Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 179.687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada con costas a su cargo, toda vez que la contraria advirtió oportunamente el defecto formal de la apelación (art. 68 CPCC). II) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, se revoca la sentencia del 15-11-2023, en cuanto al agravio acogido. Imponer las costas en un 75% al demandado y un 25% al actor en atención a la suerte del recurso (art. 68 CPCC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del ley 14.967).
Expte. Nº 179687 Juzgado Nº 15 En la ciudad de Mar del Plata se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos: "C. L. A. Y OTRO/A C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIO S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES ", en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: 1°) Rodrigo H. Cataldo y 2°) Alfredo E. Méndez.
I. En la sentencia definitiva del 15-11-2023, el señor juez falló: "...1.- Haciendo lugar a la demanda promovida por la Sra. C. A. H., el Sr. L. A. C. y el menor V. C. contra la Obra Social del Personal de Dirección Acción Social de empresarios (A.S.E.) y, como consecuencia de ello, condenando a abonar a los actores, dentro del plazo de diez (10) días de encontrarse firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7º del CPCC.), la suma de Pesos SIETE MILLLONES ($ 7.000.000), y la cantidad de VEINTE canastas básicas total para el hogar 3 que publica el INDEC - valor este último que deberá mantenerse actualizado hasta el momento de efectivizar el pago y que al día de la fecha asciende a la suma total de $ 6.719.234, con más sus intereses conforme lo dispuesto en el considerando VIII (art. 768 del CCyC.); 2.- Imponiendo la totalidad de las costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCC.); 3.- Difiriendo la regulación de los honorarios para el momento procesal oportuno (art. 51, 2do párr. Ley 14.967)..." (textual).
Para imponer la multa civil tuvo en cuenta su fin disuasorio y resarcitorio, y lo cuantificó valorando la conducta desplegada por la obra social, por cuanto esta última determinó -ante la petición de los actores- que la cobertura del acompañante terapéutico estaba fuera de las prestaciones básicas. Valoró que tuvieron que iniciar un proceso de amparo a fin de que se obligue a la demandada a dar la asistencia al menor discapacitado y se le no garantizó trato digno, equitativo, y no discriminatorio.
En cuanto a los intereses correspondientes al daño moral acogido, determinó que debía estarse a la tasa pura del 6% anual reconocida por la doctrina legal de Corte Bonaerense en los casos "Vera" y "Nidera" desde la fecha denunciada en que no se cumplió con la cobertura peticionada (17-4-2018) hasta el momento de su determinación (la de la sentencia) y, en caso de mora, la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires o la tasa pasiva BIP, según cuál fuese la más alta.
II. La Obra Social apeló el 21-11-2023. En esa misma pieza solicitó que se suspendan los plazos y que se abra una cuenta judicial a fin de cumplir con lo previsto en el art. 29 de la ley 13.133.
Sin perjuicio de ello, el magistrado le hizo saber que ya existía una abierta, según constancia del 29-8-2022, por lo que lo intimó a que practique la liquidación de la cuantía referida y deposite esas sumas para que su recurso sea concedido.
El 5-12-2023 acompañó la boleta que acreditaba la transferencia a la cuenta, y el 14-12-2023 presentó el memorial, que fue contestado por la parte contraria el 27-12-2023.
III. Por su parte, el apoderado de los accionantes apeló el 23-11- 2023 y fundó su recurso el 4-12-2023, cuyos argumentos merecieron respuesta del demandado el 19-12-2023.
Mediante sus agravios el actor intentó demostrar que la cuantía establecida como multa civil fue insuficiente y que la tasa de interés fijada para la mora resultaba negativa, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y la depreciación de la moneda de curso legal.
En cuanto a la cuantificación del rubro, afirmó que su objeto es la disuasión a fin de que la sanción impida la multiplicación de idénticas situaciones dañosas, por lo que su monto debe ser el necesario para cumplir ese fin.
Hizo hincapié en los parámetros determinados por el art. 49 del estatuto consumeril nacional, y mencionó que, de acuerdo a la prueba pericial contable producida en autos, la obra social factura "millones y millones de pesos al año" (sic), lo que la lleva a ser una de las más grandes prestadoras de servicio de salud del país y detenta una posición dominante en el mercado. En rigor de este aspecto, afirmó que es dable exigirles mayor profesionalismo, previsión y responsabilidad en la labor que despliegan. Resaltó que solo en el año 2021 la prestadora obtuvo una ganancia de $34.928.524.129.-, por lo que consideró ilógico pretender disuadirla de seguir llevando adelante la conducta reprochada con una multa como la establecida. En ese orden, solicitó que el monto se eleve a 97,45 canastas básicas para el hogar 3 que publica el INDEC.
En cuanto a la tasa de interés del daño moral, peticionó que se revoque la fijada para el segundo tramo, y se reemplace la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia en depósitos a 30 días por la tasa activa de descubierto sin acuerdo de esa entidad.
En base a ello, los señores jueces resolvieron plantear y votar las siguientes:
1. ¿Ha sido adecuadamente efectuado el depósito previo del art. 29 de la ley 13.133 por el demandado?
2. ¿Es justa la sentencia del 15-11-2023?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RODRIGO H. CATALDO DIJO:
1. Esta Cámara ya se pronunció acerca de la exigibilidad del depósito previsto del art. 29 de la ley 13.133, pues -de acuerdo a la normacuando la sentencia hace lugar a la pretensión del consumidor, la apelación debe ser concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente, al solo efecto devolutivo (esta Sala, causas n° 179.488, RSD 39/24 del 14-3-2024 y n° 178.226, RSD 345-23, del 25-10-2023, también Sala II, causas n° 177.614, RSD 195/23 del 1/08/2023, n° 176.657, RSD 216/23 del 4/08/2023).
También se recordó lo resuelto en la causa "Andersen" (Ac. 122.789 del 24/02/2021), en la que la Suprema Corte provincial se pronunció respecto al alcance de la carga legal y se enfatizó que ésta debía ser satisfecha total o parcialmente por el recurrente al tiempo de la interposición de la vía impugnativa, sin que sea óbice que alguno de los conceptos no estuviera determinado a ese momento. Es más, puso de manifiesto que su incumplimiento conduce a su desestimación, y que no corresponde formular una previa intimación para subsanar dicho déficit.
Dicho precedente, a su vez, fue claro al disponer que cuando el fallo recurrido hubiera establecido parte de la condena en una suma líquida y se haya diferido parcialmente la determinación de los restantes montos de la condena, la suma que estuviera determinada debe ser depositada conjuntamente con la pieza recursiva, quedando pendiente la integración de los restantes conceptos para una vez practicada la pertinente liquidación o establecidos los montos.
2. En el particular, siguiendo los lineamientos de la doctrina legal reseñada y el criterio de esta Cámara, la Obra Social demandada debió depositar en el mismo acto de interposición de su recurso la suma que se encontraba determinada en la sentencia recurrida (respecto al capital y sus intereses, en atención a que las pautas establecidas), lo que recién aconteció luego de ser intimado por el colega y que este le hiciera notar que ya existía una cuenta judicial abierta, pese a su petición a que se dispusiera su apertura. Ante la sentencia condenatoria, el demandado pudo cumplir con dicha norma en tiempo y forma mas no lo hizo, circunstancia que sella la inadmisibilidad del embate deducido el 21-11-2023 por la parte demandada (arts. 34 inc. 5, 242, 246, 270 del CPCC; art. 29 de la ley 13.133). Por los fundamentos expuestos, VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ALFREDO E. MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RODRIGO H. CATALDO DIJO:
Primer agravio - cuantificación del daño punitivo:
1. La Suprema Corte provincial ha resuelto que “la cuantificación del daño punitivo ha sido impuesta al juez por el art. 52 bis de la ley 24.240, quien la graduará teniendo en cuenta 'la gravedad del hecho y demás circunstancias'." (SCBA, en “Umanzor Gonzalez”, causa n° 122044, del 21-8-2019, y en “Salvucci”, causa n° 123.329, del 31-8-2021).
Conforme lo sostuve en la causa “Lutteral, Maria José c/ Autonet S.A. y otro/a s/ Daños y perjuicios”, expte. n° 175.309, que tramitó ante la Sala I de este tribunal (sentencia del 1-11-2022), entiendo que para llevar a cabo esa labor:
a) se debe considerar la "índole del hecho generador", es decir, cómo ha sido ese incumplimiento: si se trata de un incumplimiento definitivo o ha existido imposibilidad imputable, si es conducta reiterada el cumplimiento irregular o defectuoso y la mora o retardo.
b) la proporcionalidad con la gravedad de la falta, toda vez que la sanción debe guardar proporción con la falta cometida y se deben evitar las penas ínfimas o las desproporcionadas por exorbitantes.
c) el valor de las prestaciones y la cuantía del daño material, teniendo en cuenta las que fueron atendidas, la valuación de aquellas no rendidas y el monto de las indemnizaciones por otros daños resarcibles. d) el caudal económico de quien debe satisfacer. La situación patrimonial del obligado debe ser tenida en cuenta puesto que, a mayor patrimonio del condenado, mayor debería ser el monto de la sanción. Y la premisa obedece a que -en mi experiencia- a mayor patrimonio, le sigue una mayor participación en el mercado, mayor profesionalismo, mejor defensa técnica y mayor posibilidad de haber atendido oportunamente la petición. Analizaré la conducta desplegada en el caso particular bajo tales premisas, de acuerdo a las pruebas producidas.
fue el rechazo de la prestación por parte de la obra social reclamada por los padres de V. C., que al momento del reclamo tenía solo 7 años de edad y padecía "trastornos específicos mixtos del desarrollo y trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje" (textual, C.U.D. del 20-5-2021). El derecho a la salud, en su espectro normativo, se encuentra reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), entre ellos, el art. 12 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1º arts. 4º y 5º de la Convención sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— e inc. 1º del art. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Resolución n° 139/2020 dictada por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, dice en su artículo primero: "Establécese que a los fines de lo previsto en el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores..." (conf. Res. 139/2020 Sec. Com. de la Nación). A su vez, la Resolución n° 36 del grupo Mercado Común del MERCOSUR reconoce que "...el sistema de protección del consumidor protege especialmente a grupos sociales afectados por una vulnerabilidad agravada derivada de circunstancias especiales, en particular niñas, niños y adolescentes, adultos/mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad, entre otras..." (conf. art. 6, replicado por la Resolución 310/2020, de la Secretaría de Comercio Interior, Ministerio de Desarrollo Productivo).
Repárese que, entre la vulnerabilidad estándar del consumidor y las condiciones o situaciones en que se encuentran grupos de personas vulnerables (como en el presente caso con relación al niño que padece una discapacidad), permite identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones de consumo. La cobertura integral a las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad debe interpretarse considerando el interés primordial del niño con discapacidad. En esta particular área de los derechos humanos, los imperativos de integralidad, efectividad, accesibilidad en la restitución de derechos, promoción, atención privilegiada, disfrute de una vida plena y decente, máxima inclusión social de los niños con discapacidad y la consideración primordial de su interés tienen jerarquía superior y funcionan como faro en la tarea interpretativa (Robles, Gabriela, "La insoslayable tutela integral de los niños y niñas con discapacidad", TR LALEY AR/DOC/1600/2018).
El plexo normativo impone la intervención de la justicia en auxilio de los más débiles, pues resulta una exigencia axiológica y constituye expresión cabal del principio pro persona. Desde ese enfoque, la protección del consumidor vulnerable se afianza en el nuevo el Código Civil y Comercial de la Nación, en razón que exige que los derechos humanos encuentren eficacia concreta en la aplicación las reglas de derecho privado (conf. art. 1 CCyCN, y argto. conf. doct. Sandra A. Frustagli "La tutela del consumidor hipervulnerable en el Derecho argentino", cita online: https://shortest.link/8Ec).
En el caso concreto, el colega de la sede de origen tuvo en cuenta, al momento de ordenar el rubro cuestionado, que "...la obra social, determinando que la cobertura del acompañante terapéutico estaba fuera de las prestaciones básicas, obligó a los accionantes a que inicien un proceso de amparo a los fines de que se obligue a la demandada para que cubra con la asistencia al menor discapacitado, no garantizando trato digno y equitativo, y no discriminatorio (clave en la relación de consumo)..." (sic). Sin embargo, no puedo soslayar que la negativa a proporcionarle un acompañante terapéutico le provocó al niño un perjuicio adicional que, en su condición de extrema vulnerabilidad, lo colocó en una situación aún más desfavorable. La falta de acceso al tratamiento recomendado por los profesionales de la salud le impedía asistir regularmente al establecimiento educativo, privándolo -por ende- del ejercicio pleno de su derecho humano a la educación, que resulta un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos (Colombo, Paula Daniela, Luzzi, Agustín "El derecho a la educación, una responsabilidad indelegable" TR LALEY AR/DOC/1051/2022).
Como se afirmó, ante el pedido de la prestación por los padres de V. la obra social lo rechazó, conforme surge de las respuestas a los correos electrónicos que se han incorporado como prueba al amparo que tramitó en sede federal, y al informe circunstanciado producido en aquella sede (causa que ha sido remitida por el Juzgado Federal de Mar del Plata n° 4 y en este momento tengo a la vista). Ello, bajo el argumento de que la figura del acompañante terapéutico no recibe cobertura, de acuerdo al Programa Médico Obligatorio (Res 201/2002 M. Salud), a la ley 24.901, y al Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad (Res. 428/1999 M. Salud). La postura fue reafirmada al contestar la demanda incoada en esta sede, en tanto se aseguró que "...la figura de Acompañante Terapéutico, no corresponde a un nivel de atención previsto para pacientes con Certificado Único de Discapacidad, salvo que de manera temporal estén transitando un cuadro agudo en su patología y que el abordaje tenga el propósito de evitar una internación por Psiquiatría o bien favorecer la resocialización, situación que no ocurría con el paciente..." y que "...los Acompañantes Terapéuticos carecen de una formación estandarizada de grado (...) y por lo tanto de incumbencias explicitas como para llevar a cabo el plan de trabajo propuesto, que además se encontraba ya brindada por el Apoyo a la Integración Escolar..." (textual, contestación del 27-8-2021).
3. A la vista de las pruebas producidas propondré al acuerdo acoger la parcela recursiva propuesta por el actor aunque no en la medida pretendida. Teniendo en cuenta la magnitud del hecho generador, la gravedad de la falta, el valor de las prestaciones y el caudal económico de la obra social demandada, corresponde elevar el rubro daño punitivo a cuarenta (40) canastas básicas total para el hogar 3 que publica el INDEC (arts 49, 52 bis y conc. ley 24.240).
Segundo agravio - tasa de interés:
Distinta suerte merece la queja dirigida contra la tasa de interés establecida para el rubro "daño moral", para el período posterior a su determinación.
Teniendo en consideración la doctrina legal establecida por la Corte provincial en los precedentes "Ponce" (causa n° 101.774), "Ginossi" (causa n° 94.446) y "Cabrera" (casa n° 119.176), para las sumas de dinero establecidas en el rubro "daño moral" como satisfacciones sustitutivas, habrá de estarse a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento (arts. 768 inc. "c", 772 y concs., CCyCN). Por los fundamentos expuestos, VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ALFREDO E. MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RODRIGO H. CATALDO DIJO:
Corresponde: I) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada con costas a su cargo, toda vez que la contraria advirtió oportunamente el defecto formal de la apelación (art. 68 CPCC). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia del 15-11-2023, en cuanto al agravio acogido. Imponer las costas en un 75% al demandado y un 25% al actor en atención a la suerte del recurso (art. 68 CPCC). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del ley 14.967).
ASI LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ALFREDO E. MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada con costas a su cargo, toda vez que la contraria advirtió oportunamente el defecto formal de la apelación (art. 68 CPCC). II) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, se revoca la sentencia del 15-11-2023, en cuanto al agravio acogido. Imponer las costas en un 75% al demandado y un 25% al actor en atención a la suerte del recurso (art. 68 CPCC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del ley 14.967). REGÍSTRESE. Notifíquese por conc. Ac. 4013 SCBA). Oportúnamente, devuélvase.
Fin de la sentencia