Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala I · Causa RC-1124
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO y lo dispuesto en los artículos 494 y 486 del C.P.P. modif. por ley 14.647 -art. 3°-, se declaran formalmente inadmisible los Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley, interpuesto por los Sres. defensores Particulares Dres. Elbao y Magadan de los penados Mendiburu y Rohr respectivamente.
Tiénese presente la reserva de caso federal (arg. art. 14, Ley 48).
LESTA, JOAQUIN SEBASTIAN, MENDIBURU GUSTAVO DANIEL Y ROHR CHISTIAN S/ APREMIOS ILEGALES EN CONCURSO IDEAL CON VEJACIONES, AMBOS AGRAVADOS POR LA VIOLENCIA DESPLEGADA -H1 Y H2-, EN CONCURSO REAL CON SEVERIDADES -H3- (ARTS. 144 BIS INCISO 3°, EN RELACIÓN CON EL ART. 142 INCISO 1°, 55 Y 45 C.P.) EN MAR DEL TUYÚ (IPP 03-02-3687-20) - (3371 - J.C N°3)
AUTOS Y VISTOS : Para resolver respecto de la admisibilidad formal de los Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley interpuestos por los Dres. Guillermo Magadan y Ezequiel Norberto Elbao, en el marco de la causa número RC 1124, seguida a Lesta, Joaquín Sebastian, Mendiburu Gustavo Daniel y Rohr Christian, registro de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental Dolores.
I. Que, analizados los recursos presentados, se advierte que resultan temporarios, habiendo sido deducidos dentro del término de ley. (art. 483, del C.P.P. modif. por ley 14.647 -art. 2°-).
Ha sido interpuesto por quien en derecho corresponde (art. 481 del C.P.P.).
Que por el mismo se impugna una sentencia definitiva, dictada por este Tribunal, confirmando la sentencia de origen que condenó a JOAQUÍN SEBASTIÁN LESTA, GUSTAVO DANIEL MENDIBURU y CHRISTIAN ROHR , como coautores penalmente responsables en los términos del art. 45 del Código Penal de los delitos de " Apremios ilegales en concurso ideal con vejaciones ambos agravados por la violencia desplegada (hecho I víctimas Damián Fernando Ruiz, Juan Cruz Zapata) en concurso real con severidades (hecho II víctima Francisco Claudio Oyarzo) ", previstos y reprimidos por los articulos 144 bis inc. 3° en relación con el articulo 142 inc. 1°, 54 y 55 del Código Penal, por los hechos ocurridos el día 09 de Mayo de 2.020, en la localidad de Mar del Tuyú, Partido de la Costa, de los que resultaran víctimas los Señores Juan Cruz Zapata, Damián Fernando Ruiz, Juan Marcelo Herrera, Francisco Claudio Oyarzo, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, CON MÁS INHABILITACIÓN ESPECIAL POR EL DOBLE DE TIEMPO PARA DESEMPEÑARSE COMO FUNCIONARIOS POLICIALES, Y PAGO DE COSTAS PROCESALES . Asimismo, se imponen como reglas especiales de conducta por el plazo de tres años en los términos del art. 27 bis del código penal: - Fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados; - Abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la Señora Laura Yamila Larroza, y los Señores Damián Fernando Ruiz, Juan Cruz Zapata, Juan Marcelo Herrera, Diego Muñoz, Mario Marcelo Moyano, y Claudio Francisco Oyarzo; - Realizar un tratamiento psicológico por el tiempo que profesional tratante estime pertinente. (arts. 5, 26, 27, 27 bis, 29 inciso 3, 40, 41, 144 bis inc. 3° en relación con el articulo 142 inc. 1°, 54 y 55 del Código Penal, arts. 210, 371, 375 inciso 2, 380, 530 y concs. del CPP)..".
II. Cabe señalar que el remedio previsto en el art. 494 del C.P.P. -texto según ley 13.812- sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal elaborada sobre la misma, revoque una sentencia absolutoria o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
En el caso de autos, la pena impuesta no satisface el requisito de admisibilidad. ( art. 494 del CPP).
Este valladar no ha sido cuestionado por el recurrente.
III. El Dr. Elbao funda su reclamo por considerar que la sentencia debe ser revocada por vulnerar las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, principio de congruencia y presunción de inocencia. En primer lugar, cuestiona que el juez de grado incorporara a Juan Marcelo Herrera como víctima del hecho I, pese a que no había sido incluido en la acusación fiscal ni en el requerimiento de elevación a juicio. Afirma que ello implicó una ampliación arbitraria de la plataforma fáctica, en sustitución de las facultades propias del Ministerio Público Fiscal, sin respetar los mecanismos previstos en los arts. 359 y 374 del CPPBA ni garantizar a Mendiburu la posibilidad de defenderse frente a esa nueva atribución.
Asimismo, denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de una revisión integral por parte de esta alzada, al considerar que no se acreditó suficientemente la intervención concreta de Mendiburu en las agresiones. Destaca que Ruiz manifestó que el imputado no lo golpeó pese a recibir una orden para hacerlo; que Herrera no lo identificó como agresor; que los testimonios presentaban diferencias en cuanto a las circunstancias y horarios de los hechos; y que los registros del libro de guardia daban cuenta de una presencia intermitente del acusado en la dependencia. También cuestiona el alcance otorgado a las pericias médicas y el descarte de los testimonios de descargo mediante sospechas genéricas, señalando que esta Alzada omitió analizar adecuadamente esos elementos y sus contradicciones, afectando la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.
Por último, plantea la errónea aplicación de los arts. 45, 54, 55 y 144 bis inc. 3 del Código Penal, por entender que no se fundamentó debidamente la coautoría de Mendiburu, su eventual posición de garante o guarda respecto de los detenidos ni la configuración del concurso real. Asimismo, cuestiona la determinación de la pena de tres años de prisión y el doble de inhabilitación, por carecer de fundamentación individualizada y limitarse a señalar que se encontraba dentro de la escala legal, sin explicar su proporcionalidad conforme a los arts. 40 y 41 del Código Penal. En consecuencia, solicita que se haga lugar al recurso extraordinario, se revoque la resolución impugnada y formula reserva del caso federal.
Por su parte el Dr. Magadan cuestiona la sentencia de esta Alzada por considerar que realizó una revisión meramente formal de la condena, sin responder concretamente los agravios planteados ni efectuar un análisis integral de la prueba, en violación del derecho al doble conforme y al recurso efectivo, conforme la doctrina del fallo "Casal".
Asimismo, sostiene que no se individualizó la conducta atribuida a Christian Rohr, ni se precisó qué hizo, respecto de qué víctima y en qué circunstancias, limitándose los tribunales a formular una atribución colectiva de responsabilidad por su pertenencia al personal policial y participación en el procedimiento, sin acreditar el aporte concreto exigido para la coautoría del art. 45 del Código Penal.
Por otra parte, denuncia una valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba, destacando contradicciones testimoniales sobre los horarios, la cantidad de efectivos y detenidos, los lugares y modalidades de las agresiones y la existencia de lesiones. Cuestiona que los informes médicos no permiten determinar el momento, mecanismo ni autoría de las lesiones, y que se haya utilizado en perjuicio de Rohr la falta de comparecencia del médico García, pese a existir constancias en el libro de guardia de que había revisado a los detenidos sin constatar lesiones, lo que considera una inversión de la carga de la prueba. También critica el descarte de los testimonios policiales de descargo mediante la invocación genérica de un supuesto "espíritu de cuerpo" y la incorporación de Juan Marcelo Herrera como víctima, pese a no haber integrado la acusación original, en violación del principio de congruencia y del derecho de defensa.
Finalmente, sostiene que las deficiencias señaladas impiden alcanzar certeza sobre la responsabilidad penal de Rohr y obligan a aplicar el principio in dubio pro reo, cuestionando además la falta de fundamentación autónoma de la coautoría y la insuficiente individualización de la pena y de la inhabilitación impuestas, especialmente por sus consecuencias sobre la actividad profesional del imputado. Afirma que la sentencia incurre en arbitrariedad por omitir el tratamiento de cuestiones conducentes, invertir la carga probatoria y sostener conclusiones dogmáticas, con afectación del debido proceso, la defensa en juicio y la presunción de inocencia. Mantiene, en consecuencia, la cuestión federal y formula reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
IV. Hemos de concluir entonces en que los recursos son inadmisibles también desde el extremo invocado por el recurrente.
El art. 494 in fine del CPP, establece que el recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley, podrá fundarse únicamente en la Inobservancia o Errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella.
El examen de cuestiones de hecho y prueba se encuentra excluido del ámbito de conocimiento que el art. 494 del CPP atribuye a la SCBA. (Conf. Doct. P. 96236, Sent. Del 19/12/07, P. 111.138, Del 6/11/13, entre muchas otras, SCBA).
En autos, si bien se invoca la errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal por parte de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, los agravios del recurrente se vinculan a cuestiones de orden procesal, como sería la aplicación de los arts. 1 y 210 del CPP, lo cual resulta ajeno a la competencia de la SCBA.
Asimismo, y en cuanto al Absurdo invocado, he de señalar que la SCBA ya ha expresado en múltiples oportunidades, que resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ".si el planteo sobre el que se admitió la impugnación extraordinaria no reúne las condiciones de suficiencia, habida cuenta que - en rigor- bajo la apariencia de articulaciones de tenor federal (garantía del doble conforme con la consecuente afectación al debido proceso y la defensa en juicio), trae a consideración agravios concernientes a la valoración probatoria, que no pasan de ser la exposición de una ponderación discrepante con la realizada por el " a quo", sin demostrar suficientemente que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata, una cuestión del tenor indicado, que amerite su tratamiento en esta instancia extraordinaria." ( SCBA LP Rp 126611 l 06/12/2017).
Si bien el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley constituye, en determinados casos, el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, conforme lo establecido por la CSJN, a partir de los precedentes "Strada" y "Di Mascio", es lo cierto que la mera invocación de la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, consagrada en el art. 18 de la CN, precepto que recepta adecuadamente el principio de Convencionalidad, -conf. art. 8.2 CADH y 14.5 PDCYP- sin poner en evidencia la existencia de esos graves defectos, no resulta, per se, suficiente en los términos de los arts. 168 y 171 de la Constitución Pcial. para habilitar la vía recursiva intentada.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado..." (C.S.J.N. Fallos t. 310, pág. 234).
En la sentencia en crisis se ha dado tratamiento a los agravios que hoy pretenden reeditar los recurrentes, más allá de que las conclusiones no sean compartidas por éstos. Asimismo, no logra demostrarse la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento se denuncia, la arbitrariedad invocada y lo resuelto por esta Alzada.
POR ELLO y lo dispuesto en los artículos 494 y 486 del C.P.P. modif. por ley 14.647 -art. 3°-, se declaran formalmente inadmisible los Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley, interpuesto por los Sres. defensores Particulares Dres. Elbao y Magadan de los penados Mendiburu y Rohr respectivamente.
Tiénese presente la reserva de caso federal (arg. art. 14, Ley 48).
Notifíquese a las partes.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario firmante: SOTELO Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: REZZONICO Daniel Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: SOMMARIVA Matias Nicolas - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 378-2026
Fin de la sentencia