Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Decretar la EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION respecto de ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ y sobreseer PARCIAL Y DEFINITIVAMENTE al nombrado, de demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de “Desobediencia” (Art. 239 del Código Penal) por el hecho cometido el 13 de mayo de 2012 en Las Heras, por aplicación de lo regulado en los Arts. 317 y 319 inc. 1º del C.P.P. y por los motivos expuestos.-
2Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 254/268 por el Sr. Defensor particular de ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ.-
3Modificar la PENA impuesta en la presente causa a ARIEL ALBERTO MARTINEZ dictada en la sentencia de fs. 230/242 y vta., FIJÁNDOLA en 1 (un) año de prisión de cumplimiento en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de “Hurto agravado” (Art. 163 inc. 3º del C.P.) por el hecho cometido en Las Heras en perjuicio de Mirta Viviana Vázquez el 16 de enero de 2011 (Expte. Nº 3706/14), pero sin la imposición de normas de conducta, conforme lo ut supra argumentado.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:010 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 10 de diciembre de 2019 AUTOS: "LABANDIBAR, RICARDO SEBASTIÁN S/ LESIONES GRAVES EN CALIDAD DE AUTOR" Expte. Nº 3617/14 (L-1023/17/TSJ).-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los diez días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (y encontrándose el Dr. Daniel Mauricio Mariani en uso de licencia), con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "LABANDIBAR, RICARDO SEBASTIÁN S/ LESIONES GRAVES EN CALIDAD DE AUTOR" Expte. Nº 3617/14 (L-1023/17/TSJ), en razón que la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 230/242 y vta., resolvió CONDENAR a ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ, como autor penalmente responsable de los delitos de “Hurto agravado y desobediencia, en concurso real” (Arts. 55, 163 inc. 3° y 239 del C.P.), a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento efectivo, hechos cometidos en Las Heras en perjuicio de Mirta Viviana Vázquez el 16 de enero de 2011 (Expte. N° 3706/14) y de Melisa Arias el 13 de mayo de 2012 (Expte. N° 3796/14).- Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Ariel Alberto Martínez, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor particular Dr. Marcelo Urbano Quintero, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, el Dr. Ricardo Alberto Napolitani; y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 230/242 y vta., interpuso recurso de casación el Defensor particular en representación del imputado, argumentando que “...motivo el recurso en la inobservancia de los arts. 387 inc. 2 y 116 del CPP: ausencia de fundamentación y motivación contradictoria, violación de los principios lógicos en la valoración de la prueba. Defectuosa valoración de la declaración indagatoria de mi defendido en la audiencia oral. Arbitrariedad. Vulneración del principio in dubio pro reo y de la presunción de inocencia. El presente recurso se interpone, en virtud de lo normado en el art. 439 inciso 2 del CPP.
Tal como fundamentaremos a continuación el decisorio atacado vulnera los arts. 116 y 387 inciso 2º del Código Procesal Penal, inobservancia que acarrea la nulidad de la sentencia en la que faltare o fuere contradictoria la fundamentación... errónea aplicación de la ley. Inobservancia del art. 517 del CPP. Violación a la defensa en juicio, al debido proceso legal. Error en la calificación. Subsidiariamente y para el hipotético caso en que no se hiciera lugar al planteo del acápite anterior se agravia esta defensa en los términos del art. 439 inciso primero del CPP en cuanto a que el Tribunal hizo una errónea aplicación de la ley sustantiva al violar el art. 517 CPP, los principios de defensa en juicio y debido proceso legal y calificar los hechos por los cuales se condenara a Ariel Martinez... errónea aplicación de la ley sustantiva.
Defectuosa fundamentación en la imposición de la pena. En el resolutorio de autos se advierte una arbitrariedad en la aplicación de la pena a mi asistido, debido a que la motivación para justificarla es a todas luces contradictoria... inobservancia de los arts. 387 inc. 2 y 116 del CPP: ausencia de fundamentación y motivación contradictoria, violación de los principios lógicos en la valoración de la prueba. Defectuosa valoración de la declaración indagatoria de mi defendido en la audiencia oral. Arbitrariedad. Vulneración del principio in dubio pro reo y de la presunción de inocencia... En este sentido como primera cuestión debemos señalar que no existe prueba que acredite que los hechos señalados por el Tribunal, y por el que fuera condenado mi defendido se encuentre probado... errónea aplicación de la ley, violación a lo establecido por el art. 517 del CPP, violación a la defensa en juicio, al debido proceso legal, error en la calificación.
Sostengo respetuosamente que la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, 'en pleno´ ha violado groseramente el art. 517 del CPP y ha procedido a condenar a mi defendido violando claramente los principios constitucionales de derecho de defensa en juicio y debido proceso legal. La sentencia en recurso procede a condenar a Martínez, en clara violación a lo establecido en el art. 517 del CPP... con evidente error de derecho, el Tribunal a quo ha violado groseramente el principio constitucional 'defensa en juicio y debido proceso legal'. En este sentido el Tribunal a quo se ha excedido en el tipo y en el modo de ejecución de la pena, al condenar a mi defendido a una de cumplimiento efectivo, siendo que el Ministerio Público Fiscal había solicitado tanto al proponer por escrito la omisión de debate, como al momento de acusar, que la misma sea de ejecución condicional.
Debemos destacar al Tribunal Superior, que mi defendido al prestar conformidad por escrito (ver fs. 418), se sometió a unas reglas de juicio que la Cámara ha violado groseramente, afectando gravemente su derecho de defensa en juicio y por ende el debido proceso legal... la Cámara de Caleta Olivia, ha incurrido en una clara violación a los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal establecidos en el art. 18 CN y el artículo 8 de la Convención Americana, ya que ha impedido a mi defendido poder optar por otro tipo de juicio, tener un proceso justo, ofrecer prueba y que la misma sea valorada in visu por el tribunal... defectuosa calificación legal. En este sentido es incorrecta la calificación legal adoptada en la sentencia condenatoria, por cuanto no surge de las pruebas colectadas en el sumario, indicios que acrediten que de manera inequívoca que (sic) mi defendido cometió la acción típica prevista en el art. 163 bis inc. 3º del CP, esto es, descartando otras figuras menos gravosas, como el hurto simple establecido en el art. 162 de la misma norma... errónea aplicación de la ley sustantiva.
Defectuosa fundamentación en la imposición de la pena. Causa agravio a esta parte que el Tribunal a quo haya aplicado una pena infundada, ya que los mismos eran gravemente desproporcionados y las pretensiones punitivas del Estado, que por definición deben ser razonables -no olvidemos que en definitiva es éste el primer y más importante garante Constitucional del principio de legalidad- no encontraban acogida en las prescripciones del art. 40 y 41 del CP... Entendemos que la pena impuesta a mi defendido es desproporcionada, toda vez que la valoración de las pautas de los arts. 40 y 41 del CP, es absurda y contradictoria. Sostengo que si bien los jueces de los Tribunales de juicio son soberanos en la apreciación de atenuantes y agravantes, sus conclusiones son revisables en casación cuando omiten computar un motivo de atenuación o tienen indebidamente en cuenta uno de agravación, o bien valoran como agravante lo que debe se(r) atenuante, o directamente infringen las escalas penales fijadas para el respectivo delito...".
Finalmente aclaró la aplicación que se pretende, solicitando que "...se case dicho resolutorio revocándolo por ser el mismo inconstitucional y arbitrario ante la falta de motivación, ser irrazonable y desproporcionado en el quantum de la pena impuesta en perjuicio de la imputada (sic), consecuentemente por la inobservancia e incorrecta aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia de las normas del ritual (art. 439 incs. 1º y 2º del CPP), habiendo sido dictado en violación de los arts. 1, 16, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 5, 8 inc. 2, 9 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 7, 10, 14 inc. 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; infraccionando las 517 (sic) y ctes. del Código Procesal Penal, por la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 46 y 47 del Código Penal Argentino; y en caso de corresponder imposición de pena ésta no exceda el piso legal...".- A fs. 280 y vta. se concede el recurso impetrado y se emplaza a la parte, quien lo mantuvo a fs. 294.-
El día 06 de septiembre de 2018 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 299/301).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 305, se citó a los interesados a la audiencia para informar que prescribe el art. 448 2° párrafo del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 312 y vta., exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la referida audiencia (conf. Arts. 448 2° párrafo y 451 del C.P.P.) el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 254/268 solicitando que este Alto Cuerpo “...case la sentencia declarando el derecho aplicable. Que el tribunal realiz(ó) una incorrecta inter(preta)ción de la prueba, concretamente valoró erróneamente las testimoniales, apartándose de la sana crítica y el principio de motivación. Las testimoniales no prueban la participación o acreditan una participación menos gravosa. La Cámara violó el Art. 387 inc. 2° del C.P.P. que indica que la sentencia debe ser fundada; ha extra(í)do conclusiones ilógicas y contradictorias; el Art. 387 inc. 2° del C.P.P. alude claramente a un vicio 'in procedendo´ lo que se acredita en la presente causa y que llevan a la nulidad de la sentencia.
Con relación al segundo agravio, el Tribunal ha transgredido el Art 517 2° párrafo del C.P.P. en donde se fijan reglas establecidas, que el imputado aceptó esas reglas, ya conoce la pena y el modo de ejecución de la misma: Mart(í)nez aceptó una pena de cumplimiento condicional, pero el Tribunal transgredió ese artículo condenándolo a una pena de cumplimiento efectivo, violándose así la normativa en cuestión. Que, por otro lado, la calificación legal del Art. 163 inc. 3° del C.P. no se encuentra configurada toda vez que no se ha probado esa calificante, debiéndose modificar por la calificación prevista en el Art. 162 del Código de fondo: hurto Simple. Finalmente, el tribunal no ha fundamentado la pena, no se han valorado objetivamente las pautas, por lo tanto la Cámara dictó una sentencia infundada.
Solicito que se case la sentencia y se aplique la condena en su modalidad condicional...”.- Para finalizar, el Dr. Ricardo Alberto Napolitani, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...la pena debió ser advertida por los sentenciantes. En el debate no se violó el derecho de defensa; se fundamentó debidamente la sentencia. Se incautaron elementos, como ser cartuchos en posesión de Mart(í)nez; se presentó una persona que prestó dinero a Labandibar entregando efectos que la denunciante reconoció como propios; la víctima reconoció haber dejado cerrada la puerta y no existen signos de violencia; el imputado conocía la vivienda y se valió de ello para cometer el delito. Con respecto a la pena, el Tribunal la fundamentó debidamente.
Por todo lo expuesto, los agravios no pueden prosperar...”.- Por su parte, el imputado manifestó "...comprendí el desarrollo de la audiencia. Actualmente estoy con la denunciante y no la lesioné. Quedé desocupado y después de los hechos, estamos en Puerto Madryn con mi pareja y desarroll(o) tareas de pesca...”.-
Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 254/268 por la defensa técnica particular del imputado ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ?. SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican violaciones legales?. TERCERA CUESTIÓN: ¿Es correcta la calificación legal atribuida a los hechos?. ¿Está fundada dicha calificación?. CUARTA CUESTIÓN: ¿Resulta arbitrario y carente de fundamentación el fallo dictado?. ¿Resulta legal la pena impuesta por el Tribunal en su modalidad de cumplimiento en efectivo?. QUINTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 254/268 por la defensa técnica particular del imputado ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ?.-
A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir (Art. 442 del C.P.P.), y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (Art. 440 del C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican violaciones legales?.-
Que, previo a ingresar en el tratamiento de los planteos incoados, se advirtió –de oficio- una cuestión de orden público que merece ser analizada en primer término: la prescripción de la acción penal con relación al delito de `desobediencia´ por el que fuera condenado Martínez.-
Lo expuesto trae aparejada la consecuencia de que aquella -sin perjuicio de que el imputado pueda solicitarla (aunque en este caso no ocurrió)- opera de pleno derecho y debe ser declarada de oficio.-
Debemos recordar que la prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito. Es un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado.-
Así, Alberto Binder es categórico al afirmar que ningún acto de procedimiento puede justificar una extensión del plazo establecido como límite al poder penal del Estado. Y agrega en forma irrefutable que en un Estado de Derecho el limitado no puede ampliar el límite que se le ha impuesto. En efecto, deviene irrazonable que la ley fije el límite de la persecución penal y al mismo tiempo autorice la potestad del limitado (o sea, del Estado) para ampliar esos límites con actos propios, como lo son los actos del propio procedimiento penal que está llevando a cabo (Alberto Binder, "Prescripción de la Acción Penal: el indescifrable enigma de la secuela de juicio" -Doctrina Penal. Año 13 Nº 1 49/52-).- Corresponde precisar entonces que el Art. 67 inc. eº del C.P., preceptúa como causal de interrupción del tiempo computable para que se opere la prescripción de la acción penal, “el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme”.-
Que, en el sub examine, la misma obra glosada a fs. 230/242 y vta. y se dictó el 29 de noviembre de 2016. Por su parte, uno de los hechos por los que fuera condenado el causante es el delito de `desobediencia´ -Art. 239 del C.P.-, hecho cometido el 13 de mayo de 2012, y que tiene un máximo de pena de 1 año de prisión.-
Que, teniendo en cuenta los parámetros de los actos interruptivos de la prescripción, aquel fue el último acto procesal válido, observándose que desde el dictado de la sentencia condenatoria (que no está firme por la interposición del recurso de casación) ha transcurrido el plazo previsto como máximo de pena de prisión, en función de lo regulado en el Art. 62 inc. 2º del C.P..-
La norma citada precedentemente señala que la acción se prescribirá: "...2º- Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de prescripción exceder los doce años ni bajar de dos años...”.-
Por otro lado, la última parte del Art. 67 del mismo cuerpo legal indica que “...la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes...”, por lo que, en función de que Martínez fue condenado por dos hechos que concursan realmente entre sí, los mismos, a los fines de la prescripción, deben ser analizados autónomamente.-
En efecto, la pena que se analiza para el cómputo del término de la prescripción es la que, de manera abstracta, se conmina en la ley para cada delito en particular.-
Además, la dogmática moderna ha señalado que la prescripción de la acción funciona como un instrumento para el cumplimiento de la garantía prevista expresamente en los pactos internacionales sobre derechos humanos, que exige un plazo razonable para la duración del proceso: Art. 8.1. de la C.A.D.H. y Art. 14.3 del P.I.D.C.P. (DONNA, Edgardo Alberto, “Reformas Penales Actualizadas”, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2006, pág. 172). Agrega el autor citado que es importante recordar que el instituto de la prescripción constituye un límite al poder punitivo del Estado estableciendo condiciones para llevar adelante la acción. Estamos ante un verdadero presupuesto de la aplicación de la ley penal que integra el principio constitucional de legalidad -art. 18 de la C.N., XXV, DADDH; 11, DUDH; 9, CADH; 9 y 15, PIDCyP, y 13.3. CCBA. (DONNA, E.A., ob. cit., pág. 180)-.- Tomando como base estos fundamentos, la CSJN ha puntualizado que "...Desde el caso 'Mattei' (Fallos: 272:188) se señaló que ese derecho daba lugar al dictado de un pronunciamiento que 'ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal', existe suficiente jurisprudencia que indica la necesidad de que sea esta misma Corte Suprema de Justicia la que ponga fin, en esta oportunidad, a la presente causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción..." (CSJN, 07/03/2006, "Podestá Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros s/ Defraudación en grado de tentativa y prevaricato").- La prescripción es irrenunciable. Sus efectos son determinados imperativamente por la ley y no se dicta más que en interés público. El interés de los particulares no puede obligar a los jueces a pronunciarse sobre cuestiones que hacen al fondo del asunto, estando prescripta la acción, ya que el estado ha perdido irremisiblemente su poder de persecución y los magistrados que actúan por delegación, carecen de poder de juzgar el caso (confr. Vera Barros, "La prescripción en el Código Penal, Leyes especiales, Tratados internacionales”, 2da. Edición, 2007, págs. 214/215).- En síntesis, la prescripción se dicta en orden al interés público y se produce de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, resultando su pronunciamiento al respecto un imperativo legal que no puede ser dejado de lado por pedido de alguna de las partes.-
Nada obsta entonces, y queda fehacientemente establecido, que los presentes actuados se encuentran prescriptos, por lo menos con relación al delito de `desobediencia´ por el que fuera condenado Martínez, correspondiendo su desvinculación por este hecho, debiéndoselo absolver en orden al mismo.-
III.-) TERCERA CUESTIÓN: ¿Es correcta la calificación legal atribuida a los hechos?. ¿Está fundada dicha calificación?.-
En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si la calificación atribuida a los hechos, ceñidos exclusivamente al delito del `hurto agravado´ por el que fuera condenado Martínez -en función de la prescripción declarada con relación al otro hecho: de `desobediencia´-, se encuentra fundada en debida forma.-
Que, debemos resaltar que no existe arbitrariedad respecto de la valoración de la prueba recabada con respecto al hecho que el Tribunal tuvo por probado “...el 16 de enero de 2.011, a partir de las 21:00 hs., (donde) Ricardo Labandibar, Ar(i)el Alberto Martínez y Lucas Emanuel Hernández circulaban en un vehículo marca VW Gacel (sic) dominio AAR-055 color gris, se dirigieron a la Quinta Nº 54, Lote 8 de la Zona de Chacras de Las Heras luego de que Ricardo Labandibar sustrajera la llave dejada por la propietaria en la parte superior del marco de la puerta, y sin su consentimiento ingresaron a la casa apoderándose sin violencia de una play station II marca Sony, dos joystick con su cable de audio y video y su tarjeta de memoria, una impresora HP color gris, dos cámaras fotográficas digitales, una de ellas marca Sony, un reproductor de DVD marca Sony, un TV de 21 pulgadas marca Hitachi, dos ollas Essen, una cuadrada color azul y una paellera color mostaza, tres teléfonos celulares, un(o) de ellos marca Nokia, un radiograbador marca Orby. Que cargaron las cosas en el auto y se dieron a la fuga...” (fs. 234).- Fue probado en debida forma que la damnificada Mirta Vázquez sufrió el desapoderamiento de bienes de su propiedad, que se hallaban en el interior de su domicilio, y al cual ingresaron Martínez (junto a otras personas) previa utilización de una llave que la nombrada había colocado –oculta- en el sector externo de su morada, y de la cual uno de los consortes de causa del condenado Martínez, tenía conocimiento.-
En efecto, se valoró el relato brindado por la propia damnificada, al que se le sumó la versión dada por la testigo Gil que dijo haber visto a un rodado VW Senda de color gris –similar al del condenado Martínez- estacionado en el frente de la vivienda de aquella (fs. 13 del Expte. Nº 3706/14), “...con ese dato la damnificada recordó que tal auto pertenecía a quien conozco de vista como Martínez, quien se mueve en forma conjunta con Labandibar...” (fs. 234 vta.). Además, se merituó el hallazgo –en el citado vehículo-, mediante orden de requisa (conf. fs. 2 vta. del Expte. Nº 3706/14)) de “...dos cartuchos de tinta de impresora...” (conf. acta de fs. 46 vta. del Expte. Nº 3607/14 y fs. 234 vta.) que fueron reconocidos por Vázquez a fs. 56 (Expte. Nº 3607/14), surgiendo de documentación glosada a la causa que el rodado de mención es de propiedad de Martínez (fs. 192/198 y 235) y quien además lo conducía al momento de su secuestro (conf. acta de fs. 23 y vta. del Expte. Nº 3607/14).- También se analizó el testimonio de Centeno quien dijo que “...Ricardo Labandibar le había pedido dinero prestado, dejándole en garantía un equipo de música... y una play station... ambos fueron reconocidos como propios por su dueña...” (fs. 234 vta./235).-
Otra prueba de relevancia fue la declaración de Zaraza “...que la noche del 16 de enero a las 23.30 vio el Senda gris dominio AAR-055 –que una hora antes estaba en la chacra según su vecina- estacionar marcha atrás en la casa de su vecino Amelio Alan, del que descendieron cuatro personas de las que conoce sólo a dos, Ariel Martínez... y comenzar a bajar cosas del baúl. A las 3.30 hicieron otra vez lo mismo...” (fs. 235).-
En la sentencia se argumentó que “...De la prueba hasta aquí analizada surge claro que la misma noche del hecho, a las 23:30 hs., cuatro varones, dos de los cuales eran Ariel Martínez... estacionaron de culata el auto del primero de ellos en el que circulaban y comenzaron a bajar cosas en la casa del Bº San José en la que el segundo vivía... A las 22.30 el auto había sido visto también con cuatro ocupantes frente a la casa siniestrada... Ricardo Labandibar... entregó la tarde siguiente, el 17, dos de los objetos sustraídos... a Carlos Roberto Centeno. Sacó las cosas del mismo auto de Martínez. La coautoría de los tres se encuentra... completamente probada. Para ingresar a la casa utilizaron una llave verdadera que su propietaria siempre dejaba escondida en un agujero entre los ladrillos de la pared. Ella dijo que al llegar la puerta estaba cerrada pero sin llave, y al enterarse qué auto había estado parado en frente, supo que uno de los autores había sido Ricardo Labandibar, porque esa misma tarde lo había visto merodeando... y además era quien sabía dónde dejaba la llave y el movimiento de la casa, porque iba regularmente a cargar agua para repartir en el camión de su padre, para quien él trabaja, y como era amigo de la familia Vázquez, entraba sin que hubiera nadie en la casa... Labandibar era el que conocía la casa, el lugar donde quedaba la llave y hasta los horarios de sus habitantes, Martínez tenía el auto y Hernández la casa en la que provisoriamente depositaron el botín hasta disponer de él. En el auto quedaron, de seguro por descuido, dos cartuchos de la impresora de la que se apoderaron. Perseguidos por la damnificada y sus hermanos... terminaron metiéndose en la Comisaría Segunda, pero no para aclarar las cosas, sino evidentemente para salvar sus vidas. Todo ello descarta por supuesto y también, las dos versiones diferentes que Martínez diera de lo que hizo la tarde-noche el 16 de enero de 2.011, ambas desvinculándose del hecho...” (fs. 235/236).- El marco probatorio reseñado supra conformó la prueba suficiente para tener por acreditado el hecho, con la certeza apodíctica necesaria para arribar a la sentencia condenatoria dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial.-
En lo que se refiere a la calificación legal al hecho atribuido, el recurrente sólo disintió con la misma, pero no efectuó una crítica concreta y razonada sobre los fundamentos dados, a tal fin, en el fallo dictado.-
En la sentencia, dicha calificación se fundamentó en que los encartados, entre ellos el recurrente Martínez “...actuaron dividiéndose las tareas... Esperaron la hora adecuada... e ingresaron a la casa utilizando la llave que su dueña dejaba guardada en un hueco de la pared, lo que Labandibar sabía porque su padre era amigo de la casa, y él iba a cargar agua regularmente. Debe aplicarse entonces la agravante de utilización de la llave verdadera hallada (inc. 3º del art. 163 del CP)...” (fs. 238 vta.).-
Corresponde precisar aun más los conceptos referidos al tipo penal aplicado e indicar que “...la razón de la agravante se sitúa en la mayor actividad desplegada por el autor en aras de superar o vencer las defensas predispuestas por el titular del bien jurídico para oponerse al apoderamiento... La circunstancia de que el titular o poseedor de la cosa mueble la encierre o le brinde una mayor protección mediante la colocación de obstáculos evidencia sin hesitar un mayor grado de compromiso en la conservación de aquélla... Sobre el concepto de `llave´, la ley penal se refiere a la llave verdadera, es decir, la diseñada y construida como accesorio necesario para activar el mecanismo de cierre... el delito en comentario exige que la llave verdadera debiera haber sido sustraída, hallada o retenida por el autor o un partícipe...
En síntesis, se enumeran dentro de esta agravante tanto la llave verdadera sustraída a su titular, poseedor o tenedor... se incluyen la llave hallada encontrada por el autor o por un tercero después de haber sido extraviada, así como la olvidada en cualquier lugar. Además, se suma la llave auténtica dejada por el titular en lugares determinados en función de hábitos o costumbres...” (Gustavo Eduardo Aboso, “Código Penal de la República Argentina”, Editorial IB de f, págs. 810/811).- Es que “...Para que funcione la agravante de la llave verdadera es necesario que se la utilice ilegítimamente, o sea, contra la voluntad de su dueño, lo cual está señalado en el tipo objetivo con las exigencias de que ella haya sido sustraída, hallada o retenida por el ladrón.
De este modo, debe ocurrir que el propietario venga a encontrarse privado de su llave sin su voluntad y sin negligencia alguna de su parte, que implique una falta de custodia de los elementos y un exponerse voluntariamente a riesgo...” (C. Nac. Crim. y Corr., sala 4º, 26/11/2002, `Penen Pardo, Gustavo´, citado en Horacio J. Romero Villanueva, “Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 623).- Con lo antes dicho, y en función de que la parte recurrente se limitó a destacar que la agravante no estaba debidamente motivada –por lo que debía aplicarse la figura básica del hurto (Art. 162 del C.P.)- expresando livianamente que no alcanzaban los dichos de la damnificada para tener por acreditado que la llave se encontraba en el lugar donde ésta la había dejado y que el autor se había apoderado de la misma contra su voluntad, no alcanzan para refutar la aplicación de dicha calificación.
Es que el casacionista sólo disintió con la fundamentación dada por los sentenciantes pero no dio razones plausibles sobre el desacierto y/o la irracionalidad en el razonamiento brindado para arribar a la conclusión condenatoria.- Por lo antes expuesto, se concluye que es correcta y está debidamente fundada la calificación adoptada en la sentencia en crisis para calificar el accionar del causante como constitutivo del delito de `Hurto agravado´ (Art. 163 inc. 3º del C.P.).-
IV.-) CUARTA CUESTIÓN: ¿Resulta arbitrario y carente de fundamentación el fallo dictado?. ¿Resulta legal la pena impuesta por el Tribunal en su modalidad de cumplimiento en efectivo?.-
Que, como hemos visto, la responsabilidad del condenado MARTÍNEZ fue debidamente comprobada, con la certeza requerida para la instancia condenatoria y con relación al hecho cometido el 16 de enero de 2011 en Las Heras en perjuicio de Mirta Viviana Vázquez.-
Ahora bien, uno de los puntos críticos alegados por el recurrente se centró en la imposición de la pena de 1 (un) año de prisión de efectivo cumplimiento a MARTÍNEZ cuando las partes -es decir, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, con el consentimiento expreso del imputado- acordaron la imposición de la referida pena pero en su modalidad condicional, ratificándola el causante ante los integrantes del tribunal de juicio, pero apartándose éstos del acuerdo celebrado y resolviendo, en definitiva, imponerle la pena de 1 año de prisión pero de cumplimiento efectivo. Ese apartamiento a las prescripciones del Art. 517 del C.P.P. fue el generador del agravio del recurrente, con su planteo que llegó hasta esta instancia.- A los fines de un mejor entendimiento, corresponde efectuar un racconto de lo acontecido al respecto para así analizar si fue ajustada a derecho –o no- la decisión adoptada por el tribunal de juicio con el dictado de la sentencia condenatoria impuesta a MARTÍNEZ a la pena de 1 (un) de prisión de cumplimiento en efectivo.-
Que, surge de fs. 413 del Expte. Nº 3706/14 (acumulado a la presente, conf. fs. 189) que oportunamente el Sr. Agente Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Segunda Circunscripción Judicial propuso omisión de debate, en los términos del Art. 517 del C.P.P., respecto a Martínez, con relación a dichos actuados y a los investigados en el Expte. Nº 3796/14 (desobediencia) entendiendo como adecuada la pena de “...1 año y 15 de prisión...” –textual-. En esa misma ocasión y subsidiariamente ante el caso de no prosperar dicha propuesta, la fiscalía ofreció prueba en los términos del Art. 337 del C.P.P..- El causante Martínez, junto a su defensor, prestó conformidad a dicha omisión de debate a fs. 419 (Expte. Nº 3706/14).-
Que, habida cuenta que a fs. 189 del Expte. Nº 3617/14 se ordena la acumulación, a esta última, de las dos anteriores (en las que se investigaban el delito de `hurto agravado´ y la `desobediencia´), se le dio nueva intervención a la vindicta pública para que “adecúe la propuesta de omisión formulada”, manteniendo la propuesta efectuada oportunamente respecto de Martínez en el Expte. Nº 3706/14, reiterando que ante el caso de no prosperar “la propuesta de omisión”, se fije fecha de audiencia de debate –fs. 190-, fijándose a fs. 195 fecha de “AUDIENCIA a los fines previstos por el art. 517 del CPP”.- Que, en dicha audiencia –glosada a fs. 224/227- Martínez ratificó, ante el tribunal de juicio, que estaba de acuerdo con la realización de la omisión de debate (fs. 224 vta./225); el Fiscal consideró acreditados los hechos, la responsabilidad de Martínez en ellos y la calificación en las tres causas en trámite (conf. los requerimientos de elevación a juicio), requiriendo, en definitiva, “...la pena de un año y un mes y en ambas circunstancias las penas serán de ejecución condicional...” (fs. 225 vta.).
Por su parte, el defensor de Martínez (en las causas donde se investigaron el `hurto agravado y la desobediencia´) pidió la absolución de su defendido y, subsidiariamente, un cambio de calificación (respecto del hurto agravado), solicitando -en este caso- que si se consideraba probado el hecho, se le aplicara la pena mínima de cumplimiento condicional (fs. 226 y vta.). Al finalizar, el propio tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio “...para resolver la omisión de debate planteada...” (fs. 227).- Que, en la sentencia, se analizó cada uno de los hechos, teniéndose por acreditados –en lo que aquí interesa- aquellos investigados en los Exptes. Nº 3706/14 (fs. 234/236) y Nº 3796/14 (fs. 236/237); se motivó la calificación (fs. 238 y vta.) y al momento de establecer la pena, el tribunal indicó que la misma debía ser, indefectiblemente, de cumplimiento efectivo, por no tratarse de primera condena ni de condena posterior habiendo transcurrido desde la primera el plazo legal (fs. 240 vta./241), resolviendo condenar a ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ a la pena de 1 (un) año de prisión de cumplimiento efectivo en orden a los delitos de `hurto agravado y desobediencia, en concurso real´.- Ahora bien, como se advierte, por un lado, el tribunal de juicio no se expidió respecto de la improcedencia de la omisión de debate propuesta por el fiscal y aceptada por el imputado y su defensa; sino que directamente condenó a Martínez a una pena de 1 (un) año de prisión pero de cumplimiento efectivo, cuando el acuerdo entre las partes (Ministerio Público Fiscal y el imputado) había sido en la modalidad de ejecución condicional.
Ello, claramente, infringió la norma del Art. 517 del C.P.P..-
Así, de la manera en que procedió el tribunal, existió arbitrariedad en su decisión, pues no debió aceptar el trámite impreso al caso, ya que, en definitiva, impuso una sanción más grave –en su modalidad de cumplimiento (efectivo)- que la originariamente propuesta por la vindicta pública y aceptada (en su caso) por el imputado, afectándose así el principio acusatorio, el derecho de defensa en juicio del imputado, el debido proceso y, eventualmente, el principio de imparcialidad del juzgador.-
En efecto, en la propuesta efectuada por el fiscal no se hizo referencia alguna a la existencia de la anterior condena que registraba el causante, con lo que el eventual quantum punitivo más elevado del conocido y aceptado por Martínez, escapaba a su posibilidad de previsión: ello –en su caso- pudo ser motivo de rechazo por parte del imputado, pero lo cierto es que éste aceptó la propuesta en la creencia de que la eventual pena a imponer nunca superaría la de 1 (un) año de prisión de cumplimiento en suspenso.- Es pertinente citar, a los efectos de conocer cuál es el límite del tribunal en el marco del acuerdo celebrado por las partes, el siguiente fallo que, en su mayoría, hizo lugar al recurso de casación articulado por la defensa: “...si bien el tribunal a quo no ha cambiado la calificación legal ni modificado el monto de la pena de prisión que se acordó entre las partes... lo cierto es que se condenó al nombrado a una pena de inhabilitación especial perpetua que no fue estipulada por las partes y que impacta en la vida futura del acusado.
Consecuentemente, en virtud de las particulares circunstancias que rodearon el juicio abreviado que motivó el dictado de la sentencia impugnada y ante la aplicación de una pena más gravosa, no puede afirmarse fundadamente que el imputado hubiera admitido una respuesta punitiva mayor que la acordada. Por ello, la inobservancia del texto expreso de las disposiciones del art. 431 bis inc. 5 del CPPN, conlleva que en el caso deba anularse la decisión recurrida, pues el a quo debió, a todo evento, rechazar el acuerdo alcanzado por las partes, según las previsiones del art. 431 bis inc. 4 del mismo cuerpo legal, puesto que lo resuelto, en definitiva, resultó un perjuicio mayor para el acusado que en la primigenia decisión de aceptarlo...
En efecto, la defensa se vio privada de ejercer su derecho a ser oída por el tribunal... y a oponer los reparos que estimare convenientes, frente a la imposición de la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua... pena más grave que la acordada con el Ministerio Público Fiscal. En el caso, si bien el tribunal ha respetado la calificación legal, y el monto de la pena de prisión de dos años, acordada por las partes, ha impuesto de manera oficiosa la pena accesoria de inhabilitación especial, circunstancia que produce un claro y serio agravio() al derecho de defensa en juicio...” (Cámara Federal de Casación Penal, Sala 4, causa CCC 32999/2013/TO1/CFC1, Registro Nº 1822/2015.4, en autos `Juárez, Leandro Ezequiel s/ recurso de casación´, sentencia del 22 de septiembre de 2015).- De manera similar, en un caso donde se declaró reincidente a una persona, sin que dicha circunstancia fuera objeto del acuerdo de juicio abreviado convenido entre las partes, por mayoría, se resolvió que: “...los obstáculos jurisdiccionales que prevé la norma (se refiere al Art. 431 bis del CPPN) operan –principalmente- como garantía para el imputado evitando que se altere lo acordado en su perjuicio y, en consecuencia, vea afectada su situación procesal más allá de lo pactado... se advierte el yerro en que incurrió el Tribunal, al pronunciarse sobre la reincidencia sin petición de parte y en perjuicio del imputado, verificándose una extralimitación en las facultades jurisdiccionales...
Por todo ello, corresponde... dejar sin efecto la declaración de reincidencia...” (Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, causa CCC 45580/2014/TO1/CFC1, Registro Nº 1843/15, en autos `Pisano, Néstor s/ recurso de casación´, sentencia del 12 de noviembre de 2015).- En definitiva, el tribunal a quo debió expedirse sobre el trámite del Art. 517 del C.P.P. o, en todo caso, mandar a llevar adelante el juicio, con todas las garantías inherentes al imputado; pero su actuar contrario a derecho infringió la norma del Art. 517 del C.P.P. que establece que “...Si el Tribunal de juicio también considerase innecesario el debate, y adecuado el límite de la condena estimada por el ministerio fiscal... inmediatamente comenzará a deliberar hasta dictar sentencia...
El Tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en la prueba ya incorporada; pero la condena nunca podrá superar la pena mayor requerida por el agente fiscal... Rechazada la petición de omisión del debate, la estimación sancionatoria expresada no constituirá limitación alguna a la cuantía de la pena que resulte procedente”. Sin embargo, como se advierte, el tribunal nunca se expidió por el rechazo de la omisión del debate, sino que directamente condenó a MARTÍNEZ a una pena de cumplimiento en efectivo.- “...Debe tenerse presente que el tribunal, al momento de aceptar el acuerdo del juicio abreviado, pierde parte de la facultad para disponer del proceso en lo que respecta a la condena, la calificación, la participación que le cabe al imputado y la pena.
Esta última... tanto en cuanto al monto como al modo de cumplimiento de la misma... Recordemos que el imputado recibe una pena menor a cambio de sus derechos en juicio... Luego de prestada su conformidad con la calificación legal del delito y con el pedido de pena formulado por la Fiscalía, el acuerdo se somete a la aprobación de la jurisdicción... si el tribunal no respeta estos parámetros y modifica los términos y alcances que han sido definidos por la defensa, el imputado y el fiscal, estaría actuando por fuera de sus facultades jurisdiccionales, vulnerando así el derecho de defensa...” (Artículo: `Límites en el actuar de los jueces en el marco del instituto de juicio abreviado. El juicio abreviado y la declaración de reincidencia de oficio´, por Rocío Ribelli y Dolores Ayersa, en “Revista de Derecho Procesal Penal. 2016-1.
El juicio y la litigación oral-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 378/379).- Al respecto y con relación a la arbitrariedad de la sentencia (alegada por el recurrente), se ha dicho en repetidas ocasiones que la casación no tiene por objeto corregir pronunciamientos que el impugnante considere equivocados, según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, sino que su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación.-
En el fallo dictado, y en relación concreta con la imposición de la pena que se le impuso a MARTÍNEZ, se constata que los magistrados, aun cuando se probó la certeza necesaria exigida a todo veredicto de condena -en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el suceso juzgado (por lo menos respecto del `hurto agravado´) y la actuación que en él desempeñó el enjuiciado-, en la aplicación del derecho vigente no se aprecia el dictado de un acto jurisdiccional válido, siendo una sentencia arbitraria por menoscabo a la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); a la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242); existió un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417); se trató de una resolución que adolece de (omisiones), errores y desaciertos de gravedad extrema, que la torna inhábil como acto judicial (Fallos: 294:425).- En síntesis, corresponde casar la sentencia recurrida (Art. 453 del C.P.P.), en los términos que siguen.-
V.-) QUINTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Voto de las Dras. Ludueña, Mercau y Fernández:
Que, en esta instancia y en función de la decisión adoptada, corresponde analizar si corresponde utilizar el "juicio de reenvío". En este aspecto, consideramos que, en este caso particular, ello comprometería la realización plena de la garantía del plazo razonable del proceso, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia condenatoria; de ahí que se ajuste a derecho fijar el monto de la pena, a éste Tribunal Superior de Justicia.-
Por otra parte, así se establece en los precedentes de este Alto Cuerpo, "ZAPATA GÓMEZ ALBERTO ALEJANDRO Y CRUZ CID JOSE SEBASTIAN S/ HOMICIDIO EN TENTATIVA EN GRADO DE COAUTORES" Expte. Nº Z-807/13/TSJ, inscripta al Tº VI -Sentencias-, Rº 018, Fº 114/123 rta. 16/10/14; "SUBIRA ROBERTO S/ CORRUPCIÓN DE MENORES", Expte. Nº 4011 (S-734/12/TSJ), inscripta al Tº V -Sentencias-, Rº 018, Fº 172/009, rta. el 14/05/13; entre otras.-
Además, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal estableció en el fallo "Verde Alva, Crian Antoni s/ recurso de casación" (CNCCC, Sala II, causa CCC25872/2015/TO1/CNC1, reg. nº 399/2017) "...se abren para este tribunal dos alternativas: o bien anula la sentencia y reenvía el asunto para que el mismo u otro tribunal dicte una nueva resolución, o asume la competencia positiva y resuelve el caso. La primera de las opciones implica dilatar más el proceso y, en definitiva, perjudicar la situación del encausado, en cuanto no se define cuál es la pena que le corresponde cumplir. Si bien ha sido el criterio adoptado por esta Sala en una cantidad de casos al inicio de su actividad, la experiencia desarrollada en este tiempo aconseja que sea este colegio el que resuelva la cuestión. Nada impide que esta Cámara, al contar con los elementos necesarios y suficientes que obran en el expediente, proceda a fijar el monto de la pena que considere adecuado, máxime considerando que ello se encuentra abarcado por la pretensión del recurrente, que las partes han contado con la posibilidad de alegar sobre esta cuestión ante el tribunal de la anterior instancia y que hemos conocido personalmente al imputado (punto VI), por lo que no se encuentran comprometidos el derecho de defensa y el debido proceso..." (en Jurisprudencia de Casación Penal, selección y análisis de fallos, T. 5, Dirección de Adrián N. Martín. Ed. Hammurabi, pág. 130).- Que, conforme lo resuelto y aun ante la extinción de la acción penal por prescripción decretada respecto del hecho de `desobediencia´, consideramos ajustado a derecho fijar la pena impuesta en la sentencia condenatoria dictada respecto de ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ a 1 (un) año de prisión de ejecución condicional, por ser éste el acuerdo originariamente pactado entre la vindicta pública y el citado encartado.-
Que la mantención del monto de pena pactado se funda, además, en que el mínimo previsto en el Art. 163 del C.P. –que regula el `hurto agravado´- es de prisión de 1 (un) año, lo que implica la imposibilidad de reducir aun más la fijación del referido monto, pese a la extinción de la acción penal por uno de los hechos por los que fuera condenado MARTÍNEZ.-
Así, deberá fijarse la pena en los términos antedichos, a lo que cabe agregar que por aplicación del Art. 27 bis del C.P.P. correspondería, en principio, la imposición de normas de conducta a cumplir por el condenado.-
Ahora bien, habida cuenta del tiempo transcurrido desde la sentencia condenatoria dictada (fines de noviembre de 2016), no surgiendo que el nombrado hubiere cometido un nuevo delito y teniendo en cuenta que el objetivo de dicha norma es la de “prevenir la comisión de nuevos delitos”, este Alto Cuerpo no advierte la necesidad ni la conveniencia de imponerle alguna de las citadas normas de conducta, sumado a que el imputado ni siquiera fue anoticiado –advertido- de las mismas.-
De conformidad a lo establecido en los arts. 427, 446, 448 y 453 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 254/268 por la defensa técnica, en favor de ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ, fijándose la pena establecida en la sentencia en 1 (un) año de prisión de cumplimiento en suspenso, originariamente pactada entre las partes, lo que lleva implícita la improcedencia del reenvío atento que nunca podría imponerse un monto mayor que el acordado, en aquella oportunidad, por las partes.-
Disidencia parcial del Dr. Peretti:
Si bien coincido con el criterio expuesto en relación a las cuestiones PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA, disiento con las distinguidas colegas preopinantes en cuanto a la respuesta jurisdiccional propuesta a la QUINTA cuestión.-
En efecto, atento a que este Alto Cuerpo ha decidido hacer lugar al recurso de casación articulado por la defensa, corresponde reenviar el caso para que un nuevo tribunal determine la pena que corresponde aplicar a ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ.-
Ello conforme criterios de este Tribunal Superior de Justicia en autos "BURGOS CARLOS GUSTAVO S/ ROBO DE GANADO MAYOR Y TENENCIA DE ARMA DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL AMBOS EN CONCURSO REAL Y MUÑOZ IRINEO ENRIQUE COMO COAUTOR DEL DELITO DE ROBO DE GANADO MAYOR" Expte. Nº B-823/13/TSJ, registrado en el Tomo VI -Sentencias- TSJ, Registro 024, Folio: 153/157; "BROULLON LEONARDO Y GUERRERO DIEGO ALEJANDRO S/ ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA Y POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA" Expte. Nº B-948/15/TSJ, entre otros.- Se sostiene tal postura a fin de otorgar mayores garantías al encausado, en lo que respecta al doble conforme y evitar cualquier duda respecto a la posible violación a la garantía de imparcialidad, toda vez que los Magistrados firmantes del fallo casado en esta instancia fijaron oportunamente el quantum punitivo.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. DECRETAR LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION respecto de ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ y SOBRESEER PARCIAL Y DEFINITIVAMENTE al nombrado, de demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de “Desobediencia” (Art. 239 del Código Penal) por el hecho cometido el 13 de mayo de 2012 en Las Heras, por aplicación de lo regulado en los Arts. 317 y 319 inc. 1º del C.P.P. y por los motivos expuestos.-
2. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 254/268 por el Sr. Defensor particular de ARIEL ALBERTO MARTÍNEZ.-
3. MODIFICAR LA PENA impuesta en la presente causa a ARIEL ALBERTO MARTINEZ dictada en la sentencia de fs. 230/242 y vta., FIJÁNDOLA en 1 (un) año de prisión de cumplimiento en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de “Hurto agravado” (Art. 163 inc. 3º del C.P.) por el hecho cometido en Las Heras en perjuicio de Mirta Viviana Vázquez el 16 de enero de 2011 (Expte. Nº 3706/14), pero sin la imposición de normas de conducta, conforme lo ut supra argumentado.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2004S.191 TOMO:VII– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:010 FOLIO Nº: 106/116 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia