Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a L.R.D., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden a los delitos de “Violación a los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de documentos públicos” (arts. 248, 293 primer párrafo y 54 del Código Penal) por aplicación del art. 4 del Código Procesal Penal.
2Dejar sin efecto las restricciones y/o medidas cautelares que pesaban sobre L.R.D., debiéndose librar los oficios a los registros y organismos respectivos.
3INFORMAR de la presente sentencia a la parte damnificada, conforme lo establecido en la Ley 27372.
LIBRO: XCVIII REGISTRO: 3411 FOLIO: 043/049
Río Gallegos, 05 de junio de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por la Dra. Maria Alejandra Vila e integrada por el vocal titular Dr. Jorge Daniel Yance y el vocal subrogante Dr. Fernando Zanetta, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda Tuñón, con el objeto de deliberar y de dictar sentencia en la causa caratulada "L.R.D.S/VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS" Expte Nro. 8758/24 y definir la situación procesal del imputado L.R.D., hijo de A.L., nacido el 29 de Mayo de 1978 en la localidad de Dos Lagunas, Chubut, argentino, instruido, divorciado, de profesión Lic. en Trabajo Social y Sargento de Policía, DNI Nº 29.984.217, domiciliado en xxxxx de Río Turbio, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial Dr. Emin Charif Sat, y en representación del Ministerio Público Fiscal la Fiscal Dra. María Verónica Zuvic, y como representante complementario el Dr. Diego Salvetti;
Que llegan las presentes actuaciones a entendimiento de este Tribunal, a través del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal a fs. 189/192.
El Ministerio Publico Fiscal le imputó a L.R.D. el siguiente hecho “…que en fecha no precisada, pero presuntamente entre el 21 y 22 de abril del año 2022, entre otras, el imputado -Licenciado en Trabajo Social M.P. N° 495-, Dependiente de la Municipalidad de Río Turbio, habría confeccionado Informes Socio-económicoambientales; propios de su función, luego de visitas realizadas en el domicilio sito xxxxx de la localidad de Río Turbio, en el marco de un expediente administrativo sobre el grupo familiar del denunciante (menores Á. y D. S.C.) Expte. "S.E. c/C. J.R. y los menores antes mencionados", omitiendo información proporcionada por el Sr. M.E.S., como así también habría modificado declaraciones esgrimidas por el nombrado, volcando en el Informe de Abordaje confeccionado presuntamente información falsa, perjudicando al denunciante, habiéndose dispuesto como consecuencia medidas de restricción y prohibición a partir de aquellos informes. Asimismo el imputado, quien conforme surge de autos habría mantenido una relación con la Señora C., le habría solicitado a la Sra. Directora del Área Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes dependiente del Municipio Local, reemplazar dichos informes para eximirse de responsabilidad, lo que le fue negado…”.
Y calificó la conducta como constitutiva de los delitos de “Violación de los deberes de Funcionario Público en concurso ideal con el delito de Falsedad ideológica de documentos públicos” (arts. 248 y 293 primer párrafo y 54 del CP).
A fs. 229/230 vta., el Ministerio Publico Fiscal, propuso la posibilidad de proseguir la causa de acuerdo al instituto procesal previsto por el art. 517 del Código Procesal Penal.
Posteriormente y según surge de fs. 236 y 244/245, el defensor y el imputado aceptaron la propuesta de Omisión de Debate realizada por el Ministerio Público Fiscal.
Asimismo conforme surge de fs. 242/243 L.R.D. presentó alegatos y señaló que “...efectivamente he realizado las visitas a los domicilios sitos en calle xxxxx Barrio Los Ñires de localidad de Río Turbio lugar de residencia de J.C. y en calle xxxxx de Barrio Islas Malvinas lugar de residencia de S.M.A. en mi calidad de Trabajador Social dependiente de la Municipalidad de Río Turbio, a título de cooperación con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes Dr. Diego Salvetti…”.
Refirió que debido a los conflictos familiares que existían en la pareja de S.M.A. y C., la Dra. Bettina Bustos solicitó los informes, pero aclaró que “...para ese entonces las medidas de retirar a los niños del hogar del progenitor y su alojamiento en la casa de su madre ya había sido ordenada en razón de la denuncia que ella radicara por presunto abuso sexual de los niños, o sea, el contenido de los informes por mi confeccionados en nada influyeron en la decisión de la juzgadora…”.
Hizo mención que la denuncia efectuada por S.M.A. fue consecuencia directa de la resolución de la Dra. Bustos, que ordenó que los niños vivieran con su madre. Destacó que mantuvo una relación con la Sra. C., pero la calificó como “...informal, esporádica, hasta circunstancial…”, y expresó que sus “...informes solo relatan las visitas, no hay ninguna conclusión profesional que se refiera a la relación de pareja tal como ocurre en la elaboración de otros informes de observación pericial, en este caso, sólo se hizo referencia a las visitas domiciliarias…”.
Con relación a su intervención profesional puso de relieve “...en todo momento obré de buena fe, aunque negligentemente; reconozco que debí excusarme en su tiempo por conocer a J. C. y mantener con ella una relación esporádica, seguramente jugó en contra la inexperiencia profesional y la falta de referentes con experiencia en la profesión a quienes poder preguntar antes de actuar… mi única intención fue colaborar con la justicia como lo he hecho siempre como funcionario policial a cargo de las personas detenidas en la comisaría de Río Turbio y como un novel trabajador social recién recibido afectado a la Municipalidad, sin sospechar siquiera que iba a estar en un proceso judicial…”.
Destacó que el delito de violación de los deberes de funcionario público requiere de dolo directo determinado de atentar contra las constituciones o las leyes, que no se contempla el tipo culposo o negligente, por lo que se estaría ante un supuesto de atipicidad. Y advirtió que el mismo criterio se aplica respecto a la falsedad ideológica.
Cumplido que fuera el acto procesal quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término la aceptación de la omisión de debate y de resultar procedente la propuesta, la situación procesal de L.R.D. y,
Que, en función de lo dispuesto por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate? A la primera cuestión el Tribunal expresó:
Que, se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente, contando dichas actuaciones con la propuesta formal del Ministerio Público Fiscal y la correspondiente aceptación y conformidad del Defensor como así también del imputado.
De esta manera y conforme las características del hecho, las entidades de los bienes jurídicos tutelados y lesionados por los delitos y las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, la propuesta realizada por el Ministerio Público Fiscal en caso de recaer condena resulta justa y acorde a la normativa aplicable.
Es por ello, que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las restantes cuestiones para dictar sentencia en los presentes.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto el Tribunal dijo:
Las presentes fueron iniciadas el 12 de mayo del 2022 ante la División Comisaría Yacimiento Río Turbio, conforme se desprende de la denuncia formulada por S.M.A. quien relató que ese mismo día fue a la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, se entrevistó con Bárbara Castro con el fin de poder ver los informes que habría realizado L.R.D y que tenían que ver con sus hijos menores de edad. Castro le dijo que “...el informe había sido desestimado de la causa, porque este señor se encuentra manteniendo una relación sentimental con la madre de mis hijos…”, y agregó “...todos los informes que efectuó este señor observe el faltante de la mitad de mis dichos y gran parte de mis declaraciones se encuentran cambiadas y existe información falsa en relación al estado de mi vivienda y en el estado de higiene y salud de mis hijos…”.
Señaló que como consecuencia de su accionar posee medidas cautelares que impiden que vea a sus hijos desde el 22 de abril, ”...este señor trabaja en niñez, como en esta comisaría y tiene acceso más rápido a todo lo que está pasando, usando los mismos a su favor y al de mi ex pareja…”, y que no ve a sus hijos debido a una denuncia interpuesta por su ex pareja.
Expresó que la relación con la Señora C. finalizó en noviembre del año 2020, que L.R.D se hizo presente en su hogar al menos tres veces de manera formal con documentación e hizo informe de solvencia socioeconómico. En otras dos oportunidades más, fue sin nada para anotar y dijo que iba para terminar de completar su informe. Y la última vez que se presentó le pidió documentación de sus hijos (DNI, partida de nacimiento, libreta sanitaria y remedios).
Es dable resaltar que esta denuncia fue elevada como J-Prov. al juzgado local y posteriormente devuelta a la comisaría por parte de la Secretaria penal, quien dió la directiva que se tramiten las correspondientes actuaciones por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo ello conforme se desprende del informe de inicio de actuados de fs. 1.
S.M.A., al ampliar sus dichos en sede judicial, afirmó que su separación con J. fue en “malos términos”, que el día que realizó la denuncia se enteró que ella mantenía una relación sentimental con el imputado. Fue a ver al Dr. Salvetti de la Defensoría de Menores, quien le recomendó ir a la Dirección de Niñez para ver los informes. Fue, habló con la directora Bárbara Castro y Paola Ojeda, ellas le permitieron ver los informes que el imputado confeccionó y destacó “…los informes del Sr. L.R.D no concordaban con la realidad de mi forma de vivir y no constaban todos mis dichos, el 50% que yo le había dicho no estaba y el otro 50% totalmente adulterado a favor de ella, a modo de ejemplo donde yo post relación, declaro que la libreta de vacunación de ambos niños la completé yo y eso no figura en el informe, porque los niños no tenían vacunas, por negativa de la madre. Básicamente lo que yo le decía lo anotaba en su carpeta pero no estaban los informes, siempre dibujada la situación a favor de ella (C.)…”.
Entonces, en términos generales, el denunciante sostuvo que los informes confeccionados por L.R.D no reflejaban integralmente sus manifestaciones, contenían apreciaciones favorables hacia J. C. y omitían determinadas circunstancias vinculadas a las condiciones habitacionales sanitarias y familiares reveladas durante las entrevistas domiciliarias.
Refuerza los dichos del denunciante lo vertido por personal del área de Niñez de la Municipalidad de Río Turbio, a saber Paola Soledad Ojeda, Bárbara Castro (directora) y María Florencia Gaitán (autoridad de aplicación). Las tres afirmaron que L.R.D trabajaba con ellas, que intervino en el caso de los niños S.M.A.-C., que luego de que presentara los informes tomaron conocimiento que mantenía una relación sentimental con la Sra. C. lo que provocó que los mismos sean apartados del expediente y señalaron haber advertido diferencias de estilo, extensión contenido respecto de otros informes confeccionados habitualmente por el imputado, extremo que motivó cuestionamientos internos dentro del área administrativa.
Paola Soledad Ojeda dijo que L.R.D se presentó a la oficina con la intención de retirar su informe del expediente, pero no se le permitió y se lo trasladó de área. Cuando se le preguntó cómo tomó conocimiento de la relación sentimental entre L.R.D y C., relató “...en el mes de marzo los vi comprando en La Anónima local, después en varias oportunidades afuera del Jardín Fuerza Aérea local sentados, donde empecé a sospechar que tenía algo con esta señora y terminé de confirmar cuando el subió fotos a su estado de la aplicación WhatsApp donde hacía referencia de aniversario de mes con la señora C.…”.
Puso de relieve que notó cambios en el informe elaborado por su compañero de trabajo “...el informe victimiza mucho a la madre, como que era la mejor de todo, como así detalló muchas cosas que no efectúa en los informes… siempre enmarcaba mucho las cuestiones económicas y habitacionales, en cambio en relación a los informes de esta familia C./S.M.A. en el último informe remarcaba mucho lo que ella le dice, como así remarcó en negrita y comilla que el Señor S.M.A. se masturba…”.
Bárbara Castro, advirtió que los informes eran distintos, “...he leído informes de L.R.D en otras intervenciones y los mismos suelen ser precisos y concisos no tan detallados y largos como los informes en cuestión…”, que cuando fue S.M.A. a la oficina lo notó mal, angustiado porque hace mucho no veía a sus hijos y “...porque en los informes decían cosas que no eran verdaderas…” y que “...a raíz de ello, la Justicia dictó la medida de prohibición y que estén bajo el cuidado de la madre…”. En consonancia se expresó María Florencia Gaitán, quien indicó que se enteró del caso por una llamada telefónica del imputado, además una llamada desde la Comisaría local, cuando le informaron de una orden judicial de retirar los menores del domicilio de S.M.A. por un presunto abuso. Dijo que retiraron a los niños, L.R.D maltrató a S.M.A., por lo que fue interpelado, se calmó y dejó de intervenir. También resaltó que el imputado presentó tres informes uno sobre C., otro sobre S.M.A. y un último realizado a la niñera, los cuales tenían fechas anteriores a lo sucedido, y llamó telefónicamente al Defensor de Niños e informó lo actuado como “...representante del equipo de Niñez cuando no tenía ese rol…”. Aclaró que fue el titular de la Defensoría quien pidió la intervención, teniendo en cuenta aquéllos informes en cuestión los que “...no habían sido enviados por la Autoridad de Aplicación, ni avalados por el Área…”.
Hasta aquí puede tenerse por acreditado que L.R.D. intervino profesionalmente en el abordaje socioambiental vinculado al grupo familiar S.M.A.-C., realizando visitas domiciliarias y confeccionando diversos informes en dicho contexto.
Asimismo, se encuentra reconocido -incluso por el propio imputado- en vínculo afectivo que mantenía con J. C., circunstancia que posteriormente generó cuestionamientos respecto de la objetividad de su actuación profesional. Otro extremo acreditado es la calidad de funcionario público del imputado, quien prestaba servicio como profesional en Trabajo Social en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Turbio, conforme surge del contrato que luce a fs. 154/vta.
La calificación jurídica atribuida en base al hecho imputado resulta ser la de violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del CP, el cual establece tres supuestos, a saber: 1) el funcionario público que dictare órdenes o resoluciones contrarias a las constituciones o leyes, 2) el que ejecutare órdenes o resoluciones de esta clase existentes, y 3) el que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Con relación a la acción punible Romero Villanueva señala "...la figura del art. 248 del CP no se agota con el mero incumplimiento de disposiciones reglamentarias, pues de lo contrario bastaría la aplicación de tales normas administrativas para la imposición de la pena allí prevista y, a la inversa, cualquier error de interpretación que tuviera un funcionario acerca de las reglas que rigen su actuación constituiría delito. El tipo penal esta destinado a sancionar el dictado por parte de funcionarios de relavancia de resoluciones u ordenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o a la inejecución de las leyes cuyo cumplimiento les incumbiera, y no el mero incumplimiento de funciones administrativas..." ("Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria Anotados con Jurisprudencia", editorial Abeledo Perrot, año 2015, pág. 756)
A ello debe añadirse que el tipo penal en análisis requiere una actuación dolosa, es decir, el conocimiento concreto del deber funcional incumplido y la voluntad deliberada de apartarse de éste. No basta, por ende, una actuación negligente, imprudente, técnicamente deficiente o éticamente cuestionable para tener por configurado el injusto penal.
Volviendo a una lectura del hecho imputado es importante consignar que la imputación no logra individualizar con precisión cuál habría sido el deber funcional concreto incumplido por el encartado, ni de qué modo dicho incumplimiento encuadraría en alguno de los supuestos previstos por el art. 248 del Código Penal. La acusación atribuyó a las informes la generación de una consecuencia disvaliosa : medidas de restricción y prohibición de acercamiento a partir de esos informes. Y este extremo resulta contradictorio en base al caudal probatorio recopilado. Si bien de la denuncia de S.M.A., así como de las testimoniales de las compañeras de trabajo y superiores del imputado, se desprende que los informes habrían tenido esa entidad, de la testimonial de sus compañeras de trabajo también surge que los mismos fueron dejados sin efecto del expediente administrativo y que se encontraban en esa oficina administrativa, más no en actuación judicial alguna. Tampoco hay constancia que los mismos se hayan enviado en soporte digital a alguna sede del poder judicial, que se hayan valorado y que como consecuencia de ello se haya ordenado la prohibición de acercamiento.
Contradice aún más este extremo la copia de denuncia policial formulada por J. C. el 22 de abril de 2022 a las 14:15 horas (fs. 15/16), de la cual se desprende que sospecha que sus hijos menores quienes conviven semana de por medio con Miguel Esteban S.M.A. sean abusados tanto por su ex pareja como el marido de la madre de éste, que observó conductas sexualizadas en los niños y que teme por ellos; y el acta de notificación de prohibición de contacto y acercamiento de Miguel S.M.A. a sus dos hijos menores por el término de treinta días ordenada por el Juzgado de Instrucción y penal Juvenil local, la cual fue notificada ese mismo día, a J. a las 18:00 horas (fs. 18), y a Miguel a las 20:15 (fs. 19).
En definitiva, de las constancias incorporadas a la causa surge que la medida de restricción fue adoptada primordialmente a partir de la denuncia por presunto abuso sexual en la que serían víctimas los hijos menores de J. C.. Y es vital tener en cuenta las fechas de los distintos actos jurídicos: la denuncia y prohibición de acercamiento fueron confeccionadas el 22 de abril, los informes cuestionados a L.R.D el 20, 21 y 22 de abril, de los cuales se desprende que los pedidos de informes fueron solicitados por el Defensor Oficial Dr. Salvetti, conforme lo plasmado en el oficio Nº 27DPONNyA/22 y que solo constan en el expediente administrativo que tramitaba en la Secretaría de Niñez de la municipalidad.
Al tiempo que corresponde destacar que no obran en autos copias del expediente penal en el cual se ordenó la prohibición de acercamiento, solo las actuaciones policiales de la denuncia y la notificación de la medida ordenada.
En consecuencia, no se encuentra debidamente acreditado que los informes confeccionados por el imputado hayan tenido incidencia concreta en el dictado de las medidas cautelares dispuestas en sede judicial, extremo que la acusación incorporó expresamente dentro de la plataforma fáctica atribuida.
Una interpretación extensiva del art. 248 del Código Penal que permitiera criminalizar cualquier actuación profesional irregular, imprudente o éticamente cuestionable importaría desdibujar los límites impuestos por el principio de legalidad y transformar el derecho penal en una herramienta de control genérico de la actividad administrativa Otro de las circunstancias imputadas a Lepifan consiste en haber omitido información proporcionada por el denunciante, haber modificado otras y volcar información falsa.
Cabe formularnos algunas interrogantes ¿qué es lo que omitió en su informe L.R.D? ¿Qué es lo que modificó? ¿Cuál es el dato falso incorporado? En este caso la acusación se mantuvo en un plano predominantemente valorativo y genérico, sin individualizar con claridad cuáles serían las afirmaciones objetivamente falsas incorporadas a los informes ni cual habría sido la concreta alteración de contenido atribuible al imputado.
Y aquí corresponde señalar que no se pueden obtener respuestas certeras. No se le exhibieron al denunciante los informes confeccionados en el mes de abril del año 2022 por parte del imputado y se le preguntó en qué parte del mismo hay información falsa, que se omitió o modificó.
S.M.A. solo hizo menciones genéricas en sus declaraciones, como ser que se omitió consignar la mitad de sus dichos, existe información falsa en relación al estado de la vivienda, higiene y salud de los niños, y que estas modificaciones eran a favor de su ex pareja. Solo hay una descripción concreta de lo que se omite, cuando detalló: "...la libreta de vacunación de ambos niños la completé yo y eso no figura en el informe, porque los niños no tenían vacunas, por negativa de la madre…". Y sobre esta omisión aún tomando el hecho como cierto, ello no permite tener por configurada la falsedad ideológica penalmente relevante, pues no se acreditó que el imputado hubiera incorporado deliberadamente una afirmación objetivamente falsa sobre un hecho esencial que el documento estuviera destinado a probar. A este apartado del hecho imputado se le consignó la calificación jurídica de "Falsedad Ideológica de documento público" previsto en el art. 293 del CP y tiene como bien jurídico protegido la "...fiabilidad objetiva del tráfico jurídico..." (Gustavo Arocena "Falsedades documentales, editorial Hammurabi, Jose Luis Depalma Editor, año 2018. pág. 36).
El tipo penal exige para su configuración que se incorporen en un documento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debe probar y un informe social no es una certificación de verdad absoluta. En dicho sentido debe tenerse especialmente en cuenta que los informes socioambientales no constituyen instrumentos destinados a certificar hechos de manera fedataria, sino documentos técnicos que contienen observaciones profesionales, apreciaciones contextuales y valoraciones elaboradas a partir de entrevistas y relevamientos domiciliarios. En consecuencia, eventuales omisiones, enfoques parciales, apreciaciones discutibles o deficiencias metodológicas no se traducen automáticamente en la configuración del delito de falsedad ideológica, salvo que se acredite de manera concreta la incorporación consciente de datos objetivamente falsos sobre extremos esenciales del documento.
El derecho penal no sanciona informes técnicamente discutibles ni actuaciones profesionales eventualmente parciales; sanciona la inserción dolosa de falsedades relevantes en instrumentos públicos. Confundir ambos planos implicaría expandir indebidamente el ámbito de criminalización hacia situaciones propias del control administrativo o disciplinario.
Recordemos que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico, solo puede intervenir ante conductas -por acción u omisión- que posean entidad suficiente para lesionar o poner en peligro real un bien jurídico especialmente protegido, por lo que no toda omisión tiene relevancia penal, únicamente aquella que por su gravedad y por el deber jurídico concreto incumplido, trasciende el ámbito de la mera irregularidad administrativa o ética y se proyecta como una afectación significativa al bien jurídico tutelado en el tipo penal.
Las deficiencias probatorias verificadas en autos no sólo impiden alcanzar el grado de certeza requerido par aun pronunciamiento condenatorio,sino que además revelan serias insuficiencias en la delimitación típica de la conducta atribuída, particularmente lo relativo a la identificación del deber funcional presuntamente incumplido y de las concretas falsedades ideológicas que se habrían incorporado a los documentos cuestionados.
Si bien del análisis del caudal probatorio se desprende que el imputado materializó hechos que pueden ser cuestionados dentro del derecho administrativo o por parte del consejo profesional de graduados en trabajo social de la provincia de Santa Cruz, lo cierto es que no se ha alcanzado el grado de certeza que exige la legislación penal para un pronunciamiento condenatorio, nos encontramos ante una duda insuperable debido a la falta de precisión en la descripción del hecho imputado, que provocó un déficit en la reconstrucción del hecho que impide alcanzar el grado de certeza positiva que exige todo pronunciamiento condenatorio para destruir la presunción de inocencia. Vale recordar que el sistema de justicia penal exige una convicción absoluta y no meramente probable para desvirtuar este principio. Frente a una imputación penal cuya delimitación fáctica y típica presenta las deficiencias antes señaladas, y ante un cuadro probatorio insuficiente para acreditar con certeza tanto el incumplimiento funcional doloso como la incorporación consciente de falsedades ideológicas relevantes, corresponde estar al principio in dubio pro reo, derivación directa del estado constitucional de inocencia.
Por todo ello, corresponde aplicar lo previsto en el art. 4 y 385 del CPP, debiendo ser absuelto Rubén Darío Lepifan por no haberse alcanzado el grado de certeza positiva requerido para un pronunciamiento condenatorio .
TERCERA CUESTIÓN: ¿Cuál es el pronunciamiento que corresponde dictar?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Conforme lo analizado en el punto anterior, corresponde absolver a L.R.D. en orden a los delitos de “Violación a los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de documentos públicos” (arts. 248, 293 primer párrafo y 54 del Código Penal) por aplicación del art. 4 del Código Procesal Penal. Asimismo, deben levantarse las restricciones y medidas cautelares que pesaban sobre el encartado.
Por aplicación de las normas del Código Procesal Penal, de la Ley N° 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) y el art. 11 bis de la Ley N° 24.660, modificada por Ley N° 27.375 es procedente poner en conocimiento del damnificado el resultado de la causa.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383 y 385 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1).- ABSOLVER a L.R.D., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden a los delitos de “Violación a los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de documentos públicos” (arts. 248, 293 primer párrafo y 54 del Código Penal) por aplicación del art. 4 del Código Procesal Penal.
2).- DEJAR SIN EFECTO las restricciones y/o medidas cautelares que pesaban sobre L.R.D., debiéndose librar los oficios a los registros y organismos respectivos. 3).- INFORMAR de la presente sentencia a la parte damnificada, conforme lo establecido en la Ley 27372.
4).- REGISTRESE, NOTIFIQUESE, OFICIESE, COMUNIQUESE y fecho REMÍTASE a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fernando Zanetta Jorge Daniel Yance María Alejandra Vila Juez Subrogante Juez Presidenta Ante mí:
Fernanda Tuñón Secretaria
Fin de la sentencia