Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22373-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar a la solicitud de audiencia (art. 442 "a contrario" y 447 del CPP).
II. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la decisión adoptada por el "a quo", en virturd de los motivos expuestos en el considerando (arts. 337 último párrafo, 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP.).
III. Confirmar el auto que viene cuestionado en cuanto no hizo lugar a las nulidades planteadas, rechazó la oposición al requerimiento fiscal y dispuso la ELEVACION A JUICIO de L. C. en orden al delito de homicidio simple con dolo eventual, en virtud de los motivos expuestos en el considerando (arts. 45, 79, 84 bis segundo párrafo y ccts. del CP; arts. 106, 157, 323 "a contrario", 335, 336, 337 y ccdtes. del CPP).
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la Defensa (art. 14 Ley Nº 48).
Causa Nº 22373/I/1ra. " C.L. S/ INCIDENTE DE ELEVACION AJUICIO (G7)"
Para resolver en orden al recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 7 de octubre de 2026.
Y
El Sr. Juez Stepaniuc dijo:
I.) Antecedentes
Viene la presente incidencia a esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por los Sres. Defensores Particulares, Dres. Juan Martin Bidonde, Marcelo Pablo Taboada y Alfredo García Kalb, en representación de su asistido, L. C., contra el auto por medio del cual el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 7 Departamental, Dr. Walter Federico Saettone, no hizo lugar a las nulidades planteadas por los aquí recurrentes ni a la oposición del requerimiento fiscal formulado junto al pedido de sobreseimiento, y en consecuencia dispuso la elevación a juicio del imputado respecto del delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 del CP).
La Defensa solicitó en su escrito recursivo que se disponga una audiencia oral ante esta Alzada, al efecto de poder explayar sus argumentos de manera más contundente (art. 447 del CPP).
Consideró que la resolución en crisis incurre en una grave afectación a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, por desestimar sus planteos de manera arbitraria y convalidar una acusación huérfana de prueba sobre el elemento subjetivo del tipo penal.
En ese sentido, se agravió por haberse dispuesto el cierre de la IPP, lo que consideró prematuro, en tanto se encuentran pendientes de producción una pericia psiquiátrica y ciertas declaraciones testimoniales, con las cuales se lograría desacreditar la hipótesis del dolo eventual que sostiene la Fiscalía. A su criterio, tal decisión afecta al derecho de defensa y debido proceso de su asistido.
Asimismo se quejó la vista conferida a la particular damnificada sobre la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Expuso que dicha parte, en rigor de verdad, se dedicó a contestar, refutar y replicar los argumentos defensivos expuestos en la oposición, etapa que no se encuentra prevista en el CPP y coloca a su asistido en una situación de indefensión absoluta.
También alegó la errónea aplicación de la ley sustantiva y una falta de fundamentación de la resolución al dar por acreditado el dolo eventual en los términos del art. 79 del CP, cuando en realidad el a quo aplicó el art. 23 inc. 5º del CPP y no dio respuesta a sus planteos. Al respecto, el recurrente insistió en que la presunta -y sola- concurrencia de exceso de velocidad e ingesta de alcohol no es suficiente para acreditar la conducta dolosa en el caso. Señaló que para ello es necesario contar con elementos que demuestren fehacientemente que su defendido adoptó una actitud de interna aceptación e indiferencia frente a la muerte de sus compañeros, extremos que a su entender no se han demostrado.
Entendió que se modificó la calificación legal de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual sin razón alguna. Precisamente, cuestionó el proceso de extracción de sangre y dosaje de alcohol. También señaló que la zanja en el pastizal habría provocado el vuelco del vehículo, y destacó que su defendido realizó dos maniobras evasivas para evitar el accidente.
En resumen, solicitó el sobreseimiento de su defendido por aplicación de la pena natural. Subsidiariamente, en caso de no proceder tal petición, requirió el cambio de calificación legal al de homicidio culposo agravado.
Por último hizo formal reserva del caso federal.
II.) Audiencia
La audiencia solicitada por la Defensa en el escrito mediante el cual interpuso la impugnación debe ser rechazada, pues el peticionante no ha fundamentado la necesidad de realizar el acto. Tan solo se limitó a manifestar su intención de exponer oralmente y de manera más contundente lo que ya ha sido explicado en su recurso (art. 442 CPP).
Es por ello, que no haré lugar a la audiencia peticionada (arts. 442 "a contrario" y 447 del CPP).
III.) Admisibilidad
El recurso interpuesto es tempestivo y quien lo interpuso -la Defensa- posee derecho a hacerlo, cumpliendo en lo demás con las exigencias previstas por los arts. 337 último párrafo, 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP., por lo que corresponde declarar su admisibilidad.
IV.) Arbitrariedad y planteo de nulidad
El recurrente sostuvo que la decisión del magistrado de instancia afecta las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, al desestimar sus planteos defensivos de manera arbitraria y por convalidar una acusación huérfana de pruebas sobre el elemento subjetivo del tipo penal atribuido.
En particular, calificó de prematuro el cierre de la IPP en tanto se encuentran pendientes de producción ciertas medidas probatorias de descargo que resultarían de gran utilidad para la Defensa. También cuestionó la vista conferida a la acusación privada, pues dijo que el CPP no tiene prevista una etapa de réplica en favor de dicha parte frente a la oposición formulada por la Defensa. En sentido similar expuso que la extracción de sangre deviene nula en tanto no se habría respetado el protocolo de actuación que le otorga validez.
Ahora bien, para que la decisión del órgano juzgador sea válida debe ser motivada. El temperamento adoptado debe expresar por escrito las pruebas en las que se basó aquella y la referencia normativa aplicable; bajo sanción de nulidad (art. 106 del CPP).
La obligación de fundar las decisiones judiciales es trascendente puesto que es recién a partir de la exhibición de los motivos cuando podrá ejercerse la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la CN).
Con ese norte, estimo que la decisión de grado es válida.
El Juez Garante dio cuenta en su decisión de las constancias que permiten advertir, a primera vista, que la resolución atacada se encuentra debidamente explicada. El Magistrado fundó, en hecho y derecho, su decisión de no hacer lugar a las pretensiones de la Defensa y elevó a juicio las presentes actuaciones respecto de L. C.
Conforme lo he dicho en pronunciamientos anteriores (causa Nº 87550/II, entre otras) la mera disconformidad con los argumentos del juez, no permite concluir que sea ilógica ni absurda la decisión adoptada.
La crítica del recurrente cae en una simple reedición de los argumentos que esgrimiera en la instancia anterior, y que fueron puntualmente contestados por el juez a quo.
En particular, se le explicó que se ha cumplido con cada uno de los requisitos que el art. 335 del CPP exige para el contenido de la requisitoria. Si bien la Defensa solicitó la revisión de las medidas de prueba denegadas por el Sr. Fiscal interviniente, lo cierto es que el Sr. Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Cámara, el 24/6/2026, confirmó la decisión del fiscal de instancia. Se expuso entonces que será el debate oral, como segmento esencial de todo el proceso penal, la oportunidad donde se realice en plenitud la confrontación directa, inmediata, oral y pública entre las partes dadas las controversias existentes. Allí podrán expresar todas sus opiniones y producir toda la prueba que haga a sus derechos y refutar la tesis contraria.
Además, y al igual que expusiera el Juez de garantías, de acuerdo a lo previsto en el art. 338 del CPP. la defensa podrá requerir la realización de diligencias dentro de la instrucción suplementaria, de modo tal que no se encuentra vulnerado el derecho de defensa del encausado. Ello, además de controlar y producir la prueba durante la celebración del juicio oral mismo.
Respecto de la extracción de sangre se explicó el motivo de la urgencia y que las meras irregularidades formales alegadas por al Defensa no constituyen un perjuicio concreto a una garantía constitucional del imputado. Señaló el a quo que las criticas defensista se deben a una cuestión de valoración probatoria, propia de la etapa de juicio oral, mas no un agravio que genere la invalidez de la prueba pretendida.
En cuanto al traslado conferido a la acusación privada y su contestación, se le recordó a la defensa que el 8/9/2026 recibió traslado de aquello e incluso surge su propia contestación presentada el 22/9/2026. Así pues la defensa pudo conocer y controvertir los argumentos desarrollados por los particulares damnificados, con total resguardo al derecho de defensa, debido proceso e igualdad de armas.
En lo que respecta a la calificación legal escogida, si bien el a quo no profundizó en su análisis en virtud de lo dispuesto por el art. 23 inc. 5º del CPP -cuestión que será abordada posteriormente-, efectuó una reseña de los elementos probatorios que permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, la hipótesis fiscal e impiden descartar, por el momento, un obrar con dolo eventual por parte del acusado.
En definitiva, el letrado debió hacerse cargo de los fundamentos dados por el magistrado de garantías y exponer de qué modo ello representa arbitrariedad, sin embargo no lo hizo, volviendo a poner nuevamente en tela de juicio la requisitoria fiscal ahora en esta instancia.
Lo expuesto no conduce a la arbitrariedad ni a la falta de fundamentación de la resolución cuestionada, como así tampoco se advierte afectación a derecho o garantía constitucional alguna en perjuicio del imputado que implique la declaración de invalidez del acto (art. 18 CN).
Es por lo expuesto que corresponde rechazar los agravios basados en la arbitrariedad y nulidades planteadas (arts. 106, 201, 205 y ccdtes. del CPP).
V.) El caso bajo análisis
Se le imputa a L. C. el siguiente hecho:
" El haber dado muerte a N. N. E., M. V. R., J. M., R. N. G. B. y A. F. T., mediante la conducción con pleno conocimiento y aceptación del riesgo que su accionar implicaba en la conducción anterreglamentaria e imprudente, representándose el posible desenlace fatal y desinteresándose de dicho resultado. Dicho evento tuvo lugar el día 5 de abril del 2025, siendo alrededor de las 05:41 horas, en circunstancias que L. C. se encontraba conduciendo del vehículo marca "Citroen", modelo "C4", dominio "MSB-150", en compañía de N. N. E., M. V. R., J. M., R. N. G. B. y A. F. T.; circulando por la autopista Panamericana Acceso Norte Ramal Pilar (carril del medio, mano hacia Provincia). Así, al llegar a la altura del KM 39, entre los cruces de las arterias Hipólito Yrigoyen y Calle Junín Golf Club, Localidad de Del Viso, Partido de Pilar; el aquí imputado C., quien conducía el rodado en forma temeraria y contraria al deber de cuidado (conforme lo previsto en el art. 39 de la Ley de Tránsito 24449) pues lo hacía a sabiendas que la mayoría de los nombrados no tenían colocado cinturones de seguridad, excedía el límite de velocidad pues lo hacía a 152 kilómetros por hora aproximadamente (cuando el máximo permitido era de 130 km/h) y lo hacía bajo la ingesta previa de alcohol (se encontraba alcoholizado al momento del hecho, sin que pueda precisarse la cantidad exacta de alcohol por litro de aire aspirado; en oposición a lo normado en el art. 48 inc. a de la Ley 24449), con plena aceptación del riesgo creado por ese accionar, al verse C. limitado en su recorrido por un vehículo ocasional (que circulaba debidamente en la misma dirección y por el mismo carril), el aquí imputado eludió dicho rodado y, en esa maniobra, perdió el control del mismo al girar bruscamente hacia el carril izquierdo, lo que provocó una desestabilización del orden de marcha del rodado y un abrupto desvío con derrape hacia su derecha al traspasarlo.
Así las cosas, el automóvil conducido por C. se cruzó en la autopista, subiéndose al parquizado y a la zanja ubicada en forma paralela a la traza de la calzada de la referida autopista, provocando con ello su vuelco, deteniéndose el vehículo al colisionar violentamente contra el tronco de un árbol con su puerta trasera derecha y techo en el sector trasero, lo que generó un colapso estructural en la carrocería. Como consecuencia del violento impacto generado por la conducción de C., fallecieron N. N. E., M. V. R. y J. M., quienes fueron despedidos del habitáculo, así como también fallecieron R. N. G. B. y A. F. T., quienes sufrieron lesiones de extrema gravedad que resultaron fatales. En definitiva, la colisión y la muerte de las víctimas fue materialmente producida por el accionar de C., quien a sabiendas de que debía conducir su rodado, ingirió previamente alcohol y, luego, bajo esos efectos, condujo a exceso de velocidad con pleno conocimiento y aceptación del riesgo que su accionar implicaba en la conducción antirreglamentaria e imprudente, representándose el posible desenlace fatal mas desinteresándose de dicho resultado en su accionar."
El sobreseimiento es una decisión jurisdiccional que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable. Para que el sobreseimiento proceda es indispensable que el imputado aparezca, en forma indudable y evidente, exento de toda responsabilidad respecto del delito por el que viene acusado (art. 323 del CPP).
En el caso, las constancias incorporadas en autos permiten proceder a la elevación a juicio de la presente causa, en tanto los cuestionamientos formulados por la Defensa no alcanzan a derribar el nivel de sospecha que justifica la elevación de la causa al debate.
No está en discusión el acontecimiento histórico de los hechos y tampoco se encuentra controvertido que quien conducía el vehículo era L. C., único sobreviviente del episodio. Incluso, las circunstancias del suceso han quedado registradas en la videofilmación incorporada a la causa.
En rigor, la defensa se queja del rechazo a su pedido de cambio de calificación, en el entendimiento de que no está acreditado al elemento subjetivo de la figura atribuida.
Es decir, el hecho fue subsumido en la figura de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 del CP), mientras que la Defensa pretende su encuadre en la figura de homicidio culposo agravado (art. 84 bis segundo párrafo del CP), por considerar que se trató de un supuesto de imprudencia.
Sin perjuicio de ello, conforme lo señaló el Juez de Garantías en su resolución y tal como lo exige el art. 23 inc. 5to del CPP, no corresponde ingresar al tratamiento de cuestiones de calificación legal en la oposición contra la elevación a juicio cuando ello no incida en la libertad del imputado.
Sucede que, el 12 de noviembre de 2025, el Juez a quo concedió en favor del encausado la eximición de prisión bajo caución real, situación que se mantiene hasta la actualidad. Incluso, en aquella oportunidad, la calificación legal que se tuvo en cuenta fue la de homicidio simple con dolo eventual. Por lo tanto, la disminución que propone la defensa no resulta relevante y el tratamiento del planteo deviene superfluo.
Lo dicho tiene su razón de ser y ha sido explicado por el Tribunal de Casación Penal Provincial al sostener que " (...) si se encuentra prima facie acreditada una hipótesis delictual imputable al sujeto que se halla procesado, deviene infructuoso analizar en el estadio intermedio del proceso la correcta subsunción legal de dicha hipótesis delictiva -salvo que ello traiga aparejado algún efecto en la medida cautelar que restringe la libertad del imputado- pues si, en definitiva, se decide que existen elementos suficientes para ventilar la contienda en juicio oral y público, es precisamente ese ámbito el adecuado para discutir tal tópico, más allá que la decisión que adoptara el Juez de Garantías o la Cámara no vincularía al acusador público que tenga a cargo de esgrimir la pretensión en el debate, como tampoco al Tribunal de Juicio que únicamente estaría limitado por el principio de congruencia, por la imposibilidad de exceder aquella pretensión y por toda otra garantía que resulte aplicable. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que el contenido del art. 337 del CPP -en consonancia con lo dispuesto por el art. 336, CPP- no se erige en una excepción al principio supra explicitado, aún cuando no establezca expresamente que el cambio de calificación queda supeditado al efecto antes remarcado, toda vez que aquella disposición regula el trámite que debe imprimirle el Juez de Garantías a la oposición del requerimiento de elevación y por esa razón constituye un cometido suyo que debe conjugárselo con la competencia que la ley ritual le asigna. Lo expuesto, no es otra cosa que una interpretación sistemática y coherente de la ley, desde que carecería de sentido que, por un lado, el código le supedite su conocimiento al efecto mencionado (art. 23, inc. 5°, CPP) y, por el otro, no lo haga; máxime, repito, porque la hipótesis delictiva será materia de esclarecimiento en el ámbito del juicio, de modo que sería inconsecuente que una decisión de tal estilo tenga carácter vinculante para el promotor de la acción penal que actuará en el debate. " (TCPBA, Sala VI, "K.S.E. y o. s/ Recurso de Casación", causa N° 68.404, Votos: Maidana - Natiello, rta. 29/10/2015).
En función de lo expuesto, será en la etapa del debate oral donde se decidirá la correcta adecuación del tipo penal aplicable al caso. Esta restricción tiene fundamentos eminentemente prácticos, pues obedece a la necesidad de brindar herramientas eficaces para acelerar los procesos y arribar a la etapa de juicio en un plazo razonable.
Además, no debe perderse de vista que la calificación legal asignada al hecho en esta etapa es provisoria y puede ser modificada durante el debate. En tal sentido, aun cuando la causa sea elevada a juicio ante un Tribunal en lo Criminal, ello no obsta a que dicho órgano pueda eventualmente adoptar la calificación correccional pretendida por la Defensa, toda vez que también cuenta con competencia para juzgar esa clase de delitos de menor cuantía . Por ende, no advierto que la decisión cuestionada ocasione un perjuicio irreparable al imputado y no basta para soslayar la limitación prevista en el artículo 23 inc. 5 del CPP.
En virtud de lo dicho, no habré de ingresar al tratamiento del pedido de cambio de calificación legal esgrimido por la Defensa.
Por otro lado, el recurrente solicitó el sobreseimiento por aplicación de pena natural, consagrada en el art. 56 bis inciso 2 del CPP. No obstante, la citada norma contempla la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal prescinda de la persecución penal cuando el daño sufrido por el imputado como consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena. Es decir, dicha disposición establece un criterio de oportunidad cuya aplicación corresponde al órgano titular de la acción penal, y no una causal autónoma de sobreseimiento contemplada en el artículo 323 del mismo ordenamiento. Luego, la eventual configuración de un supuesto de pena natural no habilita, por sí sola, al órgano jurisdiccional a disponer directamente el sobreseimiento, prescindiendo del procedimiento expresamente previsto por el legislador.
En definitiva, postulo confirmar el auto en crisis en todo cuanto fuera materia de recurso (arts. 79, 84 bis segundo párrafo y ccts. del CP. y arts. 106, 157, 323 "a contrario", 335, 336, 337 y ccdtes. del CPP).
Por último, téngase presente la reserva del caso federal.
El Sr. Juez Martinez dijo: Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Stepaniuc, por sus motivos y fundamentos.
Por ello, el Tribunal
I. NO HACER LUGAR a la solicitud de audiencia (art. 442 "a contrario" y 447 del CPP).
II. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la decisión adoptada por el "a quo", en virturd de los motivos expuestos en el considerando (arts. 337 último párrafo, 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP.).
III. CONFIRMAR el auto que viene cuestionado en cuanto no hizo lugar a las nulidades planteadas, rechazó la oposición al requerimiento fiscal y dispuso la ELEVACION A JUICIO de L. C. en orden al delito de homicidio simple con dolo eventual, en virtud de los motivos expuestos en el considerando (arts. 45, 79, 84 bis segundo párrafo y ccts. del CP; arts. 106, 157, 323 "a contrario", 335, 336, 337 y ccdtes. del CPP).
IV. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la Defensa (art. 14 Ley Nº 48).
Regístrese, notifíquese electrónicamente al Fiscal y a la Defensa. Devuélvase por Secretaría encomendando a la instancia la notificación al imputado y las restantes notificaciones que pudieran corresponder. Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: STEPANIUC Juan Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 970-2026
Fin de la sentencia