Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8895 FOLIO Nº 193/206 PROT. ELECT. JR101573I.242
Río Gallegos, 22 de agosto de 2024.
La presente causa caratulada: "S.L.M. Y OTRO S/HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO", Expte. Nº 79.106/24 - Apelación/Causa JR Nº 9043/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 01/10 del presente incidente obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de L.M.S. y F.I.D. en orden al delito de "homicidio en ocasión de robo" (arts. 165 y 45 del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre los bienes de los nombrados por la suma de diez millones de pesos ($10.000.000.-). Que a fs. 16/24vta., y 25/27vta., las defensas técnicas de los imputados apelaron dicho auto respectivamente -motivándolo-, siendo mantenidos ante esta Alzada a fs. 39 y 40, presentándose el memorial del art. 437 del CPP a fs. 42/46 por la defensa del imputado L.M.S., por lo que quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que a los fines de una mejor técnica expositiva, seguidamente se abordarán cada uno de los recursos de apelaciones en el orden propuesto por las partes.
I. Tratamiento del recurso de apelación del imputado F.I.D.: 1.- Agravio relativo a la arbitrariedad del pronunciamiento atacado: En primer lugar la defensa plantea que la resolución no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, resultando contradictoria. Sostiene que el fallo impugnado provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas. Agrega que el razonamiento, la valorización de los indicios y de las presunciones, fueron realizadas únicamente en contra y en perjuicio de su asistido, con total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal.
De lo que infiere que la resolución es arbitraria. Es por ello que solicita se revoque el pronunciamiento en cuestión y se disponga el sobreseimiento definitivo o la falta de mérito, porque adolece de arbitrariedad por falta de un adecuado razonamiento y escases de la prueba o valoración errónea o parcializada de los pocos indicios que el a quo posee, llegando a una errónea calificación legal, la cual resulta arbitraria, causando un gravamen irreparable a su representado en cuanto a sus derechos constitucionales. Ingresando en el abordaje de este primer agravio relativo a la supuesta arbitrariedad del auto que se pretende poner en crisis, adelantamos que será rechazado; ello toda vez que entendemos que no le asiste razón a la defensa en su argumentación, tratándose de un planteo genérico que luce como una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Instrucción.
Que, en líneas generales, se ha dicho que motivar: “… es la obligación que tienen los jueces de dar a conocer los razonamientos en los que se sustentan sus decisiones.” (Roldán Santiago; Justificación y motivación de las resoluciones judiciales; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Nº 9; septiembre 2010; Sección doctrina; abeledo-perrot; Buenos Aires, pág. 6). Y en el caso de marras, por el contrario a lo planteado por la defensa, observamos un lógico tratamiento de la cuestión planteada, resultando insostenible pretender que el procesamiento no se hubiera fundado, dado que tras un profuso análisis de la prueba incorporada al legajo, más precisamente de los puntos I) y II) de los considerandos, surge el análisis integral e interrelacionado del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional, aportando el Magistrado las razones por las que tiene por acreditada con el grado de probabilidad que la instancia reclama, la materialidad del hecho investigado y la coautoría de F.I.D. en el mismo, indicando las piezas probatorias que lo sustentan, para seguidamente brindar los fundamentos de la figura penal en la que encuadra el hecho como “homicidio en ocasión de robo” (arts. 165 y 45 del CP) y en el considerando III) determina razonadamente la procedencia de las medidas cautelares de prisión preventiva y embargo.
Tampoco advertimos el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas, sino que muy por el contrario, el Magistrado hubo de confrontar la totalidad de las piezas probatorias, aportando las razones incluso por las que descarta el planteo defensivo que intenta desvincular los imputados por la supuesta acción u omisión del personal médico del nosocomio local. Con relación al planteo relativo a que la valorización de los indicios y presunciones fueron únicamente realizados en contra y en perjuicio del encartado, tampoco le asiste razón a la defensa por cuanto no se advierte que el Magistrado haya direccionado la investigación y mucho menos que el plexo probatorio reunido haya sido desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.
Que, a modo de ejemplo, con sólo confrontar su planteo con la providencia de fs. 225 de los autos principales, observamos que la Instrucción hubo de hacer lugar a la prueba ofrecida por la parte. En consecuencia entendemos que las consideraciones que constituyen el presente agravio, sólo traducen la disconformidad de la defensa con el criterio expuesto por el Sr. Juez de grado, no logrando conmover los fundamentos por los cuales se arriba al auto de mérito, no constituyendo un argumento de peso para modificar la decisión de mérito a la que arribó. Tampoco logra con sus argumentaciones demostrar que el juzgador haya fallado con desapego a las pruebas ni en exceso de jurisdicción. Recordemos que al respecto la CSJN tiene dicho que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación...".
(Cita online: CSJN 325:324 •30003297). De esta manera advertimos que el a quo respetó los lineamientos acerca de la valoración de los elementos de cargo de nuestro máximo tribunal provincial –que deben hacerse de manera conjunta y no aislada-, y expresó fundada y razonadamente los motivos por los que consideró que la prueba reunida era suficiente para acreditar en grado de probabilidad afirmativo la materialidad del hecho, la calificación legal y la participación del imputado en el mismo. Con lo cual, y pese al denodado esfuerzo de la defensa por intentar mejorar la situación procesal de su representado, esta Alzada concuerda con el a quo que su valoración armónica permite concluir que logra prima facie reconstruir el hecho investigado, abonando la hipótesis de la coautoría material del hecho que se le atribuye al imputado.
De lo hasta aquí analizado se infiere que la decisión judicial en análisis cumple acabadamente con la condición de validez, en virtud de encontrarse fundada y constituir la derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa en grado de probabilidad. Cabe destacar que de ninguna manera se han afectado los derechos y las garantías constitucionales que asisten al imputado, ni se ha alterado el debido proceso. El encartado fue enrostrado del hecho conforme las constancias probatorias producidas en la causa, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor. Por lo expuesto, este primer agravio no prosperará. 2.- Agravio relativo a la inexistencia de la conducta criminal imputada.
Rechaza coautoría por parte de su defendido: En segundo lugar, la defensa advierte la ausencia de pruebas directas que configuren la calidad de coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo” (arts. 45 y 165 del CP). Explica que los indicios obtenidos en autos no son suficientes para llegar a procesar con el grado de probabilidad que esta etapa requiere con prisión preventiva, sumado a la valoración parcial de los actuados; con lo cual manifiesta la inexistencia de la conducta delictiva que se le quiere endilgar, la falta de nexo causal entre algún tipo de accionar que no existió y el resultado muerte, violando todo tipo de garantía constitucional, no respetando el principio de in dubio pro reo, debido proceso y lesionando gravemente el principio de legalidad y congruencia.
En otro apartado la defensa retoma el presente cuestionamiento mencionando que se agravia de la coautoría reprochada, toda vez que del plexo probatorio que existe en el expediente, el a quo no tiene ningún elemento que acredite la participación de D. en el hecho investigado, tanto en las pruebas recolectadas como en el allanamiento practicado en su vivienda y en el acto procesal de requisa personal; no existen elementos que permitan sustentar el delito de robo o lesión, ni determinar la autoría y/o participación en el lugar del hecho. Solicita que su defendido sea favorecido por el principio de in dubio pro reo, ya que ni siquiera existe el grado de probabilidad de ser coautor de algún delito.
Insiste en que se agravia por cuanto se lo procesa sin prueba alguna y se determina que D. haya sido el autor material de las lesiones que presenta el cuerpo del occiso, más precisamente en la cabeza del mismo, que dieron origen a las patologías que generaron su deceso; tratándose de una afirmación arbitraria sin tener pruebas ni mucho menos indicios que encuadren a su asistido como coautor de estas lesiones. En este contexto, plantea que se han afectado los convenios de DDHH, las cuales nuestro Estado Nacional está obligado a respetar, por ello, en caso de duda, su defendido debe estar en libertad y no soportando la presión estatal sin ningún tipo de pruebas con prisión preventiva. En definitiva, expresa que los indicios por los cuales el a quo arbitrariamente procesa con prisión preventiva a su defendido como coautor de un homicidio en ocasión de robo son insuficientes al no tener acreditado el dolo o intención de producir la muerte de la víctima y, por ello, sin tener comprobado el nexo entre el homicidio y el robo.
Pues bien, este segundo agravio relativo a la inexistencia de pruebas e indicios suficientes para tener por acreditada la participación de F.I.D. en el hecho investigado, no prosperará. Que es sabido que, en cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar al dictado del procesamiento, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio. Al respecto cabe recordar a la defensa lo que dice la doctrina: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”.
(Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló: “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). En otras palabras, para el dictado de este auto: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
Que sobre este punto, entendemos que el auto recurrido se ajusta a los lineamientos del TSJ con relación a la valoración de la prueba en las resoluciones. En este sentido, el TSJ ha venido sosteniendo que: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Que pese a lo argumentado por la defensa, observamos que el Magistrado tuvo por acreditada la participación -como coautor- en el hecho investigado del imputado F.I.D., mediante la valoración conjunta de los informes policiales, los registros fílmicos recabados por la autoridad preventora, los informes elaborados por la División de Investigaciones de la Policía Provincial, el resultado positivo de la diligencia de allanamiento en el domicilio de L.M.S. y las actas de reconocimiento de fs. 192, 193, 194 y 195, por enumerar los elementos de mayor relevancia. Veamos, para así decidir el a quo valoró el informe técnico correspondiente al análisis de las secuencias fílmicas (fs. 04/10 de los autos principales), en el que se da cuenta de la visualización de dos masculinos (“sujeto 1” identificado posteriormente como F.I.D. y “sujeto 2”, identificado a la postre como L.M.S.) caminar por la vereda de calle R. en el sentido de la circulación vehicular y, momentos después, se observa a los dos masculinos transitar por la vereda del local B.P. sobre calle A., con sentido a la circulación vehicular.
Asimismo se observa caminar en sentido contrario a una persona que, al toparse con los dos masculinos antes mencionados, se observa al “sujeto 2” realizar un movimiento brusco direccionado hacia esta persona, provocando el desplome de esta, seguidamente se observa acercarse a la silueta para luego seguir su curso. Por otra parte surge que se observa al “sujeto 2” transitar por calle 9XX con dirección al sentido vehicular, reuniéndose afuera de la farmacia con dos masculinos denominados “sujeto 3” y “sujeto 4”. Momentos después se observa al “sujeto 2” involucrado en una extensa riña con otro masculino tomando partido, y tiempo después se observa sumarse a la contienda a los “sujetos 1, 3 y 4”, quienes al finiquitar dicha contienda se retiran todos (sujetos 2, 1, 3 y 4) por calle 9XX en sentido contrario a la circulación.
Luego se observa al “sujeto 2”, transitar en ambos sentidos de circulación, reiteradas veces por la misma arteria, para posterior levantar del suelo una billetera ubicada en el sector de estacionamiento de la farmacia por calle V.S. con sentido de circulación vehicular. Que se concuerda con la Instrucción que de las constancias probatorias se habría logrado verificar la existencia del codominio del hecho entre los dos imputados L.M.S. y F.I.D., la voluntad común como elemento subjetivo del delito reprochado, propinando golpes de puño y puntapiés a la víctima a fin de sustraerle sus pertenencias (billetera y teléfono celular), desplegando un accionar violento en participación conjunta, ejecutando cada uno un rol en el hecho común y para ello basta con el acuerdo de voluntades implícito en el accionar desplegado, no siendo necesaria una planificación previa.
Que por lo tanto, no compartimos lo argumentado por la defensa, pretendiendo deslindar de responsabilidad a su asistido en función de los resultados negativos de las diligencias de allanamiento y requisa personal, toda vez que la decisión del Magistrado se encuentra respaldada y reforzada por otros elementos de cargo producidos en la causa, valorados en su conjunto y a la luz de la sana crítica racional. Respecto del planteo de ausencia de acreditación del nexo causal entre algún tipo de accionar y el resultado muerte, entendemos que no se debe perder de vista el encuadre legal del hecho reprochado, tratándose de un “homicidio en ocasión de robo”, con lo cual la figura comprende las violencias ejercidas con motivo y ocasión del robo, de lo que resulta la muerte de R.E.M. como resultado eventual proveniente de esa violencia desplegada por los encartados para consumar el robo.
De la visualización de las secuencias fílmicas puede inferirse sin dificultad que la agresión física de parte de F.I.D. y su consorte de causa, sumado a dos personas más no identificadas, todas dirigidas a la cabeza –zona vital-, habría tenido como fin facilitar la consumación del robo. No se observa en ningún momento preocupación por la suerte que corrió la víctima que yacía en el suelo inconsciente, retirándose todos del lugar con la res furtiva en su poder. Es así que conforme las pruebas recabadas valoradas razonadamente, la Instrucción logró prima facie reconstruir no solamente la agresión ilegítima de que fuera víctima R.E.M., -quien, conforme las secuencias fílmicas, habría sido abordado por los dos imputados L.M.S. y F.I.D., mientras caminaba en las proximidades del pub B., siendo inicialmente agredido físicamente por L.M.S. mediante, al menos, un golpe de puño directamente en su cabeza, provocando su desplome, para luego ser agredido sobre calle 9XX en extensa riña por L.M.S. y posteriormente sumarse a la agresión física F.I.D. junto a dos sujetos no identificados a la fecha de esta resolución-, sino asimismo se logró acreditar el apoderamiento ilegítimo por parte de los encartados de los efectos personales que portaba la víctima al tiempo de ser atacada –ello mediante la valoración concatenada de las secuencias fílmicas, donde se observa a L.M.S. levantar del suelo y tomar una billetera-, sumado al resultado positivo de la diligencia de allanamiento en la casa del incuso L.M.S., en la que se logró incautar la billetera que posteriormente fuera reconocida en sede judicial de manera inequívoca y categórica por parte de la progenitora de la víctima, L.D.C.P.
(fs. 175 y 193), el hijo del occiso, P.J.M. (fs. 177 y 195), el hermano de la víctima, M.E.M. (fs. 183/184 y 194) –todos estos convivientes con la víctima- y su ex pareja, C.A.F. (fs. 189 y 192) –la cual le había regalado al billetera-. Por todo lo expresado, y no advirtiendo la conculcación de los convenios de DDHH que alega la defensa, este agravio queda descartado por entender que los elementos reunidos en la causa resultan suficientes para tener acreditada la participación grado de coautor del imputado F.I.D. en el hecho investigado. 3.- Agravio relativo a la arbitraria identificación de F.I.D. en el lugar del hecho. Arbitraria y errónea valoración de las secuencias fílmicas: Que en tercer lugar, la defensa se agravia ante la arbitrariedad del a quo de considerar que D. pueda ser identificado en la vereda de la calle R (a la vuelta del Pub B), donde hay una aparente lucha donde se observan movimientos bruscos.
Expresa que de una observación minuciosa de los mismos no hay forma de acreditar la presencia de D. ni de la persona lesionada con vida en ese momento. Da cuenta que el Pub B se sitúa en la calle A XXX, es decir, a mitad de cuadra de calle A., alejado a la cámara de la Farmacia L.F. situada en XXX, y la reyerta que muestra la cámara sucede en otro horario y con otros actores e, inclusive, no se observa a quien luego falleciera, ya que el mismo habría sido trasladado desde cercanías de B., es decir, es imposible que haya caminado hasta la calle R, y esté entre los que peleaban allí. No existe un punto de conexión ni causalidad entre lo que le sucedió a M. con lo que filma esa cámara; con lo cual el a quo arbitrariamente procesó con prisión preventiva a D., quien ni siquiera se ve en la pelea.
En otro apartado, la defensa se agravia de la valoración de las secuencias fílmicas obtenidas del Pub B, por la cual el a quo da por hecho que es D. el encargado de propinarle a M. una trompada para luego propinarle patadas. Entiende que esto es erróneo y arbitrario, ya que de la observación puntillosa de la cámara indicada como “cámara 9” de la carpeta de archivos Pub B (ch09_20240525045110), en la cual se aprecia claramente que el golpe primario para la caída de M., es realizado por el “sujeto 2” (identificado por la policía como S.), como así también las demás maniobras de agresión sobre la humanidad de M., y es claro que el sujeto que lo acompaña (identificado como “sujeto 1”, F.D.) permanece inmóvil, no se observan movimientos, por lo tanto no hay acción típica antijurídica de F.I.D. sobre la humanidad de M..
Es por ello que solicita se valore adecuadamente esta prueba, la cual retira cualquier sospecha sobre la participación en el hecho por parte de su asistido, y se dicte su sobreseimiento definitivo o, en su defecto, la falta de mérito. Que, pese al denodado esfuerzo de la defensa por intentar mejorar la situación procesal de su asistido, advertimos que no le asiste razón al planteo sobre la pretensa arbitrariedad en la valoración de las piezas probatorias por las que la Instrucción tiene por identificado a F.I.D. como el “sujeto 1”, divisado en el lugar del hecho y tomando parte activa en la violencia que habría ejercido sobre la humanidad de R.E.M., todas en su cabeza (zona vital) con su consorte de causa y otros dos sujetos no identificados para consumar el robo, conforme se desprende de las secuencias fílmicas.
Sucede que no corresponde en el caso la valoración individual de una pieza probatoria (el archivo ch09_20240525045110), como lo hace la apelante en su estrategia defensiva; ello por cuanto valorar cada medio probatorio por separado, atomizando el análisis y evaluación de las pruebas colectadas se aleja de los lineamientos establecidos por nuestro TSJ. Por el contrario a lo planteado, el a quo ponderó de manera armónica los informes policiales, los registros fílmicos recabados por la preventora y los informes de la DDI R.G., logrando tener identificado a F.I.D. como el “sujeto 1”, que se observa en las imágenes como de contextura delgada, vistiendo zapatillas de color blanco, pantalón de tipo jean color claro con roturas, buzo negro con capucha con una estampa en el sector del pectoral izquierdo en color blanco, similar a la marca Nike y una gorra con visera de color negro con estampa en color blanco, por guardar correspondencia en cuanto a características físicas y de vestimenta, que surge de las imágenes de perfil de la red social Instagram, usuario “fXXX_2”, de acceso público, en las que se observan las características físicas coincidentes tratándose de una persona de sexo masculino, de contextura delgada, cabello corto color negro, arito en la oreja derecha y así también la concordancia de la vestimenta que usaba al momento del hecho investigado, lográndose observar en las fotos de su red social la gorra tipo visera de color negra con el logo de color negro con bordes blancos en el frente, el buzo color negro con capucha marca Nike, el pantalón de jean claro y las zapatillas de color blanco.
En este orden de ideas, deviene pertinente mencionar que no se advierte por parte del Sr. Magistrado en el resolutorio un comportamiento que denote que las pruebas fueron valoradas en forma aislada y parcializada, sin contraponerlo con el resto de la actividad probatoria. Es por todas estas razones que se vislumbra con meridiana claridad que el agravio vertido por la defensa en el sentido que la valoración probatoria del resolutorio se efectuó de manera arbitraria resulta inconsistente. Que dicho sea de paso no es la certeza la requerida por esta instancia procesal, sino la mera probabilidad, la preponderancia de elementos de cargo por sobre los de descargo, extremos estos que están debidamente acreditados en esta investigación.
Bajo esa tesitura advertimos nuevamente que las consideraciones en las que la defensa pretende fundar la supuesta arbitrariedad del auto de mérito en análisis, alegando una valoración sesgada de la prueba reunida y sin sujeción a las reglas de la sana crítica racional, sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto por el Sr. Juez en la decisión recurrida, no logrando desvirtuar sus fundamentos que se sustentan en los elementos de cargo legalmente producidos en la causa. 4.- Agravio relativo a la falta de valoración de la historia clínica del Sr. M.: Bajo el presente acápite la defensa destaca que M. ingresó al hospital el día 25/05/2024 y que conforme la declaración del Dr. R., este paciente estuvo en la guardia central durante doce horas con claros signos de obnubilación y alteraciones en la consciencia.
Sin embargo en ningún momento se requirió la intervención en ese lugar del neurocirujano, y doce horas después fue enviado a la Unidad de Terapia Intensiva y recién se le hizo la tomografía axial computada que detectó claramente que había un desplazamiento de la línea media del cerebro con colapso del ventrículo lateral derecho a nivel frontal, lo cual estaría en relación a la existencia de un hematoma subdural en la región, no identificando otros cambios de la densidad del tejido nervioso. Que para la defensa, evaluado el paciente en esas condiciones, entiende que revestía criterios de cirugía inmediata, lo cual no ocurrió ya que de la declaración del Dr. R. surge que el tratamiento ordenado por el Dr.
P. fueron medidas antiedema y control de los signos neurológicos, considerando la defensa que se debió colocar un monitor de PIC en ese momento. Que continúa con el análisis del estado de M, señalando que cuatro días después empeora su condición y nuevamente se le hace una tomografía computada el día 29/05/2024 de la que surge que no se observan cambios significativos con respecto al informe anterior, agregándose un área hipodensa en la región anteriormente informada mostrando efectos de masa y con desviación en la estructura en la línea media y hacia la izquierda. Cuestiona que nada se hizo desde el Departamento de Neurología para tomar algún tipo de medida para controlar la presión intracraneana, ya que cualquier profesional que observaba estos parámetros médicos hubiera sugerido acciones en forma inmediata.
Seguidamente menciona que el día 31/05/2024 se le hace a M. otra tomografía axial computada que da el mismo resultado, es decir, se mantiene un cerebro con una compresión extrínseca del hematoma subdural con las graves consecuencias que esto origina. Advierte que recién el 02/06/2024 el paciente M. fue intervenido quirúrgicamente, ya cuando hubo cambios pupilares manifiestos, además la tomografía que se realizó ese día indicó un agravamiento sustantivo de su condición neurológica y había tenido ese mismo día convulsiones –conforme lo declaró el Dr. R.-, volviéndose inevitable la inmediata intervención quirúrgica para drenar el hematoma subdural y permitir las expansiones del cerebro. Es así que la defensa concluye que el tratamiento fue tardío, pues hubo muchos síntomas e imágenes tomográficas que sugerían y determinaban la toma de decisiones urgentes desde el inicio de su internación y estas no fueron realizadas por el servicio de neurología.
Por ello postula que el resultado muerte no fue consecuencia del hecho originario, sino que es ampliamente compartido con la inacción profesional de los médicos que tuvieron diez días internado a M.. En consecuencia, la decisión del a quo de calificar jurídicamente con la más grave de las calificaciones sin observar la conducta profesional, llamándolos a prestar declaración testimonial para así valorar con la sana crítica racional la prueba, ha afectado las garantías constitucionales del imputado y no se ajusta a los hechos que requiere la tipicidad de este tipo de delito (homicidio en ocasión de robo). Que este agravio relativo a la falta de valoración de la historia clínica de la víctima R.E.M. y el reproche por la ausencia del llamado a prestar declaración testimonial de los profesionales de la salud del nosocomio local no prosperará, por cuanto no se advierte que el Magistrado haya arribado al auto de mérito sin tomar en consideración la historia clínica de quien en vida fuera R.E.M., sino que por el contrario, observamos que efectuó un análisis pormenorizado y concatenado de lo que se desprende de la partida de defunción que constata el fallecimiento por shock neurogénico con trauma encefálico; del informe de autopsia efectuado por la médica forense W. a la luz de la historia clínica con que contaba; las contestes y concordantes testimoniales de F.P.C. y M.R.Ch.; el certificado médico policial del Dr.
M., que consigna Glasgow 8/15 estado de coma grave, sumado a los informes policiales de la preventora. Asimismo advertimos que, previo a resolver, la Instrucción hubo de convocar a prestar declaración testimonial a los profesionales de la salud que trataron a R.E.M., con lo cual, si bien al tiempo del dictado del procesamiento estas piezas probatorias no se encontraban producidas, esta Alzada entiende que con ello no se han conculcado los derechos de defensa del encartado, toda vez que cuenta con la posibilidad de reevaluar el mérito del plexo probatorio en la oportunidad de la vista del art. 329 del CPP. Por último, cabe destacar que compartimos con el Sr. Juez de grado la conclusión a la que arriba finalizando el II) considerando del procesamiento en estudio, en el que expresa que conforme las probanzas aunadas al legajo se logró determinar fehacientemente la causa que derivara en la muerte violenta de R.E.M., resultando concluyente que esa muerte se produjo como consecuencia o en ocasión del robo consumado a la víctima, y reprochado a L.M.S. y F.I.D. en calidad de coautores.
De esta forma concordamos con el a quo que fue la violencia ejercida sobre el cuerpo de la víctima para consumar el robo, lo que configura el elemento fundamental y determinante, que derivó en la internación de R.E.M. en el hospital donde falleciera días después. Máxime teniéndose acreditado el deceso por un shock neurogénico a causa del edema cerebral producto de un traumatismo de cráneo con o contra un elemento de configuración romo sobre el techo o punto más alto del cráneo y levemente frontal, pudiendo tratarse de piñas, patadas o similar desde arriba hacia abajo o con la víctima en flexión o decúbito, descartándose la caída de propia altura como posible dinámica, lo que guarda plena correspondencia con la agresión de F.I.D. y L.M.S., registrada en las secuencias fílmicas. 5.- Rechazo de la calificación jurídica: En quinto lugar, la defensa no comparte la calificación legal del hecho reprochado a su cliente, expresando que el a quo no logró determinar ninguna de las conductas necesarias para que se constituya el delito de “homicidio en ocasión de robo” como coautor.
Es decir, rechaza que se encuentre acreditada la intención y el acto de robar de su asistido (es claro que del allanamiento realizado en la finca de F.D. y de la requisa personal que se le practicó, no se obtuvieron resultados positivos), mucho menos que sea un homicida, ya que tampoco se encuentra acreditado que le hubiera provocado a M. alguna lesión. Resalta que M. fallece luego de diez (10) días de acontecido el hecho. Por ello postula que no puede imponerse una carátula tan gravosa, violatoria de todo derecho constitucional que le asiste al imputado, ya que se encuentra ampliamente probado por los estudios realizados al paciente M., mientras estuvo internado en terapia intensiva, la manifiesta omisión por parte de los profesionales médicos, específicamente del departamento de neurología, de tomar las medidas mínimas de control de la patología que presentaba M..
Es decir, surge que no se controló inmediatamente la presión intracraneana, mediante la colocación de un medidor, en cambio se esperó que la evolución clínica se agrave para tomar la decisión de colocar el medidor. Es por ello que plantea que no cuadra la calificación jurídica impuesta por el a quo. Afirma que, con los pocos elementos que se cuenta, uno de ellos un video donde se aprecia una figura similar a la de S. golpeando a un sujeto del cual se ignora si se trata de M., pero en caso de serlo, lo importante es que no se observa a su defendido desplegar accionar alguno, ni mucho menos su participación penal. Agrega que días después la persona que cae al suelo en las imágenes, fallece en el hospital, por lo tanto el resultado muerte no puede ir en cabeza de F.I.D., ni tampoco tuvo la intención del suceso descripto en las cámaras de seguridad.
Es por ello que sostiene que el hecho endilgado a F.I.D. debería enmarcarse como “homicidio preterintencional” (art. 81 inc. 1º b) del CP). Más aún plantea que el a quo no puede determinar ni siquiera con el grado de probabilidad que en F.I.D. haya existido el dolo directo de matar, ni siquiera existe el dolo de agredirlo físicamente, por tal motivo solicita el sobreseimiento o falta de mérito. Que, en relación a este planteo, cabe mencionar que del estudio de la resolución recurrida se observa que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente el hecho en orden al delito de “homicidio en ocasión de robo” (arts. 165 y 45 del CP), dedicándole a este punto la fs. 256/256vta. de los autos principales.
En el homicidio en ocasión de robo, la agravante obedece a que se produce la muerte dentro del delito contra la propiedad, es decir, cuando el fin directo de los imputados se encaminaba al apoderamento ilegítimo de las pertenencias de la víctima. Se advierte que si se asume la conducta de robar y, con motivo u ocasión del robo resulta un homicidio, entonces corresponde la agravante del robo prevista en el art. 165 del CP. El CP al emplear el término “resultare” en el robo, incluye la situación que se presenta como en el caso, que varios sujetos participan en el mismo hecho, sin que pueda afirmarse que la víctima haya sido muerta como consecuencia la agresión física de un determinado sujeto y a designio común.
Que de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado sin lograr controvertir lo decidido en esta instancia procesal. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará. Ello así, toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia.
(Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...".
(TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal del hecho reprochado a su asistido, motivo por el cual será desestimado. 6.- Agravio relativo al embargo: En sexto lugar, la defensa se agravia por el excesivo monto impuesto como embargo, sin sustento ni fundamento alguno, ni mucho menos motivación alguna, siendo que en función de todo lo expuesto, resulta arbitrario embargar al imputado por la suma de diez millones de pesos por hechos que no cometió. Pues bien, tampoco este agravio podrá prosperar, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que el magistrado en el III) considerando de fs. 257 de los autos principales, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000.-).
Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado máxime en el contexto inflacionario que atravesamos. Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permita apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como excesivo y arbitrario, razón por la cual rechazaremos este último cuestionamiento.
7. Solicita excarcelación: En séptimo lugar, la defensa sostiene, conforme los agravios manifestados, las pruebas recolectadas en autos, apelando a los principios de inocencia, legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva y humanidad, y atento a la errónea calificación legal propiciada por el a quo, solicita el beneficio de la excarcelación de F.I.D., toda vez que no registra antecedentes, posee arraigo y no existe peligro de fuga, ya que siempre estuvo a derecho, y se entregó voluntariamente en la División Comisaría Seccional Segunda. Por lo expuesto, y ante el evidente cambio de calificación jurídica, solicita se conceda el beneficio de la excarcelación y se disponga la inmediata libertad de su defendido.
Que, habiéndose rechazado los agravios relativos a la ausencia de pruebas directas y del cambio de la calificación legal, también rechazaremos la solicitud de excarcelación de F.I.D., por encontrarse motivado el encarcelamiento preventivo en función del riesgo procesal constatado en el caso concreto. Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso en el caso concreto.
Seguidamente el a quo valoró que, en caso de recaer condena en las presentes actuaciones, la misma resultaría de cumplimiento efectivo, habilitándolo a ordenar el procesamiento con prisión preventiva en función del art. 295 inc. 1º del CPP. Que bajo esos lineamientos la Instrucción concluyó que estamos frente a un individuo con peligrosidad procesal en función de tener por acreditado en el caso el peligro de fuga, toda vez que la figura del art. 165 del CP sanciona al autor con una pena de 10 a 25 años de reclusión o prisión, lo que de por sí resulta altamente indiciario de la posibilidad cierta de darse a la fuga frente a la expectativa de pena, que será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Que asimismo ponderó la existencia en el caso concreto del riesgo de entorpecimiento del accionar de la justicia, en función que parte de la res furtiva no fue hallada (celular, documentación y tarjetas del occiso), por lo que de encontrarse en libertad ambulatoria el imputado, permite evidenciar el riesgo cierto de continuar ocultando la res furtiva o asegurar su destrucción, conculcando con dicho accionar las medidas probatorias que restan por producirse. Que, en función de lo expresado, entendemos que la resolución evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Asimismo esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva del imputado luego de resolver el procesamiento, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley.
Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado. Es por ello que homologaré la prisión preventiva dispuesta a F.I.D..
8. Cuestión Federal: Finalmente la defensa deja planteada la cuestión federal directa para el caso de obtener una resolución negativa, lo que se tendrá presente.
II. Tratamiento del recurso de apelación del imputado L.M.S.: 1.- Agravio relativo a la conculcación de los derechos de defensa. Errónea fecha del hecho imputado. Rechazo de prueba testimonial ofrecida por la parte: En primer lugar, la defensa se agravia por cuanto al momento de tomarle declaración indagatoria a su asistido se le imputó que el hecho habría ocurrido el día 26 de mayo del corriente año, y luego se lo procesa concluyendo que el mismo habría ocurrido el día 25 de mayo, refiriendo la resolución que dicho error no vulneraría garantía constitucional alguna puesto que a lo largo del proceso la defensa tomó vista del expediente. Expresa al respecto que la Instrucción debió tomar al imputado una nueva declaración indagatoria informando el hecho con fecha 25 de mayo de 2024, agraviándose por haberse vulnerado el derecho de defensa en función que debe estar determinado con precisión el día del acontecimiento endilgado.
A través del memorial de agravios la defensa postula la nulidad de la declaración indagatoria en tanto el cambio de fecha no constituye un mero error, sino que lo coloca al encausado fuera de la escena de los hechos, puesto que el día que se le adjudicó su presunta conducta ilícita no se corresponde con el día en que acontecieron los hechos. Ahora bien, siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Alzada ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 9030/24, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). Analizado este planteo no obtendrá favorable acogida, toda vez que resulta evidente que el planteo de nulidad aquí articulado, es un vano intento de la defensa de mejorar la situación procesal de su pupilo pues, más allá de su desvelo y preocupación por los intereses de su asistido, no logró acreditar el perjuicio supuestamente ocasionado.
No advertimos la afectación alguna a los principios constitucionales de congruencia procesal y defensa en juicio, por la circunstancia de haberse imputado en el acto de la indagatoria como fecha del hecho el día 26/05/2024 (fs. 108/109) y, al momento de recaer el auto de procesamiento (fs. 249/258) determinarse que la fecha del hecho es el día 25/05/2024, máxime habiendo aclarado el a quo en la resolución, de manera preliminar, que se debió a un error material que no tiene entidad para haber impedido entender en forma clara y precisa los alcances del hecho imputado en la indagatoria, criterio que desde esta Alzada se comparte. Ello en atención a que no observamos que con la corrección de la fecha del hecho imputado que efectuó la Instrucción en el auto de procesamiento, se hubiera mutado el contenido de la descripción fáctica del suceso, mucho menos que revista entidad suficiente para impedir el ejercicio de los derechos de defensa que le asisten al encartado.
El derecho de defensa se garantiza con la posibilidad que el imputado pueda contestar la acusación que pesa en su contra. Y, en el caso en estudio, observamos que el incuso pudo conocer cuál es el hecho sobre el que tiene que dar explicaciones suficientes y, las pruebas que existen en su contra. Al respecto, se ha dicho que: “…La circunstancia que del acta de indagatoria no surja la descripción del hecho, circunstancias de modo, tiempo y lugar y la enumeración completa de toda y cada una de las pruebas existentes en modo alguno puede fulminar de nulidad el acto en cuestión. Por el contrario, aceptar tal postura sería dudar acerca de la veracidad con que en el acto se refleja el modo en que el juez, en el acto de indagatoria cumplió todas las formalidades que la ley prescribe y que se encuentran detalladas en la mencionada pieza procesal…” (Cita La Ley online: 1/58706).
Asimismo otros tribunales han resuelto que: “…Consta que el imputado fue informado de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas de cargo en su contra exhibiéndosele, además, constancias de las que se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esos hechos. Asimismo, consta que se dio íntegra lectura de lo asentado en el acta y que fue suscripta por el declarante y su defensora por lo que no existe ningún vicio que causa la nulidad del acto…” (Cita Rubinzal online: “Z., J.J. s. Incidente de nulidad”, CNPE, sala A, 08/05/2017; RC J 3227/17). De esta manera, el hecho de haberse consignado erróneamente en el acta de indagatoria la fecha del suceso, no alteró la materialidad del delito por el que se lo procesa y que esta Alzada convalida.
El juzgado efectuó un reproche pormenorizado del hecho imputado en el acto de la indagatoria de L.M.S., y si bien incurrió en un error material al consignar la fecha del hecho, producto tal vez de una interpretación inicial errónea del informe de inicio de actuados que da cuenta el día 27/05/2024, que “ayer” (26/05/2024) se dieron inicio a actuaciones prevencionales a las 13:55hs, siendo que la ciudadana L.D.C.P. denunció que “en misma fecha” (26/05/2024) tomó conocimiento que su hijo R.E.M. se encontraba internado en el hospital, donde fue informada que se encontraba en estado de coma, que le habían efectuado una tomografía que dio como resultado un hematoma cerebral y que asimismo tomó conocimiento por personal policial que su hijo había sido encontrado inconsciente en la parte externa de B.; lo que se explica en función que el suceso hubo de acontecer en horas de la madrugada del día 25/05/2024, advirtiéndolo la Instrucción recién al tiempo de la valoración del plexo probatorio y subsanándolo en el auto de procesamiento conforme las probanzas aunadas al legajo.
Es relevante destacar que el reproche cuestionado, se elaboró a partir de las pruebas glosadas al sumario que, a su vez, fueron enumeradas y exhibidas al tiempo de la indagatoria a la parte, razón por la cual no habiéndose vulnerado la garantía de defensa en juicio ni el principio de congruencia procesal -enunciados por la defensa-, rechazaremos el presente agravio. En segundo lugar, se agravia la defensa con respecto a la prueba incriminatoria, ya que el Instructor funda su resolutorio como prueba incriminante el hallazgo de una billetera en la morada del imputado y que posteriormente fuera reconocida por los familiares de la víctima, dando por hecho que esa billetera le pertenecería a la víctima R.M..
Plantea que dicha prueba incriminatoria no pudo ser controvertida por la defensa al momento de proponer la testimonial ofrecida –se solicitaba se cite a prestar declaración testimonial a la progenitora del imputado, Sra. E.I.Ch.-, privándose a la progenitora de su asistido de los mismos derechos que les asistió a los familiares de la víctima, pudiendo en dicho acto probar que la billetera pudo haber sido adquirida con anterioridad a los hechos de investigación. Precisa que agravia a la defensa la ausencia de motivación del Instructor al no hacer lugar a la prueba testimonial propuesta, en cuanto la providencia se remite a rechazar el ofrecimiento de la testimonial ya que la misma no es útil ni pertinente por haber sido reconocido por unanimidad por los familiares de la víctima.
Es así que sostiene que el imputado se vio impedido de ejercer su defensa, avizorando “parcialidad” y “prejuzgamiento”, en tanto ya se tiene por definida la situación procesal del encausado. Del mismo modo, rechazamos este segundo agravio relativo a la vulneración de los derechos y garantías que asisten al imputado por no haber sido admitida por la Instrucción la medida probatoria propuesta por la defensa. Al respecto, esta Alzada ya se ha pronunciado de manera invariable acerca que las decisiones respecto a la realización de medidas probatorias están a cargo exclusivamente del órgano decisor, esto es del Juez Instructor, quien en virtud de lo prescripto por el art. 190 del CPP direcciona el proceso de la manera que considera adecuado.
Esto reviste importancia porque comprende la valoración referida a la utilidad y pertinencia de la prueba para el progreso de la investigación y sobre la ajenidad o no de la misma para el esclarecimiento de la causa (confr. apelaciones nro. 6991/21 y nro. 9042/24, que se citan a modo de ejemplo). Es indudable que la facultad del Juez instructor sobre admisibilidad y forma de realización de la prueba conciernen a su exclusivo arbitrio, mientras que las partes cuentan -en ocasión de la vista conferida conforme al art. 329 del CPP- con la facultad de expedirse sobre el mérito de la instrucción y sobre la necesidad de otras diligencias una vez que el juez estime completa su labor. Concretamente en el caso traído a examen, la denegatoria por parte de la Instrucción de practicar la medida de prueba propuesta por la defensa no conforma un agravio de entidad como para controvertir los fundamentos de la resolución recurrida ni que denote “parcialidad” o “prejuzgamiento”; máxime teniendo en cuenta que habiendo sido notificada la defensa, ésta no hubo de pedir una reconsideración o recurrir en queja ante esta Alzada y ponderando especialmente, la concordancia y contundencia del reconocimiento de la billetera incautada en la diligencia de allanamiento en el domicilio del imputado L.M.S., como de propiedad de quien en vida fuera R.E.M., por parte de su progenitora (L.D.C.P., fs. 175 y 193), hijo (P.J.M., fs. 177 y 195) y hermano (M.E.M., fs. 183/184 y 194) todos convivientes con la víctima, y también por parte de su ex pareja (C.A.F., fs. 189 y 192), quien expresó haberle regalado la billetera a la víctima, reconociéndola categóricamente.
Es por ello que, aun cuando la defensa diga que la valoración de los testimonios es arbitraria y cuestionable, se advierte que las pruebas reunidas hasta el momento detentan la idoneidad suficiente para traspasar la barrera del art. 289 del CPP. Cabe destacar que no advertimos la violación a los principios procesales, derechos y garantías constitucionales que amparan al imputado en la valoración de los elementos de cargo. Ello habilita a esta Alzada a concluir razonadamente que los argumentos de la defensa, se evidencian como un mero intento de mejorar la situación procesal de su asistido, sin aportar ningún elemento objetivo que permita deslindar su responsabilidad, no logrando enervar el caudal probatorio obrante en su contra.
Por todo lo expresado, los argumentos que constituyen este agravio no prosperarán. 2.- Agravio relativo a la arbitraria valoración de la prueba y de la prisión preventiva: Bajo el presente acápite la defensa entiende que no se ha efectuado un mesurado análisis del hecho en cuadro de situación de cómo ocurrió el deceso de quien en vida fuera R.M., habiéndose resuelto la situación procesal de su asistido de manera apresurada, sin tener bajo estudio la historia clínica de R.M., llamándole poderosamente la atención que éste hubo de ser internado el 25/05/2024 en el nosocomio y su deceso ocurrió el 05/06/2024 a las 12 hs., sosteniendo que se debieron tener en cuenta la atención médica recibida y los antecedentes del occiso.
Resalta que se debió investigar por qué no se estabilizó en ese período al paciente que ya le habían detectado un edema subdural en la tomografía computada. Que, en respuesta a este agravio relativo a la pretendida arbitrariedad en la valoración de la prueba sin tener bajo estudio la historia clínica de R.E.M., ni investigarse por qué los médicos no habrían estabilizado al paciente en las condiciones en que se encontraba, debemos expresar que no se comparte con la defensa que el procesamiento se haya efectuado de manera apresurada y sin mesurar las circunstancias que rodean al hecho investigado. Es por ello que este agravio tampoco prosperará. Por el contrario a lo planteado, advertimos que el pronunciamiento del Juez de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, observándose las pautas previstas en los arts. 115, 116 y 199 del CPP, y dando las razones por las que arriba al auto de procesamiento, argumentando por qué considera acreditado el nexo causal entre la materialidad y la autoría en cabeza del encartado en grado de coautor, fundamentando adecuadamente la calificación legal del hecho reprochado y determinando razonadamente la procedencia de las medidas cautelares de prisión preventiva y embargo.
En efecto, de las constancias de autos surge que el Sr. Juez de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en que el hecho habría acontecido. Es así que descartamos este agravio relativo a la falta de valoración de la historia clínica de la víctima R.E.M. y el reproche por la ausencia del llamado a prestar declaración testimonial de los profesionales de la salud del nosocomio local, por cuanto advertimos que el a quo efectuó un análisis pormenorizado y concatenado de la partida de defunción que constata el fallecimiento por shock neurogénico con trauma encefálico; del informe de autopsia efectuado por la médica forense W. a la luz de la historia clínica con que contaba; las contestes y concordantes testimoniales de F.P.C. y M.R.Ch.; el certificado médico policial del Dr.
M., que consignó Glasgow 8/15 estado de coma grave, sumado a los informes policiales de la preventora. Es dable mencionar que el encuadre legal del hecho reprochado, en la figura de “homicidio en ocasión de robo”, comprende la violencia ejercida con motivo y ocasión del robo, de lo que resulta la muerte de R.E.M. como resultado eventual proveniente de esa violencia desplegada por los encartados para consumar el robo. En ese sentido, compartimos con el Sr. Juez de grado la conclusión que sostiene que conforme las probanzas aunadas al legajo se logró determinar fehacientemente la causa que derivara en la muerte violenta de R.E.M., resultando concluyente que esa muerte se produjo como consecuencia o en ocasión del robo consumado a la víctima reprochado a L.M.S. y F.I.D. en calidad de coautores.
Se concuerda con el a quo que fue la violencia ejercida sobre el cuerpo de la víctima para consumar el robo, lo que configura el elemento fundamental y determinante, que derivó en la internación de R.E.M. en el hospital donde falleciera días después; máxime teniéndose acreditado el deceso por un shock neurogénico a causa del edema cerebral producto de un traumatismo de cráneo con o contra un elemento de configuración romo sobre el techo o punto más alto del cráneo y levemente frontal, pudiendo tratarse de piñas, patadas o similar desde arriba hacia abajo o con la víctima en flexión o decúbito, descartándose la caída de propia altura como posible dinámica, lo que guarda plena correspondencia con la agresión registrada en las secuencias fílmicas por parte del imputado y su consorte de causa.
Por otra parte, la Instrucción valoró las secuencias fílmicas donde se observa al “sujeto 2” –L.M.S.-, levantar del suelo una billetera, que tras ser incautada en el allanamiento efectuado en el domicilio del encartado, fuera reconocida de manera categórica por todos sus familiares convivientes y por su ex pareja, quien bajo juramento de decir verdad declaró haberle regalado la billetera que reconoció a la víctima R.E.M.. De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.
Seguidamente en el mismo agravio y en oportunidad del memorial, la defensa plantea que frente al cuadro de incertidumbre se debió dictar una falta de mérito, continuando con la investigación a los fines de esclarecer las circunstancias del deceso de la víctima, respetando la garantía constitucional del imputado respecto al principio de inocencia, entendiendo que la prisión preventiva se utiliza en forma automática, resultando violatorio al debido proceso y las garantías constitucionales. Al respecto consideramos que no se da en el caso el estado de incertidumbre que alega la defensa, y mucho menos que los elementos probatorios reunidos en la causa habiliten a emitir una falta de mérito a favor del encartado.
Tampoco se comparte con la defensa que la prisión preventiva dispuesta junto con el auto de procesamiento haya sido dictada de manera “automática”. Muy por el contrario, advertimos que tiene como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos constatados en el caso concreto. Este punto se encuentra debidamente abordado por el a quo luego de disponer el procesamiento a fs. 257 de los autos principales, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas que rigen el principio de inocencia y el debido proceso, concordando que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley.
Del estudio de los fundamentos del a quo se observa que en primer lugar tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha en calidad de coautor y con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente tuvo objetivamente incrementados los riesgos procesales. Seguidamente el a quo ponderó que, por la pena en expectativa que le podría caber en caso de recaer condena, la misma sería de cumplimiento efectivo, lo que le permite razonadamente suponer que el encartado podría intentar ausentarse de la jurisdicción para evitar su estadía en prisión. Asimismo consideró que parte de la res furtiva no fue hallada (celular, documentación y tarjetas del occiso), por lo que de encontrarse en libertad ambulatoria el imputado, permite evidenciar el riesgo cierto de continuar ocultando la res furtiva o asegurar su destrucción, conculcando con dicho accionar las medidas probatorias que restan por producirse.
Por todo lo expuesto, si bien la defensa no comparte los argumentos invocados por el a quo, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta por el delito endilgado, toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa. Ello no sólo por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito, sino también porque es la solución que mejor se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional respecto a la tutela de la vida de los ciudadanos, como labor principal del aparato estatal.
No podemos soslayar en autos los derechos de las víctimas en su dimensión humana, lo cual encuentra su correlato en la necesidad que los operadores judiciales arbitren los medios tendientes a lograr la eventual condena de los autores del ilícito ("Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad"). Con lo dicho, quedan desechados los argumentos que constituyen el presente agravio, puesto que se entiende que el a quo evaluó correctamente la peligrosidad que el sujeto activo demostró con su conducta concreta en los hechos objeto de investigación, logrando acreditar que el riesgo de entorpecimiento procesal no es evitable más que con la medida cautelar de prisión preventiva decretada, resultando el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva, ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia. 3.- Agravio relativo a la calificación legal: Por último la defensa se agravia del encuadre legal del hecho investigado.
Entiende que el Instructor resolvió dictar el procesamiento de forma apresurada por el presunto delito de “homicidio en ocasión de robo”, descartando la posibilidad de un “homicidio preterintencional”, alegando que las lesiones provocadas a la víctima de ninguna manera podían provocar la muerte, más aun teniendo en cuenta que el mismo ingresó al Hospital con lucidez y que su deceso ocurrió 10 días después de acontecido el evento. Sostiene que, frente a la orfandad probatoria en relación a la causa de muerte, sin dudas no puede más que adjudicarse a su asistido el accionar violento contra M. cuyo resultado fueron lesiones graves, que por causas ajenas a la voluntad del incuso, derramaron hacia la muerte de la víctima por el accionar culposo y/o omisivo de los médicos intervinientes del Hospital, por lo que solicita se readecúe la calificación legal en la figura de “lesiones graves” (art. 90 del CP).
De esta forma rechaza que el accionar reprochado al encartado pueda quedar atrapado en un “homicidio doloso”, puesto que surge claro que no solo no provocó la muerte (sino el servicio médico), es decir, no tuvo la intención de provocar la muerte con un solo puñetazo sino además nunca se lo pudo haber representado, sumado a que los medios empleados razonablemente no deberían ser causa de muerte. Es decir, plantea que estamos ante un “homicidio preterintencional”. Que, analizando este tercer agravio relativo al mérito de los elementos de cargo producidos en la causa con impacto en la calificación legal del hecho reprochado a L.M.S., adelantamos que tampoco podrá prosperar. Se concuerda con el a quo que el hecho investigado se encuadra en el delito de “homicidio en ocasión de robo” (arts. 165 y 45 del CP), por haber explicado en el procesamiento con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, el encuadre jurídico del hecho reprochado, teniendo prima facie acreditada la violencia ejercida para consumar el robo, desplegada únicamente en una zona vital: la cabeza de R.E.M., desencadenándose días después el fallecimiento de la víctima en el nosocomio local.
En cambio, del análisis de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado sin lograr controvertir lo decidido, debiendo señalar a la defensa que la aseveración consistente en que R.E.M. ingresó al hospital “con lucidez”, solo se sostiene en su manifestación sin respaldo en ninguna de las constancias de la causa. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará. Es que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia, incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia.
(Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...".
(TR LALEY AR/JUR/56181/2014). III) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas. IV) Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 01/10, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. TENER PRESENTE la expresa reserva del Caso Federal incoada por la defensa técnica del imputado F.I.D..
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia