Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8850 FOLIO Nº 033/036 PROT. ELECT. JR101528I.242
Río Gallegos, 08 de agosto de 2024.
La presente causa caratulada "L.Y.I. S/ Denuncia" - Expte. Nº 25.053/22- Apelación/Causa JR Nº 8892/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 77/81 vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado R.F.V. en orden al delito de “Amenazas” (Arts. 45, 149 bis del C.P); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000).
Que a fs. 83/89, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 99 y habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P. a fs. 101/107, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa en su primer agravio argumentó que no se han incorporado elementos de convicción suficientes para acreditar materialmente un hecho delictuoso.
En un primer apartado Hechos, expresa que no puede ser entendido como elemento probatorio el "informe" producido por los profesionales de la OVD en tanto que sin ningún otro elemento de convicción, califican el "grado de violencia" y "las características de la persona denunciada". No se trata de un tema de íntima convicción de la decisora, debe haber necesariamente además un sustento objetivo, que permita un análisis racional del elemento que se propone como "probatorio". Señala que no hay en autos un sólo elemento objetivo que permita tener mínimamente por cierta la ocurrencia del hecho objeto de persecución penal.
Seguidamente, en Atribución de los hechos, manifiesta que no hay en la causa elemento alguno que establezca un nexo de causalidad entre la denuncia y el supuesto accionar de V.
Enfatiza que ninguno de los dos testigos declarantes ubicaron a su defendido en el lugar de los supuestos hechos.
En su segundo agravio, sostiene que si bien la declaración de la víctima se ingresa al proceso técnicamente como una declaración similar a la testimonial, ya que se encuentra penalizada su falsedad, es en realidad de naturaleza distinta.
La diferencia consiste en que el testigo debe ser neutral en su declaración, libre de todo interés; y la víctima declara precisamente por interés personal en la causa. Entonces la atribución de la naturaleza testimonial a la declaración de la víctima es claramente un error.
En su tercer agravio, expone que la construcción imaginada de los hechos, a partir de dar por ciertas las afirmaciones de la denunciante, resulta una derivación carente de asidero en términos jurídicos, ya que se procede a "reconstruir" una ideal secuencia fáctica basada en la íntima convicción de la decidente.
Esta construcción resulta contraria al principio de legalidad consagrado en el art. 198 de la CN, ya que transforma el reproche a su defendido en un verdadero Derecho Penal de Autor, el cual viola frontalmente la dignidad humana, y el único fundamento en el que se basa la imputación es en la aparente "personalidad celosa del Sr. V." derivada de la pericia psicológica practicada a la denunciante, sin que exista un sólo elemento objetivo acreditado en autos que lo sindique como responsable de alguna actitud penalmente reprochable. En el cuarto agravio planteado, manifiesta que si bien es cierto que para el dictado del auto de procesamiento basta la "convicción suficiente", esa convicción debe estar construida sobre elementos de prueba objetivos, ya que de otro modo, no existe la posibilidad de emitir una crítica concreta y razonada al momento de apelar. El juicio de probabilidad debe arrobarse en base a una investigación que permita la sana crítica racional como método de valoración posibilitando así el razonable ejercicio del derecho de defensa. El ejercicio de la defensa en juicio debe posibilitarse ampliamente, no sólo en la etapa contradictoria propiamente dicha, sino en todos sus tramos. Por lo cual, ante la ausencia de elementos objetivos que permitan culpabilizar al Sr. V., la Jueza de Grado efectuó una incorrecta valoración de la prueba, amparándose de las reglas de la sana crítica racional. En su último planteo, se agravia de la atipicidad del hecho atribuido. Entiende reprochable en cuanto los hechos que pretende atribuir no reúnen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; dado que para ser típicamente relevantes, y por ende poseer la suficiente entidad para lesionar el bien jurídico de referencia, deben ser graves, serias, posibles, y de naturaleza que las torne idóneas.
Ello fundado en que los hechos denunciados (manifestaciones relativas a la desvinculación laboral de L. por parte del Sr. V. de las que no existen pruebas suficientes) es que su defendido carecía en aquel momento de toda posibilidad de provocar el daño aludido.
Iniciando el análisis de los agravios expuestos, al respecto esta Alzada no comparte la postura de la defensa; debiendo recordarse que las diferentes piezas probatorias recabadas durante la instrucción deben ser analizadas en su conjunto, como fuera efectuado en el resolutorio recurrido, donde se efectuó un abordaje integral y armónico de dichos elementos.
En cuanto al informe efectuado por la Oficina de Violencia Doméstica, en su parte inicial, establece que el mismo no tiene una valoración diagnóstica, siendo un análisis, donde brindan una apreciación profesional sobre variables como, el posicionamiento subjetivo, el contexto social y el impacto de las vivencias violentas en la historia del sujeto. En función de lo cual, en los presentes establecieron al riesgo como "Alto", en atención al motivo de la presentación de la denunciante y el tipo de violencia producida en el último episodio, la probabilidad de que se susciten nuevos hechos o se agraven los existentes, los antecedentes del vínculo afectivo y denuncias anteriores, las características de la persona denunciada según el relato vertido y el tipo de modalidad conductual y afectiva que desplegaría, las características de la persona denunciante, entre otras cuestiones en consideración.
Por otra parte, y como lo señala la jurisprudencia, "Las actuaciones producidas por la Oficina de Violencia Doméstica (entrevistas, informes, inspecciones, dictámenes, etc.) constituyen instrumentos oficiales elaborados por personal capacitado del Poder Judicial (…), por lo que los mismos que gozan de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso y su ponderación por parte de los Magistrados. No debemos olvidar que los informes o exámenes técnicos cumplidos por funcionarios del Poder Judicial tienen valor como elementos de juicio. Con respecto a ellos, Nuñez señaló que esos exámenes u operaciones pueden tener tanto valor probatorio como una pericia, sin perjuicio de que, como se han realizado sin el contralor de los interesados, sus conclusiones pueden ceder frente a la prueba en contrario (conf.
CSTJ, sent. 516 de fecha 22/06/2001). También se destacó que se trata de peritos oficiales y sus informes han sido privilegiados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pues se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales”. (Fallos 299:265 o ED, t. 77, pág. 374. Citado por Francisco D'Albora Código Procesal Penal de la Nación Edición 1993, pág. 250)”. Y así como continua expresando en citado fallo, "...conforme se desprende del reglamento aprobado por acordada 40/06 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la O.V.D. fue creada para recibir denuncias sobre violencia doméstica y producir los informes que las circunstancias demanden.
En otras palabras, para asegurar el efectivo acceso a la justicia de los peticionarios y proveer a los jueces de los recursos indispensables para ejercer su labor jurisdiccional...". (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, “Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Correccional de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por Juzgado Correccional de la Iª Nominación, el 25/11/2016”, San Miguel de Tucumán, 15 de Agosto de 2017, SENT N°1134). Es de esta manera, que no concordamos con la crítica efectuada por la defensa, quien a su vez no ha señalado prueba en contrario de las conclusiones arribadas en dicho informe, el cual ha sido valorado a la luz de la sana crítica racional, no encontrando asidero al agravio expuesto.
Por otro lado, y como lo expresa la jurisprudencia, “… no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad, o que el alcance otorgado en sus manifestaciones resulte arbitrario o absurdo…” (SCPBSAS, Causa P. 126.185, sentencia del 18/05/2016).
De igual manera,"...cabe recordar que en casos como el presente el testimonio de la víctima debe ser especialmente ponderado a la luz de la normativa local que rige en la materia y los compromisos asumidos por el Estado Argentino al ratificar la "Convención de Belem Do Pará", la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer" y las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad...". (CNCrimyCorrec - A.,F.A. s/ amenazas coactivas- TR LALEY AR/JUR/33938/2024). Testimonio de la damnificada, que los profesionales de la OVD consideraran "coherente y completo permitiendo seguir una lógica en su relato".
En los presentes actuados, la instrucción analizó pormenorizadamente los elementos de prueba aunados a la causa, como así también el contexto en que se desarrollaron los hechos, teniendo en consideración los diferentes indicios que surgieron de la investigación. Todos ellos, que estudiados en su conjunto, le permitieron el arribo del decisorio aquí recurrido.
Por su parte, no se observa en el testimonio de la damnificada intención alguna de perjudicar al incuso. La nombrada efectúa un relato detallado del hecho vivenciado, el cual, y compartiendo el criterio de la instrucción, del mismo se desprende que dichos sucesos acaecieron en un contexto de violencia de género, bajo la modalidad de violencia doméstica, lo que impone apreciar los eventos desde una perspectiva de género.
La jurisprudencia sostiene un criterio concordante respecto a la contexualización de eventos como el presente en el marco de violencia contra la mujer, expresando por ejemplo: "...de los que resulta que el imputado agredió verbal y sicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes que le infundió temor, tanto a ella como sus hijos menores. Destacase que todas estas conductas son dolosas, y que estos comportamientos contrarían las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad...)". (C1aCrimyCorrecFormosa - S.,M.A. s/ amenaza concordante con violencia de género - TR LALEY AR/JUR/89185/2018).
En lo referente a la probabilidad requerida en esta instancia procesal, y criticado por la defensa, debemos señalar que no se trata de una voluntad caprichosa de los tribunales, ni tampoco consideramos que haya sido utilizado por la instrucción a fines de sostener una ausencia probatoria; sino más bien se trata del mérito probatorio exigido en esta instancia, donde la prevalencia de elementos incriminantes, permite el avance a la siguiente etapa procesal. Al respecto los tribunales se han manifestado expresando que "...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Por ello, la probabilidad positiva no será suficiente para la condena, pero ocupa un lugar central en la valoración probatoria a efectuar en la etapa de instrucción.
En sí, este estándar sirve para afirmar el mérito probatorio necesario que justifique la realización del juicio oral, en el que finalmente se resolverá la contienda por ser la etapa central del proceso penal donde se enaltecen las garantías constitucionales que asisten al imputado. En resumen, de la etapa de instrucción solo puede esperarse una verdad meramente probable de la hipótesis acusatoria. Y será en la siguiente etapa – juicio oral- donde se evaluará si dicha probabilidad positiva alcanza el grado de certeza positivo que resulta indispensable para dictar una condena y aplicar una pena a la persona sometida a proceso." (CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV Serverini, Carina Cecilia y otro c.
Cano, Edgardo Fabián s/ legajo de casación • 10/06/2022 Cita: TR LALEY AR/JUR/73631/2022). En cuanto al agravio referido a la atipicidad del hecho atribuido, se comparte el criterio del instructor, en cuanto a que los términos vertidos por el imputado poseen la entidad suficiente para la configuración del tipo penal endilgado.
El contexto en el que fueron proferidos, permiten determinar que los mismos constituyen el anuncio de un mal serio, grave, el cual, y en virtud de lo que surge de las constancias de autos, el anuncio proferido por el incuso, habría tenido la idoneidad para hacerse posible.
Sobre este punto, cobran relevancia los testimonios de B. y V., quienes son los encargados de informar a la denunciante su desvinculación de la empresa, lo cual aporta prueba indiciaria de vital importancia sobre la veracidad de los dichos ésta.
Con lo cual se advierte que lejos estaba el imputado de carecer de la posibilidad de provocar el daño aludido, conforme lo expresa la recurrente.
Consideramos que los términos del incuso hacia su expareja, en el contexto de violencia de género en que fueron vertidos, permiten tener por configurado el tipo penal, conteniendo la amenaza vertida, las características de anunciar un mal grave, injusto, posible, con idoneidad para amedrentar, e idónea para condicionar la libertad de la denunciante; ello tras la reiteración de los episodios de violencia y el continuo hostigamiento y control ejercido sobre la denunciante, lo que nos permite descartar el presente agravio. Como fuera expresado en el informe psicológico, la denunciante presenta, "...antecedentes de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja en los años de convivencia. El maltrato reaparece de manera simbólica y posterior a la separación. Surgen antecedentes históricos de violencia naturalizada sobre ella ejerciendo un rol de poder sobre la misma Sra. L....".
Por lo cual esta Alzada no comparte que el resolutorio de autos resulte violatorio de principios constitucionales.
Por todo lo expuesto, se considera que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo. Es decir, esta Alzada entiende que la autoría del delito, en cabeza del V., se encuentra acreditada con el grado de probabilidad suficiente requerido en esta instancia procesal, motivo por el cual el presente agravio no podrá prosperar. En la decisión de la instrucción se observa que se dan acabadamente los recaudos que deben considerarse en todo auto resolutivo; por ello, más allá de las discrepancias señaladas por la defensa técnica, el auto de instrucción contiene una decisión fundada, referente a la participación y responsabilidad asignada a V., por el delito investigado y con apego a la sana crítica racional y a la legislación aplicable en la materia.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 77/81 vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia