Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.095 FOLIO Nº 096/100 PROT. ELECT. JR101 242I.261
Río Gallegos, 25 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: "L.A.M.; A.J.M. y Otro S/ Robo Doblemente Calificado por ser en Poblado y en Banda y con el uso de Armas" - Expte. Nº 29662/26 - Apelación/Causa JR Nº 10179/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 09/17vta. del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de M.A.L., en orden al delito de “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa" (arts. 42, 45, 166 inc. 2º y 167 inc. 2º del CP), en el punto 2) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de J.M.A., en orden al delito de “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización en concurso real con abuso de armas" (art. 42, 45, 55, 104, 166 inc. 2º y 189 bis inc. 2º -2º párrafo del CP) y en los puntos 3) y 4) ordenó el embargo de los procesados por la suma de pesos tres millones (3.000.000).
Que a fs. 20/25vta. y 26/33vta. del presente incidente, las defensas técnicas apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 36 sostuvieron los recursos y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuaron presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que siendo que ambas defensas se agravian de los mismos puntos del resolutorio procederemos seguidamente a abordarlos de manera conjunta facilitando de esa manera la lectura y el entendimiento de la presente resolución pretendiendo evitar incurrir en tediosas reiteraciones.
1. De la insuficiencia probatoria: Las defensas de M.A.L. y J.M.A., plantean en primer término que sus asistidos fueron procesados incorrectamente en virtud que las pruebas en que se funda el auto de mérito no configuran elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que sus representados sean probablemente autores o partícipes penalmente responsables del hecho del que fueran impuestos.
En respuesta al agravio impetrado por las defensas de M.A.L. y J.M.A. respecto a la insuficiencia probatoria, corresponde señalar que en esta etapa procesal liminar o embrionaria por la que atraviesa la causa, no resulta exigible un grado de certeza apodíctica respecto de la culpabilidad de los imputados. Ello conforme el criterio asentado en la causa caratulada: “C.C.R. y Otros S/ Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (Damn. Fruteria “L.M.”) Expte. Nº 93.043/25, Apelación Nº 10.090/26, de esta Alzada, que cita a modo de ejemplo).
De acuerdo a la pacífica y reiterada jurisprudencia de este Sr. Juez de Recursos, el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los encartados en el mismo. Se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún no definitivos ni confrontados, pero que resultan idóneos para orientar el proceso hacia la acusación, es decir, hacia la base del juicio oral.
Por lo tanto, para el dictado de una resolución de procesamiento basta la confirmación inicial de la sospecha y la prevalencia de los elementos incriminantes por sobre los de descargo. Exigir pruebas irrefutables o el grado de certeza propio de una sentencia definitiva en este tramo del proceso constituye un error en la apreciación de las etapas procesales.
Asimismo, es un principio rector de esta Alzada que la valoración de la prueba reunida se debe efectuar en su conjunto, a la luz de las reglas de la sana crítica racional (art. 199 del Código Procesal Penal), y no de manera aislada, fragmentaria o parcializada.
La doctrina y la jurisprudencia recomiendan valorar la prueba indiciaria en forma general, puesto que cada indicio considerado separadamente podría dejar margen para la incertidumbre, la cual sólo es superada mediante una evaluación conjunta e integral.
El sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal le permite a quien juzga asignar a ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a otros, siendo esta valoración suficiente para superar la valla del artículo 289 del CPP si del análisis armónico del plexo probatorio surge la probabilidad positiva sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad penal de los imputados.
En consecuencia, el planteo de insuficiencia probatoria debe ser desestimado, toda vez que los elementos de convicción reunidos no requieren constituir prueba plena ni absoluta certeza, sino que alcanzan y son suficientes –al menos en esta etapa procesal– si permiten presumir, razonablemente y en grado de probabilidad, que M.A.L. y J.M.A. resultan autores o partícipes penalmente responsables de los hechos endilgados. 2.- De la calificación legal: En segundo lugar la defensa de J.M.A. alega que su asistido ha sido procesado incorrectamente en orden al delito de “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización en concurso real con abuso de armas" (art. 42, 45, 55, 104, 166 inc. 2º y 189 bis inc. 2º -2º párrafo del CP).
Al respecto sostiene que los elementos recolectados no son suficientes para inferir los delitos enrostrados en la modalidad agravada por el uso de arma de fuego, mucho menos la portación y el abuso de armas.
Refiere que para encuadrar el hecho en el tipo delictual enrostrado, se necesita mínimamente acreditar la existencia de huellas dactilares de su defendido en el arma secuestrada, si la misma era apta para efectuar disparos, si efectivamente fue disparada, y si mi defendido presentaba en sus manos restos de material compatible con residuos de disparo. Critica que nada de eso se realizó en autos, dejando al expediente en una evidente orfandad probatoria respecto de los agravantes enrostrados. Solicita que se valore el contexto en que habrían ocurrido los hechos investigados, tomando en cuenta el descargo de su cliente, quien reconoció que en el domicilio donde ocurrieron los hechos se comercializan estupefacientes y que su tentativa de robo fue repelida desde el interior del inmueble por el Sr. C. esgrimiendo el arma cuya portación se le pretende adjudicar.
Agrega que su asistido declaró en la indagatoria que el dueño de casa tenía un arma, él agarró un palo, le pegó para sacarle el arma, el hombre de adentro tenía un fierro y le partió la cabeza con ese fierro al que lo acompañaba en tanto él agarró el arma sin saber que estaba cargada y tiró un tiro al aire. Y plantea que para verificar su versión de los hechos resta comprobar la presencia de huellas en el arma. Por su parte, la defensa de M.A.L., plantea que las pruebas recolectadas en el presente caso no son suficientes para determinar, aun en grado de probabilidad que reina en esta etapa, que su pupilo sea el autor con los agravantes impuestas, esto es, que haya sido en banda y con el uso de un arma de fuego.
Puntualmente se agravia de la agravante "banda", ya que la tipología del delito en banda acarrea como mínimo la participación de tres o más personas, sustentándolo en cierta doctrina y jurisprudencia. Y en el caso de marras a fs. 5/7 la Sra. V. da cuenta que dos sujetos ingresaron a su vivienda y a fs. 14/15 el Sr. C. ratifica la versión de la anterior testigo. Por ello concluye que la agravante banda no se encuentra configurada en autos. Con relación a la utilización del arma, expresa que su asistido desconocía la existencia del arma y que esto tiene correlato probatorio en la declaración del testigo C., quien refiere que: "... después ingresa al lugar, otro masculino de contextura robusta, apuntándome con un arma tipo revólver, a mi cabeza, aduciendo en textuales palabras "dale, dale", apuntándome con el arma. En consecuencia, decidí confrontarlos, por lo que en ese instante, el masculino de contextura robusta procedió a efectuar un tiro al aire, para posterior nuevamente apuntarme el arma hacia mi cabeza, procediendo a pegarme con el elemento. Por último, al pasar unos minutos estos comienzan a discutir...". Precisamente la discusión entre los consortes se debió a la utilización del arma. Solicita que se valore el descargo de su asistido al respecto. Por ello solicita se revoque el auto de mérito y se modifique la calificación por la de "tentativa de robo simple". En respuesta a los agravios impetrados por las defensas de J.M.A. y M.A.L., mediante los cuales cuestionan la suficiencia probatoria respecto a las agravantes por uso de arma de fuego, portación y abuso de armas, así como la configuración de la agravante de "poblado y en banda", y solicitan la modificación de la calificación a "tentativa de robo simple", corresponde señalar que los mismos deben ser desestimados por los siguientes fundamentos jurídicos.
En primer lugar, respecto al cuestionamiento de las figuras penales aplicadas (la cantidad de integrantes requerida para la agravante de "banda" y la concurrencia de los delitos de portación y abuso de armas), el planteo se traduce en una mera disconformidad con la calificación legal provisoria efectuada por el juez de grado. Es criterio pacífico, constante e invariable de este Juez de Recursos que la calificación legal efectuada en el auto de procesamiento no es pasible de revisión en esta instancia procesal. Ello se debe a que los hechos imputados revisten una naturaleza netamente "provisoria" y mutable a lo largo del proceso, y por tanto, su encuadre jurídico no causa estado. Dicha calificación podrá ser debatida y eventualmente variar al momento del requerimiento de elevación a juicio (en los términos de los arts. 329 y 330 del CPP) o en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia, siempre y cuando no se modifique la plataforma fáctica del hecho imputado para no afectar el principio de congruencia. Por lo tanto, el pedido de cambio de calificación a "tentativa de robo simple" resulta improcedente en este estadio procesal. En segundo lugar, en lo atinente a la supuesta orfandad probatoria por la falta de peritajes científicos exhaustivos en esta etapa (tales como la recolección de huellas dactilares en el arma, el dermonitrotest para detectar residuos de disparo o la prueba de aptitud para el disparo), la defensa yerra al exigir un grado de "certeza apodíctica" que no es requerido en este tramo liminar del proceso. Al respecto se reitera que, conforme a la doctrina y jurisprudencia que rigen la materia, el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en éste. Se trata de la valoración de elementos probatorios que, aunque aún no sean definitivos ni hayan sido plenamente confrontados en un debate oral, resultan suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, es decir, hacia la base del juicio. En otras palabras, en esta instancia, basta con que primen los elementos de cargo por sobre los de descargo.
La valoración de las pruebas no debe realizarse de manera aislada o fragmentaria, sino en su conjunto, a la luz de las reglas de la sana crítica racional (art. 199 del CPP). En el caso que nos ocupa, el relato de las víctimas (la Sra. V. y el Sr. C.) resulta ser una prueba dirimente y de vital importancia. El Sr. C. fue claro al describir la dinámica del evento, señalando que el imputado lo apuntó a la cabeza con un arma tipo revólver, profirió amenazas ("dale, dale"), efectuó un disparo al aire y luego lo golpeó con dicho elemento. Estos testimonios, analizados armónicamente, otorgan credibilidad a la hipótesis acusatoria y permiten tener por acreditada la materialidad del uso del arma de fuego y el disparo, superando holgadamente la valla exigida por el art. 289 del CPP para el dictado del procesamiento.
Finalmente, las versiones exculpatorias brindadas por los imputados en sus declaraciones indagatorias —consistentes en afirmar que el arma pertenecía al dueño de casa, que el disparo fue accidental, o que el coimputado desconocía la existencia del arma de fuego— constituyen hipótesis defensivas que, valoradas bajo la sana crítica racional, por el momento no logran desvirtuar el cuadro de probabilidad positiva construido por los elementos de cargo.
Dichas hipótesis, junto con la producción de las pruebas científicas que la defensa echa en falta, podrán ser materia de un debate amplio, contradictorio y definitivo en la etapa de juicio oral, pero no son óbice para convalidar el procesamiento en esta etapa instructoria. En virtud de lo expuesto, los agravios deben ser rechazados en su totalidad, correspondiendo confirmar el auto de procesamiento en orden a los delitos y agravantes provisoriamente imputados.
3. De la prisión preventiva: Ambas defensas se agravian del encarcelamiento cautelar de sus asistidos planteando que los riesgos procesales surgen únicamente de la íntima convicción del a quo, toda vez que no se han aplicado en autos sistemas de coerción personal que vayan generando ciertas restricciones de manera paulatina y que de su desobediencia surja la severidad de su afirmación. El delito que se les reprocha a sus asistidos no puede por sí solo acreditar objetiva y concretamente el riesgo procesal requerido por la norma ni resulta suficiente para fundar la prisión preventiva. Sostienen que no quedan pendientes de producción pruebas que los imputados puedan por algún tipo de accionar hacer peligrar o entorpecer.
Subsidiariamente solicitan la excarcelación de sus pupilos bajo la caución y/o medidas de seguridad se estimen correspondan. En respuesta al agravio interpuesto por las defensas cuestionando el encarcelamiento preventivo y solicitando subsidiariamente la excarcelación de sus asistidos, corresponde señalar que el planteo no habrá de prosperar, toda vez que la medida cautelar de prisión preventiva ha sido debidamente abordada y motivada por el magistrado de instrucción. En dicha resolución no se advierte una interpretación inconstitucional o arbitraria, ni una afectación al derecho de defensa, como tampoco la imposición de una pena anticipada.
Contrariamente a lo alegado respecto a que los riesgos procesales surgen de la mera "íntima convicción" del a quo, el peligro de fuga y de entorpecimiento se encuentra objetivamente sustentado en las pruebas obrantes en el legajo. En primer lugar, la instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar, en grado de probabilidad, la participación de los encartados en un ilícito reprimido con pena privativa de la libertad. Esto reduce la expectativa de una resolución favorable y, sumado al monto de la pena conminada en abstracto, permite presumir válidamente que una eventual condena será de cumplimiento efectivo. Al respecto, es criterio pacífico de esta Alzada que debe tenerse en cuenta el aumento de las chances de fuga que se genera al otorgar la libertad a un detenido que enfrenta la seria posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia.
La peligrosidad procesal de los imputados también habría quedado evidenciada en la violencia que habrían desplegado al ingresar al domicilio habitado, en horas de la madrugada, mediante el uso de un arma de fuego, en presencia de una menor de edad. Por su parte, el riesgo de entorpecimiento de la investigación fue correctamente valorado por el juez de grado en función de la violencia desplegada al momento de cometer el delito y que aún restan por producirse diversas medidas probatorias y tareas investigativas, lo cual incrementa el peligro de que, en libertad, los encartados puedan interferir en el curso normal de la pesquisa mediante conductas intimidatorias hacia los testigos directos, alteración de elementos de prueba o frustración de diligencias pendientes.
En relación con el reclamo por no haberse aplicado previamente sistemas de coerción menos gravosos o restricciones paulatinas, debe recordarse que el derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares severas como la prisión preventiva, cuando las circunstancias comprobadas de la causa hacen presumir peligros procesales ciertos y objetivos. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos justifican el encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar para asegurar su comparecencia en el juicio y la ejecución del fallo. En el presente caso, no resultan viables otras medidas alternativas al encierro cautelar (como la excarcelación bajo caución), pues el propio accionar de los encartados denota su total desapego a la ley. La prisión preventiva aparece aquí como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso. En definitiva, los argumentos de las defensas no logran conmover los fundamentos del a quo y lucen como una mera disconformidad con la privación de libertad dispuesta. La medida se encuentra debidamente fundada en datos y pautas objetivas, por lo que corresponde su confirmación.
4. Del embargo: Finalmente ambas defensas se agravian del monto del embargo, pues no hay consideraciones ni constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudiera caberle a los imputados. Por ello solicitan, para el caso que se confirme el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo. En respuesta al agravio formulado por las defensas respecto al monto del embargo y su solicitud de reducción, corresponde señalar que el planteo debe ser desestimado conforme a los criterios pacíficos y reiterados de este Juez de Recursos. Frente a este cuestionamiento, es imperioso aclarar que el monto del embargo cautelar fijado en el auto de procesamiento constituye únicamente un valor estimativo. Esto responde a la imposibilidad fáctica y jurídica de establecerlo en una suma definitiva dada la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, determinación que recién podrá concretarse –llegado el caso– en la etapa de la sentencia final del proceso. Por lo demás, a la hora de evaluar la razonabilidad de la suma impuesta, no deben soslayarse las previsiones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación con la posibilidad de que una eventual sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito, la indemnización del daño material y moral causado y, finalmente, el pago de las costas procesales, en estricto orden.
Al respecto, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que sostiene que la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso. Estas últimas consistentes en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “M., H.A.”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1 y más cercano en el tiempo: CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
El legislador ha dejado librada al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias para fijar el quantum. Por ende, el control jurídico de esta Alzada sobre el monto de la medida preventiva sólo resulta viable en tanto y en cuanto la suma fijada demuestre una "grosera desproporción" con las razones que determinaron al Juez de grado a tomarla.
Asimismo, cabe recordar a las defensas que el embargo persigue fines de resguardo eventual, y a los fines de su cuantificación no debe tenerse en cuenta la situación económica o capacidad patrimonial de los acusados.
En consecuencia, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio, como razonable y proporcionado para garantizar esos fines procesales y resarcitorios. Al no advertirse irrazonabilidad, carencia de fundamentación ni una grosera desproporción en la suma estipulada, los agravios introducidos deben ser rechazados, correspondiendo confirmar íntegramente el monto del embargo cautelar dispuesto.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 09/17vta. del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia