Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 178.606
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se rechaza el recurso interpuesto por Sancor Cooperativa de Seguro Ltda;
II. Se rechaza el recurso interpuesto por la parte actora;
III. Se confirma la sentencia del 22/8/2023, imponiendo las costas de Alzada a los apelantes por el resultado de sus respectivos recursos (art. 68 CPCC); IV.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); III.)
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 178606.
Autos: "LABRA MARIA IRENE C/ CHEVROLET SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)". Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "LABRA MARIA IRENE C/ CHEVROLET SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
El señor Juez de Primera Instancia dictó sentencia el 22/8/2023, haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por LABRA MARIA IRENE contra CHEVROLET SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA, condenando a abonar a la actora, en el plazo de DOS días de quedar firme la presente la suma de pesos dos millones quinientos veinticinco mil setecientos nueve con 72/100 ($2.525.709,72), con más los intereses.
Contra ese pronunciamiento, interpusieron recursos de apelación la codemandada Sancor Cooperativa de Seguros Limitada , el 23/8/2023; la parte actora y la demandada Chevrolet S.A. de Ahorros para Fines Determinados, el día 29/8/2023, siendo concedidos con fecha 4/9/2023 y 30/8/2023 respectivamente.
La parte actora presentó memorial el 1/9/2023, mientras que Sancor Cooperativa de Seguros Limitada lo hizo 8/9/2023. En el caso de Chevrolet S.A. de Ahorros para Fines Determinados, por auto del 12/9/2023, se le decretó desierto el recurso por presentación extemporánea. Sancor Seguros sostuvo que, al momento de dictar el acto, no se tuvo en cuenta que Sancor y Chevrolet son dos sujetos de derecho diferentes; que la actuación de la aseguradora no recibió reproche; que no violó la ley de defensa del consumidor y que no registra antecedentes de haberlo hecho. Agregó que no se acreditó en autos que su parte haya recibido el importe del seguro informado por Chevrolet S.A..
En relación a la prueba pericial expuso que, ni la perito ni el Sr. Juez, advirtieron que el tomador del seguro (Chevrolet) tienen domicilio en Vicente Lopez lo que resulta determinante para la ubicación del riesgo asegurado y el valor de la prima (en Mar del Plata es menor).
Solicitó la revocación de la sentencia y formuló reserva de caso federal. En oportunidad de contestar el memorial, la parte actora, rechazó los fundamentos del apelante. Sostuvo que el informe pericial es elocuente respecto de los importes cobrados en exceso, agregando que la solidaridad que establece la ley de defensa del consumidor no puede obviarse. Por otro lado, la parte actora se agravia de la valoración y cuantificación del daño emergente. Consideró que, además de la suma reconocida como diferencia de costo en el seguro debió reconocerse el importe abonado para cancelar el plan. Expuso, como segundo agravio, una discrepancia con los montos y los porcentajes con los que se utilizó la formula Testa para el cálculo del daño punitivo. En su opinión el capital debió ser de $ 569.264,55 (sumatoria de la diferencia de costo seguro más el importe de cancelación del plan) por un lado, y por el otro, respecto de la variable Pc (probabilidad de ser condenado por indemnización compensatoria de daños provocados) consideró que en lugar de fijarse en el 20%, debió establecerse en 10%.
En posición contrapuesta, la demandada rechazó lo planteado, sosteniendo que el pedido de modificación del daño emergente no debe prosperar porque el pago cancelatorio que realizó el consumidor corresponde a los haberes netos del plan.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia del 22/8/2023?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Por una cuestión de orden lógico en la sentencia, tratare primero el recurso de la compañía aseguradora y posteriormente el de la actora. Recurso de Sancor Seguros.
El recurso se asienta en tres cuestiones principales: a) que las demandadas tienen independencia y que las acciones de cada uno de ellas son autónomas; b) Que no surge de la pericia que los importes abonados por el consumidor sean los que percibió Sancor y; c) Que siendo tomador de la póliza Chevrolet, que tiene domicilio en Vicente López, el costo de la prima se adecuó a ese domicilio.
a) Inicio mi análisis observando que, en el contrato de adhesión que suscribe el actor con Chevrolet S.A. de Ahorros para Fines Determinados, en el punto 13.2.1, el consumidor asume el compromiso de: "contratar y pagar un seguro que cubra los riesgos asegurables del Bien, a entera satisfacción de la Administración y con endoso a favor de la misma, y cláusula de ajuste, en una de las (5) cinco compañías aseguradoras que integran la lista que suministrara la Administradora."
"Las aseguradoras mencionadas deberán presupuestar tarifas, primas, premios que serán los normales de plaza para contrataciones análogas".
De esa cláusula, se traducen dos cosas: a) el consumidor tiene una "libertad relativa" de elección por cuanto su posibilidad quedó circunscripta solo a (5) cinco opciones; b) Esas (5) cinco compañías aseguradoras tienen una acuerdo negocial, previo, con Chevrolet que les permite integrar el "menú" dentro del cual elegirá el consumidor. Agrego que, el contrato que vincula a la actora con Sancor, al igual que el suscripto con Chevrolet S.A. es de adhesión, sujeto a cláusulas predispuestas.
Señalo esto, porque en el análisis que viene, va a resultar determinante que se trate -en ambos casos- de contratos de adhesión en el marco de una relación de consumo.(art. 3, ley 24.240).
b) La solidez de la argumentación sobre la que asienta su posición Sancor, cruje a la luz de la evolución de la doctrinaria, legislación y jurisprudencia actual. La pretensión de que se analice y juzgue la cuestión como un contrato autónomo suscripto con el consumidor, desprendido del contrato de ahorro previo, contraviene el espíritu del Código Civil y Comercial de la Nación como de la Ley de Defensa del Consumidor. Como ya dije anteriormente, está acreditado que estamos ante dos casos típicos de contratos de adhesión, con cláusulas de contratación predispuesta o formularios sometidos a consideraciones generales; todo esto, en el marco de una relación de consumo.
También está probado que el consumidor se vio obligado a pagar una prima excesiva de seguro.
En tal sentido y por aplicación de las disposiciones de los art. 1 y 2 del CCCN, que nos impone a los jueces el diálogo de fuentes en la interpretación y resolución de los casos, debo, necesariamente observar la realidad negocial con una visión mas amplia, teniendo en cuenta los principios del Soft Law, rompiendo la mirada tradicional contrato -centrista, valiéndome para ello de la constitución, las leyes y principios aplicables al caso.
En esta línea el Dr. Carlos A. Hernandez, valiéndose de citas de Glodschmidt y de Nicolau, dice: "Para la búsqueda de respuestas eficaces y justas, la codificación del S. XXI impone un diálogo de fuentes con las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos, y se vale de los principios generales del ordenamiento, que actúan como normas abiertas que se constituyen en instrumentos para las estimación de los valores implicados (Glodschmidt). En similares palabras, se dice que "estos principios permiten alcanzar soluciones mas justas para los casos concretos...(Nicolau)"( lo subrayado es agregado propio) (HERNANDEZ Carlos Alfredo. El Contrato Marco. Aportes desde una perspectiva transversal de la teoría del Contrato. Ed. Thomson Reuters. La Ley. 2021, p 8).
Tanto la legislación consumeril, como el CCCN, han evolucionado en un sentido similar cuando se trata de interpretar cuestiones contractuales. Particularmente respecto el efecto relativo de los contratos (art. 1021), donde, en determinadas situaciones pierde vigencia para ceder paso a criterios más protectorios.
En lo que concierne al contrato por adhesión, el eje de la discusión actual se ubica en el campo de los contratos entre empresas con diferente poder negocial, ámbito donde se reconoce una fuerte corriente de opinión en el derecho europeo, que tiende a visibilizarlo en el contexto más amplio de las herramientas de tutela y protección de los débiles.(Albiez Dohrmann, Klaus Jochen, "La protección jurídica de los empresarios en la contratación con condiciones generales. Una perspectiva española y europea" Ed. Thomson-Civitas, Pamplona,2009).
Santarelli -ante una relación contractual sostiene que la interpretación jurídica trata de determinar con qué contenido debe regirse la regulación jurídica. Este primer aserto presenta una ambigüedad conceptual, que impone distinguir: por un lado, involucra a la interpretación de la ley; el texto legal es impersonal y esta inmerso en un orden, lo cual exige un mérito de contexto con el que se relaciona, requiriendo una interpretación sistemática; por otro lado, los ordenamientos presentan particularidades de que los principios que los informan van mutando, o bien ciertas normas que rodean a otra van cambiando, lo que requiere una interpretación evolutiva, con lo cual es posible que un mismo texto legal acepte mas de una interpretación. Asimismo comprende a la interpretación de la voluntad negocial, la cual refiere a una voluntad puntual, es decir propia de una agente en una determinada situación. Finalmente cabe otro matiz relacionado con la calificación jurídica consistente en determinar el valor jurídico del acto. (Santarelli Fluvio. Contrato y Mercado. Ed. Thomson Reuters LA LEY. 2018. p.41;42).
El caso nos presenta dos contratos (plan de ahorros/seguro) y un solo consumidor. Debemos indagar la posibilidad de encontrarnos ante el supuesto de contratos conexos regulados por el art. 1073 del CCCN. El entramado contractual que formaliza Chevrolet con las compañías aseguradoras -en este caso Sancor, pero aplica para todashace prever la posibilidad concreta de encontrarnos ante la figura de contratos conexos regulados en el art. 1073, 1074 y 1075 del C.C.C.N., que dice: "...hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido....".
Esta construcción de red de nexos y obligaciones conexas deriva en una flexibilización al principio del efecto relativo de los contratos, debilitando la idea de "aislamiento del contrato." (SOZZO, Gonzalo; "El fenómeno de la incorporación de terceros al contrato", publicado en Código Civil y Comercial: Contratos, Suplemento Especial; Director: Rubén S. Stiglitz, página 132, Editorial La Ley, Buenos Aires, del mes de Febrero de 2015).
Es indudable que, con esta nueva redacción del CCCN, se plasmó, la intención de ampliar la protección de los derechos de los consumidores. Muestra de ello es lo dispuesto por el art. 1075 del CCCN, el que establece: "Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común" Se amplió la legitimación para reclamar y con ello se extendió el paraguas de la responsabilidad frente a terceros. "Una de las novedades introducidas por el CCyC viene dada por la incorporación de una regulación relativa a los grupos de contratos, denominados como “contratos conexos” (arts. 1073 a 1075 y concs.). Entre los antecedentes nacionales de la regulación del CCyC cabe tener presente la recomendación aprobada en las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 1995 (Comisión Nº 3) desde la perspectiva del Derecho del Consumo: “[e]n los supuestos de conexidad contractual, la responsabilidad puede extenderse más allá de los límites de un único contrato, otorgando al consumidor una acción directa contra el que formalmente no ha contratado con él, pero ha participado en el acuerdo conexo, a fin de reclamar la prestación debida o la responsabilidad por incumplimiento” (FERNANDES F Leonardo. CONTRATOS CONEXOS.
INCUMPLIMIENTO. DAÑOS ARTÍCULOS 1073 A 1075 DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL. Revista de Derecho de Daños 33-108 Vol. Num: 2019 .1). CHOMER explica el entramado contractual diciendo:" Para graficar esa comunión (...) puede acudirse a la idea de una maquinaria, en la que cada contrato individual hará las veces de los distintos engranajes o piezas mecánicas cuya función primaria será diferente, mas siempre encaminada a que la maquina funcione adecuadamente y, por fin, fabrique el producto planeado, que, en el caso, será alcanzar la finalidad común preestablecida (facilitar la compraventa o prestación de un servicio que, de otro modo, sería económicamente inalcanzable)" (ALTERINI Jorge H. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético 2° Edición actualizada y Aumentada. Luis F. P. Leiva Fernandez. Tomo V.; Thomson Reuters. La Ley 2016).
Jorge H Alterini, en su obra del Código Civil comentado, opina que la conexidad se acredita a partir de la presencia de cinco características: 1) Pluralidad: Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí. Para poder interpretar que existen contratos conexos es fundamental contar con la existencia de una pluralidad contratos. Constituye un rasgo elemental de esta figura jurídica, que exige la celebración de una pluralidad de contratos; 2) Autonomía: Cada uno de ellos deberá integrarse con sus elementos configurantes, ser válido y tener la virtualidad jurídica de generar su eficacia plena.
La norma no distingue qué clases de contratos pueden coligarse por la conexidad, por lo que el intérprete tampoco puede distinguir, lo que nos persuade a inferir que cualquier tipo de contrato que cumpla definitivamente con la finalidad última, puede integrar esta pluralidad (por ej., principal, accesorio, contrato, subcontrato —arts. 1069 a 1072 del Código Civil y Comercial).
Debe conservar su individualidad aunque conseguirlo no obsta a que las vicisitudes que puedan afectar la validez de uno se contagien al otro;
3. Vinculación: Deben estar vinculados entre sí, con distintos grados de conexidad. "El cemento que los une". Es la causa-objetiva, que no solo implica un sentido jurídico sino fundamentalmente económico. ...La exigencia de que un negocio jurídico, para participar en una cadena negocial, encuentre su causa en el otro, conduce a la posibilidad de aprehender unitariamente los intereses perseguidos y reglamentados por las partes en los diversos negocios vinculados; 4) Finalidad económica común: Debe concurrir también la llamada finalidad supracontractual: son los objetivos buscados y obtenidos a través de una red de vínculos contractuales. Por ello se diferencia a la causa fuente y a la causa fin de cada contrato de esta causa supracontractual, que contiene el negocio integral y es la razón por la cual dos o más contratos están vinculados entre sí.
Existen casos en los que varios contratos aparecen frente a la otra parte unidos por una operación económica: la venta de bienes informáticos incluye un contrato sobre el hardware, otro sobre el software, otro de asistencia; la de bienes a crédito consiste en una compraventa más un mutuo; la de inmuebles en un condominio puede incluir una compraventa, un mutuo, la constitución de un fideicomiso y la participación en una sociedad; un préstamo bancario puede tratarse de un mutuo, una garantía hipotecaria, un seguro de vida; una tarjeta de crédito puede incluir una apertura de cuenta corriente; 5) Esquema previo de origen contractual o legal: El esquema negocial debe estar establecido por un diseño previo, por el convenio de partes, por la ley o por los hechos. Esta conexidad puede surgir de una unidad organizadora, como es el caso del shopping center, organizado en interés de todo el grupo de comercios, no solo del administrador. Como consecuencia, mediante la conexidad de los contratos se logra un beneficio mayor y más efectivo que el que pudiera surgir de los contratos individualmente considerados. (ALTERINI Jorge H. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético 2° Edición actualizada y Aumentada. Luis F. P. Leiva Fernandez. Tomo V.; Thomson Reuters. La Ley 2016. Pag 481-486).
En similar sentido, Lorenzetti, menciona que las reglas contractuales no pueden obligar a terceros. Este denominado "principio del efecto relativo" tiene su origen dogmático en que el contrato es un acto jurídico bilateral con fuente en la autonomía privada y solo causa obligaciones para quienes lo celebran, pero, advierte, que el art. 1021 del CCCN admite excepciones. "Han aparecido las denominadas redes contractuales, en las que hay numerosos contratos que solo tienen sentido si están unidos en un sistema: redes de franquicia, de concesionarios, de asegurados, de tomadores de crédito, etc...".
En su opinión, hay que analizar la cuestión desde dos perspectivas: 1) perspectiva del consumidor: El problema se caracteriza por una restricción a la libertad de elegir el contratante. Desde este punto de vista debe determinarse si hay una restricción relevante: a mayor restricción mayor responsabilidad; 2) Perspectiva del empresario: Colaboración estratégica. Desde este lugar los contratos coligados son un asunto de colaboración. Cada uno aporta lo suyo sin perder individualidad: no desean construir una sociedad, sin embargo quieren tener un vínculo para que el mismo produzca un excedente cooperativo. Es una zona intermedia de relacionamiento transitorio basado en la colaboración.
Este autor describe la conexidad contractual a partir de la presencia de una causa fuente individual (cada contrato causa obligaciones distintas); causa fin individual (Cada contrato tiene su propio fin) y una causa "supracontractual", donde la operación global tiene una "causa" que es la razón por la cual dos (o más) contratos están vinculados entre sí.
A partir de esta conexidad, Lorenzetti concluye: "La existencia de contratos coligados puede dar lugar a acciones extracontractuales directas de un tercero damnificado, como ocurre con el caso del consumidor que demanda contra el fabricante, o con el tercero dañado por hechos del subcontratista de obra que demanda al locatario principal de la obra" ( LORENZETTI Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Parte General. Tercera edición ampliada y actualizada con el Codigo Civil y Comercial de la Nación, Ed. Rubinzal Culzoni pag. 583-590).
Pues bien, en este tren de marcha, es necesario contraponer la situación fáctica, al marco jurídico presentado.
i) Existencia de dos o más contratos: Esta acreditado que en el caso existen tres contratos involucrados. Por un lado el suscripto entre el consumidor y Chevrolet S.A.; el del consumidor con Sancor Seguros y el que vincula a las dos demandadas (aunque no sea público, esta acreditado por el comportamiento de las partes).
ii) Autonomía contractual: También es claro que estos contratos, en principio son autónomos y de ellos se desprenden obligaciones individuales.
iii) Restricción a la libertad de elección: Como ya señalamos al inició del presente punto, el contrato de ahorro previo, en su cláusula 13.2.1, en modo explícito restringe la libertad de elección del consumidor. Lo induce, lo encorseta a un "menú" reducido de 5 compañías de seguros. Las que, además, fueron elegidas por la administradora del plan. Con lo que es evidente que la posiblidad de elección estuvo severamente restringida.
iv) Finalidad económica común (Alterini) o causa "supracontractual" (Lorenzetti).
En el caso se da una situación muy especial y que debe ser explicada. El mismo seguro protege dos intereses diferentes. a) Por un lado se protege el patrimonio del consumidor (fin inmediato) frente a los múltiples eventos de los que puedan derivar responsabilidad frente a terceros, vinculados a la utilización del vehículo obtenido del plan de ahorros; b) El otro bien protegido por el seguro (fin mediato) es la garantía que tiene el grupo del plan, que ante la ocurrencia de un siniestro que provoque la destrucción total del bien tipo, se le garantice al grupo la percepción del valor del bien asegurado.
Observo que el art. 13.2.5 de la resolución 8/15 1GJ, establece la imposición del cobro de la indemnización ante la ocurrencia del siniestro de parte de la sociedad administradora, señalando “La gestión de cobro de la indemnización estará a cargo de la entidad administradora, quien deberá observar la diligencia necesaria para percibirla dentro de los plazos legales y contractuales. Si el pago se hiciere con posterioridad, la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido si se efectuaba en término, estará a cargo de la entidad administradora, quien deberá aportarla al grupo, salvo culpa del suscriptor.”
De aquí se deriva que entre Chevrolet S.A y Sancor Seguros existe, claramente, una finalidad económica común. La compañía de seguros, a partir de ingresar al "menu" de aseguradoras elegibles, potencia su base de clientes y aumenta su participación en el mercado; y por el lado de Chevrolet S.A., se garantiza que, ante la hipótesis de un accidente que produzca la destrucción total del bien, la percepción del crédito por las cuotas aun impagas. De allí viene la selección de 5 compañías que la administradora del grupo considera de sólidas.
No puede soslayarse en este análisis que, quien percibe el monto de la prima que abona el consumidor, es la administradora del plan (Chevrolet) y no la compañía de seguros directamente. Esto se explica, porque, en la hipótesis de falta de pago de la prima pone en riesgo, no solo al asegurado, sino todo el grupo y a la administradora tomadora. En razón de lo desarrollado, la causa supracontractual, en el caso se encuentra presente.
Conforme el recorrido hasta aquí hecho, concluyo que: a) Existió una relación de consumo; b) Hay una violación en perjuicio de un consumidor en los términos de la ley 24.240; c) En la relación se utilizaron contratos de adhesión que contienen clausulas predispuestas; d) Está acreditada la existencia de una red contractual de las reguladas en el art. 1073 del CCCN.
c) Tal como expuse en el punto anterior, existen dos elementos que resultan centrales, acreditados y definitorios en el caso. La celebración de contratos de adhesión, que regulan una relación de consumo.
Sin dudas, esta combinación eleva a su máxima expresión los estandares de protección legal a seguir, dada la posición de debilidad que presenta una de las partes contratantes.
c.1 El contrato por adhesión a cláusulas predispuestas, lejos de ceñirse a un modo peculiar de contrato de consumo, es una modalidad contractual propia de los actuales tiempos, vinculada a la producción, la tecnología y la masividad del consumo.
Lo que difiere en el contrato adhesivo -del modelo tradicional- es la formación del consentimiento, en tanto aparece monopolizada por la acción de una de las partes, la cual propone el reglamento contractual para la aceptación o no del otro contratante, en cuyo caso solo le cabe adherir, ya que no le es dado modificar, sino en opciones ya conferidas por el predisponente o en cuestiones no sustanciales.
Un contrato centrado solo en el riesgo del predisponente puede soslayar los propios del adherente, en modo excesivo; en el orden del mercado, disminuye los niveles de transparencia y facilita la concentración. (Santarelli Fluvio. Contrato y Mercado. Ed. Thomson Reuters LA LEY. 2018. p.149).
Esta situación de supremacía, fue afrontada por el Código Italiano de 1942. La protección que aportaba aquella norma se focalizaba en tres elementos: i) El concepto de cláusulas ineficaces; ii) reconoce ideas de la representación de intereses colectivos y iii). criterio de profesionalidad y abuso de poder dominante.
Estas ideas fueron el inicio de un régimen tuitivo que nunca y en ninguna legislación retrocedió. Ya nunca mas se perderá de vista la posición de contratante mas débil; el deber de información por parte del predisponente y la alusión a la calidad subjetiva del adherente. (Vallespinos, Carlos G. El contrato por adhesión a condiciones generales, Universidad, Buenos Aires, 1984. p 394).
En el derecho argentino, la tutela sobre estos contratos, se asienta sobre dos pilares: a) la transparencia del reglamento contractual y b) el control del contenido.
A partir de ellos se desarrollan todas las normas tuitivas del contrato de adhesión. (art. 984 a 989 CCCN).
Sin bien es cierto que "las condiciones generales cumplen una función económica plausible, porque solo uniformando el contenido contractual es posible la racionalización de las operaciones comerciales, que permita la contratación en masa con la siguiente reducción de costos y faciliatación de prestaciones" (DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil Patrimonial. Introducción. Teoria del Contrato. Ed. Thomson. Civitas. Navarra. 2007. P.437) La condición de supremacía y predisposición puede engendrar abuso y violaciones de la buena fe y sobre ellos giran todos los modelos de protección.
Evitar las situaciones abusivas es uno de los grandes desafíos de la legislación argentina. Así y como regla general, el art. 10 de CCCN dice: "Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización".
La traslación de este principio se aprecia en la regulación especifica de los contratos, contratos de adhesión y en las relaciones de consumo, donde se habla de cláusulas abusivas (art 984 y ss; 1119), culminando con la descripción de "situación jurídica abusiva" regulada en el art. 1120 cuando expresa: "Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos".
En el caso que estamos analizando, la actora se encuentra vinculada a Chevrolet S.A. y a Sancor Seguros a través de dos contratos de adhesión diferentes, conformados por condiciones general de contratación y cláusulas predispuestas. Se acreditó que, en el marco de las obligaciones surgidas de ambos contratos, tuvo una fuerte restricción al momento de elegir la compañía de seguros (tercer contrato en cuestión) y posteriormente permaneció "cautiva" del entrelazado contractual que la obligó a abonar por un tiempo considerable un sobre precio en el valor de la prima de seguro, y de la cual recién logró escapar a partir de la cancelación anticipada del plan.
Con su accionar, las demandadas violentaron lo dispuesto en el art. 13.2.2. Resolución 8/15 de IGJ respecto del precio que debería abonar el consumidor, provocándole un daño concreto.
No puedo soslayar en este contexto, que el art. 1122, me concede la atribución de revisar las cláusulas de los contratos, aun aprobados por la autoridad administrativa (art. 1122, inc a) y me impone la obligación, en el caso de comprobar una situación jurídica abusiva remitirme a las previsiones de los contratos conexos (art. 1075 CCCN).
c.2 El otro punto del caso, es la relación de consumo existente. La cuestión se debe abordar desde con el juego armónico de la ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación. La actora, y la relación que entabló con las demandas, dadas las condiciones subjetivas de las partes queda subsumida en los art. 1092 y 1093 del CCCN y el art. 3 de la ley 26.361. Sin dudas resulta de aplicación del concierto consumeril. Ahora bien, lo cierto es que la economía y el progreso de un país está íntimamente relacionado con el intercambio de bienes y servicios, la producción, el trabajo y el empleo.
En este sentido necesariamente se requiere de mercado y de contratos. "Cabe explicar: el mercado presenta una realidad mutante que influye en los contenidos contractuales, a la vez que la sumatoria de lazos convencionales constituye el mercado; la realidad del mercado esta dada por determinadas modalidades contractuales" (Santarelli Fluvio. Contrato y Mercado. Ed. Thomson Reuters LA LEY. 2018. p.75).
Esta relación permite que el mercado sea controlado desde el contrato, al promover o prohibir determinadas prácticas contractuales. La normativa del consumidor es un claro ejemplo de ello: segmentando dentro del universo de contratos a aquellos realizados con el consumidor, establece reglas de intervención que propenden a imponer prácticas de mercado. Si se repara en las premisas de consumo seguro e información al contratante consumidor, y se tiene presente la legitimación de todos los que intervinieron en la cadena de comercialización para ser pasible de tales exigencias, dicha expansión no solo debe ser considerada como garantía del derecho del consumidor, sino como deber que se expande mas allá de los contratantes a relaciones negociales anteriores. Explicado de otro modo "la referencia a la debilidad jurídica no es soló la mirada compasiva al sometido, sino que constituye una herramienta para determinar un mas justo tráfico y distribución de la riqueza, funcionando como dique de contención al poder de imposiciones de contenidos contractuales" (Santarelli Fluvio). Sostiene Cecilia Weingarten que: "Desde un criterio económico, las empresas toman decisiones a fin de alcanzar su objetivo primordial: obtener las máximas utilidades o beneficios económicos, por lo tanto su comportamiento estará orientado hacia que se optimice su beneficio. Si una empresa incumple un contrato o transgrede la norma legal no recibiendo sanción alguna por tal comportamiento, se ve incentivada a seguir haciéndolo, porque ello le resultara mas ventajoso, es decir la falta de sanciones vuelve el incumplimiento mas rentable que el cumplimiento. Desde allí que el rol del Estado resulte preponderante para garantizar esa ética y desalentar las prácticas desleales y oportunistas, haciendo funcionar mecanismos necesarios a través del control, la sanción o la reparación..." (WEINGARTEN Cecilia. El principio de confianza en el Código Civil y Comecial, Ed. Rubinzal -Culzoni. 202o p.217).
En este carril de comprender las necesidades negociales masivas y equilibrar los divergencia de fuerzas entre las partes contratante debo abordar este caso.
d) Habiendo plasmado las bases, tanto fácticas como jurídicas del caso, resta establecer los criterios interpretativos y aplicables que corresponderán.
El punto de partida nos viene dado por el art. 1074 del CCCN.
"Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido". La norma en análisis debe ser completada con las reglas generales sobre interpretación contractual. (arts. 1061 a 1068).
Suma a ello, que los contratos deben interpretarse de buena fe (art. 961); además, los celebrados por adhesión tienen sus propias normas (art. 987) y los contratos de consumo con sus disposiciones en materia interpretativa (art. 1094 y ss.).
Ante la conexidad, la interpretación debe realizarse analizando la causa sistémica, que resulta ser una finalidad económico social, que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión con los restantes. (ALTERINI Jorge H. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético 2° Edición actualizada y Aumentada. Luis F. P. Leiva Fernandez. Tomo V.; Thomson Reuters. La Ley 2016. Pag 488). Por su parte, el art. 1075 CCCN, establece que probada la conexidad, esto es, en los casos en que la conexidad reconoce fuente legal, convencional o la misma es interpretada, las vicisitudes que padezca uno de los contratos puede extenderse al resto de los sujetos que integran el sistema.
Así que el efecto relativo de los contratos, del cual surge que la eficacia contractual impacta en el patrimonio de los sujetos negociales y excepcionalmente en los terceros no contratantes (art. 1021) en este caso puede expandirse a todos los sujetos vinculados al sistema, más allá de que no sean formalmente partes contratantes de alguno de los demás contratos que integran la pluralidad negocial necesaria para que este régimen jurídico sea de aplicación.
El principio del efecto relativo de los contratos, por el cual sus beneficios, perjuicios y demás consecuencias, solo alcanza a las partes contratantes y con alguna excepción a los terceros, se ve claramente conmovido ante la conexidad.
Cuando el sistema de contratos conexos se sitúe en el marco de una relación de consumo, deberá aplicarse, además, la regla interpretativa específica del consumidor (LORENZETTI Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Parte General. Tercera edición ampliada y actualizada con el Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Rubinzal Culzoni., Pag. 595). En relación a la cuestión consumeril, MOSSET ITURRASPE nos recuerda la trayectoria que ha seguido el Derecho del Consumidor en nuestro país: “primero fue la normativa específica, dentro de un microsistema de protección a la parte débil del contrato o de la relación de consumo; luego, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, el derecho de los consumidores y usuarios se ‘publiciza’, adquiriendo relevancia o jerarquía máxima, pasando a integrar la categoría de los ‘derechos fundamentales’; y ahora, como respuesta a ese mandato constitucional del artículo 42…se pone de resalto la jerarquía de la persona humana y su necesaria protección con base en su debilidad, inexperiencia o ligereza, además de necesidad, y la ampliación de los supuestos contemplados, apuntando a alcanzar a personas que antes se encontraban fuera de la tutela, excluidas por no haber sido partes del contrato de consumo, aunque padecieras las consecuencias". (MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Introducción al Derecho del Consumidor”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, pag. 15).
El derecho internacional también realiza su aporte a este concierto. Los Principios de Unidroit sobre los Contratos Comerciales, cumplen una función importante en la interpretación de la ley local escogida por las partes o aplicable en virtud de las normas de conflicto de leyes. Constituyen un parámetro para asegurar que la interpretación o integración del derecho local respectivo sea consistente con estándares internacionalmente reconocidos o con las necesidades especiales de las relaciones comerciales internacionales.
Me permito recordar que el punto 4.4 de Unidroit, nos da una pauta interpretativa, que plantea el concepto de universalidad del contrato. Así dice: "Los términos y expresiones se interpretarán conforme a la totalidad del contrato o la declaración en la que aparezcan en su conjunto", cosa que recepta el CCCN en los artículos 1061 a 1068. Puntualmente en el 1064 se dispone "Interpretación contextual. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto".
Este mismo principio es el que se recepta en el art. 1075 CCCN "Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido." Del mismo modo que las cláusulas del contrato requieren de contextualización y se interpretan unas a través de las otras, en el caso de los contratos conexos ocurre algo similar, y se deben interpretar en modo conjunto e integrados. El punto 4.6 de Unidroit nos aporta lo siguiente" Si los términos de un contrato dictados por una de las partes no son claros, se preferirá la interpretación que perjudique a dicha parte". En nuestro derecho positivo, este principio recibe recepción legislativa en el art. 987 del CCCN, que expresa: "Interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente." A su vez, complementando esta idea protectoria, en relación a los contratos por adhesión con cláusulas predispuestas el art. 37, apart. 4 de la ley de Defensa del consumidor establece que “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”. Chamatropolus avanza aún más en el concepto de cláusulas abusivas y plantea el concepto de situaciones jurídicas abusivas. "El Cód. Civ. y Com. trae una novedad: la situación jurídica abusiva. Se trata de un concepto superador de las cláusulas abusivas pues en éstas la atención suele enfocarse de manera aislada sobre ellas y no sobre el negocio jurídico en general.
El nuevo Código considera que se configura esa figura cuando el resultado abusivo “se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos”. La norma parece apuntar sólo a contratos conexos que, a priori, no evidencian contenido abusivo individualmente considerados, pero cuando se los interrelaciona, éste último queda exteriorizado.
El nuevo Código ordena al juez que cuando se acredite la existencia de una situación jurídica abusiva derivada de actos conexos aplique lo dispuesto en el art. 1075 del referido Código. Según este último, el contratante (en nuestro caso el consumidor) puede oponer excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún ante a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Dicho precepto expresa que, atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica en el caso de que la extinción de uno de los contratos produzca la frustración de la finalidad económica común." (CHAMATROPULOS Demetrio Alejandro. “LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR COMENTADA” Pag 271/72).
En resumen, todo se desprende del principio In Dubio Pro Consumatore y así se ha dicho que la aplicación de la ley consumeril “debe efectuársela de modo integrado con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo. No dice que se integra con otras leyes, sino con las vinculadas al consumidor, con lo cual reconoce la autonomía del microsistema...esta regla es correcta porque la fuente constitucional confiere al Derecho de los consumidores el carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales. Por ello, no es lìcito fundar la prevalencia de una ley en la circunstancia de que sea anterior, o especial, como se ha notado en numerosos casos ...El Derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que gira dentro del sistema de Derecho Privado, con base en el Derecho Constitucional. Por lo tanto, las soluciones deben buscarse, en primer lugar, dentro del propio sistema, y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo, y aún derogatorio de normas generales” (LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, 2ª edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 49. ). Todo este entramado de normas confluyen, finalmente, en el establecimiento de un esquema de atribución de responsabilidad y obligación de reparación solidaria entre los distintos involucrados en el proceso. (art. 40 ley 24.240).
e) El recurrente, al fundar su apelación, en el punto "A" de la expresión de agravios agrega: "1) El tomador del seguro es la firma Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados, quien tiene domicilio en Av. Libertador Nro. 101 P. 14 de Vicente Lopez.- 2) El domicilio del tomador del seguro, reitero Av. Libertador Nro. 101 P. 14 de Vicente Lopez es muy importante porque DELIMITA LA UBICACIÓN DEL RIESGO.- A distinta ubicación del riesgo, distinto es el riesgo a asegurar y distinto es el costo de la prima...El riesgo es Vicente Lopez NO es Mar del Plata, lo cual hace variar no sólo el “riesgo” a asegurar sino, también, el costo del seguro". Este reconocimiento implica una confesión explicita de un accionar contra legem por parte de la Compañía de Seguros Sancor. Recuerdo que, el art. 13.2.2. Resolución 8/15 de IGJ indica “El premio del seguro deberá ser el mismo que la compañía elegida perciba por operaciones con particulares, ajenas al sistema de ahorro, concertadas en el lugar de entrega del bien-tipo”.
La norma establece que el cobro de la prima del seguro sobre el bien adjudicado estará a cargo de la sociedad administradora (actúa como agente de retención del mismo modo que con la prima del seguro de vida colectivo, para luego transferir la prima retenida a la aseguradora), importe que deberá consignarse clara y detalladamente en el cupón mensual de la cuota del plan con la limitación de que esa prima, debe ser exactamente el mismo importe de prima que la aseguradora cobre por contratos de seguros que nada tengan que ver con el sistema de ahorro (siempre por la misma cobertura que tenga el ahorrista adjudicatario), considerando la cotización del lugar de entrega del bien-tipo, es decir en el caso Mar del Plata, la prima cobrada deberá ser idéntico importe al que la Aseguradora cobre en esa Ciudad.
Por lo tanto, mas allá de la responsabilidad solidaria que le cabe a Sancor Compañia de Seguros por la conexidad contractual ya explicada (art. 1075 CCCN) y la solidaridad que deriva del art. 40 de la ley 24.240, es responsable directa por su accionar. Al reconoce haber establecido el valor del seguro en clara infracción a la Resolución 8/15 art. 13.2.2, esta asumiendo una acción propia y directa contra los derechos de un consumidor.
e.1) Por último, la aseguradora plantea que, no habiendo probado la parte actora que Sancor hubiese percibidos los importes cobrados por la administradora, no puede hacérsela responsable.
Esta petición no puede ser atendida y corresponde su rechazo.
El art. 53, párrafo 3° de la ley 24.240 establece el principió dinámico de las pruebas en el marco de la relación de consumo, imponiendo a quien se encuentre en mejor posición de probar la verdad, la carga de brindar esos elementos.
No resulta demasiado complejo llegar a la conclusión que, en este entramado contractual, quien se encontraba en mejores condiciones de aportar al proceso la prueba de cuanto dinero efectivamente había ingresado a las arcas de la aseguradora, eran la automotriz o la propia asegurador.
Pretender que ese tópico fuese acreditado con prueba traída por la parte actora colisiona con los principio rectores de buena fe, colaboración y transparencia que pretende la ley del consumidor.
Las partes tienen el deber de colaborar de buena fe en la aportación de las pruebas que se encuentren en su poder -o cuya producción les es relativamente sencilla- que podrían conducir al juez a arribar al conocimiento de la verdad de los hechos debatidos. Este deber proviene de los principios generales que rigen materia probatoria, tales como el deber de colaboración y el de probidad y buena fe, que imponen a los litigantes no solo coadyuvar en la dilucidación de la verdad jurídica objetiva del caso, sino también a no utilizar el procedimiento para ocultar o deformar la realidad o tratar de inducir al magistrado a engaño. (PICASSO- VAZQUEZ FERREIRA. Ley de defensa del consumidor comentada y anotada. Tomo I. La Ley 2009)
Por lo expuesto, este argumento para exonerar su responsabilidad que trae la aseguradora no puede ser oído.
f) Conforme el análisis efectuado, concluyo que:
1. En el caso quedó acreditado que las empresas Chevrolet S.A.
y Sancor Compañía de Seguros Ltda, integran una red contractual, que tuvo en miras un fin económico común, encuadrando el caso en las previsiones del art. 1073 CCCN.
2. En el marco de las operaciones comerciales desarrolladas en modo conjunto, y al amparo de los contratos de adhesión suscriptos con la actora, le restringieron la libertad de elección y la sometieron a la condición de " cliente cautiva".
3. La cautividad a la que fue sometida la actora, encuadra en la definición de situación de dominación jurídica y económica por parte de las demandadas, y se configura la situación jurídica abusiva contemplada en el art. 1120 del CCCN.
4. Producto de esta situación abusiva, la actora fue obligada a abonar un sobreprecio en el costo del seguro automotor durante un lapso prolongado de tiempo, violando -las demandadas- las disposiciones de la Inspección General de Justicia, en perjuicio concreto a la consumidora.
4. La responsabilidad que deriva del accionar antijurídico desplegado por la empresas, es de carácter solidario para con la actora. (art. 40 Ley 24.240)
Por lo todo lo expuesto, el recurso de Sancor Compañía de Seguros Ltda no debe prosperar y la sentencia de fecha 22/8/2023 debe ser confirmada.
ii) Recurso de la actora:
ii.a) monto del daño emergente:
La actora consideró que en la cuantificación del daño emergente se han omitido incorporar las sumas de dinero que debió abonar anticipadamente para cancelar el plan de ahorro, en tanto era el modo que disponía para salir de la situación abusiva respecto del seguro contratado. El sistema de planes de ahorro para fines determinados es un modo de adquisición bienes -en este caso de un automóvil (bien tipo cláusula 1.8)- donde los contratantes del circulo abonan, de modo mensual, una cuota parte del valor de una unidad, las que sumadas entre si equivalen al valor total del bien (Valor base, cláusula 1.9); es decir, en modo colectivo, cada mes se adquiere un bien el que es entregado por sorteo o licitación a cada uno de los miembros del círculo.
El sistema se apoya en el cumplimiento mensual que cada integrante debe realizar. Durante el plazo que dure el plan, el valor del bien ira sufriendo modificaciones -más aún en tiempo inflacionarios- y consecuentemente las cuotas partes -o cuotas puras- irán ajustándose en modo proporcional y los suscriptores abonarán su cuota parte proporcional conforme ello.
Ese pago proporcional -cuota pura- al que se obliga cada suscriptor, es el nodo de la relación contractual. Es la obligación principal e igualitaria de todos los suscriptores.
Después, a partir de la adjudicación del bien, surgen obligaciones particulares, diferentes y accesorias para cada uno de los miembros. Una de esas obligaciones específicas es el seguro (también lo son las prendas que graven al bien, etc).
Esta Cámara ha dicho: "El plan de ahorro" funciona en tanto los componentes del grupo aporten una cuota parte suficiente para que, multiplicada por el número de integrantes, alcance a cubrir el valor del rodado que se adjudicará sucesivamente a cada uno de ellos. En rigor técnico, los integrantes del grupo, se comprometen a abonar lo necesario para el cumplimiento de una obligación que implica una "deuda de valor" -entrega de un rodado de cierta marca y modelo- por lo que es justo que estén constreñidos a satisfacer el valor actual del bien. LEY 21309 Art. 4 | LEY 21309 Art. 5 | LEY 21309 Art. 7" (C.162221 246 S 20/10/2016 Juez MONTERISI (SD) Carátula: VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ PLAN RECAMBIO CONSULTORA SRL S/ EJECUCIÓN PRENDARIA).
Desde la óptica expuesta, podemos afirmar que el compromiso contractual de abonar la cuota pura es diferente a la obligación de abonar el seguro del bien. Son obligaciones contractuales que tienen distinta naturaleza.
Reconocer como daño emergente el anticipo de cuotas es directamente omitir el contrato del plan suscripto y permitir que el consumidor abone el bien recibido a un precio inferior a su costo. No existe causa contractual, razón jurídica, ni criterio de justicia que justifique acceder a lo que peticiona la parte.
El objeto de este contrato (plan de ahorros) es que todos los miembros, en modo comunitario, adquieran un bien mensualmente y que al cabo del plan (84 meses) cada uno de ellos acceda al suyo.
En la sentencia, a la actora, se le reconoce ser víctima de un abuso en el precio del seguro, pero no el costo del bien. Se acreditó que estuvo obligada a pagar sumas de dinero en exceso por la prestación del seguro; pero en cuanto al valor de vehículo no hay elementos probatorios que indiquen que abonó sumas en exceso; solo anticipó el pago.
Por lo cual no le asiste el derecho a reembolso alguno por este concepto. Reitero, no hubo un pago en exceso o un sobre costo. Solo abonó el precio del bien, con lo cual no existe fundamento que habilite un reconocimiento de daño emergente en este punto.
En mi criterio, el daño -emergente- que sufrió la actora está en el costo excesivo de la póliza de seguro. Respecto del valor del bien solo abonó el valor de la unidad, en todo caso, lo hizo anticipadamente. Por lo expuesto, el agravio que trae la apelante no puede prosperar.
ii.b) el daño punitivo.
Se agravia la apelante del monto reconocido en concepto de daño punitivo, sosteniendo que las variables que utiliza el juzgador en la aplicación de la "fórmula Testa" no son las adecuadas.
Señala que la estimación de la variable: "Probabilidad de ser condenado por indemnización compensatoria" que el Sr. Juez fija en 20 %, a criterio del apelante, debió ser 10%.
En modo previo, advierto que la procedencia y cuantificación del rubro imponen una evaluación integral del contexto en que se produce la conducta sancionada.
En Causa 175.309 sostuve que esta Sala no realiza ese análisis valiéndose de fórmulas matemáticas (en tal sentido ver los trabajos de Carlos TAMBUSSI, Matías IRIGOYEN TESTA, y JUNYENT BAS).-
Por ello, suscribo el criterio recientemente expuesto por Cornet y Tinti (“Los daños punitivos” EBOOK-TR 2022 Trigo Represas, TR LALEY AR/DOC/420/2022) y así hago explícitas ciertas reglas de las que me valdré para revisar el monto cuestionado.
Para determinar y cuantificar el mismo, entiendo que:
a) Se debe considerar la "índole del hecho generador".
El hecho generador de la responsabilidad resulta ser el incumplimiento, pero la norma está establece que además se preste atención a cómo ha sido ese incumplimiento. Si podemos definir a la "índole" como condición e inclinación natural propia de cada persona o "naturaleza, calidad y condición de las cosas", corresponde analizar cómo ha sido la inejecución, léase, si se trata de un incumplimiento definitivo o ha existido imposibilidad imputable, si es conducta reiterada el cumplimiento irregular o defectuoso y la mora o retardo en el cumplimiento.
b) La proporcionalidad con la gravedad de la falta:
En razón de los fines que procura el instituto del daño punitivo, la sanción debe guardar proporción con la falta cometida y que se pretende sancionar. En consecuencia, se deben las evitar penas ínfimas o las desproporcionadas por exorbitantes.
c) El valor de las prestaciones y la cuantía del daño material: Corresponde asimismo tener en cuenta el valor de las prestaciones que fueron atendidas, la valuación de aquellas no rendidas y el monto de las indemnizaciones por otros daños resarcibles.
d) El caudal económico de quien debe satisfacer:
La situación patrimonial del obligado debe ser tenida en cuenta. Podría decirse que, a mayor patrimonio del condenado, mayor debería ser el monto de la sanción. Y la premisa obedece, a que en mi experiencia, a mayor patrimonio, le sigue una mayor participación en el mercado, una mayor profesionalismo y una mejor defensa técnica, y una mayor posibilidad de haber atendido oportunamente el reclamo.
En función de tales parámetros, paso a revisar la condena de autos.
En concreto, tenemos como hecho generador el cobro en exceso del seguro. La actora fue victima de una situaciòn abusiva, donde permaneció "cautiva" hasta que cumplimentó el pago del plan y allí cesó el cobro indebido y la situación abusiva. (a. incumplimiento).
Así como hay que considerar la entidad de la pena impuesta de pesos dos millones ($2.000.000). En razón de los criterios expuestos, el monto de condena entiendo cubre el criterio de proporcionalidad señalado (b. proporcionalidad).
Frente a los restantes montos en juego, a saber, aquellos importes que se ordenan a restituir y la indemnización del daño moral, por un total de pesos cuatrocientos veinte mil novecientos cincuenta y uno con sesenta y dos ($ 420.951, 62, compuestos del siguiente modo: $ 400.000 daño moral $ 20.951,62 daño emergente. ) entiendo que se ajusta a las premisas expuestas (c. valor de las prestaciones y daño).
Y por último, el patrimonio de las codemandadas (d).
El patrimonio neto de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda ascendía a $40.072.127.340 para el año 2021. (dato disponible en: https://corporate-site-content.gruposancorseguros.com/PDFs/QuienesSomo s/memoria-balance-sancor-seguros-2020-2021.pdf).
El patrimonio de Chevrolet para fines de determinados -año 2021- es 2.554.634, expresado en miles de pesos.
(https://ws.bolsar.info/descarga/pdf/401828.pdf).
Contrapuestas las pautas de evaluación con lo sentencia dictada, arribo a la conclusión que la Sra. Jueza justiprecio adecuadamente la sanción; guarda razonabilidad y proporcionalidad tanto con el incumplimiento reprochado, como con los daños producidos y el patrimonio en juego.
La condena establecida por este rubro ($ 2.000.000) implica, por una parte casi cinco veces los daños sufridos por la actora (emergente + moral) y por otro no alcanza al uno por ciento (1%) del capital de las demandadas.
Por lo expuesto, propongo confirmar lo resuelto en la sentencia de Primera instancia.
Por ello, ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde: i) Rechazar el recurso interpuesto por Sancor Cooperativa de Seguro Ltda; ii) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora; iii) Confirmar la sentencia del 22/8/2023; iv) Imponer las costas de Alzada a los apelantes por el resultado de sus respectivos recursos (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se rechaza el recurso interpuesto por Sancor Cooperativa de Seguro Ltda;
II. Se rechaza el recurso interpuesto por la parte actora; III) Se confirma la sentencia del 22/8/2023, imponiendo las costas de Alzada a los apelantes por el resultado de sus respectivos recursos (art. 68 CPCC); IV.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); III.) Notifíquese la presente por el sistema automatizado a los domicilios electrónicos consignados en autos (Ac. 4039 SCBA). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia