Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, jurisprudenciales la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría F A L L A:
1Aceptar las excusaciones de la Dra. Griselda I. Bard y del Dr. Horacio M. J. Fernández por las razones dadas al contestar la primera cuestión, apartándolos del conocimiento y trámite de estos autos.
2Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 254, 264 y 265 del CPCC).3º) Imponer las costas de la instancia al actor por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 4º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9120/25 Sentencia: Definitiva Actor: L.M.E.
Demandada: L.O.M.
Objeto: Impugnación de la paternidad Fecha: 05-08-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cinco días del mes agosto de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “L., M. E. c/ L., O. M. s/ impugnación de la paternidad” Expte Nº 8654/2023 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Familia de esta ciudad, que ingresaran en la instancia con el Nº 9020 del año 2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dres. Humberto E. Monelos, Juan Pablo Olivera y Mario A. Albarrán para responder a los siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Deben aceptarse las excusaciones de la Dra. Griselda. I. Bard y del Dr. Horacio M. J. Fernández.? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Dra. Griselda. I. Bard. se excusa en PE 2043234/ 2025 por intervenir en autos su esposo, el Dr. E. R. G., con invocación del art. 17 inc. 1 del CPCC y los motivos de decoro y delicadeza del art. 30 del mismo cuerpo legal. El Dr. Horacio. M.J. Fernández se excusa en PE2044340/2025 por haber actuado como Ministerio Pupilar en autos.
Es de público conocimiento que nuestra colega se encuentra unida en matrimonio con el Dr. E. R. G. Es decir está configurada la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC. Por otro lado de la compulsa del expediente digital se desprende que el Dr. F. actuó como Ministerio Pupilar en autos (ver PE 1125438/2023) en representación complementaria de la menor. Ergo se configura respecto de él la causal del inciso 7 del art. 17 del CPCC.
Habida cuenta ello propongo al acuerdo admitir la excusación de la Dra. B. y del Dr. F. apartándolos del conocimiento y trámite de estos autos. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
II. Como expresa el preopinante se han configurado las causales del art. 17 incisos 1 y 7 del CPCC respecto de ambos vocales. Corresponde, como propone, aceptar las excusaciones y apartarlos del conocimiento y tramite de autos. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que M. E. L. con el patrocinio letrado de los Dres. E. R. G. y F. P. promueve acción de impugnación de la Filiación presumida por la ley contra la niña A. J. L. L. que deberá ser representada por su madre la Sra. O. M. L. Indica que su padre H. L. falleció el día 22 de mayo de 2023 y que se comenzó a realizar los trámites de su sucesión. Se dice que tomó conocimiento el 30/5/23 que A. J. no era hija biológica de H.L. por un audio telefónico. Afirma que, motivado por este “hecho nuevo”, el 5/6/23 intimó por Carta Documento a la Sra. L. para que se presentasen, junto a la menor, en el laboratorio Génesis de esta ciudad para extraer una muestra de ADN de la menor para determinar el vínculo, pero que la madre se negó a realizar esta muestra.
Sostiene que en vida su padre desconoció que la menor no fuese su hija biológica. Acompañó constancia certificada por la escribana pública M.A. P. de una comunicación. Hace referencia al matrimonio del difunto con la Sra. O. L. el 6 de noviembre de 2009 y que posterior a ello nació la menor A. J. el 20 de agosto de 2011. Justifica que por ello, conforme el art. 590 del CCyC interpone demanda por impugnación de la filiación presumida por la ley. Dice que la demanda no solo busca impugnar la filiación presumida por la ley, sino que hace al derecho de la verdadera identidad de la niña. Afirma que su madre le está impidiendo conocer la verdadera identidad, manteniéndola en un engaño cuando su padre es otra persona. En PE 670345/2023 se tiene por entablaba formal demanda por impugnación de paternidad disponiéndose que tramitará por el proceso ordinario. Toma participación Fiscalía en PE 11202325/2023 y el Ministerio Pupilar en PE 1125438/2023 IV.- Que corrido traslado de la demanda se presenta en PE 1169274/2023 O. M. L. por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad A. J. L. L. con el patrocinio del Dr. H. J. N. contestar la demanda. Plantea la caducidad de la acción; la improponibilidad de la acción, la falta de legitimación activa. En subsidio contesta la demanda formulando negativas y da su versión de los hechos. Invoca doctrina que se tiene presente y ofrece prueba. La causa se abre a prueba en PE792154/2024 produciéndose la obrante en autos, entre ellas la prueba genética que establece un vínculo biológico entre la parte actora y la menor A. J. L. L. La sentencia obra en PE 1992505/2025 y falla rechazando en todas sus partes la acción de impugnación de filiación presumida por la ley interpuesta por M. E. L. contra la adolescente A. J. L. L. y su representante legal necesaria la Sra. O. M. L. declarando que existe vínculo paterno filial de aquella con su extinto padre H. L.. (Arts. 589,590 CCYC. Impone las costas a la parte actora conforme al principio general de la derrota (art. 68 CPCC). Hace saber al Ministerio Pupilar interviniente “que deberá citar a la adolescente a los fines de brindarle el asesoramiento pertinente en orden a instar la acción de daños y perjuicios que pudiere corresponder.” (art. 103 CCyC) Difiere la regulación de honorarios para su oportunidad y manda registrarla y notificar.
La sentencia no resuelve el planteo de caducidad de la acción opuesta por la parte demandada en el responde, que, luego de ser contestado el traslado (PE 1290815/2024) se ordenó diferir para el momento de la sentencia (ver PE 792154/2024). Debo señalar que, sí el resultado de la prueba genética fue suficiente para que la Sra. Jueza sellara la suerte del juicio, pero, si entendió que el planteo de caducidad se volvía abstracto por esa razón, como lo difirió para resolverlo en la sentencia debió decirlo.
V. Que en PE1998631/2025 el actor M.E. L. interpone recurso de apelación, que en PE1191963/2025 se le concede contra sentencia interlocutoria libremente y con efecto suspensivo. Puestos en la instancia los autos para expresar agravios en PE 2069096/2025 se presentan el actor M. E. L. junto con S.
L. con el patrocinio de los Dres. F. G. P. y E. R. G. a fundar el recurso. Cabe señalar que este último, S. L., no es parte en autos, aunque se presentan ambos por propio derecho. En la sentencia aparece nombrado, incidentalmente, S. L. en la transcripción integra la pericia de la Licenciada V. A. S. cuando la experte indica que la niña: “no recuerda haber tenido mucho contacto con M. y S., sus hermanos por parte de padre, quienes nunca vivieron con ella”. No hay otra mención a “S. L.” ni a “los hermanos”.
S. L. no aclara en que carácter comparece en autos, no pidió una intervención voluntaria (art. 90 CPCC) y por otro lado la presentación en la calidad del art. 736 del CPCC no esta previstas para su actuación en Cámara. Por ello no lo tomaré en cuenta, como no lo tuve en el proveído (PE 1233318/ 2025) cuando sólo se tuvo por presentado el escrito de expresión de agravios respecto de M. L.
Tras esta breve digresión motivada por una invasión al proceso por un extraño, me concentro ahora en el escrito con el que el actor ataca la sentencia en dos agravios. En el primero la ataca por incongruencia, parcialidad, se entiende que cae en prejuzgamiento al recomendar la jueza en la sentencia que demande a la otra parte y pone en evidencia al resolver en el punto 3 del fallo poniendo como misión del Ministerio Pupilar que cite a la menor adolescente para brindarle el asesoramiento pertinente en orden de instar la acción por daños y perjuicios que pudiere corresponder. Expresa que cae en prejuzgamiento y demuestra animadversión. Hacen reserva de daños y perjuicios, o en su caso, citar a la magistrada si sus clientes son demandados a propuesta de la jueza.
Califica la sentencia de incongruente pues la sentencia debe ceñirse a la demanda y su contestación y entiende que tratar temas no propuestos autoriza el pedido de nulidad. Y además de arbitraria que la descalifica como acto jurisdiccional, al recomendar a la adolescente A. J. L. demandar a sus hermanos. Incursiona sobre el derecho a la identidad biológica y se pregunta que responsabilidad le cabe por las irresponsabilidades de los mayores, y se refiere a que la jueza sostiene que “los hermanos” ( la sentencia habla del actor no de los hermanos) se dejaron llevar por chismes emanados de una tía de la menor ( tía que no declaró en autos) y entiende que estas frases la hacen caer en prejuzgamiento que nulifica la decisión.
Sostiene que en el caso no hay daño y que éste fue para todas las partes por igual. Sostiene que “sus clientes” (pero hay un solo actor), en su interés por la verdad invitaron a la madre de la niña a realizar un examen de ADN y que la madre se negó, como reconoce la jueza. Habla del pleito que convocó a los hermanos de A. J. L. (pero hay un solo actor) fue para desentrañar la verdad biológica de los tres hermanos. Sostiene que la falta de imparcialidad es evidente en la carta a la niña que tuerce la sentencia y cuya redacción constituye un absurdo y grosero apartamiento de las formas de una sentencia que debe limitarse a resolver las cuestiones sometidas a su estudio considerados en igualdad como justiciables en sus alegaciones con imparcialidad. Critica la carta que marca la presencia de una posición en desmedro de la otra y expresa que hubiera dirigido una carta a los hermanos. Expresa que estas imprecisiones demuestran cuanto esta teñida de parcialidad. Por ello entiende que las garantías constitucionales del debido proceso, igualdad, derecho a la decisión por un juez imparcial están comprometidas y ello lo lleva a pedir a la cámara la nulidad de la sentencia y en su caso se tache el párrafo que causa agravio a su parte.
Cita un antecedente de la jurisdicción donde la jueza excede su función al disponer plazos para lo que deberían hacer las partes o sugerir acciones que podrían o deberían deducir (tomo CIII sentencias, Registro 3149 folio 199/207 Prot. Elec.A201 053 S251) donde el tribunal hizo saber a la magistrada de grado que deberá adecuar sus pronunciamientos dentro de los límites de sus obligaciones jurisdiccionales como se le señala en el considerando XII. Se queja porque lejos de obedecer la jueza de primera instancia insiste en los mismos errores y pide se lo remedie en la instancia.
En un segundo ataque contra la sentencia se agravia por la imposición de costas. Sostiene que la voluntad de las partes, tanto antes del juicio como en el pleito mismo, evidencia que el interés del pleito fue en la búsqueda de la identidad biológica de los hermanos involucrados y que la madre de la menor A. J. al negarse al cotejo de ADN extrajudicial obligó a litigar. Pide se tenga en cuenta esta circunstancia a los fines de imponer las costas en el orden causado. Al contestar agravios la parte demandada en PE2096591/2025 explica que la argumentación se aparta del contenido real de la sentencia. Dice que lo único que hace la sentencia es que se instruya y asesore a la joven A.J.L. L. acerca de las posibilidades de ejercer acciones por los daños que el proceso le ha generado, no le impone iniciar ninguna acción ni se valora la procedencia ni se adjudica responsabilidades y lo considera un deber legal de protección hacia una niña conforme el principio de tutela judicial efectiva y el interés superior de la niña como deber de los operadores judiciales de garantizar a los NNyA conozcan sus derechos y cuenten con información adecuada. Sostiene que el actor construye su agravio sobre una lectura distorsionada del fallo y presenta una directiva de protección como una toma de partido.
Argumenta que la jueza resolvió exclusivamente sobre lo planteado: la existencia o inexistencia de vínculo biológico mediante la prueba de ADN. Ese aspecto de la sentencia no es atacado. Dice que las consideraciones periféricas no habilitan la nulidad del fallo.
Respecto de la carta de la magistrada a la menor A. J. se trata de un recurso empleado que no es novedoso y constituye una práctica extendida cuando un menor se ha visto involucrado en un proceso judicial y cita ejemplos en la jurisprudencia. La considera una herramienta legítima para garantizar el derecho a ser oídos. Pide se rechace el agravio y se confirme la sentencia. Para contestar el segundo agravio se apoye en la regla general del art. 68 del CPCC y manifiesta que “los actores” promovieron una acción que resultó infundada y cita jurisprudencia. Añade que la sentencia aplicó correctamente esa norma y jurisprudencia vigente en la materia. Pide el rechazo del agravio.
VI. Que a mi juicio el ataque a la sentencia recurre a un agravio oblicuo, que no toca el tema principal: el nexo biológico de la menor A. J. L. L. con su padre H. L. Esa técnica argumental fue utilizada, con éxito, en un clásico caso en 1944, por el subcomité militar de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para vetar un folleto a distribuir entre los soldados que volvían de la guerra, sobre el origen de todas las razas ilustrado con un cuadro con Adán y Eva ¡con ombligos! siendo que no habían nacido de vientre materno, centrando el debate en el ombligo y no sobre el contenido y consiguiendo retirar el folleto. Ese material había sido preparado por dos profesores de la universidad de Columbia que declaraba que el concepto de raza se funda principalmente en prejuicios, que casi todos somos de sangre mezclada y que las pruebas del ejército de la primera guerra eran indicadoras que la inteligencia media de los negros de algunos estados del norte era superior a la media de los blancos de algunos estados del sur ( consultar en Historia Natural del Disparate. De Bergen Evansed. los libros del mirasol, página 11).
Se trata de una finta que aparta la discusión de lo objetivo: la prueba biológica que demuestra el parentesco por la rama paterna entre el actor M. E. L. y A. J. L. L. como su hija, vínculo que no ha sido atacado. Desde ese punto de vista la conclusión del punto 1 de la sentencia es inconmovible toda vez que la prueba genética no afectó la presunción legal del vínculo filial de H. L. y su hija A. J. L. L. que ahora, a más de la presunción legal por el nacimiento en el matrimonio (art. 566 del CCyC) se encuentra corroborado por una prueba genética que la refuerza.
El art. 46 inc. 5 de la ley 1 Orgánica de la Justicia en ejercicio de la Superintendencia nos permite señalar en sentencias y resoluciones las irregularidades de procedimiento que se observen en la tramitación de las causas, sean o no esos vicios materia de recurso y comunicándoselas al Tribunal Superior de Justicia cuando a nuestro criterio revistan gravedad. Y en ejercicio de esta atribución cabe señalar que se planteó en la contestación de la demanda (PE 1169274/2023) caducidad de la acción, improponibilidad de la acción y se ataca la legitimación pasiva; se contestó el traslado en PE 762032/2024 y en PE702154/2024 se difiere la caducidad de la acción para el momento de la sentencia. Pero en el momento de la sentencia no se toca el tema. Además en la sentencia se afecta la dignidad del abogado que tiene el patrocinio de la parte demandada, y del Ministerio Pupilar ninguneando al letrado al disponer que M.P. cite a la menor para asesorarla en orden a instar la acción por daños y perjuicios que pudiere corresponder dando a entender que el letrado no sabrá asesorarla, y al funcionario sobre lo que debía hacer excediendo el objeto del juicio. Debo aclarar, antes de seguir adelante, que el Sr. M. E. L. es el único actor. Al fundar el recurso de apelación se presenta, a su lado S. L., ambos por propio derecho, suscribiendo el escrito de agravios con el actor y en esa pieza se hace mención a “los hermanos”. Arrastrado por esta presentación la actora al contestar agravios se dice que la jueza recomienda: demandar a “los accionantes” se refiere a los apelantes (S. no apeló sólo firmó el escrito de agravios) y a la conducta de los hermanos cuando, en autos, no se discute la conducta de S. y en el segundo agravio se refiere a los actores.
Que quede claro hubo en autos un solo actor. Su hermano S. L. se entromete en el proceso en el escrito de agravios.
Establecido ello entiendo que no corresponde declarar la nulidad de toda la sentencia como se pretende, pero sí de parte de ella.
La sentencia es de aparente extensión, pero a poco que se la analice no hay sustancia. En los considerandos se resume la demanda, la certificación de expedientes entre el padre y la madre de la menor. Por “la valía de su desarrollo” se transcribe en su literalidad el dictamen del Ministerio Pupilar, actualmente vocal de este tribunal y la contestación de la demanda formulada por O. M. L., por propio derecho y en representación de su hija menor de edad A. J. L. L. donde plantea la caducidad de la acción; la improponibilidad de la acción, la falta de legitimación activa (aunque el rechazo de la demanda puede volver abstractos estos planteos nada dice la sentencia). Pide el rechazo de la demanda en un relato que se transcribe en la sentencia en largas páginas. Resume los procedimientos de prueba y transcribe la pericia psicológica en su totalidad para luego referirse a la pericia genética que marca la existencia de vínculo biológico entre la parte actora y la menor A. J. L. L., que no fuera impugnada. Refiere que luego se agrega el alegato de la demandada y que con la vista del Ministerio Pupilar y oído el Agente Fiscal pasó el expediente a sentencia.
Luego de estos extensos, por demás, resultandos ingresamos en la parte medular de la sentencia donde el juez debe fundar su resolución que limita a tres renglones donde señala:
“Que la reina de las pruebas en esta materia, como es la prueba genética ha arrojado un resultado difícil de cuestionar, que despeja toda duda del vínculo paterno filial”, para inmediatamente adelantar que rechazará “la demanda en todas sus partes con expresa condena en costas a la parte actora, merced al principio general procesal de la derrota.”
Es el único fundamento serio que existe en la demanda para referirse a las causas que originaron la litis que entiende fue un chisme telefónico enviado por una tía de la menor a la madre del actor. Ingresa en las consecuencias emocionales en la menor que no son materia de juicio.
Ello la lleva a imponer como misión al Ministerio Pupilar citar a la adolescente para asesorarla sobre la posibilidad y/o la facultad de la que contará a partir de esta sentencia de demandar por los daños y perjuicios que este devenir tribunalicio le han generado. Luego sigue la carta que dirige a la menor. Funda la sentencia en los parámetros de la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente en lo que hace a la impugnación de la filiación presumida por la ley y lo dispuesto por los arts. 589, 590 y ccs. del CPCC (en realidad se debió referir al Código Civil y Comercial, creo se trata de un lapsus al mecanografiar) y arts.334 y ccs. del CPCC, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso.
A mi entender en el fundamento la sentencia es escueto, (tres renglones de argumentación y tres de citas legales) no obstante es suficiente la prueba biológica. Pero ingresa a consideraciones que no hacen a la pretensión de las partes: la impugnación de la filiación presumida que fue rechazada.
Hay una grosera irregularidad que se pone de manifiesto conforme atribución del art. 46 inc. 5 ley 1. En la que incurre cuando decide encomendar, en el punto 3 del fallo, al Ministerio Pupilar que cite a la adolescente a los fines de brindarle el asesoramiento pertinente en orden a instar la acción por daños y perjuicios que pudiere corresponder está excediendo el objeto de la demanda. La representación complementaria del Ministerio Pupilar en autos se requirió al objeto de este pleito: la filiación de la menor.
Es más, está menospreciando a la abogacía cuando lo desconoce como patrocinante como incapaz de asesorar y al propio M.P cuando le indica lo que debe hacer. La menor está representada por su madre y cuenta con patrocinio letrado. Éste es quien debe asesorar sobre lo más conveniente. Al disponer que el Ministerio Pupilar cite a la menor para asesorarla está desconociendo el patrocinio letrado con que cuenta la parte actora. Deja al patrocinante como un adorno que debe ser sustituido en un ataque al ejercicio de la profesión. Con esta acción en la sentencia se realiza una inaceptable afrenta al art. 58 del CPCC que dispone:
“En el desempeño de su profesión el abogado será asimilable a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.” Comprendo que el profesional no reaccione para no enfrentarse a la magistrada. Pero ahora hay una institución que puede y debe intervenir en defensa ante una indebida injerencia: El Colegio de la Abogacía debe actuar cuando se está indicando cambiar de patrocinio para eventuales futuras acciones, sin señalar torpezas en el actuar o sin declarar la nulidad de la actuación del profesional afectado.
Reitero, la Sra. Jueza se ha excedido en su decisión avanzando más allá de las pretensiones deducidas en juicio cuando encomienda al Ministerio Público, en el punto 3 del fallo, que cite a la adolescente a los fines de brindarle el asesoramiento pertinente en orden a instar la acción por daños y perjuicios que pudiere corresponder.
Como lo ha puesto de resalto el recurrente no es la primera vez que la magistrada se excede en sus decisiones, y ya fue advertida por esta Cámara que debía adecuar sus pronunciamientos dentro de los límites de sus obligaciones jurisdiccionales, como se desprende de la cita de una sentencia registrada en Tomo CIII de sentencias, registro 3149, folio 199/207 Prot. Elec. A201 053 S251 (ver considerando XII de esa sentencia punto 8 del fallo)
Al existir un notorio exceso de su función al decidir sobre cuestiones ajenas al objeto del proceso considero debemos decretar la nulidad parcial de la sentencia declarando nulo el punto 3 de la sentencia y su fundamentación. En un segundo agravio se queja el recurrente por la imposición de costas y sostiene que funda “el pedido a partir de la voluntad desplegada por los actores tanto antes del juicio como en el pleito mismo……el interés de la acción fue la búsqueda de la identidad biológica de los hermanos involucrados”. Como existe un solo actor en autos la referencia a “los actores” no se ajusta a la realidad de autos.
No es atendible el argumento que un presunto interés de la acción fue la búsqueda de la identidad biológica, toda vez que presentado en autos el informe del Laboratorio Regional de Investigaciones Forenses que confirmaba la filiación presumida (art. 566 CCyC) de su hermana no desistió de su demanda obligando al dictado de la sentencia. Por ello rechazo el segundo agravio.
Habida cuenta las razones expuestas respondo a la segunda cuestión.
Considerando que la sentencia al resolver sobre las cuestiones propuestas a decisión y rechazar la acción de impugnación de la filiación presumida por la ley de la menor A. J.L. L. y declarando que existe vínculo paterno filial de aquella con su extinto padre es justa y debe confirmarse la sentencia en los puntos 1; 2; y 4 y demás aspectos de forma. Pero que debe declararse la nulidad parcial del punto 3 del fallo de la sentencia y de las consideraciones con que se funda la intervención que se encomienda al Ministerio Pupilar indicando que debe hacer y afectando la dignidad de un abogado dando intervención al Colegio de la Abogacía, con conocimiento del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
VII. Habiéndo pasado vista a los antecedentes de la causa y concretamente del recurso de apelación de la actora contra la denegatoria de su pretensión, advierto que los agravios traídos en el respectivo memorial, no se dirigen a la cuestión principal que resulta el objeto del proceso (impugnación de la filiación), sino a cuestiones accesorias articuladas por vía de nulidad al achacar a la jueza prejuzgamiento, animadversión al encomendar al Ministerio Pupilar el asesoramiento a la menor demandada en orden a instar eventuales acciones resarcitorias.
Que para el tratamiento del recurso de apelación contra la sentencia definitiva, el juzgador -para no caer en un pronunciamiento incongruente- debe centrarse en la traba de la litis, y en el caso, ésta se reduce a la impugnación de la paternidad presumida por la ley, cuestión que ha sido zanjada previo tránsito de la prueba científica (no atacada por la actora) rechazando la demanda la que ha quedado consentida a partir de no haberse alzado válidamente con agravios concretos contra el razonamiento de la jueza al decidir el objeto de la litis. Razón por la cual, los agravios traídos a consideración, no sólo son "oblicuos" como los cataloga el vocal preopinante, sino insustanciales y aparentes, pues no atacan ni formal ni sustancialemnte el modo en que se decide la cuestión, vgr. no existe una crítica al valor de la prueba científica, ni a la regularidad de su producción; lo que no satisface el art. 264 del CPCC. La inhabilidad de los agravios resulta patente, desde que se refieren a cuestiones ajenas a la litis, y dirigido a la validez de una recomendación realizada en el Punto 3° de la sentencia recurrida, sobre la que la actora no presenta un interés tutelable actual -desde que no existe acción resarcitoria alguna que deba ventilarse en este proceso- ni tampoco que demuestre que el prejuzgamiento aludido tenga vinculación con la decisión del fondo del asunto (la impugnación de la paternidad) o hubiera torcido la suerte de la demanda.
Así las cosas, no puedo categorizar a los agravios de la actora como procesalmente aptos para habilitar la meteria recursiva (tantum devolutum, quantum apellatum), ni tampoco el conocimiento de un recurso de nulidad integrado a una apelación inexistente desde el momento que la sentencia ha sido consentida en la única cuestión a decidir. Por ello propongo que se declare desierto el recurso de apelación (art. 265 del CPCC en función de los arts. 264 y 254 del mismo ordenamiento procesal). Asimismo, por idénticas razones, no considero oportuno formular consideraciones sobre aspectos procesales de la causa.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
VIII. Luego del estudio de estas actuaciones, llamado a dirimir la cuestión, comparto los fundamentos esgrimidos por el Dr. Juan Pablo Olivera y adhiero a su voto.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las consideraciones y fundamentos vertidos al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar las excusaciones de la Dra. Griselda I. Bard y del Dr. Horacio M. J. Fernández por las razones dadas al contestar la primera cuestión, apartándolos del conocimiento y trámite de estos autos. 2º) Señalar las irregularidades del procedimiento con noticia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y notificando al Colegio de la Abogacía de los considerandos pertinentes a sus efectos (art. 46 inc. 5º de la ley 1) 3º) Declarar oficiosamente la nulidad parcial del punto 3 del fallo y su fundamentación, confirmando la sentencia en todo lo demás que fuera materia de ataque. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor por el principio objetivo de la derrota. (art. 68 del CPCC). 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente líbrense las comunicaciones al Excmo. Tribunal Superior de Justicia y al Colegio de la Abogacía.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
X. En función de las consideraciones y fundamentos vertidos al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar las excusaciones de la Dra. Griselda I. Bard y del Dr. Horacio M. J. Fernández por las razones dadas al contestar la primera cuestión, apartándolos del conocimiento y trámite de estos autos. 2º) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 254, 264 y 265 del CPCC). 3º) Imponer las costas de la instancia al actor por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 4º) Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente vuelvan al Juzgado de origen.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XI. El pronunciamiento propuesto por el Dr. Olivera se ajusta a lo discutido y establecido en el Acuerdo. Adhiero por ello al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de agosto de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, jurisprudenciales la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría F A L L A:
1. Aceptar las excusaciones de la Dra. Griselda I. Bard y del Dr. Horacio M. J. Fernández por las razones dadas al contestar la primera cuestión, apartándolos del conocimiento y trámite de estos autos. 2º) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 254, 264 y 265 del CPCC).3º) Imponer las costas de la instancia al actor por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 4º) Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente vuelvan al Juzgado de origen.- Fdo. Juan Pablo Olivera- Juez de Cámara Subrogante; Humberto Monelos – Juez de Cámara Presidente; Mario Albarrán,- Juez de Cámara Subrogante; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201 047 S261 Tomo: CVI Sentencia: 3218 Folio Nº: 133/141 Secretaria: 1
Fin de la sentencia