Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, rechazaremos este agravio.
Finalmente, no podrá prosperar el planteo relativo a que la valoración del testimonio de la menor fuera insuficiente, pues –según dice- no se habría efectuado un análisis concreto de coherencia interna, su persistencia en el tiempo, su evolución narrativa, los lapsos temporales entre los hechos y su revelación, ni la influencia de terceros en la construcción del discurso.
Que, este planteo, muy a nuestro pesar, no desentona con el resto del recurso incoado, pues desconoce abiertamente los antecedentes dictados en supuestos tan sensibles como el que nos ocupa. En este sentido, y por citar un ejemplo, el máximo tribunal de la provincia de Catamarca, tiene dicho: “La genérica alusión a la vulneración de la garantía constitucional de defensa en juicio resulta insuficiente para cuestionar la declaración de la víctima en cámara Gesell, toda vez que el acta de visualización incorporada al expediente no fue discutida, y no puede perderse de vista que en los delitos sexuales el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental, pues suceden en ámbitos privados sin testigos, y no existen elementos que lleven a dudar de la sinceridad de lo atestiguado por la menor ocho años de edad…” (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca; 06/09/2017; L., H. A. s/ abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía - Antinaco – Tinogasta; LLNOA2018 (febrero), 8; Cita Online: AR/JUR/89406/2017). …
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.13 07:36:12-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER Adriana Inés TOMO CLIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.13 07:36:40-03'00' REGISTRO Nº 10.017 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 187/191 PROT. ELECT. JR101 164I.261 Río Gallegos, 13 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada: “S.M.F.A. Y OTRO S/ ABUSO SEXUAL REITERADO C/ ACCESO CARNAL AGRAVADO Y ABUSO SEXUAL SIMPLE” Expte. Nº 12.520/24, Apelación Nº 10.130/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 202/211 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.F.A.S., en orden al delito de “abuso sexual con acceso carnal a una persona menor de trece años reiterado, doblemente calificado por haber ocasionado un grave daño en la salud de la víctima y por haber sido cometido por una persona afín en línea recta, hermanos” (art. 119, cuarto párrafo, inc. a) y b) del Código Penal), quedando comprendidos los hechos acontecidos entre el 01 de junio de 2019 en adelante, y hasta 04 de marzo de 2023.
Que a fs. 214/216, la defensa técnica apeló dicho auto - motivándolo-; a fs. 223 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en su presentación.
En primer término, el recurrente sostiene que el plexo probatorio que sustenta el auto apelado, resulta insuficiente para tener por acreditado el hecho ilícito y la responsabilidad atribuida a su asistido, motivo por el cual, entiende que el pronunciamiento carece de fundamentación. En particular, esgrime que, más allá de la denuncia, las pericias psicológicas y la entrevista en Cámara Gesell, no existen otros elementos probatorios o indicios claros, precisos y concordantes que demuestren la participación del imputado en el hecho endilgado. En esa dirección, el recurrente advierte un déficit en la determinación fáctica de la imputación, pues –según dice- el pronunciamiento reconoce que los hechos atribuidos habrían ocurrido “en fechas no determinadas fehacientemente”, ubicándolos dentro de un extenso período temporal que se proyecta durante varios años. Dice que ello impide reconstruir adecuadamente los hechos, identificar contextos específicos, ubicar circunstancias verificables, y ejercer una defensa material eficaz.
Al respecto, cuestiona la imputación, pues a su juicio estaría formulada genéricamente, sin delimitación precisa de episodios, sin determinación del número de hechos, y sin una descripción circunstanciada que permita controvertirlos, todo lo cual, en palabras del recurrente, afecta directamente el derecho de defensa y el principio de congruencia, pues se vería imposibilitado de oponer versiones alternativas, o aportar elementos concretos, frente a una imputación abierta e indeterminada.
En otro orden de ideas, ya referido a la prueba, explica que un perito puede declarar sobre si el niño presenta las características del síndrome de abuso sexual, y dar su opinión acerca de si ese niño ha sido víctima de abuso, aunque, a su criterio, no hasta el punto de declarar si el niño dice la verdad o no.
También cuestiona que el procesamiento se apoye en el relato de la víctima y los informes periciales psicológicos, pues señala que el dictamen no es vinculante, y el juez debe formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante la instrucción, y no sobre las conclusiones del perito.
En ese mismo aspecto, la defensa critica que el auto apelado se funde en la reiteración del relato de la presunta víctima en distintos ámbitos, sin que se hubiera corroborado objetivamente; tales como: constataciones médicas compatibles, evidencia física, testigos presenciales ni datos periféricos independientes que respalden la hipótesis acusatoria.
Por otro lado, advierte que la valoración del testimonio resulta insuficiente, pues señala que no se habría efectuado un análisis concreto de coherencia interna, su persistencia en el tiempo, su evolución narrativa, los lapsos temporales entre los hechos y su revelación, ni la eventual influencia de terceros en la construcción del discurso. De otro lado, cuestiona que no se hubiera acreditado el grave daño en la salud de la víctima, mediante una pericia psiquiátrica concluyente o un diagnóstico clínico determinado, para aplicar la agravante. En línea generales, reprocha la valoración de la prueba pues, a su criterio, sería unilateral, sin análisis de escenarios alternativos, ni consideración de circunstancias que pudieran relativizar la conclusión alcanzada.
I. Pues bien, analizados los agravios impetrados, adelantamos, serán desestimados.
En efecto, de la lectura de los planteos esgrimidos, se advierte que todos se encuentran completamente alejados de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país (v.gr. Convención de Belem do Pará), la normativa específica interna (ley 26485), y los postulados jurisprudenciales imperantes sobre la materia (no sólo de los criterios emanados de los tribunales nacionales, sino, los adoptados por esta alzada, que ya se ha pronunciado largamente acerca de los cuestionamientos aquí incoados por el recurrente).
En tal sentido, entendemos, yerra la defensa al señalar que los elementos valorados por el magistrado para el dictado del procesamiento resulten insuficientes, pues –en los tiempos que correndeviene por demás excesivo, y hasta poco serio, exigir testigos presenciales de los hechos en este tipo de delitos, pretendiendo que el testimonio de la pretensa víctima –aun rodeado de otros elementos corroborantes-, no baste para fundar el auto de mérito.
Más aun, se advierte una clara intención dilatoria en sus infundadas críticas, pues el apelante no puede desconocer los recientes fallos nacionales acerca del valor de los dichos de la víctima en hechos como los de autos.
En el caso, el magistrado juzgó que el relato de la damnificada en cámara gesell (fs. 114/115 vta.), el informe de psicodiagnóstico (fs. 112/113), sumado a los dichos de la denunciante (fs. 05/06 vta.), por citar los más significativos, resultan suficientes elementos para atravesar la barrera del art. 289 del CPP; criterio que compartimos. A título de ejemplo, hace más de diez años, elementos como los ponderados en nuestro caso, fueron considerados suficientes para tener por acreditada la hipótesis delictiva y confirmar el procesamiento (véase Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala VI; 10/11/2015; F.J.,J. L.; TR LALEY AR/JUR/51985/2015).
Este criterio, se ha mantenido pacífico e inalterable, al punto que el pasado año, desde esta alzada se dijo: “La apelación del imputado contra el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal debe ser rechazada, pues se considera que existen elementos probatorios suficientes y concordantes para mantener la imputación, valorando especialmente el relato de la víctima y las pruebas psicológicas, y que la investigación debe continuar dado el contexto de vulnerabilidad de la víctima al momento de los hechos.” (Juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz; 15/10/2025; C.J. y Otro s/ Infracción al título III del libro II del C.P.A.; La Ley Online; TR LALEY AR/JUR/169192/2025).
Por otro lado, respecto de hechos como los tratados en autos, se advierte un total desconocimiento de los criterios de esta alzada por parte de la defensa, toda vez que, en cuanto al agravio relativo a que la reiteración del relato de la pretensa víctima frente a distintos interlocutores no pueda constituir prueba en casos como el que nos ocupa, cabe señalar que hace un poco más de dos años, este Juez de Recursos tiene dicho: “El procesamiento se observa como producto de la valoración razonada de los elementos de cargo obrantes en el legajo, encontrándose acreditada en grado de probabilidad afirmativa que la denunciante habría sido abusada sexualmente en diversas oportunidades mediante tocamientos inverecundos en sus partes íntimas y acceso carnal.
La jueza sopesó los testimonios claros, precisos y concordantes de la pretensa víctima, destacando la ausencia de contradicciones y la persistencia del relato frente a distintos interlocutores, todos los cuales resultan ser indicios de sinceridad que robustecen el poder conviccional del relato ofrecido por ésta.” (Juez de Recursos de Río Gallegos; 25/04/2024; O.J.A. s/ infracción al título III del libro II del C.P.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/62203/2024). Así, resulta pertinente recordarle al recurrente, que esta alzada viene sosteniendo el criterio según el cual, corresponde confirmar el procesamiento sobre la base de denuncias concordantes, sin contradicciones y persistencia del relato frente a distintos interlocutores.
A modo de síntesis, en el año 2024 se sostuvo dicho criterio, en los autos caratulados: “L.L.V. s/ Denuncia ", Expte. Nº L- 16.796/23, Apelación Nº 9236/24; "M.C.D. s/ abuso sexual agravado, lesiones agravadas y amenazas", Expte. Nº 79473/24, Apelación Nº 9194/24; “M.M. s/ infracción al título III del libro II del C.P.A.", Expte. Nº 85696/22, Apelación Nº 9293/24; “A.O.S. s/ presunto abuso sexual”, Expte. Nº A-59530/16, Apelación Nº 9126/24; “S.R.J. s/ abuso sexual", Expte. Nº 75905/23, Apelación Nº 9067/24; “Agente Fiscal s/ requiere instrucción”, Expte. Nº 14.921/23, Apelación Nº 9085/24; “Incidente de apelación en autos caratulados: A.R. - denunciante s/ abuso sexual” Expte. Nº I- AR10532/19, Apelación Nº 8966/24, y acumulados por cuerda los autos caratulados: “Incidente de prescripción de la acción penal en autos caratulados: A.R. – denunciante s/ abuso sexual”, Expte.
Nº I-10532/21, Apelación Nº 8988/24, por citar algunas de las tantas causas en las que efectuamos ese señalamiento.
En particular, ese mismo año, siendo el aquí recurrente el defensor técnico del imputado, sostuvimos este criterio en los autos caratulados: “N.J.O.D. – denunciante- s/ abuso sexual”, Expte. Nº 12.181/23, Apelación Nº 9242/24, vale decir que el apelante no puede desconocer de antemano, que el planteo aquí intentado no prosperará. Continuando, ya en el año 2025, se mantuvo el criterio en los autos caratulados: “Oficina de Violencia Doméstica s/ remite actuaciones por infracción al título III del C.P.A. (P.C.A.-causante)”, Expte. Nº 11850/22, Apelación Nº 9882/25; “Fiscalía Pto. Sta. Cruz s/ Req. instrucción (R.)” Expte. Nº 3611/19, Apelación Nº 9887/25; “T.E.I. s/ infracción al título III del libro II del C.P.A.”, Expte. Nº 89054/23, Apelación Nº 9809/25; "A.A. S/ Presunta Inf. Art. 119 C.P.”, Expte. Nº 8265/23 - Apelación/Causa JR Nº 9686/25; “R.W.A. s/ infracción al título III del libro II del Código Penal” Expte. Nº 30.973/24, Apelación Nº 9744/25, "C.J.A. s/ abuso sexual”, Expte. Nº 79210/24, Apelación Nº 9642/25; insistimos, por citar algunos de los tantos pronunciamientos ya dictados.
Para mayor recaudo, todos estos antecedentes se encuentran en la página del Excmo. T.S.J., de fácil acceso, siguiendo este enlace: https://jurisprudencia.jussantacruz.gob.ar/. Inclusive, como señalamos, mantuvimos este mismo postulado en la causa caratulada: “O.J.A. s/ infracción al título III del libro II del C.P.”; publicada en el buscador de jurisprudencia “Información Legal”, La Ley Online; pudiendo visualizarse su contenido en la pestaña correspondiente al Juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial, con la siguiente cita: TR LALEY AR/JUR/62203/2024.
Por todo lo dicho, es decir por los fundamentos brindados, no haremos lugar a este punto de agravio, solicitando a la defensa encarecidamente se sirva tener a bien abstenerse de formular planteos similares , a los fines de evitar dispendios jurisdiccionales como el que aquí nos convoca, máxime teniendo en cuenta el volumen de carga laboral imperante y la eficiencia que debe primar en el servicio de justicia hacia las partes del proceso.
En idéntico sentido, rechazaremos el agravio del apelante relativo a que se encuentre impedido de ejercer una defensa material eficaz debido a que –a su criterio- el pronunciamiento se habría dictado respecto de hechos ocurridos “en fechas no determinadas fehacientemente”, ubicándolos dentro de un extenso período temporal proyectado durante varios años.
Precisamente, en relación a la intimación que se debe dirigir al encartado en el acto de declaración indagatoria, la doctrina señala: “En lo que hace al cuándo del hecho, la descripción de la imputación no puede obviar la mención de la ubicación en el tiempo del comienzo y cese de la conducta investigada o, por lo menos, de todas las circunstancias referidas a la temporalidad de la acción.” (Romero Villanueva, Horacio J.; Principios de intimación, imputación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; SJA 07/11/2018, 07/11/2018, 309 - Cita Online:
AR/DOC/3348/2018).
En nuestro caso, se ha cumplido con la referida exigencia pues, aun cuando no se mencionó un día y hora determinado, se ha proporcionado al incuso, en lo posible, todas las circunstancias relativas al tiempo en que podrían haberse suscitado los hechos, para que este pueda ejercer su derecho de defensa (v.gr. la edad de la niña, hoy adolescente). Por otro lado, no debemos olvidar que –al iniciarse los presuntos abusos-, la pretensa víctima habría contado con tan sólo siete (07) años de edad, motivo por el cual, no se puede exigir que la niña recuerde los días precisos en que se producían estos hechos. Así lo entiende la jurisprudencia de nuestros tribunales, al sostener: “No puede pretenderse que una niña de siete u ocho años realice un relato memorando fechas, horas y demás detalles menores que, resultan superfluos ante la contundencia global de sus dichos. Además, la menor no manifestó contradicciones y -en todo momento- situó temporal y espacialmente la comisión de los abusos, indicando que ocurrieron varias veces a lo largo de mucho tiempo…” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; Sala I; 20/10/2021; M.M. c. M.Á., F. s/ abuso sexual - art. 119 2° párrafo y corrupción de menor de 13 años; RDP 2022-2, 120; Cita: TR LALEY AR/JUR/163054/2021).
Este mismo criterio fue adoptado por esta alzada en los autos caratulados: “A.M.M.I. s/ abuso sexual agravado”, Expte. Nº A- 80930/25, Apelación Nº 9977/25.
También recordemos que la “Guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual”, al respecto, aconseja: “… en los casos de violencia ocurridos tiempo atrás se suelen ubicar épocas en vez de fechas. Asimismo, es necesario vincular la existencia de esas conductas de violencia con situaciones concretas, cotidianas y recordables en la vida de la niña o el niño (cumpleaños, fiestas escolares, vacaciones, estaciones del año, etc.). Ante esto, no se deberían requerir precisiones tales como el momento y las circunstancias de cada hecho padecido, así como tampoco el número exacto de hechos, tal como sucede con otras figuras delictivas, salvo en hechos únicos y recientes cometidos contra niñas o niños mayores de 8 años.” (Guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual; 3- Investigación Judicial; A- Entrevista de declaración testimonial; pág. 56).
Por lo expuesto, rechazaremos este agravio.
Finalmente, no podrá prosperar el planteo relativo a que la valoración del testimonio de la menor fuera insuficiente, pues –según dice- no se habría efectuado un análisis concreto de coherencia interna, su persistencia en el tiempo, su evolución narrativa, los lapsos temporales entre los hechos y su revelación, ni la influencia de terceros en la construcción del discurso.
Que, este planteo, muy a nuestro pesar, no desentona con el resto del recurso incoado, pues desconoce abiertamente los antecedentes dictados en supuestos tan sensibles como el que nos ocupa. En este sentido, y por citar un ejemplo, el máximo tribunal de la provincia de Catamarca, tiene dicho: “La genérica alusión a la vulneración de la garantía constitucional de defensa en juicio resulta insuficiente para cuestionar la declaración de la víctima en cámara Gesell, toda vez que el acta de visualización incorporada al expediente no fue discutida, y no puede perderse de vista que en los delitos sexuales el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental, pues suceden en ámbitos privados sin testigos, y no existen elementos que lleven a dudar de la sinceridad de lo atestiguado por la menor ocho años de edad…” (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca; 06/09/2017; L., H. A. s/ abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía - Antinaco – Tinogasta; LLNOA2018 (febrero), 8; Cita Online: AR/JUR/89406/2017).
Y es relevante el fallo transcripto, pues se ha dicho en una etapa mucho más avanzada del proceso que la que atraviesa nuestra causa, donde sólo se requiere acreditar la probabilidad de autoría del ilícito. Recordemos que “La declaración de la víctima puede integrar la prueba de cargo necesaria para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, pues de otra manera se crearían espacios de impunidad inaceptables.” (Trib. Crim. Nº 4; La Plata; Buenos Aires; D.P.,J.A. s. Abuso sexual con acceso carnal; 24/05/2024; Rubinzal Online; RC J 5549/24).
En nuestro caso, falta a la verdad la defensa al señalar que no se hubiera analizado el testimonio de la pretensa víctima, pues el Cuerpo Pericial de Psicología, a fs. 112/113, señaló que la joven no fabula, se expresó de manera clara y espontánea, observaron detalles característicos de la ofensa, y de su evaluación surge que comprendía la naturaleza de los presuntos abusos de los que fuera víctima.
Por último, entendemos, no resiste el análisis el planteo relativo a la calificación legal atribuida en el procesamiento, pues como hemos dicho en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 9577/25, entre otras tantas, este encuadre resulta provisorio, mutable y no causa estado, motivo por el cual, hemos dicho que –salvo casos excepcionales- la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, pues además, será tratada nuevamente en la oportunidad de los arts. 329 y 330 del CCP.
Por lo antedicho, rechazaremos este último agravio, y confirmaremos íntegramente el auto apelado.
Ahora bien, como señalamos, todos los criterios expuestos se vienen sosteniendo invariablemente desde hace años por esta alzada y, pese a ello, en contraposición al principio de celeridad procesal –y dejando entrever cuanto menos una clara intención dilatoria que operaría en contra de los intereses de su asistido-, se sigue introduciendo en las apelaciones estos infundados agravios (insuficiencia del relato de la víctima, calificación legal, etc.), que se sabe de antemano no prosperarán, por todos los fundamentos legales explicitados precedentemente.
En función de lo expuesto, se exhorta a la Defensoría antes mencionada, a evitar –en lo sucesivo-, sostener los agravios aquí expresados, salvo en aquellos casos que excepcionalmente lo amerite y con fundamento serio y responsable.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 202/211 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia