Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8160 FOLIO Nº 046/053 PROT. ELECT. JRS1036I.231
Río Gallegos, 12 de Octubre de 2023.-
La presente causa caratulada: "L.L.E. s/ INFRACCION AL TITULO III DEL LIBRO II DEL C.P.", Expte. Nº 20332/20 - Apelación/Causa JR Nº 8410/23, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 142/149 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Tres de esta ciudad, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.E.L., en orden al delito de “Abuso Sexual sin acceso carnal doblemente agravado por ser el autor el encargado de la guarda y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente” (arts. 45 y 119 primer párrafo e incisos b y f del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000).- Que a fs. 152/155 la Defensoría Pública Oficial Nº Uno apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 159 sostuvo el recurso (código de validación: cb437e38) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió del resolutorio argumentando que cree que el A quo no tuvo en cuenta la declaración indagatoria obrante a fs. 121/122, ya que conforme los dichos de su asistido es materialmente imposible que los hechos que se le imputan hayan podido ocurrir. Nunca estaba a solas con la niña y los hechos no se condicen con las probanzas de las actuaciones.-
Agrega que así luce de una declaración testimonial de una amiga de la denunciante a fs. 78/vta., quien fuera la niñera de los chicos en el año 2015, al decir que: “…Ambos tenían el mismo horario laboral, se iban juntos a las 08:00 y volvían a las 15:00 horas. Creo que trabajaban en el mismo lugar (…) Se separa de L. y después de un tiempo vuelven a estar juntos. En ese momento cuando vuelven a estar juntos, es que S.A.B. no quería saber más nada con él, ni S.A.B. ni el resto de los chicos. Es decir, ni K. ni D. (…) Decían que L. era malo con su mamá, pero no se refirieron a ningún tipo de abuso relacionado con eso (…) Con respecto a alguna conducta que hubiera observado en S.A.B. lo cierto es que no ví nada (…)”.- Refiere que la declaración no fue considerada en lo que respecta al odio que los niños le tenían al Sr. L., quienes lo querían separar de su madre, lo cual quedó acreditado con la declaración testimonial de una amiga de la denunciante, una persona íntima del grupo familiar, quien conocía las internas y los conflictos que existían, quien además, reitera en dos oportunidades que los niños jamás habrían mencionado una cuestión de abuso.-
La defensa expresa que tal decisorio le causa un gravamen irreparable a esa parte, por entender que los elementos probatorios colectados en el sumario resultarían insuficientes, contradictorios y, en cierto modo, viciados de nulidad y a los fines de endilgarle a su asistido la conducta puesta a consideración, traduciéndose el procesamiento en un pre-juzgamiento arbitrario y sin fundamento.-
Se agravia la recurrente en segundo lugar que del informe pericial obrante a fs. 100/101 se haya efectuado un análisis taxativo, endilgando responsabilidad a su pupilo, por conclusiones meramente aisladas, que nada tiene que ver con el hecho que se le imputa. Que el análisis atacado se ha realizado con el único afán de reprocharle la culpabilidad a su asistido.-
Agrega que se omitió en la valoración de la prueba el informe del perito de parte Lic. J.I.S. que se encuentra a fs. 104/107, quien presenció en forma la Cámara Gesell, las conclusiones a las cuales el perito de parte, es que de los resultados de los test tomados, MMPI2 y técnicas proyectivas gráficas, su asistido no presenta indicadores compatibles con un perfil de una persona que pueda llegar a abusar sexualmente a otras personas.-
Expone que se utiliza los resultados y las conclusiones de la pericia efectuada, para crearle a su asistido un perfil psicológico, omitiendo la pericia que se acompañó con el perito de parte, y con el único fin, de considerarlo autor penalmente responsable.-
Considera la defensa que el procesamiento dictado ha sido prematuro en razón que las evidencias colectadas resultan insuficientes para sustentar el juicio de probabilidad exigido, surgiendo con evidencia que la presente instrucción se encuentra direccionada en perjuicio de su asistido, razón por la cual carece de fundamento el argumento esgrimido por s.S. en el considerando del resolutorio atacado.-
Expresa que sustenta el remedio procesal interpuesto en la duda que emerge del presente sumario en cuanto a la imputabilidad de su defendido. Ello así por cuanto los elementos aunados por la instrucción, analizados bajo el criterio rector que debe imperar en esta etapa del proceso, no poseen entidad suficiente como para convalidar el juicio de probabilidad emitido, el cual se encuentra enervado además por su estructura plagadas de aspectos y cuestiones meramente conjeturales.- Entiende que no hay elementos de convicción suficientes para estimar que existen hechos delictuosos y que su defendido sea responsable de éstos. Es decir, no existe violación a tipo penal alguno, a pesar de las pruebas producidas, no se encuentra ni remotamente acreditado con el grado de certeza requerido en esta etapa instructoria. La valoración de la prueba y los hechos del proceso ha sido deficiente y defectuosa, extraña al espíritu plasmado en la ley procesal. Dentro del contexto de la sana crítica racional, la cual establecería aparentemente la plena libertad valorativa para sustentar las resoluciones judiciales, V.S. ha formado su intima convicción, que no es bastante para fundar un legítimo auto de procesamiento.- Asimismo apela por arbitrario el decisorio alcanzado, violatorio del principio de legalidad, en miras del debido proceso, la defensa en juicio, y la igualdad establecida en la manda constitucional que deben primar en todo procedimiento judicial.-
Por último la defensa señala que el embargo dispuesto por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) resulta a todas luces excesivo.-
Dice que la cuantía del embargo y la imposibilidad de su asistido de ofrecer bienes para cubrir dichas sumas, necesariamente conducen a la inhibición general de bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario.-
En consecuencia, la parte entiende, corresponde la reducción del monto consignado en la resolución en crisis de manera tal de asegurar los gastos derivados de las costas procesales y honorarios.-
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. Yendo al tratamiento de los agravios formulados por la recurrente, en primer término se advierte que la A quo sí tuvo en cuenta la declaración indagatoria del imputado y no como sostiene la defensa. Así, amén de proceder a su transcripción (ver punto III) del acápite Resultando), al analizar la materialidad del suceso y la autoría le dedica unos cuantos párrafos, aseverando, entre otras cuestiones que “…Claramente, se parecían los dichos del imputado como la resultante de un esfuerzo desincriminante que sin embargo resulta infructuoso, frente al poder conviccional de los elementos valorados en su contra… Advierto que sus dichos permanecen huérfanos de sustancia, ya que pese al tiempo transcurrido no se incorporó al proceso algún elemento en tal sentido. Esto último no implica una inversión de la carga de la prueba, ya que se espera una mínima actividad probatoria de quien esgrime a su favor una circunstancia desincriminantes. Se observa además que ni siquiera el imputado logra encontrar algún motivo convincente que pudiera inspirar las deposiciones de la joven, que no fueran el haber vivenciado lo relatado…”. (fs. 147vta.).- Por otra parte no luce serio, es más poco feliz, a la luz de los elementos de prueba agregados a la causa, aseverar que no fue tomado en cuenta el odio que los niños le tenían al Sr. L. testimoniado por la Sra. A.P.C. a fs. 78/79, quienes lo querían separar de la madre.-
Es dable señalar que esta persona expone que cuando el imputado y la denunciante retomaron la relación los niños no querían saber nada de él, lo cual a la luz de los elementos glosados dando cuenta de las agresiones que sufrían las criaturas es más que entendible (copias de expediente en trámite ante el Juzgado de Familia local, etc.), pero ello lejos está de acreditar con fehaciencia que la denuncia es falaz. Mucho menos basados en que nunca les comentaron una situación de esa índole ni hubo de presenciarlas.- Incluso esta persona dice que en un momento la denunciante y el denunciado trabajaban en el mismo lugar y durante el mismo espacio temporal, pero también asevera que ello fue durante el tiempo que ella se desempeño como niñera allí, surgiendo del testimonio de la niña presunta víctima y de la madre que durante otro momento trabajaban en horarios dispares, quedando la niña a su cuidado. Incluso del informe remitido por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Ambiente surge que no tienen registros de marcadores de asistencia ni del imputado ni de la denunciante (oficio Nº 384/23 de fs. 119), cuestión, claro está, valorada por la Sra. Jueza (ver considerandos de fs. 147vta.) En análisis del segundo agravio, relativo a la omisión en la valoración de la prueba del perito de parte Lic. J.I.S., entendemos que el mismo no puede prosperar, debiendo ser desestimado, atento que la propia Sra. Magistrada se ha expedido en el sentido de que “…No pasa inadvertido a esta juzgadora, las conclusiones enfrentadas a las de los Peritos Oficiales, ofrecidas por el Perito de parte, licenciado J.O.S., Sin embargo, es justamente la compatibilidad de las conclusiones arribadas por los profesionales intervinientes del Cuerpo Pericial de psicología del TSJ con los restantes elementos que integran el cuerpo probatorio, lo que autoriza a apartarme de las indicadas por el perito no oficial…” (textual, ver fs. 147, 4to. párrafo),. Es decir que amén de citar el contenido de las diferentes conclusiones periciales hubo de valorarlas y, llegado el momento, hubo de sopesarlas con el resto de las probanzas recopiladas, lo cual le permitió arribar a una resolución de mérito cargoso.-
Cabe traer a colación lo que tiene dicho la jurisprudencia en el sentido que "...el tribunal es soberano en la valoración de la prueba aun cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos... y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, igualmente que la prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones de los peritos si sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen... El criterio de valoración de las citadas pruebas por el juez, será el de la sana lógica o sana crítica, lo que se traduce en una valoración amplia de todo el plexo probatorio..." (CNCCorr., Sala V, 26-5-97). - Sobre las alegadas pruebas que operan a favor de la inocencia de su asistido, entre las cuales menciona lo que surge de la declaración indagatoria, básicamente postulando que los hechos no sucedieron, entre otras cosas en razón que nunca se encontraba solo con la niña, y que por tanto la situación no podría concretarse; dichas cuestiones a la luz de las pruebas citadas no aparecen como desincriminantes, sino más como un mero disenso.-
Es por ello que en relación al agravio genérico esbozado referente al insuficiente caudal probatorio recolectado en autos, de la lectura de las presentes actuaciones entiende esta sede judicial, contrariamente a lo señalado por la apelante, que existe prueba de mérito suficiente para confirmar la resolución.-
Ello por cuanto no debemos olvidar que el legajo tuvo origen en la denuncia presentada por A.A.P. ante la Comisaria de la Mujer y la Familia de esta ciudad capital el día 12 de Octubre del año 2020, obrante a fs. 1/3, dando cuenta que el día anterior, en horas de la noche, su hija S.A.B. le comentó que su ex pareja L.E.L. cuando ella tenía ocho años, y convivían con él en el domicilio de la calle Europa de esta ciudad, la habría tocado y la amenazaba diciéndole que si decía algo iba a matar a todos, refiriéndose a la denunciante y sus hijos.- Por otra parte se advierte que el auto de procesamiento no se fundamenta en exclusividad en el contenido de la denuncia. Tal es así que la Sra. Jueza no se limita en la resolución a desarrollar el contenido de lo expresado por la denunciante.- Tuvo en consideración el resto del plexo probatorio, es decir pruebas tales como copia de actuaciones obrantes en la causa “Tercero denunciante c/ L.L.E. s/ Medidas de Abordaje Intrafamiliar” Expte. Nº 1543/16 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº 1 local (fs. 06/17 y 28/58); declaraciones testimoniales de P.A.P. y A.P.C. (fs. 66/67 y 78/vta., en ese orden); informe del Cuerpo Pericial de Psicología llevado a cabo en la persona de la niña pretensa víctima (fs. 82/84); registro de entrevista a la niña S.A.B. en DVD reservado en secretaría; Oficio Nº 833/21 del Cuerpo Pericial de Psicología conteniendo informe psicológico practicado al imputado (fs. 100/102); informe confeccionado por el perito de parte L.S. en razón de pericia practicada al Sr. L.E.L. (fs. 104/107); entre otras circunstancias.- Estas connotaciones son las que fueron tenidas en cuenta por la Sra. Magistrada al momento de resolver la situación procesal del imputado, tal como luce en el punto I de los considerandos de la Resolución.-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor del hecho que le fuera impuesto. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que el delito aquí denunciado es de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos. Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por la propia víctima sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.-
Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).- En este caso, contamos con el relato directo de la propia presunta víctima, debiéndose adicionar que el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de las víctimas de los hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- No se advierten contradicciones entre lo declarado por la presunta víctima ni tampoco lagunas sobre detalles fundamentales que hacen a la existencia del hecho imputado. No podemos dejar de mencionar que este contexto fue tomado en cuenta y analizado por la Sra. Jueza en el auto apelado.-
Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso. El imputado fue enrostrado del hecho en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la presunta víctima en su declaración, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.-
Es que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sra. Jueza ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Así, meritó los contestes testimonios recabados, el resultado del informe psicológico que le fuera practicado a la pretensa víctima y la documental obrante (ver fs. 142vta/148 de los Considerandos).-
Es decir, que contrariamente a lo sostenido por la apelante, la resolución puesta en crisis es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas.-
No se advierte que los testimonios recolectados contengan contradicciones, más bien todo lo contrario.-
Asimismo la Sra. Jueza hubo de valorar las consideraciones de las profesionales intervinientes en la pericia psicológica que le fuera practicada a la pretensa víctima, quienes, tras entrevistarla bajo una modalidad conteste con protocolo NICHD, hubueron de consignar las pertinentes conclusiones, entre las que se destacan que: “…el relato brindado por S. cuenta con criterios de fiabilidad…Al momento de la presente instancia de evaluación, no se observan en el relato desplegado por S. indicadores específicos que den cuenta de mendacidad o inducción por parte de un tercero…” (fs. 82/83).- Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por la denunciante en mérito a lo anteriormente analizado.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado al imputado: delito contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima por las circunstancias ya señaladas.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en el que el hecho habría acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.- En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.- Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la Jueza A quo.-
Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos. Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “Marcus, Alejandro Fabián Rubén”; 10/11/2008 Cita Online: AR/JUR/17536/2008.- En relación a la suficiencia de la prueba para el dictado del procesamiento, en un caso grave como el que nos ocupa, incluso en una etapa de casación más avanzada a la que transita esta causa, fueron valorados por un Alto Tribunal elementos similares a los agregados en autos, llegando en este antecedente a rechazar un recurso de casación. Al respecto se dijo: “El recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de abuso sexual agravado por la calidad del sujeto activo y por la situación de convivencia debe ser rechazado, pues los argumentos recursivos evidencian una disconformidad con el pronunciamiento del Tribunal del Juicio y no un ataque fundado contra aquél, ya que los reproches se dirigen más bien a una negación ilógica de las probanzas que a demostrar la arbitrariedad en el razonamiento del juzgador que se basó tanto en los testimonios de la víctima y en los informes psicológicos realizados sobre aquella, los cuales dan cuenta que no presentaba pensamientos fabulatorios o imaginativos, lo que conjugaba para la gravitación de la credibilidad de su testimonio.” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes; 12/02/2015; “E., M. A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado por la calidad de guardador y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años dos veces reiterada (tres hechos) y abuso sexual por acceso carnal doblemente calificado por la calidad de guardador de la víctima y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años s/ concurso real”; LA LEY 05/06/2015, Cita Online: AR/JUR/187/2015).- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de extrema vulnerabilidad en la que se habría encontrado la persona al momento del hecho que se denunciara.-
La resolución atacada evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, la resolución atacada violatoria de los derechos de defensa, que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado L.E.L. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Por último la defensa cuestiona el embargo dispuesto por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) a su asistido, argumentando que su defendido no posee capacidad económica, que la suma es excesiva, debiendo reducirse el monto del embargo sobre sus bienes.-
Ahora bien, en este punto debo decir la reducción solicitada no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada (en el apartado IV) de los considerandos) ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación del imputado en el mismo, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- Por otro lado, no debemos perder de foco la gravedad del delito investigado y el tiempo trascurrido desde que se dictó la medida con los altos niveles inflacionarios, razón por la cual el monto no se vislumbra como inadecuado.-
En orden a lo expuesto y a las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos doscientos mil ($ 200.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.-
En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 142/149 de estos autos, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación web.-
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia