Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto, rechazaremos este infundado y genérico planteo.
C.- Agravio por falta de fundamentación a la hora de fijar la cautelar: Por último el recurrente afirma que de las constancias del auto de procesamiento recurrido, no surge que la a quo haya explicado los fundamentos de la medida cautelar ordenada, tanto en lo concerniente a la restricción de la libertad al imponer la medida cautelar más extrema como así también en cuanto a la determinación del embargo trabado. Plantea que se toma como base los informes de la actuaria sobre los antecedentes que pesan sobre su defendido y en base a ello, hace una nueva presunción que eludirá la acción de la justicia o entorpecerá su accionar. Evidenciando una postura decisionista sin evaluar otras medidas menos gravosas, lo cual no luce acorde con los tiempos modernos en que la libertad es la regla y la prisión preventiva tiene carácter restrictivo, al haberse llevado a cabo todas las medidas probatorias en la presente causa, el imputado además cuenta con domicilio real, familia y trabajo en la localidad. Del mismo modo el recurrente se agravia del embargo sobre los bienes del imputado como medida precautoria. Sobre este punto, plantea que no obran constancias que la a quo hubiera explicado los fundamentos de la medida ordenada, y por lo tanto, tomando en cuenta el antecedente de esta Alzada en la apelación nro. 4882/15, solicita se declare la nulidad del embargo por resultar arbitrario e infundado. …
TOMO CXXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8645 FOLIO Nº 095/099 PROT. ELECT. JR101261I.242
Río Gallegos, 06 de mayo de 2024.
La presente causa caratulada “L.L.S. y otros S/Abuso de armas”, Expte. Nº 28.849/24, Apelación Nº 8868/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 01/13 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción N° Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de L.S.L., en orden al delito de “Abuso de arma en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil sin autorización” (arts. 54, 104 -2º párrafo y 189 bis inc. 2º y 3º párrafo del Código Penal) y en el punto 3) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000). Que a fs. 14/18 la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo- y a fs. 22 sostuvo el recurso renunciando a los plazos procesales, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que el recurrente interpone el recurso de apelación por considerar que la resolución recaída no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando a todas luces arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido. Por ello solicita se revoque por contrario imperio y se deje sin efecto el pronunciamiento atacado y se disponga el sobreseimiento de su representado o, en su defecto, se dicte la falta de mérito. a.- Agravio relativo a la imputación de los hechos: Bajo este acápite el recurrente plantea que la descripción mecánica de los hechos reprochados, escapa a la realidad de cómo sucedieron las cosas, quedando evidenciado el sesgo y análisis del mismo. Explica que se estaba por llevar a cabo una asamblea de la UOCRA, donde existen mínimamente dos grupos conflictivos; un primer grupo denominado de los “salteños”, entre los cuales se haya integrado por V.H.C., V.N.C. y L.E.F., y por el otro lado el grupo de los “nacidos y criados”, quienes estaban a cargo de la bolsa de trabajo de la UOCRA. Es por ello que se agravia que se le atribuya a su representado haber iniciado una riña, cuando lo cierto es que las supuestas víctimas ya tenían todo programado para iniciar la riña y tratar de separar y dejar aislado a L.S.L., a quien realmente querían hacerle daño porque estaba a cargo de la cartera laboral. Que, en función de lo expuesto, el recurrente entiende que corresponde revocar la resolución apelada y sobreseer a su asistido, pues la supuesta actividad desarrollada se dio en un contexto de riña, donde la supuesta víctima no es ningún “bebé de pecho”, porque tenía botellas de vidrios y un cuchillo en una de sus manos cuando aconteció la riña. Pues bien ingresando en este primer agravio, y pese al esfuerzo de la defensa en intentar mejorar la situación procesal de su asistido, adelantamos que no prosperará por no lograr conmover los argumentos a los que arriba la Instrucción tras la valoración de la totalidad de los elementos de cargo. Que, aun cuando la defensa diga que la valoración de los testimonios es arbitraria y cuestionable, se advierte que las pruebas reunidas hasta el momento detentan la idoneidad suficiente para traspasar la barrera del art. 289 del CPP.
Así, el auto de procesamiento no sólo se sustenta en los dichos de las víctimas V.N.C., V.H.C y L.E.F., puesto que obra en autos: el informe de inicio de actuados, los informes de la DDI, el informe de novedad del servicio, el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo, las declaraciones testimoniales de M.A.F, C.O., D.M.R., R.A.B., D.A.F., L.E.F., V.C., C.P.CH., R.D.CH., J.P.P., D.E.M., G.R.B. y L.A.CH., actas de secuestro, certificados médicos, ampliación de términos preventivos, resultados de los allanamientos, secuencias fotográficas, certificación de elementos, acta de detención, acta de aprehensión, certificados médicos, acta de requisa de rodado, informe balístico, copias de las historias clínicas del HRRG de V.N.C., V.H.C y L.E.F. , informe del CMF y copias del expte. N° 85.320/22 de trámite ante el Juzgado de Instrucción N° Uno local; los que constituyen elementos de convicción válidos y, valorados en su conjunto, permiten argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- tanto la materialidad como la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados. En suma, los relatos de las víctimas se encuentran respaldados con la totalidad de los testimonios recolectados en autos a los que se adiciona una variedad de elementos probatorios concordantes y coincidentes, lográndose acreditar prima facie que L.S.L., habría llegado al lugar donde acontecieron los hechos en una camioneta Toyota, modelo H y mantuvo una discusión con L.F., para luego efectuar disparos en contra de su humanidad que le causaron las lesiones certificadas en autos y que posteriormente continuó con dicho accionar disparando hacia donde se encontraba V.N.C causándole las lesiones certificadas en autos. Asimismo del allanamiento dispuesto, se logró incautar un arma de fuego, de puño, tipo revolver y cartuchos de bala entre otros elementos de interés para la investigación. A lo que se adiciona el informe de la Anmac del que se desprende que el imputado no se encuentra inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de las categorías ante ese organismo. Que, esta Alzada ya se ha referido -en otras ocasiones- al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de las víctimas, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la causa y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados.
Por añadidura, consideramos que las probanzas producidas en la etapa instructora resultan ser suficientes para endilgarle los hechos a L.S.L. con el grado de provisoriedad que caracteriza esta instancia.
Así, consideramos que el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente el cuestionamiento relativo a la realidad de cómo acontecieron los hechos, lo que resultaría plenamente ajustado a la realidad, de conformidad con los elementos de cargo aunados a la causa y que fueran debidamente merituados por la Jueza a quo a la luz de la sana crítica racional y valorados en forma conjunta.
Por ello, entendiendo que hay pruebas suficientes que sustentan la resolución cuestionada, y que la misma se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, el presente agravio no tendrá acogida favorable, correspondiendo confirmar íntegramente el auto de procesamiento.
b.- Agravio relativo a la orfandad probatoria. Inexistencia de testigos imparciales: Que, en segundo lugar, la defensa asevera que el pronunciamiento de Instrucción no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, observándose una valoración parcializada de la escaza prueba incorporada. Plantea que la valoración de los indicios y las presunciones que surgen de autos, fueron realizadas únicamente en contra y en perjuicio de su asistido, en total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal, afectando el principio in dubio pro reo. Agrega que no existen testigos imparciales que corroboren este extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba que se verifica, no sólo sobre la autoría sino también sobre la materialidad del suceso, los dichos de los Sres. V.H.C., V.N.C. y L.E.F., quienes resultarían ser las pretensas víctimas y/ o tener vínculo familiar con las mismas, razón por la cual dichos relatos deben ser analizados con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva, atento que no hacen más que reflejar una parcializada y subjetiva versión de los hechos, máxime si tomamos en cuenta las desavenencias previas que existían entre las partes. Que, analizado este agravio de la defensa, advertimos que se encuentra genéricamente enunciado, evidenciando una total falta de fundamento y desarrollo del mismo.
Veamos, señala el apelante que el auto de procesamiento no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamento para sostener su postura, resultando una valoración parcializada de la escasa prueba reunida.
Ahora bien, tras formular este grave cuestionamiento, se imponía que el apelante aportara algún pasaje del decisorio que se presente sesgado o demuestre la carencia de fundamento, pues un fallo sin motivación sería nulo. Sin embargo, ello no ha ocurrido, y el mero señalamiento no alcanza a conmover los argumentos desplegados por la Instrucción.
Lo propio ocurre, cuando la defensa critica que el fallo provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica o, cuando objeta que la valoración de los indicios y las presunciones fueron realizados únicamente en contra de su asistido. Nada de ello es reforzado con algún de ejemplo de sus afirmaciones genéricas.
Es sabido que el recurso de apelación es el único que puede no ser fundado al momento de la interposición, pero sí debe motivárselo. (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; pág. 359). En el caso que nos ocupa, esto no ha ocurrido.
Que, al respecto, se ha dicho que: “...El recurrente debe demostrar cómo se vulneran los principios del recto entendimiento humano (de identidad, de tercero excluido, de contradicción, de razón suficiente) para que el agravio que invoca a la violación de la sana crítica racional sea atendido. Si las pruebas que invoca como inidóneas son válidas y la apreciación y convicción que demuestra el razonamiento seguido por el a quo se ajustan al sistema de valoración de las pruebas adoptado por el código de rito, y cumple con el requisito constitucional de la debida fundamentación; una alusión genérica a la violación de las reglas del sistema de la sana crítica racional hace improcedente el agravio...” (STJ, Corrientes; “G. H. D. s. Supuesto homicidio simple”; 16/04/1997; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Corrientes; RC J 6743/13).
En virtud de lo expuesto, rechazaremos este infundado y genérico planteo.
c.- Agravio por falta de fundamentación a la hora de fijar la cautelar: Por último el recurrente afirma que de las constancias del auto de procesamiento recurrido, no surge que la a quo haya explicado los fundamentos de la medida cautelar ordenada, tanto en lo concerniente a la restricción de la libertad al imponer la medida cautelar más extrema como así también en cuanto a la determinación del embargo trabado. Plantea que se toma como base los informes de la actuaria sobre los antecedentes que pesan sobre su defendido y en base a ello, hace una nueva presunción que eludirá la acción de la justicia o entorpecerá su accionar. Evidenciando una postura decisionista sin evaluar otras medidas menos gravosas, lo cual no luce acorde con los tiempos modernos en que la libertad es la regla y la prisión preventiva tiene carácter restrictivo, al haberse llevado a cabo todas las medidas probatorias en la presente causa, el imputado además cuenta con domicilio real, familia y trabajo en la localidad. Del mismo modo el recurrente se agravia del embargo sobre los bienes del imputado como medida precautoria. Sobre este punto, plantea que no obran constancias que la a quo hubiera explicado los fundamentos de la medida ordenada, y por lo tanto, tomando en cuenta el antecedente de esta Alzada en la apelación nro. 4882/15, solicita se declare la nulidad del embargo por resultar arbitrario e infundado. Pues bien, en respuesta a este agravio relativo a la prisión preventiva impuesta al decretar el procesamiento del encartado, adelantamos que no prosperará por encontrarse motivada en función del riesgo procesal constatado en el caso concreto.
Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos procesales en el caso concreto. Que, desde esta Alzada, concordamos con la Instrucción en que el encartado reviste la calidad de un sujeto con peligrosidad procesal, toda vez que concurre el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación y que, de recuperar la libertad, pondría en juego los fines del proceso –peligro de fuga-, imposibilitando de tal modo la efectiva aplicación de la ley sustantiva ante la amenaza de elusión procesal.
Del mismo modo, entendemos que la resolución que se pretende poner en crisis evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva del imputado luego de resolver el procesamiento, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando –se reitera- que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley.
Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por la Magistrada subrogante en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado. Es por ello que homologaré la prisión preventiva dispuesta a L.S.L.. Por último, y con relación a la nulidad solicitada del embargo por entender la defensa que no se encuentra debidamente motivado, entendemos que tampoco prosperará, no resultando de aplicación al caso el antecedente de esta Alzada que cita el recurrente. Ello toda vez que por el contrario a lo planteado, observamos que la Instrucción motivó de manera suficiente el embargo, conforme lo dispuesto por el art. 499 y cctes. del CPP.
Es así que a fs. 13vta., en el desarrollo del considerando IV – b) la Instrucción dejó asentado que: “…Respecto al embargo a fijar en la presente, habré de tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 499 y cctes. del código de forma, y toda vez que la naturaleza cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin garantizar en medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, razón por la cual la mensuración del monto, guardará correspondencia con el perjuicio que la conducta ilícita cometida hubiera causado…”.
Concordamos con la determinación de la Magistrada Subrogante, pues se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de quinientos mil pesos ($ 500.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino teniendo presente la fecha de la resolución.
En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). Por ello, rechazaré este cuestionamiento, por entender que se encuentra debidamente motivado en las disposiciones procesales y su monto no luce desproporcionado dentro del contexto señalado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 01/13 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia