Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-127879770-APN-A-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar que no ha operado en autos la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y exigir el cobro de los tributos, en relación al despacho N° 12 073 IT14 001227 G
2Confirmar la RESOL-2024-5010-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, con costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81627424-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 S.A.I.C.;
En Buenos Aires, reunidos los vocales de la Sala "G" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Claudia B. Sarquis Horacio J. Segura, y, para dictar sentencia en el Expediente N° EX-2024- 127879770-APN-A-SGASAD#TFN caratulado: “LABORATORIOS VICTORIA S.A.I.C. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Se presenta por apoderado LABORATORIOS VICTORIA S.A.I.C. e interpone recurso de apelación (RE-2024-127879332-APN-SGASAD#TFN) contra la Resolución RESOL-2024- 5010-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA dictada el 09/10/2024 por la Dirección General de Aduanas (en adelante “DGA”), en el marco del expediente SIGEA N°12206-3735-2013.
Dicha resolución condena a la actora al pago de las sumas de $ 34.474,84 en concepto de multa, y de u$s 6.220,65 en concepto de tributos (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) por la comisión de infracción al régimen de importación temporaria de mercaderías prevista en el art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) en relación al despacho N° 12 073 IT14 001227G y cuyo plazo de permanencia vencía el 11/08/2013.
La recurrente incoa excepción de prescripción, expresando que el procedimiento sumarial es nulo, de nulidad absoluta, por encontrarse prescripta la acción del Fisco para imponer penas y reclamar tributos en estas actuaciones. A su vez, expresa que la importación temporaria involucrada se encuentra totalmente regularizada, por lo que ninguna infracción se ha cometido. Por último, expresa que la liquidación tributaria resulta improcedente, por haber prescripto la acción de la DGA para reclamar el IVA. Acompaña copia de certificado de tipificación de importación temporaria (CTIT) n° 06919/2009 y copias de los permisos de embarque 13 001EC03 006247F, 006850F y 006220T.
II. Al contestar el traslado conferido (IF-2025-40081905-APN-DTD#JGM-4), la DGA efectúa una negativa general de las afirmaciones, los hechos, el derecho y de la documentación y/o copias invocadas por la recurrente. En ese sentido, defiende la validez del auto de instrucción del sumario, expresa que no ha operado la prescripción de la acción para el cobro de tributos ni para la imposición de sanciones, y que la actora no acreditó la efectiva reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporalmente.
III. Mediante PV-2026-17315626-APN-VOCXIX#TFN se elevan los autos a la Sala “G”, que los pasa a sentencia.
IV. El expediente SIGEA N° 12206-3735-2013 se inicia por la presunta comisión de infracción al régimen de destinación suspensiva del art. 970 del CA en relación Destinación de Importación Temporal (en adelante, la “DIT”) Nº 12 073 IT14 001227 G y cuyo plazo de permanencia venció el 11/08/2013. A fs. 15 de las actuaciones administrativas remitidas por la DGA, se instruyó sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del CA y a fs. 21 se procedió a correr vista de todo lo actuado a la recurrente en los términos establecidos por el art. 1101 del citado texto legal y se citó a la firma CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS en su carácter de afianzadora de la obligación tributaria. A fs. 41/44 obra la resolución recurrida.
V. Delimitadas las cuestiones preliminares, corresponde analizar si la Resolución RESOL-2024- 5010-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por la DGA en el marco del expediente SIGEA N°12206-3735-2013, que condenó a LABORATORIOS VICTORIA SAIC al pago de las sumas de $ 34.474,84 en concepto de multa, y de u$s 6.220,65 en concepto de tributos (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) por la comisión de infracción al régimen de importación temporaria de mercaderías prevista en el art. 970 del CA, se ajusta o no a derecho.
VI. Así planteado el asunto, corresponde tratar preliminarmente el planteo de prescripción esgrimido por la actora.
El CA regula el instituto de la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos en los artículos 803 y concordantes, y de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras en los artículos 934 y concordantes. En ambos casos, el plazo de prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de la configuración de la infracción.
En el presente caso, la mercadería ingresó mediante el despacho n° 12 073 IT14 001227G, y el plazo de permanencia venció el 11/08/2013. En consecuencia, no está controvertido que el plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr el 01/01/2014 y que este vencía el 31/12/2018.
Conforme surge de fs. 15 de las actuaciones administrativas remitidas por la DGA, se instruyó sumario el 20/12/2018, que no fue notificado a la recurrente. El 20/02/2024, se emitió providencia por la cual se procedió a correr vista del sumario instruido a la actora, que fuere notificada el 25/03/2024. Debe precisarse que tanto el artículo 805, inciso a), como el artículo 937, inciso a), ambos del CA, disponen que el auto que ordena la apertura del sumario produce, respectivamente, la suspensión de la prescripción de la acción de cobro de tributos y la interrupción de la acción para imponer sanciones. Ahora bien, la demandada entiende que tales efectos se generan de modo automático, sin necesidad de notificación alguna a la recurrente.
Así, bastaría la existencia formal de la resolución que dispone la apertura del sumario para que se detenga o reinicie el curso de la prescripción. Este entendimiento, reiteradamente avalado tanto en sede administrativa como en sede judicial, descansa en la idea de que la sola decisión estatal de iniciar la investigación produce consecuencias sobre los plazos prescriptivos, aun cuando el sumariado no haya tenido noticia ni oportunidad de ejercer su defensa.
Con relación a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de cada una de estas disposiciones, ya tuve oportunidad de manifestarme con respecto a la importancia que presenta la notificación de aquellos actos administrativos que poseen un efecto interruptivo de la prescripción liberatoria (causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”). Allí sostuve, con relación específicamente al auto de apertura del sumario, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del CA, la DGA tiene el deber de notificarlo; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del Fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA, no se producen sino a partir de dicha notificación.
Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida en que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración. No cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”; estamos haciendo referencia a su entidad jurídica, es decir, de su “validez”. Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera ‘participar en la conformación, ejercicio y control del poder político’ (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional - Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados; es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
VII. Al retomar los hechos involucrados en el sub examine, se logra constatar que la notificación del acto administrativo de apertura de sumario tuvo finalmente lugar aproximadamente cinco años y tres meses a posteriori de su dictado (con la corrida de vista), y a diez años y siete meses del supuesto hecho infraccional. Por consiguiente, sobre la base de lo desarrollado ut supra, en el presente caso tanto la acción del Fisco para exigir tributos, como aquella tendiente a imponer penas, se encuentra prescripta. En efecto, al no haber sido notificado el auto de apertura del sumario antes del vencimiento del plazo quinquenal, dicho acto no produjo oportunamente los efectos suspensivos e interruptivos previstos, respectivamente, en los artículos 805, inciso a), y 937, inciso a), del Código Aduanero.
En consecuencia, el plazo de prescripción continuó su curso hasta su vencimiento, sin que la posterior notificación de la corrida de vista pueda hacer renacer acciones que para entonces ya se encontraban prescriptas. Por añadidura, aun cuando se considerase que el auto de apertura del sumario produjo efectos desde su dictado, con independencia de su notificación, las facultades del Fisco también se encuentran prescriptas en relación con la multa. En efecto, la demandada sostiene en su traslado que resulta de aplicación al caso la suspensión de prescripción que prevé el art. 17 de la ley 27.562 (BO 20/08/2020) que establece: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
La pretensión de introducir la causal de suspensión de prescripción citada, a fin de habilitar el accionar de la DGA, no resulta aplicable en el presente caso, por no haberse acreditado el acogimiento al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas previsto en la propia ley 27.562. Así, por los fundamentos esgrimidos en mi voto en “TERNIUM ARGENTINA SA c/ DGA s/ Recurso de Apelación” (Expediente N° 40.076-A) y su acumulado “MINOYETTI, NICOLAS c/ DGA s/ Recurso de Apelación” (Expediente N° 40.086-A), a los cuales me remito mutatis mutandi, no cabe sino concluir que la causal de suspensión del plazo prescriptivo prevista en la ley 27.562 se limita a los casos en los que el contribuyente se acogió a los beneficios previstos por la norma, lo que, como se dijo, no se halla acreditado en las presentes actuaciones.
VIII. Sin perjuicio de la prescripción anteriormente declarada, y aun con independencia de ella, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la Administración la sustanciación de los procedimientos en un tiempo diligente.
En efecto, del análisis de las actuaciones administrativas, se advierte que el auto de apertura del sumario fue dictado el 20/12/2018, mientras que el auto que ordena la corrida de vista del 20/02/2024, fue notificado a la recurrente el 25/03/2024. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de 10 años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (11/08/2013) y la notificación de la corrida de vista operada el 25/03/2024.
De igual modo, resulta injustificable la demora de 5 años, 3 meses y 5 días entre el auto de apertura del sumario, dictado el 20/12/2018, y la notificación efectuada a la actora el 25/03/2024, sin que en las actuaciones obren constancias que permitan justificar tal dilación ni la excesiva prolongación del trámite.
IX. A tenor de esas circunstancias, tal y como tuve oportunidad de señalar en “CARRARO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (Expediente N° 38.346-A) y su acumulado “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/DGA s/ recurso de apelación” (Expediente N° 38.412-A), se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia -arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos-, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
X. Que por la forma en que se resuelve la presente deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios introducidos por la actora.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución RESOL-2024- 5010-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA.
2. Costas a la DGA vencida.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
I. Que, en honor a la brevedad, nos remitimos a lo expuesto por el Vocal instructor en los considerandos I a IV.
II. Que, sin embargo, disentimos en lo relativo a la vigencia de las acciones en cabeza del Fisco, tanto para imponer penas como para perseguir el cobro de los tributos, las cuales, de forma consistente con el criterio que he venido sosteniendo, no han prescripto.
III. Que cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 11/08/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2014.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 20/12/2018, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 9 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 22 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario hasta el dictado de la resolución en crisis el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., desde la reanudación del término (con el dictado de la resolución aduanera, en fecha 09/10/2024) hasta su notificación (21/10/2024) no transcurrió el plazo restante para que opere la prescripción tributaria.
IV. Al respecto, como lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades, consideramos que la interrupción de dicho plazo se produce con el dictado del auto de apertura en los términos de lo preceptuado en el art. 937 inc. a) del C.A. y no con su notificación. A igual conclusión arribamos en relación a los efectos suspensivos del auto de apertura en lo atinente al cómputo en materia de tributos.
Así lo ha entendido la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al considerar que “…el legislador previó específicamente como causales de suspensión y/o de interrupción del plazo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional el simple dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin (…) Por tanto, conforme lo normado por el Código Aduanero, tanto el auto de apertura del sumario como la resolución condenatoria del Fisco Nacional, tienen la virtualidad de interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción, según el caso, independientemente, en principio, de que lleguen a conocimiento del afectado. Al punto, cuadra reflexionar que la referencia al “dictado” del acto no puede considerarse superflua, pues si la intención del legislador hubiera sido que dichas causales operasen a partir de la notificación del acto, hubiese hecho una referencia precisa en tal sentido, como la que efectuara en el artículo 806, literal a), del Código Aduanero.” (conf. Sala II, “Carraro Argentina SA (TF 30838-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, 09/04/2024, Sala IV del Fuero, en autos 39.480/2015 “Lito Diesel SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2015 y 87.451/2017 “Chubb Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/11/2018; entre otros).
V. Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 11/08/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2014.
Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 20/12/2018). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 21/12/2018, finalizando el 21/12/2023.
Que ahora bien, el art. 17 de la Ley N° 27.562 dispone la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021. Que, en atención a ello, el nuevo plazo debe computarse desde el 21/12/2018 al 26/08/2020 y luego reiniciar el cómputo a partir del 26/08/2021. En efecto, del 21/12/2018 al 26/08/2020 transcurrió 1 año, 8 meses y 5 días.
Es decir que del plazo quinquenal restaban cumplirse 3 años, 3 meses y 26 días los que debían computarse una vez que cesara la suspensión de la ley citada.
Posteriormente, del 26/08/2021 a la fecha del dictado de la resolución aduanera apelada (09/10/2024) transcurrieron 3 años, 1 mes y 12 días.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones.
VI. Que atento a lo precedentemente expuesto, corresponde abordar el fondo de la cuestión planteada. Al respecto, al no existir constancias que acrediten la reexportación de la mercadería y, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código Aduanero en lo que hace al régimen de excepción regulado en el art. 970 del mismo cuerpo legal, corresponde confirmar la resolución apelada, tanto en lo que hace a la multa como a los tributos.
Por todo lo expuesto, VOTAMOS POR:
1).- DECLARAR que no ha operado en autos la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y exigir el cobro de los tributos, en relación al despacho N° 12 073 IT14 001227 G. 2).- CONFIRMAR la RESOL-2024-5010-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, con costas a cargo de la actora.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- DECLARAR que no ha operado en autos la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y exigir el cobro de los tributos, en relación al despacho N° 12 073 IT14 001227 G 2).- CONFIRMAR la RESOL-2024-5010-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, con costas a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.20 16:13:35 ART Date: 2026.08.20 16:38:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:49:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:49:24 -03:00
Fin de la sentencia