirmarse íntegramente los autos de procesamiento.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de procesamiento de fs. 57/61vta. y de fs. 75/79, en cuanto han sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia