Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 22/23 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2Tener presente la reserva de casación y del Recurso Extraordinario Federal incoada por la defensa. 3º)-
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.270 FOLIO Nº 044/051 PROT. ELECT. JR101 418I.261
Río Gallegos, 21 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: "E.L.E.
S/SOLICITA EXCARCELACION", Expte. Nº 84.525/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.335/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 22/23 del presente incidente obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) denegó la excarcelación solicitada a favor de L.E.E..
Que a fs. 25/28vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 44 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna, con lo cual en respeto de los plazos procesales, teniendo en cuenta que el imputado se encuentra privado de la libertad, quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por la defensa.
1. Del déficit de fundamentación:
Sostiene la defensa que la resolución recurrida carece de motivación suficiente al no demostrar la existencia actual, concreta e individualizada de un riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento probatorio. Argumenta que la mera mención de la naturaleza del delito, la vulnerabilidad de la víctima o el contexto de violencia de género no suple la obligación judicial de probar el peligro procesal. Que analizando este primer punto de agravio, entendemos que corresponde desestimarlo, por cuanto observamos que la resolución recurrida cuenta con motivación suficiente e idónea. Sucede que para la acreditación de los peligros procesales en materia cautelar no se exige una certeza matemática ni la prueba de un hecho consumado de fuga o entorpecimiento, sino un juicio de probabilidad fundado en elementos objetivos obrantes en el legajo. Más aún, en los delitos contra la integridad sexual perpetrados en contextos de asimetría y violencia de género, las características del hecho imputado y la entidad de la pena en expectativa -junto con la severa vulnerabilidad de la presunta víctima-, constituyen parámetros objetivos que sustentan razonablemente la presunción procesal. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención Belém Do Pará) incorporada a nivel nacional por la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan relaciones interpersonales”, impone el deber de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. 2.- La protección de la presunta víctima no constituye, por sí sola, un fin autónomo que justifique la prisión preventiva: Afirma la defensa que la obligación estatal de resguardar a las víctimas de violencia sexual no puede erigirse en un fundamento cautelar autónomo para mantener la privación de libertad desvinculada de los fines procesales ordinarios. Invoca estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia nacional que imponen el carácter excepcional de la prisión preventiva y exigen justificar los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Con respecto a este segundo agravio, entendemos que corresponde rechazar la postura de la defensa al sostener que la protección de la víctima carece de naturaleza cautelar.
En el marco del deber de debida diligencia reforzada impuesto por el art. 7 de la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW, el resguardo de la presunta víctima frente a posibles conductas de amedrentamiento o intimidación constituye una dimensión intrínseca del peligro de entorpecimiento probatorio. Asegurar la incolumidad física y psicológica de la víctima resulta indispensable para preservar la indemnidad de la prueba testimonial sustancial en la futura etapa de juicio oral, lo que dota a dicha protección de un fin estrictamente procesal y legítimo. La ley 27.372 de “Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”, reconoce expresamente a la víctima como un sujeto activo del proceso con derecho a recibir protección efectiva frente a intimidaciones o represalias, obligando a las autoridades judiciales a adoptar medidas inmediatas para minimizar las molestias derivadas del trámite procesal, evitar contactos innecesarios con el imputado y prevenir situaciones de revictimización secundaria.
Asimismo, el deber de debida diligencia reforzada consagrado en el artículo 7, incisos b) y d), de la Convención de Belém do Pará (Ley N° 24.632) y en la Convención CEDAW (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), junto con la Ley N° 26.485, imponen al Estado el mandato imperativo de actuar con celeridad y eficacia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tal como lo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v.gr., Caso López Soto vs. Venezuela, Sentencia de septiembre de 2018) y el Comité CEDAW (Comunicaciones 5/2005 y 22/2003), la inacción o la omisión estatal en la adopción de medidas cautelares eficaces ante la existencia de riesgos reales para la víctima compromete la responsabilidad internacional del Estado al dejar sin efecto sus derechos humanos fundamentales a la vida e integridad física y mental frente a las prerrogativas del imputado. Evitar el severo impacto de miedo, angustia y retraimiento que la libertad del presunto agresor genera en la damnificada no configura una pena anticipada, sino una condición de validez procesal imprescindible para asegurar que el principal órgano de prueba pueda prestar testimonio en las instancias ulteriores con la espontaneidad, tranquilidad y libertad necesarias. 3.- La resolución no acredita el peligro de entorpecimiento ni peligro concreto de fuga: Alega que la etapa investigativa se encuentra concluida, por lo que no existen diligencias pendientes que el imputado pueda obstaculizar. Cuestiona que el juzgador no haya identificado ningún testigo a intimidar ni prueba a destruir. Sostiene que no existe conducta de su asistido dirigida a eludir la acción de la justicia (ausencia de arraigo debilitado, ocultamiento o antecedentes de incumplimiento), fundamentándose la resolución en la sola gravedad de la imputación. Que este tercer agravio no prosperará, toda vez que el hecho que la causa principal se encuentre completa y próxima a la conclusión de la etapa de instrucción formal no extingue el riesgo de entorpecimiento, ya que el núcleo probatorio decisivo (la declaración de la víctima y testimonios del entorno) debe reproducirse en la etapa de juicio bajo los principios de inmediación y contradicción. La libertad del imputado situaría a la víctima en un escenario de vulnerabilidad propicio para presiones directas o indirectas destinadas a alterar su testimonio.
Por el contrario a lo argumentado por la defensa, entendemos que la inminencia de la realización del debate plenario frente a un cuadro imputativo grave con severa expectativa de pena de cumplimiento efectivo incrementa exponencialmente la probabilidad de elusión de la justicia, tornando plenamente aplicable el art. 300 inc. 1 en función del art. 299 del Código Procesal Penal.
4. La perspectiva de género no exime de fundamentar la necesidad de la prisión preventiva: Aclara no cuestionar el deber de juzgar con perspectiva de género, pero arguye que esta no puede utilizarse como una presunción iure et de jure de peligrosidad para presumir de pleno derecho el riesgo procesal en todo hecho de violencia de género. Exige una valoración contextual que demuestre de qué forma concreta la seguridad de la víctima requiere indispensablemente el encarcelamiento.
Este agravio será rechazado, puesto que la incorporación de la perspectiva de género en la resolución denegatoria no constituye un automatismo cautelar ni una presunción iure et de jure de peligrosidad como argumenta la defensa, sino que constituye el cumplimiento de una pauta hermenéutica constitucional y convencional obligatoria.
Dicha perspectiva exige al juzgador ponderar contextualmente la relación desigual de poder y la vulnerabilidad de la víctima a fin de evaluar adecuadamente la magnitud real del riesgo de injerencia sobre el proceso, sin que ello implique prescindir de las exigencias del debido proceso. Y en el caso de marras concuerdo con las apreciaciones sobre este punto efectuadas por el Sr. Juez de grado.
5. De la ausencia de análisis real de medidas menos gravosas: Tacha de dogmática la afirmación judicial respecto a que "no existe una medida menos gravosa". Remarca que la defensa ofreció un abanico de alternativas (prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio, dispositivo de monitoreo electrónico, fijación de domicilio, presentaciones periódicas y caución) sin que el juez explicara por qué tales medidas resultarían insuficientes. La alegación de la defensa resulta improcedente, toda vez que advertimos que el Sr. Magistrado de grado examinó la viabilidad de medidas alternativas y concluyó motivadamente en su insuficiencia. Frente a la vulnerabilidad de la víctima basada en la relación desigual de poder y el contexto en que se habría desarrollado el hecho investigado, se advierte como riesgo latente el amedrentamiento, concordando que las medidas sustitutivas tales como perímetros de acercamiento, tobilleras de monitoreo o cauciones, resultan inidóneas para neutralizar el impacto psicológico y la coacción moral que la sola libertad del encausado puede proyectar sobre la víctima y su ámbito familiar.
6. El principio de proporcionalidad exige una explicación concreta: Sostiene que la resolución cita de manera nominal los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pero omite un examen sopesado entre el sacrificio del estado constitucional de inocencia y el beneficio cautelar pretendido, derivando en un razonamiento dogmático. Ingresando en el abordaje del sexto agravio vertido por la defensa técnica, en el cual denuncia que el resolutorio recurrido efectuó una mera ponderación dogmática y nominal de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, prescindiendo de un análisis sopesado frente al estado de inocencia, adelantamos que el planteo no habrá de prosperar. Contrariamente a lo aseverado por el apelante, la resolución puesta en crisis no padece de la orfandad motivacional alegada, sino que cumple y satisface acabadamente el estándar de proporcionalidad en sus tres dimensiones constitutivas, habiendo merituado de forma concreta y no abstracta los elementos objetivos obrantes en el legajo: 1) Subprincipio de Idoneidad:
observamos que la Instrucción argumentó debidamente que la privación cautelar de la libertad resulta ser la medida adecuada y apta para neutralizar la conjunción de los riesgos procesales. Al respecto, no puede soslayarse la trascendencia de la instancia procesal que atraviesan las actuaciones. El imputado cuenta con un auto de procesamiento firme por el delito de abuso sexual con acceso carnal y la causa se encuentra próxima a su elevación a juicio. Esta consolidación de la hipótesis incriminatoria en un juicio de probabilidad afirmativa reduce drásticamente la expectativa de una resolución favorable e incrementa exponencialmente las chances de elusión de la justicia ante la inminencia de la realización del debate oral, donde una eventual condena resultaría indefectiblemente de cumplimiento efectivo. A su vez, la medida es idónea para resguardar la prueba testimonial dirimente en el plenario. En el proceso penal, las declaraciones recibidas durante la instrucción preliminar deben reeditárse, ampliarse y someterse al contradictorio ante el tribunal de juicio. Por ende, la prisión preventiva garantiza de manera directa la sujeción del procesado al debate y protege la libertad emocional y espontaneidad de la víctima para deponer en dicha instancia.
2. Subprincipio de Necesidad: En la presente etapa avanzada de la causa, las medidas de coerción de menor intensidad, tales como la sujeción a un dispositivo electrónico de rastreo o la imposición de pautas de conducta y prohibiciones de acercamiento, devienen manifiestamente ineficaces e insuficientes para garantizar con igual eficacia los fines del proceso. En delitos contra la integridad sexual, caracterizados por dinámicas de sometimiento y asimetría de poder, el conocimiento por parte del procesado de la identidad, entorno y rutinas de la víctima genera un riesgo latente de hostigamiento, presión o amedrentamiento directo o indirecto. La gravedad de la conducta enrostrada y la inminencia del juzgamiento descartan que el imputado vaya a autolimitarse mediante reglas de conducta de inferior graduación, tornando indispensable la privación cautelar como único remedio capaz de aislar la producción probatoria del debate de toda interferencia indebida.
3. Proporcionalidad: El sacrificio temporal del derecho a la libertad ambulatoria del imputado -amparado interinamente por el estado de inocencia-, no resulta desmedido ni arbitrario, sino que se exhibe plenamente justificado en función del rango de los bienes jurídicos tutelados y la intensidad de los fines cautelares perseguidos. En este juicio de sopesamiento, la garantía procesal del imputado a transitar el proceso en libertad debe conjugarse con mandatos de rango constitucional y convencional de igual o superior entidad: el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva, a la preservación de su integridad física, psíquica y moral, y a no ser objeto de revictimización secundaria. Tales derechos encuentran amparo expreso en la Ley Nacional N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Convención de Belém do Pará (art. 7.b) y la Convención CEDAW (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Prevenir que la cercanía del juicio oral y la eventual libertad del procesado generen en la víctima un impacto emocional de miedo, zozobra o retraimiento que condicione o frustre su valiosa aportación testimonial resulta una condición de validez procesal sustancial para evitar la impunidad.
Por todo lo valorado, habiendo acreditado el a quo la concurrencia de circunstancias objetivas de riesgo procesal que superan la mera cita abstracta, corresponde rechazar el agravio bajo estudio y confirmar lo resuelto en la instancia de origen.
7. La revisión actual de la medida cautelar: Sostiene que la validez de la prisión preventiva exige examinar el estado actual de la causa. Critica que el juez de grado y la Fiscalía se hayan remitido dogmáticamente al dictamen del 9 de junio de 2026 y a la confirmación de procesamiento del 23 de julio de 2026, confundiendo la existencia de mérito sustantivo para procesar con la concurrencia de riesgos cautelares para excarcelar.
Abordando el séptimo agravio incoado por la defensa técnica, en el cual sostiene que el juzgador de grado incurrió en una remisión extemporánea y dogmática al dictamen fiscal del 9 de junio de 2026 y a la confirmación de procesamiento dictada por esta Alzada el 23 de julio de 2026, aduciendo que se ha confundido el mérito sustantivo de la imputación con la existencia actual de peligros procesales, se adelanta que la crítica no habrá de prosperar.
Contrariamente a la postura de la parte recurrente, la referencia a las decisiones y dictámenes precedentes no responde a un automatismo judicial o a una aplicación acrítica del derecho, sino a la constatación objetiva de que las circunstancias fácticas y los presupuestos de riesgo cautelar que motivaron oportunamente el encarcelamiento preventivo se mantienen plenamente vigentes e inalterados. En materia de medidas de coerción personal, si bien rige de manera invariable el principio de mutabilidad cautelar; ello también implica que la vigencia, revocación o sustitución de la prisión preventiva se encuentra supeditada a la subsistencia o variación de los presupuestos de hecho que le dieron origen.
Bajo esta premisa, la sola petición de una "revisión actual" o la invocación del transcurso del tiempo no resultan suficientes para habilitar la excarcelación si la parte interesada no alegare ni probare una alteración sustancial o un hecho nuevo que modifique el cuadro de peligro procesal imperante.
En el caso de marras, la defensa se limita a cuestionar formalmente la remisión temporal a actuaciones previas, pero omite demostrar qué condición fáctica, personal o probatoria habría variado en favor de su asistido para tornar innecesario el encierro cautelar. Asimismo corresponde descartar la alegada confusión entre el mérito sustantivo y la cautelaridad del encarcelamiento. Si bien el auto de procesamiento se orienta a determinar la existencia del hecho y la probabilidad de autoría (mérito sustantivo), la consolidación de dicho pronunciamiento mediante la confirmación dictada por esta Alzada en fecha 23 de julio de 2026 (por su Juez titular) ejerce una incidencia directa sobre la evaluación del peligro procesal, toda vez que al haberse ratificado en sede de apelación un juicio de probabilidad afirmativa respecto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, la expectativa de una resolución favorable para el encausado se reduce drásticamente. Frente a la inminencia del requerimiento de elevación a juicio y la expectativa de que, de recaer condena, la misma será de cumplimiento efectivo, el peligro de fuga no disminuye, sino que se incrementa de forma objetiva ante la proximidad del juzgamiento.
Del mismo modo, respecto del peligro de entorpecimiento probatorio, no debe perderse de vista que en los delitos de esta índole la prueba testimonial resulta dirimente y deberá reeditarse, ampliarse y someterse a contradicción en la etapa de debate oral.
Por consiguiente, la consolidación del mérito sustantivo refuerza la necesidad procesal de proteger la indemnidad física y psicológica de la víctima frente a eventuales maniobras de hostigamiento o amedrentamiento, garantizando que su testimonio se preste en la próxima etapa procesal con absoluta libertad y espontaneidad, en cumplimiento de los mandatos de la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas, la Ley N° 26.485 y el principio de debida diligencia reforzada (art. 7 de la Convención de Belém do Pará y Convención CEDAW).
Por último, cabe analizarse que la remisión a resoluciones dictadas en junio y julio del corriente año 2026 demuestra que la situación cautelar del procesado no ha sido objeto de abandono u omisión, sino de una supervisión judicial periódica, cercana y continua. El lapso transcurrido entre la confirmación del procesamiento y la presente revisión es mínimo y se encuentra holgadamente dentro de los parámetros de razonabilidad temporal exigidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y nuestro ordenamiento procesal. Por lo tanto, no existiendo variación de los presupuestos fácticos, habiéndose intensificado la necesidad cautelar por la proximidad del juicio y respetándose las garantías constitucionales del debido proceso, corresponde rechazar el séptimo agravio y confirmar la resolución impugnada. 8.- La protección de la víctima puede garantizarse sin sacrificar innecesariamente la libertad del imputado: Reitera que no se busca desproteger a la presunta víctima, sino garantizar su seguridad mediante restricciones específicas y eficaces (prohibiciones de acercamiento, restricción de contacto directo o por terceros y control electrónico) que armonicen ambos intereses protegidos sin recurrir al encierro. Ahora bien, pese al esfuerzo de la defensa, entendemos que no resulta factible en el caso en análisis acoger la solución de armonización propuesta por la defensa cuando existe una amenaza concreta a la integridad de la víctima y a la realización del juicio. Ante la colisión entre el derecho a la libertad ambulatoria durante el proceso y la necesidad de evitar la revictimización y el amedrentamiento de la pretensa víctima de violencia sexual, en el ordenamiento constitucional prima el resguardo integral de la salud e incolumidad de la joven. Es por ello que este agravio queda descartado.
9. De las normas constitucionales que regulan la medida de seguridad. Parcialidad de los Jueces de Instrucción intervinientes. Parcialidad del Dr. N.S.: Invoca el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denunciando que los jueces omiten aplicar o analizar estas normas que imponen la libertad como regla.
Añade que la cita de fórmulas genéricas evidencia un actuar parcial de los magistrados intervinientes (mencionando al Dr. N.A.S. y al Juez de Instrucción), lo que –a su entender- acarrea la nulidad de lo actuado.
Abordando el estudio del agravio vertido por la representación técnica, en el cual denuncia que las decisiones judiciales precedentes han omitido analizar el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que consagran la libertad como regla general, sosteniendo además que el uso de fórmulas dogmáticas evidencia una actuación parcial del Juez de Instrucción y del Sr. Juez titular de esta Alzada (Dr. N.A.S.) que acarrearía la nulidad de lo actuado, se adelanta que el planteo no habrá de prosperar.
En primer término, resulta jurídicamente desacertado afirmar que la mantención del encierro cautelar transgrede las pautas fijadas por el art. 7.5 de la CADH o el art. 9.3 del PIDCP. Si bien este Juez de Recursos Subrogante reafirma de manera irrestricta que el estado de inocencia (art. 18 de la C.N.) impone que la libertad del imputado sea la regla durante la sustanciación del proceso penal, los propios instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.) no establecen un derecho a la libertad automática e irrestricta.
Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7.5) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3) autorizan expresamente que la libertad del justiciable sea subordinada a garantías o restricciones cuando concurran fines procesales legítimos, debidamente acreditados en la causa. Conforme lo ha precisado la jurisprudencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, casos López Álvarez vs. Honduras, Suárez Rosero vs. Ecuador y Barreto Leiva vs. Venezuela), la prisión preventiva no deviene convencional e inconstitucional per se, siempre que responda a la necesidad de neutralizar riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación, preservando la eficacia de la función jurisdiccional. En la especie, la restricción de la libertad del imputado no responde a una presunción automática de culpabilidad, sino a la existencia comprobada de pautas objetivas de riesgo procesal que, asociadas a la inminencia del debate oral y a la imperiosa necesidad de resguardar la intangibilidad de la prueba testimonial de la víctima frente a eventuales maniobras de amedrentamiento, tornan legítima y convencional la medida cautelar dispuesta.
En segundo lugar, se advierte que la imputación de "parcialidad" o "actuar subjetivo" formulada contra el Juez de Instrucción y el Sr. Juez titular de este Juzgado de Recursos (Dr. N.A.S.) —cuya jurisdicción ejerce el suscripto por subrogancia legal— carece de todo sustento objetivo y se erige como una mera especulación de la parte recurrente. La garantía de imparcialidad del juzgador, consagrada en los artículos 18 de la C.N., 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCP, constituye un pilar esencial del debido proceso. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte IDH (caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela), la imparcialidad de los magistrados se presume, y para conmover dicha presunción la parte interesada debe alegar y probar la concurrencia de elementos objetivos, graves y concretos de sesgo o prejuzgamiento. En este orden de ideas, la simple disconformidad o el desacuerdo de la defensa técnica con el criterio jurídico adoptado por los magistrados en sus pronunciamientos no demuestra subjetividad, enemistad ni quebrantamiento del deber de neutralidad, sino que constituye un mero juicio discrepante.
Admitir que el dictado de una resolución desfavorable a los intereses de la defensa configure per se un indicio de parcialidad que obligue al apartamiento de los jueces tornaría inviable el funcionamiento del sistema de justicia, desnaturalizaría el instituto de la recusación y violentaría de manera directa la garantía constitucional del Juez Natural (art. 18 C.N. y arts. 49 y 53 del CPP).
Los magistrados intervinientes han actuado en todo momento dentro de los límites estrictos de su competencia legal y jurisdiccional, sujetando sus decisiones a las pautas del debido proceso penal.
Por último, corresponde rechazar categóricamente la pretensión de declarar la nulidad de lo actuado fundada en la supuesta utilización de "fórmulas genéricas". Siguiendo los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 323:929) e invariable doctrina de esta Alzada (Apelaciones N° 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22, 9887/25, 9961/26 y 10.022/26, entre otras), el sistema de nulidades procesales se rige por un criterio de interpretación restrictiva y por el principio de conservación de los actos procesales.
En nuestro ordenamiento procesal no existe la declaración de "nulidad por la nulidad misma" o para satisfacer meros formalismos vacíos. Para que la sanción procesal de nulidad resulte procedente, la parte que la invoca tiene la carga de demostrar la existencia de un perjuicio efectivo, real, concreto e irreparable a la garantía de la defensa en juicio.
En las presentes actuaciones, la defensa omite precisar de qué manera se habrían cercenado sus facultades defensivas o qué actos de prueba se vio impedida de controlar o producir, advirtiéndose que sus derechos y garantías constitucionales se han mantenido incólumes a lo largo de toda la tramitación de la causa.
Tratándose la resolución impugnada de una derivación razonada del derecho vigente fundada en la prueba producida, corresponde desestimar el planteo nulificatorio formulado, rechazar el agravio bajo estudio y confirmar el decisorio recurrido en todos sus puntos. 10.-
De la violación a la garantía de igualdad ante la ley: Alega la vulneración del art. 16 de la Constitución Nacional al citar precedentes locales por delitos análogos de abuso sexual ("TM S/ Abuso Sexual" Expte. N° 6661/14 y "H.D.A. S/ Denuncia Abuso Sexual Agravado" Apelación 6553/19), en los cuales los imputados transitaron el proceso en libertad, denunciando un trato disímil y arbitrario hacia su representado. Abordando el estudio del décimo agravio esgrimido por la representación técnica, en el cual denuncia la conculcación de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, alegando un trato disímil y arbitrario respecto de su asistido en cotejo con lo resuelto en los antecedentes locales "TM S/ Abuso Sexual" (Expte. N° 6661/14) y "H.D.A. S/ Denuncia Abuso Sexual Agravado" (Apelación N° 6553/19) —en los cuales los imputados transitaron el proceso en libertad—, se adelanta que el planteo no habrá de prosperar. En primer lugar, resulta necesario precisar la doctrina sobre la norma invocada. De manera inveterada y pacífica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna -y receptada en el plexo convencional con jerarquía constitucional-, no otorga un derecho a una equiparación matemática o mecánica, sino que exige un trato equivalente para quienes se encuentran en idénticas o análogas condiciones y circunstancias.
Por consiguiente, la sola coincidencia en la norma sustantiva atribuida (v.gr., la familia de delitos contra la integridad sexual) no configura per se una situación de identidad fáctica que obligue a la judicatura a aplicar idéntica solución en materia cautelar.
La garantía constitucional de la igualdad no se transgrede cuando la distinción de trato responde a la existencia de diferencias objetivas en las condiciones de hecho, personales, vinculares o procesales de los legajos cotejados.
En segundo término, la pretensión defensiva de trasladar de manera automática las soluciones excarcelatorias de otros legajos al presente caso desconoce la naturaleza jurídica misma del régimen de la coerción personal.
En el marco del derecho procesal penal, las medidas cautelares -y en especial la prisión preventiva-, están sujetas al principio de individualización y evaluación in concreto del peligro procesal (peligro de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación). Un juicio de riesgo procesal no es una abstracción ni una fórmula matemática aplicable en serie a partir de la carátula de un expediente, sino el resultado del análisis ponderado de las variables singulares del caso: la dinámica vincular y relacional específica entre el imputado y la víctima; la existencia o intensidad de actos de amedrentamiento, hostigamiento o ascendiente psicológico ejercidos sobre el entorno de la persona agredida; el estado de avance de las actuaciones (diferenciando la instrucción incipiente de un proceso con auto de procesamiento firme y en vísperas de elevación a juicio plenario); y la vulnerabilidad particular de la víctima en el legajo bajo estudio.
Pretender que la concesión de una libertad en las causas "TM" o "H.D.A." genera un automatismo vinculante para este expediente implica vaciar de contenido la obligación jurisdiccional de merituar los riesgos procesales específicos de este hecho y de este procesado, convirtiendo el análisis cautelar en un automatismo incompatible con el debido proceso. En tercer lugar, el cotejo pretendido por la defensa omite ponderar que en el presente legajo concurren factores de riesgo procesal agravados que no se hayan acreditado o no consten en los precedentes citados. Tratándose de una causa en la que se investiga el delito contra la integridad sexual, con auto de procesamiento firme y próxima a su elevación al debate oral, la expectativa de pena efectiva se encuentra sumamente consolidada, incrementando el peligro de fuga. Paritariamente, la prueba testimonial de la víctima constituye el órgano de prueba dirimente que deberá reeditarse y someterse a contradicción en el plenario.
Conforme los mandatos imperativos de la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la Ley N° 26.485 y el principio de debida diligencia reforzada (art. 7 de la Convención de Belém do Pará y Convención CEDAW), el Estado tiene la obligación convencional de adoptar medidas idóneas para evitar la revictimización de la persona agredida y neutralizar toda interferencia, intimidación o zozobra que pueda condicionar la espontaneidad y libertad de su testimonio hacia el juicio oral. Esa específica exigencia de protección de la indemnidad probatoria en el caso concreto es la que justifica la medida cautelar dispuesta, sin que ello represente discriminación alguna ni trato arbitrario hacia el encausado, sino el cumplimiento de mandatos legales y convencionales específicos de tutela.
Al no haber demostrado la representación técnica la existencia de una estricta y plena identidad de circunstancias objetivas, subjetivas, relacionales y de peligro procesal entre los precedentes invocados y la situación procesal de su asistido en este legajo, el alegado quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.) se diluye en un mero disenso subjetivo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el décimo agravio analizado y confirmar la resolución recurrida en este apartado. 11.- De la arbitrariedad de la resolución por fundamentación aparente: Arguye que la decisión atacada contiene vicios lógicos, errores de redacción (como citar a "Escalante" en lugar de "Escudero") e inconsistencias narrativas que denotan un "copiado y pegado". Sostiene además que la fundamentación es aparente al apoyarse únicamente en la Convención de Belém do Pará, norma que no regula directamente los presupuestos de la prisión preventiva.
Con relación a que se hubiera consignado el apellido "Escalante" en un tramo del resolutorio configura un obvio error material de tipeo que no afecta la validez jurídica del acto, toda vez que de la carátula, número de expediente (N° 84.525/26) y desarrollo de los considerandos y del resuelvo surge con total certeza la identificación del imputado L.E.E.. En ese sentido, no observamos que ese error material pueda invalidar lo resuelto. Por otra parte, entendemos que la resolución se encuentra válidamente sustentada en la aplicación armónica de la Convención de Belém do Pará y las disposiciones procesales locales (arts. 299 y 300 inc. 1 CPP), contando con una estructura lógica coherente. Por todo lo analizado este agravio tampoco prosperará. 12.- Límite de la actuación del Juzgado de Recursos: Advierte que, al haber denegado el juez de grado la excarcelación fundándose en la protección de la víctima bajo la Convención de Belém do Pará, el Juez de Recursos no puede suplir dicha resolución introduciendo de oficio valoraciones sobre peligro de fuga o de entorpecimiento, pues ello violaría la prohibición de la reformatio in peius y situaría al imputado en estado de indefensión.
Abordando el estudio del duodécimo agravio deducido por la defensa técnica, en el cual sostiene que habiendo denegado el juez de grado la excarcelación fundándose de manera prevalente en la protección de la víctima bajo la Convención de Belém do Pará, esta Alzada se encontraría impedida de integrar o suplir dicha resolución introduciendo valoraciones sobre los peligros procesales de fuga o de entorpecimiento, so pena de incurrir en reformatio in peius y situar al imputado en estado de indefensión, se adelanta que el planteo deviene manifiestamente improcedente y habrá de ser desestimado.
En las presentes actuaciones, la decisión de mantener la privación cautelar de la libertad (confirmación de la denegatoria de excarcelación) no altera en modo alguno en perjuicio del encausado la parte dispositiva del resolutorio recurrido, el cual permanece incólume en su resultado práctico. Efectuar una precisión conceptual, integrar la fundamentación jurídica o explicitar de forma concatenada la presencia de los peligros procesales ordinarios (fuga y entorpecimiento) que subyacen al régimen cautelar no constituye una reforma peyorativa prohibida, sino el legítimo ejercicio de la función revisora de la Alzada bajo el aforismo iura novit curia y el deber de fundamentación suficiente que atañe a las decisiones judiciales (arts. 116 y 295 del C.P.P.). Por otra parte, yerra el apelante al catalogar la ponderación de la seguridad de la víctima como un concepto "extraprocesal" o disociado de los riesgos cautelares ordinarios. Tal como se ha explicitado a lo largo de este pronunciamiento, en el marco de investigaciones por delitos contra la integridad sexual y en contextos de violencia de género, el resguardo de la incolumidad física y psicológica de la víctima frente a potenciales actos de intimidación o hostigamiento constituye una dimensión intrínseca y directa del peligro de entorpecimiento de la investigación y del futuro juicio plenario. Garantizar que el principal órgano de prueba testimonial pueda acudir al debate oral a prestar declaración con absoluta espontaneidad y libre de presiones es la máxima expresión de la tutela de la regularidad del proceso penal. Por consiguiente, cuando el juez de grado deniega la excarcelación fundándose en la tutela de la víctima bajo la Convención de Belém do Pará, la Ley N° 26.485 y la Ley N° 27.372, está valorando de manera concreta la presencia del riesgo de entorpecimiento probatorio.
Al interponer el recurso de apelación contra la denegatoria de excarcelación, la propia defensa abre de pleno derecho la competencia funcional de este Juez de Recursos (arts. 25, 299, 300, 315 y 428 del C.P.P.) –por subrogancia legal-, para examinar de manera integral la procedencia o improcedencia del beneficio cautelar. Ello faculta a esta Alzada a revisar si concurren los presupuestos de riesgo que justifican la continuidad del encierro, sin que dicha tarea suponga la introducción "de oficio" de temas ajenos a la litis, toda vez que el objeto del recurso es, precisamente, definir si el imputado debe o no permanecer en libertad durante el proceso.
Finalmente corresponde descartar de plano el pretendido estado de indefensión o la alegada transgresión al principio de congruencia. El principio de congruencia exige una correlación sustancial entre el objeto del recurso y la decisión de la Alzada, asegurando que las partes hayan tenido la oportunidad de debatir los extremos sobre los que recaerá el fallo. En el trámite del incidente excarcelatorio, la controversia se centra de manera excluyente en la existencia o inexistencia de peligrosidad procesal.
La defensa técnica tuvo la plena y efectiva oportunidad de motivar su recurso y presentar el correspondiente memorial de agravios (art. 437 del CPP), argumentando abiertamente sobre la presunta ausencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento. En consecuencia, el tribunal no toma a la parte por sorpresa ni vulnera su derecho de defensa al responder y desestimar sus agravios demostrando técnicamente por qué los peligros procesales se encuentran configurados en la causa. Por las razones expuestas, al verificarse que la confirmación de la decisión recurrida respeta de manera irrestricta la prohibición de la reformatio in peius, preserva el principio de congruencia y se ejercita dentro de los límites estrictos de la competencia funcional de este órgano de revisión a mi cargo por Subrogancia legal, corresponde rechazar el duodécimo agravio analizado y confirmar la resolución impugnada en todos sus términos.
II. Formula expresa reserva de ocurrir en casación ante el TSJ y del Recurso Extraordinario Federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 22/23 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de casación y del Recurso Extraordinario Federal incoada por la defensa. 3º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia