Abriendo la norma
Tribunal de Resp · Causa 3981
Lo que resolvió el tribunal
I. Eximiendo de imposición de pena al joven T. E. L., de nacionalidad argentina, nacido el día … de ……. de 1996 en la ciudad de A. (pdo. de R., pcia. de Bs. As), titular del Documento Nacional de Identidad Nº …, hijo de S. L. y de M. A. C., soltero, domiciliado en … de la ciudad de A., partido de R. (pcia. de Buenos Aires), quien fuera declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79 del Código Penal), mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2012 -fs. 226/246-, cesando en consecuencia, la medida cautelar de privación de libertad morigerada que pesa sobre el mismo desde el 28 de febrero de 2014 (arts. 42 inc. f) y ss. ley 13.634; 163 inc.1 del C.P.P. en subsidio, art. 1 de la primera), fundado ello en las razones que fueran merituadas en la presente.- Sin accesorias legales ni costas (arts. 531 cctes. y sgtes. del CPP, 29 inc. 3 y 12 CP "a contrario sensu").-
Nro. de orden: 56/14.-
Causa Nº 226/12 del reg. interno TRPJ "L., T. E. S/ HOMICIDIO SIMPLE (R.- I.PP. 3981-12. JG2 7929- CAM PEN 679/12)"
TRENQUE LAUQUEN, 8 de octubre de 2014-
Las constancias de las presentes actuaciones registradas bajo el N° 679/12 de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Dptal. (Nro. 226/12 de este Tribunal (Reg. libros del JRPJ)), caratuladas "L., T. E. S/ HOMICIDIO SIMPLE (R.- I.PP. 3981-12. JG2 7929- CAM PEN 679/12)", puesta a despacho para decidir por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, en razón de lo resuelto por el mismo órgano en fecha 14 de diciembre de 2012 y de lo que prevé el art. 4to. de la ley Nac. Nro. 22.278, en conjunción con la legislación pcial. aplicable al caso y luego de realizada la audiencia del juicio de punición de la que informa el acta que antecede, con su subsiguiente deliberación; para lo cual se establece el mismo orden de votación, a saber: DIANA LIS GRASSI en primer lugar, CLAUDIA BEATRIZ DANA en segundo lugar y GUILLERMO LUIS GERLERO, en último término.-
Así, siguiendo el citado artículo y la interpretación que el Máximo Tribunal Nacional efectuara del mismo como leading case (CSJN en "M., D.E., s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado", de fecha 07/12/05 en causa nro. 1174) y lo previsto en la primer sentencia que dispuso la cesura del juicio, correspondería tratar en ésta sentencia, las siguientes CUESTIONES:
1. PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta necesaria la imposición de pena al joven T. E. L. en el caso de autos?
2. En su caso, de ser la respuesta AFIRMATIVA, como SEGUNDA CUESTION: ¿Qué quantum de pena corresponde imponer?
3. TERCERA CUESTION: ¿Cuál sería la modalidad de cumplimiento de la sanción penal, de acuerdo a lo previsto en la Ley Prov. N° 13.634?
4. CUARTA CUESTION: ¿Cuál sería el organismo administrativo competente para llevar a cabo la implementación, acompañamiento y supervisión de la sanción penal bajo la modalidad que se imponga con respecto al joven prenombrado? y Cuál el órgano judicial de ejecución de la sanción penal?
5. QUINTA CUESTION: De acuerdo a lo decidido en las cuestiones anteriores: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
En consecuencia de ello procedo a dar tratamiento a la:
1. A la PRIMERA CUESTION la Dra. Grassi en líneas generales dijo:
Al ingresar en el análisis de esta cuestión, dejo liminarmente sentado lo que aquí resulta materia de decisión por haberse ordenado la cesura del juicio de conformidad a lo dispuesto por el Régimen Nacional penal especial (arg. analóg. 372 CPP -art. 1ro. ley Pcial. Nro. 13.634- en consuno context. art. 4to. ley Nac. Nro. 22.278 modif. por ley Nro. 22.803), tiene asiento sustancialmente en consideraciones ya efectuadas -y que no han merecido objeciones de las partes- tanto en el veredicto como en la resolución subsiguiente al mismo, en providencia dictada con ulterioridad (fs. 680/681) y en la audiencia celebrada en fecha 25 de setiembre del presente año.- Fundamentalmente, se basa en la interpretación que el Máximo Tribunal Nacional efectuara del art. 4º de la ley 22.278 como leading case (CSJN en "M., D.E., s/robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado", de fecha 07/12/05 en causa nro. 1174); como asimismo la interpretación normativa y fundamentos de la cesura del juicio dados por la suscripta al votar en la sentencia de fecha 17/12/2010, reg. Nro. orden 34/2010 JRPJ, en expte. 23/09 del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Trenque Lauquen y las que le subsiguieron.- Por lo que correspondería en la presente, por razones de brevedad y economía procesal, remitir a los fundamentos ya desarrollados en dichas oportunidades para motivar las mentadas decisiones previamente adoptadas en cuanto resultaren atinentes a esta sentencia (cfr. Fallos CSJN 278:135; 290:95; 292:87; 302:1675; 304:1343; 311:600; 311:2293; 315:822; 327:954 en igual sentido, la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Dptal. en Expte. Nº 9432/09); no obstante lo cual:
I. Precedencias de la causa:
Abocándome a la cuestión traída a resolver, surge de encontrarse motivada la habilitación para fallar en definitiva en cuanto a la necesidad o no de imposición penal al encartado en autos, como -en su caso- la determinación de pena a imponérsele (art. 4to. de la mentada ley Nac. Nro. 22.278), en el cumplimiento de los requisitos que la mencionada disposición legal prevé.-
Es así que a la fecha, ha sido declarada previamente la responsabilidad penal del joven T. E. L. por el hecho objeto de reproche (veredicto y resolución de responsabilidad y diferimiento de sentencia de punición, de fecha 14 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 56 inc. 2° de la Ley Prov. N° 13.634, decisión que ha quedado firme); actualmente el joven cuenta con 18 años de edad, conforme se certifica a fs. 180; remitiendo a las consideraciones ya efectuadas al tratar la cuestión correspondiente de la citada resolución, en relación al requisito del año de "tratamiento tutelar" requerido por la norma (inc. 3ro.), interpretación que -como he dicho- no mereciera, con ulterioridad objeciones de las partes.-
Quedó, en su momento, resuelta la cesura del juicio mediante la continuidad de la medida cautelar-socioeducativa de coerción personal privativa de libertad que el joven se encontraba transitando en el Centro Cerrado "Leopoldo Lugones" de la ciudad de Azul, desde el día 12 de agosto de 2012, medida cautelarmente impuesta de inicio por el Juzgado de Garantías N° 2 Dptal., y de otras condiciones que posteriormente se le aplicaran las cuales permitirían merituar, valorando su cumplimiento y resultado, la cuestión para la que esencialmente fueron propuestas y ordenadas.-
Así he de relevar que:
a) En fecha 14 de diciembre de 2014 (fs.226/246), de acuerdo a como resultó el veredicto -fs. 198/225- dictado en relación a los presentes autos, se resolvió de acuerdo al procedimiento de juicio ordinario, declarar a T. E. L. autor penalmente responsable del delito de Homicidio Simple (arts. 79 y 45 del Código Penal).- b) En la resolución antes citada, el TRPJ por unanimidad, ordenó el diferimiento de la decisión respecto de la pena hasta tanto se encontraran cumplidos los requisitos ineludibles del inc. 2do. y 3ro. del art. 4to. de la Ley Nac. de Régimen Penal de Minoridad Nº 22.278, ordenándose en el ítem III la continuidad de la medida cautelar/socioeducativa de coerción personal privativa de libertad en institución dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil acorde con la naturaleza de la medida dispuesta.- Recordemos que el Sr. Juez de Garantías Dptal. convirtió la aprehensión dispuesta por el Agente Fiscal en detención del joven el día 11 de agosto del año 2012 (fs. 13/15 vta.) dictando la prisión preventiva del mismo en fecha 16 de ese mes y año (fs. 23/24 vta.), cautela de cumplimiento en el CC "Leopoldo Lugones" de la ciudad de Azul.-
c) Asimismo, como consecuencia de todo ello, se le solicitó al Centro Cerrado antes indicado, el abocamiento inmediato y exhaustivo del tratamiento integral del presente caso, para lo cual debían elaborar y poner en conocimiento de este Juzgado un plan individualizado de abordaje interdisciplinario y estrategias a trazar, a fin de posibilitar la propuesta de una alternativa menos gravosa en el menor tiempo posible abordando los ítems que a continuación se detallan: 1) continuidad de los estudios del joven como herramienta para forjarse un proyecto de vida digno como de actividades socio-pedagógicas que estableciera la institución (análog. art. 81 Ley 13.634); 2) el abordaje psicológico a fin de trabajar la responsabilización personal por sus actos y el respeto por los derechos de terceros, teniendo en cuenta la estructura de personalidad y demás evaluaciones que obran en su legajo personal, como lo diagnosticado y pronosticado oportunamente por la perito psicóloga del CTA del Fuero en la pericia de fs. 156 y vta.; 3) la continuidad en la coordinación con el CRPDptal. a fin de trazar acciones con el grupo familiar del joven en procura de su futura reinclusión social.- d) En el ítem IX se dispuso la continuidad en la intervención conferida al CRPDptal., dado el carácter pedagógico de la medida, a fin de que en coordinación con el CC Leopoldo Lugones se pudiera continuar trabajando con el grupo familiar del joven, relevando fortalezas y debilidades orientadas a la elaboración de un proyecto de vida para lograr tanto su reintegración familiar como comunitaria. También el ítem XI se le otorgó actuación al CTA del Fuero a los fines de la realización de pericias psicológicas y sociales con frecuencia trimestral durante la etapa de cesura.-
e) En fecha 15 de enero de 2013 la Sra. Defensora del Joven interpone recurso de apelación contra el mencionado decisorio, siendo confirmado en fecha 1° de agosto de 2013 por el órgano "ad quen".-
f) Durante el transcurso del cumplimiento de la medida cautelarsocioeducativa privativa de libertad en Institución se autorizaron en fecha 5/9/2013 (fs. 452/458), 16/10/2013 (fs. 525/530) y 5/12/2013 (fs. 575/580) salidas a su domicilio familiar por distintos lapsos de días, resultando en la última oportunidad por el período de dos meses, bajo estricta supervisión y sobrados fundamentos a los que igualmente, hago remisión.-
g) En última instancia, en fecha 28 de febrero del año en curso (fs. 615/623), se recibió al joven L. acompañado por su progenitora, a las partes y a la Directora del CRPDptal., en ese momento la Sra. Beatriz Pringles juntamente con los operadores de dicho organismo que intervinieron en el presente caso, la Lic. Graciana Vázquez Cerutti y el Dr. Martín Trucco, en audiencia en la que se trató la revisión periódica de la medida que gravaba al mentado joven. En dicha oportunidad se resolvió por Presidencia, con anuencia de las partes y soporte procesal en el art. 168 bis del CPP, mediante la valoración de las probanzas obrantes en los presentes autos, la atenuación de la medida cautelar/socioeducativa de coerción personal privativa de libertad, que en lo sucesivo continuó bajo la modalidad morigerada de arresto domiciliario, debiendo darse cumplimiento a ciertas condiciones que a continuación se detallaron: 1) Residir en el domicilio fijado -B.
P. F. P. casa n° de A., pdo. de R.-, en el cual se estableció la efectivización del arresto domiciliario, y del que no podía el joven ausentarse sin previa autorización judicial.- 2) Debía disponerse al acompañamiento, orientación y supervisión de sus progenitores M. A. C. y S. L. L., dando cumplimiento a sus recomendaciones y a lo que le indicara desde el órgano ejecutivo. Debía permanecer bajo la estricta responsabilidad, supervisión y vigilancia de sus progenitores como garantes de la medida, con asistencia en las tareas de supervisión y acompañamiento de los operadores Lic. Graciana Vázquez Cerutti y el Sr. Martín Trucco, Abogado del CRPDptal., de acuerdo a la designación efectuada por su Titular.- Ello por cuanto la medida de coerción personal atenuada sería de cumplimiento dentro del mencionado hogar, pudiendo el joven salir del mismo sólo para las actividades que se encuentran especificadas, como también para el cumplimiento de sus compromisos laborales y que fueran informados en autos y/o los que informe a futuro el organismo supervisor.
Las actividades extradomiciliarias autorizadas resultaron: la continuidad en la prestación laboral al Sr. D. en B. L. T. de su localidad, desde las 07,00 hs. hasta las 12,00 hs. y de 15,00 hs. a 20,00 hs. de lunes a viernes y sábados medio tiempo, habiéndose pautado con el empleador, la prestación quincenalmente en jornada sabatina completa; todo ello hasta el reinicio del ciclo escolar y entrenamiento también semanal (de lunes a viernes) en la práctica deportiva de fútbol en el Club I. desde las 20:15 hs. hasta las 22:00 hs. y los correspondientes encuentros en los que el joven integre el plantel del equipo. Asimismo y para el caso de efectuarse visitas de carácter familiar a otros domicilios, deberían realizarse con acompañamiento de los garantes.- 3) Abstención de usar estupefacientes y no abusar del consumo de bebidas alcohólicas.- 4) Prohibición de trato, acercamiento o contacto por cualquier medio presencial con los familiares de E.
G. -víctima de autos-, y los que fueran amigos de ésta, M. A. y sus hermanos y 5) Predisponerse a la continuidad de terapia psicológica, lo que debía gestionarse en forma inmediata.-
El cumplimiento de la medida sería supervisada por el CRPDptal., debiendo presentar informe mensual sobre las condiciones enumeradas supra y las que pudieran determinarse a futuro (arts. 1 y 85 ley Pcial. Nro. 13.634, art.1, 6, 20 ley Pcial. Nro. 12.256 en su actual redacción conforme ley Nro. 14.296, en cuanto excluye el control policial en la realización de dichas tareas), al Tribunal y copia a la Defensa técnica, informando la evolución de la medida, las posibles modificaciones y el resultado de las constataciones domiciliarias (que se acordaron en la audiencia con los operadores y la Titular de la dependencia ejecutiva -la Sra. Pringles estableció que continuarían los mismos operadores designados el 5 de diciembre pasado con la supervisión del caso- bajo la modalidad de presentaciones periódicas -semanales o quincenales- sin aviso de los primeros al domicilio y/o lugar de trabajo, a los fines de dichas constataciones y no obstante la posibilidad propuesta de delegación en efectores locales de dicha función supervisora, ello en el acto oral se desechó, asumiendo la dupla Vázquez Cerutti-Trucco dicho compromiso en forma personal), de cumplimiento del empleo y del abordaje psicoterapéutico que debía gestionarse.-
Se dispuso, en consecuencia, hacer efectiva la libertad con restricciones del prenombrado a partir de ese momento, haciéndole saber tanto al joven como a su progenitora presente en el acto, que cualquier incumplimiento injustificado de lo que se dispuso que les fuera atribuible durante esta modalidad de arresto domiciliario acarreará su inmediata suspensión, y tendrá además, y cfrme. se estableció en la sentencia de cesura, directa incidencia en el subsiguiente JUICIO DE PUNICION (art. 69 in fine de la ley procesal especial).-
h) A fojas 680/681 y acordado con los magistrados integrantes del Tribunal de acuerdo a sus respectivas agendas laborales, dispuse fijar audiencia para el día 25 de setiembre de 2014, a los fines de ser oído el joven, las personas garantes de la medida y los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de intervención, previo a resolver conforme la norma antes citada de la ley nacional especial y en función de lo establecido en el inc. 3ro. del art. 4to. Ley 22.278, una vez finalizado el período de cesura, para el juicio de punición.-
i) Mediante dicho proveído también convoqué a la mencionada audiencia a la Lic. María Laura Henderson, a cargo en ese momento del Centro de Referencia Penal Departamental y/u operador que se designe, habiéndose solicitado previamente al CTA del Fuero el informe de conclusiones finales del período, el cual obra glosado a fs. 679.-
j) Así, en la fecha mencionada en el marco de la audiencia, previo explicitar los motivos de la convocatoria en su decurso, tuvieron presentes las partes para su alocución final sobre la pena, los informes remitidos por la institución que alojó al joven obrantes a fs. 279/281, 294/296, 323/325, 340, 392/394, 399/402, 441/444, 445, 477, 478/481, 505/507, 543, 546/549 y 652, las aportadas por la Defensa Técnica de fs. 343, 382/383, otras de fs. 416 y 661/662, las del Centro de Referencia Penal Dptal. a fs. 384/385, 475/476, 544/545, 660, 667/668, 689 y 695, las pericias sociales y psicológicas que lucen a fs. 275/276, 319/320, 328/329, 420, 431/432, 520, 538/539, 605/606, 611/612, 656/657, 665, 670/671 y el informe interdisciplinario final de fs. 679, todos ellos incorporados sin oposición ni objeciones o impugnaciones de contenido, durante toda la etapa ni en el acto oral, a la causa, de acuerdo a lo ordenado en la resolución de diferimiento y en la providencia referida.-
k) En el transcurso de la audiencia de mención llevada a cabo con relación al joven L., depuso testimonialmente la Lic. Graciana Vazquez Cerutti, operadora del Centro de Referencia Penal Dptal., quien fuera luego de su exposición inicial interrogada por los integrantes del Tribunal, no así por las partes presente quienes decidieron no formularle preguntas.-
l) Previo a declarar cerrada la etapa probatoria de la cesura de juicio en la audiencia, dí la palabra al joven, quien tuvo oportunidad de expresarse oralmente, recogiendo la Suscripta y los Magistrados integrantes del Tribunal, "de visu" una última impresión.-
A su vez se confirió a continuación a las partes con igual inmediación, el espacio para ratificar, y/o reformular sus pretensiones técnicamente sobre la sanción penal, con el sustento normativo que entendieran aplicable a la ocasión (o sea, éste juicio de punición).-
m) El Titular del Ministerio Público Fiscal por los fundamentos que oralizó, solicitó se le imponga al joven T. E. L. la pena de cuatro (4) años de prisión de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de semilibertad -prisión domiciliaria- prevista en el art. 80 de la ley Nro. 13.634, con accesorias legales, costas y las mismas condiciones que encuentra cumpliendo bajo el arresto domiciliario.-
Corrido traslado a la Defensa Técnica peticionó, con el debido sustento oralmente expuesto, la eximición de aplicación de pena a su pupilo procesal en función de lo normado en el último párrafo del art. 4º de la ley 22.278.-
Asimismo, no solicitó la regulación de honorarios por su labor profesional.-
Finalmente, fue preguntado al joven como a sus progenitores si deseaban agregar algo a lo ya expuesto y oído, a lo que se manifestaron en forma negativa.- n) Dictada la providencia de autos, consentida expresamente por los presentes, quedó habilitada la causa para este fallo y establecido también con anuencia de las partes, mediando su suscripción en el ínterin -dada la audiencia antecedente del mismo tenor en otros autos del TRPJ para igual sentencia a dictarse en autos Nro. 251/13-, la distancia entre los miembros integrantes del órgano judicial y las agendas laborales de sus respectivos Juzgados a cargo; que la sentencia definitiva se daría a conocer por Secretaría del Tribunal, en la forma optada, el día 10 de octubre a las 13.30 hs..-
II. Finalidad del Sistema RPJ. Valoración de la necesidad de la pena:
Ingresando entonces, al tratamiento específicamente de esta primera cuestión propuesta: JUICIO BASICO DE NECESIDAD DE PUNICION, he de efectuar algunas consideraciones previas, para luego pasar al análisis de las circunstancias concretas del caso (art. 171 CPBA, art. 106 CPP).-
Prima tener en consideración, conforme he manifestado en otras oportunidades, que el proceso que un joven transita a partir de la transgresión a la normativa penal requiere ser atentamente concebido como un proceso jurídicopedagógico, función que no debe ser perdida de vista.- Ello pues, "la personalidad se forma, decisivamente, en las etapas de la infancia y la adolescencia, por lo que existe necesidad de influir positivamente en el desarrollo de la personalidad. El Derecho Penal Juvenil descansa en general en el criterio de que la capacidad de culpabilidad de los seres humanos, es el resultado de un largo proceso de socialización y desarrollo" (Javier Llobet Rodríguez en "Fijación de la Sanción Penal Juvenil en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos").-
En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "cuando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad" (Corte IDH, Casos: "Villagrán Morales", sent. del 19/11/99).-
También el Comité sobre los Derechos del Niño ha sostenido que uno de los principios rectores del sistema penal juvenil -entre otros- resulta el superior interés del niño (conf. art. 3 de la CDN) y recalca que los niños difieren de los adultos en su desarrollo físico y psíquico, así como en sus necesidades emocionales y educacionales.- Estas diferencias constituyen la base del sistema y son la razón para crear un sistema de justicia juvenil separado del de adultos, con tratamiento especial hacia los niños (ccte. CIDH, oct. 17/02, paras. 45 a 54).- La protección del superior interés del niño significa que los tradicionales objetivos de la justicia criminal (represión/retribución) deben tomar un camino hacia objetivos de rehabilitación y justicia restaurativa en el tratamiento de los niños. (Comité de los Derechos del Niño, Comentario General nº 10, "Derechos del Niño en la Justicia Juvenil", 9 de febrero de 2007).-
Resulta igualmente, en tal orden de ideas, pertinente traer al presente por encontrarse engarzados con la cuestión a resolver, los conceptos recogidos en el fallo de la CSJN en causa nro. 1174, "MALDONADO, D.E." en cuanto argumentara en las consideraciones del voto mayoritario, (ver nros. 21, 22 y 23) en primer término que conforme la ley 22.278 el juez tiene la facultad y el deber de ponderar la "necesidad de la pena".-
Esa valoración del juicio de necesidad "se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a los fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención de los Derechos del Niño, a la importancia de promover la reintegración social del niño y que este asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40, inc. 1º)".-
Con la pena se persigue no el castigo, sino la recuperación del joven involucrado en el delito, por considerar que el sujeto debía madurar afectiva, moral y psicológicamente, advertir el error, y modificar o encausar su vida para una pacífica y provechosa convivencia social, y buen desarrollo personal.-
Conforme lo expresara en otras oportunidades, hay una palabra -al decir de Mary Beloff- que resume a la Convención sobre Derechos del Niño, ésta es responsabilidad.- La responsabilidad del Estado, de la familia, de la comunidad, y también del niño infractor de la ley penal, pero atendiendo a sus circunstancias y características particulares (Regla Nº 16 de las Reglas de Beijing); que importará la consideración especial entonces de aplicar una sanción no sólo congruente al delito que hubiera cometido, sino en la pretensión que la misma no tenga una finalidad represiva, sino restaurativa (Corte I.D.H. OC-17/2002).-
La dimensión pedagógica del rito penal es precisamente el reto que se propone el sistema de responsabilidad penal juvenil: sin instancia simbólica para administrar el conflicto, para que el adolescente pueda visualizar las consecuencias de su acción así como entender cuáles son las reglas de la comunidad a la que pertenece, el sistema de justicia penal juvenil carece de sentido (Ver Mary Beloff, en "Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia latinoamericano").-
Por ello, ante la producción del hecho delictivo penalmente reprochable, sea cual fuere su gravedad, la ley manda diferir la aplicación de condena ad referéndum de los resultados del sometimiento del joven a un "tratamiento tutelar". Luego recién se evaluará, de acuerdo a los logros obtenidos, la absolución o no del autor.- Es en ese período en el cual el joven debe poner todo su empeño para revertir la situación, y con la ayuda que se le brinda, lograr educarse, conseguir trabajo, desvincularse de las malas compañías, etc. Esto es un imperativo en el cual centrarán su labor los operadores, pero estos resultados dependen del joven. Si tiene voluntad de cambio, aprovechará las opciones que se le ofrecen, o en su caso, lo intentará por sí mismo. Para esto cuenta con la posibilidad de recurrir a su Defensora, a los Organismos Ejecutivos, y cuantos organismos sociales le resulten útiles y necesarios para revertir su condición y convencer a la Suscripta que, en función de esa nueva vida que se ha sabido forjar, resultaría inútil, innecesaria e injusta la aplicación de pena por el hecho cometido, cuando supuestamente no contaba con el grado de educación y maduración alcanzada con posterioridad, lo cual hubiere determinado que el hecho no habría ocurrido.- Si efectivamente sucede esto, no hay necesidad de imponer pena, es más, resultaría injusta, pues la persona ha evolucionado, dando acabadas muestras de haber obtenido un pleno desarrollo, provechoso para sí y socialmente valioso. Por tanto, su actual situación no sería la misma que la circundante al momento de cometer el hecho, cuando era un sujeto emocional y afectivamente inmaduro.-
Siendo la finalidad de la sanción penal en el SRPJ –como fines preventivos especiales y del sistema en sí- el establecer en el joven la construcción de responsabilidad y autodeterminación por los actos propios en el marco de un adecuado respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, teniendo en miras una satisfactoria reintegración social y la asunción responsable de una función constructiva en la sociedad, un análisis sobre la necesidad de la pena en un caso concreto debe hacerse respondiendo a la pregunta sobre si se cumplen o no sus fines.- Tal decisión depende entonces de la valoración conjunta de las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar - en el marco analizado citado supra- y la impresión directa recogida por el juez (conf. art. 4to. ley 22.278), graduándose de esta forma la pena no sólo por la responsabilidad del joven en el hecho concreto, sino por la conducción de su vida, circunstancias que pueden conducir al juez a la no imposición de pena al niño declarado penalmente responsable (conf. pautas que también colectó sucintamente el fallo de nuestro máximo Tribunal Provincial, en autos "Bogado, Héctor H. y otro. Tentativa de robo. Recurso de hecho", 02/04/03; línea interpretativa seguida por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Dptal. en sentencia Nº 28, Expte. N° 9705 del 25/08/2010, Incidente de apelación en causa "S., R. E. s/Ttva. de robo calificado", sentencia N° 9, Expte. N° 10.807 del 27/03/2013, Incidente de apelación en causa "Q.,W. H. s/ Robo calificado").-
En la misma télesis, ya durante la transición residual del fuero de menores disuelto y en uso de competencia originaria, la Alzada local emitió pronunciamiento en autos Nº 8863/08, caratulados "A., F. E. s/ homicidio calificado" expresando con meridiana claridad que: "...la fijación de la pena debe corresponderse con los principios constitucionales relativos a la atención que cabe asignar a la especial situación en la que se encuentran los jóvenes en conflicto con la ley penal, teniendo especialmente en cuenta que existe la alternativa de reducirlas mediante la adopción de la escala prevista para la tentativa. La culpabilidad disminuida de aquella persona que ha cometido un delito siendo menor de dieciocho años de edad, en conexión con el principio de benignidad, "se refiere al fin loable de reducir el sufrimiento penal", apuntando a una reducción de penas, "algo que las sanciones proporcionales pueden conseguir bajando los puntos de anclaje de las escalas de penas" (con. Andrew Von Hirsch, Censurar y Castigar, 1998, ed. Trotta, Madrid, p. 169).- Esta es la opción político-criminal escogida por el legislador nacional que se corresponde, por lo demás, con la formulación de directrices que en el ámbito de esta justicia especializada otorgan margen de discrecionalidad a los tribunales de menores -mayor que el que tiene, conforme a la escala penal que rige en la justicia de adultos- a modo de velar por que se cumplan las diversas necesidades especiales y la diversidad de medidas disponibles en materia de derecho penal juvenil (conf. regla 6.1 de las Reglas de Beijing, in fine)...".- Asimismo, en líneas generales, las pautas interpretativas de lo que aquí ha de resolverse, contenidas en doct. "Justicia Penal de Menores"- Martiniano Terragni- Ed. La Ley- "La imposición de pena a un niño", pág. 209, que orientan el razonamiento por los fundamentos que han sido reiteradamente señalados por éste Juzgado y el TRPJ a lo largo de otras decisiones, algunas de las cuales registran publicidad en la pág. web de la SCJBA (ej. en fechas 06/02/12, 30/08/12 y 10/01/13 y del TRPJ Dpto. Judicial de Pergamino, en sentencia dictada en 29/06/12 en los autos Nro. 323/10 y 324/10, en fecha 08/05/13); también obran desarrollados en similar lineamiento en la decisión dictada por el Juz.Pen.Juv., Córdoba, 6ª Nom., 11-03-2013, Acción colectiva innominada presentada por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Pcia. de Córdoba, Expte A-68/12.-
III. Pautas de valoración del art. 4º penúltimo párrafo de la Ley 22.278: En este orden de ideas correspondería se valoren, entonces, las circunstancias en concreto en este caso, atinentes al JUICIO DE NECESIDAD (de punición) y en el derrotero de la cuestión a decidir, en función de los principios y objetivos propios que distinguen el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que se han desarrollado en el ítem anterior, he de ponderar junto con las demás pautas establecidas por el artículo, sustancialmente, la evolución y comportamiento demostrado durante este período por el joven T. E. L..-
A fin de dar respuesta a las peticiones de las partes en sus respectivos alegatos sobre la pena, tomo en consideración entonces que:
El Sr. Agente Fiscal del Fuero fundó la necesidad de imponerle sanción punitiva al joven de autos, en base a lo que surge del texto del art. 4to. de la Ley 22.278, en cuanto una vez cumplidos los requisitos previstos por los incisos 1ro., 2do. y 3ro. del mencionado artículo para resolver sobre la necesidad de imposición de pena, sostuvo que debe estarse a la modalidad del hecho y haciendo también referencia al contenido de la Regla Nro. 17 de Beijing que enumera los principios rectores de la sentencia y de la resolución, entiende que lo que la ley expresa es que ante un delito grave debe tenerse en cuenta las circunstancias del mismo y siendo que el ilícito por el cual fuera declarado penalmente responsable el joven L. resulta uno de los más graves que prevé nuestro Código Penal, que es acabar con la vida de un par, considera que debe imponérsele una sanción pero reducida a la escala de la tentativa.-
En consecuencia de ello, solicita la aplicación de una pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, más accesorias legales y costas. Agrega que teniendo en cuenta el resultado de la morigeración de la medida cautelar que viene transitando T., la modalidad de cumplimiento de la pena solicitada sería la prevista en el art. 80 de la Ley 13.634, de semilibertad -prisión domiciliaria- con las condiciones que se encuentra al momento cumpliendo y el control del TRPJ y del CRPDptal..- Sin perjuicio de su petición, primeramente destacó que de los informes producidos a lo largo de todo el extenso tratamiento tutelar de casi dos años, surge que los resultados han sido positivos respecto de la responsabilización por el hecho cometido.-
Resaltó el contenido del informe de conclusiones finales periciales del CTA en agosto de este año en el cual dictaminan los peritos que los resultados favorables se reflejan en la subjetivización del sentido de responsabilidad del joven. Asimismo, aduna que la intervención ha tenido una respuesta positiva que se ha visto evidenciada por el acompañamiento de la familia, a más de lo depuesto por la operadora del CRPDptal. en la audiencia.-
A su turno, la Defensora Oficial del joven solicitó la eximición de aplicación de pena al joven L., conforme lo normado en el último párrafo del art. 4º de la ley 22.278, resaltando que el nombrado ha dado acabado cumplimiento a todas las medidas y reglas de conductas impuestas, en un principio con las salidas especiales fuera de la institución que lo alojaba, luego con las visitas a su domicilio familiar y por último, con el cumplimiento del arresto domiciliario, no siendo sólo cumplimiento, sino que los resultados han sido absolutamente favorables en función de la recepción laboral y social que ha tenido.-
Hace referencia al contenido del informe de conclusiones finales periciales plenamente positivo, del que se destaca que estos resultados se vieron reflejados en la subjetivización del sentido de la responsabilidad, la respuesta positiva a la intervención, el desarrollo de un legítimo sentimiento empático, la integración y acompañamiento familiar y los deseos de reinserción social y laboral.-
Trae también a colación el informe social realizado en el mes de febrero del corriente año del cual surge que se ha logrado un clima de convivencia familiar armonioso, que se lo observa comunicativo, abierto al diálogo, aceptando sugerencias y acatando las disposiciones emanadas del Juzgado sin que deban indicárselo e incluso con el progenitor con el que solía tener algunas discrepancias, ha establecido un diálogo sin tensiones. Que los amigos del barrio y compañeros de la escuela se contactan con T. en el domicilio y comparten juegos y la parte deportiva sin ningún inconveniente, habiendo logrado así una reinserción social muy favorable.-
Finalmente, la Funcionaria recalca que su asistido se ha integrado de manera responsable desde el inicio del proceso, considerando que se tienen por cumplidos los fines del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el marco de la presente causa en aval de su postura, no solicitando la regulación de honorarios profesionales por su labor.-
Expuestas las posiciones del contradictorio frente al análisis de lo previsto en el artículo, cabe considerar entonces, dichas pautas en el presente caso:
1. Gravedad en la modalidad del hecho:
Así las cosas, he de merituar en orden a esta primera pauta establecida en el referido artículo que el ilícito atribuido penalmente a T. L. -homicidio simple- resulta indudablemente de extrema gravedad ya que involucró la supresión del bien jurídico supremo de otra joven vida, bastando con remitir a las circunstancias de su reconstrucción, tal como quedaron establecidas en el veredicto de fs. 198/225, para que igual connotación quede sobradamente explícita, sin más abundamientos.-
Resultando la violencia hacia otras personas, una pauta fundamental a tener en cuenta a fin de evaluar la necesidad de la pena, conf. el art. 40 CDN cabe considerar lo prescripto por las Reglas de Beijing, en su norma número 17, la cual enumera los principios rectores de la sentencia y la resolución, destacando en la regla 17.1 inc. c) que "Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona...".-
Sin embargo, también cabe tener presente que la misma regla establece que ello resulta autorizado ".... siempre que no haya otra respuesta adecuada".- No obstante la petición sancionatoria efectuada por la parte acusadora, que se encuentra direccionada parcialmente ajustada a dicho parámetro - en el orden de integración familiar aún cuando en desmedro de la finalidad de plena inclusión social-, debo considerar, dentro del corpus normativo a merituar, tal surge acreditado en el mencionado veredicto, los 16 años de edad con los que contaba el joven L. al momento de cometer el ilícito atribuido, ya que si bien este fuero especial actúa en la franja etárea de 16 a 18 años, no dejo de notar específicamente, y tal lo sostenido en el acápite II que antecede, el grado de menor desarrollo físico y psíquico del jovencito como así también su historia vital, que abonan a su culpabilidad disminuida, tal luego se desarrollará en el análisis contextual de las pautas del artículo.-
Asimismo y cuando mayormente de trato en la siguiente cuestión, he de resaltar que mediante el veredicto dictado se determinó sin fisuras, tanto las múltiples circunstancias de atenuación (además de la genérica de la menor edad) como la inexistencia de agravantes, que no fueron pedidas por la parte acusadora (ver fs. 224/225 de la causa).-
Estimo igualmente relevante resaltar, que el hecho penalmente endilgado en carácter autoral, fue ubicado temporalmente, de acuerdo a lo establecido en la primera cuestión del veredicto, en fecha 11 de agosto de 2012, quedando el joven privado de libertad desde el mismo día de la fecha del hecho, por disposición del Juzgado de Garantías N°2 Dptal., resolviéndose al declararlo responsable la continuidad de la medida cautelar-socioeducativa de coerción personal privativa de libertad, la cual se morigerara a arresto domiciliario recién el 28 de febrero pasado.-
El joven en el ínterin, presentando indicadores de institucionalización o sobreadaptación al sistema, temor al cambio y sentimientos de vergüenza para la reinclusión en su medio de origen, desistió de la posibilidad de ingreso a establecimiento de contención para su atenuación en forma restrictiva de su libertad, aún habiendo mediado otorgamiento de vacante, debiendo ser impulsado a la confrontación de sus miedos, mediante un permiso prolongado con supervisión y haciendo especial hincapié, por recomendación no sólo de la Lic. Cano del CC de Azul como reiteradamente por la Perito Psicóloga del CTA, su abordaje terapéutico en aras a su salud psíquica, en tanto si bien la implicación subjetiva en el hecho penal atribuido, ya se presentada como sólidamente construida, aparecía manifestada con sentimientos de culpa y angustia por haberle quitado a la vida a otra persona.-
He de traer en el derrotero de esta cuestión, lo sostenido por las Directrices de Riad en cuanto establecen que debe tenerse en cuenta el "Reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de madurez y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta" (Numeral I, e); observándose consecuentemente que "En lo relativo a la gravedad del hecho, es importante considerar que la misma no necesariamente debe medirse con los parámetros del Derecho Penal de adultos, sino deben considerarse las particularidades de la delincuencia juvenil; ello en relación con el criterio de que en determinadas edades es común que se cometan particulares hechos delictivos, que no revisten la gravedad que tendrían si fueran cometidos por un adulto" (Rodríguez Llobet, Javier en "La Sanción Penal Juvenil", publicado por el Instituto Interamericano de Derechos del Niño, pág. 232).-
Es más, en este punto tiene dicho la jurisprudencia que "...Al condenar a quién infringió la ley penal siendo aún menor, no basta la simple remisión a la naturaleza y gravedad del delito cometido, ni el contenido del injusto o el grado de culpabilidad de su autor; ni la ley minoril quiere, ni procura, una justa retribución por la lesión a los bienes jurídicos causada. Los criterios que la ley 22.278 utiliza son diferentes y se sustentan en pautas que si bien consultan el hecho ilícito en sí mismo, él es la causa de la condena, no lo conceptúan como factor decisivo final de ella..." (CNCas. Pen., Sala IV, 24/04/07, c. 6037, "G., C.S.", reg. nº 8564.4, http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/jurisp/principal.htm, cit. en "Responsabilidad Penal Juvenil"- Frega- Grappasonno. Ed. la Rocca).-
Siempre debe tenerse claro que “[l]as motivaciones que llevan a los [niños, niñas y adolescentes] a delinquir son, muy diferentes a las de los adultos. El menor, muchas veces, tiene comportamientos que no son aceptables o tolerables socialmente, pero en los mismos no concurre especial ánimo malicioso, sino que más bien son producto de la irreflexión (recordemos que estamos ante un ser en evolución, en permanente aprendizaje, cuya limitada experiencia vital no le permite conocer aún todo lo que está permitido o todo lo que está prohibido) o de ese tan particular espíritu lúdico que caracteriza a las etapas previas a la madurez” (Salazar, A., “Las Medidas Socio-Educativas en el procedimiento Penal Juvenil”, Editorial ISOLMA, San José, 2010 conf. cita efectuada en el artículo "Derecho penal juvenil en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" por Alonso Salazar, http://www.derechopenalonline.com).-
Por lo que sería de estimar que, tal como lo señaló la SCJN en el leading case antes citado, en su carácter de máximo intérprete constitucional del art. 4to. de la ley penal nacional, como la jurisprudencia más reciente de distintas Cortes Provinciales de similar factura; la imposición de una sanción penal, dentro de los parámetros del fuero especial establecidos en la CDN y el bloque de constitucionalidad federal, no admitiría sustento fundante en forma exclusiva, en las modalidades -y en este caso, gravedad- de los hechos, sino que la necesidad de ella, como antes se consignó, impone el análisis integral de todas las pautas en la norma establecidas.-
2. Antecedentes del menor:
El joven T. E. L. no registra antecedentes penales computables en este fuero, siendo el único Juzgado de juicio en el que se asientan registros en éste Dpto. Judicial-.-
3. Resultado obtenido durante el tiempo de intervención del SRPJ ('tratamiento tutelar') e impresión directa recogida por los Jueces:
Aquí cabe reiterar la interpretación adelantada al votar la misma cuestión en autos 23/10 del TRPJ publicada en pág. web de la SCJBA en fecha 28/12/2010 (ver en http://www.scba.gov.ar/portada/08/02/2011), y sostenida a lo largo de los pronunciamientos subsiguientes, en cuanto a que, el análisis de la necesidad de pena al tratar este acápite y por sus mismos fundamentos, surgiría de la valoración integral y en su conjunto, tanto de la opinión vertida por los operadores e intervinientes en el presente caso desde la faz ejecutiva, como de la prestada por los peritos judiciales del fuero especializado con el rigor y objetividad que importa su función, en todo el período de intervención del SRPJ.-
Y así, en función de los principios de celeridad y economía procesal que debe regir todo proceso, destaco la buena conducta y desenvolvimiento mantenido por el joven durante su estadía en el Centro Cerrado “Leopoldo Lugones” de la ciudad de Azul, donde asistió a distintos talleres ofertados por la institución (plomería, computación, panadería y electricidad) y finalizó exitosamente 4to. año de sus estudios secundarios, sin haber registrado durante el extenso lapso de encarcelamiento preventivo, ningún tipo de conflictos con su pares y personal del establecimiento ni acreedor de sanción disciplinaria alguna, habiéndose adaptado (sobreadaptado) favorablemente al funcionamiento institucional.-
Por lo que, a los fines de no redundar, remito a la valoración de los distintos informes y pericias apreciadas, como a los fundamentos de derecho que motivaran las resoluciones de fechas 05/09/13, 16/10/13 y 05/12/13, donde se le concedieron al joven distintos permisos de visitas especiales a su domicilio familiar, así como los sopesados en términos favorables en la progresividad que rige el tratamiento del interno, especialmente en la audiencia celebrada en fecha 28/02/14 que concluyeron en el otorgamiento de la morigeración de la medida cautelar de privación de libertad que sobre el joven en cuestión pesara, mutando a arresto domiciliario (fs. 615/623), merituando a continuación el contenido obrante a fs. 660, 667/668, 689 y 695 de los informes de acompañamiento y supervisión del Centro de Referencia Penal Dptal., constancia remitida por la Defensa obrante a fs. 675/676, las pericias sociales y psicológicas del CTA del FRPJ, glosadas a fs. 656/657, 665, 670/671 y 677 y el informe de conclusiones periciales final obrante a fs. 679, todas estas probanzas que serán relevadas entonces, a partir del 28 de febrero del corriente año en que obtuviera la atenuación de la cautelar procesal.-
En primer lugar entonces, haré referencia al contenido de la pericia psicológica de fecha 9 de abril de 2014 donde la profesional de intervención reitera lo expuesto en la similar realizada en el mes de enero del año en curso, en cuanto a la asunción de responsabilización e involucramiento en saludables posicionamientos personales de parte del causante.-
Refiere que persiste su acertada valoración sobre los lazos familiares cuanto sobre las posibilidades de desenvolvimiento ofrecidas a partir de que se hizo lugar a la atenuación de la medida, siendo aprovechadas positivamente.-
El grupo familiar continúa su acompañamiento afectivo y material, manteniendo un adecuado marco de contención y límite que el joven ha asimilado sin conflicto alguno. Las características favorables de los avances de T., tanto a nivel de su inserción y vinculación familiar, como en cuanto a los lazos que establece socialmente en el marco de su desenvolvimiento laboral y deportivo se mantienen.-
También se sostienen sus logros en el desarrollo de capacidades. Mantiene un adecuado nivel de organización psíquica, saludable desarrollo de empatía y sana dinámica vincular. Se detecta evolución favorable en la implementación de mecanismos psíquicos defensivos, ha logrado derivar mejor sus impulsos mientras transita además por una beneficiosa y sana movilización subjetiva y reflexiva.-
Las estrategias implementadas continúan dando resultados positivos observándose evolución favorable y enriquecimiento de sus posibilidades personales, durante el desarrollo de cada intervención pericial.-
Dictamina la profesional que ya alcanzada la construcción de responsabilización cuanto del adecuado proceso de implicación subjetiva, sólo sería recomendable insistir en la relevancia del acceso del joven a su tratamiento psicológico a fin de trabajar no sólo en su afianzamiento personal, sino fundamentalmente en la elaboración y sana derivación de los sentimiento y factores intrapsíquicos consecuencia de su protagonismo en los hechos que dieran origen al presente proceso.-
El CRPDptal., elabora el informe correspondiente al mes de abril del año en curso a partir de la visita al domicilio del joven, encontrándose al momento el hermano menor y los abuelos del joven. T. continúa trabajando en tareas de albañilería de acuerdo a lo establecido y a los horarios estipulados. Persiste en la actividad deportiva entrenando en el Club I. de su ciudad.-
El joven manifiesta su intención de anotarse en una escuela nocturna pero hasta tanto no cumpla los 18 años no puede incluirse en esa modalidad. Se le sugiere la posibilidad de realizar un curso de formación profesional hasta que pueda concretarse dicha posibilidad. También se le insinúa, de acuerdo a lo conversado con referentes locales, la posibilidad de incorporarse al Programa Empleo Joven perteneciente al Municipio a través del cual se realizan convenios con empresas locales, absorbiendo el municipio parte del sueldo de los jóvenes y ofreciendo la parte empresarial capacitación y los seguros correspondientes, tratándose de empleos de medio tiempo lo que representaría una oportunidad para el joven de incluirse en el mercado formal.- Del informe social de abril de este año se destaca que T. se muestra más locuaz y comunicativo que meses anteriores. Se lo observa tranquilo trayendo como consecuencia menos ansiedad en la familia. No ha sido molestado por persona alguna, ni en su lugar de trabajo ni como integrante del plantel de fútbol en el marco del proceso de reinserción social.-
Continúa en su desempeño como empleado de albañil, efectuando esta tarea con entusiasmo.-
Se dedica a la práctica del fútbol de manera organizada, permaneciendo acompañados por personas responsables. Practican diariamente en la cancha situada a dos cuadras de la vivienda familiar, integrado al plantel de primera división como suplente. Los domingos al mediodía debe concurrir al Club regresando estimativamente a las 18 hs. y también suele viajar a diferentes localidades del partido de R.. Se vincula con jóvenes de su edad, vecinos del barrio, del trabajo y del fútbol.-
T. manifiesta sus deseos de continuar estudiando. Posiblemente pueda iniciarlos una vez cumplidos los 18 años en la escuela vespertina aunque manifiesta cierta incertidumbre ya que desea tener conocimiento de las personas que concurren e integrar un grupo poco numeroso.-
En el mes de mayo del corriente año, el CRP informa que al momento de visita al domicilio del joven se encontraba trabajando, entrevistando por ende a la progenitora quien manifiesta que T. está dedicado al trabajo, que respeta las reglas establecidas cumplimentando los horarios dispuestos. Sostiene que está atravesando este momento con más tranquilidad y ajustándose a lo pautado judicialmente.-
Se iniciaron las gestiones a fin de que el joven pueda insertarse en el sistema escolar, a pesar que no se evidencia en este momento un tema de suma prioridad como se vislumbrara en una etapa anterior a la morigeración.-
Con relación al acompañamiento psicológico, informa, se ha trabajado mucho con T. y con su madre en la necesidad de contar con esta instancia de tratamiento más allá de la contención familiar. En un primer momento se trabajó con la posibilidad de que T. asistiera a terapia con un profesional del Hospital Municipal debido a que su madre se encontraba concurriendo al mencionado establecimiento. "No hubo resistencia por parte del joven a esta sugerencia pero si evidenciamos una dificultad para finalmente concretarlo. Atento a esa situación y ante la reciente inauguración de un Centro de día en su localidad que brindará asistencia psicológica permanente, fundamentalmente a jóvenes, se establece el compromiso por parte del joven y su progenitora para comenzar la terapia en dicho espacio".-
La última pericia psicológica es realizada en fecha 10 de julio de 2014.
Surge de la misma que persiste y se profundiza la implicación del joven en conductas que señalan su adquisición de responsabilidad, mientras que el grupo familiar se mantiene firme en el acompañamiento, contención y ordenamiento sin que se susciten conflictos.-
En función de las características que marca la evolución puesta de manifiesto al momento por el causante, podría aguardarse un satisfactorio proceso de inclusión saludable en proyectos vitales.-
Se hace saber que si bien T. refiere puntualmente su anhelo de superación personal, al presente no se encuentra escolarizado y sólo mantiene la inserción laboral y deportiva. Recomienda por ello como oportuno que el joven completara además su capacitación escolar o en algún oficio, preparación necesaria para su futuro autovalimiento.-
El joven se ha afianzado en su desenvolvimiento social (en el marco de las relaciones laborales y deportivas) como en el ámbito familiar. Es considerado y respetado por su desenvolvimiento en los espacios sociales, hallándose él mismo más consolidado y confiado.-
La dinámica familiar ha evolucionado satisfactoriamente. No solo los progenitores han mostrando apertura y contención, sino también T. se ha mostrado afable en los vínculos, más comunicativo y solidario; lo cual habla de un sentido de pertenencia e integración más sólido.-
Actualmente persiste de modo satisfactorio el desarrollo de sus condiciones personales y de las capacidades aludidas, sumándose la expresión de emociones positivas cuanto el reconocimiento -ya observado- de sus problemáticas. Es posible aguardar desarrollo de autodeterminación en un marco de persistencia de las condiciones personales y ambientales presentes.-
Manifiesta la Licenciada Marcela Zavalía en su exhaustiva intervención, que pudo detectarse en el joven construcción de responsabilización personal e implicación subjetiva adecuada. Aún tomando en consideración esta favorable evolución y resultados, se reitera la sugerencia de que T. pueda acceder a tratamiento psicológico. Se conversó sobre la cuestión con el joven y también con su madre y, si bien puede entenderse la negativa actual del causante debido a su necesidad de evitar tomar contacto con el dolor psíquico, se les explicó el fundamento de la indicación. Independientemente de las articulaciones del presente proceso y sus derivaciones legales, que el causante atraviese por un proceso de análisis psicoterapéutico redundará en su futura salud psíquica, ya que los acontecimientos vitales protagonizados -y a tan corta edad- requieren sin alternativa ser psíquicamente elaborados.-
A fs. 675 obra agregado un certificado de la Lic. en Psicología Teresa Burcaizea donde le otorga un turno para atención de T. el día martes 12 de agosto de 2014 a las 10:00 hs..-
El último informe social elaborado en fecha 30 de julio del presente año da cuenta que los integrantes del grupo familiar han logrado paulatinamente entablar un diálogo más sólido y firme. T. se muestra con mejor predisposición a la comunicación, a las conversaciones familiares, a volcar sus inquietudes y proyectos.-
La familia ha logrado organizarse tratando que T. permanezca contenido, efectuando sus actividades siempre dentro de un entorno familiar que brinde confianza como así de amistades que lo apoyen y lo orienten a fin de lograr sus objetivos, trabajar, estudiar, cumpliendo siempre las disposiciones emanadas desde la Justicia.-
El joven continúa desempeñando tareas como empleado de albañil, siendo ésta labor, estable. Luego del trabajo se dedica a la práctica del fútbol de manera formal, ya que continúa jugando en el Club I., cuando debe viajar a otra localidad es acompañado por su madre. Dentro del ambiente deportivo también recibe consejos y orientación por parte de los dirigentes del Club.-
En cuanto a sus estudios, la progenitora se ha contactado con docentes de la escuela vespertina, los cuales le han comunicado que no podrá cursar regularmente dado lo avanzado del año, por lo que retomará los estudios en el próximo ciclo lectivo debiendo completar dos años más de los que ya ha cursado.-
El informe de conclusiones finales periciales, confeccionado por la A. S.
Susana Milla y la Psicóloga Marcela Zavalía de Trapiella del CTA del FRPJ en fecha 6 de agosto pasado las profesionales dictaminan que "...durante el transcurso del presente proceso judicial el causante ha recorrido un proceso psíquico y de desenvolvimiento personal con resultados favorables, viéndose reflejado en la subjetivización del sentido de responsabilidad por los propios actos, con involucramiento en comportamientos que han marcado una muy favorable evolución y respuesta positiva a las estrategias de intervención que fueran planteadas. Asimismo ha desarrollado legítimo sentimiento empático, apertura para recibir estímulos como también orientación externa y logrado adecuada derivación impulsiva, con movilización reflexiva. Se observaron también signos valiosos en su proceso de integración familiar y legítima expresión de anhelos orientados a la construcción de inserción social y laboral futuras, con rasgos más saludables y por ende, estables...".-
Se observaron modificaciones favorables con respecto a sus posibilidades de acompañamiento, afianzando sus relaciones interpersonales y construyendo consensos y planificación de objetivos.-
Responsablemente los padres han ido efectuando cambios en beneficio de lograr la integración de su hijo al seno de la familia, como así también a la vida comunitaria a través de la inserción laboral, deportiva y a futuro, educativa, respetando las disposiciones emanadas desde el Juzgado. Cuenta con el apoyo de quienes lo rodean sin haber sido molestado o increpado a raíz del hecho que originara la presente causa. En función de lo expuesto consideran "cumplidas, al momento, las finalidades del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil".-
El informe del organismo ejecutivo de supervisión de fecha 20 de agosto pasado, da cuenta que el joven se encuentra a la fecha y desde el martes 12 de agosto en una E. denominada "Don R.", a unos 15 kms. de su lugar de residencia. Su progenitora refiere que el joven aceptó este trabajo debido a una baja en la actividad de albañil que venía desarrollando. Resulta ser una tarea temporal pero más redituable económicamente, permaneciendo en el mencionado previo regresa a la ciudad solo cuando pueden traerlo los encargados del establecimiento.-
La operadora expresa que T. se ha ajustado a lo acordado, priorizando lo laboral y su actividad deportiva.-
Sobre el tratamiento psicológico, el joven se acercó al Hospital Municipal para realizarlo, siendo atendido por una profesional de sexo femenino que según lo expresado por T. le produjo cierta incomodidad. Por ello, se iniciaron gestiones con el Lic. Sergio Galloso de la ciudad de A. para llevar adelante la mencionada terapia.- Por último, el día de la audiencia, la operadora de intervención hace entrega de un informe suscripto por la misma donde refiere que el joven continúa con sus tareas laborales en la E. D. R. bajo las directivas del Sr. V. P. de lunes a sábados, pernoctando en el lugar y por el periodo estimado de tres meses. Continúa con su actividad deportiva en el C.I., jugando en primera división. También con la terapia individual, en forma semanal, con el Lic. Jorge Galloso y que ha sido incluido en una beca denominada Plan Barrios Bonaerenses, consistente en una ayuda económica por el término de seis meses con posibilidad de prórroga.-
Liminarmente, en materia de apreciación de la prueba dentro de las particularidades contextuales y específicas del fuero especial, he dado cuenta en otros casos (Autos Nº 23/09, 24/09 y 46/10) de mis puntos de vista respecto del resultado de la tarea de acompañamiento y supervisión que realizan los operadores ejecutivos, por un lado y las pericias del CTA por otro, con sus respectivas debilidades y fortalezas en cuanto a su entidad y peso probatorio, a la hora de proporcionar al juzgador, elementos probatorios desde la interdisciplina, imprescindibles -máxime- en esta etapa, para decidir en el sustancial juicio de necesidad de punición.-
Para la apreciación de las pericias psicológicas y sociales obrantes en autos practicadas por un cuerpo especializado, tuve en cuenta que tiene dicho la jurisprudencia que “En el procedimiento penal vigente en la Provincia de Buenos Aires, la prueba pericial, como cualquier otro medio de allegar convicción a los magistrados, carece de fuerza constrictiva "per se". Sólo los principios científicos en los que se base y las concordancias de sus conclusiones con las leyes de la sana lógica, le darán la necesaria fuerza como para imponer sus puntos de vista a los jueces....” (causas Nº 2929, 2947 y 2948 de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, caratuladas "R.,G."; "B., H. A.; A., J.L.; G., S. G."; "C., S. R.; L., A. N." S/recurso de Casación, 13/11/2003).-
Mas doctrinariamente se ha dicho: "La fuerza probatoria del dictamen pericial será valorada conforme a los principios de la sana crítica y la libre convicción...En la actualidad, la doctrina es unánime en cuanto a que el resultado de la prueba pericial no obliga al juez quien podrá separarse del dictamen siempre que tenga la convicción contraria. El principio es, entonces, que los jueces no están obligados a seguir la opinión de los peritos, lo contrario implicaría que éste podría sustituir al juez, erigiéndose virtualmente en quien en definitiva decidiría en no pocas ocasiones el resultado de la causa. Por el contrario, el magistrado tiene el poder-deber de practicar sobre el informe de los expertos una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente no sólo las conclusiones definitivas a las que el perito hubiera llegado, sino también las operaciones y prácticas que para ello hubiese efectuado, los fundamentos y razones con las que sustenta aquéllas, y la seriedad de todo el desarrollo de la prueba. Si en algún dictamen los peritos vierten suposiciones, inferencias o deducciones personales aún cuando tengan como referencia hechos comprobados, el juez tiene la total libertad de apreciarlos conforme a su sana crítica. El juez no puede aceptar ciegamente la opinión de los expertos, de este modo se desnaturalizaría no sólo su propia función de juzgador, sino también la de la pericial como medio de prueba. Si bien el órgano jurisdiccional no está obligado con el resultado de la pericia, para separarse del mismo deberá expresar explícita y razonadamente los fundamentos de tal apartamiento. Ello es así como consecuencia directa del principio de la debida fundamentación de toda resolución judicial, el disenso con el dictamen técnico no puede ser antojadizo y arbitrario..." (Eduardo M. Jauchen, "Tratado de la prueba en materia penal" Título cuarto cap. III, editorial Rubinzal-Culzoni).-
Puede apreciarse de todas las pericias efectuadas por el CTA en el largo tránsito que el joven efectuara hasta ésta decisión, no sólo que los profesionales han dado la correspondiente motivación a sus conclusiones, indicando los métodos con los que para ello se valieran, sino que no surgen discordancias con los informes ejecutivos emanados del establecimiento penal y del CRPDptal., en cuanto se ha producido en la persona del joven un cambio sustancial favorable para sí y para su entorno.- Previo al inicio de este proceso, la relación familiar y en especial con su progenitor no se encontraba en buenos términos, con lo cual T. había decidido irse a vivir a la casa de sus abuelos maternos, significando esto una dificultad (desde lo simbólico de la figura paterna) para posicionarse como autoridad frente al joven, pudiendo haberse constituido esta falta, en un generador determinante en el desenvolvimiento de la dinámica intrafamiliar de incidencia en el marco convivencial de un adolescente. Actualmente la situación se ha revertido, T. se encuentra cumpliendo la medida cautelar en el domicilio parental desde el mes de diciembre pasado, manteniendo un buen comportamiento, con acatamiento tanto de las órdenes judiciales como de los límites impuestos por su familia sin desarrollarse ningún tipo de situación conflictiva.- La totalidad del material relevado es contundente en cuanto a que T. ha logrado la adquisición de responsabilización frente al hecho infraccionado, con implicación subjetiva adecuada e involucramiento, con un saludable posicionamiento personal y comunitario, estimando los peritos especialistas de intervención, desde la interdisciplina, que se han cumplido al momento las finalidades del fuero penal juvenil, conclusiones en esencia compartidas por los operadores ejecutivos de atención y supervisión cautelar del caso.-
Es así, que confiero pleno crédito en consecuencia y en cuanto no han merecido objeciones ni impugnaciones de las partes, a los dictámenes psicológicos y sociales realizados por las profesionales del CTA del Fuero durante el período de cesura de juicio -en las que, como dije, se consignaron los métodos para responder a los puntos de pericia solicitados en la IPP por el MPF (que se tomaron con punto inicial de observación en evolución) y luego por el TRPJ- los cuales resultan contestes y concordantes con otras probanzas que ilustran sobre las circunstancias de los autos, en su conjunto y que culminaron en el informe interdisciplinario final de fs. 679 que resulta concluyente -aún cuando no obligatorio- a la hora de lo que ha de decidirse y en el cual los profesionales consideran que los objetivos del proceso penal juvenil, en términos de responsabilización personal por el hecho juzgado e inclusión social y familiar adecuada, han sido logrados.-
De otra parte y en lo concerniente a la actividad ejecutiva reflejada en autos mediante periódicos informes, también da cuenta en resumen de su actuación y términos similares, la deposición testimonial de la operadora del CRP Dptal., Lic. Graciana Vázquez Cerutti, encargada juntamente con el Dr. Martín Trucco de efectuar el acompañamiento y la supervisión del caso en campo (cfrme. se resolviera en 28/02/2014), encomendado oportunamente al organismo al cual pertenecen.-
Manifestó la prenombrada que la intervención del CRP comenzó cuanto T. se encontraba aún en el Centro Cerrado Leopoldo Lugones de Azul. Se tomó contacto con el joven cuando tuvo sus primeros permisos de visita a su familia, posteriormente cuando se le otorgó un permiso por tiempo prolongado y en esta última etapa con el arresto domiciliario.-
Expresó que el Centro de Referencia ha acompañado a T. en este proceso y que en esta etapa final, él se ha focalizado mucho en lo que tiene que ver con lo laboral, primeramente trabajando como albañil y actualmente en tareas vinculadas al campo.-
Comenzó el tratamiento psicológico en principio, con una profesional femenina del Hospital Municipal con la cual, según los dichos del joven, no logró establecer un vínculo para la terapia. Por ello "nos solicitó la posibilidad de cambiar a un profesional de sexo masculino. Se iniciaron gestiones y comenzó terapia con el Lic. Galloso quien es además Director de Salud del Municipio de R. y también se encuentra a cargo de tratamientos en un Centro de Día recientemente inaugurado".-
Recientemente dice, se lo incluyó en una beca denominada "Plan Barrios Bonaerenses" por un período de seis meses, comenzando el mes próximo, con la posibilidad de que pueda extenderse en el tiempo. Ello, en función de brindarle un incentivo económico que le permita a T. dar continuidad al proyecto de retomar sus estudios secundarios.-
En relación a la actividad deportiva que desarrolla, continúa vinculado al Club I. de R., jugando en primera división. Prosigue con el entrenamiento considerando este lazo con el Club como muy positivo, representando este ámbito saludable para el joven y también un buen vínculo de contención. Agrega que el cambio de trabajo de T. a la E. D. R. fue a raíz de la propuesta de uno de los integrantes de la comisión del Club que lo considera a partir de conocerlo por su desenvolvimiento y forma, que es donde se encuentra actualmente desempeñándose.-
Consultada por quien suscribe sobre el cambio laboral de T. que fuera informado quince días después de producido y si los padres, garantes de la medida, lo habían puesto en su conocimiento, aduce que se encuentran en permanente contacto tanto con el joven como con la familia, encontrándose ellos -en alusión a los padres- abiertos al acompañamiento brindado y a las sugerencias aportadas desde esa instancia.- Informa que el joven vio interrumpido su trabajo como albañil por cuestiones del mercado laboral y ante ese "paráte" surge inmediatamente la propuesta de trabajo en la E.. Debido a las cuestiones relacionadas con la siembra y la cosecha había que resolverlo en el corto plazo.-
Reporta oralmente que, tal vez por ingenuidad o por no llegar a dimensionar lo que implica la figura del arresto domiciliario y por tratar de garantizar la continuidad laboral considerándolo como algo positivo, T. accede a esta propuesta pensando que era por un lapso de tiempo acotado, pero debido a su desempeño se le ha brindado la oportunidad de continuar al menos tres meses más.-
Interrogada la operadora sobre si se remitió copia del informe a la Defensa en forma oportuna, a lo que no supo responder y sobre la demora en informar al Tribunal producida, expresa que "Reconozco el error cometido, lo hemos charlado con la familia y con T.. No se trató de una violación al arresto sino de una cuestión de querer continuar con la actividad laboral que además le representaba un mayor rédito económico y que resultaría positivo para el proceso que está atravesando. "La progenitora fue quien nos avisa del cambio cuando efectuamos la visita periódica e inmediatamente fue informado". Agrega que no hubo intención de ocultamiento, reiterando que su impresión personal es que se trató de una cuestión de ingenuidad o en todo caso de seguir teniendo oportunidades en lo laboral, que ha sido el pilar de todo este proceso, juntamente con lo deportivo, dos actividades con las que se ha mantenido".-
Se le consulta si la supervisión fue realizada por ella y el Dr. Trucco directamente o la habían delegado en alguna persona de la comunidad del joven, argumentando que como T. no se encontraba incluido en ningún programa, como por ejemplo "Envión" o alguno vinculado a la Municipalidad, la realizaban ellos. Lo visitaban y estaban en permanente contacto con él y con la familia. Constataban el domicilio, la realización de tareas laborales, efectuaban toda la supervisión.- La Dra. Dana, Magistrada del Dpto. Judicial de Junín, le consulta a la operadora sobre la metodología de trabajo que llevaron a cabo y si habían visitado al joven en su actual lugar de trabajo, a lo que responde la Lic. Vazquez Cerutti que su domicilio se encuentra en T. A., que trabajan con una zona de este Dpto. Judicial, entonces la recorren habitualmente, y que personalmente visitaban el domicilio del joven, semanalmente o quincenalmente, pero que en su lugar de trabajo no lo han visitado.-
La suscripta le pregunta sobre su evaluación en términos de resultado sobre inclusión familiar y social del joven y la Lic. manifiesta que con relación a lo familiar lo ve como que ha logrado mejorar el vínculo, evidenciado ello en el acompañamiento de los padres cuando realizaban las visitas a su domicilio.- Considera que la terapia con el nuevo profesional le ha hecho mucho mejor a T., se ha sentido mucho más contenido a pesar de que al principio parecía como reticente.-
Respecto a la relación social la ve favorable: se encuentra incluido deportivamente en un club que resulta ser un referente para la localidad ya que tiene vinculación con otros de la zona, participando de torneos en distintos lugares, siempre acompañado por su madre. El club lo ha considerado favorablemente, tal es así que le ha brindado una oportunidad laboral. "No hemos evidenciado ningún conflicto que tenga que ver con lo comunitario que era la situación que al principio nos preocupaba por tratarse de una localidad pequeña con ciertas particularidades en cuanto a la mirada social. Lo vemos a T. maduro en la cuestión vinculada a la toma de decisiones y al pensar en un proyecto de vida vinculado al trabajo, al estudio y al deporte que nos parece que son los tres pilares importantes para sostener este nuevo proyecto de vida".- La deposición efectuada en audiencia por la operadora ejecutiva, resulta significativa de la evolución favorable que ha tenido T. tanto en la faz familiar, como en la social y laboral y en ello, la prueba colectada resulta conteste y concordante.- No obstante ello y tal luego se retomará, debo poner de manifiesto cierto déficit (a tenor de la cautela procesal establecida a su cargo, bajo la forma de arresto domiciliario) en el desempeño de los operadores asignados al caso, en cuanto atañe particularmente a la tarea de supervisión encomendada y de acuerdo a la modalidad pautada y dispuesta sobre todo, en la audiencia del 28 de febrero pasado aunque, cabe resaltar dicha intervención elongada desde fecha 5 de diciembre del año pasado.- Por último, aduno la impresión directa que el joven generó en la suscripta al desarrollarse la audiencia, quien se presentó acompañado por sus progenitores, garantes de la medida cautelar que se encuentra transitando, y al brindarle la palabra expresó que primeramente se sintió mal pero que ahora está un poco mejor. Juega al fútbol, hace lo que le gusta y el año próximo piensa continuar con su escolaridad. Cuando estaba en el Centro Cerrado estaba mal, que ahora se está adaptando bastante bien. Las tareas en el campo que por ahora realiza, consisten en ventilar y curar semillas. Se encuentran en plena campaña, se siente bien. Su patrón está en la comisión de I.. Trabaja de lunes a viernes y los fines de semana se queda en su casa. Actualmente con el tema del trabajo en el campo, no se encuentra entrenando, viniendo directamente a jugar los días domingos a las 15:30 o 16:00 hs..-
La Defensa le preguntó si la terapia lo ayudó a reinsertarse socialmente, a salir a la calle, a ir de a poquito mostrándose y si ha tenido inconvenientes con la gente. T. manifiesta que el psicólogo lo ayudó a salir adelante, que primeramente iba una vez por semana "y ahora como me vio bastante bien voy cada quince días" y que no ha tenido problemas con nadie.-
La Dra. Dana por su parte, le consultó por su actividad deportiva, escolar y laboral, manifestando el joven que juega de delantero y que los inconvenientes que se suscitan dentro de la cancha, se terminan ahí. En cuanto a la prosecución de sus estudios, expresa que este año no pudo continuarlos porque aún tenía diecisiete años, así que el próximo año va a proseguirlos. Respecto de la actividad laboral refiere que es por temporada, por campaña y que el próximo mes cobrará la beca "Barrios Bonaerenses".- Las partes no desearon realizarle preguntas, dando la palabra quien suscribe a los progenitores de T., sobre si han observado variaciones en el comportamiento del joven, a lo que expresan que lo ven más tranquilo, que tiene su trabajo, que adquirió consciencia y responsabilidad.-
Asumen los padres que, en modo alguno, como garantes del arresto domiciliario, tuvieron intención de vulnerar sus condiciones con la omisión de avisar inmediatamente el cambio de lugar de trabajo, que solo pasaron unos días entre el final de uno y el comienzo del otro, les pareció importante que su hijo aceptara ya que tenía que hacerlo enseguida y que era con el acompañamiento de alguien del Club y una buena oportunidad laboral, precisando el padre -a pregunta concreta de la Dra. Dana-, que informaron a los dos días de sucedido, al Centro de Referencia Penal. Manifiestan que el año próximo sería deseable que su hijo continúe con los estudios y podría trabajar nuevamente con su hermano e informan que el joven también percibe una paga por partido en la práctica futbolística en primera división.-
Compendiando la apreciación de la prueba colectada, puede establecerse que, en tanto contestes y concordantes entre sí en cuanto a la adquisición por el joven de cuanto atañe a los objetivos previstos por el art. 33 de la ley procesal especial, los medios de prueba colectados en autos son valorados de plena eficacia en sostén de las conclusiones periciales y ejecutivas -aún cuando de su cotejo, se registraran demoras en el planteo de las estrategias a tal fin, por el CRPDptal. en lo atinente a la atención de la salud psíquica del joven, y aparecieran discrepancias en cuanto a las supervisiones pautadas para la cautela procesal- a las que se ha arribado en el presente proceso, a los que sumo mi impresión personal, tal como antes se consignó.-
Es así que para su apreciación en el decurso del presente proceso y la valoración de la impresión actual del juzgado, resalto la contención brindada en todo momento por la familia del joven que coadyuvó al mejor desarrollo del prenombrado resultando de vital importancia. También estimo sumamente valiosas las recomendaciones efectuadas a través de las experticias realizadas periódicamente por los peritos del CTA del Fuero, y por sobre todo, la voluntad del joven sometido a proceso, sin la cual todo no hubiera sido posible.-
Lo manifestado tanto por L. como por sus progenitores denota las ansias de superación, sus anhelos de progreso, sus proyectos, la posibilidad de forjarse un futuro digno. Se puede apreciar que T. no es un joven conflictivo, ha demostrado responsabilidad laboral, desarrolla una actividad deportiva y ha logrado manejar sus impulsos dentro de la dinámica familiar, sustrayéndose a cualquier situación de eventual discrepancia a nivel social y habiendo tenido buen desempeño en lo escolar -en el CC de Azul fue denotado como alumno destacable- se prepara, para darle continuidad el año venidero.-
Por lo que, en mérito a ello y justipreciándolos en el presente caso, adelanto mi entendimiento en cuanto a que los objetivos perseguidos por el SRPJ fueron alcanzados dentro de los principios constitucionales receptados en el art. 33 de la ley Nro. 13.634, con lo cual la imposición de una pena pasa a quedar despojada de sustento fáctico-jurídico y es así que descarto la conveniencia de su aplicación bajo la modalidad de prisión domiciliaria, propuesta por el Dr. Butti.-
La postulación acusatoria, -si bien parcialmente en su faz de integración familiar mas no así en cuanto a la plena integración social- aparecería en principio, conteste con los parámetros del fuero penal especial, para el que se ha dicho que "...Adecuar la respuesta penal a la fase evolutiva de los adolescentes y jóvenes, supone por último, excluir de la justicia de menores el automatismo que asocia inevitablemente determinada pena al correspondiente delito, e introducir criterios de enjuiciamiento y adopción de sanciones que, además de tener en cuenta la gravedad del hecho cometido, valoren las condiciones personales, familiares y sociales del menor; supone contar con un catálogo de sanciones (siempre determinadas en el tiempo) amplias, flexibles, dotadas de contenido educativo y susceptibles de ser llevadas a cabo en la mayoría de los casos en el propio medio del menor; supone, por último, estimular y potenciar la participación social en la adopción y ejecución de las sanciones adoptadas, a fin de lograr listar los procesos de exclusión social y facilitar los procesos de autoafirmación e inserción social de los jóvenes..." (Delincuencia juvenil, justicia e intervención comunitaria - Jaume Funes, Carlos González).-
Más he de traer del voto de la Dra. Corona al que adherí, quien fuera Magistrada del TRPJ Dpto. Judicial de Pergamino, en sentencia dictada en 29/06/12 en los autos Nro. 323/10 y 324/10 los siguientes conceptos, cuyos destacados me pertenecen: "...Que la determinación de la pena en cualquiera de sus etapas exige pensar que es lo que se pretende conseguir con su aplicación en el caso concreto, no perdiendo de vista que el ilícito culpable es la base de la que parte tal determinación... (art. 17.1, incs. "a" y "c"), y “…. [soft law, regla 5.1].2. El proceso de selección de la pena juvenil aplicable a los adolescentes comienza con su consideración en abstracto, en relación con la impuesta para cada delito en el régimen penal de adultos, pero con la posibilidad de reducción, (art. 42, 44 del CP y 4 de ley 22278), que se realiza en atención a una culpabilidad disminuida justamente por el menor desarrollo de las facultades intelectuales y volitivas de los adolescentes.
Este menor merecimiento es la base que incluye consideraciones personales del infractor que, de cierta manera, explican una necesidad distinta de pena, de menos intensidad e incluso diversa naturaleza. Lo que implica la idea de interacción de merecimiento con criterios preventivos especiales.- Zaffaroni plantea la necesidad de una construcción de concepto negativo o agnóstico de la pena, partiendo de la base de que la pena en si es un ejercicio del poder del Estado que no tiene ninguna función reparadora o restitutiva, ni es coacción administrativa directa, y por lo tanto no responde a ningún modelo de este tipo de respuesta comunicativa, aspecto este que es lógico pero que implica la base de la discusión y no su solución.
Puede derivarse a partir de la posición del citado autor que la pena no debe ser explicada o justificada por parte de quien la aplica sino que, en todo caso, dicha tarea corresponde a las "agencias" que ejercen el poder selectivo/punitivo. Según este pensamiento, quien aplica la pena (agencia judicial) tendría como tarea contener ese poder o eliminarlo si es que puede hacerlo.-3. ..4.... Que una vez verificados los requisitos del art. 4 de ley 22278, y surgiendo la necesidad de la aplicación de sanción penal la cual se determina en función de las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento y la impresión directa del juez, quien aun frente a la peor hipótesis, cuenta con la facultad de aplicar la escala penal de la tentativa y aun absolver.
Y ello porque el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5°, inc. 6, CADH) y que el tratamiento tenga la misma orientación (art. 10, inc.3°, PIDCP) exige que el juez no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. ....5. ...Merecimiento y necesidad de pena aparecen como ideas rectoras que reflejan la conexión entre el delito y su respuesta, sin desatender las condiciones del joven a quien se imputa el hecho e impondrá determinada consecuencia. Ellas suponen exigir ciertos requisitos para la aplicación de una sanción penal, un determinado hecho frente al que se responde, y una justificación o explicación. [confr.
Bustos Ramírez, Juan, Derecho penal del niño-adolescente (estudio de la Ley de responsabilidad penal del adolescente) (Santiago, EJS, 2007)]. En igual sentido, Cillero Bruñol, Miguel, cit. (n. 10), II, p. 110..., señala que: "la virtud de una ley penal juvenil es resolver armónicamente las contradicciones entre libertad, seguridad y protección al desarrollo e integración social de los adolescentes". (confr. Espíritu y letra de la CDN, PSJCR, PIDCEyP,-art.75 inc. 22 CN). ... 7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "cuando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad" (CIDH, "Villagrán Morales y otros ('Niños de la calle')" -Serie C n° 63-).
En tanto, la CSJN, sobre la materia ha sostenido que "la necesidad de la pena a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a 'gravedad del hecho' o a 'peligrosidad', ya que este concepto “…utilizado con fines penales carece de base científica porque es un juicio subjetivo de valor de carácter arbitrario…es una declaración de enemistad que excluye a la persona de su condición de tal y de las garantías legales y que no es mas que un calculo de probabilidades acerca de su futuro comportamiento…” (CSJN, Fallos: “ Maldonado y otros”, “Gramajo”, “Garrone”).- Antes bien, la amplia facultad del juez –como ya dijera- al sentenciar en este fuero, se funda en la obligación que las penas que eventualmente se impongan tiendan a promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad, (art. 40, inc. 1° ley 23849/90), según la CSJN, en fallos: "M., D.E. y otro" del 7/12/2005 ... 13.- Y siendo que la pena se impone de acuerdo a la culpabilidad del autor, con la obligación por parte del juez de no desentenderse de los posibles efectos nocivos desde el punto de vista de la prevención especial, ello aparece compatible con la evaluación de las condiciones personales del sujeto en el momento en que se fija la pena, no al momento del hecho.
La pena se impone en el presente por un hecho cometido en el pasado. Es decir, que lo que hace al injusto y la culpabilidad se valora con relación al hecho, pero la necesidad o no de imponer sanción penal incluye además, una lectura de lo que el sujeto es, al momento del dictado de la sentencia. ... y sus posibilidades reales de dominar el curso de los acontecimientos, o bien la posibilidad de haber actuado impulsivamente, o cualquier otro elemento que pudiere afectar la culpabilidad adquieren una significación distinta, que no puede dejar de examinarse al momento de determinar la pena (fallos: “M.D.E y otro s/robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado”, causa n° 1174, sent. 07/12/2005)…".
A ello aduno, entonces en dicha télesis, el derecho que le asiste al joven a un juicio rápido -art. 14 apart. 3 inc. c) Pacto de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 inc. 1 Conv. Americana Sobre Derechos Humanos-, que integra el debido proceso.- En el presente caso y tal como anticipara al analizar la primera pauta del artículo, el hecho aconteció el día 11 de agosto de 2012, con lo cual estimo que devendría -luego de poco más de dos años fincados en la ausencia del requisito legal de la edad de punición para habilitar este pronunciamiento- extemporánea, de acuerdo a su misma esencia y finalidad, la penalización del evento cuando no obstante la gravedad del suceso, concordantemente todos los operadores consideran que los objetivos del presente proceso, reseñados por el art. 33 de la ley especial, han sido logrados en su decurso.- Cabe efectuar especial consideración de que el joven en cuestión ha estado privado de libertad desde el 11 de agosto de 2012, donde se produce su detención, resultando del cómputo total de tiempo cautelarmente cumplido de la medida de coerción personal, mayormente bajo la modalidad privativa de libertad personal y en último término, restrictiva de la misma hasta la celebración de la audiencia del juicio de punición, un lapso temporal de 2 años, 1 mes y 14 días.- Ello no sólo comporta una intervención del Estado Pcial. más que suficiente -aunque adoleciera de plena calidad y oportunidad en cuanto a los resortes instrumentados en su faz ejecutiva, lo cual no podría atribuírsele en términos negativos al joven en ésta respuesta jurisdiccional- en la vida adolescente de este joven, sino que al adoptar ésta decisión no es posible desconocer lo que, como tiempo vital de un joven - que tal como palmariamente se presenta plasmado en el fallo de la CIDH "Mendoza vs Argentina", no es el mismo que el de un adulto- y su registro simbólico, importa el excepcional encarcelamiento preventivo sufrido por el adolescente en el transcurso del presente proceso penal, traducido en términos de encierro y desvinculación en tiempo real de todos sus afectos, máxime cuando la finalidad preventiva de toda pena ha sido obtenida en el decurso del proceso penal juvenil .-
En cuanto atañe a la cuestión, el análisis efectuado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal del 20 de noviembre de dos mil doce con la integración de los Dres. Benjamín Ramón Sal Llargués y Daniel Carral en causa N° 55.761 caratulada “P., T. R. s/ Hábeas Corpus” en la cual establecen que "...el principio de razonabilidad no se detiene en fijar un contenido a las leyes, sino que requiere que toda actividad del poder estatal -en cualquiera de sus ámbitos y funciones- sea siempre ejercida con un contenido razonable: “(...) La razonabilidad es un elemento de la proporcionalidad y ésta implica dos exámenes: uno, anterior a la decisión, es decir hacia los argumentos que justifican una convicción, referidos a la necesidad de hacer injerencia, conectando la probable existencia de un hecho y el objeto de esa intromisión y, segundo, un examen referente a la proporcionalidad en sentido estricto, en tanto hay una ponderación de bienes perseguidos: tal el supuesto en que, en determinada situación, no se justifique la privación de libertad de un imputado frente al costo de no poder llevar adelante el proceso (...)” (De Luca, Javier, “Pruebas sobre el Cuerpo del Imputado o testigos y las Garantías Constitucionales”, en Revista de Derecho Penal, Garantías Constitucionales y Nulidades Procesales, Ed. Rubinzal-Culzoni). Como lo expresó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Soering v. Reino Unido” (Serie A, vol. 161, pár. 89), el principio de proporcionalidad no es, pues, solamente un principio de razonabilidad de las restricciones, como lo cree ver alguna doctrina, sino que tiene una función crítica axiológica de balance entre derechos e intereses en oposición dialéctica. Puede haber razones para una restricción, no obstante haber desproporción entre el fin perseguido y el costo que debe pagar quien sufre la restricción".-
En igual sentido, he de considerar lo expuesto en los autos N° 49307/12 del Juzgado de Garantías N° 8 del Dpto. Judicial Lomas de Zamora, en cuanto "...si, al momento de dictar sentencias de imputados detenidos con prisión preventiva, se habilita el haber compurgado cautelarmente la pena impuesta, para luego disponer el archivo de las actuaciones...", tratándose de hechos juzgados por su comisión durante la menor edad, estimo que no puede soslayarse al decidir sobre la respuesta punitiva, el tiempo cumplido vivenciado en términos de la mayor gravosidad que el sistema penal prevé, no sólo temporalmente sino en calidad de vida.-
Teniendo en cuenta asimismo, en líneas generales, el comentario del art. 20.1 de las Reglas de Beijing, es de resaltar que el mismo establece "La rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser así, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran acarrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades intelectuales y sicológicas cada vez mayores, por no decir insuperables, para establecer una relación entre el procedimiento y la resolución, por una parte, y el delito por otra".-
Y agrego lo sostenido por el Señor Juez Dr. Ricardo Borinsky, integrante del Tribunal de Casación en la causa número 14695 (Registro de Presidencia nº 49766), caratulada: “M., M. E. s/ recurso de casación, de fecha 15/5/12: "No se me escapa, como tampoco a la magistrada del Consejo General del Poder Judicial de España Carmen Ferrer Tárrega, que el transcurso del tiempo, en la medida que opera como elemento que permite la evolución, la consolidación y el cambio de la personalidad, tiene relevante importancia en la individualización de las penas, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes e inmaduras, en las que el mero paso del tiempo, la adquisición de experiencia personal, el enriquecimiento afectivo y la estabilidad laboral pueden alterar notabilísimamente la estructura interna y externa de su personalidad...".- Es entonces donde, a tenor de lo solicitado por el MPF, cabe considerar que: "... en este sistema lo que verdaderamente subyace como idea preeminente no es la aplicación de las medidas sino el beneficio que reportará su ejecución".- Es decir, no debe perderse de vista que la misma pena debe procurar incentivar o fomentar "determinados tipos de conducta, experiencias o vivencias que lo beneficiaran en su proceso de crecimiento moral e intelectual, en lugar de aquellos que lo perjudicarían...
Esto hace que se mantenga presente la naturaleza estrictamente educativa de la sanción a aplicar, de manera tal que la pena se convierta en una experiencia positiva de aprendizaje provechoso para el adolescente... De esta forma la noción de responsabilidad penal hace parte del proceso educativo a que debe estar sometida una persona en el curso de los años de su adolescencia, proceso que se caracteriza por el constante aprendizaje que es propio de quienes aún se encuentran en un proceso de formación, de manera pues que si tales personas deben ser sometidas al cumplimiento de una sanción, ésta debe orientarse en función de las necesidades de educación, formación y aprendizaje de ése sujeto en particular, pues por lógica natural se enseña primero y después se castiga y no al contrario, caso en el cual se aplicaría la medida en desconocimiento de los detalles de la situación y del sujeto al que va destinada, convirtiéndose en una medida por medio de la cual el Estado contribuye a la deformación de la vulnerable y aún no consolidada personalidad del adolescente" (Prof.
Mireya Bolaños González, "Naturaleza Jurídica de las Sanciones en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente", Revista Cenipec 20, 2001, Venezuela, págs. 81/107).-
En esta última instancia, tengo debidamente acreditado que el joven T. E.
L. ha dado acabado cumplimiento a todas las condiciones que desde esta judicatura se le aplicaran, no sólo en la progresividad de su tratamiento como interno en el Centro de detención de régimen cerrado, sino también las que se le impusieran al otorgarle un mayor margen del uso de su libertad responsable, en primera instancia, mediante los sucesivos permisos: locales en Azul; luego en su hogar, supervisados por personal de la institución y por último, con acompañamiento de su familia, y en segunda instancia, durante la concesión del permiso prolongado y el arresto domiciliario. Se destaca su voluntad, esfuerzo y predisposición para cumplir con las reglas establecidas y salir adelante, avizorando un futuro digno dentro del marco de contención que se ha instaurado, tanto en opinión de todos los operadores de intervención en el caso, como a resultas de la impresión personal del joven recabada en audiencia. Es de merituar, como ya lo he mencionado, el apoyo incondicional de su entorno familiar en su conjunto, durante todo el tránsito procesal y no obstante sus penurias.-
Se puede inferir, igualmente de sus dichos los anhelos del joven de construir un proyecto de vida digno, encaminado a continuar los estudios secundarios el año venidero debido a que, al haber cumplido la mayoría de edad a mitad de año no se pudo incluir bajo una modalidad vespertina que le permita al mismo tiempo, mantener una actividad laboral; con reconocimiento de sus pasados errores y la entidad que tiene el quiebre con lo legal, como asimismo otorgarle el valor correspondiente a la vida, a su familia y a la libertad.-
Respecto a la condición de predisponerse a la continuidad de su abordaje terapéutico, si bien surgieron algunas dificultades para su consecución a pesar del compromiso verbalmente asumido, tanto por el joven como por su madre y de la estricta recomendación efectuada por las profesionales, de la institución y del CTA; estimo que las naturales resistencias de T. a confrontarse con el dolor psíquico producto de la supresión de la vida de otro joven -tal como también se evaluara pericialmente en tal sentido- dado los escasos terapeutas tratantes en la localidad de A. y el endeble vínculo terapéutico aparentemente logrado con la Lic. Teresita Burcaizea, no recibieron un abordaje estratégico oportuno de parte del CRP Dptal. para la remoción del obstáculo -sea mediante el afianzamiento en el joven y sus padres sobre la importancia de la cuestión, no obstante haberle sido expuesta en esta instancia al decidirse la morigeración y luego serles explicitada en gabinete del CTA-, y/o en el contacto con el Dr.
Galloso, quien atiende en forma particular con el consiguiente costo de sus honorarios profesionales y con el que el joven ahora refiriera encontrarse más a gusto.- Cotejando la información colectada en autos, dicha intervención terapéutica -indicada para su continuidad, con anuencia del joven, en resolución dictada en fecha 05/12/2013 a cuyos profusos fundamentos remito- finalmente se habría logrado en fecha reciente, si es que tenemos en cuenta que el certificado adjunto al escrito presentado por la Defensa, luego del señalamiento expreso desde esta instancia por nuevamente reiterada recomendación pericial, da cuenta de turno con la anterior profesional para el día 12 de agosto próximo pasado, (y como ya dije, además, resultara producto tanto de reiteraciones también desde esta instancia y la de la Defensa técnica - desde el mes de diciembre de 2013-, es que se informa el primer turno de atención con la mentada profesional en forma gratuita, en la fecha indicada, fs. 675/676).- Cabe tener en consideración que la madre del joven habló de la posibilidad de atención por el Dr.
Galloso y refirió no obstante, que atendía en forma particular ya en el mes de febrero del cte. durante la audiencia en la que se decidió el arresto domiciliario y participativamente, la cuestión se trató; volviendo a aparecer en la ocasión algún tipo de objeciones -que ya antes se habían presentado cuando se les transmitió la recomendación de terapia a los padres y se insistiera al órgano ejecutivo sobre la elucidación de su dinámica vincular en términos de fortalezas y debilidades de la familia para acompañar y reincluir a este hijo- sobre la única terapeuta local de atención gratuita.-
Es dable recordar que desde esta instancia, se reiteró a todos los operadores ejecutivos durante el transcurso del pasado año, la necesidad de trabajar con el joven y su familia, tanto sobre la responsabilización personal por el hecho atribuido como sobre sus eventuales efectos en su salud psicológica para su afianzamiento y elaboración, descartando la circulación en los discursos familiares e institucionales de la hipótesis de un accidente fatal, máxime a partir de la convalidación del veredicto por la Alzada local; y ello no obstante resaltar la importancia, a los fines de la reinclusión social del joven en una comunidad pequeña, de aquel liminar encuentro entre madres sufrientes por sus pérdidas filiales, quienes se abrazaron llorando "una por tener un hijo muerto y la otra, preso".-
Es así que, si bien la construcción de dicha responsabilidad personal por el hecho cometido ya se presenta informada desde instancia ejecutiva -equipo técnico CC Azul el año pasado, surge de pericia psicológica de fecha 21/10/2013, y se desprende también del contenido acta de visita jurisdiccional realizada por la Dra. Bajlec a título de colaboración, que obra a fs. 601 y vta. en fecha 18/12/2013; mas se considera plenamente alcanzada en pericia psicológica del CTA, tanto del 09/04/2014 como en la de fecha 10/07/2014; ello desde dicha perspectiva profesional, no puede serlo sino con consecuencias en la salud psicológica del joven, de no abordarse convenientemente el sufrimiento psíquico que conlleva como resultado, la cabal asunción del acto de haber dado muerte a otra persona.-
Siendo que los operadores del Centro de Referencia Penal local -a cargo de la implementación de las medidas cautelares alternativas a la privación del libertad, sea bajo la forma de permiso especial prolongado de fecha 5 de diciembre de 2013, como bajo la modalidad de arresto domiciliario resuelto en audiencia (168 bis CPP) en febrero pasado y cuyas condiciones se discutieran, con su participación (Pringles, Vazquez y Trucco) y la de todos los actores procesales- no solamente han estado en contacto previo a ello con el equipo técnico del CC de Azul, sino que han sido puestos en conocimiento oportunamente de cada una de las pericias efectuadas por el CTA; la demora de ocho meses en la instrumentación de estrategias dirigidas a contrarrestar obstáculos -sea personales, familiares o económicos- para la atención de tan grave y sensible cuestión en salud, no se presenta como menor en la valoración integral de la gestión ejecutiva del caso.-
Sin perjuicio de ello, cabe señalar -en aras a los fines del proceso y a lo que ahora resulta materia de decisión- ha quedado claramente explicitado por la profesional del CTA a cargo de las experticias en su especialización, que la relevancia de imprimirle continuidad a la terapia psicológica, tiene directa relación con ésa posibilidad de mejor enfrentamiento y elaboración del suceso desde el punto de vista de su salud psicológica (ver fs. 605/606 en 21/01/2014 y las que subsiguieron), mas no con la necesaria implicación subjetiva en el mismo, en términos de responsabilización personal, que contundentemente -desde la interdisciplina- se tiene por obtenida.- Tampoco escapa a la observación que, además de lo dispuesto en relación al permiso especial de los primeros días del mes de diciembre del año pasado, en esta última etapa y desde el 28 de febrero pasado, el joven fue autorizado a continuar la coerción personal bajo la medida cautelar-socioeducativa de arresto domiciliario y, tal lo expuesto al inicio, quedaron designados expresamente para continuar realizando las tareas, tanto de acompañamiento como de supervisión de la cautela procesal, los citados operadores Lic. Graciana Vazquez Cerutti y Dr. Martín Trucco, pertenecientes al CRPDptal., de acuerdo a la designación expresamente efectuada de la entonces Titular del organismo Sra. Beatriz Pringles, en el acto oral realizado a tal fin.- También expresamente quedó dispuesto en la resolución recaída que, la mencionada Directora del CRP, debía remitir a esta judicatura informe mensual de supervisión con copia a la Defensa Técnica, a los fines de permitir a la funcionaria Dra. Canelo, cumplir la carga legal dispuesta por el art. 73 de la ley procesal.- Y así no puedo dejar de denotar que si el primer informe se recibe en autos recién en fecha 15/04/2014 y el siguiente, el 30/05/2014; los que continuaron registran data en 26/08/2014 y 25/09/2014 y además, carecen todos ellos de indicación de fechas y horas en que se habrían efectuaron las visitas domiciliarias (con las constataciones sin aviso de las condiciones del arresto, en la forma en que se estableciera oralmente).-
De manera que la gestión ejecutiva (y/o su contenido vertido en el expediente judicial como instrumento público) no se presenta respetando la periodicidad (frecuencia) pautada y dispuesta, sea como constataciones domiciliarias efectivas, contenido de los informes y frecuencia en su presentación.-
Surge acreditado en autos, como ya dijera, que todo ello se trató en acto oral, en forma participativa entre todos los operadores, el joven y su familia garante, en la que se expusieron y discutieron todas las cuestiones atinentes a la cautela, asumiéndose en forma personal y expresa luego, los compromisos correspondientes, que constan debidamente informados y notificados en la causa a todos los involucrados (-ver acta fs. 615/623, certificación fs. 624/626 recibida bajo firma y copias de oficios fs. 630 a 651, con sus respectivos diligenciamientos; íd. resolución de fecha 5/12/13 y sus comunicaciones-).-
Además de tener que insistirse desde esta instancia, por expresa y motivada recomendación pericial, sobre la importancia de la continuidad en la terapia por el joven -para la instrumentación de la estrategia finalmente implementada que habría operado en su beneficio- como ya se hizo mención supra; en relación a la mudanza de domicilio del arresto sin aviso previo a este Tribunal, tal quedó dispuesto en dicha oportunidad como condición, el anteúltimo informe ejecutivo, da cuenta de una situación que había acaecido el 12 de agosto pasado, en relación al cambio en la ocupación laboral de T. (y de domicilio de lunes a sábados), de la cual se puso en conocimiento a esta judicatura, quince días después, habiendo expresado el progenitor haber anoticiado al órgano ejecutivo, a los dos días.-
En consecuencia de todo ello, los motivos de ingenuidad o desconocimiento expuestos por la operadora Vázquez, no se presentan plausibles, puesto que, como ya dijera, consta tratado y resuelto a fs. 615/623 (grabado en registro de audio), oralmente se discutieron las condiciones compromisorias, en forma participativa por todos los participantes y obtenidos los consensos, se notificó formalmente a los mismos, con entrega además al joven y garante presente, de "papeleta" cfrme. art. 198, ley Pcial. Nro. 12.256.-
Como ya he dicho en otras ocasiones -y en esta misma causa al así decidir el arresto domiciliario en la citada audiencia, por sus fundamentos y remisión a los de similar resolución adoptada en 24/05/2012 en autos Nro. 139/11 del JRPJ-, además del acompañamiento y asistencia para la elaboración de las estrategias de reinclusión, la cautela procesal para asegurar los fines del proceso a través del dictado a la hora, de ésta sentencia -arts. 1, 42 inc. f) y 44 por analogía, ley Nro. 13.634; 159 y 163 CPP- requiere de la supervisión del Centro de Referencia Dptal., sea por sí y/o a través del operador/es que su Titular designe residentes en el lugar del domicilio del joven, afectado/s en delegación para ello, en cuyo caso, se requirió expresa nominación e identificación (delegación que en el presente caso, surge probado no se instrumentó, asumiendo los designados un compromiso personal).-
Ello encuentra legal encuadre en los arts. 1 y 85 ley Pcial. Nro. 13.634, haciendo aplicación analógica del art. 20 ley Pcial. Nro. 12.256 en su actual redacción conforme ley Nro. 14.296, aplicable a los procesados conf. art. 1º y art. 6 de la citada ley de ejecución pcial., con lo que queda expresamente excluido para tal función, el control policial aún para procesos del fuero penal ordinario de adultos y en el mismo sentido, lo ha decidido la SCBA al tratar la constitucionalidad (o no) de la reforma a la ley de ejecución penal bonaerense.-
También entiendo a los fines de la implementación ejecutiva de la medida cautelar socioeducativa, debe ser éste (el Centro de Referencia Penal Dptal.) el órgano de acompañamiento, supervisión y seguimiento de la morigeración dispuesta y sus restricciones, en función de su especialidad (aún cuando en éste caso por la edad del joven juzgado dicha circunstancia se encuentre fuera de discusión), para lo cual también remito al desarrollo sobre la misma cuestión efectuado 'in extenso' por la suscripta en la resolución dictada en fecha 28/10/11 en expte. Nro. 074/10 -incidente de ejecución- de éste JRPJ (Nro. orden: 75/2011) en cuanto fuera publicada en la pág. web de la SCJBA en fecha 06/12/2012 (http://www.scba.gov.ar/portada/) que a la fecha ha adquirido firmeza por decisión de la Alzada Dptal. en la materia de fecha 14/12/11 en Expte. Nro. 1.312/11 "Recurso de queja interpuesto por el Rep. Fiscal de Estado, Dr. Miguel Paso" en dicha causa, Nro. orden 341, del Libro 26 de la Cam.Gtias en lo Penal TL., entre otros de similar tenor.-
En mi apreciación, si se pretende que los padres, constituidos como garantes de la medida y sin perjuicio de su responsabilidad de límites y respeto a las pautas familiares y judiciales, deben erigirse además, en delatores de las eventuales vulneraciones del hijo de las condiciones del arresto en domicilio (o de las omisiones del órgano ejecutivo afectado), se estaría sin dudas conspirando, por un lado, con la unidad y los vínculos familiares como objetivo de la ley que, en términos de inclusión, se intenta preservar o restablecer mediante el instituto morigerador a la privación de libertad personal del juzgado; y por otro, subvirtiendo también el deber de acompañamiento y asistencia a la familia que al Estado Pcial. le compete bajo cualquier circunstancia (arts. 3 y 4 CDN) y subrogando paralela e indebidamente, en sus funciones propias, al órgano encargado de la instrumentación del instituto cautelar atenuador de la coerción personal.-
De manera que la función de supervisión (que la cautela legalmente requiere) además de la imprescindible asistencia y acompañamiento, necesariamente debe ser externa y a cargo de la dependencia ejecutiva que tiene función de implementación de las medidas en el marco del proceso de responsabilidad penal juvenil.-
En esos términos la cuestión se trató en audiencia, poniendo en cabeza de los padres garantes la obligación de informar al Centro de Referencia (y éste a la Defensa con copias de los informes mensuales) sobre cualquier inconveniente, para permitir su oportuna consideración tanto por la Defensa para proponer sustituciones como luego y en su caso, por el Tribunal, ya que asimismo -y así se hizo expresamente saber- para atribuírsele al joven sus consecuencias -que reitero, le fueron debidamente informadas-, los incumplimientos deben acreditarse como injustificados.-
Por otra parte y en la misma línea, para el ejercicio de su rol técnico, deviene acreditado como supra se especificó, no fue tampoco anoticiada de dicha circunstancia la Sra. Defensora, mediante la remisión de copias de dichos informes a la Funcionaria (quien tomara conocimiento por vista corrida en el expte.), lo cual no sólo así se resolvió judicialmente, sino en su momento fue informado por la Lic. Henderson, resulta también una directiva impartida, en similares términos, por sus superiores a cargo de la Dirección respectiva que detenta el Dr. Tenuto.-
Va de suyo que la medida cautelar se encuentra vigente (sin perjuicio del llamamiento a audiencia para el juicio de punición realizado para el día 25/09/2014) hasta tanto se disponga -e informe o notifique fehacientemente- lo contrario a la dependencia ejecutiva a cargo de su implementación, de manera que el oficio cursado para ello a la Lic. Henderson (fs. 683, de fecha 6 de agosto del cte.) para su concurrencia al acto oral que motiva esta sentencia, en modo alguno puede propiciar confusiones. Asimismo, la existencia del bache en la información (intervención?) requerida opera en la franja temporal ubicada entre el 30 de mayo y el 26 de agosto pasado.-
Tampoco, según lo expresado en audiencia por la Lic. Vázquez, efectuaron los operadores visita alguna al establecimiento rural donde se desempeña el joven y en el que permanece semanalmente de lunes a viernes, resultando, por ende tanto un acompañamiento como una supervisión del caso en su faz cautelar, sumamente precaria y con claros incumplimientos u omisiones de parte de la instancia ejecutiva.- Dicho todo lo cual y retomando el análisis del presente caso penal, es entonces que cabe preguntarse si durante todo este tiempo, no obstante las falencias ejecutivas detectadas que no pueden achacársele -y a pesar de ello, cabe agregar, para otorgar más énfasis aún a sus logros individuales con el apoyo de su familia-, el joven en cuestión ha demostrado una propicia evolución, en especial en esta última etapa donde la medida fuera morigerada, ha cumplido con todo lo que judicialmente se le requiriera, los resultados obtenidos han sido positivos, se ha hecho íntimamente cargo de la infracción penal cometida, tiene proyectos a futuro y posee la contención familiar necesaria para encaminarse en la vida, cual sería la finalidad de procederse tal lo propuesto por el acusador estatal, imponiéndole una pena de prisión de efectivo cumplimiento -de inicio- por un lapso de cuatro años?
He expuesto en otras decisiones que alcanzar las finalidades propias del fuero especial de responsabilidad penal juvenil, se presenta para todos los que trabajamos en él, como un objetivo deseable, esperable, mas dependerá del sujeto y así, diferenciando entre castigo y sanción reparatoria: "hacerse responsable de los propios actos es responder por las propias elecciones y decisiones. Es la libertad de elegir cuáles con los modelos y los espejos en que mirarse. El joven o adolescente que cumple con una medida tendrá oportunidad de establecer nuevas relaciones sociales con nuevos significados e internalizar los códigos de comportamientos vigentes" (págs. 16 a 18 IV.- RESPONSABILIDAD Y REPARACION, en "DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES", seguimiento de la aplicación de la Convención, publ. 2010 de Secretaría de Dchos. Humanos, Mrio. de Justicia, Seg. y Dchos. Humanos, Presidencia de la Nación).- Similares conceptos ha vertido Diego Silva Baleiro en "Infracción Juvenil y Educación Social: un encuentro necesario", cuya publicación se indicara antes y por Paul Pereira Shurman, "Medidas Alternativas a la Privación de Libertad - Defensa de los Niños Internacional", Uruguay, 1997.-
Los objetivos de responsabilización personal e inclusión social, como fines preventivos especiales enmarcados en el SRPJ, deben mantenerse en forma permanente, y razones de castigo o retribucionistas no pueden sostener su imposición (Diego Freedman, “Medidas cautelares y alternativas a la privación de la libertad en el régimen penal juvenil de la Ley 13.634”, publicado en “Temas claves en materia de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Pcia. de Bs. As., págs. 234).-
En el caso de autos, las medidas dispuestas ya han procurado tener por sí mismas, fundamento socio-educativo (cfrme. explica Aída Kemelmajer de Carlucci, en su obra "Justicia Restaurativa" -Posible respuesta para el delito cometido por personas menores de edad-, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1ra. ed. año 1994, pág. 99 a 100, 155/59) en una idea de reparación en sentido amplio, tratando que importen una genuina responsabilización, no sólo en sentido jurídico, sino social como respuesta individual y diferente que por la impronta del sistema, obliga a valorar el contenido de las intervenciones, a potenciar la diversificación de las mismas y a descartar aquellas que sean del tipo represivo o desocializadoras.-
En este aspecto, tengo en cuenta haciendo hincapié en la finalidad de la sanción, que no corresponde a la función resocializadora de la pena la manipulación de la estructura de personalidad del sujeto tratado como "cosa complicada" destinada "por su falla" a sufrir la criminalización, criterios de peligrosidad hoy superados (Manual de Dcho. Penal- Zaffaroni, pág. 22); de manera que ligar la sanción penal y su necesidad de aplicación exclusivamente a criterios de que pudieran devenir de la propia estructura del sujeto, resiste los más elementales objetivos del derecho penal.-
Se ha reflexionado doctrinariamente, en cuanto resulta materia de éste fuero específico, respecto a la peligrosidad: La Convención no hace ninguna referencia a tal extremo, porque sin duda no marca las pautas para elaborar un sistema penal juvenil desde la óptica de una pretendida defensa social, el paradigma es otro, y está orientado hacia el respeto y protección de los derechos del niño... La peligrosidad no tiene cabida en este sistema" (Eduardo Pesce Lavaggi, "Aproximación al estudio de la culpabilidad en el derecho penal juvenil", publicado en Revista de Ciencias Penales Nº 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay).-
Las probanzas consideradas me permiten, en su análisis integral, extraer tanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar acreditadas en el veredicto, en cuanto a las modalidades de la infracción penal cometida que sin dudas, reviste la mayor gravedad (el día 11 de agosto del año 2012, siendo la hora 1.00 hs. aproximadamente, luego de una breve discusión con dos jóvenes que se encontraban fuera de un comercio a bordo de un ciclomotor, el joven L. saca un cuchillo de entre sus ropas al mismo tiempo que también lo hace uno de ellos, trabándose en una pelea con armas blancas donde finalmente L. le asesta una puñalada en forma intencional a E. G. en el hemitórax derecho provocándole la muerte); los factores de atenuación (los 16 años de edad con los que contaba el joven a ese momento que importa una notoria inmadurez evolutiva y sus circunstancias familiares), la inexistencia de circunstancias de agravación, como la falta de antecedentes penales computables y la evolución sobradamente favorable durante el periodo vital de más de dos años que lleva el presente proceso penal en T., quien ha demostrado voluntad y deseos de intentar modificar su realidad en términos positivos, demarcado por el cumplimiento de la medida cautelar-socioeducativa de privación de libertad y otras impuestas en forma atenuada con posterioridad en estos autos, procurando consolidarse en un marco comportamental adecuado a nivel tanto familiar como social, dentro de las prescripciones del inciso tercero de la norma en análisis.-
Por ello entiendo, la sanción penal propuesta -que importa asimismo implícitamente, una prórroga por cuatro años más del presente proceso- no constituye, en mi apreciación, una respuesta jurisdiccional proporcionada a lo demostrado por el joven durante este período de tratamiento tutelar.-
En consecuencia de todo lo que, en éstos autos, considero ajustado a los preceptos constitucionales, hacer uso de la facultad discrecional prevista en el art. 4to., último párrafo de la ley Nacional penal juvenil, tal lo dispuesto en las reglas de Beijing y de Tokio, en aplicación de principios supralegales para definir sin demoras la situación procesal penal del joven aquí juzgado.-
En el comentario de la Regla 6 de Beijing se consigna que para una administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria es necesario “…permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan determinaciones puedan tomar las medidas que estimen mas adecuadas en cada caso particular …” en beneficio del joven, haciendo asimismo hincapié, para asegurar el ejercicio prudente de dichas facultades, en la idoneidad profesional y en la capacitación de los expertos.-
Conteste con ello, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) establecen que se deberá alentar y supervisar que las “…medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención…” (regla 2.6); que la “…autoridad judicial … ejercerá sus facultades discrecionales en todas las fases del procedimiento, actuando con plena responsabilidad y exclusivamente de conformidad con la ley…” (regla 3.3) y que quedará “…prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el delincuente haya reaccionado positivamente a ella…” (regla 11.2), en forma concordante con la remisión de casos en cualquier momento del proceso que consagra la Regla 11 de Beijing.-
Por lo que entiendo que para imponer una pena debe haber necesidad de ella, de modo que si a través de las medidas impuestas al joven y cumplidas por el mismo se lograron efectos de resocialización, una buena dinámica familiar y la asunción de responsabilidad por parte de él, fines perseguidos por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil la imposición de una pena se torna innecesaria, actuándose en definitiva de acuerdo con el principio de "ultima ratio" o mínima intervención, no pudiendo ser ella impuesta por razones de defensa social; adecuando así la respuesta penal a la fase evolutiva de los adolescentes y jóvenes excluyendo de la justicia de menores el automatismo que asocia inevitablemente determinada pena al correspondiente delito (conc. Fallos: C.A.Penal, Santa Fe, Sala II, 16-02-2010, "s/partícipe principal de homicidio agravado por el uso de arma de fuego" -Expte. Nro. 732/09- "C.S.J.J. y otro s/homicidio en ocasión de robo, robo", Juzgado de Menores de la cuarta Nominación, Córdoba, Sentencia Nº 2 del 20/03/2009).-
Al decir del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba: "el derecho penal juvenil se encuentra fuertemente orientado por el principio de mínima suficiencia, a punto tal que el tratamiento tutelar posterior a la declaración de responsabilidad -o bien el cumplido previamente a la sentencia-, conforme a una interpretación progresiva de los derechos humanos, configura un instituto de probation del que se hace depender la imposición de la pena" (Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de Córdoba, Expte. 23/08, resolución de fecha 3/03/2011) -ver, por todos sus fundamentos, en fallo Juz.Pen.Juv., Córdoba, 6ª Nom., 11-03-2013, antes cit. en Expte A-68/12-.-
Dicha jurisprudencia, al igual que el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala Segunda, de fecha 21/12/12 en causa Nro. 14.087 y la sentencia dictada en fecha 1 de noviembre de 2012 por la Corte Suprema de la Pcia. de Santa Fé, en Expte. CSJ Nro. 375, año 2012, vienen sostenidos por las consideraciones y recomendaciones efectuadas al país por el informe Nro. 172/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en causa Nro. 12.561 del 02/11/10 y cuyo carácter vinculante ha sido exhaustivamente analizado en ambos decisorios y en especial en el primero de ellos, con citas de doctrina de J.C.Hitters, que culminara con la sentencia condenatoria de la Corte interamericana de Derechos Humanos de fecha 14 de mayo de 2013 en el caso Mendoza y otros vs. Argentina (íd. TCas. Penal Pcia. Bs. As., Sala I , fallo fecha 12/02/14 en causa Nro. 61.742).-
Estos precedentes jurisprudenciales regionales, sumando al del Superior Tribunal Nacional, en todos los que se juzgaran casos de homicidios, dán acabada cuenta de que la sanción penal en éste fuero penal especial, no puede tener único y exclusivo asiento en la gravedad del hecho cometido.-
IV. Con todo lo dicho, concluyo que:
Conforme la valoración de pautas efectuada en el apartado III que antecede, en el presente caso estimo suficientemente comprobado ha resultado verificado en el joven L., a través de la conducta desarrollada y que fuera expuesta supra, la obtención de los fines de este proceso de acuerdo a las interpretaciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que resultan de aplicación, por lo que considero corresponde eximirlo de imposición de pena.-
Y como lo he anticipado, estimo que el Estado como garante de los derechos de todos los ciudadanos y a los fines de resguardar y proteger la singular expresión del joven, deberá a través de sus distintos servicios y programas, continuar proporcionándole ayuda y contención, guiándolo y orientándolo en su inclusión social, apelando a los recursos y oportunidades disponibles en la comunidad de pertenencia para sostener el entramado conformado desde el retorno al hogar parental, del cual pueda servirse el joven como soporte para llevar adelante un nuevo proyecto de vida, comprometiendo a distintos sectores comunitarios dando así lugar a la corresponsabilidad social. Este concepto, entendido como la responsabilidad conjunta entre el Estado y la sociedad civil para garantizar y poner en vigencia los derechos, tal como lo define el Protocolo para el Abordaje de la Responsabilidad Penal Juvenil en la pcia. de Bs. As..-
Una inclusión social satisfactoria, conforme lo dictaminado por los Peritos, promoverá la continuidad del proyecto de futuro digno que pretende T. y del que han dado cuenta a los operadores de intervención.
Del texto de Las Reglas para los Menores Privados de Libertad 79 y 80 surge que "Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad..." y que "Las autoridades competentes deberán crear o recurrir a servicios que ayuden a los menores a reintegrarse a la sociedad y contribuyan a atenuar los prejuicios que existen contra esos menores. Estos servicios, en la medida de lo posible, deberán proporcionar al menor alojamiento, trabajo y vestidos convenientes, así como los medios necesarios para que pueda mantenerse después de su liberación para facilitar su feliz reintegración...".-
El art. 2 de la Ley 13.298 "De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños" define a quienes comprende esta normativa, y así el comentario realizado en "Infancia y Democracia en la Provincia de Buenos Aires" por los compiladores Emilio G. Méndez y Gabriel M. A. Vitale refiere que "En relación a la franja etárea de 18 a 21, la normativa complementaria ha dispuesto que "en cualquier caso y de acuerdo a las características de la situación habrá de darse intervención a los organismos correspondientes" (Anexo II de la Resolución Ministerial 171/07 del Ministerio de Desarrollo Humano). En este sentido, se dispuso que "Todos los Ministerios y Secretarías que integran la comisión del art. 23 de la Ley 13.298, deberán contemplar el acceso prioritario a los programas vigentes a quienes se encuentren en la franja etárea de los 18 a 20 años inclusive, debiendo además implementar en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas que posibiliten a los jóvenes el pleno ejercicio de la ciudadanía".-
Entiendo que la solución propuesta recepta los principios constitucionales que rigen el debido proceso como umbral mínimo de derechos y garantías de toda persona en la misma situación, más allá de su edad, y además, los contenidos en la CDN, como plus en razón de la condición de menor edad, que consagran el interés superior del joven, justicia especializada, principio de mínima intervención y lesividad, formación integral y reinserción social; como asimismo presentes los principios 'pro homine' e 'in favor minoris' ("El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos"- Pinto, Mónica; en "La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales", Martín Abregú- Christian Courtis (comps.), Editores Del Puerto, 1997, pág. 163) y potencialmente, el de subsidiariedad.- En suma, valorando tanto la gravedad en la modalidad del hecho, más que el mismo fue cometido por T. E. L. siendo un sujeto emocional y afectivamente inmaduro, el resultado obtenido durante el tiempo de intervención del SRPJ -más de dos años- el cual demuestra que el joven ha madurado afectiva, moral y psicológicamente, encontrándose encaminado a obtener un pleno desarrollo provechoso para sí y socialmente valioso, adquiriendo responsabilización e implicancia subjetiva por el hecho cometido, asumiendo una posición más saludable en relación a la legalidad, desempeñando un papel constructivo y productivo, con permanente contención familiar, desprovee a la pena de significación en su basal y final proyección.-
Asimismo, tengo en cuenta ha dicho recientemente la SCJBA, para su valoración "a contrario sensu" sobre la fundamentación de la necesidad punitiva en la causa P. 110.358 de fecha 04/07/2012 en Ac. Nro. 2078, " V., J.J. S/ incidente de apelación-Mercedes" que "...Ninguna evaluación llevó a cabo el tribunal de alzada de los parámetros detallados por el art. 4 del régimen penal de la minoridad directamente vinculados con la decisión de fundar, una vez adoptada la decisión de imponer pena, la medida de la misma, tampoco ello fue hecho en la instancia de origen...", agregando lo precisado por la Corte Nacional en cuanto juzgó que "no exhibe argumento alguno que permita entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la 'necesidad de pena'...” (C.S., “M.”, sent. Del 17-III-2009, cons. 11), por lo que decidió por mayoría casar la sentencia impugnada.-
Teniendo presente que "...en los casos de menores siempre tendrá mas peso el interés por garantizar el bienestar y el futuro del joven..." (art. 17.1.b reglas Beijing- comentario), no puedo más que inclinarme por la innecesariedad de imposición de pena al joven T. E. L. en relación al hecho disvalioso objeto de reproche en autos, encontrando ello como lo más ajustado al ideal de justicia y al interés superior del mismo (art. 3 CIDN, art. 4º Ley 13.298 en concordancia con la ley Nac. Nro. 26.061, art. 58 inc. c) ley Nro. 13.634 y cctes.).-
Asimismo, de acuerdo a las consideraciones vertidas supra en cuanto atañe a la actuación del Centro de Referencia Penal Dptal. en el presente caso y dado los cambios en la modificación de la conducción de la dependencia ejecutiva, considero atinente y así lo propondré a mis colegas del Tribunal, poner en su conocimiento sobre la situación referenciada en cuanto a la gestión ejecutiva del caso por los operadores del CRPDptal. afectados al presente caso, Lic.Vázquez y Dr.Trucco, remitiéndole a tal fin, copia reservada de la presente a los efectos que estime pertinentes o pudieren corresponder.-
Por último, advirtiéndose que se dio cumplimiento a la devolución de las armas blancas incautadas en los presentes autos en fecha 13 de setiembre de 2013 conforme lo ordenado en el ítem XII del resolutorio de fecha 14 de diciembre de 2012, omitiendo previamente ordenar su decomiso, corresponde en esta instancia proceder al mismo.-
Así lo voto, por ser mi sincera convicción (art. 4, inc. 2 y 3, último párrafo, Ley Nac. Nro. 22.278; arts. 1, 57, 58 "a contrario", sgtes. y cctes. de la ley Nro. 13.634; 210 y 375 inc. 2 CPP).-
A su turno, la Dra. Claudia B. Dana votó en idéntico sentido que la Dra. Grassi, por ser ésa su sincera convicción (art. 4, inc. 2 y 3, último párrafo, Ley Nac. Nro. 22.278; arts. 1, 57, 58 "a contrario", sgtes. y cctes. de la ley Nro. 13.634; 210 y 375 inc. 2 CPP).-
A su turno, el Dr. Guillermo L. Gerlero votó en idéntico sentido que la Dra. Grassi, por ser ésa su sincera convicción (art. 4, inc. 2 y 3, último párrafo, Ley Nac. Nro. 22.278; arts. 1, 57, 58 "a contrario", sgtes. y cctes. de la ley Nro. 13.634; 210 y 375 inc. 2 CPP).-
2. Resultando, en consecuencia NEGATIVA unánimemente, en la consideración del Tribunal, la respuesta al primer interrogante, no corresponde abordar la SEGUNDA CUESTION (arts. 40 y 41 CP), ni las siguientes a excepción del interrogante efectuado en quinto lugar para el que, en mérito a las conclusiones arribadas, fundamentos expuestos, jurisprudencia citada y la sincera convicción de los suscriptos, con asiento en las normas que se citan, estimamos corresponde se exima de imposición de sanción al joven T. E. L., no devengando costas el presente proceso.- Por todo lo que, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, por unanimidad, pronuncia el siguiente:
I. Eximiendo de imposición de pena al joven T. E. L., de nacionalidad argentina, nacido el día … de ……. de 1996 en la ciudad de A. (pdo. de R., pcia. de Bs. As), titular del Documento Nacional de Identidad Nº …, hijo de S. L. y de M. A. C., soltero, domiciliado en … de la ciudad de A., partido de R. (pcia. de Buenos Aires), quien fuera declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79 del Código Penal), mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2012 -fs. 226/246-, cesando en consecuencia, la medida cautelar de privación de libertad morigerada que pesa sobre el mismo desde el 28 de febrero de 2014 (arts. 42 inc. f) y ss. ley 13.634; 163 inc.1 del C.P.P. en subsidio, art. 1 de la primera), fundado ello en las razones que fueran merituadas en la presente.- Sin accesorias legales ni costas (arts. 531 cctes. y sgtes. del CPP, 29 inc. 3 y 12 CP "a contrario sensu").-
II. Notifíquese por cédula la parte resolutiva de la presente al joven prenombrado y a su progenitores, conforme lo acordado oportunamente, instando al mismo a imprimir continuidad al abordaje terapéutico retomado, en aras del mejor desarrollo de su salud psicológica y a la continuidad de sus estudios secundarios a los fines de contribuir a su formación integral como sujeto y generarse a futuro, mejores oportunidades laborales .-
III. Notifíquese al Sr. Agente Fiscal y a la Sra. Defensora del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con remisión de copia íntegra de la presente a la Sala de sus Públicos Despachos, las que se remitirán respectivamente a las direcciones de correo electrónico oficiales, con constancia en autos por Secretaría; dejando a consideración de la Funcionaria a cargo de la defensa la obtención de copia reservada de la sentencia para su entrega al joven, de estimarse conveniente y/o a solicitud de éste, en mérito a la finalidad socioeducativa del presente proceso.-
IV. Póngase en conocimiento del CTA del FRPJ el cese inmediato de la intervención oportunamente cursada para la confección de pericias psicológicas y sociales con vista de la causa a la Sra. Coordinadora.- Asimismo, hágase saber a la titular de la Asesoría Pericial Dptal. mediante oficio.-
V. Líbrese oficio a la Titular del Centro de Referencia Penal Dptal. por la intervención llevada a cabo en los presentes actuados, a fin de comunicarle lo resuelto en los presentes y solicitarle, de acuerdo a las consideraciones vertidas, prosiga en acciones y/o realice las gestiones pertinentes para mantener la inclusión del joven de autos en Programa Adolescente ajustado a su realidad, con el acompañamiento en su caso del SLPPDN de la ciudad de R. como para la remoción de los obstáculos que pudieran existir para la finalización de sus estudios secundarios, ello a fin de continuar coadyuvando en su reinserción social, en pos del sostenimiento de los logros alcanzados y en procura de los objetivos del Fuero (art. 23, ley 13.298, Anexo II de la Resolución Ministerial 171/07 del Ministerio de Desarrollo Humano y Protocolo de Abordaje ejecutivo).- Remítase copia reservada de la presente a tal fin y baja, en su momento y si así fuere, del expte. técnico Nro. 310.597.-
VI. Líbrese oficio al Director de Centros de Referencia perteneciente a la Subsecretaría de RPJ -SNA-, Dr. Marcos Tenuto, dada la transición en curso en la conducción de la dependencia ejecutiva oficiada y también en merito a las consideraciones vertidas en la presente en relación a la gestión en el presente caso, a fin de remitirle copia reservada de la presente para su conocimiento y a los efectos que estime pertinentes.-
VII. Procédase al DECOMISO de los efectos remitidos por la Fiscalía del Joven ingresados bajo el N° 21 del Libro de Efectos N°1 del JRPJ, a saber: un cuchillo con empuñadura símil hueso, con parte posterior de madera, remate de bronce, hoja de acero de unos (12) centímetros con marca sobre un lateral de la hoja que no resulta ser legible y del otro lado inscripción "R. A. S.A."; y otro cuchillo con empuñadura de tiento de cuero trenzado, con un remate tipo "botón", hoja de acero de aproximadamente 15 centímetros, con marca estampada en la hoja "E. O.", que por error involuntario se omitió ordenar en fecha 14 de diciembre de 2012, disponiéndose en esa oportunidad -ítem XII- la devolución de los mismos a la mencionada dependencia, conforme constancia de fs. 465 vta. (arts. 23 del C.P., 7 del Ac. 3062 SCBA; 71 inc. 8 de la Ley 14.442).-
Regístrese. Comuníquese a la Secretaría de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Dptal. (art. 22 Ac. 3374 SCBA) y al Registro de Procesos del Niño de la Provincia de Buenos Aires.-
Oportunamente y para el caso de adquirir firmeza, archívese.-
Ante mí.-
Fin de la sentencia