Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9924 FOLIO Nº 077/079 PROT. ELECT. JR101071I.261
Río Gallegos, 17 de marzo de 2026.-
Los presentes autos caratulados “L.C. S/ Lesiones Leves” - Expte. Nº 26.153/24 - Apelación Nº 9936/25, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 69/72, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de El Calafate que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado C.F.L. en orden al delito de “Lesiones Leves” (Art. 89 del C.P). A fs. 75/79, la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, siendo sostenidos los recursos a fs. 83, no habiendo presentado el memorial del art. 437 de CPP; en consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
Plantea la defensa que el auto de procesamiento se asienta en la prueba testimonial, a la cual el juez le otorga un valor de certeza que, a su entender, no posee. Que la valoración realizada no constituye una derivación razonada del derecho vigente, y se aparta de la regla de la sana crítica racional.
Alega la omisión total del análisis de una contradicción flagrante y esencial entre el relato del denunciante y del único testigo que ofrece una narrativa propia de los hechos. Indica que el denunciante H.Z.M. manifestó: “… de repente, viene detrás de mí y me empuja por la espalda, provocando así mi caída al suelo. Acto seguido, mientras yo seguía en el suelo este empezó a patearme la espalda…”, por su parte, el testigo, J.E.L. dijo: “...en un momento dado L., sin mediar palabra, alguna agredió físicamente a mi compañero M, tomándolo por el cuello hasta tirarlo al suelo, para posterior lanzarle varias patadas en la espalda…”. Explica el recurrente que no se trata de discrepancias menores, pues mientras un ataque es sorpresivo por la espalda, la otra es una agresión frontal que implica la toma del cuello, señalando que al no ponderar esta discordancia, el magistrado omite un paso fundamental del razonamiento judicial, esto es, la confrontación de los elementos de prueba.
El segundo agravio de la defensa se basa en la supuesta corroboración del hecho por parte de otros cuatro testigos presenciales, entendiendo que dichos testimonios carecen de todo valor probatorio, ya que, los Sres. H.G., F.T., A.Z. y P.A.I. presentaron declaraciones judiciales en un contexto idéntico, a saber: “ …resultó ser testigo de los hechos mencionados, y todo fue como está relatado en la denuncia …”, alegando que ello no resulta un testimonio en sentido estricto, señalando que los testigos no están relatando lo que perciben otra vez sus sentidos, sino que están emitiendo un juicio de valor sobre un documento que le fue exhibido (la denuncia del Sr. M). Manifiesta el recurrente que sólo son meros testigos de referencia o de oídas, cuyo valor probatorio es extremadamente limitado y que no puede servir para fundar una condena y menos aún un auto de procesamiento que exige un juicio de probabilidad fundado. Que, el juez de instrucción comete un grave error al afirmar que todos respaldan los dichos del denunciante, creando una apariencia de corroboración masiva que no es tal. De esta forma considera que la prueba testimonial que sustenta el procesamiento es contradictoria en su núcleo y nula en su supuesta corroboración, fundamentándose el auto de procesamiento en una valoración arbitraria. También alega el recurrente que el auto de procesamiento se dicta a pesar de la omisión de producir la única prueba objetiva, dirimente, y es esencial para el esclarecimiento de los hechos, esto es las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Señala que a pesar de la orden judicial, la prueba nunca fue incorporada al expediente, y que proceder al procesamiento bajo esas condiciones implica un versión inaceptable de la carga de la prueba y una violación al principio in dubio pro reo.
Asimismo, señala el apelante que la conducta imputada a su asistido carece de la lesividad material necesaria para ser considerada relevante para el derecho penal, debiendo -a su consideración- ser declarada atípica por aplicación del principio de insignificancia.
Explica que el certificado médico es la única constancia objetiva del resultado, el cual consignó que no generaron incapacidad laboral, o sea que se trata de un enrojecimiento de la piel y unos rasguños superficiales.
En consecuencia, alega que las conductas que, pese a su adecuación formal a un tipo penal, sólo provocan una afectación mínima o insignificante del bien jurídico protegido, son materialmente atípicas y no deben ser objeto de persecución penal, haciendo alusión al principio de ultima ratio, pues entiende que la intervención del derecho penal resulta en este contexto no sólo desproporcionada, sino también innecesaria. Daremos inicio al abordaje de este presente agravio indicando que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento del Sr. Juez de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de L. En efecto, el Magistrado sustenta su resolución en la valoración concatenada de la denuncia del Sr. M.H.Z. de fs. 01/vta. Incluida su ratificación y ampliación a fs. 13/vta., el certificado médico de fs. 02, la declaración del Dr. R.D.M. a fs. 22 y las declaraciones testimoniales de L.J.E. y su ratificación a fs. 23, de fs. 07/vta., H.O.G. a fs. 20, F.D.T. a fs. 21, de A.E.Z. a fs. 24 y P.A.I. a fs. 33; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado C.F.L. con las mismas. De esa manera logró tener, en principio, por comprobado que el encartado, el día 10/07/2024 habría agredido físicamente al Sr. M.H.Z.
En efecto, surge de autos que el imputado de manera intempestiva se habría abalanzado sobre M., y mediante su accionar habría provocado las lesiones que se certifican a fs. 02, a saber: “...eritema lineal de 01 x 06 cm aproximado en base de cuello lado derecho, 3 excoriaciones lineales de 02 a 05 cm en cara posterior de brazo derecho…”.
Que ello resulta coincidente con las declaraciones testimoniales de quienes se encontraban presentes al momento de los hechos, en las cuales, a diferencia de lo manifestado por el recurrente, no se advierten contradicciones. Si bien un testigo manifestó que, en lugar de atacar por detrás lo tomó del cuello, dicha diferencia no resulta relevante ya que ambos testimonios coinciden en que se produjo una agresión intempestiva, seguida de la propinación de patadas al cuerpo de M. En definitiva, las lesiones que presenta el damnificado habrían sido propinadas por L., sin que resulte determinante la precisión sobre la forma exacta en que se inició la agresión, puesto que ambas descripciones refieren sustancialmente al mismo episodio.
Con respecto a la falta de valor de los testimonios a la que alude el abogado, debemos decir que no advertimos vicio alguno puesto que si bien los testigos no detallaron la situación de manera minuciosa, fueron contestes en manifestar que los hechos habrían ocurrido de la manera en que lo señaló el damnificado a fs. 01.
De esta forma, no podemos sostener que los declarantes mencionados por la defensa son meros testigos de oídas o referenciales, ya que estos se encontraban presentes al momento de los hechos, por lo que sus manifestaciones se basan en percepciones directas. Por otro lado, el hecho de que sus declaraciones resulten escuetas no las invalida ni les resta valor probatorio, en tanto lo relevante es que refieren de manera concreta a las circunstancias esenciales del suceso que presenciaron. Asimismo, corresponde destacar que el Sr. Juez no sustenta el auto impugnado exclusivamente en dichos testimonios, sino que los valora en conjunto con el resto de las constancias obrantes en la causa, conforme a las reglas de la sana crítica racional. En consecuencia, no se advierte una valoración arbitraria de la prueba, sino un análisis razonado y concordante con los elementos incorporados al proceso. En relación a la omisión de practicar las diligencias mencionadas -puntualmente la solicitud de las cámaras de seguridad- debe decirse, en primer lugar, que las mismas fueron solicitadas por la instrucción. En segundo lugar, advertimos que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar al instructor en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P. Que, si bien la evidencia señalada resultara útil para dirimir la verdad de los hechos, los elementos aunados bastan para abastecer los requisitos del art. 289 del CPP. En otro orden de ideas, debemos decir que aun cuando el certificado médico indique la inexistencia de incapacidad laboral, las lesiones en el cuerpo del damnificado se encuentran acreditadas. Ello adquiere mayor relevancia si se considera que el instrumento médico consigna un tiempo estimado de recuperación de entre cinco y siete días, lo que evidencia la entidad del daño sufrido y descarta su carácter insignificante. En suma, podemos decir que la materialidad del hecho se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente, abasteciéndose adecuadamente el tipo penal; ante ello el principio de insignificancia como el de última ratio alegado por el recurrente no podrán prosperar.
Asimismo, cabe recordar a la defensa que esta Alzada comparte el criterio que entiende que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). En otras palabras, para el dictado de esta resolución de procesamiento: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R.M. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
Así pues, advertimos que no asiste razón al apelante en sus argumentaciones, y que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional; y, hallándose a salvo los derechos y garantías del imputado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 69/72, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia