Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-88470685-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en autos y en consecuencia, hacer lugar a la repetición intentada por la recurrente de la suma de $246.186.710,32.- a la que se adicionarán los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93. Las costas se imponen a cargo del Fisco Nacional.
2Regular los honorarios del Dr. Guillermo Adolfo Moreau en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente en la suma de $65.365.766 (pesos sesenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y seis) equivalente a 769,34 (setecientos sesenta y nueve con 34/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del contador Federico Martín Crespo por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta de la actora en la suma de $18.125.665 (pesos dieciocho millones ciento veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco) …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-15542680-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 12 de Febrero de 2026 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-88470685-APN- SGAI#TFN, caratulado “L´OREAL ARGENTINA S.A s/recurso de apelación por denegatoria de repetición”. La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2024-88458458-APN-SGAI#TFN L´OREAL ARGENTINA S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada el 31 de julio de 2024 por la Jefa División Recursos del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva dependiente de la AFIP- DGI, en virtud de la cual se rechazó la acción de repetición iniciada por la actora con fecha 20/12/2021, respecto del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2016.
Señala que al confeccionar la declaración jurada original no aplicó el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias, lo que originó que la determinación del impuesto resulte equivalente a una tasa efectiva del 117,85 % de la ganancia sujeta a impuesto del ejercicio, calculada luego de la aplicación del ajuste impositivo por inflación, planteando que ello excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad que lesiona gravemente derechos y garantías de raigambre constitucional.
Analiza el mecanismo del ajuste por inflación y del análisis del fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el precedente Candy S.A., destaca que en los casos en que se presentara una desproporción de magnitud por la incidencia real del gravamen en virtud de la no aplicación del ajuste por inflación, la ganancia determinada sin ajuste por inflación no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la Ley del Impuesto a las Ganancias pretende gravar, configurándose el supuesto de confiscación, lesivo también del principio de legalidad en materia tributaria, por resultar totalmente desproporcionado e irrazonable. Remarca que, conforme surge de la Certificación Contable de fecha 15 de diciembre de 2021 -acompañada como Documento “C” al reclamo administrativo de repetición-, y el informe final de inspección de la AFIP de fecha 27 de marzo de 2024 -confeccionado por los expertos en la materia con los que cuenta la AFIP-DGI, que valida y corrobora las conclusiones de aquella certificación contable-, se practicó el cálculo del ajuste por inflación impositivo correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de modo que tanto el Fisco Nacional como la actora acuerdan que el método utilizado al efecto resulta ajustado a derecho.
Afirma que de la prueba acompañada surge de forma precisa y unívoca la información que permite conocer que el impuesto efectivamente ingresado absorbió una parte sustancial de la renta obtenida por el contribuyente, siendo evidente la confiscatoriedad, al demostrar que el impuesto determinado sin aplicar el ajuste por inflación impositivo recae directamente sobre el capital de la actora. Realiza un cuadro comparativo del resultado impositivo con y sin ajuste por inflación, y la forma en que impacta en el monto del Impuesto a las Ganancias determinado.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la Resolución 03/24 (DV REGN), haciéndose lugar al reclamo de repetición interpuesto y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y restitución de la suma total de $ 246.186.710,32 ingresada en exceso en concepto de impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2016 con más intereses previstos en el art.179 de la ley de rito fiscal, calculados desde el 20 de diciembre de 2021, hasta la fecha de la efectiva devolución.
II. Que mediante IF-2024-114254582-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. En primer lugar se refiere a la certificación de pagos, informando que los montos objeto del reclamo de repetición por el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2016, fueron ingresados a las arcas fiscales, conforme surge tanto de las actuaciones administrativas acompañadas y de la propia Resolución administrativa atacada. Realiza un análisis de la normativa aplicable, concluyendo que el índice a utilizar a los fines de determinar el ajuste previsto en el Título VI de la Ley del gravamen es equivalente a “1” para el período fiscal bajo examen. Agrega que, en el caso, a los fines de la determinación del resultado impositivo, deberán considerarse las cifras consignadas en los balances comerciales o, en su caso, impositivos confeccionados en moneda histórica y, de corresponder, practicar los restantes ajustes previstos por la Ley del gravamen sin considerar corrección alguna mediante la aplicación de índices de actualización.
Asimismo, dice que conforme se desprende que las disposiciones que refieren a la aplicación del mecanismo del ajuste se hallaban tácitamente suspendidas por imperio del artículo 39 de la Ley N° 24.073 y que la voluntad del Legislador ha sido restablecer la aplicación del citado mecanismo de ajuste por inflación en ejercicios fiscales iniciados recién a partir del 01/01/2018 —mediante la sanción de las Leyes N° 27.430 (B.O. 29/12/2017) y 27.468 (B.O. 04/12/2018)—. Cita jurisprudencia y destaca que queda demostrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la plena vigencia a las disposiciones que suspenden el ajuste y, por ende, de aplicación imperativa para el supuesto en análisis.
Hace notar que el reconocimiento de la confiscatoriedad traería aparejada la posibilidad de rehabilitar el mecanismo de ajuste por inflación, excediendo el ámbito de competencia del Organismo Fiscal, por lo tanto entiende que la cuestión de autos trata de dilucidar si se encuentra habilitada para expedirse acerca del efecto confiscatorio que la actora sostiene. Señala que si bien la actora solicita la aplicación del precedente Candy S.A., ello no puede prosperar toda vez que dicho fallo se refiere al período fiscal 2002 en el que acontecieron particularidades que no se han verificado en períodos fiscales posteriores. Sobre los agravios que formula la actora de que el acto apelado lesionaría otros principios constitucionales -vg. igualdad, capacidad contributiva y razonabilidad- expone que sólo se hace una mera mención de estos de manera dogmática, precisando que el reconocimiento de la vulneración de principios constitucionales, queda reservado estrictamente al Poder Judicial de la Nación, o bien al Poder Legislativo de la Nación en su calidad de órgano con atribución constitucional para el proceso de formación y creación de leyes federales. No obstante ello, indica que en lo que hace a la reserva de ley, la propia recurrente admite la inoperatividad para el período que nos ocupa de los mecanismos de actualización previstos en la ley del impuesto En punto a los intereses solicitados, toda vez que se niega la procedencia de la repetición intentada por la parte actora, solicita se disponga el rechazo de los mismos. Sin perjuicio de ello, deja sentado que tampoco podría admitirse la liquidación de intereses con una tasa distinta a la prevista por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dictadas en uso de las facultades conferidas por los artículos 37 y 52 de la Ley N° 11.683 (t. o. en 1998 y sus modif.).
Se opone a la prueba ofrecida por la actora, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto –en todas sus partes- y confirmando la resolución apelada en todos sus términos, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Que por medio de PV-2024-131682669-APN-VOCX#TFN y en atención al acta de audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley Nº 11683 (t.o. vigente) que obra adjunta al PV-2024-130009942- APNVOCX#TFN, se abre la causa a prueba, haciendo lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la recurrente, la que se encuentra agregada en la causa por medio de IF-2025-25300386-APN-DTD#JGM.
Que a través de PV-2025-35603672-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “D”. Ello así, por medio de IF-2025-36272498-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, obrando las presentaciones efectuadas por las partes a tal fin en el IF-2025-38964910-APN- DTD#JGM y el IF-2025-42791524-APN-DTD#JGM por la actora y el Fisco Nacional, respectivamente.
Finalmente, por IF-2026-14511202-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que de manera preliminar cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que corresponde resolver si el acto apelado se ajusta a derecho, en tanto desestimó la acción de repetición iniciada por L´OREAL ARGENTINA S.A. respecto al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2016. Que del análisis de las actuaciones administrativas se observa, en primer lugar, que mediante IF-2024- 114248952-APN-DTD#JGM, se encuentra embebida la NOTA 7/2022 (DV REPJ) donde el Jefe a cargo de la División Recaudación de Personas Jurídicas del Departamento Gestión de Cobro de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales (IF-2022-00056047-AFIP-DVREPJ#SDGOIGC) adjuntan “en archivos embebidos el detalle y forma de cancelación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016 presentada con fecha 09/05/2017 por el contribuyente del asunto...”, lo que es replicado de manera resumida por la apoderada fiscal al responder el traslado corrido del recurso (vide apartado IV. b) Certificación de pagos). Que ello así, se hace notar que no hay discrepancias en punto al monto ingresado por la actora en el ejercicio por el que se efectúa su reclamo, ni tampoco la forma en que el mismo fuera cancelado. Que en virtud de los agravios expuesto, corresponde establecer si para la determinación del Impuesto a las Ganancias del período 2016 procede o no aplicar el mecanismo referido al ajuste por inflación contenido en el Título VI de la ley del gravamen.
Que la cuestión planteada en el caso de marras guarda relación con la resuelta por esta Sala D, con fecha 25/2/2002 en la causa “Roberto J. Azcoitia y Cía S.R.L. s/apelación – impuesto a las ganancias” (Expte. N° 18.603-I) donde, en su parte pertinente, el Dr. Brodsky expresó:
“Al efecto debe tenerse presente que el citado art. 39 –ley 24.073- dispuso: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modificaciones), y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 23.415 y sus modificaciones). El Poder Ejecutivo Nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”. “Como se puede advertir, el texto legal transcripto no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la ley del impuesto a las ganancias. Simplemente torna neutro el ajuste, porque ..., a partir del 1/4/92 la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1), por lo que su empleo deviene prescindible”.
“Tampoco queda explícito el alcance que tiene la expresión “adecuaciones de texto pertinentes”, porque todo el Título VI de la ley N° 20.628 subsiste sin modificaciones”.
“...En todas las modificaciones efectuadas a dicha ley desde la adopción del régimen de convertibilidad (ley N° 23.928 – B.O. 28/3/91), la no aplicación de la exención de las sumas originadas en la actualización de créditos, para quienes se hallan sujetos al ajuste por inflación de sus balances fiscales, así como el título mismo que establece este mecanismo, se mantuvieron inalterados, lo que indica manifiestamente que no ha sido intención del legislador prescindir del citado instituto ni innovar en sus disposiciones.”
“Ello así, la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias ... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. ley N° 24.587 – B.O. 22/11/95).”
“No obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley N° 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente.”
V. Que la recurrente centra sus agravios en que de no aplicarse el mecanismo del ajuste por inflación la alícuota efectiva daría como resultado un monto de impuesto a ingresar que resulta confiscatorio. Para ello, sustenta su postura en el informe pericial contable por ella propuesto -cuya producción fue ordenada ante esta instancia jurisdiccional-, la certificación contable de fecha 15/12/2021 acompañada con el reclamo administrativo de repetición, el informe final de inspección del Organismo Fiscal, que -según dice- valida dicha certificación y en el criterio fijado por nuestro más Alto Tribunal en el fallo “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo”, sentencia del 3/7/2009.
Que de las actuaciones administrativas acompañadas, en el IF-2024-114250890-APN-DTD#JGM, se encuentra embebido el IF-2024-00787310-AFIP-EQF4BDVFE4G#SDGOIGC, donde se incorpora -entre otros documentos- el cpo. Principal Nº 7, y dentro del mismo en las páginas 42 a 51 luce agregado el informe final de inspección. Que de su lectura surge que la actividad principal de la recurrente es la venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería y servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. y cierra sus ejercicios el 31 de diciembre de cada año. Asimismo, se expone que con fecha 23 de diciembre de 2021, Loreal Argentina S.A. interpuso ante el Organismo Fiscal recurso de repetición reclamando una diferencia en concepto de Impuesto a las Ganancias del Ejercicio 2016 por un total de $ 246.186.710,32.-, señalando que el ajuste por inflación proyectado por la sociedad resulta ser negativo y asciende a $703.390.600,92.
Indican que de los papeles de trabajo y la información aportada por la empresa, surge que la sumatoria entre los resultados del Ajuste Estático y el Ajuste Dinámico, conforme al Titulo VI de la ley del impuesto a las ganancias, arrojó un resultado negativo de $ -703.390.600,92, disminuyendo el resultado sujeto a impuesto. Seguidamente se procedió a su análisis, y se señala que fueron verificados los procedimientos y metodologías aplicados por la firma en el cálculo del ajuste por inflación estático y dinámico, establecido en el Título VI de la ley de Impuesto a las Ganancias, de conformidad, no surgiendo diferencias que impliquen perjuicio para el Organismo. Además, se expone que los funcionarios actuantes constataron los coeficientes de ajuste aplicados para la determinación de las diferencias por ajuste por inflación estático y dinámico, los que corresponden al IPIM – índice de precios internos mayoristas nivel general – publicado por el INDEC.
Destacan que el coeficiente de actualización que resultaría de aplicación sería igual a uno (1), sin embargo la firma utilizó la variación de Precios Internos al por mayor (IPIM) publicada por el INDEC para el cálculo de los coeficientes de actualización. Manifiestan los inspectores que, en el presente caso, el primero de los parámetros proyectado por la sociedad, esto es el impuesto determinado sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo sobre el resultado calculado aplicado al citado procedimiento, el coeficiente es de 117,85%; en el segundo de los parámetros, el impuesto determinado sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo sobre el resultado contable, arroja un 59,62% y en último de los parámetros, que se refiere al impuesto determinado sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo sobre el patrimonio neto, es de 24,43% (vide hoja 9 del informe final).
Se ha señalado que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros) y en todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”conforme se expusiera en el fallo “Candy SA” . Que en dicho precedente la Corte se expide sobre la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación, señalando que para que exista confiscatoriedad debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital, siendo su límite relativo ya que puede variar en el futuro y aún en un mismo tiempo.
Así, remarca que en el caso concreto, de la comparación entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste, surge que de no recurrirse al mecanismo de ajuste cuya aplicación se discute en la causa, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades contables ajustadas. Estos porcentajes exceden los límites razonables de imposición.
También se hace hincapié en que “..., si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En función de ello, la Corte consideró que la inaplicabilidad del mecanismo de ajuste por inflación impositivo no es procedente, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por la compañía, excediendo cualquier límite razonable de imposición, configurándose así el supuesto de confiscatoriedad.
Que resta entonces analizar el informe pericial contable producido en autos, e incorporado mediante IF-2025-
25300386-APN-DTD#JGM.
Se refieren en primer término los peritos contadores a los libros contables correspondiente al período en cuestión manifestando que son llevados en legal tiempo y forma según lo dispuesto por lel Código Civil y Comercial de la Nación y que no se observan espacios en blanco, raspaduras o enmiendas, efectuando un detalle de los libros que pusieron a disposición. En el punto B) se solicitó que determinen el monto del ajuste por inflación impositivo, calculado de conformidad con las disposiciones del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y modif.) correspondiente a la liquidación del impuesto del período 2016, considerando la variación de los índices de precios al consumidor, nivel general (IPC) y el índice de precios internos al por mayor nivel general (IPIM), suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, si bien el perito designado a propuesta del Fisco Nacional, previo a todo, aclara que el mecanismo del ajuste por inflación, previsto en el título VI de la Ley 20.628 (t.o. en 1997) y sus modificaciones se encuentra suspendido -aclaración que es replicada al responder los puntos C), E), F), G) y H)-, igualmente responde lo peticionado arribando ambos expertos a los mismos guarismo, informando que el cálculo conforme el IPC-INDEC es de $ -703.390.600,92 y según el IPIM-INDEC de $ - 703.186.171,30, haciendo en ambos casos la diferencia entre ajuste por inflación estático y dinámico. Que en el punto C) se peticiona que determinen el resultado impositivo y el impuesto determinado a partir de la liquidación del impuesto a las ganancias practicadas por la sociedad que resulte: 1) aplicando los mecanismos de ajuste por inflación del Título VI de la LIG (t.o. en 1997 y modif.) y 2) no aplicando dichos mecanismos de ajuste por inflación impositivo. Ambos peritos señalan que el resultado impositivo con ajuste por inflación IPC es de $297.140.501,38 y el impuesto determinado $103.999.175,48. con el ajuste por inflación IPIM el resultado impositivo es de $297.344.931,00 y el impuesto determinado $104.070.725,85. por último sin ajuste por inflación el resultado impositivo es de $1.000.531.102,30 y el impuesto determinado $350.185.885,81.
Sobre el punto D), donde se solicito informen si en la Declaración Jurada del impuesto a las ganancias presentada, se ha computado en la base imponible del gravamen el ajuste por inflación impositivo, calculado de conformidad con las disposiciones del Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, cuyo monto ha sido determinado en el punto B); informen el resultado impositivo y el monto del Impuesto a las Ganancias determinado de la Declaración Jurada presentada, constatando, también, su forma de cancelación. Ambos peritos señalan que en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo 2016 presentada no se ha computado de la base imponible del gravamen el ajuste por inflación impositivo dispuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias.; y que el resultado impositivo obtenido fue de $1.000.531.102,30.- y el impuesto determinado ha sido de $350.185.885,81.- En cuanto a la forma de cancelación el perito por la actora da un detalle de los montos y modo de pago, precisando que lo mismo surge del informe final de inspección. Por su parte el perito a propuesta del Fisco se abstiene de emitir opinión por tratarse de una prueba de índole informativa a cargo del Organismo Recaudador.
En el punto E) se peticiona que determinen el porcentaje que representa el monto del impuesto del ejercicio fiscal 2016 calculado sin los mecanismos de ajuste por inflación (informado en el punto C.2), respecto del resultado impositivo del ejercicio por idéntico período, ajustado por inflación de conformidad con las disposiciones del Título VI de la ley del tributo bajo análisis, (t.o. en 1997 y modif.), según se calculara en el punto C.1. Ambos peritos realizan el calculo llegando al porcentaje de 117,85% aplicando índice IPC – INDEC y 117,77% aplicando índice IPIM – INDEC.
Por su parte en el punto F) se solicita que determinen el porcentaje que representa el monto del impuesto a las ganancias determinado correspondiente al ejercicio fiscal 2016 calculado sin los mecanismos de ajuste por inflación (informado en el punto c.2), respecto del impuesto determinado por dicho período calculado considerando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo (Título VI de la ley de impuesto a las ganancias t.o. en 1997 y modif.), según se indicara en el punto c.1, en virtud de lo mismo señalan que aplicando índice IPC – INDEC, es de 336,72% y aplicando índice IPIM – INDEC es de 336,49%.
Respecto al punto G) se peticiona que determine el porcentaje que representa el resultado impositivo del ejercicio fiscal 2016 sin aplicar los mecanismos de ajuste por inflación impositivo de la ley del Impuesto a las Ganancias informado en el punto c.2, sobre el resultado impositivo de ese ejercicio que surge de la aplicación de dichos mecanismos informado en el punto c.1, informando que es de 336,72% aplicando el índice IPC – INDEC y de 336,49% aplicando el índice IPIM – INDEC.
Finalmente, en el caso del punto H), se refiere a la diferencia entre el monto del impuesto a las ganancias determinado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, calculado sin los mecanismos de ajuste por inflación (informado en el punto c.2) y el monto del impuesto a las ganancias determinado por idéntico período, ajustado por inflación de conformidad con las disposiciones del Título VI, según se calculara en el punto c.1). Ambos peritos señalan aplicando índice IPC – INDEC la diferencia es de $246.186.710,32 y aplicando índice IPIM – INDEC es de $246.115.159,95.
Como otro punto de interés, (punto K) el perito del recurrente hace notar que del informe final de inspección de fecha 27/03/2024, -ya citado-, la fiscalización concluyó que en el caso, el impuesto determinado sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo sobre el resultado contable arroja resultado de 59,62%, proveniente del Estado de Resultados, publicado en los Estados Contables iniciados el 1° de enero del 2016 y finalizado el 31 de diciembre del 2016. Del análisis efectuado sobre los libros contables y documentación de respaldo, a los efectos de la pericia surge que el porcentaje es aún mayor al mencionado precedentemente, arrojando un valor del 966,81%. Agrega que se constató mediante pruebas de muestreo aleatorio de auditoría que la facturación emitida y recibida por la compañía, junto con un detalle de pagos efectuados a terceros, se ajustan conforme al universo analizado a la realidad económica expuesta en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo 2016. Que de la reseña efectuada, ha quedado demostrado que, de no recurrirse en el período fiscal analizado el mecanismo correctivo cuya aplicación se discute, el tributo a ingresar absorbía una porción sustancial de la renta o del capital, excediendo los límites razonables de imposición, en tanto y en cuanto el resultado aquí obtenido resulta ser ampliamente superior a los porcentajes tomados como parámetro por nuestro más Alto Tribunal en el fallo Candy .
Que por todo lo expuesto, voto por revocar la resolución apelada en autos y en consecuencia, hacer lugar a la repetición intentada por la recurrente de la suma de $246.186.710,32.- a la que se adicionarán los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998).
Las costas se imponen al Fisco Nacional.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión de la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato efectuado en el voto de la Dra. Gómez, como así también los argumentos desarrollados en el mismo para revocar la resolución apelada y en consecuencia, hacer lugar a la repetición intentada por la suma de $246.186.710,32; pretendida por la recurrente, con costas.
II. Que en lo que hace a los intereses aplicables a los montos que se repiten, estimó oportuno efectuar las siguientes consideraciones vertidas por el suscripto en el voto emitido en la causa “TERNIUM ARGENTINA S.A.” (EX-2024-113719901- -APNSGAI#TFN) en la sentencia dictada por esta Sala “D” en fecha 22/08/2025, teniendo en cuenta que la parte actora en su recurso peticiona la aplicación de la tasa de interés que corresponda según las resoluciones que sobre la materia ha emitido el Ministerio de Economía de la Nación:
a) Se encuentra vigente un plenario -con integración impositiva- de este Tribunal Fiscal que data del 7 de diciembre de 1993 –Dalmine Siderca S.A.- en el que se aplica, para los casos de repetición, en forma ininterrumpida la tasa de interés pasiva promedio, publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. Dicha resolución fue consagrada en un contexto económico-financiero, post convertibilidad, que lleva 32 años de aplicación, para un lapso en el que han existido innumerables coyunturas que no habrían implicado la necesidad de receptar sus circunstancias y que permitieran modificar o ratificar el criterio expuesto. b) Paralelamente el Ministerio de Economía de la Nación en orden a las facultades que le otorga la ley N° 11.683 y el Código Aduanero ha fijado oportunamente las distintas tasas de interés aplicables al sistema tributario, por mora, punitorias e inclusive las aplicables para la devolución, reintegros o compensación a favor de los contribuyentes. Dichas normas se han ido adecuando y lo siguen haciendo con relación al contexto financiero de cada momento y a las demás consideraciones monetarias y económicas. Tomando un punto de referencia inmotivado se aprecia que la máxima autoridad en materia económica dictó las Resoluciones 314/04, 598/2019, 559/2022, 3/2024, 199/2025 y 823/2025. De las mismas se puede apreciar la existencia, en determinados períodos, de diferencias sustanciales entre estas últimas y las que surgen por aplicación del Plenario citado. c) Es de destacar la gran divergencia que se produce en la práctica respecto de aquellas repeticiones que tramitan directamente dentro del Organismo Recaudador -ARCA- donde se aplica en forma incuestionable las decisiones que emanan del Ministerio de Economía, mientras que aquellas en las que se desencadena su resolución en el ámbito del Tribunal Fiscal, se reconoce una retribución financiera que excede a lo resuelto por el Ministerio regulador.
d) A modo de acercarse a un tratamiento justo y acorde con la política económica, monetaria y fiscal se verificó, para el período en trato -7/2019 a 7/2025-, la carga financiera que fija la ley de procedimiento fiscal en sus intereses resarcitorios encontrándose sensiblemente por debajo de la tasa pasiva promedio del Banco Central, siendo que aquellos tienen un carácter moratorio en favor de la Hacienda Pública. Al mismo tiempo se aprecia una diferencia también importante entre esta última y la Tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, como marco de referencia. Ambas comparaciones alertan sobre la necesidad de unificar el tratamiento y utilización de una única normativa que no permita arbitrajes según sea el ámbito de resolución de la solicitud de repetición. e) En ese orden es de destacar que en el mismo sentido ya se ha expedido la Alzada de este Tribunal en sus 5 Salas, avalando la vigencia de las Resoluciones dictadas el Ministerio de Economía (vg. Fallos de la CCAF, Sala I, “Spirax Sarco S.A.” del 30/06/2022; Sala II, “Tagliaferro, Susana Norma” del 25/02/2022; Sala III, INC. S.A. del 06/06/2023; Sala IV, “Sánchez, Oscar Alejandro” del 15/12/2022 y Sala V, “Sagrera, Karina Roxana” del 26/02/2020) y respecto de la N° 199/2025 la Sala III lo hizo en el caso “BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.” (TF 48.037-I) del 06/05/2025.
III. Por lo expuesto entiendo que habiendo un organismo que, con la asistencia de la autoridad monetaria, regula periódicamente con un carácter especializado las tasas de interés aplicables, en el presente caso deben ser de aplicación las Resoluciones 598/19, 559/22, 3/2024, 199/2025, 823/2025 y la que eventualmente rija al momento de la efectiva devolución.
Del resultado de la votación que antecede; por mayoría, SE
1. Revocar la resolución apelada en autos y en consecuencia, hacer lugar a la repetición intentada por la recurrente de la suma de $246.186.710,32.- a la que se adicionarán los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93. Las costas se imponen a cargo del Fisco Nacional.
2. Regular los honorarios del Dr. Guillermo Adolfo Moreau en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente en la suma de $65.365.766 (pesos sesenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y seis) equivalente a 769,34 (setecientos sesenta y nueve con 34/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del contador Federico Martín Crespo por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta de la actora en la suma de $18.125.665 (pesos dieciocho millones ciento veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco) equivalente a 213,34 (doscientos trece con 34/100) UMA la que queda a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Resolución SGA N° 3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.02.10 10:48:11 -03:00 Date: 2026.02.10 16:39:19 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.12 10:02:13 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.12 10:02:14 -03:00
Fin de la sentencia