Abriendo la norma
TOMO: CXXV REGISTRO: 015 FOLIO: 194/203
Caleta Olivia, 29 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “L. U. E. S/LESIONES LEVES AGRAVADAS” Expte. Nº 44837/26, N° de Juzgado de Recursos 8557/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 47/52, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…I.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN prisión preventiva deL. U. E., -Titular del DNI N° **.***.***-, de demás circunstancias personales obrantes en autos, en virtud de lo establecido por el art. 289 y 298 del CPP, por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A LA PERSONA CON LA QUE MANTIENE O HA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA Y HABER MEDIADO VIOLENCIA DE GÉNERO, (Arts. 89 y 92 en función del Art. 80 Inc. 1 y 11del Cod. Penal), decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA PESOS UN MILLÓN ($1.000.000) actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (arts. 499 y ccs del CPP)”
Contra dicha resolución, el Sr. Defensor Público Oficial designado "ad hoc" de Las Heras, interpone recurso de apelación a fs. 55/57, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 64.
En esta instancia es mantenido a fs. 73 por la doctora María Carolina Costes, Defensora P. Oficial ante las Excmas. Cámaras, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que, del examen integral de las constancias de autos, permite advertir que la decisión impugnada arriba a esa conclusión mediante una valoración fragmentaria de la prueba reunida en autos otorgando valor absoluto en una única línea probatoria y omitiendo circunstancias que debieron ser valoradas.
Aclara la defensa que la materialidad de las lesiones no constituye un aspecto central de su agravio, lo que se cuestiona es la suficiencia de los elementos actualmente reunidos para sostener con el grado de probabilidad positiva por el art. 289 CPP la totalidad de las circunstancias agravantes atribuidas al Sr. L. U. E.. Enfatiza que la resolución en crisis se basa principalmente en la declaración testimonial de la víctima y los agentes de policía que intervinieron con posterioridad al hecho, remarcando que no presenciaron el hecho.
Remarca el defensor oficial que la propia víctima en Sede Judicial expresó que no pudo observar con precisión la forma en que recibió el golpe, diciendo que cree que fue impactada con el revés de la mano, alegando que tal circunstancia demuestra que incluso la mecánica del hecho presenta aspectos que no han podido ser esclarecidos.
Afirma el recurrente que la denunciante manifestó en sede judicial que no era su deseo instar la acción penal, además que entiende que el tiempo que pasó L. U. E. en detención resultó suficiente para que comprendiera la gravedad del hecho.
Alude que la resolución en crisis desecha las manifestaciones concluyendo automáticamente que la misma constituye una consecuencia del "círculo de la violencia", sin especificar qué elementos permiten inferir ello.
Reseña que el Juzgado otorgó la inmediata libertad de su defendido, por entender que el mismo se encuentra plenamente sometido al proceso y no existen riesgos procesales, en ese contexto explica que debe ser analizado por el Tribunal de Alzada, a fin de verificar si el estandar de probabilidad requerido para mantener un procesamiento por una figura doblemente agravada se encuentra efectivamente satisfecho o si, por el contrario la decisión recurrida resulta prematura respecto del estado actual de la investigación.
Entiende que la resolución en crisis genera gravamen irreparable por procesar a su asistido por el delito de lesiones doblemente calificadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 CP).
Sostiene luego el apelante que existe insuficiencia probatoria para justificar el procesamiento, explicando que la resolución en crisis fundamenta que la materialidad del hecho y la participación atribuida al Sr. L. U. E. se encuentra acreditada mediante la declaración de la denunciante y las actuaciones policiales posteriores. Expone el apelante que los testimonios de los funcionarios Bahamonde, Ruiz y Delforno, únicamente acreditan circunstancias posteriores al hecho denunciado, limitándose a constatar que la denunciante presentaba una lesión visible y que manifestó haber sido agredida por su pareja, siendo todos testimonios "de oídas" ya que ninguno de ellos presenció el momento en que presuntamente ocurrió la agresión.
Manifiesta la defensa que por otro lado el informe médico únicamente acredita la existencia de una lesión compatible con un golpe pero en modo alguno permite determinar quien la produjo, las circunstancias o la mecánica del hecho.
Insiste así el recurrente, que el procesamiento dictado en autos se sustenta exclusivamente con la versión de la denunciante, teniendo presente que la propia denunciante expresó que no era su voluntad instar la acción penal, agregando que considera que el imputado ya aprendió con los días que permaneció detenido.
Hace especial hincapié en que la resolución recurrida descarta la manifestación de la denunciante y se explaya en el denominado "círculo de la violencia".
En segundo término, expresa el recurrente que existe una incorrecta aplicación del art. 80 inciso 11 del Código Penal, toda vez que aplica el art. 80 inc. 11 del CP sin desarrollar un análisis correcto que permita concluir que el hecho investigado obedeció efectivamente a razones de género.
Resalta la defensa que no toda agresión ocurrida en una relación de pareja configura automáticamente violencia de género, remarcando que el mismo necesita que se acredite una relación desigual de poder, y que la sola existencia de una relación sentimental entre el acusado y la denunciante no habilita por sí sola la aplicación del agravante.
En tercer término, se agravia sosteniendo que existe violación al principio de inocencia y el estándar probatorio exigido para el procesamiento.
Subraya que el juicio de probabilidad positiva de la resolución debe fundarse en una valoración seria, objetiva e integral de todos los elementos probatorios incorporados al expediente, lo que entiende en el presente no ocurre. Considera que la resolución prescinde de valorar el testimonio de la víctima que manifestó haber provocado verbalmente al imputado haciendo referencia al fallecimiento de su padre, aclarando que no se trata de justificar la agresión, sino de poner de relevancia que hay aspectos de la causa que no se han esclarecido lo que impide afirmar con el grado de probabilidad positiva para esta instancia, lo que presenta al procesamiento como prematuro.
Remarca el recurrente que el principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, los arts. 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigen que toda duda razonable sea resuelta a favor del imputado y que las decisiones restrictivas de derechos cuenten con una fundamentación especialmente rigurosa, no resultando la resolución en crisis adecuada al estándar constitucional de motivación exigido para un procesamiento penal, solicitando se revoque ordenándose la profundización de la investigación.
Alega que el fundamente jurídico para su apelación se encuentra en el art. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., art. 8.2 de la CADH y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 289 CPP.
Señala a estándares doctrinarios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
En primer término, y toda vez que ello no ha sido cuestionado por la defensa, se encuentra acreditado que el día 01 del mes de julio de 2026, a las 12.40 hs, aproximadamente, la Sra. J. B. L. y el Sr. L. U. E., se encontraban en el domicilio sito en DIRECCION_1 de la localidad de Las Heras.
Asimismo surge que, en ese contexto de tiempo y lugar, se desencadenaron los hechos motivo de instrucción en los presentes, ya que tampoco ha sido motivo de agravio por la defensa, al igual que la lesión provocada en el rostro de la Sra. J. B. L., restando, así analizar el modo comisivo en que ocurrieron los hechos.
Hasta aquí, todos los testimonios vertidos en la causa, resultan coincidentes y no han sido motivo de controversia alguna.
Respecto del cuestionamiento de la defensa en cuanto al testimonio de la víctima, debo advertir que el mismo se mantiene incólume en lo central de su relato respecto a cómo se produjo la lesión, a lo largo de las distintas declaraciones recabadas.
Así relató lo sucedido la víctima Sra. J. B. L., al ser citada a prestar declaración testimonial, en Sede Policial (fs. 8) "... Circunstancias que me encontraba en el interior de mi domicilio sito enxxxxxx N° ***de esta, momentos en que me hallaba en el dormitorio comenzó una discusión con mi actual pareja L. U. E. ... quien refirió a que le molesta que mi bebe L. B. de 08 meses de edad se encuentre enfermo y por ese motivo este llore, tornándose la discusión y los insultos cada vez más agresivos y en un instante en el cual me agache en cercanías a la cama a los fines de buscar guardapolvos de mi niña B. L. de 06 años de edad, mientras alistaba a mi niño L. C. N. de 03 años de edad, L. U. E. procede a propinarme un golpe de de puño en el rostro, impactando contra mis labios y generándome herida sangrante en los mismos como así gran dolor en la dentadura, por lo que me encerré en el baño, en razón de esto mis niños comenzaron a llorar...".-
Adviértase, que el momento de la agresión fue descripto por la víctima en igual forma, aunque en una segunda instancia, cuando fue citada a Sede Judicial, la misma buscó justificar el golpe recibido en una provocación verbal anterior de su parte hacia el denunciando que en nada cambia el resultado.
Así manifestó al ser citada a judicializar su declaración testimonial la víctima . J. B. L., (fs. 24/25) "... el hecho ocurrió el 01 de julio del corriente año a las 12.45 hs. Ese día me encontraba en el domicilio declarado anteriormente, tuvimos una discusión con mi pareja en ese momento -actualmente ex pareja- con el que mantuve una relación de 8 meses, L. U. E. de 26 años, donde en medio de la discusión yo grité él también, él se retiró a la pieza para prepararse porque se iba a la casa de su madre y en ese momento le dije algo que sabía lo iba a sacar de su eje, ya que hace poco falleció su padre y yo le dije algo con respecto a esto y hasta el día de hoy me arrepiento de haber dicho eso. ... yo fui hacia el dormitorio a buscar el guardapolvo de una de mi hija de 6 años B. N. L. ... Seguidamente me incliné a los pies de la cama para buscar el guardapolvos y sentí el golpe, no pude ver con precisión pero creo que fue con el revés de la mano, el cual golpeó la zona de la nariz y el labio, ante esto me asusté ya que estaba sangrando y me dirigí al baño para limpiarme la cara ...".-
Nótese que, en ambos relatos, el momento del golpe físico es descripto en igual forma por la denunciante, no hay variación en cuanto al lugar, el momento y el modo en que la agresión se produjo.
Así también, en la declaración testimonial del Oficial Subinspector Nicolás Gabriel Bahamonde, expresó (fs. 25) "... Nos comisionamos en el domicilio con mi compañero Oficial Ayudante Ruiz Tomás, una vez allí nos abre la puerta de la vivienda el femenino L. y nos invita a pasar, ... al preguntarle que le había sucedido ahí fue que respondió que su pareja hubo de agredirla, el cual se encontraría en el dormitorio, ante esto nos dirigimos hacia el dormitorio donde se encontraba el ciudadano L. U. E. ,, al cual le preguntamos lo sucedido y ante esta pregunta se puso nervioso, en donde procedemos a reducirlo, el cual no se resistió ..." a su turno el Oficial Ayudante Tomás Gabriel Ruiz, dijo (fs. 31) "... al llegar al domicilio notamos que era un complejo de departamentos, por lo que procedimos a golpear en el departamento N° 1 , donde fuimos atendidos por la ciudadana J. B. L. la cual presentaba lesión en la parte media del labio superior ... le consulto que era lo que le había sucedido en el rostro y manifestó que había sido golpeada por su pareja el Sr. L. U. E., el cual se encontraba en la única habitación con la que cuenta el inmueble. Al dirigirnos al dormitorio vimos el masculino, guardando un par de cosas en su mochila particular, y procedimos a la aprehensión del sujeto ...".-
Citada a prestar declaración testimonial la Agente de Policía Florencia Yamila Delforno, expresó (fs. 30) "... Ese día recibo un llamado de mi cuñada Z. C. de 16 años de edad ... manifestándome que escuchaba gritos en el departamento de al lado. Seguidamente una de las hijas de la vecina ... le va a pedir un cigarro a mi cuñada, pero era una excusa para decirle que su mamá estaba con sangre, a lo que mi cuñada Z. me llama por teléfono y me comenta la situación, ante esto informo inmediatamente a la guardia de la comisaría la Escribiente Vargas Roxana, ya que yo me encontraba en servicio ese día ... PREGUNTADA: Para que diga si sabe si su cuñada Z. a presenciado o escuchado alguna otra agresión anteriormente.
CONTESTA: Mi cuñada solo me comentó que se escuchaban gritos y golpes con frecuencia ya que la separación entre departamentos es por una pared de durlock. ...".-
En este punto, puedo observar que los testimonios de quienes llegaron en primer término a auxiliar a la víctima, son contestes en la escena que encontraron en el lugar y la Agente Delforno, ha expresado que según los dichos de su sobrina, vecina lindante con la denunciante y el denunciado, eran habituales los gritos y golpes provenientes del domicilio, lo que marcaría la situación de violencia doméstica recurrente en la que se vería inmerso el núcleo familiar.
De ello, se puede concluir que la agresión mediante un golpe existió, toda vez que el mismo, tampoco fue motivo de agravio por la defensa que apeló a distintas explicaciones respecto del modo comisivo del mismo y cuestionó que la única declaración testimonial del momento de la discusión era de la denunciante, siendo que los demás testigos llegaron luego de que todo ocurriera. Claro está que, el momento en que se producen este tipo de hechos, suele ser en la intimidad del hogar y en soledad, va de suyo que no se hace a la vista de otras personas, donde suele mantenerse la calma y la armonía frente a la mirada ajena.
En cuanto a que la víctima fue la única testigo debo recalcar lo dicho en los autos caratulados “G. L. D. C. S/Denuncia ” Expte. Nº 15.587/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, donde sostuve que: "El testimonio de la víctima, en casos como el que nos ocupa, cobra un valor probatorio fundamental, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar convicción. Ello no puede ser nunca óbice para acreditar o desacreditar un hecho prima facie. Como es unánime la doctrina procesal, y en especial los nuevos enfoques procesales cuando tratan sistemas adversariales, la cantidad de prueba no es sinónimo de hecho probado. En nuestro sistema impera la valoración de la sana crítica racional, es decir que se debe explicar racionalmente, por que se entiende probada una causa y por qué no, en su caso. Pero estamos en un sistema de libertad probatoria, no existe prueba tasada ni se exigen mínimos probatorios (dos o tres testigos, prueba pericial, etc.) para tener por acreditado un hecho. Puede haber una testigo víctima que señale que fue lo que le sucedió, y el juzgador desarrollar un análisis contextual y de los hechos, sumado a otra evidencia, y definir la situación procesal de una persona. El valor probatorio del testimonio de la víctima ha sido resaltado por la CIDH en numerosos precedentes entre los que cabe destacar “Fernández Ortega y otros vs. México”, y “Rosendo Cantúy otros vs. México”, entre otros. Y ello se aplica no solo a la exigencia de probabilidad positiva como en el caso de marras, sino y además al momento de dictar sentencia. La certeza se basa en el convencimiento que genera el análisis directo que surge de la prueba y de su calidad, no es su cantidad.".-
En otro punto, resalta la defensa que la víctima manifestó en Sede Judicial que no era su deseo instar la acción penal.
Debo advertir que si bien es cierto que la denunciante al judicializar su declaración no instó la acción penal, si lo hizo en Sede Policial, en donde la Sra. J. B. L., manifestó (fs. 8) "... PREGUNTADO: Para que diga si es su deseo instar la acción penal por las lesiones sufridas. CONTESTA: "... Si es mi deseo instar la acción penal por las lesiones sufridas. ...".-
Es sabido en la jurisprudencia que una vez instada la acción penal es deber del fiscal continuar con el impulso procesal instando la acción, no obstante el arrepentimiento de la víctima, máxime en cuestiones de violencia a género en que el círculo propio de la violencia hace que se reitere el mismo ciclo una y otra vez, pasando por tiempos de calma y acumulación de tensión, su desencadenamiento en un episodio de violencia extrema y nuevamente la calma y enamoramiento, por ello tal retractación no puede ser valorada procesalmente. En los autos caratulados “DIV. CRIA 1º S/Inv. LES. EN ACCID. DE TRÁNSITO” Expte. Nº 27540/20, N° de Juzgado de Recursos 6389/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Como cuestión previa debo señalar que durante mi ejercicio en el Ministerio Público Fiscal a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Nro. 2 de Caleta Olivia, tuve oportunidad, entre otras, en la causa "Juzgado de Instrucción Nro. 2 S/ Investiga ", expte. nro. 25.804/20, de desarrollar mi posición en casos en donde la libertad de instar o no instar la acción penal fuera una en sede policial y otra en sede judicial, existiendo contradicción entre ambas, es decir que tanto en sede prevencional se inste como no la acción penal y que lo mismo suceda en sede judicial, pero reitero en sentido contrario.Partí mi análisis sentando y señalando que era una cuestión discutible.
Señalé que la práctica judicial implicaba que en este universo de casos (delitos de instancia privada) se interrogaba en dos ocasiones a una persona sobre su decisión de instar o no hacerlo, la acción penal, ante dos órganos distintos del Propio Estado Provincial con competencias atribuidas en el proceso penal, lo que evidenciaba por parte de la autoridad jurisdiccional una cuestión cuasi-irracional, pues si se consideraba que sólo bastaba la instancia en sede policial o su falta de instancia, no se entendía ni explicaba la racionalidad, procedencia y pertinencia de la pregunta. Allí entendí que frente a la franca contradicción de una persona, la cual frente a distintos órganos del mismo Estado Provincial encargados de intervenir en el proceso penal, emite un juicio del cual luego se retracta, que debía, por las características del proceso penal, otorgar validez a la decisión que se hacía frente al órgano jurisdiccional, pues reitero, había una contradicción respecto de la procedencia o improcedencia de la acción penal, y por algo la autoridad judicial reiteraba el interrogante.
En la misma causa, la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, la cual entiende que es hábil la expresión de voluntad manifestada por primera vez, allende sea en sede prevencional o judicial, por parte de la persona víctima de un delito dependiente de instancia privada, sin que sea relevante su posterior manifestación con contrario, ordenó la remisión del copias de las actuaciones al Sr. Fiscal que actúa por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia. El Sr. Fiscal por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia realizó un análisis pormenorizado de las piezas remitidas por la Excma. Cámara Criminal y emitió un comunicado a todos los Fiscales de la Provincia (Oficio 61/21 de fecha 14 de septiembre de 2021), haciendo saber que la instancia de la acción penal o su falta de instancia, era válida la prestada por primera vez, más allá del órgano frente al cual se realiza, de manera coincidente con el criterio sostenido por la Excma.
Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial. Es decir y para ser precisos, en palabras textuales del Sr. Fiscal por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia "...una vez instada debidamente la acción penal y tratándose de un delito de acción pública, toda manifestación posterior de la víctima resulta irrelevante a los efectos de tener por desistida la acción." Demás esta señalar que conforme surge del artículo 6 del CPP. siendo la acción penal pública ejercida por el Ministerio Público Fiscal, y el Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia quien por el principio de jerarquía puede emitir directivas de alcance general, sumado a que dicha posición impactó sobre todo el Ministerio Público Fiscal de la Provincia (unidad de acción) y la clara posición de la Excma.
Cámara Criminal quien tiene jurisdicción en donde el suscripto ejercía como Fiscal, es que varié mi postura, basado no solo en el principio de jerarquía, sino y además, en la necesidad que existía de zanjar una contradicción, y la decisión tomada por el Sr. Fiscal ante el Tribunal así lo hacía, aunque no tuve oportunidad de volver a expedirme sobre dicha cuestión siendo Fiscal de grado. Por todo ello, entiendo que la instancia de la acción o su falta de instancia, cuando es interrogada la persona por primera vez ante un organismo con competencia para hacerlo, es la que debe tenerse presente a los fines de evaluar la prosecución de la acción penal pública. El interrogante sobre la instancia de la acción penal en sede judicial solo debería realizarse cuando la denuncia o la declaración se formula y presta ante el propio Juez o cuando iniciada una causa en sede policial o recepcionada una denuncia por un organismo autorizado para tal fin (vgr.
Fiscalía, OVD, etc.) se ha omitido interrogar a la persona denunciante sobre dicho tópico, para evitar planteos como el de autos. Lo expuesto no implica cercenar la libertad de expresión de las personas, pues podrán manifestarse libremente, derecho que debe serle garantizado. En síntesis, una vez instada la acción penal, la retractación que haga la víctima sobre la misma no tiene valor jurídico procesal para variar la primer decisión adoptada, allende la sede en que la misma se hubiera hecho. Y conforme el principio de paralelismo de las formas, igual economía procesal hay que aplicar cuando la decisión de la víctima es la de no instar la acción penal, es decir que su retractación posterior no tiene efectos jurídicos procesales para variar la decisión libre adoptada oportunamente.
Finalmente y va de suyo, deberá siempre tenerse en cuenta, en cada caso, los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 72 del C.P. modificado por la ley 27.455. Todo lo expresado lo es con el marco actual de la legislación de fondo y de nuestra legislación procesal penal en particular.".-
Continuando con el análisis de los agravios defensista, señala el recurrente que la víctima manifestó en su declaración testimonial en Sede Judicial, que "el imputado ya había aprendido", y que ello no se había tenido en cuenta.
En principio debo remarcar que, como bien resalta la defensa oficial, la denunciante así lo expresó (fs.24 vta.) "... PREGUNTADO: Para que diga la testigo si es su deseo instar la acción penal por las lesiones sufridas. CONTESTA: No, no es mi deseo instar la acción penal, creo que con los días que estuvo detenido ya aprendió que no se le debe levantar la mano a una mujer. ...", desde luego que ello no puede ser valorado irrestrictamente, toda vez que resulta ser una expresión en su intento por exculpar al denunciado.
En otro orden, cuestiona la defensa el agravante dispuesto, por el art. 80 inc. 1 y 11 del CP, en este punto, teniendo en consideración que víctima y victimario tenían al momento del hecho una relación de pareja y que de la simple lectura de las declaraciones testimoniales de la denunciante surge esa relación desigual de poder entre los mismos, entiendo que la calificación fue correctamente aplicada.
En los autos caratulados “A.,S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES,AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género. Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello.Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica. Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica.
El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal.Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretesto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra. De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados almismo. El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorio que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofíciso tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia.
La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón. A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, está caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual).
Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género. Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo).Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos estan fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos estan surcados por el discurso patriarcal.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentarioo, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que esta en el centro del análisis si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional- Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactúan en el sistema...".- Asimismo, en lo que respecta al agravante del artículo motivo de controversia, en los autos caratulados “A.
C. J. S/Lesiones R/ VÍCTIMA” Expte. Nº A-31911/21, N° de Recursos 6442/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Respecto a la segunda cuestión, centrada básicamente en la pretensión de desestimación de la agravante decretada por el a quo en cuanto la situación de violencia de género Art. 80 inc. 11 del C.P. por la que la víctima ha pasado, debo señalar decir que no concuerdo con la defensa al respecto. Como introducción a lo expresado, débese señalar que hay en autos, como bien lo señala el A quo, concurrencia de calificantes. Tanto las del Art. 80 Inc. 1° como las del mismo artículo inciso 11°. El primero exige la existencia, actual o anterior, de una relación de pareja, haya o no mediado convivencia, hecho que ha sido corroborado por la víctima y el imputado y no ha sido controvertido por la defensa.
Ahora bien, respecto de la segunda calificante referida al inciso 11 del Art. 80 del C.P., en autos se acredita la existencia de violencia de género. En los autos caratulados “A., S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES,AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género. Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello.Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica.
Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica. El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal.Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretesto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra. De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados almismo.
El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorío que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofísico tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia. La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón. A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, está caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual).
Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género. Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo).Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos estan fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos están surcados por el discurso patriarcal.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentario, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que está en el centro del análisis si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional- Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactúan en el sistema...".- Es claro que para verificar la existencia de violencia de género, no hay que establecer una práctica de actos de violencia física, sin perjuicio de lo cual ello es un indicador de su existencia.
Un solo acto de agresión psicofísica es susceptible de ser considerado violencia de género, si se dan las características señaladas en el párrafo precedente. El contexto de la relación es lo que enmarca la violencia de género, y este se deduce de las conductas y comportamientos que llevan adelante las partes, pero no requiere reiteración de actos ni mucho menos, sino una situación de subsuma en el concepto de "violencia de género", la que se verifica o se puede verificar con un primer acto lesivo. No puede confundirse situación de violencia de género con delito continuado, pues de lo contrario el primer acto de lesión psicofísica, sea consumado o tentado, con este razonamiento, quedaría impune.Y en el caso se verifican.
Se encuentra probado que ha existido una discusión que culminó con el ataque del imputado, esto demuestra que su manera de resolver los posibles conflictos con su pareja tiene una impronta violenta y ello por su condición de mujer y de mantener con él una relación de pareja.Ello surge evidente de la declaración del imputado que niega los hechos y de los motivos que da la víctima ante el Sr. Juez, que trata de minimizar el episodio, por lo que queda manifiesta su situación de vulnerabilidad y de sujeta pasiva de violencia a manos de su pareja, lo que es valorado de manera correcta por el A quo, pues lo confronta con la declaración prestada por el Oficial Cruzate y el informe médico. La retractación y minimización de la víctima del acto violento en su perjuicio y posiblemente en perjuicio de sus hijxs, demuestra claramente que el vínculo entre ella y el autor esta mediado por violencia de género, que es el requisito que exige la calificante del inciso 11° del art. 80 del C.P., además de su condición de mujer.".-
Es por ello, que acreditado que en el domicilio se encontraban el día y a la hora del hecho el encartado en autos _ L. U. E. y la denunciante J. B. L., y verificadas las lesiones producidas conforme surge del certificado médico obrante a fs. 7, lo que no ha sido motivo central de agravio por la defensa, corresponde concluir que la calificación legal atribuida a la presente y el agravante dispuesto resulta correcto. Por último y respecto al principio de inocencia, debo destacar que la resolución en crisis cumple con los requisitos de probabilidad positiva exigidos para esta instancia, sin vislumbrarse que se haya afectado el derecho de defensa del imputado de autos, ni violado el principio de inocencia.-
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el resolutorio de fs. 47/52, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia