Abriendo la norma
TOMO: XXI REGISTRO: 001 FOLIO: 001/009
Caleta Olivia, 31 de julio de 2026.
Estos autos caratulados: "L. J. S/ LESIONES CALIFICADAS" Expte. Nº 63456/26, N° de Juzgado de Recursos 8494/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 213/220 y vta., el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…1)DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de L. J.- titular del DNI N° 37.664.205, de demás circunstancias personales obrantes en el encabezamiento del presente resolutorio, en virtud de lo establecido por el art. 289 y 295 del CPP, por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO Y PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL EN CONCURSO REAL ENTRE SI previstos y penados por los art. 79, 41 bis, 42, 189 bis inc. 2 tercer párrafo y 45 y 55 del Código Penal, decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA ($ 7.388.040,00),actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, cartera general (arts. 499 y ccs. del C.P.P.)”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular, doctor Marcelo Ómar Fernández, interpone recurso de apelación a fs. 239/241 y vta., motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 243. En esta instancia es mantenido a fs. 251 por el Dr. Fernández, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que se ha realizado un erróneo y perjudicial encuadramiento del delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL (art. 79, 41 bis, 42, 189 bis inc. 2 y 41 del C.P.) en virtud |de que no se darían respecto del sujeto procesado en autos los extremos típicos que requiere la figura penal endilgada de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO, pues esa defensa entiende que la figura penal que debería haberse subsumido al hecho es el de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL previstas por el artículos 89, 41 bis, 189 bis inc. 2 y 41 del C.P del C.P..
Sostiene que el delito que se le atribuye a L. J. exige para su configuración la presencia de dolo directo, situación que no se encuentra acreditada del análisis probatorio y de las conclusiones arribadas por S.S. en autos.
Expone que en la plataforma fáctica hace imposible adecuar los extremos objetivos y subjetivos típicos de la tentativa homicidio, ya que el acontecer histórico de los hechos demostrarían que fue un circunstancia fortuita, no explicándose ni fundándose debidamente de la prueba obrante en autos el elemento volitivo del dolo directo o de primer grado que exige la figura del art. 79, 42 y 45 CP. Sostiene que la vida de la víctima jamás corrió peligro, pues la herida verificada por el médico tratante dan cuenta que tienen carácter leve, además que no se encuentra acreditado cual es el tiempo de curación de las mismas, incidiendo rotundamente en la calificación legal impuesta de manera provisoria en estos obrados.
Por otra parte al defensa solicita cambio de calificación legal, atento a la prueba obrante en la causa, concretamente, el Certificado médico, el mismo arrojó que las lesiones padecidas por la víctima no pusieron en riesgo su vida, por ello, toda la situación descripta desplaza cualquier posibilidad de tener por configurado el delito de Tentativa de homicidio (art.79 y 42 del CP) endilgados por SS al procesado, ya que a todas luces nos encontraríamos ante una total enajenidad de parte de su asistido en el hecho investigado o frente a un supuesto de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL previstas por el artículos 89, 41 bis, 189 bis inc. 2 y 41 del C.P del C.P.
Se agravia esa defensa entendiendo que del análisis de la prueba colectada, (testigos imparciales y presenciales que vieron los hechos desde el inicio), la conducta de su asistido el Sr. L. J. podría subsumirse en el tipo penal previsto por el art 89, 41 bis, 189 bis inc. 2 y 41 del C.P del C.P. solicitado por esa defensa. Solicita se decrete la falta de mérito o sobreseimiento de su asistido el Sr. L. J. o subsidiariamente el cambio de calificación legal de los hechos ventilados en autos por el de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL previstas por el artículos 89, 41 bis, 189 bis inc. 2 y 41 del C.P del C.P., conforme así lo permiten, la valoración de los elementos probatorios incorporados en autos, como también, se desprende, de las razones de hecho y de derecho expuestos por la Defensa.
Por último se agravia por la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por S.S., entendiendo que se ha efectuado una incorrecta y perjudicial interpretación y aplicación de la normativa procesal vigente ( arts. 300, 301 y 302 del CPP) como así también un apartamiento de la jurisprudencia vinculante (Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación”, y Loyo Fraire, Gabriel Eduardo -CSJN), donde se autoriza en materia de excarcelación que aún cuando el pronóstico punitivo no habilite la condena condicional –como sucede en el presente caso conforme la calificación legal hoy atribuida (Tentativa de Homicidio Agravado), se debe tener en cuenta, para denegar o no dicha medida, otros parámetros, tales como los establecidos en el art. 302 del CPP a los fines de determinar la existencia del riesgo procesal, los cuales en el caso concreto demuestran la inexistencia de riesgo procesal alguno de parte del imputado y, en efecto, autorizan a que se deje sin efecto la prisión preventiva dictada en contra de L. J. .
Cita doctrina.
Se agravia esa defensa porque se ha omitido en reparar que L. J. de apellido materno P., siendo hijo de J. E. (v) y de A. del C. (v), sin alias, 31 años de edad, nacido el ** de xxxx de 1994, en la localidad de xxx xxxx, en Provincia de Santa Cruz, de estado civil soltero, desocupado, instruido, domiciliado en xxxxx Nº *** de esta ciudad, titular del D.N.I. N° *******, que su familia se encuentra radicada en la misma ciudad y que no posee medios económicos para intentar darse a la fuga, ósea que el peligro de fuga nunca estuvo presente en este caso.
Además dice que el a quo, omitió considerar las condiciones personales del imputado, ya que omite tener en cuenta el arraigo del imputado, la carencia de antecedentes del imputado, la ausencia de rebeldía; y, principalmente, omitiendo fundamentar de manera individual y concreta cómo es que habiendo ya transcurrido más de 20 días de detención subsiste la pretendida y dogmática peligrosidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación que S.S. pregona en contra del imputado.
Refiere la defensa que a esta altura de la investigación posibilidad alguna de que el imputado pueda entorpecer la misma, ya que todas las medidas de prueba se han recabado, todos los testigos ya han declarado tanto en sede policial como en sede judicial, se ha allanado el domicilio de mi defendido, se han secuestrado todos los elementos de prueba (ropas, teléfonos, etc.) los cuales obran al resguardo del juzgado, se ha realizado la pericia e informes médicos sobre la víctima, se han practicado todas las pericias, motivo por el cual, teniendo en cuenta el tipo de hecho investigado no existe posibilidad de que a estas alturas se pueda poner en peligro real una investigación que lejos está de ser preliminar o prematura, sino que se encuentra en un estado avanzado en cuanto a la recolección de la prueba respecta. Se agravia con la afirmación acerca de que el imputado encontrándose en libertad podría incidir negativamente en las consecuencias de las medidas probatorias pendientes de producción demuestra que la tesitura de S.S. es utilizar el instituto de la prisión preventiva como una pena anticipada.
Concluye esa defensa que hay constancias objetivas en autos que permiten desvirtuar cualquier indicio de peligrosidad procesal que pudiera haberse presumido tiempo atrás, atento que los mismos en su totalidad han sido ya neutralizados. Por otra parte, en relación al peligro de fuga del imputado, esa defensa entiende que dicha situación no existe ni existió, considerando el arraigo, la situación personal, familiar y económica del imputado, la cual si se analiza objetivamente lejos está de poder demostrar que este cuente con posibilidades reales para fugarse y sustraerse de la justicia, siendo que la presencia del imputado en el proceso puede afianzarse con múltiples otras medidas coercitivas como ser con la prohibición de salida del país o de la provincia, la retención del pasaporte, la comparecencia incluso semanal ante los estrados del tribunal, la fijación y mantención de un domicilio, etc.
Hace reserva de recurrir ante los tribunales superiores y también ante la CSJN por la vulneración a los derechos previstos en los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. Asimismo, formulamos la correspondiente reserva del caso federal en base a las causales previstas doctrinaria y jurisprudencialmente por la propia C.S.J.N. III.-Establecido ello, corresponde ingresar al examen de los hechos y la prueba que motivaron la decisión apelada, en función de los agravios de la parte recurrente. Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Corresponde hacer referencia a lo entendemos por un delito tentado, remitiéndonos a lo ya expresado en los autos caratulados “QUILCHAMAL GUSTAVO S/ Hurto” Expte. Nº Q-32420/21, N° de Recursos 6470/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sobre el particular, y en lo que existe acuerdo dogmático y jurisprudencial, se ha sostenido que: "Una acción es punible no solamente cuando concurren todas las circunstancias que conforman el tipo objetivo y el subjetivo (consumación), sino también -en ciertos casos- cuando falta alguno de los elementos requeridos por el tipo objetivo (Tentativa). Se sostiene que la tentativa constituye un delito incompleto, más no por la ausencia de sus requisitos típicos estructurales, sino porque éstos no se han podido realizar en el tiempo.
En consecuencia se afirma que el art. 42 del C.P. establece un dispositivo amplificador de la tipicidad, mediante el cual se capta la acción desde el momento en que el agente comienza su ejecución...." (CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS. 685).- En palabras del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, en la obra "Estructura Básica del Derecho Penal" pág. 150 Ed. EDIAR, "El iter críminis: Desde que surge la idea criminal hasta que se agota el resultado hay un camino o iter críminis, que abarca concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, producción del resultado y agotamiento de éste.
La tipicidad ampliada temporalmente por tentativa extiende la prohibición a los actos que van desde el comienzo de ejecución (art. 42 del C.P.) hasta el momento inmediatamente anterior a la consumación (que es cuando se completa objetiva y subjetivamente la tipicidad dolosa)." Además se ha señalado que: "...se denomina tentativa acabada (aquella en que el agente realiza toda la acción ejecutiva sin que sea necesaria luego una posterior intervención suya para consumar el resultado, p. ej. instala un aparato explosivo y lo programa para que detone al cabo de unas horas, lo que por alguna razón no acontece) de una tentativa inacabada (aquella en que el autor interrumpe la realización de la acción ejecutiva, p. ej. comienza a acuchillar a su víctima pero, por alguna circunstancia, deja de hacerlo..." (CONFORME CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D ´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS. 710).- Como puede observarse y partiendo de los conceptos señalados, abrá que determinar en cada caso en particular, si la conducta fue consumada, o si por el contrario, quedó en grado de tentativa.".-
Sobre este extremo no hay agravios expresado por la parte recurrente.
Ahora bien, el agravio central de la defensa, pone foco en la ausencia del elemento subjetivo del tipo legal escogido por el Sr. Juez de Instrucción para calificar la conducta de su defendido.
En concreto, afirma la defensa, que no se encuentra probado que su pupilo haya obrado con intención de matar a J. H. C., si solo la de lesionarlo levemente. La acreditación del dolo homicida es una inferencia que se desprende de la conducta, es decir de los hechos y la modalidad desplegada por el imputado, salvo que el imputado lo manifieste en forma expresa en algún tramo del iter criminis o en forma posterior.
La inferencia del dolo en general y el homicida en particular, como excluyente del dolo de lesiones, sean leves, graves o gravísimas, si bien reconoce una gradualidad respecto de éstas, debe analizarse, reitero de los datos y de la información que surgen acreditados de la prueba producida.
En este caso el dolo homicida se infiere, básicamente, de la conducta realizada y en especial de su modalidad, pues allí podemos determinar, claramente la finalidad del autor de la misma.
En los autos caratulados: “TOLEDO LEMI S/Lesiones R/ VÍCTIMA" Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Ello así, pues analizados los presentes actuados, surge del testimonio de la víctima Sr. L.T., como del testigo presencial Sr. A.A.A., que la Sra. A.E.M., se acercó a la víctima, y con la clara finalidad de causarle la muerte, le asestó una puñalada en la zona abdominal, la que no ocurrió por la pronta atención médica, provocándole lesiones que causaron riesgo de muerte. Surge, además, de los informes médicos lo que deberá corroborarse con la intervención del cuerpo médico forense, a los fines de determinar no solo el acreditado riesgo de vida, sino las secuelas que pudieran quedar en la salud de la víctima.
Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria. Según la propia manifestación de la imputada, al ingresar su pareja, el Sr. C.C. golpeado por la víctima L.T. en una pelea entre ambos, decide motivada en esta circunstancia, con la finalidad de terminar con las agresiones que, según explica, venía sufriendo C. y respecto de las cuales ella manifiesta que sentía temor por la vida de éste, terminar con la vida del Sr. T.. Hay solución de continuidad entre el enfrentamiento a puños entre L.T. y C.C., el que es motivo de investigación en causa aparte y la planificación que realiza la acusada a partir de observar las condiciones físicas en las que se encontraba su pareja luego del enfrentamiento realizado.
El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos. En este caso, allende las consideración y la valoración de los dichos de la acusada, los que se acaban de realizar y los que son considerados por el suscripto como móvil o motivación del hecho y que no pueden ser valorados como causa de justificación o de exculpación, pues sería tergiversar los mismos, se infieren claramente en el ataque con un arma blanca asestada en la humanidad del Sr. L.T., en una zona corporal que puso en riesgo concreto su vida, habiendo realizado la Sra. M. todos y cada uno de los actos necesarios para quitarle la vida a la víctima (tentativa acabada) la que no ocurrió por la circunstancia de su pronta atención médica, es decir un acto ajeno a la propia voluntad de la agresora, quien luego de su ataque se retiró a su domicilio a descansar.
Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por sí mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos.
El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas. Los agravios se centran en la elección del tipo penal escogido por el A quo para calificar la conducta de la imputada, y en la alegada existencia de una causal de justificación de su obrar, invocando el ejercicio legítimo de un derecho -legítima defensa de un tercero- (art. 34 inc.7 del C.P.), si bien admitiendo un exceso en esa defensa (art. 35 C.P.) Las pruebas colectadas en autos y la valoración realizada por el A quo, se desprende el juicio de logicidad para arribar a la decisión allí plasmada...
Aclarado ello, corresponde pasar al agravio relativo a la subsunción jurídica de los hechos. Como lo expresara supra, surge con la probabilidad propia de esta etapa, que el elemento subjetivo del tipo penal del art. 79 del C.P. se encuentra "prima facie" acreditado. Es decir que la voluntad realizadora del tipo guiada por los elementos del tipo objetivo sistemático surge palmaria del ataque que realiza la acusada, pues decide tomar un arma blanca, salir en busca de la víctima, llegar hasta su lado de una manera no agresiva y con la supuesta intención de hablar con T., lo interroga diciéndole ¿que híciste?, y cuando estuvo a la distancia necesaria y sin que se pudiera presumir un ataque, ella lo realiza.".-
Bajo estas pautas de hermenéutica, corresponde analizar los hechos y la prueba rendida en autos, a los fines de determinar cuál ha sido, prima facie, y con el grado de probabilidad positiva propia de esta etapa, la intención o voluntad del imputado al desplegar la conducta que se materializó en el hecho investigado.
Cabe recordar que la certeza queda reservada para el momento de dictar sentencia, en el cual juega en su plenitud el principio in dubio pro reo, bastando aquí la probabilidad positiva, grado de convicción que surgirá de la valoración del plexo probatorio reunido hasta el momento en la instrucción.
Entiendo que la prueba obrante en el legajo permite afirmar, que el imputado L. J. obró con conocimiento y finalidad de realización del tipo objetivo contenido en el art. 79 del C.P.
Es decir, actuó con la intención de causarle la muerte a J. H. C., a sabiendas de que su conducta era apta para lograr dicho fin, no habiéndose producido el resultado por los defectos que presentara el arma de fuego utilizada y que L. J. portaba entre sus prendas, y que, sin perjuicio de accionar el sistema de disparo en reiteradas ocasiones, los proyectiles no se expulsaron en todas ellas, logrando uno salir e impactar en la humanidad de la víctima, arma de fuego que hasta la fecha no ha logrado ser hallada, incidiendo además la presencia de terceras personas en el lugar que prestaron socorro a la víctima.
Véase que la agresión comienza estando ambas partes dentro de un local comercial denominado "Confitería Apasionados", y es allí donde L. J. se acerca hacia el lugar donde se encontraba sentado el Sr. C. y apuntado hacia la cabeza de la víctima, efectúa un disparo que impacta en la región zona malar derecha -rostro/pómulo. Que sin perjuicio de que L. J. accionó en varias oportunidades el mecanismo de disparo del arma que portaba, solo uno de los proyectiles que sale expulsado logra impactar en la cara de C., para luego salir corriendo del local comercial. En la dinámica del hecho, y conforme los testigos presenciales, Sr. A. E. P. a fs. 29 y vta., ratificada a fs. 79 y vta. de las Sras. L. T. G. G. a fs. 21/22 ratificada a fs.84 y vta. y de M. A. R. A. a fs. 23 y vta. ratificada a fs.85/86, como de la propia víctima Sr. C. en su declaración de fs.24 y vta ratificada a fs. 78/vta. no hubo una situación previa de agresión ni física ni verbal entre L. J. y C., por lo que podemos inferir que el plan concreto del hecho surgió por propia decisión del autor.
No puede perderse de vista la forma de abordaje del autor hacia la víctima, a lo que se suma la utilización de un arma de fuego, la acción de la misma en varias oportunidades y el lugar del cuerpo de la víctima en donde recibe el disparo. La muerte no acaeció por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, pues tanto el medio como el lugar del cuerpo escogido, (la cabeza, pues el rostro forma parte de la misma), es apto para causar la muerte de una persona y ello no admite, fácticamente, discusión alguna.
Por lo expresado, el agravio respecto del cambio de calificación al de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDO CON UN ARMA DE FUEGO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL, no puede tener acogida favorable, considerando que si la intención de L. J. era solo la de lesionar, habiéndolo logrado, no se comprende por qué motivo continuo intentando efectuar disparos y apuntando con el arma a partes vitales de la humanidad de C.. El argumento defensista, por la propia modalidad de las acciones desplegadas por el autor para concretar el plan del hecho punible, se contradice con lo sucedido en autos.
Claramente, si el autor eligió un lugar vital del cuerpo (cabeza) para efectuar el disparo,, como señalé, es una inferencia objetiva e unívoca del dolo homicida. En virtud de lo expuesto entiendo que corresponde confirmar la decisión del Sr. Juez de Instrucción.
Respecto de la Prisión Preventiva, e ingresando al agravio referente a la misma, cabe recordar que en los autos caratulados “REYNOSO, GUILLERMINA S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración.
Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa.
En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo. Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr.
Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria. El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390. Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.” (Acosta, Jorge Eduardo y otro s.
Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas." . En los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIO DE OMAR NICOLÁS GOMEZ EN AUTOS: ANDREADE NORMA ELIZABETH S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte. Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." Además, en los autos caratulados: “INC.
DE COPIAS EN AUTOS: TORRES RODOLFO ABDON Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A. ( RECARATULADO) ” Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso de marcha, corresponde analizar si en el caso concreto existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso. Para ello, cabe tener en cuenta las pautas establecidas por el legislador provincial en el art. 302 del C.P.P., entre las que se encuentra la objetiva valoración de las características del hecho. En este ritmo de marcha cabe señalar que el primer nivel de análisis es el hecho y la gravedad o violencia que el mismo pueda tener.
Sobre este tópico cabe señalar que la modalidad de los abusos que se investigan en autos fueron violentos desde el punto de vista psicológico, lo que está claro no solo del relato de la víctima, sino y en especial, de las graves consecuencias psicológicas que las mismas le causaron a la víctima, sumado a la intervención de dos personas agresoras en el hecho. A ello debe sumarse la clara advertencia final realizada a la víctima por el coautor Torres, al decirle “esto muere acá”; una clara advertencia que no solo confirma el conocimiento pleno del delito que acaba de cometer el autor, sino y en especial, que la víctima debería silenciar el abuso, pues de lo contrario podría ser objeto de futuras represalias por parte del mismo.
En segundo lugar, débese tener en cuenta que la calificación legal en la cual subsumen las conductas investigadas, establecen por si mismas, un incentivo, allende el arraigo de los coimputados, para eludir la justicia, o entorpecer la investigación y la realización, a todo evento, del juicio oral. En tercer lugar, el estado de salud psicológica de la víctima implica que, en virtud de la vulnerabilidad que padece, debe ser resguardado por el Estado de forma tal que, las decisiones jurisdiccionales no la afecten o revictimicen más allá de lo que lo hizo el propio hecho. En cuarto lugar, el rol central como órgano de prueba en la presente causa, pues sobre ella pesa toda la carga de la prueba de la instrucción, y si la misma se ve afectada por cualquier acción de los coimputados, implicarían un claro entorpecimiento de la investigación.
De los distintos niveles de análisis realizados, se puede proyectar, teniendo en cuenta todos los informes psicológicos, que no existe otra forma de cautelar que no sea la prisión preventiva, teniendo en especial consideración, la nula importancia y reconocimiento como ser humano, que los autores le dieron a la víctima, poniendo su interés subjetivo por la satisfacción de su deseo sexual, por sobre la propia integridad de la víctima. Estamos frente a un hecho grave que ha acarreado a la víctima serias y perjudiciales consecuencias. Si bien el A quo al dictar la prisión preventiva, pone el acento en la víctima y la protección que el Estado debe brindarle en consonancia con lo dispuesto por las leyes en la materia, y las obligaciones asumidas en los tratados internacionales suscriptos, entiendo que, sin dejar ello de lado, el énfasis en la elección de esta forma de cautelar a los imputados, debe estar en velar por que se cumplan los fines del proceso, neutralizando para ello los riesgos procesales que puedan existir. … Por último, y en relación a la no aplicación del Plenario “Diaz Bessone” invocado, me remito a lo expresado por nuestro cimero tribunal provincial.
En los autos caratulados "PONCE, EMILIO ALEJANDRO S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-III (P-719/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "VII.-) Concretamente la defensa se agravia sosteniendo que en autos debió aplicarse el plenario "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de inaplicabilidad de ley" CNCP, fallo plenario nº 13.- Resulta conveniente antes de ingresar al tratamiento del tema de fondo, aclarar la validez que tienen los fallos plenarios.- Que, así Zaffaroni sostiene "...Tampoco la jurisprudencia es "fuente" del derecho penal en sentido estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria. No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la jurisprudencia plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirigiría a particulares, sin que nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2º del código civil...".
Agrega "...Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial..." (Zaffaroni, Eugenio R, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t.I, p.126/127). En tanto Soler sostiene "...desde el juez de más modesta competencia hasta el tribunal de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al juez ninguna forma determinada de entenderla..." (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, T.I, p.159). De idéntica manera se expide Ricardo Núñez "...No se salvan las objeciones diciendo que no se trata de una ley, sino de un acto del régimen interno de las Cámaras, porque, como ya hemos expresado, a este acto se le reconocen los efectos propios de las leyes: obliga, se dice, a los jueces superiores e inferiores y se extiende su autoridad sobre todas las personas y hechos jurídicos.
Si no pueden equipararse a la ley, es obvio que el pronunciamiento plenario no puede ser fuente penal. Lo que quiere decir, a pesar de los textos legales contrarios, que los jueces en los casos posteriores al que ocasionó el acuerdo, deben buscar el tipo penal y la pena en la ley misma y no en la resolución del tribunal en pleno..." (Núñez, Opúsculos de derecho penal y criminología, 1992, p.75). Por otra parte, el artículo 10 de la ley 24.050 establece que "...la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá en Tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor de sus salas, b) para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias, c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a iniciativa de cualquiera de sus Salas entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal…”
Bajo estas pautas de hermenéutica corresponde analizar la prisión preventiva del encartado dispuesta en autos.
En este sentido, entiendo pertinente mantener, en función de que la valoración objetiva de las características del hecho investigado, grave y extremadamente violento, sumado a que hasta la fecha no se ha encontrado el arma de fuego utilizada, y que existen pruebas pendientes de producción, como así la gravedad de la pena en expectativa que pesa en cabeza del imputado, la prisión preventiva dictada por el A quo, pues entiendo que se halla, por todo ello, acreditado el riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y de la fuga para evitar el eventual debate oral.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
Por todo ello, como Juez de Recursos;
I.-Confirmar el auto interlocutorio de fs. 213/220, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia