Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a L. A. M., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto, todos ellos en grado de coautor y en concurso real entre sí” (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150 y 162 del CP), debiendo asimismo afrontar las costas del proceso (art. 29 inc. 3 CP).
2Condenar a V. H. C., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto y tenencia de arma de uso civil, todos en grado de coautor y en concurso real entre sí” (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150, 162 y 189 bis, inc. 2, primer párrafo del CP).
3Condenar a F. D. G., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de tres (3) años y dos (2) meses de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma en grado de coautor y robo en grado de tentativa en grado de autor” (arts. 42, 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150 y 164 del CP), debiendo asimismo afrontar las costas del proceso (art. 29 inc. 3 CP). …
LIBRO: XCIX REGISTRO: 3429 FOLIO: 049/077
Río Gallegos, 25 de junio de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Carlos Enrique Arenillas, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "L. A. M., V. H. C. Y F. D. G. S/ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS Y POR HABER SIDO COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA”, Expte. Nro. ****/25 y sus acumuladas "V. H. C. Y L. A. M. S/PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL" Expte. Nro. ****/25, "F. D. G. S/ROBO EN GRADO DE TENTATIVA" Expte. Nro. ****/25, y "L. A. M. Y V. H. C. S/ HURTO" Expte. Nro. ****/25 y resolver la situación procesal de L. A. M., de apellido materno L. A. M., hijo de M. (2) y de G. (2), argentino, nacido el ** de ***** de 1993, en la ciudad de Salta Capital, soltero, alfabeto, albañil, actualmente alojado en la División Comisaría Quinta de la Policía de Santa Cruz, con último domicilio en calle xxxxx Mza. L, casa 51, B° Madre a la Lucha de esta ciudad; titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***; de V. H. C., hijo de R. R., de nacionalidad argentina, nacido el ** de ***** de 1984, en la ciudad de Salta Capital, soltero, alfabeto, de ocupación albañil, actualmente alojado en la División Comisaría Primera Comandante Luis Piedra Buena, con último domicilio en calle xxxxx, Mza.60, lote 9, B° Bicentenario I, de esta ciudad; titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***; y de F. D. G., hijo de L., argentino, nacido el ** de ***** de 1990 en la ciudad de Resistencia, Chaco, soltero, alfabeto, de ocupación ayudante de cocina, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado, con último domicilio en calle xxxxx, Mza.xx, lote 9, B° Bicentenario I, de esta ciudad; titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quienes se encuentran asistido por el Dr. Emin Charif Sat; representa la acusación estatal la Fiscal ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic; reviste carácter de parte querellante adherente el Sr. M. H. A. con el patrocinio letrado del Dr. J. W. T. -causa ****/25-, de los que;
Que llegan las presentes actuaciones a entendimiento de este Tribunal en virtud de los requerimientos de elevación a juicio incorporados a fs. 188/198 (Expte. ****/25); fs. 108/111 (Expte. ****/25); fs. 171/175 (Expte. ****/25); fs. 178/181 (Expte. ****/25).
En cuanto a la causa del expediente N° ****/25, se le atribuye a L. A. M., V. H. C. y F. D. G. “...que el 24 de diciembre de 2024, aproximadamente, habrían ingresado, previo provocar daños en la puerta de acceso secundario, al domicilio sito en calle xxxxx N° 255 de esta ciudad, donde reside la damnificada A. C. M. -quien se encontraba en ese momento acompañada de sus hijos L. A., M. H. A. y L. A. (2), todos de apellido M. H. A.- portando L. A. M. un cuchillo, al tiempo que V. H. C. portaba un arma de fuego y F. D. G. una maza, para amedrentar a los residentes con las mismas mientras solicitaban a viva voz a los damnificados “Dónde está la plata, dónde está la plata, momento en el que el que portaba el arma de fuego les exige que se tiren al suelo y habría gatillado el arma no logrando que el disparo salga, por lo que le habría arrojado a L. A. una silla a fin de que obedezca, oportunidad en la que M. A. aprovechó la distracción de los mismos y logró salir de la vivienda para solicitar ayuda; acto seguido se retiraron llevándose consigo una bolsa conteniendo alimentos y dos teléfonos celulares, uno marca Samsung J-Prime y el otro un Samsung J7 de propiedad de los damnificados...”.
Respecto de la causa identificada bajo el expediente N° ****/25, se le imputa a F. D. G. que “...el día 23 de abril de 2023, en el horario comprendido entre las 4.30 y las 6.30 horas, ingresó dañando el pestillo de la ventana al domicilio sito en calle xxxxx *** de esta ciudad, morada de residencia de M. A. H., sustrayendo del interior un televisor marca Noblex de 58 pulgadas color negro, una campera color negro y azul con detalles color blanco marca Adidas, cinco bultos cerrados de distintos cortes de carne vacuna, retirándose del lugar, siendo posteriormente hallado por personal policial trasladando sobre sus hombros el televisor mencionado mientras circulaba a pie por la calle xxxxx, intersección Prefectura Naval Argentina, siendo consultado por la procedencia de los elementos, manifestando haber encontrado dichos elementos en la vía pública, por lo que se procedió a la demora del imputado...”. En el marco de la causa del expediente N° ****/25, se le imputa a V. H. C. que “...el 26 de marzo de 2024, aproximadamente a las 1:10 horas, en circunstancias en que se encontraba a bordo del vehículo marca Ford Focus, color gris dominio AA118MQ conducido por su consorte de causa, fueron demorados en la intersección de las calles xxxxx del Barrio San Benito por personal de la División Comisaría Séptima de Policía, quienes se encontraban efectuando tareas prevencionales mediante la modalidad de control vehicular, ocasión en la que fueron sorprendidos portando, sin la debida autorización legal, un arma de fuego tipo pistola NP 28 NORINCO 9x19 mm 501775 apta para disparo, con su almacén cargador conteniendo siete cartuchos de bala, en condiciones de inmediato uso, procediendo los efectivos policiales a la requisa y secuestro respectivo (fs. 113/114)...”.
Por su parte, en la causa del expediente N° ****/25, se endilga a V. H. C. y L. A. M. “...que el 10 de junio de 2024, aproximadamente a las 10.20 horas, previo ingresar ambos al local comercial xxxxx, sito en xxxxx N° 2622 de esta ciudad, se habrían apoderado ilegítimamente -sin ejercer fuerza sobre las cosas ni violencia en las personas- de dos proyectores a LED exterior 100w 6500k, seis lámparas LED clásicas 9w BC, una caja Prestige 8p blanco/fume y una caja de pase IP65 165X165110G, escondiéndolas entre sus prendas de vestir, para luego retirarse ambos del lugar...”.
Iniciada la audiencia, por Secretaría se informó respecto de los efectos secuestrados -certificados a fs. 234 del Expediente ****/25 y 198/vta. del ****/25, 2 DVD's adjuntos al 9465/25-, las partes intervinientes y los testigos presentes. En ese momento, la Fiscalía desistió del comparendo de los testigos M. M. y K., por lo que ante la inexistencia de objeciones de las demás partes se hizo lugar a la solicitud y se ordenó la incorporación por lectura de sus testimonios, respectivamente obrantes a fs. 62/vta. y 160/vta. del Expediente ****/25. Luego, la Presidencia efectuó a los imputados el interrogatorio de identificación y se les advirtió que estuviesen atentos a lo que verían y oirían en la audiencia, ya que de la posterior lectura de los requerimientos de elevación a juicio surgirían los hechos que se les imputan, las pruebas obrantes en su contra y las calificaciones legales que les atribuyó el Ministerio Público Fiscal; también les comunicó que siempre podrían dialogar con su defensor, excepto al declarar y antes de contestar a las preguntas que eventualmente se les formularen.
Acto seguido, se ordenó la lectura de las requisitorias de elevación a juicio de fs. 188/193 del expediente ****/25, 108/111 del expediente ****/25, 171/175 del expediente ****/25 y 178/181 del expediente ****/25, que se cumplió en voz alta y obviando citas de doctrina y de jurisprudencia.
Declarado abierto el debate, se autorizó a las partes a dejar constancia directa de las incidencias que estimaren incumbentes al resguardo de sus derechos; concedida la palabra a la defensa en razón de la solicitud de L. A. M. de transitar las presentes por la vía del artículo 59 inciso 6 en el legajo 9090/25 y el planteo de atipicidad del ****/25, el Dr. Sat sostuvo sus solicitudes.
Corridas las correspondientes vistas, la parte querellante se remitió al escrito oportunamente presentado y ratificado por su representado en el que aceptó el ofrecimiento.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal rechazó la solicitud conciliatoria; motivó su postura en que, sin perjuicio de la aceptación de las víctimas, el hecho enrostrado no fue netamente patrimonial por cuanto fue perpetrado mediante violencia física e intimidación contra las personas, por lo que dicha posibilidad no estaría admitida por la norma.
En ese sentido, recordó que durante su presunta comisión se habría gatillado en dirección a una de las víctimas pero las balas no salieron; en apoyo de su postura citó los precedentes “Cortés” (Expte. ****/23) y “Dorado” del Tribunal Superior de Justicia.
Luego de una breve deliberación, el Tribunal hizo propios los argumentos sostenidos por la representante de la vindicta pública, a lo que -sin adentrarse en cuestiones probatorias respecto de materialidad, autoría ni participación de los hechos- agregó que el inciso d del artículo 320 bis del Código de rito -al que remite el 320 ter, que aborda la admisibilidad de la reparación integral- referencia expresamente los hechos cometidos con grave violencia sobre las personas, que, según surge de la imputación vigente, sería aplicable al caso.
Por lo expuesto, el Tribunal rechazó el planteo, no sin antes aclarar que sin perjuicio de la conformidad de los pretensos damnificados, su actividad no se limita a la de un simple homologador de acuerdos, sino que debe analizar su procedencia formal y aplicabilidad al caso particular.
Al momento de reeditar su planteo de atipicidad, el Dr. Sat, en primer término, leyó la imputación vigente contra V. H. C. en el marco del expediente ****/25; luego refirió que de la simple lectura del requerimiento de elevación a juicio se desprende la atipicidad de la conducta enrostrada, en razón de que la acción consiste en “portar”, lo que comprende, entre otros, acarrear un arma. Que, sin embargo, para que se configure el delito de portación de arma de fuego es necesario que aquella se encuentre cargada con municiones aptas para el disparo y condiciones de inmediato uso, por lo que la simple proximidad física -que entendió se advierte en este caso-, no configura por sí misma el delito.
A ello agregó que la faz subjetiva de la figura penal requiere dos elementos: El conocimiento de que se está portando un arma y la voluntad de disponer de ella; que la doctrina y la jurisprudencia han sido uniformes en sostener que la mera presencia en un vehículo donde hubiera un arma no resulta suficiente para configurar el tipo penal en tanto no se demuestre el efectivo conocimiento para su posterior disponibilidad, dado que “no se puede disponer de algo si no se tiene el conocimiento de que se encuentra allí”.
Estimó ello como una cuestión lógica, y sostuvo que en el caso concreto deben analizarse el conocimiento efectivo, la ubicación del arma, el dominio del hecho y la posibilidad real de acceso al arma, que conforme el acta de requisa debidamente confeccionada fue hallada en el asiento del conductor de L. A. M., por lo que podría inferirse que estaba debajo de su cuerpo; que ello conduce a que no surjan pruebas que permitan inferir que V. H. C. tuviera conocimiento de su presencia en el habitáculo y necesariamente excluye el dolo requerido por la figura penal y deviene en que la conducta sea atípica.
Subsidiariamente, planteó que -si se supusiera el conocimiento de su defendidoincluso podría analizarse la posibilidad de disposición del arma, que hubiera sido imposible debido a su ubicación en el asiento de L. A. M..
En respuesta, la Fiscalía solicitó el rechazo de la moción, por cuanto estimó que si bien la defensa fundó su planteo en la ubicación del arma, ello no obsta a los testimonios de los policías que practicaron el control vehicular y advirtieron que el arma se encontraba en la zona del freno de mano y la palanca de cambios, es decir entre el asiento del conductor y del acompañante, cuestión que podría ser aclarada durante la audiencia, por lo que calificó el planteo como prematuro.
En esa línea, planteó que la solicitud implicaba la resolución anticipada de una contradicción probatoria que debería ser evaluada luego del plenario.
A continuación, la defensa aclaró que además de la cuestión típica, la solicitud también se motivó en la aplicación del derecho penal como última ratio, ya que en caso de existir diferencias entre el testimonio de los efectivos policiales y las constancias del acta, deberían impulsarse la correspondiente acción penal en orden al delito de falsificación de instrumento público en perjuicio de un funcionario público.
Finalizadas las exposiciones, por Presidencia se hizo saber que, teniendo en cuenta que las partes centraron sus argumentos en cuestiones relativas a la valoración de la prueba, el Tribunal se vio impedido de hacerlo en ese momento, ya que ello conllevaría adelantar una opinión previa al período de producción prueba que prima en el debate oral, por lo que se difirió la resolución del planteo para el momento de la sentencia.
Consultados los intervinientes por nuevas cuestiones preliminares para plantear, la Dra. Zuvic solicitó la incorporación por lectura del informe obrante a fs. 61/68 del Expediente ****/25 y desistió del comparendo de C. M., M. M. (2), D. N. y L. B., cuyas intervenciones de fs. 3/8 y 41/42 del Expte. ****/25, 23/vta. y 24/vta. del ****/25 solicitó se agreguen por lectura; frente a la falta de objeciones de la querella y la defensa, se hizo lugar a ello.
Además, por Secretaría se informó que el día anterior a la audiencia se recibió desde el Cuerpo Médico Forense el informe labrado con motivo del examen a V. H. C., que quedó a disposición de las partes para su examen.
A continuación, la defensa solicitó se convocara a los testigos de actuación y el funcionario que firmaron el acta de secuestro del arma antes nominada.
Por su parte, el abogado de la querella no planteó cuestiones previas.
A continuación, en voz alta se le hicieron saber a los procesados las garantías de los arts. 279 y ss, 361 y 363 del Código Procesal Penal; al ser consultados sobre su voluntad de prestar declaración indagatoria, todos ellos hicieron uso de su derecho de abstenerse de prestar declaración, por lo que de conformidad con el artículo 361 del CPP se incorporaron sus declaraciones indagatorias prestadas durante la instrucción obrantes a fs. 153/154 (L. A. M.), 155/156 (V. H. C.) y 157/158 (F. D. G.) del legajo 9090/25.
Cumplido ello, se anunció la prueba que sería agregada al debate de conformidad con las previsiones de los arts. 365, 374, 375 y cctes. del Código Procesal Penal, lo que luego de exhibir los efectos incautados se hizo según el detalle que a continuación se transcribe.
Además de la mencionada, del Expediente ****/25 se agregó: 1) Informes policiales (fs. 1, 3/8 y 22); 2) Acta de Inspección Ocular y croquis ilustrativo (fs. 23/24); 3) Identikits (fs. 36/39); 4) Actas de Aprehensión (fs. 44, 76 y 79); 5) Actas de Requisa Personal (fs. 45 y 78); 6) Acta de Secuestro (fs. 46); 7) Informe de la División de Investigaciones RG (fs. 62/68); 8) Actas de Resultado de Allanamiento (fs. 73/75, 82/83 y 87 y vta.); 9) Acta de Requisa Vehicular (fs. 77 y vta.); 10) Informes (fs. 70/71, 84 y 86 y vta.).
Por exhibición, se incorporó un disco con secuencias fílmicas de cámaras de seguridad (reservado en Secretaría y certificado a fs. 234); por instrucción suplementaria: 1) Informe de la División de Investigaciones local.
Con relación a causa ****/25, se agregó la siguiente prueba documental: 1) Informe actuarial de fs. 01/02 y vta; 2) Informe policial de la Div. Comisaría Cuarta realizado por Oficial Subinspector García de fs. 03/vta; 3) Acta de Inspección ocular de fs. 04/05 vta; 4) Croquis ilustrativo de fs. 06/vta; 5) Informe Policial de la Div. Comisaría Quinta realizado por la Oficial Subinspector C. M. de fs. 08 y vta; 6) Acta de Secuestro de fs. 09/vta; 7) Certificación de elementos de fs. 11 y 16; 8) Informe de la División Comisaría Quinta de fs.12; 9) Acta de aprehensión de fs. 13/vta; 10) Acta de Secuestro de fs. 14/vta; 11) Informe inicio de actuados bajo Of. prev. N°185-S- CUARTA/23 de fs. 20/vta. y 41/vta; 12) Fotocopia de ticket de compra de fs. 24; 13) Acta de secuestro de fs. 25/vta; 14) Acta de reconocimiento y entrega de fs. 28; 15) Informe de antecedentes penales de fs. 32, 33 y 118/119; 16) Fichas dactiloscópicas pertenecientes agregadas a fs. 32/vta; 17) Acta de fijación de domicilio de fs. 84;
18. Informe socioeconómico ambiental -arts. 26 y 41 del CP de fs. 105; 19) Testigos de actuación: O. F. A. y M. V. (2), a fs. 04/05, A. A. y G. A., a fs. 09, O. C. y T. A. a fs. 13/14, G. G. (2) y G. F. (2), a fs. 25.
Por exhibición se incorporó: 1) Secuencias fotográficas de fs. 10; 2) Secuencias fotográficas de fs. 15. 3) Secuencias fotográficas de fs. 26.
Se incorporó con relación a la Causa ****/25 la siguiente prueba documental: 1) Informe fs. 01; 2) Informe de inicio de actuados fs. 02/vta;3) Informe de novedades fs.03/vta; 4) Actas de aprehensión fs. 04/05; 5) Acta de requisa de rodado fs. 06/07;
6. Certificación de elementos fs. 08; 7) Acta de requisa personal fs. 09/vta.; 8) Acta de requisa personal fs. 11 y vta; 9) Certificados médicos fs. 14/15; 10) Recibo fs. 30;
11. Informe fs. 35/38; 12) Certificación de elementos fs. 40 vta.; 13) Informe técnico fs. 64 y vta.; 14) Nota de la ANMAC fs. 66/vta; 15) Informe de antecedentes fs. 77;
16. Informe balístico fs. 78/87; 17) Informe de antecedentes fs. 99 y 103; 18) Informes de los arts. 26 y 41 del C.P. (fs. 163/164 y 165/166); 19) Informes de antecedentes fs. 188/196. Se incorpora por exhibición la siguiente prueba: 1) Fotografía (fs. 10);2) Fotografía (fs. 12); 3) Copia de DNI. Obrante a fs. 72. Del expediente ****/25, se incorporó la siguiente prueba documental: 1) Informe de inicio de actuados de fs. 01 y vta; 2) Informes de antecedentes de fs. 06/20; 3) Comprobante de fs. 23; 4) Resultado orden de allanamiento de fs. 30 y vta; 5) Acta de aprehensión de fs. 34/vta y 35 /vta; 6) Informe criminalístico N° 93/24 de fs. 49/67;7) Informe de antecedentes de fs. 84; 8) Informe de antecedentes de fs. 100/113; 9) Informe de antecedentes de fs. 115/120; 10) Informe de los art. 26 y 41 del CP de fs. 151/vta; 11) Informe de los art. 26 y 41 del CP de fs. 154/vta; 12) Testigos de actuación: M. M. A. y P. N. B. (conforme punto 5).
Finalmente, se agregaron por exhibición: 1) Capturas de pantalla de fs. 24/25; 2) Secuencias fotográficas de fs. 31/32; 3) Copia de DNI de fs. 71; y 4) Copia de DNI de fs. 76.
Acto seguido, declararon como testigos M. A., L. A., A. C. C. y L. A. (2), todos ellos pretensos damnificados del hecho investigado en el Expediente ****/25.
En ese punto, la Sra. Fiscal manifestó que ya no estimaba necesaria la producción de nuevas declaraciones, por lo que solicitó se incorpore por lectura el resto de la prueba obtenida.
La parte querellante no tuvo objeciones que formular; la defensa tampoco asimismo desistió de la producción de los testimonios propuestos al comienzo de la audiencia.
Por ello, se hizo lugar a lo solicitado, se tuvieron por desistidos los comparendos de los demás testigos propuestos y se ordenó la incorporación del resto de los testimonios recabados durante la instrucción.
Clausurado el período de producción de pruebas, de conformidad con el artículo 376 del CPP se invitó a las partes a formular sus alegatos en el orden legal establecido. En primer lugar, el letrado querellante sostuvo que los testimonios producidos en el debate no permitieron comprobar de manera clara la mecánica de los hechos ni la participación que en ellos tuvo cada uno de los acusados en el expediente principal; no obstante ello, afirmó que de la pesquisa surgió con certeza que alrededor de las 19:00 horas del 24 de diciembre de 2024 los imputados ingresaron por la fuerza al domicilio de la familia M. H. A. -ubicado en la calle xxxxx N° 255 de esta ciudad-. Que si bien la acusación original había consignado el hecho como robo doblemente agravado por el uso de armas y por haberse cometido en poblado y en banda, aclaró que debía efectuar una valoración objetiva de la prueba pese a su calidad de querellante; en ese sentido, consideró que no se acreditó el robo debido a la falta de coincidencia de los testigos respecto de los bienes presuntamente sustraídos; si bien todos mencionaron que los intrusos habían exigido una suma de dinero, nunca existió ni fue sustraída; a similar conclusión llegó en cuanto a la manifestación de M. A. respecto de la sustracción de dos teléfonos en razón de que nunca fueron secuestrados durante la investigación.
En cambio, estimó que sí se demostró la violación de domicilio -a partir del ingreso mediante la rotura de la puerta de acceso- y las amenazas proferidas durante el episodio. En esa tesitura, señaló que, con excepción de A. C. (2) -quien se hallaba en el baño y no observó armas- los restantes testigos hicieron referencia a la presencia de un cuchillo, una maza y un revólver antiguo -que tampoco fue recuperado-, por lo que no pudo determinarse si era apto para efectuar disparos; por ello en caso de considerarse que la finalidad del ingreso era concretar un robo, éste sólo podría reputarse tentado.
Asimismo, expresó que todos los damnificados coincidieron en haber escuchado un fuerte estampido correspondiente a la rotura de la puerta mediante una maza, pero observó que existían discrepancias en torno a la cantidad de personas que ingresaron a la vivienda y permanecieron en el exterior, como así tampoco resultó claro si en el hecho participaron dos o tres hombres y una mujer; pese a ello, destacó que de la visualización de las imágenes incorporadas se advierte a tres hombres huyendo desde las inmediaciones de la vivienda.
Por lo expuesto, entendió que si bien los acusados llegaron a juicio por un robo doblemente agravado, correspondía modificar la calificación legal y subsumir su actuar en los delitos de violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de armas, por lo que solicitó el dictado de una sentencia condenatoria, respecto de cuya cuantía no formularía petición concreta en razón de la calidad de adherente de sus representados.
A continuación, la Fiscalía sostuvo que encontró comprobadas la materialidad delictiva y la participación de L. A. M., V. H. C. y F. D. G. en los hechos que respectivamente se les enrostraron. Luego refirió que dada la multiplicidad de trámites acumulados analizaría cada una de ellas en forma individual.
Comenzó por el Expediente ****/25, en la que los tres encartados están involucrados y en la que se cuenta con declaraciones testimoniales, registros de cámaras de seguridad y la totalidad de la prueba incorporada por lectura.
A continuación se refirió al 9465/25, en el que se investigó un hecho de hurto por parte de L. A. M. y V. H. C.; destacó las declaraciones de A. C. y M. V. -que permitieron identificar a los acusados-, el informe criminalístico de la licenciada S. de fs. 49/60 -en el que analizó las secuencias fílmicas obtenidas en el local comercial xxxxx y se observa claramente a ambos imputados- y el informe de la División de Investigaciones de fs. 60/61, en el cual se establecieron coincidencias entre las personas que se aprecian en las secuencias y las de los archivos de la dependencia.
En el 9216/25, en el que se imputó a V. H. C. la portación de un arma de fuego, valoró los informes que dieron cuenta de que el personal policial estaba realizando controles vehiculares preventivos, contexto en el que detectaron la presencia de un arma de fuego en el vehículo que él ocupaba, que fue secuestrada y posteriormente analizada por parte de la Licenciada N. S., quien determinó que se encontraba en buenas condiciones de funcionamiento y era apta para el disparo; mencionó también el informe remitido por la ANMaC, del que surgió que no se encontraba inscripto como legítimo usuario de arma de fuego.
En cuanto al Expediente ****/25, en la que a F. D. G. se le atribuyó la autoría de un robo, indicó que el informe policial de fs. 8 dio cuenta de que el imputado fue hallado mientras transportaba sobre sus hombros un televisor de grandes dimensiones en buen estado de conservación y una mochila que contenía diversos bultos de carne respecto de cuya procedencia dudó al contestar, por lo que fueron secuestrados.
A ello sumó la declaración de A. H. -dueño de la vivienda donde ocurrió el hecho-, quien encontró la puerta de su casa abierta, con el pestillo suelto (circunstancia que se desprende también del acta de inspección ocular oportunamente labrada), y advirtió el faltante de un televisor Noblex de 58 pulgadas, comida y una campera Adidas color azul y negro con detalles blancos, que el encartado llevaba puesta al momento de su aprehensión de conformidad con el acta de secuestro y las secuencias fotográficas anexas.
Al momento de abordar la clasificación legal de los hechos, manifestó su disidencia con la que el fiscal de instrucción sostuvo en el Legajo 9090/25 en razón de las inconsistencias de las víctimas, que se contradijeron acerca de los objetos faltantes, lo que imposibilitó que se acreditara la sustracción de bienes. Sin perjuicio de ello, remarcó que todos fueron coincidentes en la descripción del violento y abrupto ingreso desautorizado de los imputados al inmueble, que guarda relación con lo manifestado por ellos en sus actos de defensa material.
En esa inteligencia, consideró que la prueba producida no permitió afirmar con el grado de certeza requerido por la instancia que la finalidad de dicho ingreso fuera apoderarse de bienes, por lo que entendió no se configuró el delito de robo. Así, entendió que el ingreso sin autorización al inmueble y los posteriores dichos de los imputados configuraron los delitos de violación de domicilio y amenazas calificadas.
Por lo expuesto, atribuyó a L. A. M. los delitos de violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas en orden a los artículo 150 y 149 bis del CP y hurto en calidad de coautor.
Formuló su acusación respecto de V. H. C. como coautor de los delitos de violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas, hurto y portación de arma de fuego sin la debida autorización.
Finalmente, atribuyó a F. D. G. la comisión de los delitos de violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas y robo en grado de tentativa.
Por ello, solicitó se condene a L. A. M. a la pena de tres (3) años de prisión, a F. D. G. a la pena de tres años y dos meses y a V. H. C. -cuya declaración de reincidencia también requirió- a la de cuatro años, todas ellas de cumplimiento efectivo y al pago de las costas del proceso.
Ponderó como agravante el bien jurídico -la propiedad- afectado por los delitos, el daño provocado y el alto grado de violencia desplegada.
Por último, la defensa comenzó por expresar su coincidencia en cuanto al cambio de calificación efectuado por sus contrapartes, y efectuó una reflexión respecto del criterio atinente a la precariedad de la calificación legal en la que sostuvo que, sobre todo en la etapa de instrucción penal preparatoria, al interponerse recursos de apelación contra los autos de procesamiento existe una suerte de tesis consistente en la no revisión las calificaciones jurídicas impuestas en esa instancia, cuyas consecuencias se evidencian claramente en casos como el presente.
En esa tesitura expresó que, de no revisarse esa postura, se continuarán afectando los derechos de los imputados; que en otros escritos se viene planteando que, si el Código de procedimiento exige al juez de instrucción adecuar un hecho a una calificación legal, el imputado debería tener derecho a que sea susceptible de revisión.
Consideró que ello redundaría en beneficio de toda la estructura judicial, puesto que la modificación temprana de determinadas calificaciones permitiría que muchos procesos concluyeran mediante otros mecanismos como criterios de oportunidad, probation, omisiones de debate o reparaciones económicas.
Que, en caso contrario, y de mantenerse una concepción pétrea respecto de las calificaciones legales, el “cuello de botella” al que se enfrenta este Tribunal seguirá incrementándose. Por ello, estimó conveniente asegurar el derecho a la doble instancia y que a lo largo del proceso se revisen las calificaciones jurídicas impuestas.
Concluyó que si bien las calificaciones jurídicas son provisorias, tienen una incidencia concreta en la tramitación de los expedientes, ya que muchas veces impiden que las partes puedan finalizar el proceso por vías alternativas; que en este caso, de haberse adoptado otra solución en etapas anteriores, quizás en la actualidad el Tribunal podría haber destinado tiempo a la tramitación de otras causas y así brindar respuestas más ágiles y eficaces.
En función de ello, reiteró su coincidencia con el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante respecto del cambio de calificación propuesto, y afirmó que lo sucedido en la audiencia demostraba las consecuencias de su anterior planteo.
Finalmente, manifestó que en el marco de su asesoría sus asistidos habían sido oportunamente informados sobre la posibilidad de que durante el debate pudiera producirse una modificación de las calificaciones legales, quienes, una vez puestos en conocimiento de esa eventualidad, se mostraron conformes con explorar alternativas que permitieran una disminución de los montos punitivos.
Que, por tal motivo, no tenía más que compartir lo expresado por el Ministerio Público Fiscal y por el querellante, no sin antes dejar abierta la discusión planteada, que podría traer consecuencias positivas para el funcionamiento general del sistema judicial.
Concluida la etapa de alegatos, la Presidencia consultó a los imputados si era su deseo manifestar algo antes de pasar a la deliberación, momento en el que V. H. C. solicitó su traslado a esta ciudad, debido a que actualmente se encuentra alojado en la localidad de Comandante José Luis Piedra Buena, mientras que su núcleo familiar reside aquí.
Finalmente, de conformidad con las previsiones del artículo 376 del CPP, la Presidencia dio por concluido el debate, convocó a los jueces a deliberar de inmediato y en secreto para sentenciar y ordenó reanudar el acto para leer el fallo el próximo 25 de junio de 2026 a las 12.00 horas en la sede de este Tribunal, xxxxx N° ** de esta ciudad. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver que a continuación se verá plasmada.
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Se encuentran acreditadas la materialidad y la intervención atribuida a cada uno de los imputados?
La Dra. María Alejandra Vila, Presidenta del Tribunal, dijo:
Que a fines de mantener un relato ordenado, entiendo necesario abordar la materialidad y autoría de los hechos en forma diferenciada.
Así, comenzaré por el tratamiento del Expediente Nro. ****/25, que según surge del informe de inicio de actuados de fs. 1 y el de novedad de fs. 22, que tuvo como motivo un llamado a las 19:10 horas del 24 de diciembre de 2024 en razón de la solicitud de presencia policial con motivo de un presunto robo ocurrido en el domicilio sito en xxxxx 255 de esta ciudad.
Comisionado personal policial al lugar, de la entrevista que mantuvieron con su propietaria, A. C. (2), surgió que momentos antes tres varones -uno de los cuales portaba un arma de fuego, mientras que los otros dos llevaban consigo armas blancas- habían roto la puerta de acceso principal e ingresado a su vivienda, de donde sustrajeron “una bolsa de compras”.
Durante el debate, C. manifestó que al momento del hecho, aproximadamente a las 17:30 horas, estaba bañándose; a preguntas de la Fiscalía sobre la disposición del inmueble, explicó que al ingresar por la puerta del patio se accedía a un living, luego a un comedor, posteriormente a un pasillo y a la cocina, y que entre esta última dependencia y el pasillo se ubicaba un pequeño baño, donde ella estaba. Precisó que mientras se encontraba allí escuchó un fuerte golpe en la puerta y alcanzó a oír que una persona decía reiteradamente: “¿Dónde está la plata?, ¿Dónde está la plata?”, por lo que intentó llamar a la Comisaría, aunque no pudo hacerlo. Indicó que permaneció en el baño durante todo el episodio y no salió sino hasta que todo hubo finalizado, por lo que no pudo ver a los causantes. Respondió a la Fiscalía que quien preguntaba por el dinero tenía voz masculina, aunque no pudo determinar si se trataba de una o más personas, pues únicamente escuchó la pregunta antes consignada.
Refirió que una vez que salió, vio que habían roto la puerta con una maza, una silla -que estaba en el suelo- y que desconocía si quienes ingresaron buscaban dinero, aunque supuso que ésa habría sido la finalidad.
Ante una consulta de la Fiscalía acerca de si habían cobrado alguna suma de dinero, respondió negativamente.
Preguntada sobre si habían sustraído algún elemento de la vivienda, manifestó que en ese momento no vio que se llevaran nada y explicó que luego llegaron vecinos, circunstancia que desvió su atención, pero que con posterioridad tampoco advirtió faltantes.
Inquirida respecto de si los agresores habían revisado pertenencias o buscado objetos, respondió que únicamente vio desorden sobre la mesa ubicada al frente, pero que su hijo vio cómo revisaban unos cajones; repreguntada acerca de estos últimos, indicó que si bien no podía dar certezas porque ella estaba en el baño, cuando salió, vio un cajón algo revuelto, lo que atribuyó a que habían buscado allí. Retomando las constancias del informe policial, también se consignó que se les recibió declaración a los hijos de C., M. A. -que adujo el faltante de dos teléfonos celulares marca Samsung, uno modelo J Prime con carcaza blanca y el otro modelo J7 de color negro- y L. A., quienes afirmaron estaban en condiciones de prestar datos para la realización de identikits, que se materializaron en las imágenes agregadas a fs. 36/39.
Ambos prestaron sus dichos durante el plenario, donde coincidieron en que entre las 17:00 y las 17:30 horas del 24 de diciembre de 2024 regresaron a su domicilio de hacer compras vinculadas a los preparativos de las festividades navideñas, y que en ese trayecto vieron un grupo de personas en las inmediaciones del kiosco ubicado en la esquina de su domicilio, que L. A. estimó entre tres o cuatro y M. A. como tres varones que miraban hacia la casa.
Si bien con el correr de sus respectivas declaraciones ambos reconocieron la posibilidad de que entre las personas hubiera una mujer, ninguno pudo describirla con precisión ni la vio en el interior de la vivienda; en esa tesitura, contrastadas que fueran con las que anteriormente habían prestado en instrucción -en la que además de situar una mujer al momento del hecho, incluso la describieron físicamente y le atribuyeron la portación de un cuchillo-, atribuyeron las discrepancias al estado de nerviosismo en el que declararon por primera vez.
También fueron contestes con los dichos de C. en cuanto a que estaba bañándose cuando ocurrió el incidente y que su otra hermana –L.- estaba en la planta alta, pero discreparon respecto de las circunstancias en las que L. A. tomó conocimiento del ingreso, pues éste indicó que escuchó gritos de M. A. desde su habitación, mientras que este último manifestó que le avisó justo antes de escapar por la puerta trasera. Coincidieron en la modalidad de irrupción a la vivienda, por cuanto expresaron que la puerta fue violentada mediante el uso de una maza, y que, mientras ello ocurría, los autores -de los cuales uno portaba una maza y otro un arma de fuegopreguntaban constantemente dónde estaba la plata. No obstante ello, sus versiones fueron divergentes acerca del tercer autor y la distribución de los elementos, ya que L. A. sostuvo que se enfrentó con un hombre con una evidente lesión ocular -que llevaba un cuchillo largo y oxidado- mientras que otro -que tenía el rostro cubiertoportaba un revólver y un tercero -cuya presencia dedujo por su voz- al que no logró ver hasta que huyó portaba el elemento contundente; por su parte, M. A. expresó que uno llevaba un revólver, otro una maza y no recordó que tenía el último e incluso reconoció que había declarado que una mujer llevaba un cuchillo, pero durante el debate ya no lo recordaba.
En cuanto a la secuencia posterior, los dos coincidieron en que M. A. escapó por la puerta trasera para pedir ayuda; en ese punto, L. A. afirmó que se quedó en la vivienda, donde se enfrentó al sujeto del cuchillo hasta que le ordenaron que se tirara al suelo, desde donde escuchó que su anterior contrincante gritó “Disparale” y que gatillaron contra él sin éxito.
Esta versión fue parcialmente compatible con la de su hermano, quien corroboró que escuchó gritos de “Disparale, disparale” mientras escapaba.
Que, una vez fuera de la vivienda, los autores intentaron pero no lograron abrir el automóvil estacionado en el exterior y cuando huyeron, a uno se le cayó un arma de fuego que luego fue recogida.
Al respecto, L. A. sostuvo que junto a su hermano los persiguieron hasta la esquina y luego en dirección a la calle Maipú, pero M. A. afirmó que luego de escapar hacia la vivienda de un vecino para pedir ayuda, permaneció allí junto a éste, desde donde vio la escena que involucró el automóvil familiar y que, al huir, se les cayó la pistola, que luego levantaron nuevamente. Sin embargo, exhibidas que le fueran las videograbaciones de las cámaras de seguridad, respondió que no recordaba haberlos perseguido y pidió que se tuviera en cuenta el contexto traumático en que ocurrieron los hechos. Asimismo, admitió su desconocimiento respecto de qué sucedió inmediatamente después de que uno de los sujetos lo siguiera hasta el domicilio vecino y reconoció no recordar diversos detalles de esa secuencia. Ahora bien, en cuanto a los bienes presuntamente sustraídos, L. A. dijo que no le sustrajeron nada debido a que únicamente buscaban dinero, aunque a su hermano le faltó un teléfono celular perteneciente a su trabajo -cuyo número de abonado desconocía-, a lo que agregó que su hermano también poseía un teléfono particular, cuyo número tampoco recordaba porque solía cambiarlo frecuentemente. En concordancia con ello, M. A. sostuvo que desapareció una bolsa que cree que contenía un celular y estaba sobre la mesa, aunque no dio precisiones de qué otros objetos podían faltar.
Estas afirmaciones se apartan de lo declarado por A. C. C., quien expresó que no observó que los autores se llevaran elemento alguno y que, aun después de ordenar la vivienda, no advirtió faltantes, divergencia que no resulta menor debido a que ninguno de los tres ofrece una versión plenamente uniforme sobre qué objeto fue sustraído, dónde estaba ni cómo desapareció.
Por último, los hermanos coincidieron en afirmar que desconocían a los autores, y negaron poseer sumas importantes de dinero.
Por otra parte, frente a la sugerencia de la defensa de haber recibido una suma de dinero de parte de F. D. G. o V. H. C., M. A. negó categóricamente tal circunstancia. Completó la ronda de declaraciones la de L. A. -otra de las hijas de A. C. que también estaba presente en el lugar- quien en primer lugar resaltó el tiempo transcurrido desde el acaecimiento del hecho, pese a lo que intentaría recordar lo sucedido.
Explicó que aproximadamente a las 19:00 horas estaba en el piso de arriba de su vivienda, cuando escuchó un fuerte estruendo proveniente de la planta baja, por lo que descendió hasta la mitad de la escalera, desde donde vio a M. A. forcejeando con la puerta a fines de evitar que una persona ingresara mientras le gritaba a L. A. y su madre se bañaba.
Luego M. A. salió corriendo en dirección a la parte trasera de la casa, y logró ver a tres varones, de los cuales dos ingresaron en dirección a la cocina y obligaron a L. A. a agacharse.
Remarcó que durante todo el episodio se encontraba hablando por teléfono con la policía, ya que apenas advirtió el ingreso llamó al servicio de emergencias y mantuvo dos comunicaciones mientras se desarrollaban los hechos, circunstancia que estimó debía encontrarse registrada.
Además, precisó que en razón de su ubicación los intrusos desconocían inicialmente su presencia, pero que desde allí vio que un hombre con un cuchillo oxidado impartía órdenes y le decía “Tirale, tirale” a otro que portaba un arma de fuego y mantenía a L. A. agachado.
Consultada sobre la vestimenta del portador del cuchillo, en primer término sostuvo que uno de ellos tenía un pantalón verde, aunque luego aclaró que creía que quien portaba el cuchillo vestía un pantalón gris; señaló además que esa persona presentaba un defecto en uno de sus ojos, que no sabía si consistía en un párpado caído o su faltante.
Respecto de los otros dos, indicó que vestían ropa deportiva y tenían el rostro cubierto, aunque el que llevaba la maza -a quien estimó drogado o desorientadoera quien menos cubierta tenía la cara, por lo que lo describió como una persona indecisa, que no sabía si subir o bajar las escaleras, y aclaró que era el tercero de los participantes.
A preguntas de la Fiscalía, confirmó que quien tenía el arma de fuego apuntaba a L. A. pero no pudo observar bien su rostro porque estaba de espaldas. Agregó que el sujeto de la maza intentó subir a la planta alta, motivo por el cual regresó a su habitación y efectuó el segundo llamado a la policía, en el que manifestó que estaban gatillando a su hermano.
Posteriormente, confirmó que M. A. salió de la vivienda para solicitar ayuda a los vecinos y que en ese momento salieron personas de los inmuebles cercanos, mientras ella le gritaba a L. A. que obedeciera las órdenes que le impartían, ya que estaban amenazando con dispararle si no se agachaba y les hacía caso Respondió a la Fiscalía que mientras el sujeto armado apuntaba a L. A., el del cuchillo revisó distintos sectores de la vivienda y le daba órdenes; que junto al que llevaba la maza revisaron un escritorio ubicado en una sala de estudio y computación, y remarcó que no comprendía por qué tres personas armadas ingresaron a una vivienda en Río Gallegos.
Consultada respecto de la sustracción de elementos de la vivienda, estimó que los autores pudieron haber confundido unas llaves con las del automóvil de su hermano y por eso intentaron llevárselo, además de que los sujetos llevaban una bolsa -en la que supuso que guardaban armas o herramientas- y manifestó que posteriormente pudieron constatar que faltaban uno o dos teléfonos celulares, uno de ellos marca Motorola.
Tras ser repreguntada, afirmó que desconocía las marcas de los teléfonos, pero confirmó que luego del hecho M. A. le dijo que fueron dos, uno personal y otro de su trabajo.
Finalmente, adujo que la policía estaba llegando al lugar mientras los autores escapaban y otras personas salían a perseguirlos.
Confrontada con una declaración previa en la que había descrito con precisión un revólver cromado de aproximadamente veinte centímetros de largo y con faltante de cachas, manifestó que desconocía su autenticidad, aunque sí sabía que era un revólver de tambor, viejo y con una parte del mango faltante, que se cayó durante la huida de los autores. Ante la pregunta de cómo logró efectuar una descripción tan detallada pese a no tener conocimientos sobre armas, respondió que simplemente había observado cómo intentaban dispararle a su hermano, razón por la cual pudo recordar el arma, el cuchillo y la maza.
Finalmente, fue confrontada con una declaración previa en la que afirmó que los malhechores se habían llevado dinero en efectivo, a lo que respondió que tomaron algo que se encontraba sobre la mesa y que inicialmente pensó que podían ser llaves, aunque luego recordó que se trataba del vuelto que su hermano había dejado allí después de efectuar compras en la esquina.
En definitiva, de las declaraciones de A. C. C., L. A., M. A. y L. A. surge un núcleo de coincidencias relevante respecto de las circunstancias esenciales del hecho, por cuanto todos ellos fueron contestes en que el episodio ocurrió durante la tarde del 24 de diciembre de 2024 mientras A. C. se bañaba, y consistió en que varias personas forzaron la puerta de ingreso mediante el empleo de una maza e irrumpieron violentamente en el domicilio; que durante el ingreso exigieron la entrega de dinero y amenazaron a L. A., uno de ellos portaba un arma de fuego y otro un cuchillo; que M. A. escapó por una puerta trasera para solicitar ayuda a los vecinos, L. llamó a la policía mientras ocurrían los acontecimientos y que, finalmente, los autores abandonaron el lugar.
No obstante ello, los testimonios exhibieron importantes discrepancias en torno a extremos vinculados con el desapoderamiento y determinados aspectos accesorios de la mecánica del hecho. Así, mientras L. A. y M. H. A. sostuvieron durante el debate que los autores eran tres hombres, ambos reconocieron que durante la instrucción habían mencionado la presencia de una mujer, a quien incluso atribuyeron la portación de un cuchillo y describieron físicamente.
Tampoco fueron uniformes las versiones respecto de la distribución de las armas y roles desempeñados por cada uno de los intrusos, ya que L. A. y L. A. (2) afirmaron que el sujeto con una anomalía ocular era quien portaba el cuchillo y daba órdenes al restante, que empuñaba un revólver y apuntaba a L. A.; M. A., en cambio, manifestó que no recordaba qué elemento llevaba el tercer participante y admitió que previamente había atribuido a una mujer la portación del cuchillo.
Del mismo modo, L. A. ubicó a M. A. como partícipe de la persecución posterior a la huida, mientras que éste declaró haberse refugiado en la vivienda vecina y no pudo precisar si efectivamente salió a correr a los autores.
Dichas inconsistencias resultan aún más evidentes en relación con los bienes presuntamente sustraídos, en razón de que C. fue categórica cuando afirmó que no observó que se llevaran objeto alguno y que, incluso luego de ordenar la vivienda, no advirtió faltantes; por su parte, L. A. manifestó que únicamente desapareció un teléfono perteneciente al trabajo de M. A., mientras que éste refirió la ausencia de una bolsa que contendría un celular apoyado sobre una mesa.
Mientras tanto, L. inicialmente sostuvo que ignoraba si se habían llevado uno o dos teléfonos y luego afirmó que faltaron dos aparatos pertenecientes a M. A. -uno personal y otro corporativo- además de la desaparición de un vuelto en efectivo dejado sobre una mesa. Sin embargo, al ser confrontada con una declaración anterior en la que había identificado uno de esos teléfonos como marca Motorola, respondió desconocer sus marcas y limitó su conocimiento al hecho de que su hermano utilizaba dos teléfonos, circunstancia que, según reconoció, supo con posterioridad al conversar con él una vez finalizado el episodio.
De tal modo, aun cuando las declaraciones examinadas permiten tener por acreditado con suficiente grado de certeza que varias personas ingresaron sin autorización al domicilio de la familia M. H. A. tras violentar la puerta de acceso y que, en ese contexto, profirieron amenazas exhibiendo al menos un arma de fuego y un cuchillo mientras exigían la entrega de dinero, las marcadas oscilaciones existentes acerca de la cantidad y sexo de los autores, la asignación de las armas, la persecución posterior y, especialmente, la existencia, naturaleza y cantidad de bienes efectivamente sustraídos, impiden afirmar con igual grado de convicción que se hubiera consumado un desapoderamiento patrimonial determinado, extremo que, en consecuencia, no puede reputarse acreditado en esta instancia.
Estas conclusiones se vieron fortalecidas por el acta de inspección ocular y su croquis adjuntos, agregados a fs. 23/24, en la que los efectivos policiales y testigos que participaron en ella constataron daños en la cerradura de una de las puertas de acceso a la vivienda.
Las constancias examinadas permiten tener por acreditada la materialidad del suceso en los términos antes delimitados. En efecto, prueban que, en la fecha indicada, tres personas violentaron la puerta de acceso al domicilio de la familia C.- M. H. A., ingresaron sin autorización y, mediante la exhibición de armas y la formulación de expresiones intimidatorias, exigieron la entrega de dinero y obligaron a L. A. a adoptar una determinada conducta. No permiten, en cambio, afirmar con certeza la existencia de un desapoderamiento patrimonial consumado. Corresponde, por tanto, analizar separadamente los elementos que vinculan a cada uno de los acusados con esa ejecución.
A fines de determinar la autoría de los hechos, se analizará en primer lugar el informe de fs. 3/8 remitido por personal de la División de Investigaciones, en el que se analizaron las secuencias de video obtenidas de las adyacencias del domicilio. De las secuestradas al kiosco “Tita” -que efectivamente se encontraba en la esquina de la vivienda, y cuyo dueño expresó a fs. 182 que momentos antes del hecho L. A. M. había hecho una transacción cuyo comprobante aportó y que aproximadamente media hora después vio a su vecino en estado de desesperación- se desprende la presencia de tres varones sentados en su vereda en un horario coincidente con el aportado por los testigos analizados De igual manera, se aprecia que minutos después los sujetos -que vestían ropa deportiva- comienzan a caminar por la calle xxxxx en dirección a Maipú, mientras uno de ellos se coloca un pasamontañas -extremo coincidente con lo abonado por los testigos durante el debate-.
Dicho informe, cuyas duplicaciones se agregaron a fs. 62/68, arrojó como conclusiones que los tres sujetos guardaban correspondencia física con los imputados de autos; en ese sentido, se destaca la presencia de tatuajes coincidentes con los de V. H. C. en las manos de uno y que uno de ellos, L. A. M., tenía un tatuaje en la mejilla y una seña particular en uno de sus ojos, que a la vista sería coincidente con el ojo “caído” o “tuerto” que sindicaron los damnificados. Del análisis de las del domicilio de M. M. (3) -sito en xxxxx N° 224- se visualiza a los mismos sujetos caminando sobre la arteria en dirección a Maipú; aproximadamente media hora después, se aprecia que varias personas miran en dirección al lugar de los hechos y, momentos más tarde, se ve a los tres individuos corriendo frente al domicilio, esta vez perseguidos por otros dos.
En virtud de ello, se ordenó el registro de los domicilios de los tres encartados; uno de ellos, el practicado en la casa de L. A. M. ese 30 de diciembre, arrojó resultados positivos, por cuanto del acta glosada a fs. 73 se desprende el secuestro de varias prendas de ropa coincidentes con las observadas, entre ellas un par de zapatillas de lona, un gorro piluso negro y un cuchillo con mango color claro coincidente con el descripto por los M. H. A..
La fuerza convictiva de esas constancias debe examinarse de manera individual. Respecto de L. A. M., la identificación no descansa únicamente en una apreciación policial genérica: su presencia en las inmediaciones quedó vinculada con la operación realizada momentos antes en el comercio de la esquina; las filmaciones permiten advertir características físicas particulares —entre ellas, el tatuaje facial y la anomalía ocular mencionada por L. A. y L. A. (2)— y, posteriormente, en su domicilio se secuestraron prendas coincidentes con las utilizadas por uno de los participantes y un cuchillo de características semejantes al descripto. En cuanto a V. H. C., corresponde precisar cuáles son los rasgos individualizantes que se observan en las imágenes y de qué modo se corresponden con sus características personales. El informe de la División de Investigaciones destacó particularmente la coincidencia de los tatuajes visibles en sus manos, pero esa conclusión debe ser acompañada por la apreciación directa del Tribunal sobre las secuencias exhibidas durante el debate y por la identificación concreta de las restantes similitudes constatadas.
Finalmente, respecto de F. D. G., no resulta suficiente reproducir la conclusión del informe policial según la cual uno de los sujetos ‘guardaría correspondencia física’ con el nombrado. Para atribuirle intervención debe explicitarse qué características corporales, faciales, de vestimenta o de desplazamiento permitieron diferenciarlo de terceros y vincularlo con uno de los tres hombres observados en las filmaciones. También deberá ponderarse, en su caso, el contenido concreto de su declaración indagatoria incorporada al debate, siempre que de ella surja algún reconocimiento o dato corroborante.”
Así las cosas, la valoración conjunta de las declaraciones de los damnificados, las secuencias obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones y los informes elaborados por la División de Investigaciones permite tener por acreditada la intervención de los tres acusados en el suceso examinado. En efecto, las imágenes registraron, en un horario compatible con el aportado por los testigos, la presencia de tres varones reunidos en las inmediaciones del domicilio de la familia M. H. A.. Posteriormente, se los observó desplazarse juntos por la calle xxxxx en dirección al lugar del hecho, oportunidad en la que uno de ellos se colocó un pasamontañas. Aproximadamente media hora después, las cámaras captaron nuevamente a los mismos tres sujetos cuando huían conjuntamente desde ese sector, perseguidos por otras personas.
La secuencia registrada presenta correspondencia temporal, espacial y numérica con el núcleo coincidente de los testimonios recibidos. En particular, L. A. y L. A. (2) refirieron la intervención de tres hombres, mientras que las imágenes muestran precisamente a tres varones que permanecieron juntos antes del ingreso, se desplazaron en dirección a la vivienda y huyeron en forma conjunta inmediatamente después del episodio.
A ello se añade que el análisis efectuado por la División de Investigaciones concluyó que las características físicas de los tres sujetos observados guardaban correspondencia con las de L. A. M., V. H. C. y F. D. G.. Tal conclusión no fue formulada a partir de una imagen aislada, sino mediante la comparación de las distintas secuencias obtenidas en la zona y su cotejo con los registros disponibles en la dependencia.
Respecto de L. A. M., su individualización encuentra además respaldo en elementos particulares. El propietario del kiosco ubicado en la esquina del domicilio informó que momentos antes del hecho aquél había realizado una transacción en el comercio. Asimismo, uno de los sujetos registrados presentaba un tatuaje en el rostro y una particularidad ocular coincidente con la descripción proporcionada por L. A. y L. A. (2) respecto del hombre que portaba el cuchillo e impartía órdenes en el interior de la vivienda.
La vinculación de L. A. M. se ve reforzada por el resultado del allanamiento practicado en su domicilio, donde fueron secuestradas diversas prendas de vestir coincidentes con las observadas en las filmaciones —entre ellas, un par de zapatillas de lona y un gorro piluso negro—, además de un cuchillo con mango de color claro cuyas características resultaban compatibles con las descriptas por los damnificados.
En cuanto a V. H. C., la División de Investigaciones individualizó a uno de los integrantes del grupo a partir de su correspondencia física con el nombrado y de la presencia de tatuajes visibles en sus manos, coincidentes con los que éste posee. Dicho sujeto fue observado junto a los restantes antes del hecho, durante el desplazamiento hacia la vivienda y en la huida posterior, lo que permite descartar que su presencia en el lugar hubiera sido meramente ocasional.
Respecto de F. D. G., su intervención surge del análisis comparativo realizado por el personal investigador, que lo identificó como el tercero de los hombres observados en las distintas secuencias. Las imágenes muestran que permaneció junto a L. A. M. y V. H. C. en las inmediaciones del domicilio, se desplazó con ellos en dirección al lugar donde se produjo la irrupción y huyó integrando el mismo grupo inmediatamente después.
Si bien respecto de F. D. G. no se cuenta con una característica física singular de la entidad de las constatadas en relación con L. A. M. y V. H. C., su identificación no deriva únicamente de una genérica semejanza corporal, sino de la continuidad de las secuencias analizadas, de su permanencia junto a los restantes acusados antes y después del hecho y del cotejo practicado por la División de Investigaciones con los registros disponibles.
La actuación conjunta observada tampoco puede ser explicada como una presencia casual en las inmediaciones. Los tres hombres permanecieron reunidos antes del episodio, se dirigieron conjuntamente hacia la vivienda, uno de ellos ocultó previamente su rostro y, luego de ocurrido el ingreso violento, los tres emprendieron la huida en forma simultánea. Tales circunstancias conforman una sucesión coherente de indicios que, apreciados de manera integral, permiten vincularlos con los tres sujetos descriptos por las víctimas.
En consecuencia, la concordancia existente entre las declaraciones testimoniales, los registros fílmicos, las características individualizantes señaladas en los informes policiales y los elementos secuestrados en el domicilio de L. A. M. permite tener por acreditado, con el grado de certeza exigido en esta instancia, que L. A. M., V. H. C. y F. D. G. fueron quienes intervinieron conjuntamente en el ingreso al domicilio de la familia M. H. A..
Por lo tanto, tengo por probado que los tres acusados violentaron la puerta de acceso e ingresaron sin autorización a la vivienda, donde, mediante la exhibición de armas y la formulación de expresiones intimidatorias, exigieron la entrega de dinero y obligaron a L. A. a agacharse y someterse a sus indicaciones. No se ha acreditado, en cambio, con el mismo grado de certeza, que hubieran logrado apoderarse de bienes determinados existentes en el interior del inmueble.
Prosiguiendo con el análisis, corresponde abocarme al de las constancias del Expediente ****/25, para lo que se tomará como punto de partida el informe de iniciado de actuados de fs. 2 y el de novedad de fs. 3, en el que personal de la División Comisaría Séptima de esta ciudad consignó que aproximadamente a las 01:15 horas del 6 de marzo de 2024 se iniciaron actuaciones prevencionales de oficio con motivo del resultado de un operativo de control vehicular en la intersección de las calles xxxxx del Barrio San Benito.
En concreto, sindicaron que cuando en ese marco detuvieron un Ford Focus dominio AA118MQ cuyos ocupantes identificaron como V. H. C. y L. A. M., el personal interviniente observó, a simple vista, un arma de fuego en la zona de la palanca de cambios del rodado.
De posterior comunicación con el Juzgado de turno, se ordenó la requisa del vehículo, diligencia que se plasmó en el acta obrante a fs. 6/7,de la que surge que en el habitáculo del vehículo “se corroboró la presencia de un arma de fuego... motivo por el cual se solicitó la presencia de la División Gabinete Criminalístico”. De igual manera, se plasmó que de la llegada de la Oficial Ramírez, con prestación de servicios en esta última dependencia, se tomaron fotografías en el interior y exterior del rodado, diligencia en la que, sobre el asiento del conductor, se obtuvieron fotografías de “un arma de fuego corta, tipo pistola... con la inscripción Morinco en la empuñadura”, que, a pesar de que no tenía munición en la recámara, tenía 7 balas en su almacén cargador; todo ello, además del hallazgo de una bala en el baúl del rodado, fue plasmado en la certificación subsiguiente y confirmado por la nombrada en su testimonio incorporado a fs. 89/vta y su informe de fs. 64/vta. Con motivo de lo actuado, se le recibió declaración testimonial a H. M., D. N., L. B. y C. C. -efectivos intervinientes en el operativo-, cuyas actas se agregaron a fs. 22/25 vta. Los dichos de los cuatro fueron contestes en cuanto a que aproximadamente a la 1:00 de la madrugada se encontraban realizando controles vehiculares preventivos cuando Cáseres demoró la marcha de un automóvil marca Ford Focus de color negro, dominio AA118MQ, se aproximó al conductor -a quien describió como nervioso- y le solicitó la documentación del rodado. Precisó además que en ese momento al conductor se le cayó el teléfono celular y, al agacharse para recogerlo, puedo ver un elemento similar a un arma de fuego junto al freno de mano, por lo que inmediatamente le pidió al conductor que apagara el motor y se dirigió hacia el jefe de guardia, Malbenda, a quien le informó lo sucedido.
Señaló que luego regresaron al vehículo junto con el nombrado, D. N. y L. B., donde solicitaron a sus ocupantes que descendieran; al hacerlo, los imputados dejaron las puertas abiertas, circunstancia que les permitió observar el arma de fuego en el sector antes indicado.
En términos sustancialmente coincidentes, Malbenda manifestó que Cáseres lo convocó luego de advertir un objeto similar a un arma de fuego en cercanías del freno de mano del automóvil. Refirió que, una vez abiertas las puertas del vehículo, pudo observar personalmente el arma de fuego en el interior del habitáculo. Por su parte, D. N. y L. B. declararon que Cáseres demoró el Ford Focus mientras se desarrollaba el operativo y luego se acercó a Malbenda, quien les ordenó que se aproximaran al rodado debido a que en su interior podría haber un arma de fuego. Fueron contestes con sus compañeros en que cuando hicieron descender a sus ocupantes, éstos dejaron las puertas abiertas, por lo que advirtieron la presencia del arma, que estaba ubicada al lado del freno de mano.
En definitiva, de sus declaraciones se advierte una coincidencia palmaria de respecto de la secuencia de acontecimientos, que consistieron la demora del rodado por parte de Cáseres en el marco de un control preventivo, que luego notó presencia de un objeto similar a un arma de fuego junto al freno de mano, circunstancia que inmediatamente comunicó a Malbenda, que ordenó el acercamiento conjunto de los efectivos al automóvil, cuyos ocupantes dejaron las puertas abiertas cuando descendieron, lo que posteriormente permitió la constatación visual del elemento en el lugar señalado.
Del posterior secuestro del arma, a fs. 35 se informó que de la compulsa del banco informatizado de datos de la ANMaC se corroboró que la pistola marca Norinco Modelo NP28 con número de serie 501775 de calibre 9x19mm estaba inscripta a nombre de un tercero.
Asimismo, de la respuesta a fs. 66/vta. remitido desde el mencionado ente surge que ni L. A. M. ni V. H. C. se encontraban inscriptos como legítimos usuarios de armas de fuego.
Completa el plexo probatorio incriminante el informe balístico N° 61/24 labrado en ocasión de la pericia balística practicada al arma, en la que a fs. 86/87 se determinó que la pistola marca Norinco NP 28 de calibre 9mm era “apta para producir disparos, con un funcionamiento normal y estado de conservación bueno” y que “los 7 cartuchos corresponden a un calibre 9mm compatible con el arma de fuego tipo pistola”; a igual conclusión se llegó respecto de la bala hallada en el baúl. En conclusión, el acervo probatorio recopilado permitió reconstruir, en forma certera, que en la fecha y hora indicadas el imputado de autos se encontraba en el interior del vehículo antes referido, en el que además se halló un arma de fuego apta para el disparo.
En cuanto al argumento de la defensa fundado en que el acta de requisa de fs. 6/7 consignó que el arma fue hallada sobre el asiento del conductor, corresponde reconocer que existe una diferencia entre esa constancia y la ubicación descripta por los funcionarios policiales que participaron del procedimiento. Sin embargo, dicha divergencia no posee, por sí sola, entidad suficiente para sostener que el arma permanecía oculta debajo del cuerpo de L. A. M. ni para excluir el conocimiento de V. H. C. acerca de su presencia en el vehículo.
En efecto, C. C. manifestó que, al aproximarse al automóvil y solicitar la documentación correspondiente, observó un objeto similar a un arma de fuego junto al freno de mano. Según explicó, ese primer avistamiento se produjo mientras los ocupantes todavía permanecían en el interior del rodado y antes de que se practicara la requisa formal. Inmediatamente comunicó lo advertido al jefe de guardia, H. M., quien se aproximó al vehículo junto con D. N. y L. B..
Los cuatro efectivos coincidieron sustancialmente en que, una vez que L. A. M. y V. H. C. descendieron y dejaron abiertas las puertas del automóvil, observaron el arma en el sector próximo al freno de mano. La concordancia de sus relatos no se limita a la ubicación del elemento, sino que comprende la secuencia completa del procedimiento: la detención del vehículo en el marco de un control preventivo, el primer avistamiento efectuado por Cáseres, la comunicación inmediata a Malbenda, el descenso de los ocupantes y la posterior constatación del arma por los restantes funcionarios.
El acta de requisa, por su parte, documentó que al momento de practicarse formalmente la diligencia el arma se encontraba sobre el asiento del conductor. Esa constancia debe ser ponderada conjuntamente con los testimonios y no ignorada; sin embargo, no autoriza a concluir que el elemento hubiera estado oculto debajo del cuerpo de L. A. M. durante el primer contacto policial. Ninguno de los funcionarios declaró haberlo observado en esa posición, ni existe otra prueba que permita tener por acreditada esa circunstancia.
La hipótesis defensiva supone, en consecuencia, que el arma se encontraba completamente cubierta por el cuerpo del conductor y que V. H. C. desconocía su existencia. Sin embargo, esa reconstrucción no encuentra sustento en las constancias incorporadas al debate y se contrapone con los dichos concordantes de los funcionarios, quienes afirmaron haber advertido el elemento en un sector visible y próximo al freno de mano mientras los acusados aún se encontraban dentro del vehículo.
La diferencia existente entre el lugar señalado en el acta y el referido por los testigos debe, por tanto, ser valorada como una discordancia respecto de la localización exacta del arma en distintos momentos del procedimiento, pero no resulta suficiente para desvirtuar el primer avistamiento ni para demostrar que el elemento se encontraba oculto y fuera del conocimiento de V. H. C..
A ello se añade que, tanto junto al freno de mano como sobre el asiento del conductor, el arma se encontraba en el sector delantero del habitáculo, inmediatamente próximo a ambos ocupantes. Esa circunstancia, considerada junto con su visibilidad inicial, su condición de carga y su aptitud para el disparo, constituye un elemento relevante para analizar si V. H. C. conocía su presencia y tenía una posibilidad inmediata de acceso y disposición.
Por consiguiente, el conocimiento atribuido a V. H. C. no se infiere de su sola presencia como acompañante dentro de un automóvil en el que fue encontrada un arma, sino de la ubicación inicialmente observada por los funcionarios, de la proximidad del elemento, de su falta de ocultamiento y de la posibilidad material de acceder a él desde el lugar que ocupaba. Valoradas conjuntamente, tales circunstancias permiten descartar la hipótesis de un desconocimiento meramente accidental.
Ahora bien, corresponde proseguir con el estudio del legajo radicado bajo el número 9465/25, pesquisa que según el informe de inicio de actuados de fs. 1/vta. inició el 10 de junio de 2024 en razón de la publicación de videos en la red social Facebook en los que se veía a dos varones sustrayendo varios elementos en el local comercial “xxxxx”, sito en xxxxx N° 2622 de esta ciudad.
Comisionado que fuera personal policial al lugar, de la entrevista que mantuvieron con M. V. (3), empleado del comercio, surgió que había tomado conocimiento del hecho por parte de su tesorera, A. C. (3), quien del control de las cámaras de videovigilancia advirtió que dos personas de sexo masculino sustrajeron varios elementos de las góndolas y las guardaron entre sus prendas de vestir.
Asimismo, describió a los intervinientes en el hecho; uno, de pelo corto y contextura robusta, llevaba puestos una campera azul, una riñonera y un jogging negros, mientras que su compañero, delgado y de tez morocha, vestía un buzo tipo canguro negro con letras blancas en su espalda, una riñonera azul, un jean color gris y zapatillas blancas.
Posteriormente, M. V. prestó declaración testimonial a fs. 22, oportunidad en la que confirmó las circunstancias antes reseñadas y aportó las capturas agregadas a fs. 24, correspondientes a dos conversaciones mantenidas mediante la red social Facebook. En ellas, distintos usuarios atribuyeron identidad a las personas observadas en las filmaciones y señalaron que se trataría de L. A. M. y V. H. C.. Esas manifestaciones tuvieron utilidad para orientar inicialmente la investigación hacia los nombrados, pero no pueden ser consideradas, por sí solas, prueba suficiente de autoría, pues no se acreditó la identidad de quienes efectuaron los señalamientos ni las razones concretas por las que se encontraban en condiciones de reconocer a las personas filmadas. Su valor debe limitarse, por tanto, al de una noticia que permitió encauzar la pesquisa y cuya hipótesis debía ser corroborada mediante otros elementos objetivos e incorporados regularmente al proceso. Por otra parte, M. V. precisó que los elementos faltantes consistían en dos proyectores, seis lámparas LED, una caja Prestige y una caja de pase IP65, cuyo valor total ascendía a la suma de $156.635,20.
Por otra parte, precisó que los elementos faltantes eran dos proyectores, seis lámparas Led, una caja prestige 89 y una caja de pase IP65, cuyo valor totalizaba la suma de $156.635,20.
Coincidente con ello fueron los dichos de A. C. , quien a fs. 43/vta. manifestó que revisó las cámaras de seguridad con motivo de la actitud sospechosa de dos personas que deambulaban por el establecimiento, por lo que cuando advirtió lo sucedido avisó a M. V. y bajó al primer piso, de donde, a su pesar, los maleantes ya se habían retirado.
Sumado a ello, del análisis practicado por personal del Gabinete Técnico Criminalístico -plasmado en el informe N° 93/24 que se agregó a fs. 49- y la visualización de las secuencias de video aportadas por M. V. se desprende la comprobación del acaecimiento del hecho en razón de que se observa cómo dos personas que caminan por los pasillos de un local comercial -en el que se aprecian elementos de ferretería- toman varios elementos de las estanterías allí dispuestas y los introducen entre sus vestimentas.
En lo concerniente a la autoría, el informe elaborado por la División de Investigaciones y agregado a fs. 61 adquirió particular relevancia al complementar el contenido de las filmaciones. El personal interviniente examinó las secuencias captadas en el interior del comercio y comparó las características físicas y la vestimenta de los sujetos registrados con las imágenes y antecedentes disponibles en los archivos de la dependencia y en el sistema SIFCOP.
Como resultado de ese cotejo, los investigadores identificaron a las personas observadas en las filmaciones como L. A. M. y V. H. C.. En relación con L. A. M., se destacó además que el pantalón utilizado por uno de los sujetos coincidía en sus características con una prenda que aquél vestía en una fotografía obrante en los registros consultados.
Esa conclusión no se sustenta exclusivamente en los señalamientos efectuados por usuarios de una red social. Tales referencias sólo orientaron inicialmente la investigación. La atribución de autoría encuentra respaldo principal en las secuencias de videovigilancia incorporadas y exhibidas durante el debate, en las características físicas y de vestimenta que allí se observan y en el cotejo efectuado por la División de Investigaciones con los registros objetivos disponibles. Las filmaciones permiten apreciar la actuación coordinada de dos hombres que recorrieron juntos los pasillos del establecimiento, tomaron distintos objetos de las góndolas, los ocultaron entre sus prendas de vestir y se retiraron del comercio sin abonarlos. La descripción de sus contexturas y vestimentas coincide, a su vez, con la efectuada inicialmente por M. V. y A. C. y con las características posteriormente analizadas por el personal investigador.
La concordancia existente entre las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, las descripciones brindadas por los empleados y el resultado del cotejo realizado por la División de Investigaciones conforma un cuadro probatorio convergente. Los distintos elementos no son valorados de manera aislada, sino en su relación recíproca, pues la descripción inicial de los sujetos coincide con las imágenes, y éstas, a su vez, presentan las correspondencias físicas y de vestimenta consignadas en el informe policial.
En consecuencia, tengo por acreditada la materialidad del hecho a partir de las declaraciones de M. V. y A. C. , las filmaciones obtenidas del comercio y el informe elaborado por el Gabinete Técnico Criminalístico, elementos que demuestran que dos personas tomaron diversos productos de las estanterías, los ocultaron entre sus ropas y abandonaron el establecimiento sin abonarlos.
Resta ahora analizar las constancias reunidas en el Expediente N° ****/25, que conforme se desprende del informe de fs. 3, se inició el 3 de abril de 2023 luego de la presentación espontánea de M. A. H. en la sede de la División Comisaría Cuarta de Policía a las 08:15, ocasión en la que denunció que momentos antes despertó en su casa -sita en xxxxx *** de esta ciudad- y cuando se dirigió al living, advirtió que una ventana había sido forzada, como así también el faltante de 5 bultos cerrados de carne, un televisor Noblex negro de 63 pulgadas y su Documento Nacional de Identidad.
En su posterior testimonio, incorporado a fs. 23, refirió además el faltante de otros elementos, entre ellos una campera marca Adidas color azul y negro con detalles blancos y aportó un ticket de compra de un “TV 58'' UHD”.
En consonancia con lo manifestado por Herrera, la diligencia de inspección ocular practicada en su domicilio -cuya acta y croquis se agregaron a fs. 5/6- arrojó como resultado la constatación de que una de las ventanas de la sala de estar se encontraba abierta “con signos de forzamiento y violencia en su sistema de apertura”, lo que permite tener por probados sus dichos respecto de la materialidad del suceso.
Por otra parte, del sumario policial también se desprende que momentos antes de su llegada, personal de la División Comisaría Quinta había demorado a un hombre -luego identificado como F. D. G.- que llevaba consigo un televisor y diversos bultos de carne en la intersección de las calles Prefectura Naval Argentina y M. A.. En efecto, lo informado halló asidero en el Oficio labrado en la sede de esta última dependencia, en el que se informó que mientras un grupo de efectivos realizaba tareas de patrullaje, al llegar a la mencionada esquina a las 06:30 horas vieron a un hombre que sobre sus hombros cargaba un televisor color negro en buen estado de conservación y llevaba puesta una mochila de color verde.
Demorado que fuera, fue identificado como F. D. G., quien se contradijo respecto de la procedencia de los bienes; por ello, fue aprehendido y se secuestraron preventivamente los efectos.
Del acta labrada al efecto -que luce a fs. 9- se aprecia que el encartado se encontraba en posesión de “un televisor marca Noblex color negro modelo DB58X7500 con su respectivo cable de alimentación y cable HDMI” y una “mochila color verde con inscripción 'Sindicato de Camioneros Santa Cruz'” que contenía “tres bultos cerrados, dos de ellos con la descripción matambre... el restante con la descripción peceto... y dos bandejas... con la descripción cuerito de cerdo... el restante con descripción tripa gorda”, certificadas a fs., 11 y cuyas fotografías fueron anexadas a continuación.
Sumado a ello, del acta de aprehensión de fs. 13 se desprende que llevaba puesta una campera deportiva de similares características a la que el damnificado sindicó le faltaba, que también fue secuestrada conforme surge de la constancia de fs. 25. Por lo expuesto, Herrera fue llamado nuevamente a la sede policial, donde reconoció los elementos, que le fueron devueltos.
Así las cosas, entiendo que en la presente también se han acreditado los extremos objeto de imputación, por cuanto, en primer lugar, los dichos del damnificado fueron confirmados tanto por los resultados de la inspección de su domicilio como el posterior hallazgo de los materiales faltantes en poder del encartado.
Al respecto, debe destacarse que fue encontrado trasladando la res furtiva en cercanías (aproximadamente a 600 metros) de la vivienda donde ocurrieron los hechos, que además coincidió temporalmente con las circunstancias referidas por H. La posesión de los bienes sustraídos, constatada en poder de F. D. G. escaso tiempo después del hecho y a una distancia aproximada de seiscientos metros del domicilio afectado, constituye un indicio de singular fuerza incriminante. Su relevancia no deriva de la tenencia considerada aisladamente, sino de su correspondencia con las restantes circunstancias objetivamente comprobadas: la proximidad temporal y espacial, la identidad entre los efectos denunciados y los secuestrados, la magnitud del televisor que trasladaba sobre sus hombros y la circunstancia de que llevaba puesta la campera que el damnificado también había señalado como faltante. A ello se suma que el televisor, los cortes de carne y la prenda fueron reconocidos por Herrera y posteriormente restituidos, mientras que la inspección practicada en su vivienda permitió constatar signos de forzamiento en la ventana empleada para ingresar. Existe, por tanto, una vinculación directa entre el desapoderamiento producido en el inmueble y los objetos que F. D. G. transportaba poco después en sus inmediaciones.
La convergencia de esos elementos permite descartar que la posesión de los efectos obedeciera a una circunstancia casual o desvinculada del hecho investigado. No se trata de exigir al acusado que demuestre una procedencia legítima ni de extraer consecuencias adversas de su falta de explicación, sino de valorar que los datos objetivos incorporados al debate conforman una secuencia única, coherente y carente de una alternativa razonable que resulte compatible con su ajenidad. En consecuencia, la tenencia inmediata y conjunta de los bienes sustraídos, apreciada junto con la cercanía temporal y geográfica, el reconocimiento efectuado por el damnificado y los signos de violencia comprobados en el lugar, permite tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que F. D. G. fue quien ingresó a la vivienda de M. A. H. y se apoderó de los elementos allí existentes.
Por todo lo expuesto, y en atención a que en el transcurso del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de ninguna excusa absolutoria, entiendo que los encartados deberán responder penalmente por los hechos que se tuvieron por probados.
El Dr. Jorge Yance, vocal titular, y el Dr. Carlos Arenillas, vocal subrogante, adhieren al voto de la Presidencia.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde asignar a los hechos comprobados? ¿Debe prosperar el planteo de atipicidad formulado por la defensa de V. H. C.?
La Presidencia, ejercida por la Dra. María Alejandra Vila, expresó:
Que en su alegato final, el letrado de la parte querellante en el expediente ****/25 formuló su acusación contra los tres imputados en orden a los delitos de violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de armas.
La Fiscalía atribuyó a L. A. M., en carácter de coautor, los delitos de violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arma, en concurso real entre sí, y el delito de hurto, también en calidad de coautor.
Respecto de V. H. C., lo consideró coautor de los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y hurto, y autor del delito de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.
Finalmente, atribuyó a F. D. G., en carácter de coautor, los delitos de violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arma, y, en calidad de autor, el delito de robo en grado de tentativa.
Por su parte, el letrado de la defensa planteó la atipicidad de la conducta enrostrada a V. H. C. por cuanto entendió que la acción típica atribuida en el legajo 9216/25 consiste en “portar”, lo que comprende, entre otros, acarrear un arma y que para que se configure el delito de portación de arma de fuego es necesario que aquella se encuentre cargada con municiones aptas para el disparo y en condiciones de inmediato uso, por lo que la simple proximidad física -que entendió se advierte en el caso- no alcanza a configurar el delito.
A ello agregó que la faz subjetiva de la figura penal requiere dos elementos: El conocimiento de que se está portando un arma y la voluntad de disponer de ella, respecto de los que la doctrina y la jurisprudencia han sido uniformes en sostener que la mera presencia en un vehículo donde hubiera un arma no resulta suficiente para configurar el tipo penal en tanto no se demuestre el efectivo conocimiento para su posterior disponibilidad, dado que “no se puede disponer de algo si no se tiene el conocimiento de que se encuentra allí”.
Sumado a ello, sostuvo que en el caso concreto deben analizarse el conocimiento efectivo, la ubicación del arma, el dominio del hecho y la posibilidad real de acceso al arma, que conforme el acta de requisa debidamente confeccionada fue hallada en el asiento del conductor de L. A. M., por lo que podría inferirse que estaba debajo de su cuerpo, lo que conduce a la ausencia de pruebas que permitan inferir que V. H. C. hubiera tenido conocimiento de su presencia en el habitáculo y necesariamente excluye el dolo requerido por la figura penal.
Subsidiariamente, planteó que -si se supusiera el conocimiento de su defendidoincluso podría analizarse la posibilidad de disposición del arma, que hubiera sido imposible debido a su ubicación en el asiento de L. A. M..
Sentadas las posiciones de las partes, corresponde examinar separadamente la adecuación jurídica de los hechos comprobados en cada uno de los expedientes acumulados.
En cuanto al suceso investigado en el Expediente Nº ****/25, se tuvo por acreditado que L. A. M., V. H. C. y F. D. G. violentaron la puerta de acceso e ingresaron, sin autorización, al domicilio habitado por la familia C. -M. H. A.. Esa conducta satisface los elementos objetivos y subjetivos del delito de violación de domicilio previsto en el artículo 150 del Código Penal, pues el ingreso se produjo en una morada ajena y contra la voluntad, cuanto menos presunta, de quienes tenían derecho a excluirlos. La cláusula de subsidiariedad contenida en esa disposición no determina su desplazamiento en el caso. La invasión de la morada quedó consumada con el ingreso violento y no autorizado, mientras que las intimidaciones proferidas posteriormente afectaron de manera autónoma la libertad de determinación de L. A.. Se trata, por tanto, de comportamientos sucesivos que lesionaron bienes jurídicos distintos y que deben concurrir materialmente entre sí.
También se comprobó que, una vez dentro del inmueble, los acusados exhibieron un arma de fuego y un cuchillo, apuntaron a L. A., accionaron el mecanismo del arma en su dirección y profirieron expresiones idóneas para infundirle un temor serio. La utilización de tales elementos incrementó de manera concreta la eficacia intimidatoria de las expresiones y permitió someter a la víctima a las exigencias formuladas durante el episodio.
Es cierto que la orden impartida a L. A. para que se agachara y permaneciera en el suelo otorgó al comportamiento una dimensión compulsiva. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante circunscribieron sus acusaciones definitivas al delito de amenazas agravadas por el uso de arma y la defensa ejerció su ministerio dentro de ese marco, prestando conformidad con la modificación jurídica propuesta. En esas condiciones, y por tratarse además de la subsunción menos gravosa para los acusados, corresponde mantener la calificación sostenida por las partes acusadoras, sin extender el pronunciamiento a la figura más severa de coacción agravada.
En consecuencia, la conducta debe ser subsumida en el delito de amenazas agravadas por el uso de arma, previsto en el artículo 149 bis, primer párrafo, segunda oración, del Código Penal. Para la configuración de esta agravante no resulta indispensable acreditar la aptitud para el disparo del arma exhibida, pues en este delito lo relevante es la intensificación de su capacidad intimidatoria, extremo que quedó suficientemente demostrado por la reacción de la víctima y por las condiciones concretas en que fue empleada.
La intervención de L. A. M., V. H. C. y F. D. G. en ambos delitos debe atribuirse en carácter de coautores. La prueba demostró una actuación conjunta y previamente coordinada: permanecieron reunidos en las inmediaciones, se dirigieron simultáneamente hacia el inmueble, ocultaron parcialmente sus rostros, violentaron el acceso e ingresaron portando distintos elementos intimidatorios, distribuyéndose las acciones necesarias para dominar a sus ocupantes.
Aunque no pudo establecerse con absoluta precisión qué arma llevó cada uno durante toda la secuencia, los aportes realizados se integraron en una ejecución común y todos conservaron un dominio funcional compartido sobre el desarrollo del hecho. No se trató, entonces, de intervenciones aisladas o meramente concomitantes, sino de contribuciones recíprocamente complementarias dirigidas a la realización del plan conjunto.
En lo que respecta al Expediente Nº ****/25, se comprobó que F. D. G. ingresó al domicilio de M. A. H. luego de ejercer fuerza sobre el sistema de apertura de una ventana y se apoderó de un televisor, distintos cortes de carne y una campera pertenecientes al damnificado. La utilización de fuerza sobre una cosa destinada a impedir el ingreso de terceros permite subsumir el comportamiento en el delito de robo previsto en el artículo 164 del Código Penal.
Las circunstancias comprobadas —en particular, que F. D. G. había abandonado el inmueble y trasladado los bienes hasta un punto situado aproximadamente a seiscientos metros— podrían indicar que alcanzó a obtener una posibilidad material de disposición y, por ende, que el desapoderamiento llegó a consumarse. La posterior recuperación de los efectos no excluye por sí misma esa conclusión. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal mantuvo en su acusación definitiva la calificación de robo en grado de tentativa y la defensa prestó expresa conformidad con ella, delimitándose de ese modo la pretensión punitiva sometida a decisión. En consecuencia, corresponde respetar ese marco acusatorio y adoptar la subsunción más favorable al acusado, sin agravar el grado de ejecución sostenido por la parte encargada de ejercer la acción penal.
Por ello, la conducta de F. D. G. será calificada como robo en grado de tentativa, en carácter de autor, de conformidad con los artículos 42, 45 y 164 del Código Penal. En cuanto al hecho investigado en el Expediente Nº ****/25, se tuvo por acreditado que L. A. M. y V. H. C. se apoderaron ilegítimamente de diversos productos exhibidos para la venta en el comercio xxxxx, los ocultaron entre sus prendas y se retiraron del establecimiento sin abonarlos. Al no haberse empleado fuerza sobre las cosas ni violencia física sobre las personas, el comportamiento resulta constitutivo del delito de hurto previsto en el artículo 162 del Código Penal.
La intervención de ambos debe atribuirse en carácter de coautores. Las filmaciones evidenciaron una actuación conjunta y coordinada: ingresaron simultáneamente, recorrieron el establecimiento, tomaron distintos productos, los ocultaron entre sus ropas y abandonaron el local de manera concomitante. La convergencia objetiva de sus aportes y la distribución material de las acciones revelan el dominio funcional compartido sobre un único desapoderamiento.
Finalmente, corresponde analizar el hecho atribuido a V. H. C. en el marco del Expediente Nº ****/25 y resolver el planteo de atipicidad formulado por su defensa. Para ello, será necesario examinar, por un lado, la clasificación reglamentaria del arma secuestrada y, por otro, la configuración de los elementos objetivos y subjetivos propios de la portación ilegítima.
En primer término, corresponde determinar que el decreto 395/75 (reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos) define, en su artículo 3 inciso 1, “arma de fuego” como aquella que “utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia”. Por otra parte, el apartado a del inciso 1 de su artículo 5 establece una enumeración taxativa de las armas de fuego de uso civil, que define (en este caso en concreto, a las pistolas) como aquellas “de repetición o semiautomáticas, hasta calibre 6,35 mm”. Del análisis de la normativa enunciada, no caben dudas de que la pistola Norinco Modelo NP28 con número de serie 501775 de calibre 9x19mm que fuera hallada en autos constituye un arma de fuego y, por exclusión, un arma de guerra.
La circunstancia de que el arma corresponda técnicamente a la categoría de arma de guerra permitiría, en principio, subsumir el comportamiento en la modalidad más severamente penada del artículo 189 bis, inciso 2.º, del Código Penal. El artículo 384 del Código Procesal Penal autoriza al Tribunal a otorgar al hecho una calificación jurídica distinta de la contenida en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión a juicio, aun cuando ello conduzca a la aplicación de una pena más grave. Sin embargo, esa facultad no impone necesariamente la adopción de la subsunción más gravosa que pudiera resultar del debate, sino que debe ejercerse de manera compatible con el principio acusatorio, la congruencia y el derecho de defensa. En el caso, el hecho fue remitido a juicio bajo la calificación de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, y la acusación definitiva no formuló una pretensión específica dirigida a aplicar la modalidad correspondiente a las armas de guerra.
La controversia desarrollada durante el debate se concentró en determinar si V. H. C. conocía la existencia del arma y si contaba con una posibilidad real e inmediata de disposición, pero no incluyó una discusión particular acerca de las consecuencias jurídicas y punitivas derivadas de su clasificación como arma de guerra. Por ello, aun cuando las características del elemento secuestrado permitirían su inclusión técnica en esa categoría, corresponde mantener la calificación más favorable dentro de la cual quedó delimitada la acusación y se desarrolló el contradictorio. Esta solución no importa desconocer la naturaleza reglamentaria del arma ni modificar las circunstancias materiales que integraron la imputación. Supone únicamente no agravar, al momento de la sentencia, la calificación jurídica sostenida durante el proceso, de manera semejante a lo resuelto respecto del grado de ejecución del robo atribuido a F. D. G..
Prosiguiendo con el análisis del tipo penal enrostrado, se ha dicho que consiste en “tener a inmediata disposición (a mano)el arma y en condición inmediata de uso; esto implica que esté cargada y al alcance del sujeto activo” (Basílico, Ricardo y Villada, Jorge, Código Penal de la Nación Argentina comentado. Anotado. Concordado, 4ta Edición, Buenos Aires: Hammurabi, 2024, p. 599). En el caso, se comprobó que V. H. C. circulaba como acompañante en el rodado y que el arma, además de encontrarse cargada y resultar apta para producir disparos, estaba situada en el sector delantero del habitáculo, a escasa distancia del lugar que ocupaba y en condiciones de ser alcanzada sin obstáculos relevantes. De ese modo, se encuentra satisfecho el requisito objetivo de disponibilidad inmediata exigido por la figura.
En respuesta al planteo defensivo, corresponde remitirse a la valoración efectuada al resolver la cuestión precedente. La circunstancia de que el acta de requisa consignara posteriormente el arma sobre el asiento del conductor no permite afirmar que hubiera permanecido oculta debajo del cuerpo de L. A. M. ni que V. H. C. desconociera su presencia. Esa hipótesis no fue corroborada por ninguna constancia incorporada al debate y se contrapone con los testimonios concordantes de los funcionarios que situaron el primer avistamiento junto al freno de mano, mientras los ocupantes aún permanecían dentro del automóvil.
El conocimiento de V. H. C. no se infiere, entonces, de su sola presencia en un vehículo donde se encontró un arma, sino de la ubicación inicialmente observada, de su visibilidad, de la proximidad con el asiento del acompañante y de la posibilidad concreta de acceder inmediatamente a ella. Esas circunstancias, valoradas en forma conjunta, permiten tener por acreditados tanto el conocimiento de su existencia como la voluntad de mantenerla dentro de su esfera de disponibilidad.
Ahora bien, entiendo necesario marcar una aclaración respecto de la posibilidad de portación compartida; en ese sentido, numerosos son los antecedentes que han sostenido que “no se requiere el constante contacto físico entre el portador y el arma detentada, sino la inmediata disposición que cada uno de los sujetos involucrados pudiera tener sobre ella” (causas de Sala V, n° 22345, Ramírez, rta. 15/8/03, n° 30936, Herrera, rta.9/11/16 y causas de la Sala VI 38390, Zayas, rta.23/12/09, y n° 23074/17, Astorga, rta.23/5/17, en: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV “R. S., J. A. s/sobreseimiento”, causa N° *.***/2018); y “la infracción... depende de la disponibilidad que en concreto que se tenga sobre el objeto, siempre que se den el resto de las exigencias de la norma (en este caso, disponibilidad de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato, en lugar público o de acceso público). Bajo esas condiciones, se puede atribuir la portación compartida de un arma de fuego” (TCP Buenos Aires, “Quiroga José María S/ Recurso de Casación“, Expte. ******, sentencia del 5/3/2024).
Las condiciones señaladas se verifican en el caso. El arma era trasladada en un vehículo que circulaba por la vía pública, se encontraba cargada, era apta para el disparo y estaba situada en un espacio del habitáculo accesible tanto para el conductor como para el acompañante. La posibilidad de que L. A. M. también dispusiera de ella no excluye la responsabilidad de V. H. C., pues la portación compartida no exige un poder exclusivo sobre el objeto, sino que cada interviniente conozca su existencia y cuente con una disponibilidad concreta e inmediata. Por consiguiente, el planteo de atipicidad debe ser rechazado. La prueba no acredita una mera proximidad física o la presencia accidental de V. H. C. en un vehículo donde se encontraba un arma desconocida para él, sino su conocimiento y la posibilidad efectiva de disponer de ella en condiciones de uso inmediato. Finalmente, corresponde precisar las reglas concursales aplicables. En relación con el hecho investigado en el Expediente Nº ****/25, la violación de domicilio y las amenazas agravadas por el uso de arma concurren materialmente entre sí. El ingreso ilegítimo a la morada quedó consumado cuando los acusados violentaron la puerta y penetraron en el inmueble contra la voluntad de sus moradores; las intimidaciones armadas dirigidas posteriormente contra L. A. constituyeron una conducta diferenciada, que afectó de manera autónoma su libertad de determinación. No existe, por ello, una única acción susceptible de encuadrar simultáneamente en ambas figuras ni una relación de absorción entre ellas. A su vez, los restantes delitos atribuidos a cada acusado corresponden a episodios independientes, cometidos en fechas y lugares diferentes, en perjuicio de distintos damnificados y mediante decisiones delictivas separadas. En consecuencia, las figuras aplicables en los expedientes acumulados concurren realmente entre sí, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del Código Penal.
Es por todo lo expuesto que considero que los hechos cometidos por L. A. M. constituyen resultan constitutivos de los delitos de violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto, todos ellos en grado de coautor y en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150 y 162 del CP). Por otra parte, los hechos cometidos por V. H. C. resultan constitutivos de los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y hurto, todos en carácter de coautor, y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en carácter de autor, todos en concurso real entre sí (artículos 45, 55, 149 bis, primer párrafo, segunda oración, 150, 162 y 189 bis, inciso 2.º, tercer párrafo, del Código Penal).
Por último, las conductas de F. D. G. configuraron los delitos de violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma en grado de coautor y robo en grado de tentativa en grado de autor (arts. 42, 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150 y 164 del CP).
Por su parte, el Dr. Jorge Yance dijo:
Que he de disentir con mi colega preopinante en cuanto a la posibilidad de compartir la portación de armas, por cuanto entiendo que la portación de un arma de fuego no puede ser compartida, pues el tipo penal requiere, además de las condiciones de inmediato uso, llevarla corporalmente en un lugar de público acceso. En ese sentido, se tiene dicho que "La acción típica de portación exige el cumplimiento de tres recaudos básicos. 1) El arma debe llevarse en condiciones de uso inmediato, de modo que se la pueda utilizar (disparar) inmediatamente... 2) La portación debe efectuarse en un lugar público o de acceso público (ej. local comercial), es decir, fuera del ámbito privado del autor... 3)... es imprescindible la voluntad de poseer o llevar el arma en esas condiciones... la acción sólo es compatible con un actuar doloso del autor y éste debe ser directo..." (De La Fuente, J. E. y S. (2), Mariana, Régimen penal de las armas y explosivos, en: Donna, Edgardo Alberto. Reformas Penales. 1ra Ed. Santa Fe: Rubinzal-culzoni, 2004, pág. 220-221). En cambio, la tenencia de un arma de fuego sí admite la posibilidad de ser compartida por cuanto implica la mera posibilidad de disponer del objeto. Dicha postura fue adoptada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que con cita a otros precedentes, resolvió que "... a diferencia de la tenencia, la portación, por regla, no es susceptible de ser compartida, pues si bien la primera sólo implica contar con la posibilidad de disponer el arma, la segunda requiere llevarla en condiciones inmediatas de uso" y "mientras la tenencia de armas equivale a la conservación de ellas dentro de un ámbito de custodia o en un lugar, aún escondido... la portación exige que se lleve el arma consigo, trasladándola de un sitio a otro, en un lugar público, de acceso público o en lugar privado..." (CNCCC - Sala I, CCC 27798/2023/TO1/CNC1, "Guarriero").
Es por lo expuesto que entiendo que los hechos que se tuvieron por comprobados respecto de V. C. resultan constitutivos de los delitos de violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto y tenencia de arma de uso civil, todos en grado de coautor y en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150, 162 y 189 bis, inc. 2, primer párrafo del CP).
En lo atinente a las demás cuestiones sostenidas, adhiero al voto de la Presidencia. El Dr. Carlos Enrique Arenillas adhiere al voto del Dr. Jorge Daniel Yance. TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué penas corresponde imponer a los acusados y qué pronunciamiento final debe realizarse?
En relación con esta cuestión, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
En su acusación final, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se condenara a L. A. M. a la pena de tres años de prisión, a F. D. G. a la de tres años y dos meses de prisión y a V. H. C. a la de cuatro años de prisión, en todos los casos de cumplimiento efectivo y con costas.
La parte querellante, en razón del carácter adhesivo asumido en el Expediente Nº ****/25, no formuló una pretensión punitiva autónoma.
La defensa, por su parte, no propuso un monto concreto de pena y mantuvo el planteo de atipicidad formulado respecto de V. H. C. en el Expediente Nº ****/25, cuya improcedencia fue tratada en la cuestión precedente.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz ha sostenido que “…la adecuada fundamentación del fallo exige que se mencionen los aspectos que se emplean para dimensionar la pena y se indique con precisión que se los tiene por atenuantes o agravantes, sin que sea necesario, además, que se explique por qué razón se les asigna ese sentido, lo cual por lo demás, será fácilmente advertible por el enrolamiento del juzgador en determinadas líneas de pensamiento sobre los fines y fundamentos de la sanción…” —“C. M. B.”, sentencia del 17 de mayo de 2018, Tomo VII, Registro 002, Folios 024/030—.
En igual sentido, se ha señalado que “…el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción sean claramente manifestadas… La motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el Tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él. Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte especial del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal…” —Fleming, Abel y López Viñals, Pablo, “Las penas”, 1.ª edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 440—.
La individualización debe efectuarse, entonces, dentro de las escalas resultantes de las reglas del concurso real y de conformidad con los artículos 40 y 41 del Código Penal, atendiendo a la naturaleza concreta de las acciones, los medios empleados, la extensión del daño y del peligro causados, el grado de culpabilidad evidenciado y las condiciones personales de cada acusado.
En relación con el hecho cometido en el domicilio de la familia C. -M. H. A., valoro como circunstancia agravante común la particular intensidad de la ejecución. Los acusados actuaron conjuntamente, violentaron la puerta de una vivienda que se encontraba ocupada por varios integrantes de la familia e irrumpieron en ella portando una maza, un cuchillo y un arma de fuego. Dentro del inmueble apuntaron a L. A., lo obligaron a agacharse y accionaron el mecanismo del arma en su dirección, mientras exigían reiteradamente la entrega de dinero.
No se pondera nuevamente, como agravante autónoma, el mero empleo de un arma, pues esa circunstancia ya integra la calificación adoptada respecto del delito de amenazas. Lo que se valora es la intensidad concreta que excedió la mínima necesaria para la configuración de la figura: la pluralidad de elementos utilizados, la distribución coordinada de funciones, el direccionamiento del arma de fuego contra una persona determinada y el intento de efectuar el disparo.
También reviste significación la invasión de una vivienda habitada, ámbito en el que las víctimas debían poder desenvolverse con seguridad y privacidad, así como la presencia de distintos miembros del grupo familiar durante el episodio. Las declaraciones recibidas durante el debate evidenciaron la entidad del temor y la alteración producidos por aquella irrupción.
La existencia de varios hechos independientes no será considerada, por sí misma, como una agravante adicional, pues esa circunstancia ya determina la aplicación de las reglas del concurso real y la consecuente conformación de la escala penal. Corresponde, en cambio, apreciar la gravedad específica de cada uno de los episodios que integran el concurso respecto de cada acusado.
En el caso de L. A. M., además de su intervención en el hecho ocurrido en la vivienda de la familia Castro-M. H. A., se tuvo por acreditada su participación conjunta con V. H. C. en el hurto cometido en el comercio xxxxx. Como circunstancias personales favorables, pondero que desarrollaba tareas como albañil y que no surgen de los informes incorporados factores personales que justifiquen una mayor respuesta punitiva. También considero su nivel de instrucción y las restantes condiciones socioeconómicas consignadas en el informe respectivo. La entidad de la irrupción domiciliaria, la intensidad de las intimidaciones desplegadas y la comisión de otro hecho patrimonial independiente justifican apartarse del mínimo legal, aunque sin alcanzar una sanción superior a la solicitada por la acusación. En consecuencia, considero adecuada la pena de tres años de prisión requerida por el Ministerio Público Fiscal.
La cuantía de esa sanción obliga a examinar expresamente su modalidad de ejecución. La suspensión del cumplimiento no constituye una consecuencia automática de toda pena que no exceda de tres años, sino una facultad que debe ser fundada a partir de las circunstancias del caso. En el presente, la modalidad particularmente violenta de la irrupción, la actuación coordinada de tres personas armadas, el sometimiento directo de uno de los moradores y la intervención de L. A. M. en un segundo hecho independiente no permiten tener por demostrada la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. Las circunstancias personales favorables antes mencionadas han sido consideradas para limitar la cuantía, pero no resultan suficientes para disponer que su ejecución quede en suspenso.
Respecto de V. H. C., pondero su intervención en el episodio cometido en la vivienda, su participación en el hurto del comercio xxxxx y la portación ilegítima del arma de fuego de uso civil hallada cargada y en condiciones de utilización inmediata dentro del vehículo. Tales conductas corresponden a episodios autónomos y exhiben una gravedad conjunta superior a la atribuible a cada uno de ellos aisladamente. En sentido favorable, considero su actividad laboral en el ámbito de la construcción y la existencia de vínculos familiares, pues es padre de dos hijos. Esas circunstancias, aunque relevantes para evitar una respuesta desproporcionada, no neutralizan la entidad de los hechos ni permiten aproximar la sanción al mínimo de la escala resultante.
El antecedente condenatorio que registra no será ponderado nuevamente como agravante para elevar la cuantía, pues será examinado específicamente al resolver la solicitud fiscal de declaración de reincidencia. Sobre la base de las restantes circunstancias objetivas y personales, considero adecuada la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo solicitada por la Fiscalía.
En cuanto a F. D. G., se encuentra acreditada su intervención en el hecho cometido en el domicilio de la familia C. -M. H. A. y la autoría del robo tentado perpetrado en perjuicio de M. A. H.. En este último episodio ejerció fuerza sobre una ventana para ingresar a la vivienda y fue encontrado poco después trasladando un televisor de grandes dimensiones y los restantes efectos sustraídos.
Como circunstancias favorables, pondero que completó sus estudios primarios, que desarrollaba tareas laborales en una rotisería y las demás condiciones socioeconómicas consignadas en el informe agregado. Sin embargo, la gravedad concreta de la irrupción domiciliaria armada, sumada al segundo hecho cometido mediante fuerza sobre las cosas, justifica la pena de tres años y dos meses de prisión solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que será de cumplimiento efectivo en razón de superar el límite contemplado por el artículo 26 del Código Penal. Los montos seleccionados resultan proporcionales a la culpabilidad evidenciada por cada acusado, respetan los límites de las pretensiones acusatorias y permiten distinguir la diferente extensión de las conductas atribuidas a cada uno. Las costas deberán ser impuestas a los condenados, de conformidad con los artículos 29, inciso 3.º, del Código Penal y 512 del Código Procesal Penal.
En consencuencia, por las razones expuestas, corresponde imponer a L. A. M. la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arma, y coautor penalmente responsable del delito de hurto, todos en concurso real entre sí, de conformidad con los artículos 45, 55, 149 bis, primer párrafo, segunda oración, 150 y 162 del Código Penal.
La pena seleccionada respecto de L. A. M. coincide con el límite de la pretensión formulada por el Ministerio Público Fiscal y resulta proporcional a la gravedad concreta de los hechos, a la extensión de su intervención y a sus condiciones personales. Por las razones antes desarrolladas, la modalidad de ejecución será efectiva.
Asimismo, corresponde imponer a V. H. C. la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y hurto, y autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todos en concurso real entre sí, de conformidad con los artículos 45, 55, 149 bis, primer párrafo, segunda oración, 150, 162 y 189 bis, inciso 2.º, tercer párrafo, del Código Penal.
La pena impuesta a V. H. C. resulta adecuada a la pluralidad y gravedad concreta de las conductas comprobadas, a la intensidad de su intervención en el hecho cometido en el domicilio de la familia C.-M. H. A., a su participación en el hurto perpetrado en el comercio xxxxx y a la portación ilegítima del arma de fuego. Su cumplimiento será efectivo, tanto por superar el límite previsto en el artículo 26 del Código Penal como por la entidad de los hechos que integran el concurso.
Finalmente, corresponde imponer a F. D. G. la pena de tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arma, y autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí, de conformidad con los artículos 42, 45, 55, 149 bis, primer párrafo, segunda oración, 150 y 164 del Código Penal.
La pena seleccionada respecto de F. D. G. contempla la gravedad concreta de su intervención en la irrupción domiciliaria armada y la comisión del segundo hecho contra la propiedad, en el que ejerció fuerza sobre el sistema de apertura de una vivienda. Su cumplimiento será efectivo, pues el monto impuesto supera el límite previsto en el artículo 26 del Código Penal.
Corresponde ahora analizar el pedido fiscal de declaración de reincidencia de V. H. C.. Los hechos actualmente juzgados fueron cometidos durante los años 2023 y 2024, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.785, que sustituyó el artículo 50 del Código Penal a partir del 8 de marzo de 2025. Como la nueva regulación amplió los presupuestos de la reincidencia, corresponde aplicar el régimen anterior por resultar más favorable, de conformidad con el artículo 2.º del Código Penal.
Conforme a ese texto, la reincidencia requería que el acusado hubiera cumplido total o parcialmente una pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país y que, con posterioridad, cometiera un nuevo delito reprimido con la misma especie de pena. Asimismo, debía verificarse que no hubiera transcurrido el plazo de caducidad previsto en el último párrafo de la disposición.
De las constancias de antecedentes incorporadas —en particular, las obrantes a fs. 108 del Expediente Nº ****/25— surge que V. H. C. fue condenado mediante sentencia del 20 de mayo de 2019, dictada en el Expediente Nº ****/18, a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. También se encuentra acreditado que esa sentencia adquirió firmeza y que el nombrado cumplió efectivamente, al menos en forma parcial, la sanción impuesta antes de cometer los hechos aquí juzgados.
Tampoco había transcurrido, al momento de los nuevos delitos, el plazo mínimo de cinco años previsto por el régimen aplicable para que aquella pena dejara de ser computable a los fines de la reincidencia. Se encuentran reunidos, por tanto, todos los presupuestos exigidos por el artículo 50 del Código Penal según su redacción vigente al momento de los hechos.
La doctrina ha sostenido que “sólo pueden dar lugar a reincidencia los casos en que se ha impuesto una pena de reclusión o prisión de efectivo cumplimiento y, luego de que tal sentencia haya quedado firme, el condenado la hubiere cumplido —cuanto menos en parte— privado de su libertad” —Basílico, Ricardo y Villada, Jorge, “Código Penal de la Nación Argentina comentado, anotado y concordado”, Hammurabi, edición digital 2024, p. 211, con cita de D’Alessio —dir.— y Divito —coord.—, “Código Penal comentado y anotado. Parte General”, 2005, p. 559—.
En consecuencia, corresponde declarar a V. H. C. reincidente por primera vez. Los tres acusados se encuentran actualmente privados de su libertad en virtud de medidas de coerción vigentes. El dictado de esta sentencia y la entidad de las penas impuestas no determinan la desaparición de los riesgos procesales oportunamente considerados, ni se ha incorporado una circunstancia nueva que justifique el cese o la modificación de aquellas medidas. Corresponde, por ello, mantener su estado de detención hasta que la sentencia adquiera firmeza y se practiquen los cómputos respectivos, sin perjuicio del control jurisdiccional que corresponda.
En cuanto al pedido formulado por V. H. C. para ser trasladado a esta ciudad, deberá ponerse la solicitud en conocimiento de la autoridad responsable de su alojamiento y diferirse su tratamiento jurisdiccional para la etapa de ejecución, oportunidad en la que podrán evaluarse las plazas disponibles, las razones familiares invocadas y las condiciones de seguridad y tratamiento.
Asimismo, corresponde notificar la sentencia a los damnificados de los distintos hechos y consultarles si desean ser informados y ejercer los derechos reconocidos durante la etapa de ejecución, de conformidad con el artículo 73, inciso b, del Código Procesal Penal, el artículo 5.º, inciso i, de la Ley N.º 27.372 y el artículo 11 bis de la Ley N.º 24.660.
Finalmente, procede disponer el decomiso del arma de fuego Norinco modelo NP28, calibre 9 × 19 milímetros, número de serie 501775, su almacén cargador, los siete cartuchos que contenía y el cartucho secuestrado en el baúl del vehículo, sin perjuicio de los derechos que pudiera acreditar un tercero de buena fe. Una vez firme la sentencia, deberá darse intervención a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para que se determine su destino conforme a la normativa específica. Respecto de los restantes efectos secuestrados que no se encuentren sujetos a decomiso, restitución o embargo, corresponderá proceder de conformidad con el artículo 504 del Código Procesal Penal.
Al respecto, el Dr. Jorge Yance dijo:
Que, en concordancia con mi voto previo, entiendo que la sanción a V. C. debe ser impuesta en orden a los delitos de violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto y tenencia de arma de guerra, todos en grado de coautor y en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150, 162 y 189 bis, inc. 2, segundo párrafo del CP).
Sin perjuicio de ello, entiendo que el monto punitivo propuesto por la Fiscalía resulta adecuado a fines de que el encartado tome conciencia de su actuar y evite la comisión de nuevos hechos a futuro.
En lo restante, adhiero al voto de la Presidencia.
El Dr. Carlos Enrique Arenillas adhiere al voto de al voto del Dr. Jorge Daniel Yance. Por lo expuesto, en virtud de la deliberación que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a L. A. M., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto, todos ellos en grado de coautor y en concurso real entre sí” (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150 y 162 del CP), debiendo asimismo afrontar las costas del proceso (art. 29 inc. 3 CP).
2. CONDENAR a V. H. C., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma y hurto y tenencia de arma de uso civil, todos en grado de coautor y en concurso real entre sí” (arts. 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150, 162 y 189 bis, inc. 2, primer párrafo del CP).
3. CONDENAR a F. D. G., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de tres (3) años y dos (2) meses de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “violación de domicilio, amenazas calificadas por el uso de arma en grado de coautor y robo en grado de tentativa en grado de autor” (arts. 42, 45, 55, 149 bis segundo supuesto, 150 y 164 del CP), debiendo asimismo afrontar las costas del proceso (art. 29 inc. 3 CP).
4. MANTENER el estado de DETENCIÓN de L. A. M., V. H. C., y F. D. G. en la dependencias policiales y/o penitenciarias en la que se encuentren alojados, debiendo oficiarse a las autoridades correspondientes.
5. DECLARAR REINCIDENTE por primera vez, en los términos del art. 50 del Código Penal, a V. H. C..
6. DIFERIR el tratamiento de la solicitud de traslado de V. H. C. para el momento procesal oportuno.
7. HACER SABER a los damnificados, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal, 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos y 11 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad, CONSULTAR a los mismos, si desean ser informados acerca de los planteos referidos en el primer párrafo del Art. 11 bis de la Ley 24660.
8. ORDENAR y PROCEDER al decomiso de los efectos de figuración en autos. (art.
503 CPP).
9. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE; firme que sea, REMÍTASE a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
FDO. Dra. María Alejandra Vila –presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance –juez- Dr. Carlos Enrique Arenillas –juez subrogante-, ante mi: Dra. María Fernanda Tuñón – secretaria-.
Fin de la sentencia