Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8354 FOLIO Nº 025/027 PROT. ELECT. JR101229I.231
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada “L.R.A. S/ TENENCIA DE ARMA (EXPTE. Nº 22.892/21, REM. POR EL JUZG. INST. Nº 3 –RGL-)” Expte. Nº 84378/22, Apelación Nº 8587/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 41/43, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.A.L., en orden al delito de “tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” (arts. 189 bis inc. 2 segundo párrafo del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000). Que a fs. 49/50 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 54 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a partir del punto III) del recurso incoado, sostuvo la defensa que el auto atacado causa un agravio irreparable a su defendido, pues -a su juicio- resulta insostenible e infundado para sustentar tal acusación. Así, cuestionó la carencia de elementos de convicción que acrediten la comisión del delito endilgado a su asistido.
Efectuó un planteo de nulidad, en cual –textualmente- dijo: “En virtud del procedimiento llevado a cabo por personal de la Gendarmería Nacional en el domicilio sito en calle C. N°XX de esta ciudad, donde se encontró un arma de fuego de puño tipo pistola, marca mauser, serie N°299365, calibre 6.35 puedo mencionar, que de la interpretación de los hechos de los cuales se endilga a mi asistido la tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal, resulta nula, y en consecuencia carece de validez ya que esta defensa advierte que según el informe de pericia balística glosado a fjs. 10/18 el arma presenta un funcionamiento “anormal”, según el resultado de dicha pericia fue forzado su disparo en el segundo intento.”. En otro aspecto, destacó que el arma se encontraba sin municiones y sin el cargador puesto, por lo que –aseguró- no representaba un peligro para terceros y menos aún para la seguridad pública.
En su crítica al encuadre legal, postuló que en presencia de tipos penales de peligro abstracto, se debe verificar la presencia de una acción objetivamente riesgosa por parte del autor dirigida a la afectación del bien jurídico. Indicó que estas figuras no se pueden concebir como meros delitos formales, por el contrario –dijo- es necesario que la conducta del autor objetivamente resulte riesgosa y ponga en peligro el bien jurídico tutelado. En particular, señaló que el arma secuestrada se encontraba descargada, con anomalías en su funcionamiento, no habiéndose constatado la existencia de municiones en el lugar donde fue encontrada el arma.
Por otro lado, destacó que según el informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) el arma en cuestión, no se encuentra registrada, ni posee pedido de secuestro.
Aseguró no alcanzar a vislumbrar cuál es la afectación al bien jurídico protegido por la norma penal.
A la luz de las constancias de autos, entendió que el procesamiento aparece como un castigo penal, ante la presunta comisión de una falta de tipo administrativa o contravencional (la no registración en el RENAR o REPAR).
Por último, cuestionó el monto de embargo dispuesto en el auto de procesamiento, pues a su criterio resulta excesivo, y a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del mismo.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, habiendo efectuado la defensa un planteo de nulidad, se impone alterar el orden de tratamiento de los agravios impetrados, debiendo ocuparnos en primer término de este cuestionamiento, para luego, llegado el caso, analizar las restantes críticas.
Al respecto, resulta engorrosa la lectura del planteo, toda vez que no surge claro si tacha de nulidad el procedimiento llevado a cabo por personal de la Gendarmería Nacional en el domicilio sito en calle C. N° XX de Río Gallegos, o el auto de procesamiento en general pues, inicialmente, se refirió a la aludida diligencia, para luego mencionar que la tenencia de armas que se endilga a su representado, resulta nula, pues el arma presentaría un funcionamiento “anormal”. Veamos, si lo que pretendía la defensa era plantear la nulidad de la diligencia, no señaló los vicios que la podrían invalidar, y así anular los consecuentes actos.
Así, toda vez que no es clara la redacción, también podría pretender que se declare la nulidad del auto de procesamiento en virtud del funcionamiento anormal del arma.
En cualquiera de los dos supuestos, en caso de acogerse la pretensión, culminaría con la declaración de nulidad del procesamiento.
En líneas generales, debemos considerar que: “La nulidad es una sanción procesal por la cual se declara inválido un acto del proceso, privándolo de sus efectos en virtud de haber sido realizado de modo contrario a la ley. Es un remedio excepcional y restricto, que cede siempre ante los principios de conservación y trascendencia.” (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; pág. 637). En otras palabras, la regla es la conservación del acto, y la excepción será la declaración de nulidad, en los casos que se afecten formas esenciales del procedimiento o vulneren garantías constitucionales.
Que, esta alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). En el caso que nos ocupa, como adelantamos, la redacción no es clara, lo cual obstaculiza la identificación del vicio. Asimismo, no se individualizó el perjuicio o merma de los derechos y garantías del imputado por las que deba declararse su nulidad, razón por la cual, se rechazará el planteo.
En relación a la crítica referida a la calificación legal atribuida al imputado, del estudio de la resolución recurrida se observa que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” (art. 189 bis, inc. 2 –segundo párrafo- del Código Penal). En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
En relación al señalamiento, acerca de que el arma se habría encontrado descargada, con anomalías en su funcionamiento, y no se habría constatado la existencia de municiones en el lugar donde fue hallada, cabe aclarar a la defensa que ello no impide el procesamiento por el mencionado delito; pues a título de ejemplo, en similar situación, se ha decidido: “El arma descargada no pierde su condición a los fines de configurar la acción típica prevista en la figura del art. 189 bis, apartado 2°, primer párr. del Código Penal, pues esta consiste en tener un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, de modo tal que el agente pueda disponer físicamente de ella en cualquier momento, llevándola en su poder o dejándola “guardada” en algún lugar.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala II; 12/10/2017; “A., G. E. y otro s/ ampliación de procesamiento”; LA LEY 29/12/2017, 29/12/2017, 6 - LA LEY2018-A, 108; Cita Online: AR/JUR/78961/2017). Por último, en relación al planteo relativo al embargo fijado, al efectuar una atenta lectura de la resolución, surge que la Magistrada en el punto IV) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 41/43, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia