Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 163.979
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por el apelante del 4 de agosto de 2021 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Se imponen las costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL N° (S) F°
EXPTE. N° 163979. Juzgado Nº Familia Nº 5.
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "L., J. A. C/ C., D. A. S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nelida I. Zampini y Roberto Loustanau .
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia del 2 de agosto de 2021?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia la Sra. Jueza de Primera Instancia, rechazando la demanda de compensación económica interpuesta por el Sr. J. A. L. contra el Sr. D. A. C.. Impone las costas a la parte demandada en su condición de vencida.
II. Dicho pronunciamiento es apelado el 4 de agosto de 2021 por el Sr. J. A. L, por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Silvina Freidenberg, fundando su recurso el 27 de septiembre de 2021 con argumentos que merecieron respuesta de la contraria el 4 de octubre de 2021.
III. Agravia al recurrente que, en la sentencia apelada, la jueza de grado resuelva rechazar la demanda de compensación económica instaurada. Señala que en el decisorio en crisis se ha menospreciado y dejado de lado el rol asumido por él durante la unión convivencial de más de diez años con el Sr. D. C., donde solo se dedicó, en lo personal y en lo económico, al proyecto común que tuvieron con el demandado, del cual quedo totalmente desvinculado tras la ruptura convivencial.
Expresa que la Magistrada no advierte "...que la mayor parte del crecimiento de la peluquería, y que ha permitido al demandado aumentar su patrimonio ha sido gracias a su pareja con el Sr L. y sus contactos y relaciones. Si bien podría decirse que al inicio de la relación convivencial la diferencia económica patrimonial en el haber existía, lo que no advierte la sentenciante es que, tras la ruptura de la pareja, esa diferencia no fue proporcional al inicio, sino que se hizo más profunda en total beneficio del Sr C. y en un claro perjuicio absoluto de quien colaboró activamente, precisamente en su enriquecimiento y capacitación, además de los roles de sostén y apoyo familiar y de reemplazo cuando él se ausentaba de la ciudad..." (Textual).
Sostiene que a partir de las pruebas rendidas en autos la peluquería del Sr. D. C., a partir de los roles y aportes de ambos en ese negocio, ha generado en el demandado un gran progreso tanto económico como profesional que era de los dos durante la convivencia pero que tras la ruptura, solo benefició al accionado en tanto que él se quedó sin casa, sin trabajo sin ahorros, sin ingresos y debiendo empezar de cero, generando ello el desequilibrio económico que pretende que en autos sea compensado. Manifiesta que no desconoce que la peluquería del demandado estuviese instalada desde antes de iniciar su relación convivencial, pero que no se ha valorado debidamente que con su aporte se logro la transformación de la peluquería de barrio en una pequeña empresa que triplicó con su ingreso su clientela. Señala que fue él "... quien generó mucha clientela porque le guste o no al demandado, siempre fue el que tenía más carisma para atender al público y mejor calidad en el servicio que prestaba, poniéndose al hombro el trabajo y dándole el empuje que durante los años anteriores C. no supo darle..." (Textual).
Sostiene que en el presente proceso ha quedado probado que el Sr. L. atendía la peluquería como si fuese su dueño, cuidando del negocio por que para él era de ambos, trabajando muchas horas al día y no como un empleado más. En tal sentido entiende que la Jueza de grado yerra al asegurar que la indemnización laboral que percibió el actor en al año 2017, por parte del demandado, implicó una puerta cerrada a la historia plural y acomodamiento de lo singular pues el acuerdo se arribó sin reconocimiento de hechos ni derechos, y que fue aceptado por el Sr. L. en un momento de extrema vulnerabilidad económica.
Expresa que "La jueza a quo confunde y mezcla conceptos de naturaleza jurídica distinta. Pareciera que la indemnización laboral es la que ha saldado el desequilibrio económico que sufrió el Sr L. como consecuencia de la ruptura de la convivencia de las partes. Claramente no es así, si bien se efectuó el reclamo laboral en cuestión, el mismo queda acotado a ese ámbito y en marco de las leyes laborales, mientras que es en este fuero donde puede y debe reclamar el actor ese aporte personal en cuanto a obligaciones y roles asumidos en la pareja, que son cuestiones que no permiten ser ventiladas en el fuero laboral, y que en este caso reflejan el incremento patrimonial que beneficia al Sr C. como consecuencia de la unión convivencial con el Sr L. (Textual).
Señala que se equivoca la Magistrada en sostener que gracias a los años que el accionante estuvo con el Sr. C. logro el oficio de peluquero, pues la realidad es que el Sr. L. decidió ejercer la profesión por el amor que sentía por el demandado, y por el proyecto en común y, su calidad profesional le habrían hecho crecer en cualquier ámbito. Considera que también ha sobrevaluado la supuesta capacitación como peluquero que le brindo el demandado pues tal valoración es una falta de respeto a la autonomía, a la dedicación y al compromiso de una persona que dedicó su vida a la capacitación profesional en beneficio del proyecto en común. Finalmente, denota que cuando las partes de autos se conocieron eran dos personas trabajando a la par para lograr un mejor pasar económico y laboral, habiendo logrado el Sr. D. C. su cometido a costa de las renuncias personales del actor en beneficio de él y de la pareja que formaron. Enuncia que "...No hay duda alguna que la diferencia económica/patrimonial en el haber, que se verifica tras la ruptura no es proporcional a la que existía al principio de la relación -es de mucha mayor magnitud- y corresponde a VV.EE equilibrarla...." (Textual).
En segundo término se agravia de la imposición de las costas, entendiendo que, en el caso de autos, se deben imponer en el orden causado. Declara que en este tipo de acciones resultan ser un escenario donde no hay ni vencedores ni vencidos, en razón de tratarse la compensación económica resulta un instituto novedoso, máxime cuando el Sr. L. ha tenido motivos fácticos y jurídicos suficientes para iniciar la presente acción.
Expone que "...las circunstancias dadas en estas actuaciones deben ser merituadas por V.S. concluyendo que se cumplen los requisitos y circunstancias jurídicas para que pueda configurarse una excepción al principio objetivo de la derrota en la imposición de costas..." (Textual). Cita jurisprudencia en apoyo a su tesitura.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
IV. a) Primer agravio: rechazo de la demanda de Compensación económica:
En primer término debo resaltar que la doctrina ha afirmado que “El fundamento de estas compensaciones surge del principio de equidad y de la solidaridad familiar. En cuanto al fundamento jurídico y finalidad de las pensiones compensatorias, se señala que se encuentran muy íntimamente ligada al principio de solidaridad familiar, de raigambre constitucional (arg. Art. 14 de la Constitución Nacional)..." (Lloveras-Orlandi- Faraoni, Comentarios a los artículos 441 a 445, en Kemelmajer de Carlucci, A.; Herrera, M. y Lloveras, N. (Directoras), en Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, T. II, Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2015, pág. 167, el resaltado me pertenece).
Esta solidaridad familiar a la que hace referencia la doctrina especializada tiene como fin compensar la desigualdad estructural de una unión convivencial mediante un aporte que le permita a la parte más débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en el mercado laboral.
En este mismo sentido, este Tribunal ha sostenido que “La institución de las compensaciones económicas se fundamenta en el principio de solidaridad familiar y en que el matrimonio o la unión convivencial no sea causa fuente de enriquecimiento económico de un cónyuge o conviviente a costa del otro. El presupuesto esencial para otorgar la prestación compensatoria radica en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, sin que sea necesaria la prueba de la necesidad, sino que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica con relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto de la posición que percibe el otro cónyuge o conviviente…” (Este Tribunal y Sala Nº 169.215; RSD 52/20 del 07/05/2020; en el mismo sentido: Sala II, causas Nº. 168.511, RSI 409/19 del 3/10/19; Nº 162.340, RSD 537/16 del 18/11/2016; en similar sentido: Sala I, Causa Nº 166.619, RSD 181/19 del 17/7/19). Ahora bien el concepto de la compensación económica en las uniones convivenciales surge de la primera parte del art. 524 del Código Civil y Comercial el cual establece que se trata de un derecho reconocido al conviviente a quien el cese de la convivencia le produce un desequilibrio manifiesto, que represente un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada la convivencia y su ruptura, y que a su vez, fija un deber de compensación en cabeza del conviviente que al momento de cese de la convivencia, se encuentra en mejor situación.
Debemos tener en cuenta que el desequilibrio patrimonial entre convivientes que establece el citado artículo es aquel que se fue consolidando a lo largo de la convivencia y que fue a causa del proyecto de vida en común, en razón de los sacrificios y del estilo de vida llevado durante la unión convivencial (Cfr. Pellegrini, María Victoria, Delineamiento de la figura de la compensación económica en el marco del divorcio incausado, pub. en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Derecho de Familia – II. Relaciones entre adultos, 2016-2, Edit. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Bs. As., pág. 181).
Para una más cabal comprensión, vale una mirada a los fundamentos que acompañaron el Anteproyecto del Código Civil y Comercial, donde se precisa -en relación a la compensación económica en el matrimonio- que “Al tratarse de una herramienta destinada a lograr un equilibrio patrimonial, es necesario realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto es, obtener una “fotografía” del estado patrimonial de cada uno de ellos, y, ante un eventual desequilibrio, proceder a su recomposición…” (Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación redactado por la comisión de Reforma designada por decreto 191/2011, pág. 582).
La “fotografía” del estado patrimonial de cada uno de los convivientes no se limita a aquellos bienes que en definitiva integren sus patrimonios al inicio y al momento de la ruptura, pues no se trata de realizar sólo un análisis cuantitativo, por que lo que resulta relevante es como incidió la unión convivencial y su posterior cese en la potencialidad de cada uno de los convivientes para su desarrollo económico.
Como bien señala la Dra. María Victoria Pellegrini “La finalidad específica de la compensación económica es restablecer el equilibrio patrimonial entre quienes llevaron adelante un proyecto de vida en común y que su disolución pudiera posicionar en peor situación a uno/a respecto del otro/a, a causa justamente del estilo de vida familiar…” (Pellegrini, M.V, Compensaciones económicas :formas de cumplimiento, cuestiones posteriores a su fijación y posible superposición en los casos de uniones que cesan por el matrimonio, pub.en Revista de Derecho de Familia, Nro. 78, marzo 2017, Edit. AbeledoPerrot, pág. 7). El criterio adoptado en las conclusiones de la Comisión N° 3 de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca, del año 2015 es que en ningún caso, la finalidad del instituto es mantener el nivel de vida del solicitante durante la convivencia y menos aún igualar los patrimonios de los involucrados. Concluyendo que "La finalidad de la compensación (...), es corregir un desequilibrio patrimonial manifiesto. Por lo tanto, no es un instrumento de nivelación patrimonial.” (ver Online en:
http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-03.pdf). De ello se sigue que la compensación económica no procede necesariamente en todos los casos en que se produjo el cese de la convivencia. Es un efecto del quiebre de la vida en común pero no en todos los casos de finalización de la vida en común será procedente, pues se deberá acreditar su configuración.
Asimismo, del articulo 524 del Código Civil y Comercial surgen las tres condiciones fácticas que deben justificar la determinación de la compensación económica: 1) que se produzca un desequilibrio manifiesto en un conviviente respecto del otro; 2) que tal desequilibrio implique un empeoramiento en su situación económica, y 3) que tenga por causa adecuada la convivencia y su ruptura, a través de su cese.
Se ha definido a este desequilibrio como “La falta de armonía entre las diferentes posibilidades patrimoniales de las partes en conflicto, en este caso, entre quienes han integrado una familia en calidad de cónyuges o convivientes…” (Molina de Juan, Mariel, Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas, pub. en RDF Nro. 74, Edit. Abeledo- Perrot, Bs. As., pág. 129).
Ante ello, se exige una doble comparación: 1) interna: la situación de los convivientes, y 2) temporal: que exige analizar la evolución patrimonial de cada uno de los miembros antes de la unión, durante el transcurso de ésta y luego de la ruptura. A fin de evaluar esa posible diferencia interesa especialmente la última etapa de la convivencia, siempre que se demuestre que corresponde al nivel real de posibilidades, que tenga una proyección razonablemente segura y no sea producto de acontecimientos ocasionales o pasajeros.
Asimismo, no es suficiente cualquier desequilibrio, pues no basta que se produzca tal empeoramiento, que se va a producir prácticamente siempre para ambos convivientes, dada la necesidad de duplicar gastos que durante la unión convivencial se cumplían de manera conjunta, sino que resulta preciso que uno de los convivientes salga en una peor situación que el otro a consecuencia del cese de la convivencia.
El desequilibrio es aquel causado por la pérdida de oportunidades o expectativas laborales o profesionales derivadas de haber desarrollado las tareas de cuidado, lo que coloca a uno de los convivientes en una posición de desventaja patrimonial respecto al otro, que se intenta recomponer a través de la compensación económica. Ambos convivientes –en forma expresa o tácita-, decidieron una determinada modalidad de funcionamiento familiar diario, pero ante la finalización de la unión convivencial, uno de ellos se encuentra perjudicado por esa decisión. En tal sentido la Dra. Molina de Juan señala que “El desajuste que se compensa es el que importa el empeoramiento de la situación del que reclama la compensación, que significa un descenso en sus posibilidades hacia el futuro y que tiene su origen en su dedicación al hogar, a los hijos, o al trabajo del otro con la consiguiente perdida de oportunidades y dificultad para reinsertarse en el mundo laboral. Correlativamente, se expresa en un enriquecimiento injusto del obligado al pago…” (Molina de Juan, Mariel; Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en la compensaciones económicas; pub. en RDF Nro. 74, Abril de 2016, Edit, Abeledo-Perrot, pág. 132). Resulta importante resaltar que la compensación económica no es una herramienta destinada a lograr una equiparación patrimonial entre los convivientes, sino a compensar el desequilibrio manifiesto producido como consecuencia del cese de la convivencia y además esté debe ser apreciado al momento de la ruptura de la convivencia.
Por otra parte el art. 525 del Código Civil y Comercial contempla una serie de pautas que deben tenerse en cuenta para la determinación de su procedencia y monto, como son la edad y estado de salud de los convivientes y sus hijos, la duración de la convivencia, el tiempo ya dedicado o que se necesite dictar a la crianza y educación de los hijos, la cualificación y la situación profesional en relación con el mercado laboral, sus derechos existentes y previsibles y la atribución de la vivienda familiar. Ante lo cual esta noción de estado patrimonial merece algunas precisiones, pues no solo se refiere a aspectos cuantitativos, sino más bien a un estudio cualitativo de la situación personal de ambos cónyuges (Cfr. Molina de Juan, Mariel; Compensaciones económicas en el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de género, pub. en RDF Nro. 57 de noviembre de 2012, Edit. AbeledoPerrot, pag. 196/197; Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, T. II, Edit. Rubinzal-Culzoni, Bs.As., 2015, pág. 767; Mizrahi Mauricio L., Compensación económica. Pautas, cálculo, mutabilidad, acuerdos y caducidad, pub, en La Ley Online 06/08/2018 AR/DOC/1489/2018).
Por ello es importante valorar las pruebas e indicios sobre el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión convivencial, los roles realizados por cada uno de ellos respecto a la atención de las necesidades de la pareja conviviente, es decir, la dedicación a tareas de cuidados o tareas de producción económica de cada uno de los convivientes, como así también la proyección de tales tareas con posterioridad al cese de la convivencia, es decir la proyección hacia el futuro. Es decir en una mirada que no puede concentrarse en un punto temporal único y estático sino que debe ser global (cfr. Molina de Juan, M., obra cit., pág. 123;132/133).
También, en este punto, debo subrayar que todas estas variables fácticas requieren no solo de su alegación sino además de su prueba, sin perder de vista que en los procesos de familia, a tenor de lo que dispone el art. 710 del Código Civil y Comercial, rige explícitamente el principio de la carga de la prueba dinámica, que recae en quien se encuentre en mejores condiciones de probar.
Ahora bien, encontrándose en autos acreditados los roles que han desempeñado las partes durante su unión convivencial, entiendo -al igual que la Jueza de grado- que en el particular caso la ruptura de dicha unión no ha producido en el Sr. J. L. un desequilibrio económico con la entidad suficiente para hacer lugar a la acción intentada.
En primer término debo señalar, en referencia a la critica efectuada por el accionate respecto a la valoración de la prueba testimonial, que conforme los principios regulatorios de la sana crítica, los distintos testimonios no se suman sino que se pesan, pudiendo de esa manera la Jueza en tal tarea ponderativa, seleccionar el dicho de aquellos testigos que la lleven a una convicción de certeza, descartando el de otros por estimarlos superfluos (arts. 384, 456 y ccds. del C.P.C.).
Al analizar la prueba producida en autos puedo advertir que la "fotografía inicial" de la convivencia es que el demandado, Sr. D. C., al unirse en pareja con el actor, Sr. J. L., se desempañaba como peluquero desde hacia 10 a 12 años, con clientes propios, con un local que le alquilaba a sus padres y con un patrimonio superior al del accionante (ver testimonial de Sra. Batistesa en vista de causa del 21/04/21, 2:43.15 hs.) En tanto el accionante al inicio de la convivencia trabajaba como conserje en el hotel "Dora" y no contaba con conocimientos ni capacitación en el oficio de peluquero, comenzando a capacitarse una vez iniciada la unión convivencial con el Sr. D. C., quien le pago alguno de los cursos de capacitación y lo llevo a trabajar a su peluquería con el fin de que se capacitara en el oficio de peluquero. Tampoco poseía bienes en su patrimonio (ver testimonial de Sra. Rocio Rodriguez -1:39:50- y de Srta. Verónica Herrero -48:10 a 58:36min-; en vista de causa del 21/04/21).
Por otra parte observo que en autos no se encuentra debidamente acreditado -a contrario de lo que sostiene el recurrente- que el crecimiento de la clientela de la peluquería, y como consecuencia de ello del patrimonio del Sr. D. C., se produjera gracias al aporte, contactos, relaciones y "carisma" del accionante (arts. 375, 384 y ccds. del CPC; 710 del Cód. Civ. y Com.). Tampoco resulta acertada la critica del Sr. J. L. en cuanto sostiene que el emprendimiento comercial de la peluquería de 25 de mayo Nº … era un proyecto en común de la pareja, pues como ya lo expuse precedentemente, de las pruebas rendidas en autos surge que el demandado tenía la peluquería y su propia clientela diez (10) años antes de conocer al actor (ver testimonial de Sra. Batistesa en vista de causa del 21/04/21, de 2:43:15 a 2: 45:20).
En lo tocante a la ampliación de la peluquería y a la supuesta incidencia que tuvo el aporte laboral y económico del accionante, debo valorar no solo que del testimonio de la Sra. M. B. surge que la ampliación se efectuó con ahorros propios del Sr. D. C. y de su madre -la testigo- (ver declarac. testimonial a 2:37:43hs, de vista de causa del 21/4/21), sino que además de las reglas de la experiencia tengo para mi que si en una peluquería diseñada para un solo peluquero se incorpora otra persona ello conlleva necesariamente no solo a la falta de espacio sino también al incremento de la clientela.
Sumado a lo dicho tampoco se encuentra demostrado en autos que la situación económica del Sr. J. L., al cese de la convivencia, se desmejoró, es más surge de las pruebas rendidas en autos que no sólo logró una capacitación profesional -peluquero- que hoy ejerce, sino que además incorporo a su patrimonio un automóvil y efectuó un viaje a Europa con un grupo de amigos (ver declar. de Sra. Rocio Rodriguez -.rpta. 11va. preg., 1:43:40hs- y de Srta. Verónica Herrero -Rpta. 4ta. repreg., 1:19:00hs; en vista de causa del 21/04/21 arts. 375, 384, 394 y cdds. del C.P.C).
Al respecto, como ya lo señalara con anterioridad el estado patrimonial no se refiere sólo a los activos o pasivos existentes en los patrimonios de ambos convivientes, sino más bien en la capacidad o potencialidad de generar recursos económicos o incluso conservar los activos económicos que pudieran existir; y en ese sentido el actor al finalizar la unión convivencial ha "salido" profesionalmente -adquirió una herramienta para competir en el mercado laboral y una cartera de clientes- y económicamente favorecido.
Por otra parte, debo valorar que en la causa laboral "L., J. c/ C., D. s/ despido" (Expte. Nº …., de trámite ante el Tribunal Laboral Nº 2, Dptal.) el recurrente no solo logro un acuerdo económico laboral en el marco del proceso conciliatorio que dispone el art. 25 de la ley 11.653 ($ 150.000, ver acuerdo homologatoria a fs. 883/884), sino que ademas al promover la demanda, en su escrito liminar, expreso que desde que ingreso a la peluquería del Sr. D. C. "...presto servicios bajo las condiciones expresas que le impartió su empleador (...) no realizando el actor ningún aporte que no sea su trabajo para el funcionamiento del negocio..." (ver fs. 612, pto. 3, el resaltado me pertenece) y al contestar el segundo traslado nego que los ingresos que obtenían ambos del comercio estuvieran afectado al bienestar de la pareja (ver fs. 737vta., pto. III. 1) y que él siempre "estuvo bajo la subordinación técnica, jurídica y económica del Sr. C., jamas existió (...) un trabajo a título gratuito en virtud de la relación que los unía" (ver fs. 738vta., pto. IV; el resaltado me pertenece).
En virtud de lo expuesto, y por la aplicación de la doctrina de los propios actos, la cual deriva del principio de la buena fe, nadie puede colocarse en los procesos judiciales en contradicción con su anterior conducta.
Este Tribunal, al respecto ha dicho que: "La doctrina de los propios actos establece que nadie puede ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Sala III, causa Nº 164.294, RSI 44/18 I del 6/4/2018; Sala I, causa Nº 107.975 RSD 681/5 S del 29/12/2005; Sala II, causa Nº 105.186 RSD 411/00 S del 3/10/2000; entre otras). En definitiva, viendo “las fotos” el Sr. J. L. comenzó a convivir con el Sr. D. C. sin experiencia laboral en el oficio de peluquería, sin bienes, sin preparación profesional, y finalizó la convivencia con una proyección hacia futuro en el ámbito profesional, con un automóvil y con una indemnización laboral como consecuencia de haber trabajado en la peluquería del demandado. Es decir, empezó a convivir como cadete de un hotel y sin calificación laboral y salió de la convivencia con una capacitación profesional, con una indemnización laboral, con una cartera de clientes y siendo propietario de un automóvil (Ver declaraciones testimoniales de Sra. V. H., R. R., J. L. y M. B. en vista de causa del 21/4/21; homologación laboral a fs. 883; arts. 524, 710 y ccds. del Cód. Civ. y Com.; 375, 384, 424, 456 y ccds. del C.P.C.). En consecuencia de lo expuesto, apreciando las circunstancias personales y situación patrimonial de las partes, entiendo que el rechazo de la compensación económica dispuesta por la jueza de grado se encuentra ajustada a derecho, por lo que se rechaza el agravio traído a esta instancia (arts. 441, 442, 710 y ccsd. del Código Civil y Comercial)
IV. b) Segundo agravio: imposición de costas.
El principio general en materia de costas, establecido en los arts. 68 y 69 del C.P.C., impone que el objetivamente derrotado debe hacerse cargo íntegramente de las generadas por el proceso, siendo facultad de los jueces -excepcional y de carácter restrictivo- la eximición total o parcial de dicha responsabilidad al litigante vencido, siempre que se encontrare mérito para ello (cfr. doc. Gozaini, Osvaldo, costas Procesales. Doctrina y jurisprudencia, T. 1, 3era Edic., Edit. Ediar, Bs. As., 2007, pág. 40 y ssgtes.; argto jurisp. CSJN, Fallo: 311:1914 in re "Salamone, Antonio P.", del 20/09/1988). En tal sentido esta Sala ha expresado que "En nuestro sistema procesal la condena en costas tiene un fundamento objetivo: el vencimiento. De este modo, la parte que resulta perdidosa en el proceso debe cargar con los gastos que debió afrontar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho..." (esta Sala, causas Nº 170.052, RSD 198/21 del 22/09/2021; Nº 159.765, RSD 57/16 del 29/03/2016; entre muchas otras).
En consecuencia, y en atención de lo resuelto en el agravio precedente, entiendo que no han mediado vencimientos parciales y mutuos que justifiquen el apartamiento de principio general en materia de costas, como asi tampoco estamos ante una cuestión de derecho dudoso o compleja, y valorando que el demandado se ha opuesto expresamente a lo solicitado por el Sr. J. L., las costas de ambas instancias deben imponerse al ejecutado en su calidad de vencido (arts. 68 y ccds. del CPC).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar los agravios traídos a esta instancia por el apelante del 4 de agosto de 2021 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Imponer las costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por el apelante del 4 de agosto de 2021 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Se imponen las costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA ; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA- ) y devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia