Abriendo la norma
Cámara Segunda de Apelación, Sala II de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede corresponde se desestimen los agravios examinados y, en consecuencia, se confirma la sentencia apelada de fs. 262/269 vta., con costas (art. 68, C.P.C.C.). Asimismo, corresponde se ordene la inmediata ejecución de la sentencia dictada, sin perjuicio de indicar a los guardadores que sean elegidos del Registro respectivo del estado procesal en el cual se encuentren los obrados.
ADOPACION. DECLARACION DE ADOPTABILIDAD.
O. L. M. S/ MEDIDAS PRELIMINARES (AREA NIÑEZ)
C.C.C. II Sala 2°a.
Registro N° 80 (S) Folio........
SC
Causa: 115971 //la ciudad de La Plata, a los 19 días del mes de junio de dos mil trece, reunidas en acuerdo ordinario las Señoras Jueces Vocales de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Segunda, doctoras Patricia Ferrer y Silvia Patricia Bermejo, para dictar sentencia en la causa 115971, caratulada: "O. L. M. S/ MEDIDAS PRELIMINARES (AREA NIÑEZ)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término la doctora BERMEJO. La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 262/269 vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO DIJO:
I. La sentencia de primera instancia declaró a la niña M. E. O. L., nacida el 26 de octubre de 2010, en La Plata, hija de E. E. L. y de S. D. O. G., jurídicamente en estado de abandono y consecuente estado de adoptabilidad (fs. 262/ 269 vta.).
II. Esta decisión fue apelada por la señora L., quien fundó sus agravios (fs. 283/ 288 vta.), sin réplica de la contraria. Asimismo, la apeló la señora M. S. B., abuela de M., quien sustentó su recurso (fs. 357/ 362 vta.) y fue contestado por la señora L. (fs. 373/ 376 vta.). Dictaminado por la Asesoría (fs. 299 y 384) y habiendo esta Sala concretado el contacto con la niña (fs. 321 y vta.; arts. 3, ley 13.634 y 3 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño), la causa se encuentra en condiciones de resolver.
III. Las críticas al fallo pretenden revertir la declaración de adoptabilidad de la niña. Explica la señora L. lo difícil que fue su situación de vida, el deambular con su hija por la calle, la violencia por parte de su ex pareja y padre de M.. Sin embargo, esas circunstancias, tenidas en cuenta por el a quo al sentenciar, alega que cambiaron. Explica que se encuentra en pareja con el señor M. B., con quien vive en compañía del hijo de ambos, que su enfermedad se encuentra estabilizada, que su incapacidad no la inhabilita como madre, que no se agotaron las estrategias desde el Servicio Zonal y tampoco desde el ámbito judicial, que siempre ha ido a ver a su hija. Agrega que la familia biológica es primordial para la niña.
Por su lado, la señora B. –abuela de M.- relata que su hija ha pasado momentos arduos, pero que en la actualidad se encuentra en pareja con el padre de su hijo de 13 años. Que si bien la familia ha tenido para con ella una actitud expulsiva, ello se ha modificado y que es su principal deseo el colaborar con su hija E. en el cuidado de la bebé. Explica que no obra en el expediente actividad tendiente a insertar a M. en la vida de su hija E., quien a pesar de su discapacidad se encuentra en condiciones de atenderla. En síntesis, aduce que mantener la sentencia atacada llevaría a vulnerar los derechos de su nieta, por lo que solicita se revoque el pronunciamiento emitido y se instauren las medidas para que los órganos del Poder Ejecutivo, de la ley 13.298, arbitren los mecanismos para que la niña vaya con su familia biológica y hasta ese momento se le otorgue la guarda.
IV. Comienzan estas actuaciones con la elevación de una nota, emitida por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, dirigida al Tribunal de Familia y a la Asesoría de Incapaces, ambos en turno. En ella se explicó la dificultad de efectivizar la medida regulada en el artículo 35 inciso “h” de la ley 13.298, con relación a la niña M. O. L., de seis meses de edad en ese momento, quien se encontraba en la ciudad de San Miguel del Monte con su madre, conforme las características del caso, según constaba en la documentación emanada del Servicio Local de San Miguel de Monte que se adjuntó (fs. 1).
En la presentación acompañada, firmada por la Coordinadora y la Asesora Letrada del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niño, de fecha 5 de mayo de 2011, se explicó que el 7 de diciembre del año 2010, la Licenciada M. R., Asistente Social del Hospital Zenón Videla Dorna, se presentó a ese Servicio para denunciar la situación de M. -en ese momento, de 40 días de vida-. Explicó que la mamá de la niña se había desmayado en la calle, por lo que se encontraba internada. Puntualizó que ésta tenía una evidente dificultad para hacerse cargo de su hija como de ella misma (fs. 5). Desarrollaron que al comienzo se trató el tema de salud de la señora E., quien padecía epilepsia, no tomaba los remedios para su control y explicaba que se quedaba en la casa con su hijita y que su pareja la dejaba encerrada y sin alimentos cuando se iba a trabajar, lo que le originaba descompensaciones frecuentes.
Puntualizaron que por ese motivo comenzaron a tratar el caso, pero fueron surgiendo aspectos de una problemática familiar muy importante, en la cual la situación de la niña, de ya dos meses de edad, era la más perjudicada. Informaron que la señora L. fue inhabilitada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2 de Pergamino por su cuadro de epilepsia y trastornos de la personalidad. Relataron que el 8 de febrero de 2011 se acordó con E. y su madre, la señora M. B., su regreso a la ciudad de Pergamino. Por sugerencia de su curador, el señor E. J., se llegó a la conclusión que en el seno de su familia era donde podía encontrar mayor contención. Explicaron que la Operadora del Servicio en esa ciudad les dijo que los padres de E. eran reticentes a que ella fuera a vivir allí y prueba de ello fue que a los veinte días regresaron a E. con la bebé y todas sus pertenencias a la ciudad de Monte.
Asimismo, refirieron que ese Servicio se puso nuevamente en contacto con su par de Pergamino para pautar una estrategia de intervención. Se puntualizó que E. no contaba con el apoyo de su familia directa pues cuando la necesitó no la habían ayudado. Por ejemplo, ante una situación de violencia familiar, buscó asilo en la casa de una vecina, la señora G. P., relación esta que terminó en malos términos. Agregaron que la relación de la familia con la joven E. no solo es mala sino expulsiva. Incluso, explicaron que a través del Servicio de Pergamino intentaron que un hermano de E., el señor M. L., pudiera ayudar a la madre y a la niña, a lo que este se negó rotundamente.
Mencionaron que ante la situación de violencia se la alojó en el Hogar de Contención del Pastor Carlos Lorea. Sin embargo, allí se quedó solo una noche, distanciándose del Servicio Local.
El referido organismo transmitió, en esa misma nota, su preocupación ante la agresividad de E., demostrada por su discurso, sus amenazas de muerte hacia sí y hacia terceros, la impulsividad de su comportamiento, ya que no es consciente de sus actos ni de sus palabras. Transcriben que ha dicho que “Yo a mi hija si quiero le pego un martillazo en la cabeza y es un problema mío, no de ustedes”. Informaron que creen que la “desregulación emocional le impide hacerse cargo de su hija, ya que la expone de modo constante a riesgos que ponen en peligro la vida de M. Agrava y complejiza esta situación, según relataron, la vulnerabilidad de salud que transita la niña en tanto su particular diagnóstico de hidrocefalia, motivo por el cual está a la espera de una intervención quirúrgica (fs. 4). En base a lo dicho fundaron la petición de la medida de abrigo requerida (fs. 2/4).
También se glosó copia de la sentencia de declaración de inhabilitación del expediente caratulado “L., E. s/ Insania”, emitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento judicial de Pergamino, el 12 de junio de 2000 (fs. 6/ 9). En la copia de la pericia realizada en esas actuaciones, los expertos de la Asesoría Pericial explican que el diagnóstico de E. es epilepsia y trastornos de la personalidad, con pronóstico reservado (fs. 10 a 12). La Asistente Social que se expidió en el marco de ese proceso, el 18 de marzo de 2009, aclaró que en ese momento las relaciones con su familia de origen se encontrarían en un estado de deterioro (fs. 13/ 15).
Por lo expuesto, la señora Asesora de Menores e Incapaces, entre otras medidas, solicitó se disponga la guarda institucional de la niña (fs. 24). Con fecha 24 de mayo del año 2011, consta otro informe del Servicio Local de Monte en el cual se comunicó el trabajo realizado con la señora L. y su hija. Luego de reiterar los antecedentes, se detalló la actitud reticente de la señora L. a la propuesta de acompañamiento desde ese organismo, los resultados infructuosos de involucrar a la familia de origen de ella y la prohibición de acercamiento del señor S. D. O. –padre de la niña- dispuesto por el Juzgado de Paz de Monte (fs. 28/29).
En consecuencia, el señor Juez del entonces Tribunal de Familia, el día 24 de mayo de 2011, ordenó la evaluación médica de la niña para conocer el mejor lugar de alojamiento acorde sus necesidades (fs. 30).
Así, el día 26 de mayo de 2011 se procedió a retirar a de su madre y llevarla a la Casa Cuna (v. fs. 61/62).
Con fecha 1 de junio de 2011, el Servicio de Monte presentó un nuevo informe, en el cual reiteró lo ya informado (fs. 37/42).
La Secretaria del Tribunal -el 6 de junio de ese año- dio cuenta de su asistencia a la Casa Cuna para entregar el informe del Servicio de Monte y tomar contacto con la niña. Asimismo, habló con el médico de guardia que le relató la Historia Clínica de la infante. También se le informó que la señora L. no había concurrido a la visita el fin de semana y tampoco a la evaluación psiquiátrica en el Hospital de Monte, por lo que le habían dado un nuevo turno (fs. 50). De igual fecha se glosó al expediente el informe del médico psiquiatra de ese nosocomio en el cual se apuntó que la señora L. se encontraba ansiosa por la situación de su hija en La Plata. También que ella le había manifestado padecer epilepsia desde la infancia, razón por la cual dice haber sido despreciada por su madre. Además de otras particularidades, cerró su dictamen explicando que no observaba patología psiquiátrica en la señora, sólo angustia por la realidad que estaba transitando (fs. 53).
En lo que aprecio pertinente destacar, el 12 de julio del 2011, la psicóloga y la psiquiatra del Cuerpo Técnico del Tribunal de Familia anexaron al expediente la evaluación de la señora L. y de su madre, la señora B. . En síntesis, con respecto a la primera observaron que tiene una “…falta de registro de las situaciones de riesgo, sin disponer de recursos suficientes al momento para responder de modo satisfactorio a las situaciones que se le presentan. Su situación se torna más compleja en cuanto a que la sra. L. presenta un posicionamiento defensivo y rígido, resistente por lo tanto a realizar y cumplir con un tratamiento psiquiátrico, médico/ psicológico. Si bien tiene conciencia de su padecimiento neurológico, no del psíquico. Resulta indispensable pueda estar bajo controles médicos periódicos así como psiquiátrico para que ella esté compensada y no se torne de riesgo para sí, como para terceros. Resulta pertinente mencionar que es de fundamental importancia que la Sra. esté supervisada por un tercero que la acompañe en el cumplimiento de la función materna” (fs. 71/ 72). En ese mismo informe, con respecto a la señora B. –abuela de la niña- se explicó que no acompaña ni se contiene desde lo afectivo a la sra. L., prevaleciendo la modalidad expulsiva a la misma. Se aclaró también que la señora B. no se presentó a la segunda entrevista pautada para profundizar en la temática familiar (fs. 71/ 72).
En consecuencia, a petición de la señora Asesora (fs. 74), el a quo dispuso la guarda institucional de la niña (fs. 75/ 76).
Realizada una audiencia ante una de las juezas del entonces tribunal colegiado, se tomó contacto con la Sra. L. En esa ocasión se levantó acta, dejándose constancia, en lo que entiendo pertinente destacar, que se dispuso la provisión de pasajes para que la misma pueda visitar a su hija y se fijó una nueva audiencia (fs. 77 y vta.).
Asimismo, el curador de la sra L. remitió vía fax un escrito explicando que por la situación de inhabilitada de la misma no la representa (fs. 78). De todas maneras, a fs. 90 el a quo lo intimó a ejercer su representación legal y le dio intervención al Curador Oficial de Alienados (fs. 90).
El día 8 de septiembre de 2011, se celebró ante la jueza una audiencia a la que concurrieron la psicóloga y psiquiatra del Tribunal, profesionales de la Casa Cuna donde se encuentra alojada M., operadores del Servicio Local de San Miguel del Monte y la señora Asesora de Incapaces, a la que luego se sumó la señora L., a los fines de intercambiar opiniones sobre el abordaje del presente caso, con el objeto de avanzar en la posibilidad de externación de la niña con respecto a su situación familiar (fs. 82 y vta.). La Casa Cuna –Hospital Zonal especializado Dr Noel Sbarra- detalló que la señora L. fue a ver a su hija los días 31 de mayo, 30 de junio, 14, 28 y 29 de julio, 5, 9, 11, 18 de agosto, 1 y 8 de septiembre. La abuela materna concurrió los días 31 de mayo, 18 de agosto y 1 de septiembre. La hermana de M. fue los mismos días que la abuela. También se explica que la pareja de la Sra. L. se presentó los días 31 de mayo y 13 de junio sin ingresar a ver a la niña, todas estas fechas del año 2011. Cabe señalar que en este informe no se especifica quién era la pareja de la señora (fs. 84).
También se manifestó que la señora L. se llevó a M. del Hospital escondida en una campera, siendo recuperada por el personal cuando ya estaba en la calle (fs. 96 y 102). En un informe suscripto por la Psicóloga y la Asistente Social de Casa Cuna, presentes cuando aconteció este suceso y que concitaron la reflexión de la madre para que depusiera su actitud, explicaron que observaron a “… una progenitora desbordada, quien no puede reflexionar acerca de sus acciones, culpando a los otros de todo lo que ocurre, no pudiendo responsabilizarse de sus propios actos y con pocos recursos para sostener el diálogo y formar acuerdos mínimos. Preocupa al equipo de profesionales del Hospital la situación de riesgo a que esta mamá expone tanto a sí misma como a su hija y al resto de los niños internados. Dado que a E. (por razones de distancia) se le había otorgado una extensión en el horario de visitas, permitiéndole participar del horario del almuerzo, pero teniendo en cuenta lo ocurrido se informa al Tribunal acotar la permanencia de la madre en la institución al horario de lunes a viernes de 9.00 a 11.00 hs…” (fs. 99, 100 y 101). Ya con fecha 12 de octubre de 2011, el Servicio Local de Monte presentó un nuevo informe relatando un llamado telefónico de E. y el contacto con el señor S. O. –padre de la niña-. En lo pertinente, preguntado que fue sobre si se haría cargo de la crianza de M., manifestó que sí, pero como no podría cuidarla por motivos laborales traería de Paraguay a una hermana para que lo haga por él. Además, consta que los profesionales lo asesoraron para que pueda concurrir al Hospital a ver a la niña (fs. 105/ 106).
Nuevamente el a quo libró oficio al Servicio Local de Monte para que exponga las estrategias a seguir y al Hospital para que informe las visitas que tuvo la niña (fs. 111).
En respuesta, el Servicio Local explicitó que de las entrevistas mantenidas con el señor S. O. surgía evidente el interés de tener a su hija consigo, pero reconociendo su limitación por los horarios de trabajo. Comentaron que éste presentó como propuesta la idea que un tío de él y su pareja –el señor E.
V. y la señora R. C.-, se hicieran cargo de la niña. Los mismos fueron entrevistados y aceptaron ocuparse de la niña, además que se realizó en su domicilio un informe medioambiental (fs. 115/120).
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2012, la Directora Asociada de Casa Cuna anotició al a quo que la niña se hallaba en situación de ser dada de alta hospitalaria, debiendo disponerse el egreso a la mayor brevedad, a fin de evitar una prolongada hospitalización (fs. 138). Esto se reiteró el 8 de mayo de igual año (fs. 173) y el 8 de enero de 2013 (fs. 307).
Luego, compareció en la causa la señora L., con el patrocinio de la Unidad Funcional de Defensa nº 18, a los fines que se dispongan las medidas para externar a M. y reinsertarla en su grupo social conviviente (fs. 144/ 147 vta.). Obra un dictamen del Trabajador Social del Juzgado de Familia, realizado el día 14 de marzo de 2012, sobre el domicilio del tío del señor O., oportunidad en la cual entrevistó a éste, a su pareja y al progenitor de M. Explicó que “Según se pudo corroborar luego con las trabajadoras sociales del Servicio local, ésta sería la mejor posibilidad para una revinculación de M. en su entorno familiar, considerando que su madre no está en capacidad de ejercer esa responsabilidad por el momento.” (fs. 163).
Asimismo, el 25 de abril de 2012, una integrante del Equipo Técnico del Juzgado de Familia de Pergamino, visitó el domicilio de la señora E. L., quien en ese momento se encontraba viviendo en esa casa con el señor M. B., padre de uno de sus hijos. En sus conclusiones sostuvo que no había indicadores de vulnerabilidad en el grupo familiar conviviente en ese momento de la señora L. –es decir, su pareja y padre de su segundo hijo y este adolescente de 13 años-. En relación a la situación de salud de la señora L. citó que parecía compensada, aludiendo a que cumplía en tiempo y forma con el tratamiento médicofarmacológico ambulatorio especializado. Consideró que la relación vincular de la pareja no presentaría dificultades y que el grupo familiar ampliado de la señora L. (padres e hija no conviviente) significaban una favorable red de contención sociofamiliar (fs. 168/171).
También el Hospital de Pergamino certificó que la señora L. concurrió a la psicóloga los días 6 y 21 de septiembre y 19 de octubre del 2012 (fs. 175). Con fecha 19 de abril de 2012, el asistente Social del Juzgado de Paz de Monte hizo un nuevo informe medioambiental en el domicilio del señor O.. Se relató que este consistía en un lugar donde vivían varias personas de sexo masculino, de ocupación albañiles, empleados por el contratista. También se apersonó en la casa del tío del señor O. y de la pareja de éste. Se concluyó en describir una unión de ellos tres para realizar una proyección familiar, no sólo en lo cotidiano, sino también en vista al egreso de la niña (fs. 182/184 bis). El 21 de mayo de 2012, profesionales del Juzgado de Familia tuvieron entrevistas institucionales con sus colegas de la casa Cuna y con M.. También entrevistaron en forma individual y vincular a los señores L., O., V. y C.. Entre otros aspectos, informaron que los tíos del señor O. explicaron que están dispuestos a asumir la responsabilidad de M. “…bajo ciertos resguardos jurídicos que acoten las acciones desreguladas de la sra. L., sin que esto implique un vínculo materno filial” (v. fs. 192). Concluyó con la sugerencia que el servicio local que abordó el caso despliegue las estrategias necesarias para despejar el vínculo que une al señor O. con sus tíos y que se trabaje con el progenitor sobre su posición para la externación de la niña para lograr su pronto egreso (fs. 192 y vta.).
El 5 de junio del 2012, las profesionales del Cuerpo Ténico del Juzgado de Familia comunicaron que “De lo evaluado se desprende la imposibilidad presentada por la Sra. L. de sostener un entramado materno que le posibilite sostener un vínculo con M., a pesar de los diferentes programas y apoyos institucionales que se le han brindado hasta el momento, habiendo sido los mismos infructuosos”.
“Por su parte el Sr. O. presenta apoyo y sostén familiar que posibilite un vínculo paterno filial fluido. Por tanto es de fundamental importancia que la Dirección de Niñez y Adolescencia continúe el abordaje del Sr. O. y su familia nuclear en pos de no prolongar el proceso de institucionalización.” (fs. 204). El 18 de junio de 2012 los profesionales de la casa Cuna remitieron un nuevo informe en el cual se señaló que desde el efectuado antes, la señora L. fue a ver a la niña el 21, 23, 25 de noviembre, el 10 de diciembre del 2011, el 7,8,9 de febrero de 2012, el 7, 8, 20 y 21 de marzo, el 13, 14, 15 de abril y el 25, 26, 27 de mayo del año 2012. Por su lado, el señor O. concurrió los días 21 y 29 de noviembre, el 5, 12 y 19 de diciembre del año 2011, los días 14 y 23 de enero, el 6, 13 de febrero, el 26 de marzo, el 9 y 30 de abril y el 4 de junio de 2012 (fs. 207/208).
De lo percibido en esos encuentros se describió que “De las visitas de la madre puede observarse que su preocupación se centra en relatar el avance de los trámites judiciales, … sin poder registrar las causas por las cuales la niña ingresó. Al encuentro con su hija hay poco ofrecimiento de actividades, de acompañar el ritmo y de poder entablar un vínculo sostenido. No permanece por períodos muy largos de tiempo en la visita, alegando –en todas las oportunidadestener que realizar diferentes gestiones en otros organismos de la ciudad”. “Desde el equipo profesional se le marca la importancia de su permanencia con M. y de la calidad del vínculo, no viéndose cambios en su conducta”.
“De las visitas del padre puede observarse que las mismas quedan condicionadas a que el Sr O. sea trasladado por el transporte municipal de Monte, sin haber podido el procurarse otro medio para sostener la visita con mayor asiduidad”.
“Al encuentro con M. se le ve una actitud muy pasiva, más de acompañamiento en presencia física que de sostenimiento de las necesidades de una niña de la edad de su hija. Continúa expresando, igual que al principio, no poder contar con las posibilidades para hacerse cargo de la niña.” (fs. 207/208). También dos peritos psiquiatras del Juzgado de Familia, de fecha 9 de mayo de 2012, expusieron que “…la Sra. L. evidencia serias dificultades para desarrollar el rol materno.” (fs. 213 y vta.).
La Asesora peticionó se autorice al señor O. a retirar a la niña, previa información al Servicio Local y realización de informes y una evaluación entre meses (fs. 245 y vta.), a lo que la señora L., con patrocinio letrado, se opuso (fs. 252 y vta.).
Nuevamente, las profesionales del Cuerpo Técnico del Juzgado realizaron un informe luego de haber tomado contacto con las profesionales de la Casa Cuna. Describieron que “Tanto el papá como la mamá presentan como se evidenció en informes anteriores, dificultades para el ejercicio del rol paterno y materno”.
“Perturbando así con estas posiciones ambivalentes desde lo afectivo y relacional las identificaciones, marcando en M. la hiancia (sic) de un vacío vincular”.
“Por tanto sería prioritario resolver la inconveniencia para M. de la prosecución de las visitas de la Sra. L.” (fs. 253).
En consecuencia, la señora Asesora de Menores e Incapaces solicitó se declare a la niña en estado de adoptabilidad (fs. 258/259 vta.), lo que así se dispuso en la sentencia emitida (fs. 262/269 vta.) y que ahora su revisión se aborda.
También consta en la causa que la madre, la abuela materna y los dos hermanos estuvieron en la Casa Cuna para festejar el cumpleaños de la niña (fs. 274).
Llegadas las actuaciones a esta instancia, se tomó contacto con M.
en forma directa, ocasión en la que se conversó con la Directora de casa Cuna, doctora Marini, con la Asistente Social A. Z. y la psicóloga S. M., del mismo hospital, con la presencia de la Secretaria de la Asesoría (fs. 321 y vta.). El 28 de febrero de 2013 las profesionales de la Casa Cuna S. M. y A. Z. precisaron los resultados de sus observaciones de los contactos de la familia biológica de la niña con la misma. Allí se expresó: “Desde el ingreso a la institución, M. fue visitada en forma continua por su madre, y como se han especificado en informes anteriores, las visitas al encuentro con su hija hay poco ofrecimiento desde actividades, de acompañar el ritmo y de poder entablar un vínculo sostenido; no permanece por períodos muy largos de tiempo en la visita, alegando –en todas las oportunidades- tener que realizar diferentes gestiones en otros organismos de la ciudad, siempre delegando la responsabilidad a otros de lo que le ocurre, no pudiendo responsabilizarse de sus actos ni reflexionar sobre los motivos de ingreso de la niña a la Institución. En todas las entrevistas mantenidas con el correr el tiempo, con muy pocos recursos para poder sostener un diálogo y lograr acuerdos mínimos. Observándose dificultades para enmarcarse en contextos de realidad, y mantener coherencia en su relato”(fs. 327). “Desde el equipo profesional se le ha marcado siempre la importancia de su permanencia con M. y de la calidad del vínculo, ofreciéndole modelos de juego, interacción, no viéndose cambios en su conducta".
"Al principio la preocupación de la madre se centraba en relatar el avance de los trámites judiciales, sin registro de los motivos que generaron la intervención del sistema judicial; y últimamente puede observarse a E. con un acentuado desborde emocional, con escasa capacidad de escuchar a otro, persistiendo el no registro de los motivos que generaron la separación de su hija, con una pérdida de la noción de realidad, alegando que ella es quien ha criado a sus tres hijos y que los mismos se encuentran bien gracias a su desempeño materno, siendo que ninguno de sus tres hijos han estado a cargo de ella, siendo que la mayor es criada y vice con la abuela materna, el segundo hijo es criado y vice con su progenitor, y M. se encuentran esta situación de internación desde muy corta edad. Cualquier sugerencia que se le hace la toma con ansiedad persecutoria, manifestando en su discurso amenazas de consecuencias graves que puedan ocurrir si algo no se da de la manera en la que ella considera deba ser.”
“Las visitas del padre puede observarse que las mismas quedan condicionadas a que el señor O. sea trasladado por el transporte municipal de Monte, sin haber podido él procurarse otro medio para sostener la visita con mayor asiduidad. Al encuentro con M. se le ve una actitud muy pasiva, más de acompañamiento en presencia física que de sostenimiento de las necesidades de una niña de la edad de su hija, expresando en su momento, no poder contar con las posibilidades para hacerse cargo de la niña. Las visitas del padre siempre fueron espaciadas, siendo su última visita el 10/09/2012, sin comunicación telefónica alguna posterior a esa visita."
"La abuela materna ha estado en escasas oportunidades visitando a la niña, si bien cuenta con autorización para hacerlo, y en las entrevistas realizadas, nunca ha sido contundente en su deseo de egresar y preocuparse de reintegrar a la hija al seno de la familia de origen y ofrecerse como responsable a su cuidado, dejando traslucir las dificultades que tiene con su hija, sus características de personalidad, siendo una familia expulsiva ante esta hija y esta nieta.”
“…Es importante destacar que la niña lleva un año y nueve meses de institucionalización, sin que hayan cambiado posicionamientos maternos frente al cuidado y crianza de la niña, teniendo en cuenta que M. lleva la mayor parte de su corta vida viviendo fuera de un ámbito familiar, es que desde los profesionales de la Institución se sugiere la pronta resolución de la situación judicial de la niña, de manera tal que la misma pueda egresara a una familia que le brinde las atenciones de su necesidades psico-afectivas acorde a un sano desarrollo a fin de lograr la protección integral de sus derechos.” (fs. 325/328).
Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 36 incisos 2 y 4 del Código Procesal Civil y Comercial se convocó a una audiencia en esta instancia a la que concurrieron los señores S. O., E. L., M. S. B., E. V. y la señora R. C., todos con patrocinio letrado. Asimismo se encontraba presente la representante de la Asesoría de Menores e Incapaces (fs. 332/333 vta.). En esa audiencia se acordó la asistencia de los presentes a una entrevista psicológica en el Juzgado de Familia, habiéndose luego glosado el pertinente dictamen (fs. 346).
Esta Sala, además, realizó una audiencia con los profesionales de todos los ámbitos que intervinieron en el caso. Así, comparecieron las licenciadas B. y M. del Juzgado de Familia, la licenciada R. del Hospital Zenón Videla Dorna de la Ciudad de Monte, la doctora L. y la licenciada E. C. del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la Municipalidad de Monte (fs. 335/338 vta.).
Es con los elementos que se relataron y la evidencia producida en la causa que se deberá analizar la delicada situación que se plantea en autos: el dirimir si se mantiene o no el pronunciamiento que determina el estado de adoptabilidad de la niña M.
V. Cabe observar que en éstos obrados, en ambas instancias, los progenitores han sido convocados y oídos, lo que revela el amplio respeto al derecho de defensa en juicio que la Constitución les garantiza. Como resolvió nuestro Superior Tribunal provincial: “La comprobación judicial del desamparo o abandono de los menores, y su posterior entrega en guarda con fines de adopción, exige acordar debida y efectiva intervención a los padres biológicos cuando éstos fueren habidos. Se trata de una declaración que requiere de la audiencia a quienes son motivo de una grave objeción en cuanto a su propia conducta como progenitores”. (SCBA, C 101708, sent. del 11-8-2010).
VI. Como se mencionó en el voto concurrente del señor Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 17, “De modo general, es al inicio y al final del tiempo existencial que uno experimenta mayor vulnerabilidad, frente a la proximidad del desconocido (el nacimiento y la primera infancia, la vejez y la muerte). Todo medio social debe, así, estar atento a la condición humana. El medio social que se descuida de sus niños no tiene futuro. El medio social que se descuida de sus ancianos no tiene pasado. Y contar sólo con el presente fugaz no es más que una mera ilusión.” (considerando 5 de la OC 17). Todo lo que se refiere a la niñez merece el máximo cuidado, cuando además, en este particular caso, la decisión que se adopte repercutirá en el futuro de M.
Cierto es que la Convención sobre los Derechos del Niño expresa en su artículo 8 que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias tácitas” (par. 1) y que “cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad” (par. 2). También que el artículo 7 reconoce al niño el derecho “en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” (par. 1). Finalmente, el artículo 9 establece el deber de los Estados Partes de velar “porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos...” y el de respetar “el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular...” (par. 1 y 3).
Sin embargo, como se menciona en el voto del señor Juez doctor Pettigiani en la causa C 69.426 (sent. del 12-IX-2001) “El derecho a conocer a los padres y a ser cuidado por ellos es otorgado en la medida de lo posible, y con respecto a la separación de los padres que cita el artículo 9 la proscribe cuando sea contra la voluntad de éstos…”. (El destacado corresponde al original). También es prudente recordar el principio de la excepcionalidad de la separación de los niños o niñas de su familia biológica que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado. Así, en el antecedente “Caso Fornerón e Hija vs. Argentina” (sentencia de 27 de abril de 2012), se objetó que el juez del caso no hubiera determinado, … la existencia de alguna de las circunstancias excepcionales establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como “casos en los que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres”, que hubieran permitido, excepcionalmente, la separación del padre de su hija.” (párrafo 121 del referido precedente).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expuso que “Acreditado el estado de abandono en que se encontraban los niños, su retraso madurativo, la ausencia de visitas y el desinterés casi total por parte de los padres respecto de sus hijos cuando se encontraban internados, y en definitiva, su incapacidad para asumir maduramente el ejercicio responsable de la patria potestad al desentenderse de las consecuencias que su negligente proceder acarrea a las criaturas, corresponde rechazar el recurso el deducido contra la sentencia que declaró su estado de adoptabilidad”. (SCBA, C 112656, sent. del 28-9-2011).
VII. En consecuencia, cabrá observar si están dadas las condiciones para que M. regrese con su familia biológica. En atención a la voluntad de la madre de la niña plasmada en el recurso de hacerse cargo de su hija y la de la señora B., abuela, en igual sentido, como también la existencia de vínculo parental del señor O., habrá que analizar cuál es la mejor respuesta para resguardar el interés de la niña.
En lo que respecta a la posibilidad que M. pueda egresar con su madre E. L., no aparece como una opción posible. Además de las circunstancias que ya se describieron, en la audiencia en esta instancia la licenciada “…B. manifiesta que la mamá tiene una cosa más discursiva que real de su relación con la nena, pero en lo real no lo lleva a cabo; cuando la niña tenía que hacerse estudios no la llevaba y por eso la tuvo que retirar la policía. Agrega que la nena tenía un broncoespasmo obstructivo, a lo que L. dice que ella la vio andar con la beba bajo la lluvia y que en alguna oportunidad otra persona con la que tuvo trato le comentó que E se prostituía en una obra en construcción y mientras tanto dejaba a la bebé en un colchón sin resguardo.
B. agrega que la problemática de E. hace que ella no pueda sostener vínculos, ni tampoco un vínculo con un tratamiento y que requiere el apoyo sistemático del otro. Que más allá que pueda ser tratada por la epilepsia ello no modifica su estructura. M. expresa que E. se presentó alegando que estaba con el padre de sus otros dos hijos y ahora está con otra pareja, lo cual es acorde con su patología” (fs. 335/338 vta.). En la audiencia celebrada en esta instancia, en lo que respecta a la actitud de E, brindó un panorama la profesional que comenzó atendiendo el caso en la ciudad de Monte. En esa acta se lee: “…la señora L. le dice que solo puede expedirse sobre el período que va desde diciembre de 2010 y junio de 2011, que lo que vivieron en esos meses fue un trabajo muy intenso, que cuando los casos llegan al servicio se resuelven las medidas iniciales, pero que este caso fue cambiando ya que parecía una cosa y luego fue otra.
En efecto, parecía un típico caso de violencia familiar del marido –S. O. - hacia E., y un caso de negligencia, porque lo que comentaba la licenciada R. era que el señor O. cuando se iba a trabajar dejaba sola a E. con la niña, encerradas. Que tomaron intervención por medio del hospital. La licenciada R. refiere que la mamá ingresa en el hospital por una descompensación por epilepsia, que se la encontró en la calle con la nena en un ataque de epilepsia y que dichos episodios se repetían en varias oportunidades en la calle. L. y C.l refieren que en una oportunidad encontraron a E. sola, tirada en su casa, convulsionando, con la bebé -quien tenía apenas un mes y medio y estaba sola en la cama boca abajo, sucia, desnuda, no se le había cambiando el pañal y la mamá hacía rato que estaba convulsionando-.
Adunan que si bien se dijo que O. la dejaba encerrada, en esa ocasión ingresaron porque la puerta estaba entreabierta y ella estaba en el baño tirada en plena convulsión. Dichos episodios se reiteraban permanentemente porque E. no tomaba la medicación, y que a través de la Municipalidad le consiguió. Que pese a dicha medicación seguía convulsionando, con ataques de crisis y se ponía muy violenta ante sugerencias respecto del cuidado de la niña y amenazaba con tirar a la bebé. C. aduna que E. iba todos los días al servicio y había días que llegaba y se olvidaba de los cuidados que requería M.; que no registraba a la bebé cuando la tenía en sus brazos y refería tener otra cosa para hacer o en mente.
Era como que aun teniéndola en brazos la nena no estaba. Que cuando E. tenía que hacer trámites la dejaba en el servicio. La bebé tenía 5 meses y estaba estática, porque no tenía estimulación y siempre estaba en el cochecito. Los médicos le sugerían que no la alzara ante una eventual convulsión. La bebé no tenía estimulación alguna, no seguía la mirada, que por la forma de la cabeza se colegía que la misma se le había acomodado a la almohada” (fs. 335/ 338 vta.).
Asimismo, los profesionales de la Casa Cuna -el 6 de junio de 2013-, con respecto a lo percibido de los contactos de E. L. con su hija dictaminaron que: “…aquélla no pudo dar cuenta de su domicilio actual y expresa que traerá a su hija de 15 años a La Plata para que la ayude con M., situación que preocupa al equipo tanto por la pequeña como por la hija adolescente” (fs. 388/389).
“Por lo expuesto los profesionales que suscriben entiende que la frecuencia de visitas no refleja las capacidades internas propias de la sra. L. para desarrollar el rol materno y responsabilizarse adecuadamente de M…” (fs. 388/389).
Con respecto al padre de la niña, el señor O., en la audiencia ante esta Sala, la profesional que comenzó a atender el caso en la Ciudad de Monte expresó: “La doctora L. refiere que el señor O. concurre al servicio local cuando lo llaman y suele ir cuando no entiende alguna notificación que recibe; que él refería que no sabía de la enfermedad de y se enteraba de ello por medio del servicio. Agrega que E. era violenta y que O., teniendo en cuenta su nivel cultural, la violencia que E. ejercía hacia él –ella había querido incendiar la casa- puede llegar a explicarse la reacción de él. Agrega que el padre ha demostrado tener capacidad e interés –teniendo en cuenta sus limitaciones-, que les preguntó cómo hacer para estar con su hija.” (fs. 335/ 338 vta.).
“La licenciada B. expresa que ninguno de los progenitores pudo historizar la relación con la nena. En cuanto al padre, expresa que la nena está en casa cuna y hace la oferta de los tíos, y recién tomaría contacto con la nena por la noche ya que durante el día trabaja; la licenciada M. expresa que él prioriza su situación en ese discurso donde plantea su situación para no hacerse cargo, que no piensa en repensar su vida, que no puede posicionarse en la situación en la que está la bebé, quien está institucionalizada, con toda su problemática.” (fs. 335/338 vta.).
Con respecto a los tíos del señor O., si bien se los consideró como una opción posible para que se hagan cargo de M., fueron convocados pero no asumieron esa función, ni han demostrado interés.
Surge de la causa “Que el servicio conoce a los tíos, quienes fueron a Casa Cuna y allí les negaron el ingreso. Tiene una buena opinión de los tíos, es un matrimonio grande, el señor tiene sus hijos en Paraguay de 3, 5, 8 y 11 años y R. tiene hijos grandes en Paraguay (fs. 335/ 338 vta.)."
En esa misma audiencia: “M. y B. opinan que los tíos son traídos para cumplir la función del papá. Que el tío tiene cuatro hijos en Paraguay, que enmarca al señor O. desde lo laboral, que la pareja de éste es quien tiene posibilidades de crianza, que es ella quien tiene los hijos grandes. Estiman que los tíos responden a un pedido de S. O. de tratar de encontrar a algún familiar para resguardar a M.; que R. les refirió que podría criar a la bebé siempre que E. no se presente en su casa a hacer escándalos. C. dice que ellos también le han tenido miedo a E.” (fs. 335/338 vta.).
Así se describió que: “…En una oportunidad E. fue a vivir con una vecina quien, después de un mes, fue al servicio local porque E. la había agredido y tenía la ropa rota” (fs. 335/338 vta.).
El relato que se ha efectuado revela que desde el inicio de su vida, a los cuarenta días de vida, cuando su mamá se cayó en una plaza desmayada y fue al Hospital de la Ciudad de Monte, las autoridades comenzaron a observar qué era lo que acontecía en la vida de E. L. y en la de su pequeña hija. La reseña efectuada de las actuaciones producidas, al igual que la impresión obtenida del aporte y relato que en forma directa se obtuvo de los profesionales, celebrada en la audiencia cuya acta consta a fs. 335/338 vta., al igual que los datos abonados a los miembros de esta Sala en ocasión de apersonarnos en la Casa Cuna, lo que es conteste con los restantes que esa institución adjuntó a la causa, descubren que cada uno de los organismos ha procurado actuar con la mayor de las responsabilidades intentando ayudar a E. y a su hija a mantener una vida juntas. La sustanciación del expediente en la instancia de grado demuestra que la señora jueza ha intentado coordinar la intervención de los organismos para ayudar a los progenitores en la crianza de la niña y que se ha mantenido audiencia con ambos. También se procuró convocar e integrar a los tíos del señor O., se realizaron numerosas audiencias, dictámenes, informes de instituciones y profesionales, sin embargo no hubo continuidad y compromiso de parte de L., O. y B. (arts. 384, 474, 853, C.P.C.C.).
Con relación a la abuela, la señora B., quien también fue oída en esta instancia, tampoco surge como una opción viable para ocuparse del cuidado de M. Del dictamen de los profesionales del Juzgado de familia efectuado a petición de esta Sala, se concluyó en que: “De lo cotejado se desprende que la sra. B. presenta un débil entramado subjetivo para presentarse como sostén de su hija E., a la que asiste o expulsa de acuerdo a las presentaciones sintomáticas de la misma”.
“Si bien se ha organizado en cuanto a la crianza de M. la misma no ha podido diagramar un vínculo sólido de la hija con la mamá, enunciando que M. los nomina a ella y a su esposo como ´papá´ y ´mamá´”.
“En referencia al vínculo con M., la sra. B. se ha mantenido al margen de las diferentes circunstancias que ha debido atravesar tanto la niña como se madre desde el momento de su nacimiento.”
“No se ha presentado hasta el momento actual como una alternativa familiar que influyera en la estructuración psíquica individual y familiar de M., proceso que hubiera concatenado cierto entramado familiar e intergeneracional ligado a la salvaguarda de la niña, quien lleva un prolongado proceso de institucionalización…” (fs. 346).
VIII. Sólo a forma de representación ilustrativa, de las comunicaciones acompañadas a la causa sobre las personas que han ido a visitar a la niña desde que se encuentra institucionalizada se llega a la siguiente síntesis: de un total de 642 días informados (pues hay dos constancias cuyo informe se superponen y hay otros días de los que no se ha informado; ver fs. 84, 207/208, 274, 344/345 y 388/389), la señora L. ha ido 110 días, el señor O. 18 días, la señora B. 6 días y no surge que los tíos del señor O. hayan asistido. Ergo, de ello concluyo que más allá de lo volcado en el expediente en cuanto a la intención de hacerse cargo de la niña, ello no se ve reflejado en el interés que tienen en visitarla, aun cuando han contado con la posibilidad de poder tener pasajes para viajar.
En ocasión de la audiencia celebrada en esta instancia el día 7 de marzo de este año, se dejó constancia que “El señor S. O. manifiesta que E. le había comentado que no quería hacerse cargo de sus hijos y que él está en mejores condiciones de cuidar a la niña, que vive con sus tíos –E. V. a y R .C.-, y que su tía está todo el día en la casa. R. C. refiere que hace tres meses abrió un negocio en su casa y que ello le permite estar todo el día en su hogar. S. O. manifiesta que hace cuatro meses que no concurre a visitar a M., ya que cada vez que concurría a verla se encontraba con E. y que ello generaba peleas. Agrega que sus tíos concurrieron a Casa Cuna a visitar a M. pero que no le permitieron verla”. Si bien en esa ocasión la señora Asesora de Incapaces refiere que no existían impedimentos para que sus tíos la visiten, y que se acordó que el señor S. O. vea a M. ciertos días y los tíos otros, en los cuales la señora E. L. se abstendría de concurrir a fin de evitar discusiones, el señor O. sólo fue a verla una vez y los tíos nunca (v. fs. 388/389).
Así, además de las pocas veces que se han ocupado de la niña, la descripción de lo que han sido las visitas de ambos padres con M. los días que han asistido, revela la imposibilidad de hacerse cargo de la misma para su crecimiento sano y contenido. El contacto de los progenitores con la niña, en las ocasiones de los encuentros, no demuestra que le brindaran a M. contención afectiva o que hayan compartido tiempo con juegos u otra actividad. En el caso de la madre, se informó que las visitas eran rápidas y no se ocupaba de M., en el caso del padre era un acompañamiento físico. Por otro lado, no obstante el tiempo transcurrido no han procurado ya sea el padre, la abuela o los tíos una solución definitiva para poder externarla, aun cuando desde el Servicio Local de Monte como desde el juzgado de Familia se lo veía como una posibilidad.
Con respecto al señor E. V. -tío del señor O.- y la pareja de éste, la señora R. C., si bien han manifestado estar dispuestos a hacerse cargo de la niña y se trabajó con esa opción, ellos quieren evitar tener inconvenientes con E. La personalidad de la madre de M, con poca contención, la ha llevado a tener problemas aun con quienes la ayudaban.
La vida es particularmente dura con algunas personas. En el caso de E., conforme surge de las probanzas ya relatadas, más allá de su enfermedad, no posee una buena relación con su familia de origen. La misma no le ha podido ayudar e incluso, la ha expulsado. Aun cuando padeció violencia por su pareja no la han apoyado. Su propio hermano, como se relató, se mostró absolutamente reticente a hacerse cargo de ella. Y cuando el Servicio Local de Monte la envió a Pergamino con sus enseres, a los veinte días fue enviada de regreso hasta con el colchón con el que había ido. Esta situación de desamparo afectivo se ve agravada por su epilepsia y trastornos psicológicos que concluyó en su declaración de inhabilitación.
La vida no parece más fácil para el señor S. O. Conforme relató en la audiencia, llegó de su país para trabajar, dedicándose a las tareas de la construcción, incluso a la noche trabaja como sereno para un ingreso adicional. Así, no aprecio que ellos le hayan brindado a la niña en todo el tiempo de internación el acompañamiento y cuidado que como padres le deben brindar para que crezca sanamente.
IX. Sin embargo, si bien mi posición es postular rechazar la apelación, aprecio que sólo la resolución del recurso no brindará la solución que requiere la niña.
En atención a las particularidades del caso, encuentro que la sentencia de la jueza de grado debe ser de cumplimiento inmediato, para no extender por más tiempo la estadía de M. en la casa Cuna. La tutela de este interés prevalece por sobre cualquier otra consecuencia de la defensa de los derechos de las partes involucradas (arts. 18, Const. Nac; 15, Const. Prov.). El crecimiento de M. no se detendrá con las vicisitudes del proceso, la vida no le dará tregua y seguirá perdiendo la posibilidad de crecer con el cuidado de una familia que la reciba.
Este es el mismo sentido que ha transmitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “…esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades” (Asunto L.M. Medidas Provisionales respecto de Paraguay, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, Considerando 16).
Asimismo, en otro reciente precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en “Caso Fornerón e Hija vs. Argentina” (sentencia de 27 de abril de 2012), este Tribunal internacional expresó que “Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia”. Este es un concepto ya vertido en la Opinión Consultiva OC-17/02.
Incluso “Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección” (Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota 51, párrs. 56 y 60, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, “Forneron”, considerando 49). Así, en vista a los numerosos informes de las autoridades de la institución donde se encuentra alojada M. que destacan la necesidad de su externación, con los consecuentes potenciales perjuicios de concretarse su demora, entiendo que la solución que se propicia es la que atiende con mayor precisión los derechos de la niña y la observancia de su bienestar (arts. 19, Convención Americana de Derechos Humanos; Preámbulo, 3, 9, 12 y conc. Convención sobre los derechos del Niño; 75 incs. 22 y 23 Const. Nac.; 36 inc. 2, Const. Prov.; Regla 5, segundo párrafo de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad).
Como mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podrá hablarse de protección judicial –como menciona el artículo 25 de la Convención Americana- si los derechos no se acatan. Justamente, el inciso “c” de esa norma, trata específicamente lo referido a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Sólo así se podrá proteger con efectividad los derechos declarados o reconocidos (“Caso Furlan y Familiares vs. Argentina”, sent. del 31-8-2012, párrafo 209; “Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá”. Competencia. sent. del 28 de noviembre de 2003, párr. 73, y “Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú”. Fondo Reparaciones y Costas. sent. del 4 de Marzo de 2011, párr. 75).
X. En tal entendimiento, he de propiciar la desestimatoria de los agravios examinados y la consecuente confirmación de la sentencia apelada, con costas (art. 68, C.P.C.C.). Asimismo, propongo a mi colega se ordene la inmediata ejecución de la sentencia dictada, sin perjuicio de indicar a los guardadores que sean elegidos del Registro respectivo del estado procesal en el cual se encuentren los obrados.
Voto, por la AFIRMATIVA.
La Señora Juez doctora Ferrer, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestion anterior corresponde desestimar los agravios examinados y, la consecuente confirmación de la sentencia apelada de fs. 262/269 vta., con costas (art. 68, C.P.C.C.). Asimismo, postulo se ordene la inmediata ejecución de la sentencia dictada, sin perjuicio de indicar a los guardadores que sean elegidos del Registro respectivo del estado procesal en el cual se encuentren los obrados.
ASI LO VOTO.
La Señora Juez doctora Ferrer por los mismos fundamentos votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede corresponde se desestimen los agravios examinados y, en consecuencia, se confirma la sentencia apelada de fs. 262/269 vta., con costas (art. 68, C.P.C.C.). Asimismo, corresponde se ordene la inmediata ejecución de la sentencia dictada, sin perjuicio de indicar a los guardadores que sean elegidos del Registro respectivo del estado procesal en el cual se encuentren los obrados.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia