Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 32.993-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 5.961.308 (Pesos cinco millones novecientos sesenta y un mil trescientos ocho) por el patrocinio letrado y de $ 2.384.523 (Pesos dos millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos veintitrés) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 6.829.892 (pesos seis millones ochocientos veintinueve mil ochocientos noventa y dos), equivalente a 130,07 (ciento treinta con 7/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ 2.731.957 (pesos dos millones setecientos treinta y un mil novecientos cincuenta y siete), equivalente a 52,03 (cincuenta y dos con 3/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 22/24 (06/06/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-61913503-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Junio de 2024 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 32.993-I y sus acumulados N° 35.685-I, N° 48.663-I y N° 48.664- I caratulados “LABORATORIOS EDGARDO JORGE GEZZI S.R.L. s/recurso de apelación –Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 35/53 vta., 486/506 vta., 801/818 vta. y 866/884 Laboratorios Edgardo Jorge Gezzi S.R.L. (de aquí en más Laboratorios Gezzi) interpone recursos de apelación contra las Resoluciones N° 246/2008, 149/2011, 41/2018 y 42/2018 (DV NRR1), de fechas 04/12/2008, 29/11/2011 y 13/03/2018 (las dos últimas), respectivamente, suscritas por la jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP – DGI por las que se determinó de oficio en la primera de ellas con carácter parcial la obligación impositiva frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2003 a 12/2004, con más intereses dejando en suspenso la aplicación de la multa -por los mismos períodos fiscales- según lo ordenado en el art. 20 de ley N° 24.769 (hoy ley N° 27.430, TÍTULO IX - Régimen penal tributario art. 279). Que por la segunda se determinó de oficio con carácter parcial la obligación impositiva frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2005 a 04/2008, con más intereses dejando en suspenso la aplicación de la multa -por los mismos períodos fiscales- (art. 20 de ley 24.769 ya mencionada). Que por la tercera resolución se le aplicó al contribuyente una multa en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2003 a 12/2004 equivalente a dos veces el tributo dejado de ingresar conforme los establecido por los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus mod. vigente al momento de los hechos). Por la cuarta se resolvió aplicar al contribuyente una multa en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2005 a 04/2008 equivalente a dos veces el tributo dejado de ingresar conforme lo establecido por los arts. 46 y 47 inc. a), b), c) y e) de la ley de procedimiento fiscal citada.
Describe que es un laboratorio dedicado a la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos reconocidos en el mercado tales como Salicrem, Inmunogrip y Pulmosan, entre otros, por lo que destina su actividad de forma casi total a la elaboración de artículos medicinales de venta libre. Explica que con motivo de la fiscalización llevada a cabo mediante la OI 121.895 se le determinaron diferencias en el IVA entendiendo que omitió exteriorizar débitos fiscales que provienen de la comercialización de productos medicinales.
Aclara que en ese marco, la modalidad del impuesto que se trata y en orden a los medicamentos de uso humano, éstos adquieren la calidad de monofásicos conforme lo indica el art. 7 inc. f) de la ley del gravamen.
Relata que vende sus productos a través de la distribuidora Hiperfarm S.A. como integrante del mismo grupo económico. Niega la acusación vertida por el Fisco Nacional, quien afirma que Laboratorios Gezzi vende sus productos a la firma Hiperfarm S.A. -como cliente vinculado- a valores inferiores a los de mercado, pero asevera que esta última los comercializa en farmacias.
Ilustra que Laboratorios Gezzi fue constituida en el año 1992 e Hiperfarm S.A. en 1995, siendo esta última continuadora de las firmas New Andes S.A. (creada en 1993) y Distribuidora Andes S.R.L. (formada en 1986), cuyos titulares resultan ser los mismos de Laboratorios Gezzi, al momento de constitución de Hiperfarm S.A. y cuentan con el mismo objeto social. Agrega que esas dos empresas desarrollaban la misma actividad de Hiperfarm S.A., tienen la misma cartera de clientes e incluso la misma nómina de personal. Asegura que los inmuebles donde desarrollan sus actividades han sido propiedad de sus socios. Por otra parte, a lo largo de los años Laboratorios Gezzi fue incrementando el monto de ventas, hecho que le permitió escalar a las diez primeras posiciones de ventas de empresas de este mercado. Considera que el ajuste fiscal ha puesto el acento en el precio de venta de productos a Hiperfarm S.A. y las bonificaciones que se le otorgan, comparando esa operatoria tan solo con una empresa y con una supuesta modalidad distinta de operación.
En cuanto a la metodología de venta, manifiesta que se debe tener en cuenta que los productos son de venta libre (VL) y no de venta bajo receta (VBR). Explica la radical diferencia entre ambos, en donde el nivel de competencia en el público consumidor no existe para el medicamento bajo receta mientras que en la venta libre sí. La publicidad y promoción así como la recomendación y aval farmacéutico son elementos esenciales en el desarrollo de las marcas. Que la ley prohíbe a las farmacias exhibir al público los medicamentos de VBR.
Cuestiona que de la comparación realizada por el Fisco Nacional con el Laboratorio Gerardo Gramón surge que ésta comercializa un alto número de productos medicinales bajo receta, y que no comercializa exclusivamente a través de su distribuidora llamada Disprofarma S.A., resultando dicha comparación totalmente ineficaz.
Expone que la fiscalización no ha consultado cuáles eran las prácticas normales de mercado, por lo que la auditoría resultó por demás insuficiente.
Indica que los agentes fiscales utilizaron un método presuntivo que si bien es legal resulta manifiestamente improcedente e inadecuado ya que presume que Laboratorios Gezzi factura por debajo del valor real y así achica su base imponible. Para llegar a esa conclusión supone que la distribuidora Hiperfarm S.A. es una entidad creada para pagar menos IVA, lo cual resulta erróneo.
En lo que hace a las sanciones impuestas, sostiene que son improcedentes. Que si bien las mismas provienen de los cuestionamientos efectuados a las operaciones, siempre obró de buena fe. Que la AFIP no puede impugnar los débitos fiscales siendo que solo se valió de presunciones que carecen de la fuerza probatoria necesaria. Que nunca obró con dolo, sino por el contrario prestó colaboración a lo largo de todo el proceso de inspección.
Finalmente, ofrece prueba pericial contable e informativa. Hace expresa reserva del caso federal y pide que oportunamente se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
II. El Organismo fiscal contesta los traslados de los recursos a fs. 61/78, 530/552, 827/837 y 896/906. Explica que la actora es una persona de existencia ideal que adoptó la forma de S.R.L. cuya actividad principal declarada es la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Informa que el ajuste realizado es consecuencia de la aplicación del principio de la realidad económica instituido por el artículo 2 de la ley N° 11.683, el que considera que en cada situación particular debe privilegiarse la real intención económica del sujeto sobre la forma y estructura jurídica adoptada. Hace saber que la inspección actuante observó que la operatoria de venta de la recurrente en los períodos fiscales cuestionados, salvo alguna excepción, se centraba íntegramente en un único cliente, vinculado económicamente a la firma denominado Hiperfarm S.A., estableciendo precios sensiblemente inferiores a los valores que luego ésta destinaría a las farmacias. Sostiene que la relación con la empresa, que figura como intermediaria, según surge de las actuaciones administrativas, está dada por el hecho de que la participación patrimonial de ambas firmas está en manos de análogos integrantes y se hallan administradas por los mismos directivos.
Que luego de recabar información de terceros, específicamente de la empresa Disprofarm S.A., de reconocida presencia en el mercado de medicamentos, ésta señaló como competidor de la apelante a la empresa Gerardo Gramón y Cia S.A. -laboratorio-, siendo además que aquella actúa como intermediario de este último y habiendo pactado entre ellos una comisión del 3,70% del precio neto facturado a los clientes - Droguerías, Cooperativas farmacéuticas, Farmacias y Farmacias sociales (aa cpo. circularización Laboratorios Gramón fs. 25 a 32 contrato de distribución)-.
Afirma que existe una metodología de comercialización empleada por la mayoría de los laboratorios del país que difiere de la utilizada por la apelante ya que, Hiperfarm S.A. tiene asignado un rol diferente en la operatoria de fabricación-distribución y venta, en tanto adiciona un abultado valor agregado en la etapa no alcanzada por el tributo, lo que no coincide con la figura del intermediario en la cadena de distribución. Manifiesta que la recurrente no expresó agravios respecto de los intereses resarcitorios aplicados, por lo que pide que sean confirmados.
Asimismo, en cuanto a las sanciones aplicadas, detectó que la actora presentó sus declaraciones juradas del IVA por los períodos fiscales objeto de la litis en forma engañosa, ocultando y omitiendo la verdadera magnitud de las operaciones, por lo que deben confirmarse las multas adjudicadas.
Ofrece antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora. Por último, hace reserva del caso federal y pide que se rechacen los recursos interpuestos, con costas.
III. Que a fs. 155 se abre a prueba el Exp. 32.993-I, haciendo lugar parcialmente a la informativa (ptos. A a la I, K y N) y pericial contable obrante a fs. 325/368. Que a fs. 162, 164, 178/179, 181, 197/206, 213/232 y 260/305 lucen las respuestas a los oficios dirigidos a Asofar, Disprofarma S.A., Pharmos S.A., Vasallo, ANMAT, Ims Health Arg. S.A. y Editorial Perfil S.A., respectivamente.
Que a fs. 412 se dio por decaído el derecho de la recurrente a producir la prueba informativa dirigida a Laboratorios Gramón, Dubano S.A. y Selma S.A. y finalmente se declaró cerrado el periodo de instrucción.
Que a fs. 554 se acumuló el Expte N° 35.685-I y a fs. 571 se reordenó el trámite, donde si bien algunas pruebas ofrecidas resultaron idénticas a las ya tratadas, se hizo lugar parcialmente a la prueba pericial contable e informativa, la que consta de un oficio al Juzgado en lo Penal Económico N° 1 por el que se solicita la totalidad de las actuaciones de la causa “GEZZI, Jorge s/ Infracción Ley 24.769 expt 1413/08”. Que a fs. 643/649 se agregó en autos la sentencia dictada en el marco de la causa mencionada por la que se resolvió sobreseer al Sr. Edgardo Jorge Gezzi y Graciela Susana Miti por cuanto la presunta evasión de pago del IVA por los períodos fiscales 2003 a 2008 no constituye delito. Destaca además que sólo se juzgó la conducta del contribuyente pero que no se encuentra controvertido en esos autos, la existencia y magnitud de las transacciones comerciales, ni las actividades que efectivamente desarrollaron el laboratorio y la intermediaria y menos aún la legalidad de la transferencia de gastos de publicidad. Que a fs. 666/762 luce agregada la pericial contable. Asimismo, a fs. 769 se declaró cerrado el período de instrucción.
Por último, a fs. 913 se decidió acumular los expedientes N° 48.663-I y N° 48.664-I y a fs. 917 se procedió a reordenar el trámite por última vez, y atento que la prueba resultó coincidente con la ofrecida en el principal se resolvió rechazar la misma.
IV. Que por PV-2023-54119971-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Por RE-2023-64956966-APN-SGAI#TFN e RE-2023-65224278-APN-SGAI#TFN produjeron sus alegatos las partes, primero el Fisco Nacional y posteriormente la actora.
Finalmente por IF-2024-51222314-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
V. Que corresponde resolver si las resoluciones recurridas en la causa se ajustan a derecho. En los presentes autos, el organismo fiscal consideró que Laboratorios Gezzi omitió exteriorizar débitos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado, que provenían de la comercialización de los productos medicinales que elabora. El ajuste tiene su origen en el corrimiento del velo jurídico realizado por la fiscalización, mediante el cual se pudo observar que Hiperfarm S.A. -intermediario en la distribución de los medicamentos- encubría el real negocio que lleva la carga fiscal (IVA) en cabeza de la recurrente. La inspección observó que la operatoria realizada por Laboratorios Gezzi, salvo alguna excepción, se centraba únicamente con un cliente -Facturación de venta a Hiperfarm S.A.-, resultando ambos sujetos vinculados económicamente, pero a través de la fijación de precios sensiblemente inferiores a los que luego ésta última revendía a las farmacias, concluyendo en una menor ganancia y valor agregado para la actora y más ganancia y mayor valor agregado por la distribuidora.
Ahora bien, analizada la práctica del mercado esa figura de intermediario tiene como objetivo distribuir lo acordado con las farmacias o droguerías, en este caso medicamentos, y que conforme la modalidad operativa del negocio, esas ventas posteriores se realizan por cuenta y orden de la contratante (el laboratorio) de la que el distribuidor recibe como contraprestación una comisión estipulada que ronda entre el 2 y el 3% de la venta mensual -dato aportado por Disprofarma S.A. obrante en los aa fs. 551 cpo Principal Parte III-, diferenciándose de la instrumentación del presente caso ya que aquí se han emitido facturas de venta como respaldo de la relación comercial.
Si bien no se encuentra cuestionada en las presentes actuaciones la aplicación de la figura del artículo 7° inc. f) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (exención) que recae en las etapas siguientes a la producción o importación de especialidades medicinales y no así en la primera etapa, lo cierto es que subyace que una eventual subfacturación por parte del laboratorio haría disminuir el IVA de sus ventas (débito fiscal) con una transferencia equivalente a la etapa siguiente -aquí objetada-, dejándose constancia que en la litis no se encuentra ventilada la correcta aplicación de la exención en la etapa de reventa por parte de Hiperfarm S.A.
V. a) Que el primer agravio planteado por la recurrente está dirigido a la utilización del principio de la realidad económica. Aquí es necesario reseñar la normativa aplicable referida a dicho instituto que se debate en autos y las refutaciones del Fisco.
La ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) dispone en su artículo 1: “En la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado”.
Y luego el artículo 2 dispone el alcance del método de la realidad económica: “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos”.
En las presentes actuaciones la actora intenta desacreditar la aplicación de este principio afirmando que las empresas no fueron creadas una en interés de la otra, ya que incluso Laboratorios Gezzi fue constituida con posterioridad a Hiperfarm S.A. Agrega que tienen los mismos titulares y además coincide el objeto social.
Aclara que no son empresas instituidas para una función concatenada entre ambas, ya que Laboratorios Gezzi nace con posterioridad a Distribuidora Andes S.R.L. y New Andes S.A., de las que Hiperfarm S.A. es continuadora. Y agrega que estas últimas “han desarrollado la misma actividad comercial, mantienen la misma cartera de clientes y nómina de personal.” Por último, agrega que las actividades iniciales de Hiperfarm S.A. se desarrollaron en las mismas ubicaciones que sus antecesoras y ambos inmuebles pertenecen a los mismos socios. En efecto, refiere que la actividad principal de las empresas siempre consistió en la distribución de medicamentos, cosméticos, suplementos, etc. Explica entonces que con el crecimiento que tuvo la firma Laboratorios Gezzi y su escalada en ventas, se necesitó efectuar una “recomposición comercial”, por lo que el grupo económico debió volcar sus esfuerzos al desarrollo de la misma con una nueva política de reinversión, publicidad e inserción en el mercado, lo que fortaleció el vínculo comercial con Hiperfarm S.A. Alega que es el organismo fiscal quien ha desconocido la operatoria del mercado, como así también el sistema de descuentos y bonificaciones utilizados.
Esta Vocalía Instructora considera que si bien no luce la instrumentación de la operatoria antes del año 2003, la propia empresa confirma que se introdujo un cambio comercial entre ellas, que es hacia donde comienza a vislumbrarse la necesidad de justificación, pertinencia y consistencia de la mutación. Al respecto la representación fiscal reitera lo que explica el juez administrativo en este punto, remarcando que no le asiste razón a la contribuyente. Afirma que si bien Hiperfarm S.A. se creó con anterioridad a la constitución del laboratorio, como surge de los antecedentes administrativos (fs. 915/925 cpo principal N° 4) la fecha del contrato social sería del día 19 de octubre de 1995, por lo que no sería continuadora de New Andes S.A. y de Distribuidora Andes S.R.L., ya que las tres sociedades han coexistido desde su origen, con su propia CUIT y presentando sus propias declaraciones juradas. Que nada de lo que manifiesta la actora hace pensar que Hiperfarm S.A. haya sido estructurada para establecer un negocio diferente del que dice tener.
En la misma dirección la actora manifiesta que nunca tuvo oculta su relación con Hiperfarm S.A. sino que, en todo momento dijo que integraba el mismo grupo económico. A su vez el Organismo fiscal sostiene que la relación entre las firmas mencionadas se ve sensiblemente vinculada tanto por la participación patrimonial como su administración, las que se encuentran en manos de los mismos integrantes. Que además, no existe contrato de distribución entre ambas firmas y que se logró probar que Hiperfarm S.A. instrumentalmente no vende por cuenta y orden de Laboratorios Gezzi sino que adquiere los productos medicinales por cuenta propia.
Sobre este punto de agravio, no quedan dudas que no se encuentra en debate la vinculación económica basada en la identidad de elencos directivos y accionistas que inciden sobre las administraciones y decisiones de las empresas Laboratorio Gezzi e Hiperfarm S.A. Prima facie, en el marco de la existencia de un conjunto económico, resulta razonable y admisible que el Fisco Nacional haya enderezado su análisis a la realidad económica que considera que subyace más allá de la instrumentación formal que se le ha dado a los negocios. Por supuesto, la transformación de hechos imponibles y comerciales declarados e instrumentados en otros hechos económicos y fiscales por parte del Organismo Fiscal, requiere que se reúnan todos los recaudos de hecho y legales para demostrar el verdadero restablecimiento del “negocio” que a su entender emerge.
Tampoco resulta relevante para cuestionar la figura de la realidad económica, el orden cronológico y las actividades desarrolladas en el pasado por las tres distribuidoras citadas ut-supra, pues el cuestionamiento por parte del Organismo Fiscal es concreto a partir del año 2003, sin que por sí sola la prelación en las fechas de constitución pueda hacer desestimar que se haya instrumentado una operatoria ajena a la realidad a partir de ese año. A mi entender los datos, fechas y empresas mencionadas no producen ninguna incidencia sobre la aplicación del principio de realidad económica.
Para concluir, es menester recordar que este principio es una herramienta que brinda la ley de procedimiento para buscar la verdad del negocio que se esconde y así poder determinar la justa medida del impuesto que se debe ingresar.
V. b) En el marco de la búsqueda de la verdad, la actora sustenta en el procedimiento de cotejo de precios, que los productos que comercializa son de venta libre. Que el análisis efectuado en comparación con “Laboratorios Gramón” resulta desacertado, ya que dicha firma no sólo comercializa productos de venta libre sino también bajo receta. Y agrega que “no resulta cierto que Laboratorios Gramón comercialice bienes en forma exclusiva a través de una distribuidora denominada Disprofarma S.A., y que ésta recibe una comisión…también vende en forma directa como lo hace mi mandante”.
Dentro de este mismo agravio destaca además, el rol de la publicidad y promoción de los productos y su importancia. Expresa que los productos de venta libre requieren de una publicidad diferente a la de los productos bajo receta médica. Que habiendo implementado una política de publicidad masiva es que ha logrado posicionarse dentro de las primeras diez empresas en el ranking del mercado de productos de venta libre. Describe que la estructura comercial está compuesta en parte por Laboratorios Gezzi que es quien exclusivamente produce, dejando a Hiperfarm S.A. como promotora y publicitaria de sus productos. De esta forma le compra los productos al laboratorio, obtiene descuentos y bonificaciones, siendo que ella se encarga de esa inversión.
La fiscalización primero y el juez administrativo después, respecto de este agravio, sostuvieron que la actividad inspeccionada se centró justamente alrededor del análisis de los productos de venta libre. Que del cotejo realizado se formó la convicción acerca del real negocio, a partir de los guarismos y modalidad exhibida por “Laboratorios Gramón”. Esa empresa manifestó (fs. 9/13 cpo circularización) lo opuesto a lo que Laboratorios Gezzi refirió. Que fabrica y vende productos medicinales para uso humano en su mayoría de venta libre y que adicionalmente produce en menor cantidad especialidades que exporta a otros países, siendo por medio de venta bajo receta.
El Fisco rechaza el argumento de la actora en torno a la supuesta disminución de créditos fiscales, ya que Hiperfarm S.A. asumiría los costos de promoción, publicidad y distribución. Recalca que Laboratorios Gezzi no ha probado en ningún momento que Hiperfarm S.A. haya asumido riesgo semejante que indique la remarcación de precios que se hizo, ya que la facturación de las ventas a la distribuidora las emitía al finalizar cada período mensual, mientras que las entregas efectuadas las realizaban en base a la proyección de ventas mensuales.
Entiende la actora, que lo manifestado por el Fisco, no puede prosperar, en tanto se basa en interpretaciones parciales y tomadas únicamente sobre un competidor que a todas luces no refleja la realidad del negocio. Expresa que la fiscalización fue insuficiente en cuanto al conocimiento de las prácticas del mercado, debiendo haber consultado a las restantes empresas. Que la realidad económica ha sido otra, yendo mucho más allá del mero análisis de la base imponible del IVA en las ventas a Hiperfarm S.A..
A su vez el Fisco, de su análisis efectuado en base a la intermediaria Disprofarma S.A. (comparable), entiende que esta recibe en consignación los productos de los laboratorios, correspondiendo los mismos en todo momento de propiedad de estos últimos, siendo ésta la metodología empleada por la mayoría de los laboratorios del país, conforme se desprende de lo que manifiesta Disprofarma al ser consultada en cuanto a cómo funciona su operatoria comercial (aa fs. 552 y 553 cpo Principal parte III).
Por otra parte, Hiperfarm S.A. no sólo tiene un rol diferente, sino que además le adiciona un abultado valor agregado en la etapa no alcanzada por el tributo no contemplada en la relación de un intermediario que ejerce únicamente la distribución de un producto. Así es como el costo para la farmacia lo determina Hiperfarm S.A. mientras que el impuesto se establece en base al precio establecido por Laboratorios Gezzi, el que resulta muy inferior al primero. Que la modalidad empleada en el mercado de los laboratorios del país consiste en que la farmacia recibe el producto que distribuye la intermediaria por cuenta y orden del laboratorio , y sobre dicha base se calcula el impuesto - en su única etapa- a ingresar. En resúmen, la firma que se esconde detrás de la figura del “distribuidor”, es quien realmente le agrega valor al producto en su función de producción y venta, pero no es quien finalmente lo ingresa.
V. c) La actora relata que las bonificaciones o descuentos los utiliza para que al comercializar los productos se obtenga una mayor rentabilidad o al trasladar esos descuentos al público sea más fácil vender. Explica que cuando una farmacia compra determinado medicamento bajo la modalidad de bonificaciones, en el caso de querer trasladar parte de ese descuento al precio al público lo hace de manera equitativa en todas las unidades que vende. Por esta razón se contrató a Hiperfarm S.A., quien al comprar los productos al laboratorio, obtiene descuentos y bonificaciones, siendo ella quien soporta la inversión; si bien las compras son mayores en unidades, el costo unitario baja.
El organismo fiscal refuta esta teoría que explica la apelante, y sostiene que a pesar de que los precios de venta del recurrente hayan sufrido una involución a lo largo de los períodos analizados - que serían descuentos especiales que no obran en la documentación aportada- los hechos demuestran que el costo para las farmacias se mantuvo inalterable, tal como se verifica en el listado de precios de Hiperfarm S.A. Así las cosas, y si bien el Fisco hace mención de no haber ajustado en base a dicha cuestión únicamente, también resalta que el volúmen de descuentos representados por bonificaciones se encuentra por encima de parámetros considerados moderados. Por eso entiende que no puede la actora justificar la subfacturación con las bonificaciones, ya que la cantidad de las mismas no integran el ajuste. Aclara que los productos que Laboratorio Gezzi entregó a Hiperfarm S.A. sin precio - es decir en $ 0,00- fueron interpretados como bonificaciones en especie, detectándose para el año 2003 que de las 2.000.261 cantidades facturadas 873.759 de ellas fueron en cero; y para el año 2004 de un total de 2.718.447, la facturación en cero recayó sobre 910.886. Que la inspección se centró en las cantidades efectivamente valorizadas por el contribuyente, y no de las entregas a valor cero que si bien resultan significativos, carecen de entidad suficiente para justificar la subfacturación analizada.
Al respecto, dice que soporta la inversión en la nueva etapa de reformulación comercial, sin embargo lo cierto es que no ha acreditado las funciones específicas más allá de la facturación de publicidad en cabeza de Hiperfarm S.A.
La apreciación sobre que las ventas han aumentado como resultado de la política de publicidad masiva no resulta concluyente para afirmar que se debió a que la publicidad la hizo Hiperfarm S.A. y no Laboratorios Gezzi, como así tampoco se justifica el excesivo valor agregado que se generó en Hiperfarm S.A.
V. d) Sobre el cuestionamiento hacia la compulsa de una única empresa (“Laboratorios Gramón”) y la falta de consulta de las prácticas normales de mercado, se observa que DISPROFARMA S.A. informó que actúa en condición de distribuidor pleno o puro -por cuenta y orden de los laboratorios en 42 (cuarenta y dos) empresas que individualizó a fs 553 (aa cpo Principal parte III)
Por ello la muestra utilizada por el Fisco resulta más que representativa en cuanto a la modalidad de operación laboratorios-distribuidores. Sin embargo, lo que finalmente constituye el núcleo del cuestionamiento radica en que la operatoria de HIPERFARM S.A. de venta a su nombre y no por cuenta y orden de los laboratorios como se vislumbró en el mercado, es justamente lo que debe demostrar, adelantando que la existencia de gastos de publicidad que fácilmente pueden redirigirse entre empresas de un mismo grupo económico no puede constituir por sí sola una prueba hábil en favor de la recurrente.
V. e) En el último agravio, la actora expresa que en autos se aplicó el método presuntivo para realizar el ajuste, manifestando que resulta improcedente, inadecuado e insuficiente. Que el fisco nacional presume que se facturó por debajo del valor real, disminuyendo la base imponible. Que dicha presunción la basó en la figura de la firma Hiperfarm S.A., que fuera creada según el Fisco para reducir el IVA a ingresar, es decir, la considera una “simuladora” que deforma la realidad del negocio, cuando en los hechos su creación fue anterior a la del laboratorio.
El Fisco pondera su postura y la utilización del método presuntivo, explicando que en el caso en particular se han tenido en cuenta los extremos y datos de la comparación de precios de mercados obtenidos sobre la base de valores de venta que suministraron empresas competidoras de la misma rama, y que en base a esa información afirma que existió subfacturación. También trabajó con los precios de venta a las farmacias por parte de Hiperfarm S.A., los que no se encuentran cuestionados.
Que de lo manifestado por las partes respecto del agravio mencionado utilizado, es dable recordar el art. 18 de la ley de rito cuando establece que “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida del mismo. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o que deberán proporcionarles los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc.”. Y continua …2. En el impuesto al valor agregado: Montos de ventas gravadas omitidas…El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.”
Que entonces, para poder cuantificar la base imponible y así determinar la situación tributaria del contribuyente, es necesario reconstruir su historia siempre que la administración no cuente con los elementos fehacientes y suficientes para hacerlo de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley de rito. Que el método presuntivo es un mecanismo subsidiario y válido habilitado por ley, mediante el cual la administración puede determinar la real capacidad contributiva del contribuyente ante un hecho cierto que se denomina indicio y que deriva en otro hecho al que llamamos presunto. Que en los presentes autos, la fiscalización recurrió a la aplicación del principio de la realidad económica como indicio, lo que permitió determinar cuál era el verdadero hecho imponible y su medida, restableciendo así los precios, la base imponible del Impuesto al Valor Agregado y los débitos fiscales, fundamento del ajuste.
VI. Que en lo concerniente a la prueba producida en autos, interesa analizar en primer lugar la información aportada por las empresas oficiadas.
De la información suministrada por las firmas Asofar (Asociación Propietarios de farmacias argentinas), PHARMOS S.A., PHARMOS S.A. e IMS Health Argentina S.A, no se ha obtenido información relevante para la resolución de la causa.
Por su parte, la firma Disprofarma S.A. informa que en el período de enero 2008 a agosto 2009 -en unidades- la venta de productos medicinales equivale al 81% y los productos de venta libre al 19% y, en pesos brutos la venta de productos medicinales equivale al 92% y los de venta libre al 8%. Agrega que no realiza inversión en publicidad de los productos que comercializan por cuenta y orden.
En este sentido corresponde aclarar que lo que manifiesta Disprofarma S.A. en el párrafo anterior no abarca la totalidad de los períodos que se encuentran discutidos en autos, sino solamente desde enero a abril de 2008, no resultando representativo de los 64 meses que involucran los ajustes.
Que de las periciales contables surgen los siguientes datos:
Que Laboratorios Gezzi lleva los libros en legal forma y es una sociedad constituida el 20/02/1992 siendo sus integrantes Edgardo Jorge Gezzi y Graciela Susana Mitti, ambos en un 50%. Que su actividad es la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos y que durante los períodos verificados comercializó a través de la distribuidora Hiperfarm S.A.
Que surge de los datos analizados en los registros contables que realizó gastos en concepto de publicidad los que comparados con las ventas en los períodos verificados dan como resultado: $ 3.229.322,15 (gasto de publicidad) y $ 6.274.073,02 (ventas) en el año 2003 y $ 155.161,14 (gasto en publicidad) y $ 4.147.526,74 (ventas) en el año 2004. Luego los profesionales tomaron los montos de débitos y créditos fiscales de los períodos en cuestión y llegaron a la conclusión de que el débito de 2004 disminuyó un 33,60% respecto de 2003, y el crédito disminuyó un 39,35% respecto de 2003. De esta manera el impuesto a ingresar se incrementó un 38,92% en el año 2004. El perito del Fisco aclara que para poder analizar las comparaciones porcentuales hay que tener en cuenta el mecanismo de determinación del IVA el que se ve incidido por el débito y el crédito fiscal.
Los peritos indican que de los Balances Generales no surgen gastos directos de distribución y ventas. Explican que los gastos no imputados a los costos de ventas como los indirectos, son aquellas erogaciones que no integran el costo de las ventas realizadas por Hiperfarm S.A., y representan gastos de administración, comercialización y de financiación. A su turno el perito de la actora manifiesta que adquiere relevancia el gasto de publicidad (tomado de los Balances Generales de Hiperfarm S.A.) que conforme la tabla que acompaña representa un 50% para el año 2003 y un 67% para los años 2004 y 2005. Por último, y teniendo en cuenta la mecánica del impuesto, el perito de la actora agregó que para evaluar si hay mayor o menor impuesto, no sólo se debe analizar el débito sino también el crédito fiscal, tanto sus disminuciones como incrementos. A su vez el perito del fisco nacional, si bien dijo que no debe emitir dictámenes ni opiniones, observó que Laboratorios Gezzi tuvo una disminución en sus ventas que resultaron un incremento para la firma Hiperfarm S.A., en casi similar porcentaje.
Respecto de la pericia efectuada a HIPERFARM S.A. se dijo que lleva los libros en legal forma, que es una sociedad constituida el 19/10/1995 siendo sus accionistas Edgardo Jorge Gezzi y Graciela Susana Mitti, 51% y 49%, respectivamente. Que su actividad es la venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos, de tocador y perfumería. Que vende y distribuye a droguerías y farmacias a través de vendedores y promotores.
Que el porcentaje de compras a Laboratorios Gezzi del total de compras en comparación con otros laboratorios representa para los años 2003 y 2004 el 99 y 98 % respectivamente.
Exponen que en general el medio de contratación, conforme manifiestan las empresas, es verbal excepto algún caso específico que se ha observado un contrato de distribución por escrito (Laboratorios Yerutti). Que de acuerdo a la documentación de compras y ventas que tienen a la vista no observan varias formas de comercialización respecto de la exención del IVA. Que adquieren los productos con IVA discriminado y los revenden con el mismo dentro del precio, en aquellos casos que se trate de productos exentos conforme lo manifiesta el art. 7 inc. f) de la ley del impuesto en cuestión.
Que desde enero de 2003 a diciembre de 2004 surgen gastos de publicidad y propaganda. Que dichos gastos en comparación con las ventas representan para el año 2003 el 21% y para el año 2004 casi el 49%. Por último, se efectuó pericial contable sobre los libros y registraciones contables de las firmas New Andes S.A. y Distribuidora Andes S.R.L., de las que se obtuvo el siguiente análisis: fueron constituidas en 1993 y 1986, respectivamente. Que conforme sus estatutos la actividad que desarrollan es la venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios. Que venden y distribuyen a droguerías, farmacias a través de vendedores y promotores.
Hasta aquí y de lo analizado en las pericias se advierte que a pesar de los datos aportados por los expertos, los mismos no logran desvirtuar el ajuste efectuado por el organismo fiscal, por lo que la prueba hasta aquí aportada no resulta relevante ni hábil.
VII. En resumen, la discusión se centra en la venta de productos que realiza Laboratorios Gezzi a su aparente distribuidora. Que existen razones suficientes para considerar que Hiperfarm S.A. -lo admite la actora- y su proveedora se encuentran íntimamente vinculadas, a tal punto que de la fiscalización y luego en base al corrimiento del velo jurídico-societario, se llega a comprobar que no funcionaba formalmente como una firma que distribuía por cuenta y orden del laboratorio - amparada en la exención en el art. 7 inc. f) de la ley del IVA- sino que le compraba los productos elaborados para luego venderlos a farmacias, bajo la estructura tributaria que pretenden aparentar, a través del mecanismo de venta propiamente dicho, cuando de acuerdo a lo que ha quedado evidenciado la actividad de Hiperfarm S.A. no excede de una función distribuidora.
Que el Impuesto al Valor Agregado resguarda estas operaciones que hayan tributado el impuesto en la primera venta efectuada en el país y continúa diciendo que se entenderá que los compradores revisten la calidad de consumidores finales.
Así las cosas, no coincide la estructura que emplea la distribuidora de Laboratorios Gezzi con la que utiliza Disprofarma S.A. (como distribuidora independiente utilizada en el análisis comparativo). Hiperfarm S.A. agrega un valor al precio de venta en la etapa que no debería estar afectada por el impuesto, entendiendo que como parte de la cadena de distribución del producto se encuentra exento conforme lo indica el art. 7 inc. f) de la ley de IVA. Mientras que Laboratorios Gezzi disminuyó sus precios de venta en los períodos cuestionados, casualmente su distribuidora aumentó el precio de los mismos.
Cuando el último eslabón de la cadena comercial, en este caso las farmacias, reciben los productos distribuidos por los intermediarios, lo hacen a precios que establecen los laboratorios, ya que los intermediarios no participan. Ahora bien, si tomamos como maniobra: las bonificaciones en unidades superiores a los valores en plaza, que el laboratorio disminuye injustificadamente sus ventas y precios (fs. 3 cpo. de aa Formula Consulta); pero que a su vez la distribuidora los aumenta interesadamente, entonces la base imponible del impuesto que debe tributar el primero indefectiblemente se verá gravemente afectada por la intervención del segundo. En consecuencia, la distribuidora está agregando valor sobre un producto o bien por el que no está tributando, tal como lo describe el Fisco.
Como corolario de lo expuesto y teniendo en cuenta la normativa citada, el ajuste efectuado por el organismo fiscal es acertado. Teniendo en cuenta que la fiscalización desconoció el precio de venta facturado por Laboratorios Gezzi a Hiperfarm S.A. y calculó el débito fiscal en función del precio neto de venta al que esta última enajena esos productos, todo en función de que el mecanismo que se estaba utilizando no correspondía con la práctica normal de mercado en un esquema de distribución. Que incluso en esta instancia no se aportaron pruebas de los desplazamientos de precios entre un periodo y otro; y que el mero gasto de publicidad justifique el desdoblamiento entre ambas empresas.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que las manifestaciones plasmadas por Laboratorios Gezzi en los presentes autos, como así también los datos de las registraciones contables, y la prueba aportada no logran conmover el criterio fiscal. Que entonces, deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes efectuados por el fisco nacional, con costas.
VIII. Que se aplicaron multas en los últimos expedientes, con sustento en lo establecido por los arts. 46 y 47 incs. a), b), c) y e) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y mod.) (ley vigente al momento del dictado de la resolución) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
A su turno, el artículo 47 establece “Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas respecto de lo siguiente: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11; b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible; c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso y e) Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos.”
Que de lo expuesto en los considerandos precedentes se advierte que concurren suficientes elementos para tener por configurado el tipo infraccional aplicado. La conducta punible quedó configurada en primer lugar con el ingreso en menor medida del impuesto (elemento objetivo) y en segundo porque dicha maniobra fue efectuada mediante declaraciones juradas engañosas, las que fueron confeccionadas con datos distintos de la realidad y en consecuencia la determinación del tributo que surgió no es el debido. Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08). Que para el caso de autos, se constató un claro e intencional incumplimiento de las normas impositivas a través de maniobras que intentaron darle un marco de legitimidad a movimientos y una disminución de ventas inexistente sólo para defraudar al Fisco.
En tanto el agravio esgrimido por la recurrente, es necesario aclarar que la maniobra no está consagrada en la utilización de la presunción sino en la instrumentación de un negocio con la intervención de un intermediario del mismo grupo económico, que recibe una retribución que no resulta concordante con las funciones asignadas. (art. 46 inc. e)
En consecuencia, y sin que haya aportado la recurrente prueba que demuestre la existencia de un error excusable, cabe disponer la confirmación de las sanciones aplicadas, con costas.
IX. En cuanto a los intereses resarcitorios intimados, teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), procede disponer su confirmación.
X. Por todo lo expuesto precedentemente, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 5.961.308 (Pesos cinco millones novecientos sesenta y un mil trescientos ocho) por el patrocinio letrado y de $ 2.384.523 (Pesos dos millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos veintitrés) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 6.829.892 (pesos seis millones ochocientos veintinueve mil ochocientos noventa y dos), equivalente a 130,07 (ciento treinta con 7/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ 2.731.957 (pesos dos millones setecientos treinta y un mil novecientos cincuenta y siete), equivalente a 52,03 (cincuenta y dos con 3/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 22/24 (06/06/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios de la perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional, Liliana Dopico, en la suma de $ 278.183 (pesos doscientos setenta y ocho mil ciento ochenta y tres), los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
5. Regular los honorarios de la perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional, Analía Lopez Ledesma de Gonzalez, en la suma de $ 997.873 (pesos novecientos noventa y siete mil ochocientos setenta y tres), los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.06.11 14:10:14 -03:00 Date: 2024.06.12 11:38:05 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.12 12:31:00 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.12 12:31:01 -03:00
Fin de la sentencia