Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8932 FOLIO Nº 134/136 PROT. ELECT. JR101610I.242
Río Gallegos, 05 de septiembre de 2024.
La presente causa caratulada: “L.O.M Y OTRA S/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL” Expte. Nº L-73553/22, Apelación Nº 9107/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 158/160 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de O.M.L. y J.G.F., en orden al delito de “tenencia de arma de guerra de uso civil condicional sin la debida autorización legal en calidad de coautores” (arts. 189 bis inc. 2º y 45 del Código Penal).
Que a fs. 170/171 y 172/172 vta., las defensas técnicas de ambos imputados apelaron dicho auto; a fs. 189 y 190 sostuvieron los recursos y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios impetrados por los recurrentes, en el orden en que efectuaron sus presentaciones ante el juzgado de origen.
I. Tratamiento de los agravios expresados por la defensa técnica de O.M.L.: en primer lugar, el apelante efectuó una serie de consideraciones acerca del delito endilgado y su ubicación dentro del Código Penal, asegurando que la idea central que gira en torno a todas las figuras contempladas en el título, consiste en la creación de un peligro común y abstracto. En tal sentido, citando abundante doctrina, postuló que en un derecho penal liberal, donde rige el principio fundamental de lesividad (art. 19 Constitución Nacional) no es legítima la imposición de una pena, si al menos no se verifica la presencia de una acción peligrosa. En otras palabras, para la defensa, debe verificarse la presencia de una acción objetivamente riesgosa por parte del autor dirigida a la afectación del bien jurídico. Al respecto, expresó que estos delitos deberían terminar siendo contravenciones, pues –a su juicio- representan un serio riesgo para la seguridad jurídica.
Por otro lado, destacó que, en nuestro caso particular, las armas secuestradas se encontraban descargadas, por lo que no alcanza a vislumbrar cuál es la afectación al bien jurídico protegido por la norma penal.
Por último, concluyó que el procesamiento del imputado, aparece como un castigo penal ante la presunta comisión de una falta de tipo administrativa o contravencional (la no registración en el ANMAC).
Que, yendo al tratamiento de los agravios expresados por el apelante, adelantamos, serán rechazados.
En primer lugar, en cuanto al agravio relativo a la calificación legal atribuida al ilícito, resulta relevante aclarar que, según lo resuelto por esta alzada en apelaciones nros. 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas, la misma no es pasible de revisión en esta instancia procesal, fundamentalmente por su carácter provisorio a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia. Por nuestra parte, siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, participamos del criterio que entiende que la tenencia de armas es un delito de peligro, pues no necesita la producción de un mal a ninguna persona u objeto, ni exige que se cree una concreta o efectiva situación de peligro para alguna persona o patrimonio. Basta tan sólo con la posibilidad de un peligro, el cual nace con la realización de la acción descripta en el precepto y que la ley presume (C.S.J.N., 2/4/1991, "Amato, Vicente E.", Fallos 314:191, LNO nro. 4/22554). Este criterio ha sido sustentado en apelaciones nros. 7868/22 y 8023/22, por citar algunas.
Finalmente, rechazaremos la crítica dirigida a la materialidad del hecho, por encontrarse descargadas las armas secuestradas, toda vez que los argumentos expuestos en sostén de su postura, resultan insuficientes para apartarnos del criterio imperante, según el cual: “El arma descargada no pierde su condición a los fines de configurar la acción típica prevista en la figura del art. 189 bis, apartado 2°, primer párr. del Código Penal, pues esta consiste en tener un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, de modo tal que el agente pueda disponer físicamente de ella en cualquier momento, llevándola en su poder o dejándola “guardada” en algún lugar.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II; 12/10/2017; A., G. E. y otro s/ ampliación de procesamiento; LA LEY 29/12/2017, 29/12/2017, 6 - LA LEY2018-A, 108; Cita Online: AR/JUR/78961/2017).
II. Tratamiento de los agravios expresados por la defensa técnica de J.G.F.: en su escueta presentación, la defensa simplemente se limitó a negar los hechos endilgados. En tal sentido, alegó que su asistida no tenía conocimiento de la existencia de armas en su casa pues, según dijo, su consorte de causa le suministraba droga todo el día, sabiendo que era adicta. En particular, definió a su pupila como “un objeto” sin ningún tipo de control sobre su vida al tiempo de los hechos, y reveló que habría sido violentada psíquica y físicamente por parte de su pareja, el Sr. L. Que, sin entrar en el análisis del fondo del recurso intentado, lo declararemos mal concedido, en virtud de los siguientes argumentos.
En efecto, de la simple lectura del escrito de apelación, se advierte ausencia de motivación, sin expresión de las partes del auto que causan agravio a su defendida. Al respecto, se ha dicho que la motivación: “… es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad [CNCP, Sala I LL, 1996-B-384, DJ, 1995-1-909]” (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; pág. 330). Pues bien, en nuestro caso, el recurrente ni siquiera menciona al pronunciamiento entre sus consideraciones, dado que simplemente se limita a describir algunos aspectos de la personalidad de la imputada, que –a su juicio- le habrían impedido el conocimiento de la existencia de armas dentro de la vivienda que ocupaba junto a su consorte de causa.
En este sentido, jurisprudencialmente se ha dicho: “... que todo recurso aparezca como remedio procesal intentado, requiere una causa que justifique su interposición, y de allí deviene la necesidad de indicar expresamente cuáles son los motivos del agravio por quién pretende hacer uso de tal derecho, que por naturaleza no es genérico sino específico… pero deben necesariamente existir para que se sepa sobre qué parte de la decisión recurrida recae el reclamo para no ser interpretado como un grito de protesta "ciego y vago" al decir de Vélez Mariconde …” (Del voto del Dr. Ramón Alberto Sala.)”. (Cám. 1ª Crim. Formosa; 26/07/2011; C.,A.A. s. Abuso sexual con acceso carnal Departamento de Informática Jurisprudencial del Poder Judicial de Formosa; RC J 5674/16). A mayor abundamiento, cabe señalar que ninguna de las afirmaciones expresadas por el apelante, encuentran respaldo en pruebas objetivas que –agregadas al legajo- acrediten sus solitarios dichos.
Ahora bien, pese a que ello fue advertido al ser receptadas las actuaciones en esta dependencia, se entendió prudentemente que el recurrente podría ampliar sus fundamentos en la oportunidad prevista en el art. 437 del CPP, lo que finalmente no ocurrió, pues renunció a dicho plazo, motivo por el cual, en los términos de los arts. 421 y 427 –segundo párrafo- del CPP debemos declarar mal concedido el recurso.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 158/160 vta., respecto de la apelación incoada por O.M.L., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de J.G.F., obrante a fs. 172/172 vta. 3) REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia