Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8918 FOLIO Nº 088/090 PROT. ELECT. JR101596I.242
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2024.
La presente causa caratulada: “L.T.H. S/ LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO” Expte. Nº 23247/22, Apelación Nº 9072/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 94/98, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de H.L.T., en orden al delito de “lesiones culposas agravadas por resultar la lesiones graves consecuencia de la conducción imprudente de un vehículo con motor” (arts. 45, 94 bis –t.o. por la ley 27347- del Código Penal). Que a fs. 100/102 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 108 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en líneas generales, sostuvo la defensa que el pronunciamiento atacado no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando –a su criterio- arbitrario, y atentatorio del debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su asistido.
I. Tratamiento de los agravios impetrados por la defensa técnica – arbitrariedad- críticas a la valoración de la prueba y el descargo del imputado: ya en el acápite III) de su presentación, la recurrente entendió que el auto apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, advirtiendo allí una valoración “errónea o parcializada” de la prueba incorporada. En particular, adujo que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen del legajo, fueron realizados únicamente en contra y en perjuicio de su defendido. Al respecto, aseguró que no están acreditados en autos los elementos mínimos y constitutivos de la figura penal endilgada.
En tal sentido, postuló que la prueba de cargo agregada resulta insuficiente para atribuir la responsabilidad penal a su representado como autor material del delito, en virtud de la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren la imputación. Sobre el punto, destacó que la única fuente de prueba que se verifica son los dichos del presunto damnificado. Advirtió que en autos no se encuentra acreditado que los hechos endilgados ocurrieran como manifiesta la magistrada, pues el único fundamento serían los dichos de la víctima, los cuales, calificó como “parciales”.
Asimismo, entendió que la jueza habría desacreditado el descargo efectuado por el imputado al ejercer su derecho de defensa, y juzgó parcializada y tendenciosa su interpretación respecto de la versión de los hechos efectuada por el incuso. En este sentido, remarcó que el relato de su asistido en la indagatoria, coincide con las fotografías glosadas a fs. 34/35 (nros. 8, 9 y 11), las cuales –a su juicio- dan cuenta que el encartado fue embestido por el motovehículo en la parte trasera de su automotor. Por otro lado, alegó que el damnificado venía conduciendo a una velocidad alta, pues –según dijo- venía “escapando”, aunque –aclaró- la dinámica por él relatada no se condice con el siniestro investigado, ni con las pericias realizadas.
Basada en lo informado por la pericia accidentológica –en relación a que no se pudo calcular la velocidad de circulación mínima aproximada de los vehículos involucrados-, entendió que no es posible determinar si su representado respetó el cartel de “PARE” o, si pese a haber respetado la orden, fue imposible evitar el siniestro, por el exceso de velocidad del conductor del motovehículo. Asimismo, apoyada en la misma pericia, destacó que el rol de embistente le corresponde al damnificado, por lo cual, la investigación no puede concluir con la responsabilidad de su pupilo. A mayor abundamiento, consideró que se debe eximir de responsabilidad al mismo en la producción del daño, en virtud de la conducta desplegada por el damnificado, al circular a alta velocidad a escasos metros de la encrucijada y de un colegio. Señaló que si el Sr. F., hubiese respetado la Ley Nacional de Tránsito, conduciendo prudentemente, las lesiones certificadas en autos no existirían. Allí, aseveró que el damnificado con su accionar contribuyó causalmente al daño, y rompió la relación de causalidad adecuada entre el daño y el accionar del encartado.
En dicho orden de ideas, a criterio de la defensa, medió una relación de determinación entre la conducta imprudente asumida por el Sr. F., y el resultado lesivo acaecido.
Por último, concluyó que, a la luz de los elementos de juicio reunidos en la causa, no estaría acreditada en autos la responsabilidad que se atribuye al imputado en la comisión del delito endilgado, motivo por el cual pidió se disponga su sobreseimiento o, en su defecto, se dicte la falta de mérito.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios expresados por la recurrente, adelantamos, serán desestimados.
En primer lugar, debemos descartar que el pronunciamiento apelado fuera arbitrario, dado que –aun cuando el mismo no fuera favorable a los intereses del imputado- reposa en la correcta valoración de la prueba adunada al legajo, analizada a la luz de la sana crítica racional (art. 199 del CPP). En función de ello, no atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, tal como genéricamente postula la recurrente. Por otro lado, consideramos, yerra la defensa al asegurar que los indicios y presunciones que surgen de autos, hubieran sido analizados únicamente en contra y perjuicio de su representado, toda vez que las pruebas reunidas y valoradas por la instrucción (vgr.: acta de inspección ocular, informe técnico nro. 013-D.A.V./22 y pericia accidentológica, por citar algunos) demuestran objetivamente –sin necesidad de mayores interpretaciones- la dinámica del siniestro, su resultado, y los incumplimientos en los que –en principio- habría incurrido el imputado, que a la postre se erigieron en causa primaria del evento investigado. Tampoco obtendrá favorable acogida, el cuestionamiento relativo a la presunta insuficiencia de la prueba valorada para el dictado del pronunciamiento, dado que el informe de inicio de actuados nos adentró al conocimiento del hecho, identificando allí la preventora a las personas y vehículos involucrados, y las diligencias practicadas en el lugar. Asimismo, se ponderó el informe técnico nro. 013-D.A.V./22, elaborado por la División Accidentología Vial de la Policía provincial, que detalló el relevamiento llevado a cabo respecto de los vehículos implicados, las condiciones de la vía pública, las condiciones climatológicas, y de iluminación, cartelería existente, etc.; el cual –entre otros elementos- sirvió de base para la realización de la pericia accidentológica glosada a fs. 55/67, que determinó las causas del accidente. Lo reseñado, no sólo resulta suficiente para el dictado del auto de procesamiento (art. 289 del CPP), sino, además, permite desestimar el planteo de la defensa, referido a que la única fuente que se verifica fueran los dichos de la víctima.
En otro orden de ideas, no se advierte que la magistrada hubiera desacreditado el descargo efectuado por el imputado (fs. 96 vta./97), pues este se valoró a la luz de la prueba objetiva producida en autos (vgr. pericia accidentológica realizada por el Gabinete Criminalístico del Poder Judicial), la cual juzgó como causa principal del siniestro, a la inobservancia de la cartelería por parte del encartado. En otras palabras, la desestimación de los dichos del imputado, no fue arbitraria ni caprichosa como esgrime la defensa. En este sentido, resulta inobjetable el criterio seguido por la jueza, dado que: “El cartel que indica “Pare” impone al conductor una orden visualmente captable idéntica a la que proviene de la luz roja” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala I; 20/11/1990; M.C.A. y otro; JA 1991-II-632; Cita Online: 70029328). Que, hemos de coincidir con la a quo, cuando asegura que su versión de los hechos no lo excluye de responsabilidad, pues es evidente que no acató las previsiones de los arts. 36; 39 inc. b); 41 y 64 de la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24449).
Que, tampoco lo exime, la circunstancia de que la motocicleta hubiera tenido el rol de embistente mecánico en el siniestro (fs. 64), dado que –según determinó la experticia-, la causa primaria del mismo, fue la “Omisión por parte del conductor del vehículo Ford Ecosport dominio XXX-XXX, de respetar el cartel de PARE.” (ver fs. 65). En idéntico sentido, la jueza consideró que el imputado tenía una doble imposición de detenerse, pues también circulaba por el lado izquierdo, debiendo ceder el paso a quienes circulan por la derecha.
En suma, se ha acreditado, con el grado de probabilidad que caracteriza esta instancia, el obrar imprudente del imputado, al no acatar la cartelería de vial existente en la encrucijada, y no respetar las normas para la circulación previstas en la legislación específica sobre la materia.
Por último, la relación de determinación fue correctamente desarrollada en los considerados del auto atacado (fs. 95 vta./96), donde concluyó que se habría impedido el resultado, si el encartado hubiera obedecido las normas de tránsito. Criterio que se comparte, a la luz de la experticia efectuada, que estableció a la imprudencia del incuso como causa primaria del siniestro.
II. Breve referencia acerca de la declaración testimonial del damnificado – falta de afectación del principio de congruencia: al respecto, está alzada no puede soslayar la ausencia de conexidad entre lo declarado por la víctima –y valorado por la instrucción- (fs. 70/70 vta. y 95 –segundo párrafo-), con lo establecido en la imputación y el auto de procesamiento. En este sentido, si bien la recurrente efectuó una somera mención acerca de lo advertido, cierto es que, salvo los dichos del damnificado, el resto de las piezas probatorias y diligencias practicadas en autos, son coincidentes en las circunstancias de modo y lugar imputadas al encartado en la declaración indagatoria, sin afectación del principio de congruencia. En particular, pese a que el damnificado aseguró que el hecho ocurrió en calle R. y C. –cerca de la parte nueva del hospital- y que el incuso le habría atravesado su vehículo delante, mientras circulaba, el resto del material probatorio (informe de inicio de actuados, acta de inspección ocular, informe técnico nro 13 –D.V.A./22), concuerda en que el siniestro se habría producido en la esquina de las calles S.J. y S.D.E., todas de Río Gallegos y, en cuanto al modo, se habría tratado de una colisión lateral, tal como ilustran las fotografías obrantes a fs. 34/35.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 94/98, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia